Según el Ministerio de Vivienda, 80,2% de los municipios del país en 2023 tenían vencidos sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Como plantee en una columna anterior, “Sin ordenamiento territorial no hay desarrollo posible” (La República, 2024), el no actualizar los POT es equivalente a estar desaprovechando posibilidades de desarrollo, estar incurriendo en gastos superiores a los previstos y poniéndonos a nosotros y a nuestras propiedades en riesgo de emergencias, respecto a opciones donde el ordenamiento propicia la cooperación (uso de una infraestructura por más gente) o evita situaciones de riego (que generarán costos cuando ocurran los eventos). Si el ordenamiento es tan importante y es un tema central en el actual Plan Nacional de Desarrollo, ¿por qué ese retraso?

Lo primero es que los potenciales beneficios del ordenamiento son percibidos por la ciudadanía como un tanto remotos e hipotéticos, mientras que los costos, expresados en aumentos de los impuestos prediales, son reales y anualmente recurrentes. La mezcla de falta de pedagogía sobre beneficios, muchos de ellos colectivos, y temor a que un aumento en los ingresos para las administraciones locales no derive en mayores obras y servicios (sea por ineptitud o por corrupción), hacen que no se perciba los beneficios netos.

En segundo lugar, falta claridad conceptual sobre los aportes del ordenamiento territorial. Los POT contemplan la estimación de más de 40 indicadores para su formulación y para luego hacerle seguimiento a su aplicación (expediente municipal). Indicadores bastante complejos. Al punto de que, cuando el Programa POT Modernos fue a hacer un seguimiento a los mismos, la mayoría de los municipios no fueron capaces de estimarlos y fue necesario contratar una consultoría (!).

Sin embargo, si se analiza en detalle la esencia de los POT, como hicimos en un informe para el DNP con financiación de MSI (Econometría, 2018), ordenar un territorio en esencia implica tres cosas. Primero, conservar y proteger el agua, cosa que, como evidencia la crisis que vive Bogotá, es más urgente que nunca. Segundo, identificar las áreas que enfrentan conflictos de uso del suelo. Es decir, que son usadas con fines diferentes a su vocación, como cultivos en zonas de páramo o áreas de vocación agrícola que no se usan. Y tercero, buscar minimizar el tiempo de acceso a los bienes y servicios públicos a través de las inversiones y acciones del Estado. A falta de claridad, la formulación de los POT se va por lo procedimental y la prioridad termina siendo la estimación de más de 40 indicadores.

En tercer lugar, como si con lo ilustrado en el párrafo anterior no fuese suficiente, estamos quedados a la hora de formular los POT porque no diferenciamos entre POT, Planes Básicos (Pbot) y Esquemas (EOT). La idea, en principio, era que el esfuerzo asociado a municipio de distinto tamaño fuese diferencial. En la práctica, las tres figuras de ordenamiento terminan siendo una sola. En la medida en que no hay claridad conceptual y al final tienen que estimar una gran cantidad de indicadores, la gran mayoría de los municipios terminan contratando empresas consultoras para este trabajo, las cuales llegan con una “plantilla” que, en una muestra ilustrativa del “copy & paste”, terminan aplicando a todos los municipios independientemente de su categoría, e incluso diciendo a los municipios más pequeños que les están dando un plus respecto a lo que requieren.

Un cuarto tema es el costo de los estudios que deben dar insumos para la formulación de los POT, como los levantamientos de la cartografía o el análisis de riesgos. Estos son viables para grandes municipios con amplias fuentes de financiación, pero prohibitivos para los pequeños. En este campo, lo crítico es lo comentado en el punto anterior: la falta de discriminación. Una gran ciudad debe hacer un levantamiento cartográfico detallado, pero los municipios a quienes corresponde elaborar un esquema de ordenamiento territorial deberían tomar como base la cartografía con la que cuente el Igac. Y luego, en temas como la vocación de uso del suelo o la identificación de riesgos, debería trabajarse con cartografía social, involucrando a la comunidad sobre la información que se disponga del Igac y otras entidades públicas.

