La Cooperación Sur Sur, avances y desafíos

La Cooperación Sur Sur, avances y desafíos

Escrita por: Carolina Murgueitio

Según las Naciones Unidas, la Cooperación Sur-Sur se refiere a “la cooperación técnica entre los países en desarrollo, los cuales están ubicados mayoritariamente en el Sur del planeta. Es una herramienta utilizada por los Estados, las organizaciones internacionales, la academia, la sociedad civil y el sector privado para colaborar y compartir conocimientos, habilidades e iniciativas exitosas en áreas específicas como la agricultura, los derechos humanos, la urbanización, la sanidad, el cambio climático etc.”

En noviembre pasado, la Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur, publicó un documento reuniendo más de 100 experiencias que han contribuido al desarrollo de países de todo el mundo y Colombia se destacó por los conocimientos compartidos por Colombia a los países mesoamericanos de estrategias para reducir el hambre.

Como mejores prácticas se destacaron, por ejemplo, el apoyo de Cuba en la lucha contra el ébola en África occidental; la experiencia de México en la diversificación de productos de maíz para mejorar la salud y la nutrición en Kenya; y las lecciones de Chile a los países del Caribe sobre el etiquetado de productos como medida para acabar con la obesidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia coordina todas las acciones a través de la Dirección de Cooperación Internacional, GIT de Cooperación Sur-Sur y Triangular y se han hecho importantes aportes en gestión del riesgo, seguridad, salud, formación técnica profesional y vocacional, Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), entre otros.

El portafolio ha apuntado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se destacan aportes en atención a primera infancia, Sena Emprende Rural, Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), Alimentos, por solo nombrar algunas de las 25 experiencias.

La Cepal ha reconocido que entre los principales logros de la cooperación Sur-Sur colombiana en los últimos años se encuentran el diseño de una nueva estrategia de cooperación con el sector privado, el acercamiento de la cooperación internacional a las regiones y el apoyo recibido por parte de la comunidad internacional.

A pesar de los logros hay grandes oportunidades de mejora. La política, el discurso y la práctica de la llamada Cooperación Sur-Sur no han incluido en su núcleo principal la paz, el desarrollo y la seguridad. En estos campos Colombia tiene mucho potencial y su política de promoción de esta experiencia puede ser mucho más agresiva. De hecho, otra crítica es que ha sido una acción enfocada en la demanda más que en la oferta y esta última implica una determinación política y diplomática mucho más enfocada al relacionamiento y a mostrar las experiencias de Colombia.

Esta promoción debe ser basada en evidencia producida por evaluaciones de impacto rigurosas, por demostración de mejores prácticas en su operación y en su implementación y en lecciones aprendidas que puedan ser adaptables a otros contextos. La experiencia de evaluación de políticas públicas de Colombia, los logros del Departamento Nacional de Planeación, de la misma Sinergia y de la capacidad del país en evaluación de políticas públicas, son una mina de amplia riqueza para la cooperación Sur - Sur que no ha sido explotada ni promovida por el gobierno nacional.

Además de los temas de paz, Colombia tiene una amplia oportunidad en temas de cambio climático y hasta ahora ha aportado dentro del portafolio el gran avance en el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) que es una herramienta científica oficial para el monitoreo continuo y frecuente de la superficie de bosque y de la deforestación en Colombia. La generación de datos del SMByC se basa en el procesamiento digital de imágenes de satélite y el análisis de esta información primaria y secundaria disponible. Sin embargo, el espectro de posible cooperación es enorme, nada más en el tema de bonos de carbono para negociar deudas de carbono por intercambio de deuda externa. Por ejemplo, la experiencia de Medellín como la primera ciudad de Colombia en obtener bonos de carbono para la mitigación del cambio climático puede ser aportada a otras ciudades de países similares a Colombia. O la experiencia de Boyacá para que los páramos de Colombia sean la fuente para generar bonos de carbono que los países industrializados deben adquirir para compensar las grandes emisiones de gases efecto invernadero causantes de calentamiento global y cambio climático.

