Las abuelas, columna para el Diario La República

Las abuelas

Escrita por: Carolina Murgueitio, directora general.

El pasado 5 de febrero falleció mi abuela Blanca Restrepo de Murgueitio en Cali. Vivió 108 años sin enfermarse de gravedad, y dejó una descendencia extensa con un legado por el cual trabajó de manera incasable, el de contribuir al país a través del trabajo en diferentes ámbitos y esferas. Sucedió 42 años a mi abuelo así que, en sus manos en solitario por cuatro décadas, fue el motor de mi familia paterna. Desde que tengo memoria, su casa fue un refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y los problemas se desvanecían entre el aroma de sus comidas, sus anécdotas e historias. Al mismo tiempo se iban discutiendo los problemas del mundo y del país bajo su análisis riguroso y a la vez práctico.

Mi abuela fue una mujer fuerte, enfrentó las adversidades con una dignidad admirable mientras fue testigo de dos guerras mundiales, la llegada del hombre a la luna, la caída del muro de Berlín, 30 presidentes de Colombia, el cambio de milenio y casi tres décadas más, además de dos pandemias, la última de 2019 a 2022 marcó para ella un punto de inflexión hacia el declive de su vida pues si bien, gracias a los cuidados de su familia no fue contagiada, la soledad de su amplia casa afectó su brillante cerebro.

El profundo agradecimiento que tengo a “Doña Blanca” me inspira a hacerle un homenaje a las abuelas a través de relevar su aporte a la economía de un país. Medir el aporte exacto de las abuelas al Producto Interno Bruto, PIB, es complicado, ya que muchas de sus contribuciones son informales y no se registran en las estadísticas económicas. En Colombia en particular, las abuelas a menudo realizan tareas de cuidado y labores domésticas que permiten que otros miembros de la familia trabajen. Este trabajo no se refleja directamente en el PIB, pero su valor es significativo en términos económicos.

Abuela-Blanca

Muchas abuelas participan en actividades económicas informales, como la venta de productos hechos a mano o la realización de servicios en sus comunidades. Esto puede contribuir al ingreso familiar y, por ende, a la economía local. En el caso de mi abuela, ella misma cosía la ropa de sus 12 hijos, 24 nietos y le alcanzó para tejer la primera muda de sus 25 bisnietos. Si se pudiera medir el valor agregado de esta actividad de mi abuela, seguro daría una cifra significativa al incluir la tela, los hilos, las dos costureras que la ayudaban, así como el tiempo de sus hábiles manos para coser y tejer prendas impecables.

Un estudio de la Universidad de los Andes (2014) sobre la participación de los abuelos en el cuidado de sus nietos y cómo esto afecta tanto a la dinámica familiar como a la economía, encontró que alrededor de 30% de los hogares en Colombia tienen a un abuelo involucrado en el cuidado de los nietos.

Algunas investigaciones han intentado cuantificar el aporte de las abuelas al PIB. Según el Dane, el trabajo no remunerado en Colombia, que incluye el trabajo doméstico y de cuidado, se ha estimado que representa entre 15% y 20% del PIB. Esto da una idea del impacto económico del trabajo de cuidado, aunque no se desglosan cifras específicas para las abuelas, a excepción de la estimación de horas promedio de dedicación semanal. En particular, la funcionalidad de suministro de alimentos que presenta una tendencia creciente con la edad ya que para el grupo de mujeres de 49 a 60 años es de 16,9 horas y de 8,9 para los hombres de 60 años y más (Dane-Cuenta satélite de economía del cuidado 2020).

Se ha estimado que el valor del cuidado no remunerado (incluyendo el de abuelos) podría alcanzar miles de millones de pesos colombianos anualmente. Aunque las cifras exactas pueden variar, algunos informes sugieren que este valor podría estar en el rango de $50 a $100 billones anuales, considerando todo el trabajo de cuidado no remunerado en el país.

En España, por ejemplo, un Estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, en 2019, estimó que el trabajo de cuidado no remunerado podría tener un valor que representa alrededor del 10% a 20% del PIB. En Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec, estima que el aporte es cercano a 16%. Por su parte, la Universidad de Lima en Perú ha estimado que este porcentaje equivale a aproximadamente 20%.

Poco reconocimiento se hace a las abuelas en su fundamental contribución al apoyo emocional y social, así como a la transmisión de valores en las familias, de tradiciones culturales como recetas y la transferencia oral de historias, entre otras. En mi caso, si estimara el valor de la contribución de mi abuela en este sentido llegaría una cifra cercana al infinito. A pesar de que ella no tuvo la misma oportunidad que sus hijos, nietos y bisnietos, los impulsó a cada uno de ellos a formarse para contribuir al país. Su fuerza espiritual nos guió a todos y en la familia contamos con abogados, ingenieros, economistas, historiador, médicos, veterinarios, biólogos, arquitectos, politólogos, comunicadores, psicólogos, por mencionar algunos. Muchos se destacan en la política, en la empresa privada, en la investigación científica, así como en la preservación de la naturaleza, una de las pasiones de mi abuela.

