En este momento la prioridad es salvar vidas. Por ello, el énfasis es la salud, que debe tener todo el respaldo de la sociedad. En las ciudades grandes y medianas, donde están los focos de la pandemia, se apuesta por aplanar la curva de contagios para no saturar la capacidad de manejo sanitario, mientras se amplía. El distanciamiento físico, expresado en la cuarentena, a corto plazo es prácticamente la única opción; no obstante, tienen un gran costo económico al implicar el freno de la mayoría de las actividades económicas.

En las zonas rurales la cosa es bien distinta. No es el foco de la pandemia y prácticamente por definición se da el distanciamiento físico. Sin embargo, en caso de verse afectado no existen posibilidades de atención hospitalaria especializada. Esta situación explica lo que las comunidades están haciendo por iniciativa propia: el aislamiento. Las juntas de acción comunal están estableciendo controles de circulación. Los gobiernos nacionales y locales deben apoyar esta medida, centrando el control en el transporte que sería lo único que debe circular. Preservar las zonas rurales es fundamental para la seguridad alimentaria y para lo que será la reconstrucción de la economía.

En el momento actual, la dinámica económica se ha limitado básicamente a cinco sectores: salud, servicios públicos, bancos, logística (transporte y comunicaciones) y la cadena alimenticia, que incluye la producción básica agropecuaria, las industrias procesadoras de alimentos y las redes de distribución, que van desde las grandes cadenas de supermercados hasta las pequeñas tiendas de barrio.

Por su parte, el Estado está haciendo transferencias a la población vulnerable para garantizar un ingreso básico, que les permita al menos su seguridad alimentaria y hacer viable la cuarentena. No hacerlo conllevaría un gran estallido social y perder lo que pueda haberse logrado con las medidas preventivas, cayendo en el riesgo de rebrotes de la pandemia con costos en salud y económicos aún mayores. Recordemos que la gripa española duró dos años y tuvo tres rebrotes.

Mientras no exista vacuna (expertos estiman puede tomar un año), no se tendrán las condiciones para una recuperación plena. De todas formas, es necesario ir pensando en el futuro. El retorno a la “normalidad” será gradual por la enorme pérdida de activos, que no permitirán una recuperación inmediata de los ingresos. En este escenario, debemos identificar las oportunidades económicas que puedan volverse motores de la economía, lo cual pasa por valorar lo que se tiene en medio de la crisis e identificar las posibilidades futuras.

La provisión de alimentos ha sido una prioridad en la actual emergencia. Es una actividad que se ha visto afectada, pero sigue funcionando. Este será el punto de partida, en especial cuando existen riesgos de seguridad alimentaria, como ya lo anunció la FAO. Los flujos de comercio internacional se han visto seriamente afectados y los países exportadores de alimentos están reteniendo sus producciones como una forma de garantizar su propia seguridad alimentaria en un escenario incierto.

Por otro lado, esta coyuntura da la posibilidad de repensar el país. Vale la pena identificar las actividades en las que podríamos llegar a ser competitivo. En muchos aspectos, Colombia es deficiente en comparación con los demás países, incluso comparándonos con la región. La mano de obra no tiene altos niveles de educación, ni es barata. En ciencia y tecnología tenemos una muy baja inversión. La disponibilidad de capital es limitada y en muchos sectores dependemos de la inversión extranjera. Sin embargo, Colombia si tiene una ventaja comparativa en cuanto a la dotación de tierra y agua, que por la variada topografía del país se refleja en una gran biodiversidad.

También debe hacerse explícito que Colombia no es un país petrolero, si se le compara internacionalmente en término de las reservas disponibles; sin embargo, nuestras cuentas fiscales dependen demasiado de los recursos que allí se generan. La pandemia llevó a la caída de la demanda de petróleo y el desplome de su precio. Esta situación pone al descubierto las débiles bases del crecimiento del país, que necesitan replantearse.