De otro lado, no se conoce aún una medición de los réditos en comercio que debe traer detrás la Cooperación Sur - Sur, porque no solo puede ser cooperación sin obtener nada a cambio. En esto las oportunidades de Colombia deberían aprovecharse aún más porque detrás de cada experiencia o buena práctica compartida hay bienes y servicios por vender y para ello debe haber una coordinación con Procolombia para hacer implementar una política mucho más agresiva.

Para nadie es un secreto que la cooperación estadounidense, la española, la japonesa, toda trae bajo la manga una estrategia de negociación y promoción de sus productos y servicios. China es el gran campeón de esta estrategia y se ha apoderado prácticamente de África, a través de una cooperación de US$80 millones en los últimos años a través de programas de seguridad alimentaria de la FAO, ha catapultado sus ventas de tecnología a países como Etiopía, Uganda y Namibia, para la producción de alimentos en el continente. Colombia podría seguir este camino y si por ejemplo coopera con buenas prácticas de evaluación de políticas, promueva el talento colombiano. Si coopera con estrategias de seguridad, entonces promueva a empresas de la nación que prestan servicios de seguridad y mitigación de riesgos.

El nuevo gobierno en términos de Cooperación Sur - Sur, apunta a África y Asia, según declaraciones del presidente, en temas de migración, política y seguridad, sin embargo, aún no se conoce cuál será esa oferta de experiencias que esperemos sea ofrecida al mundo de manera coordinada, basada en evidencia y con externalidades medibles de las exportaciones de bienes y servicios colombianos.

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2023: un año difícil, columna para La República

2023: un año difícil

Escrita por: Julián Roa

En una columna pasada del mes de octubre del año que recién terminó, anticipábamos varias cosas que de alguna u otra manera terminaron sucediendo. En primer lugar, se advertía que la inflación podía llegar hasta niveles de 13% a fin de 2022 (en ese momento el analista promedio la veía en 12%) y, desafortunadamente, la inflación cerró en 13.1%. En segundo lugar, veíamos una economía creciendo en 2022 entre el 8 u 8.5%, pronóstico que teníamos desde julio. En julio del año pasado, el promedio de los analistas económicos encuestados por el Banco de la República veía a la economía creciendo a 6.3%. Hoy los pronósticos de los analistas están mucho más cerca del 8%. En febrero se podrá saber qué sucedió realmente.

Con lo anterior se puede ver que, en materia de proyecciones de la economía colombiana, se acertó. En dicha columna, también se anunciaba que 2023 podía ser un año complejo, con una tasa de crecimiento del 2% y una inflación entre el 7 u 8% y de hecho vemos un escenario más negativo que el anunciado en octubre pasado. La tormenta ya llegó.

En materia de crecimiento para 2023 pasamos a un pronóstico de 2% a 1%. El principal dato detrás de este ajuste es el comportamiento del consumo en el segundo semestre de 2022. Durante 2021 y gran parte de 2022, el consumo fue el motor del crecimiento y del sobrecalentamiento de la economía. El fin de las cuarentenas no solo implicó que algunos hogares recuperarán sus ingresos, sino que adicionalmente generaron una euforia en el consumo de los hogares quienes habían retrasado ciertos gastos a causa de la pandemia. Sin embargo, dicha euforia se disipó para finales de 2022. Adicional a esto, la política monetaria ya está afectando de manera importante el consumo de los hogares. Una señal de lo anterior es el último dato de consumo de los hogares, el cual tuvo una caída de 2.2% en el tercer trimestre de 2022. Dicha caída del 2,2% se asemeja a la caída vista en el último trimestre de 1998 (2,4%), marcando el inicio de la crisis del final de siglo. Teniendo en cuenta que en el tercer trimestre todavía no se han visto todos los efectos de los incrementos de política monetaria, no debería sorprender números negativos en los próximos trimestres. Así, el principal motor de crecimiento durante 2021-2022 se quedó sin gasolina para 2023.
En lo que concierna a la inflación, no tenemos mayor cambio en nuestra expectativa. Seguimos viendo la inflación cerrando 2023 entre el 7 u 8%. Sin embargo, hay ciertos riesgos alcistas. Por un lado, Colombia continúa con una moneda devaluada, una política monetaria más restrictiva y en los países desarrollados tendríamos más presiones al alza en la tasa de cambio. De igual forma, si el Banco de la República continúa persiguiendo a solo a la inflación va a ser difícil ver una revaluación de la moneda, lo que no ayuda a frenar el alza de precios.

