En este momento la prioridad es salvar vidas. Por ello, el énfasis es la salud, que debe tener todo el respaldo de la sociedad. En las ciudades grandes y medianas, donde están los focos de la pandemia, se apuesta por aplanar la curva de contagios para no saturar la capacidad de manejo sanitario, mientras se amplía. El distanciamiento físico, expresado en la cuarentena, a corto plazo es prácticamente la única opción; no obstante, tienen un gran costo económico al implicar el freno de la mayoría de las actividades económicas.
En las zonas rurales la cosa es bien distinta. No es el foco de la pandemia y prácticamente por definición se da el distanciamiento físico. Sin embargo, en caso de verse afectado no existen posibilidades de atención hospitalaria especializada. Esta situación explica lo que las comunidades están haciendo por iniciativa propia: el aislamiento. Las juntas de acción comunal están estableciendo controles de circulación. Los gobiernos nacionales y locales deben apoyar esta medida, centrando el control en el transporte que sería lo único que debe circular. Preservar las zonas rurales es fundamental para la seguridad alimentaria y para lo que será la reconstrucción de la economía.
En el momento actual, la dinámica económica se ha limitado básicamente a cinco sectores: salud, servicios públicos, bancos, logística (transporte y comunicaciones) y la cadena alimenticia, que incluye la producción básica agropecuaria, las industrias procesadoras de alimentos y las redes de distribución, que van desde las grandes cadenas de supermercados hasta las pequeñas tiendas de barrio.
Por su parte, el Estado está haciendo transferencias a la población vulnerable para garantizar un ingreso básico, que les permita al menos su seguridad alimentaria y hacer viable la cuarentena. No hacerlo conllevaría un gran estallido social y perder lo que pueda haberse logrado con las medidas preventivas, cayendo en el riesgo de rebrotes de la pandemia con costos en salud y económicos aún mayores. Recordemos que la gripa española duró dos años y tuvo tres rebrotes.
Mientras no exista vacuna (expertos estiman puede tomar un año), no se tendrán las condiciones para una recuperación plena. De todas formas, es necesario ir pensando en el futuro. El retorno a la “normalidad” será gradual por la enorme pérdida de activos, que no permitirán una recuperación inmediata de los ingresos. En este escenario, debemos identificar las oportunidades económicas que puedan volverse motores de la economía, lo cual pasa por valorar lo que se tiene en medio de la crisis e identificar las posibilidades futuras.
La provisión de alimentos ha sido una prioridad en la actual emergencia. Es una actividad que se ha visto afectada, pero sigue funcionando. Este será el punto de partida, en especial cuando existen riesgos de seguridad alimentaria, como ya lo anunció la FAO. Los flujos de comercio internacional se han visto seriamente afectados y los países exportadores de alimentos están reteniendo sus producciones como una forma de garantizar su propia seguridad alimentaria en un escenario incierto.
Por otro lado, esta coyuntura da la posibilidad de repensar el país. Vale la pena identificar las actividades en las que podríamos llegar a ser competitivo. En muchos aspectos, Colombia es deficiente en comparación con los demás países, incluso comparándonos con la región. La mano de obra no tiene altos niveles de educación, ni es barata. En ciencia y tecnología tenemos una muy baja inversión. La disponibilidad de capital es limitada y en muchos sectores dependemos de la inversión extranjera. Sin embargo, Colombia si tiene una ventaja comparativa en cuanto a la dotación de tierra y agua, que por la variada topografía del país se refleja en una gran biodiversidad.
También debe hacerse explícito que Colombia no es un país petrolero, si se le compara internacionalmente en término de las reservas disponibles; sin embargo, nuestras cuentas fiscales dependen demasiado de los recursos que allí se generan. La pandemia llevó a la caída de la demanda de petróleo y el desplome de su precio. Esta situación pone al descubierto las débiles bases del crecimiento del país, que necesitan replantearse.
En este contexto, la apuesta por la cadena alimentaria, que no se ha frenado y donde tenemos ventajas comparativas, favorecida por la devaluación y la escasez de alimentos a nivel mundial, es estratégica. Si el país asume esta opción, debería hacerlo seriamente con una perspectiva de mediano y largo plazo; no como una respuesta a la coyuntura de la crisis.
Hacerlo implica una apuesta de tipo estructural que conllevaría: Primero, el desarrollo de producciones competitivas. No se debe depender del peso devaluado, porque en el futuro se dará una corrección. Esto implica un gran énfasis en la provisión de bienes públicos donde aspectos como la asistencia técnica de calidad, las vías terciarias, la adecuación de tierras y el acceso a crédito, son fundamentales. Esta apuesta debe tener la imperiosa perspectiva de exportar.
Segundo, en el proceso debemos conservar el agua y los recursos naturales, si queremos que la apuesta sea de largo plazo y sostenible, con mayor razón en un escenario de cambio climático. Acá hay una oportunidad que se debe aprovechar. Colombia ha avanzado en los procesos de ordenamiento territorial. Iniciativas como el catastro multipropósito y los planes de ordenamiento de los principales productos, que viene trabajando la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, son la base para ese desarrollo agropecuario competitivo que se podría lograr. En este marco, la tierra rural no es para engordar capitales, es para ponerla a producir invirtiendo.
Tercero, la inclusión social es un tema pendiente. La inequidad en Colombia es inaceptable y debe ser tenida en cuenta en cualquier apuesta que se haga. Pero no debe darse en un marco de un ejercicio de suma cero, donde darle a los pobres pasa por quitarle a los ricos. Más viable desde una perspectiva de economía política es propiciar una mayor generación de riqueza, donde la población pobre pueda mejorar en términos absolutos y relativos. Esto es factible por las enormes brechas de productividad que se dan en la gran mayoría de los productos agropecuarios, según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria.
En este proceso no se debe caer en la dualidad de contraponer un sector contra otro; se debe trabajar con el conjunto de la cadena incluyendo las actividades agropecuarias, agroindustriales y comerciales, teniendo una perspectiva clara hacia un desarrollo competitivo que sea una fuente de generación de riqueza y genere inclusión. Aumentos significativos de productividad deben permitir acuerdos entre actores donde todos deben ganar.
Tampoco debe haber dualismos entre grandes y pequeños. Se debe apoyar a todos, sin olvidar que la inclusión es un objetivo central. En el proceso se deben contemplar programas especiales con las asociaciones de productores, las pequeñas industrias procesadoras y las redes de las tiendas de barrio.
En la actual emergencia debemos proteger al campo; es la base de la seguridad alimentaria y será la base de la recuperación económica. En el camino debemos hacer los ajustes de política para que la actividad agropecuaria y agroindustrial tomen el liderazgo del desarrollo, como lo propuso la Misión Rural. Paralelamente se debe apostar por la recuperación de la actividad petrolera, porque esta será una fuente fundamental para la financiación de esta nueva estrategia de desarrollo.