Algunos estudios sugieren que, en promedio, la educación superior puede contribuir entre 20% y 30% al crecimiento del PIB en países en desarrollo, aunque esta cifra puede variar. Mi abuela contribuyó a la formación de un poco más de 60 personas.

No todas las abuelas tienen ese mismo privilegio de contar con profesionales en su familia. En varias zonas de Colombia son quienes terminan de levantar a sus nietos huérfanos de padres o madres víctimas del conflicto armado. A pesar de su cansancio físico y en edades en las que ya deberían estar disfrutando de un merecido descanso, no pueden hacerlo. Mi abuela Blanca era consciente de esa realidad y nunca dejó de ayudar a quien más lo necesitaba. Su generosidad y sentido social hacían parte de su diario vivir.

A esas abuelas que sufren de abandono y que como sea levantan a sus nietos cuando ya no les tocaba, es necesario hacerles un especial reconocimiento y por supuesto focalizar políticas públicas. Algunos avances se destacan por parte de programas de subsidios condicionados como el programa de “Renta Ciudadana” (antes “Familias en Acción” evaluado por Econometría Consultores en varias oportunidades) , “Colombia Mayor” cuya evaluación de impacto se realizó también por Econometría en 2016, pensiones no contributivas como los beneficios económicos (Beps), atención médica prioritaria, programas de salud mental, fomento de emprendimientos y sobre todo aquellas en donde se valorice el trabajo no remunerado como por ejemplo incentivos para las familias que dependen de las abuelas para el cuidado de nietos. Algunas de estas políticas se han incluido en Colombia, aunque con cobertura limitada y sin una investigación permanente acerca de la situación de las abuelas en la economía.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

¿Cómo incluir a los excluidos por la tecnología?

¿Cómo incluir a los excluidos por la tecnología?

Escrita por: Carolina Latorre, socia - directora de proyectos.

Vivimos en la era de la revolución tecnológica con economías y sociedades cada vez más digitalizadas. La conectividad representa una alternativa para hacer más eficientes e inclusivos los procesos de los mercados y las comunidades, beneficiando a diferentes sectores y reduciendo brechas gracias al acceso a información. Ahora, ¿es esto real y factible para el total de la población en América Latina?

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica para América Latina, Cepal, 74% de los hogares rurales del quintil más pobre de los países de la región en 2023 no tenía acceso a internet, y en la zona urbana el porcentaje era de 38%. Para el total de los hogares en zonas rurales de América Latina, solo 40% contaba con acceso a internet, y en las zonas urbanas solo 62%.

Además de las limitaciones de conectividad por la falta de cobertura en áreas aisladas de los países, el costo de acceder al servicio es una barrera adicional que enfrentan los hogares en América Latina.

Según estudios del Banco Mundial, 38% de la población en la región elige no acceder a internet a pesar de vivir en zonas de cobertura. La falta de recursos económicos es el primer motivo por el que las familias latinoamericanas toman esa decisión, lo cual afecta principalmente a la población más vulnerable, quien podrían obtener grandes beneficios de una mejor conectividad.

La revolución tecnológica ha reinventado procesos, transacciones y formas de comunicación. Para quienes buscan trabajo o quieren aplicar para obtener un cupo en una educación educativa, la conectividad y el entendimiento de las plataformas digitales es un requisito imperante. Métodos alternativos como entregar una hoja de vida en una oficina o diligenciar un formulario en papel, son obsoletos en un mundo donde la población analfabeta digital queda excluida de las dinámicas de los mercados.

La velocidad de la digitalización de las economías y de las sociedades de América Latina es mucho mayor a la de las iniciativas de alfabetización digital y aumento de cobertura de la conectividad en la región. La tecnología genera brechas en países que se destacan por su inequidad y desigualdad entre zonas urbanas y rurales, y entre diferentes niveles de ingreso. Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, muestran que, en América Latina, en promedio, 74% de los hogares urbanos tiene acceso a conexiones fijas de Internet, mientras que para las contrapartes rurales el acceso es para solo 42%. Entre países, la desigualdad es aún mayor: en Haití donde solo 6% de los hogares cuenta con conexión fija a internet, mientras en Brasil ese porcentaje es de 77%.

La tecnología parece no solo incide en la desigualdad de América Latina sino que hace más difícil para los excluidos romper esas brechas. En una evaluación realizada recientemente por Econometría Consultores se evidenció que internet es la principal fuente de información de la Organizaciones de la Sociedad Civil, OSCs, que buscan acceder a donaciones y financiación para implementar proyectos sociales y comunitarios. Las OSCs con buena conectividad, conocimientos de tecnología, y staff y tiempo suficiente, logran gestionar recursos, fortalecer sus capacidades y perdurar en el tiempo. Por el contrario, las OSCs que no cumplen con esos requisitos, ya sea porque están en zonas más aisladas o representan grupos aún más vulnerables, son totalmente excluidas de los procesos.