Por su parte, el mercado laboral está mostrando señales inquietantes. Se anticipa un incremento en la tasa de desempleo de un nivel cercano a 11.2% en 2022 a un 11.8% en 2023. A primera vista, esto puede parecer extraño pues la tasa de desempleo ha llegado niveles de un solo dígito en los últimos meses. Sin embargo, la tasa de desempleo en los últimos dos meses ha bajado puesto que han salido más personas del mercado laboral que las que han sido contratadas. Si este patrón de los últimos dos meses no es un fenómeno atípico, podría estar anticipando un freno importante en la creación de empleo.

En el frente fiscal, se espera que la reforma aprobada recientemente ayude a las finanzas del gobierno y permita mitigar parte del actual déficit. De igual forma, los incrementos en los precios del combustible ayudan a mitigar el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (Fepc). Así, pronosticamos un déficit fiscal total de GNC del 3.7% para 2023. Sin embargo, hay riesgos. En el caso de la reforma tributaria, la excesiva carga tributaria para el sector energético puede frenar de manera importante la actividad económica y afectar negativamente el recaudo. Algo similar sucede con el incremento del precio de los combustibles. Estos riesgos podrían significar un mayor déficit fiscal.

El frente externo es complejo y tiene cierta incertidumbre. Por un lado, algunos analistas están pronosticando un precio del petróleo alrededor de US$94 lo que a mi modo de ver es optimista. Si este pronóstico llega a ser acertado podríamos ver una mejora importante en las exportaciones. Este pronóstico dependerá de factores como la severidad de la recesión económica en Estados Unidos, Reino Unido y la zona euro, así como del potencial repunte de China luego de abandonar la política de cero-covid.

También el riesgo país que podría empeorar las cosas. Este depende enteramente de las acciones y anuncios tomados por el gobierno en 2023. Aspectos como las potenciales reformas al sistema de salud, pensiones y laboral, y la transición energética pueden generar mayor incertidumbre y algunas de estas medidas tiene la potencialidad de ser supremamente lesivas. La situación económica es compleja como para empeorarla por promesas de campaña.

* Las opiniones expresadas en esta columna no representan la visión de Econometría Consultores ni la visión de su junta directiva.

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¿Políticas de acciones afirmativas, incentivos…

¿Políticas de acciones afirmativas, incentivos perversos?

Escrita por: Carolina Murgueitio, directora general - Mario Fidel Rodríguez, ex asesor legal

Las acciones afirmativas generalmente son políticas públicas a través de las cuales se busca garantizar el acceso a bienes y servicios públicos en igualdad de condiciones de grupos históricamente excluidos o discriminados. Se pretende con ellas compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. Se les conoce también como “acciones positivas”, “medidas positivas”, “discriminación en sentido inverso” y “discriminación positiva”.

Las acciones afirmativas han sido eje central de la Corte Constitucional que entiende por acción afirmativa las políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, bien para eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan o para lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, que usualmente ha sufrido sean incluidos. Una de las principales medidas de acción afirmativa en Colombia son los créditos, becas o cupos universitarios reservados para estudiantes de determinados grupos sociales o económicos. Otro ejemplo clásico es el de las políticas activas de mercado de trabajo, son todas aquellas medidas que buscan incrementar la empleabilidad o promover el enganche laboral de aquellas personas que encuentran difícil entrar al mercado laboral por sus propios medios.

Econometría ha evidenciado que cuando se evalúa el impacto en todas sus etapas de las políticas activas, estas llegan a ser efectivas. Por ejemplo, la evaluación de resultados del programa “40.000 primeros Empleos” que permitió medir y recomendar ajustes para que sus resultados sobre los jóvenes beneficiados y su contribución sobre las empresas participantes fueran efectivos. De igual forma, se brindó apoyo al Ministerio de Educación y en particular al Observatorio Laboral para la Educación en el diseño e implementación del proceso para obtener información sobre la demanda de la Educación Superior.