Finalmente, hay un tema normativo que deja un tremendo vacío en este país santanderista. De acuerdo con el concepto de una firma jurídica “aunque la revisión del POT es un mandato legal, no existe sanción a los alcaldes por no realizarla”. Absurdo.

Este es un escenario donde no se perciben los beneficios, pero si los costos; no hay claridad conceptual sobre lo que realmente es importante de los POT y lo que queda es la necesidad de estimar muchos indicadores; no se discrimina el trabajo que se debe hacer en los municipios según les corresponda POT, Pbot o EOT; y los municipios pequeños no cuentan con los recursos para hacer los estudios que corresponden a las grandes ciudades. No extraña que 80,2% de los municipios no haya actualizado sus ordenamientos territoriales ya vencidos.

Acá se aplica la frase de Voltaire: “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. El ordenamiento territorial es absolutamente necesario para organizar las funciones del Estado en el territorio, y es razonable actualizarlo con la periodicidad que plantea la ley (cada 12 años). Pero la institucionalidad y las prácticas crean todos los incentivos para no hacerlo. Ello es terriblemente costoso en términos de bienestar para la población y racionalización de las finanzas públicas, que al final se refleja en posibilidades de desarrollo.

Los municipios de mayor población, y en menor medida los intermedios, cuentan con capacidades y recursos con los que pueden trabajar. La prioridad son los municipios a los que les corresponde los EOT. Todas las entidades públicas con objetivos espaciales deben verter su información en los mapas del Igac (Econometría, 2023) y sobre esa base, a partir de consultas municipales y cartografía social, deben elaborarse esos esquemas. Es mucho mejor tener algo actualizado, que viejas pautas de ordenamiento territorial que no se vayan ajustando a las cambiantes necesidades del país.

En este espacio queremos desde Econometría Consultores, celebrar un hito en nuestra historia, la celebración por la contratación del proyecto 1.000. Este número coincidió con el contrato por parte del Programa Mundial de Alimentos para evaluar los resultados de su programa estratégico en Guatemala. Llegar a este número, ha sido un camino que inició en 1977 cuando se fundó por Manuel Ramírez, Alejandro Vivas, Álvaro Reyes, Bernardo Kugler, Rodolfo Heredia y Diego Sandoval y más adelante cuando se vinculó la primera mujer Martha Isabel Gutiérrez. Hoy cuenta con socios 15 más, Arturo García, Carolina Murgueitio, María Gloria Cano, Oscar Rodríguez, Juan Manuel García, Gelcy Díaz, Marisol Rodríguez, Carolina Latorre, Carolina Suárez, Nury Bejarano, Benjamín Venegas, Claudia Peñaranda, Jaime Millán y Mauricio Olivera, que han logrado junto con sus colaboradores y consultores asociados, consolidarse como una firma de consultoría especializada en análisis económico que hoy se reconoce por la evaluación de políticas públicas y proyectos sociales, análisis regulatorio, estudios de demanda, entre otros. Los estudios, análisis, evaluaciones se realizan con un enfoque multidisciplinario y enfoques cuantitativos y cualitativos aportados por la antropología, la ciencia política, la psicología, la ingeniería, por mencionar algunas.

Este logro del proyecto número 1.000, no solo representa una cifra importante en términos de proyectos completados, sino que también simboliza el compromiso, la excelencia y la dedicación que han caracterizado a quienes han aportado en cada uno de los proyectos de Econometría. Desde sus inicios, la firma se ha esforzado por ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas a sus clientes, ayudándoles a tomar decisiones informadas y basadas en evidencia. El conocimiento adquirido a lo largo de tantos años, también se transmite actualmente a través del Centro de Estudios Manuel Ramírez que se fundó con el apoyo de Econometría Consultores a finales de 2019, por un grupo de 30 destacados investigadores, muchos de ellos alumnos, amigos, familiares, y compañeros de trabajo de Manuel Ramírez.