En este contexto, la apuesta por la cadena alimentaria, que no se ha frenado y donde tenemos ventajas comparativas, favorecida por la devaluación y la escasez de alimentos a nivel mundial, es estratégica. Si el país asume esta opción, debería hacerlo seriamente con una perspectiva de mediano y largo plazo; no como una respuesta a la coyuntura de la crisis.

Hacerlo implica una apuesta de tipo estructural que conllevaría: Primero, el desarrollo de producciones competitivas. No se debe depender del peso devaluado, porque en el futuro se dará una corrección. Esto implica un gran énfasis en la provisión de bienes públicos donde aspectos como la asistencia técnica de calidad, las vías terciarias, la adecuación de tierras y el acceso a crédito, son fundamentales. Esta apuesta debe tener la imperiosa perspectiva de exportar.

Segundo, en el proceso debemos conservar el agua y los recursos naturales, si queremos que la apuesta sea de largo plazo y sostenible, con mayor razón en un escenario de cambio climático. Acá hay una oportunidad que se debe aprovechar. Colombia ha avanzado en los procesos de ordenamiento territorial. Iniciativas como el catastro multipropósito y los planes de ordenamiento de los principales productos, que viene trabajando la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, son la base para ese desarrollo agropecuario competitivo que se podría lograr. En este marco, la tierra rural no es para engordar capitales, es para ponerla a producir invirtiendo.

Tercero, la inclusión social es un tema pendiente. La inequidad en Colombia es inaceptable y debe ser tenida en cuenta en cualquier apuesta que se haga. Pero no debe darse en un marco de un ejercicio de suma cero, donde darle a los pobres pasa por quitarle a los ricos. Más viable desde una perspectiva de economía política es propiciar una mayor generación de riqueza, donde la población pobre pueda mejorar en términos absolutos y relativos. Esto es factible por las enormes brechas de productividad que se dan en la gran mayoría de los productos agropecuarios, según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria.

En este proceso no se debe caer en la dualidad de contraponer un sector contra otro; se debe trabajar con el conjunto de la cadena incluyendo las actividades agropecuarias, agroindustriales y comerciales, teniendo una perspectiva clara hacia un desarrollo competitivo que sea una fuente de generación de riqueza y genere inclusión. Aumentos significativos de productividad deben permitir acuerdos entre actores donde todos deben ganar.

Tampoco debe haber dualismos entre grandes y pequeños. Se debe apoyar a todos, sin olvidar que la inclusión es un objetivo central. En el proceso se deben contemplar programas especiales con las asociaciones de productores, las pequeñas industrias procesadoras y las redes de las tiendas de barrio.

En la actual emergencia debemos proteger al campo; es la base de la seguridad alimentaria y será la base de la recuperación económica. En el camino debemos hacer los ajustes de política para que la actividad agropecuaria y agroindustrial tomen el liderazgo del desarrollo, como lo propuso la Misión Rural. Paralelamente se debe apostar por la recuperación de la actividad petrolera, porque esta será una fuente fundamental para la financiación de esta nueva estrategia de desarrollo.

En primer lugar, la coyuntura proviene de hechos inesperados e inciertos y el mundo está aprendiendo. Y de esta realidad surge la primera reflexión: como lo afirma la teoría del comportamiento los hombres no somos tan racionales como creemos que somos. Existe el sesgo retrospectivo, o como dice el dicho, “cinco minutos después todos somos más inteligentes”. Los gobernantes del mundo están tomando sobre la marcha decisiones frente a un hecho inesperado, desconocido, y cuya evolución es incierta. Técnicamente, están tomando decisiones con información incompleta. Y, cinco minutos después, la sociedad juzga, afirmando, por ejemplo, que las decisiones debieron tomarse con mayor anticipación.