A pesar de las muy buenas intenciones de las políticas afirmativas, muchas veces terminan siendo un incentivo perverso, es decir, aquel que tiene un resultado no intencionado o no deseado con consecuencias imprevistas. Un ejemplo claro de esta situación es la Ley 2069 de 2020 de iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyo objeto es establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.

En particular, el artículo 35 dispuso 12 criterios de desempate en concursos o convocatorias de entidades públicas, los cuales se aplican de forma sucesiva y excluyente.

Entre estas reglas, luego de la primera, que es la protección a la industria nacional, siguen cinco que tienen que ver con acciones afirmativas, así: 1) Mujeres cabeza de familia y víctimas de violencia intrafamiliar que tengan participación mayoritaria en firmas concursantes; 2) Personal en nómina del proponente, en condición de discapacidad; 3) Personal en nómina que hayan cumplido la edad de pensión y no disfruten de ella; 4) Personal en nómina que pertenezcan a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas; 5) Personas en proceso de reincorporación o reintegración que tengan participación mayoritaria en firmas concursantes.

Si bien la política se diseñó con una intención loable, y para los criterios de inclusiones en nómina se ve útil, se ha empezado a evidenciar en los concursos públicos el incentivo perverso. Esto sucede porque se ha vuelto usual que algunas entidades públicas en los concursos de méritos no soliciten oferta técnica, y así se llegue a un empate en las condiciones como experiencia de la firma o el recurso humano solicitado. En consecuencia, la aplicación de estos factores de desempate define a quien se adjudica el contrato estatal.

Cuando no se exige oferta técnica, se sacrifica la competencia de calidad de la oferta y, automáticamente, se provoca el incentivo perverso de acudir a estrategias empresariales abusivas para alcanzar el cumplimiento del mayor número de factores de desempate y resultar favorecidos en la adjudicación del contrato. Se han identificado al menos dos vías. Por un lado, se puede utilizar empresas artificiales conformadas con personas que cumplan alguno de esos criterios de vulnerabilidad (sin la intención real de beneficiarlas), para luego conformar consorcios o uniones temporales con otras empresas con experiencia para cumplir los mínimos habilitantes. Por otro lado, se puede acudir a la acreditación de requisitos de muy fácil manipulación, como por ejemplo el de mujer cabeza de familia, para el que solo se requiere una declaración ante notario.

La concepción de la norma, buena pero ineficiente, sumada a la falta de un reglamento de mayor contundencia que el expedido en 2021, conduce a que aquellas empresas que se han consolidado durante décadas para ser contratantes idóneos por la calidad de sus propuestas (que luego se refleja en la ejecución del contrato) terminan estando en desventaja. Se incentiva así a que las empresas deban escoger entre una mutación obligada para aparentar con sus competidores el cumplimiento de esas acciones afirmativas, o simplemente quedar relegadas en un escenario que antes era de sana competencia.

Una revisión de esta situación por el actual gobierno sería una recomposición del verdadero incentivo de la política afirmativa, por ejemplo, conduciendo a que los concursos se basen en criterios objetivos técnicos en los que primen la calidad y los de desempate centrados en el emprendimiento solo se aplican a aquellos procesos donde la cuantía de la contratación (por ejemplo, procesos de selección abreviada de menos de 4.000 UVT) permita que pequeñas empresas tengan como su primer escalón para su futura expansión. Otra opción sería que los criterios de desempate centrados en las condiciones antes planteadas, solo se apliquen cuando las empresas tengan nóminas menores a 10 empleados.

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25 de noviembre, columna para La República

25 de noviembre

Escrita por: Carolina Suárez

Es 2022. Por nuestra historia como sociedad, han pasado miles y miles de hitos que nos han construido y deconstruido como individuos y como humanidad; eventos, hechos, situaciones, discusiones que han pasado, pasan día a día y seguirán pasando, y que, como especie, nos van moviendo hacia otros lugares (tal vez mejores, tal vez no).

