Sobre la primera, el Gobierno cambió la decisión gracias a que, aunque entre febrero y marzo la caída en la rentabilidad fue abrupta, en abril se recuperó, y la caída de los saldos para pagar la pensión se frenó. Inicialmente era obligatorio para las AFP trasladar a los pensionados, ahora es voluntario. Esta decisión deja por lo menos tres señales. La primera, que el Gobierno estaba buscando recursos para financiar los gastos de la pandemia, en parte se desvirtúa. La segunda, que entre los objetivos del Gobierno estaba cuidar a este grupo de pensionados, en parte se valida. Y la tercera, que la modalidad de retiro programado presenta debilidades importantes, muestra que es urgente implementar una reforma pensional.

La segunda medida, los traslados de las personas que están a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión, sigue vigente. Aunque el Gobierno decidió no emitir este decreto, en el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley que tiene el mismo objetivo. De hecho, este tema también se trató en 2019, durante la discusión del plan de desarrollo, y debido a los costos fiscales que genera, el Gobierno no lo avaló. La medida presenta por lo menos tres aristas. La primera es la política fiscal. Los cálculos de Asofondos mostraron que el traslado implicaría para el Gobierno un ingreso de $27 billones, pero el costo de las pensiones es de $50 billones. Es decir, el Gobierno estaría incurriendo en una deuda de $23 billones, y frente a la presión fiscal que se acentuó con la pandemia, con menos impuestos, una necesidad mayor de gasto público, y una necesidad de endeudamiento, esta deuda sería una presión adicional.

La segunda arista se refiere al sistema judicial. Las personas que están a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión están buscando el traslado a través de demandas. Este año, más de 99% de alrededor de 5.000 demandas está logrando el traslado. Es decir, la deuda de todas maneras se está causando, pero con congestión en el sistema judicial. La tercera arista es los derechos de los ciudadanos. El argumento central es que no fueron bien asesorados, y por eso tienen derecho a trasladarse a Colpensiones, donde la pensión puede ser mayor.

Estos tres puntos hacen más urgente la necesidad de la reforma. Por un lado, cualquiera de los dos extremos puede ser dañino. Si el sistema pensional se basa en el Régimen de Prima Media tal cual existe ahora, los subsidios a las pensiones generan una enorme presión fiscal y lo puede hacer inviable financieramente. Si se basa en la capitalización individual, las pensiones pueden ser muy bajas y esto puede generar una insatisfacción social enorme, tal como lo han demostrado las protestas en Chile, cuyo sistema pensional se basa solo en el ahorro individual. Un punto medio entre los dos puede ser la mejor opción.

Por otro, la reforma es urgente porque los fondos privados están hasta ahora empezando a pensionar, y la ciudadanía está encontrando que las pensiones son en general más bajas que en el Régimen de Prima Media. Así, mientras más personas se pensionen, más insatisfacción se va a generar. Para que el sistema pensional sea equilibrado financieramente y les dé una pensión digna a los colombianos, los fondos privados también son necesarios.

La tercera medida, que está en discusión, y que busca abrir la posibilidad a las personas de retirar parte de los ahorros pensionales para enfrentar esta crisis, es riesgosa. Los seres humanos preferimos el corto plazo. Es decir, preferimos tener la plata ahora. Si la conectamos con la primera medida, uno de los problemas del retiro programado es que las personas viven más tiempo del que definen para recibir la pensión bajo esta modalidad, y quedan sin recursos para los últimos años de su vida, que pueden ser los más difíciles. En la exposición de motivos del proyecto de ley 050, cuyo análisis está basado en estudios hechos por dos universidades, se evidencia que en general las personas no cuentan con el suficiente conocimiento para tomar una decisión sobre su futuro pensional, porque es una decisión compleja. Por eso es responsabilidad de los que saben, en este caso los fondos privados, asesorar a las personas para tomar la mejor decisión posible.

Aunque puede sonar odiosa, la teoría económica ha demostrado que los seres humanos no somos tan racionales. Si lo fuésemos, los sistemas pensionales obligatorios no existirían. Todos, independientemente de nuestra situación, tendríamos claro que en algún momento vamos a llegar a la vejez y no vamos a contar con la capacidad suficiente para trabajar, y por eso haríamos el esfuerzo de ahorro durante nuestra vida laboral. Es entonces también necesaria una reforma pensional que le dé más claridad a los ciudadanos y los asesore para construir su futuro.

En síntesis, las medidas sobre el sistema pensional que para enfrentar la crisis el Gobierno está discutiendo revelan problemas estructurales y muestran la urgencia de la reforma. La crisis puede también verse como una oportunidad para implementarla. Como ya lo escribió Econometría, toda crisis genera reforma. Los seres humanos estamos más dispuestos a cambiar para salir de la crisis.