El proyecto 1.000 al ser internacional, simboliza el camino que ha ido recorriendo la firma en mercados internacionales llegando a países de América y el Caribe, Asia y África. La primera experiencia en el ámbito internacional fue en 1994 para la Superintendencia General del El Salvador para quienes se estimó la demanda de servicios de electricidad. En 1997 se apoyó a Aladi para la identificación de Iniciando el milenio, la alianza con el Estudio de Estudios Fiscales de la Universidad de Londres marcó un hito en la consolidación de Econometría como uno de los referentes en evaluación de impacto de programas de subsidios condicionados Familias, Jóvenes y Empleo en Acción. Esta experiencia catapultó a Econometría para llevar a cabo la evaluación de programas similares en Honduras y Bahamas.

En 2013 se firmó el primer contrato de largo plazo con el Programa Mundial de Alimentos para servicios de evaluación y en la actualidad se ha ratificado ese mismo contrato en tres oportunidades y la figura se expandió a otras organizaciones de Naciones Unidas, Unicef, la FAO, OIT y Ocha. La exportación de nuestros servicios también se ha expandido con entidades multilaterales y de cooperación internacional. De la mano de esos contratos de largo plazo el talento de Econometría ha llegado a países como Bután, Bangladesh, Etiopía, Ghana, Cuba, Nicaragua, Guyana, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Haití, Honduras, República Dominicana, Bahamas, Zambia, Nepal, Afganistán, Gambia, Bangladesh, Guinea Bissau, Georgia, por solo mencionar algunos.

Econometría además hace parte de la Alianza Latinoamericana de Consultorías Económicas (Laeco), que elabora mensualmente análisis macroeconómicos de cada país de la región, lo que ayuda a consolidar la red de la firma en la región.

El trascender fronteras no habría sido posible sin la experiencia adquirida en Colombia a través de evaluaciones contratadas por entidades como Sinergia del Departamento Nacional de Planeación que es un referente a escala mundial en el ámbito de la evaluación de políticas públicas, así como de entidades territoriales, comisiones de regulación, entidades del gobierno nacional, organizaciones vinculadas a cambio climático, desarrollo sostenible y en el sector privado empresas que buscan un aliado para medir el impacto de su inversión social, de su valor compartido así como la estructuración de sus inversiones o estimación de la demanda. También ha sido aliada de varios operadores de Usaid en cada una de sus intervenciones en el país, así como de la cooperación de otros países como Alemania, Suiza, Suecia, Noruega, España, Holanda, la Unión Europea, Canadá, India, Francia, entre otros.

El camino hacia el proyecto 1.000 no ha sido fácil para Econometría Consultores. Ha implicado años de arduo trabajo, aprendizaje continuo y adaptación a un entorno empresarial en constante cambio. Sin embargo, la empresa ha sabido enfrentar los desafíos con determinación y visión estratégica, lo que le ha permitido crecer de manera sostenida y consolidar su reputación como un referente en el campo de la consultoría y evaluación de políticas públicas e inversiones sociales.

Uno de los pilares del éxito de Econometría Consultores ha sido su equipo humano. Compuesto por profesionales altamente calificados y apasionados por su trabajo, el equipo de la empresa ha sido clave en la consecución del proyecto 1.000 y en la satisfacción de los clientes a lo largo de los años. La cultura de colaboración, el espíritu de equipo y el compromiso con la excelencia son valores fundamentales que han guiado el trabajo de cada miembro de Econometría Consultores en cada proyecto que emprenden.

A medida que Econometría Consultores celebra este escalón está preparada para afrontar nuevos retos y seguir creciendo en el futuro. En especial, hacemos un reconocimiento de gratitud a nuestros clientes nacionales e internacionales que han confiado en nuestros servicios, así como a nuestras firmas, organizaciones y universidades aliadas que nos han acompañado en este camino como Soluciones Estratégicas de Información SEI y tantas otras que nos han aportado aprendizajes y sus capacidades. Igualmente, a nuestra competencia a quienes agradecemos por construir día a día la consultoría colombiana.