En esta comprensión de nosotros mismos como colectivo también hemos ido entendiéndonos (no precisamente de manera pacífica) no sólo como una suma de seres vivos con determinadas características físicas, sino como una construcción compleja compuesta por personas, por individuos particulares, diferentes entre sí, pero unidos por la característica común de “ser humanos”. Una característica que no es solo nominal, sino que ha sido y sigue siendo una cuestión de debates políticos y éticos en la cual la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 ha sido referente.

Cuando dejamos de vernos como una masa y entramos a los detalles, se evidencian entre los seres humanos no sólo las diferencias, sino las desigualdades, inequidades y brechas que hay entre regiones, países, edades, géneros y razas. Es quizás también la historia misma la que nos ha llevado a que algunas de ellas existan, la construcción cultural de lo que somos como humanidad se ha dado desde una perspectiva hegemónica que ha concentrado el conocimiento, las discusiones y la toma decisiones en adultos, hombres, blancos y con acceso a la educación, por lo que el camino nos conduciría a una perspectiva adultocéntrica, patriarcal y racista.

Pero es 2022, y nos hemos movido como humanidad hacia un mejor lugar en el que tomamos conciencia de la importancia de la inclusión y de la riqueza de la diversidad (o así quisiéramos muchos que fuera). Pero en este mejor lugar las mujeres, que somos un poco más de la mitad de los seres humanos del mundo, sufrimos en mayor medida la discriminación y la violación de nuestros derechos humanos, a lo que se suma que seguimos estando subrepresentadas y con limitado o nulo acceso al liderazgo político.

Según datos de ONU Mujeres se estima que en el mundo 736 millones de ellas han sido víctimas de violencia física o sexual, 1/3 de ellas niñas menores de 15 años; en 2021 alrededor de 81.000 de ellas fueron asesinadas, en su mayoría en crímenes cometidos por parejas o familiares; durante la pandemia por covid-19 la violencia doméstica se intensificó, demostrándonos que el hogar no es precisamente el lugar más seguro para nosotras, este periodo significó además la profundización de brechas entre hombres y mujeres sobre las cuales ya se había recorrido un importante camino.

En Colombia las cifras no son muy diferentes, lo que agrava la situación en nuestro contexto es la impunidad y la lentitud del sistema de justicia y la baja independencia económica de las mujeres, hechos que desincentivan la denuncia a los perpetradores.

En Econometría hemos aportado a la comprensión del problema de manera específica desde los estudios que hemos realizado sobre la iniciativa Spotlight de Honduras y de las narrativas relacionadas con ser mujer y el proceso de reincorporación de adolescentes, y desde las evaluaciones de impacto de cuatro programas de prevención de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe e institucional de los derechos de las mujeres víctima del conflicto armado, y hemos avanzado con nuestro compromiso empresarial hacia la igualdad de género como miembros del Pacto Global de las Naciones Unidas, y dentro de él del Target Gender Equality.

El problema está reconocido, y aunque en este mejor lugar en el que estamos todavía hay personas que lo consideran exagerado e innecesario y se han incrementado los movimientos antifeministas y antiderechos (todos opinan sobre nosotras), hay voces que se levantan para exigir, ya no pedir, a gritos el respeto por nuestros derechos y libertades.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reconocido por la ONU desde 1999, que tuvo sus orígenes en el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe que se realizó en Bogotá en 1981, fecha que fue escogida por ser el día de la muerte en 1960 de las hermanas Mirabal, activistas y defensoras de derechos de las mujeres que fueron asesinadas bajo la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Este 25 de noviembre, de este 2022, en este mejor lugar, la movilización feminista en Colombia, en América Latina y en el mundo se tomó las calles y las redes para decir que “Nos queremos vivas”, que no queremos “Ni una menos”, que quisiéramos estar “Libres y sin miedo” y que en esto “No somos una, somos todas”, porque que necesitamos “Que ser mujer no nos cueste la vida”.