Este sesgo es complejo porque, debido a la pérdida de confianza en las decisiones, puede debilitar, más que a los gobernantes y los gobiernos, la institucionalidad y la democracia. Una aproximación para analizar las decisiones del Gobierno colombiano respecto al aislamiento es la comparación internacional, y muestra que las decisiones se han tomado de manera adecuada. Frente a comportamientos erráticos de los presidentes de Brasil, México y Estados Unidos, e inclusive frente a la tardanza en las decisiones de algunos gobiernos europeos, el Gobierno ha actuado en la dirección correcta. Aunque la descentralización define tres diferentes niveles de gobierno, y al inicio se dieron discusiones fuertes principalmente entre los alcaldes y el Presidente, se observa cada vez más alineación y llegada a consensos. La exigencia que la sociedad debería hacer a los gobernantes es aún más coordinación e información transparente. Y la exigencia que los gobernantes deberían hacerle a la sociedad es de apoyo, entendiendo que están tomando decisiones sobre la marcha en una situación incierta.

Una segunda reflexión es sobre la actuación de las entidades públicas y de los organismos de control, en esta pandemia. Basado en el artículo 215 de la Constitución, el presidente Duque tomó la decisión de declarar el estado de emergencia. Bajo este estado, el ejecutivo puede dictar decretos con fuerza de ley, que de todas maneras serán revisados por el Congreso y por la Corte Constitucional. Tal como lo dice la motivación del Decreto 444 de 2020, dentro del marco de la emergencia económica es necesario contar con recursos adicionales a los disponibles, y poderlos ejecutar de forma ágil e inmediata. También realizar traslados, distribuciones, modificaciones y desagregaciones del Presupuesto General de la Nación. Creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), con recursos proveniente del ahorro de las regalías y del Fonpet. Aunque esto generó polémica, especialmente el uso del ahorro de las pensiones territoriales, detrás de esta decisión existe una línea clara: antes de aumentar el endeudamiento público frente a esta situación incierta en su duración y en su magnitud, es mejor utilizar recursos ahorrados, obviamente respetando ciertos límites. Esto ayuda a preservar uno de los activos más importantes del país, que, como no ha estado en crisis continua, tal vez excepto la crisis de 1999, muchos colombianos no lo valoramos lo suficiente: la estabilidad macroeconómica. Frente a choques extremos, medidas extremas, pero con la prudencia que dicta la estabilidad macroeconómica. Bajo esta visión la decisión es correcta. Adicionalmente, frente a estas actuaciones debería darse un lineamiento más claro por parte de los organismos de control. Así las grandes directrices estén dadas, los funcionarios públicos deben estar blindados, obviamente sin sobrepasar los límites, frente a evaluaciones ex-post. Va a ser muy fácil para un organismo de control decir posteriormente algo así como: se ha debido hacer esto o aquello, no se ha debido optar por esta opción, etc. Los organismos de control deben bajar en estos momentos de urgencia el “síndrome de las ías” que tanto paraliza a los funcionarios en épocas normales. Obviamente, si hay corrupción, hay que castigarla, pero se debe ser claro en separar casos en los que hubo dolo de los que no.

Finalmente, en esta coyuntura incierta, el Gobierno ha tomado las medidas de apoyo adecuadas. La política pública debe enfocarse en los más vulnerables. Existen actores vulnerables estructuralmente, como las personas que están debajo de la línea de pobreza, pero también puede haber actores vulnerables dependiendo de las circunstancias. El coronavirus es un choque exógeno, inesperado, y afecta a todos por igual. A todas las personas, a las empresas, pequeñas, medianas y grandes, al sector salud, sin ninguna distinción. Aunque muchas personas, pueden juzgar como incorrecta la ayuda a las empresas, entender que este choque es generalizado ayuda a comprender que se hace necesario que todos los sectores sean apoyados. Además, si uno de los objetivos es mantener el empleo, la carga no puede dejarse solo en manos de las empresas privadas. Es en este momento en el cual las políticas fiscal y monetaria deben apoyar a todos los actores de la economía. Adicionalmente, en la medida en que se va a generar un gran gasto fiscal, que eventualmente generará la necesidad de una reforma tributaria, esta será mejor aceptada por toda la sociedad si todos, las personas y las empresas, reciben apoyo en esta pandemia, obviamente con las debidas prioridades. El Gobierno ya actuó en este sentido capitalizando el Fondo Nacional de Garantías.