Y es que en este mejor lugar de la historia el gran cambio que se ha tenido en relación con la violencia contra las mujeres no es su eliminación (lamentablemente), pero al menos se ha avanzado en su reconocimiento como un problema importante que no nos atañe solo a nosotras, que no sólo es un asunto de nuestra esfera privada y del cual no somos culpables.

Por esto, este 25 de noviembre reafirma la importancia de seguir trabajando en relación con la garantía de nuestros derechos, y no sólo desde la institucionalidad y desde una perspectiva normativa y de política pública, sino de manera muy poderosa desde nuestra manera de “ser humanos”, desde nuestra forma de “ser hombres” y de “ser mujeres” y de relacionarnos con el otro, desde la toma de conciencia de nuestros silencios sociales y de la importancia de asumir posiciones como un compromiso ético frente al cambio.

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Un plan en el que el territorio es el escenario y el actor…

Un plan en el que el territorio es el escenario y el actor protagonista

Escrita por: Leonel Miranda

El pasado 15 de noviembre, el Gobierno Nacional presentó las Bases del Plan Nacional de Desarrollo para su estudio por parte del Consejo Nacional de Planeación. El documento, denominado “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022 - 2026”, contiene las directrices, apuestas y metas mediante las cuales, el gobierno pretende cumplir sus promesas y orientar las principales políticas e inversiones desde el nivel nacional.

Los planteamientos son consistentes con el discurso y las ideas expresadas desde la campaña política: paz total, cambio climático, las injusticias de distinta naturaleza, nuevas formas de productividad y democracia más profunda.

Los capítulos se organizan en cinco grandes transformaciones y siete actores diferenciales (jóvenes, mujeres, población LGBT, víctimas, comunidades étnicas y personas en discapacidad) Las cinco transformaciones propuestas son:
I. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
II. Seguridad humana y justicia social
III. Derecho humano a la alimentación
IV. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática
V. Convergencia regional
Además de la estructura compuesta por grandes transformaciones y actores diferenciales, hay un énfasis fuerte en la dimensión territorial. Posiblemente, desde el Plan de Desarrollo de 1970, denominado las cuatro estrategias, que proponía la urbanización como gran eje de desarrollo nacional, no se presentaba un proyecto nacional de desarrollo con tantos retos en materia de gestión territorial y urbana.

El plan tiene grandes propósitos como ordenar el territorio en torno al agua, formalizar la tenencia y titulación de la tierra, reducir los conflictos por el uso del suelo, disminuir la segregación socioespacial en las ciudades, producir infraestructura de impacto regional, implementar modelos nuevos de manejo de parques naturales, articular más de 70 instrumentos de planeamiento y los sistemas de gestión de riesgo y de manejo ambiental, protección del suelo rural, generar infraestructura educativa, cultural y social, garantizar un mínimo vital de agua, proteger el patrimonio arqueológico y cultural, financiar y aumentar la oferta de transporte urbano y regional, conectar con infraestructura a las zonas que producen alimentos, redistribuir la propiedad de la tierra, contención de la reforestación, restauración de ecosistemas degradados, descarbonizar los sistemas de transporte público, generar barrios con áreas verdes y espacios públicos, recuperar las áreas centrales urbanas, provisión y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas.

La visión del territorio y sus principales apuestas se integran a una mirada global, compartida con numerosas agendas en temas que abarcan desde energías limpias, ciudades sostenibles, vínculos urbano rurales, regionalización, seguridad vial y resiliencia urbana.

En términos conceptuales y programáticos, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo se sintoniza con temas que tienen niveles de consenso global. Algunas investigaciones realizadas por Econometría para diagnosticar el estado de los centros urbanos del país y la evaluación de macroproyectos desarrollados por el fondo de adaptación coindicen con enfoques del documento respecto a la necesidad de desarrollar una actuación más activa y comprometida desde el nivel nacional, la adopción de instrumentos de gestión que permitan una mejor gestión de las externalidades del desarrollo urbano además de diversificar las fuentes de financiación porque las capacidades de la mayor parte de municipios son insuficientes para enfrentar desafíos contemporáneos como los que generan las migraciones o el cambio climático.

También se pueden identificar temas y programas que tienen antecedentes institucionales que merecen continuidad, como programas de modernización catastral, instrumentos para captura de valor, políticas de sostenibilidad, movilidad activa, entre otras. Las visiones y prioridades de los gobiernos pueden tener diferenciaciones, pero las lecciones aprendidas y las capacidades obtenidas son un activo que a la sociedad le conviene preservar.

La promesa que está contenida en este documento está permeada por intenciones de cambios, que tienen una base territorial en regiones, veredas, ciudades y bosques, frente a los cuales, algunas políticas y programas conllevan la revisión de paradigmas en materia de planeación y desarrollo urbano. Agenciar estos cambios en un país descentralizado y con desequilibrios territoriales conlleva ajustes que van más allá de lo normativo y que demanda considerar como mínimo los siguientes retos:
Desarrollar formas de gestión asociada que superen la supuesta tensión entre centralismo y municipalismo y reconozcan sistemas de gobernanza en distintas escalas.

Adaptación de las políticas sectoriales hacia una gestión estratégica territorial. El turismo, la cultura, la logística, la innovación, son temas sectoriales que se viabilizan solo si se concretan en el territorio. Gestión del conocimiento tendiente a la inteligencia territorial y a la apropiación de la información por todos los actores.

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LACEA LAMES 2022, annual meeting

LACEA LAMES 2022, annual meeting

LACEA LAMES 2022, event in which 3 members of our firm participated, with the presentation of Julian Roa Rozo and his paper on: “We must reject the natural rate hypothesis: Evidence from high- and middle-income economies”; and the presentation of Jaime Millán with his paper co-authored with Yanira Oviedo on: “Racial bias in employment services: Data from a randomized experiment in Colombia”.

Econometría is honored that our members participated in such a prestigious event, which is a base of expertise in the academic field of economics and econometrics in the region.

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LACEA LAMES 2022, encuentro anual.

LACEA LAMES 2022

LACEA LAMES 2022, evento en el cual participaron 3 integrantes de nuestra firma, con la presentación de Julián Roa Rozo y su paper sobre: “Debemos rechazar la hipótesis de la tasa natural: Evidencia de las economías de renta alta y media”; y la presentación de Jaime Millán con su paper en coautoría con Yanira Oviedo sobre: “Sesgo racial en los servicios de empleo: Datos de un experimento aleatorio en Colombia”.

Para Econometría es un honor que nuestros integrantes participaran de tan prestigioso evento, que es base de experticia en el ámbito académico de la economía y econometría en la región.

Conoce más en:

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El último que ve el agua es el pez, columna para La República

El último que ve el agua es el pez

Escrita por: Claudia Peñaranda

Si el mundo empresarial, al igual que un pez en el agua, se diera cuenta de que las necesidades e intereses de los hombres y las mujeres deben ser abordados de forma distinta, lograría fortalecer y transformar positivamente su productividad y eficiencia, como lo evidencian indicadores que mundialmente miden estos aspectos. Pero, en la práctica, la mayoría de las empresas no tienen en cuenta estos aspectos de igualdad a partir de las diferencias que existen entre hombres y mujeres porque no se logran percatar de lo que estamos hablando, o porque lo subestiman. Intentemos una explicación de por qué sucede esto.

Imaginemos por un momento que hemos pasado toda la vida usando unas gafas que lo único que nos dejaban ver en el mundo eran círculos y cuadrados. Imaginemos que de repente, al darnos cuenta que toda la vida hemos usado estas gafas, nos las quitamos y empezamos a ver que en el mundo existe además una variedad de figuras geométricas que nunca habíamos visto. Imaginemos que a algunos nos da miedo este nuevo mundo de formas y preferimos seguir usando las gafas de siempre, y que, a otros, por el contrario, esta nueva manera de ver el mundo nos plantea nuevas fronteras y retos. Bueno, pues estas gafas son mi descripción muy coloquial de lo que el sociólogo científico Thomas Kuhn denominó en su momento “paradigmas” y que son en últimas nuestros sistemas de creencias.
Son nuestras creencias (nuestros paradigmas en palabras de Kuhn) las que nos permiten ver algunas situaciones como problemáticas y otras no. Pero las creencias no solo nos permiten definir algo como un problema, sino que van más allá y son las que nos permiten ver algo por primera vez. En otras palabras, nuestros sistemas de creencias nos hacen estar ciegos para algunos temas porque, literalmente, no los podemos ver.

Históricamente, nuestros sistemas de creencias cambiaron y pudimos ver que la tierra giraba alrededor del sol, o que el inconsciente existe, o que los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Pero hay temas sobre los cuales seguimos siendo ciegos, en el sentido de Kuhn. Por ejemplo, por qué a las empresas se les dificulta entender cómo desarrollar una política que tenga en cuenta que las necesidades de sus trabajadores pueden ser distintas (no mejores o peores, solo distintas) dependiendo de si son hombres o si son mujeres.

La facilidad para entender esto conduce, por ejemplo, a que según Comulative Gallup Workspace Studios, las empresas que cuentan con diversas fuerzas de trabajo a nivel mundial sean 22% más productivas, y 27% más rentables, debido a que se abordan campos relacionados con la innovación y liderazgos, la atención a nuevos mercados y la productividad, por solo mencionar algunos aspectos.

Estamos todos de acuerdo con qué hombres y mujeres son iguales, pero poco sabemos sobre cómo lograr la igualdad en el ámbito empresarial. Lo máximo que solemos hacer es contar cuántos hombres y cuántas mujeres hay en una empresa y creemos que así estamos atendiendo este aspecto. En realidad, esto no es suficiente y ni siquiera es el inicio del camino de lo que se debe y se puede hacer.

Un primer paso, sin duda, es darnos cuenta de que llevamos puestas las gafas que nos hacen creer que no hay que hacer nada adicional a lo que ya estamos haciendo porque “nosotros no discriminamos a nadie” o “todos somos iguales”, y quitárnoslas para entender que, al reconocernos en la diferencia, podríamos alcanzar, no solo una economía más rentable y lucrativa, sino también un mundo más justo y lleno de oportunidades para quienes lo habitamos. Pero un segundo paso, en términos más prácticos, nos podría conducir a la búsqueda de más y de mejor información al respecto.

Es por esto que con una iniciativa tan concreta como la que promueve Naciones Unidas en unión con otros socios corporativos, del sector público y de la sociedad civil en el espacio nacional e internacional a largo de 160 países, bajo el nombre de Pacto Global, es posible identificar y seguir prácticas empresariales que le apuesten al logro de unos principios asociados a la igualdad, a la equidad y a la inclusión que conducen a la prosperidad. Prácticas que se orientan a la atención de siete aspectos asociados al empoderamiento de las mujeres, tales como la igualdad para los cargos directivos, el respeto por los derechos humanos de todos, la atención a la salud, la seguridad y el bienestar de quienes hacen parte de las empresas, la promoción de la educación y el desarrollo profesional de las mujeres, y la evaluación y difusión de las acciones en pro de la equidad, entre otros aspectos adicionales tanto al interior de las empresas en sus prácticas empresariales, como en los entornos comunitarios donde éstas existen.

Es por esta razón que Econometría ha entrado a hacer parte del programa acelerador de género de las Naciones Unidas, que es un programa de seis meses que tiene como objetivo desafiar y apoyar a las empresas participantes del Pacto Global de las Naciones Unidas a establecer objetivos corporativos ambiciosos en torno a la igualdad de género. El tema, además, viene siendo incluido en nuestras evaluaciones desde hace ya un tiempo, intentando ver con diferentes lentes para reconocer que las intervenciones de política y programas sociales deben tener también un enfoque que reconozca las necesidades de hombres y mujeres para potenciar aún más los efectos buscados.

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Cada vez se crea más conciencia de la importancia de la nutrición en el mundo, por lo cual se celebra este día y se priorizan evaluaciones de los programas enfocados en la seguridad alimentaria de los cuales Econometría ha tenido una participación importante.

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