La evaluación también muestra que la adecuada focalización de los grupos objetivo, el acompañamiento y asistencia técnica, y los procesos de retroalimentación son fundamentales para eliminar las barreras generadas por restricciones de conectividad y analfabetismo digital. Para lograr la inclusión de los grupos marginados por la tecnología es necesario desarrollar material didáctico que facilite el entendimiento de los procesos y plataformas, los cuáles deben ser coherentes con los contextos de cada país y grupo poblacional.

Evitar la exclusión de población vulnerable a causa de la tecnología requiere ajustar los procesos que actualmente demandan el uso de plataformas digitales, para que sean adaptables a las restricciones de conectividad. Se pueden, por ejemplo, incluir alternativas de apoyo para la digitación de información en las plataformas, o diseñar alternativas para que la información llegue a quienes no tienen la facilidad o el conocimiento para hacer búsquedas en internet o diligenciar formularios online.

Se ha dado por sentado que la tecnología es un aliado del desarrollo inclusivo. Si bien la digitalización y la conectividad han contribuido de manera importante al crecimiento de las economías, a facilitar las comunicaciones, al acceso de la información, a la productividad, entre muchas otras cosas, en regiones como América Latina persisten barreras estructurales que excluyen de raíz a grupos poblacionales con gran potencial de beneficiarse de las ventajas del mundo digital. Son numerosas las iniciativas de apoyo al fortalecimiento de capacidades, a las mejoras en eficiencia y a la generación de redes sociales y comunitarias, pero escasos los esfuerzos para llegar a quienes no están conectados o no entienden de procesos virtuales.

Estar preparado para la tecnología es una necesidad que se debe satisfacer para lograr una región digital y equitativa. ¿No es hora de que considerar el acceso a internet un servicio público indispensable, lo mismo que el acceso a acueducto, alcantarillado y electricidad?

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

2025: Un cielo despejado que se puede tornar oscuro

2025: Un cielo despejado que se puede tornar oscuro

Escrita por: Julián Roa, coordinador de proyectos.

Hace un año, pronosticábamos que en 2024 Colombia viviría una desinflación indolora. El pronóstico se cumplió a grandes rasgos. Puntualmente, se pronosticó una tasa de crecimiento entre 1,5% y 2% y una inflación del orden de 5 y 6% para 2024. Hoy, las estimaciones hechas por varios analistas sugieren que la economía colombiana creció entre 1,8% y 2% en 2024, y ya sabemos que la inflación cerró en 5,2%. Por su parte, desde Econometría sugeríamos un leve aumento en el desempleo, con una tasa entre 10,5% y 11,5%, pero ésta se mantuvo en 10,2% en 2024. Esta desviación refleja el fenómeno del trabajador desanimado, donde parte de los desempleados dejan de buscar empleo y salen de la fuerza laboral. Con una participación constante respecto a 2023, la tasa habría sido 10,6%, alineada con las previsiones originales.

Con lo anterior se puede ver que, en materia de proyecciones de la economía colombiana, se acertó. En dicha columna, sugeríamos que la reactivación de 2024-2025 iba a estar jalonada por las reducciones de la tasa de interés por parte del Banco de la República y que, si bien en 2023 hubo una fuerte tormenta y en 2024 seguiría lloviendo, ya se avizoraban nubes más amigables en 2025. Así que la pregunta es: ¿Ya escampó?

En muchos aspectos el cielo está despejado. Se proyecta un crecimiento del PIB en el rango de 2,5% a 3%. Gran parte de la recuperación de la cifra de crecimiento se debe a un efecto de nivel, puesto que el inicio de 2024 fue muy bajo, de tal manera que la simple comparación aritmética ya sube la tasa de crecimiento. Este es el caso de un rubro como la formación bruta de capital. Por otra parte, rubros como el consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo (inversión) pueden verse beneficiados por unas menores tasas de interés. Pero las incertidumbres fiscales, regulatorias y políticas pueden incidir negativamente en las expectativas de los empresarios y atentar contra la recuperación de la inversión. Por su parte, las exportaciones, con particular énfasis en el turismo, podrán verse beneficiadas por la devaluación reciente de nuestra moneda.

Por el lado de la inflación, el cielo también está relativamente despejado. Se prevé una tasa de inflación en el rango de 3,5% y 4% para finales de 2025 y finalmente, luego de cuatro años, el Banco de la República cumplirá la meta de inflación. Sin embargo, hay tres nubes grises en el panorama. Por un lado, hace falta cerrar la brecha del precio del diésel en cerca de $4.000, y el efecto en precios puede ser relevante. Por otro lado, el alto incremento del salario mínimo contribuirá a una mayor persistencia de la inflación en la medida que varios productos están indexados al salario mínimo. Adicionalmente, los efectos de la reciente devaluación vista a finales de 2024 podrían afectar la inflación de 2025. Finalmente, si se materializan ciertos riesgos en el sector externo y fiscal, la tasa de cambio podría devaluarse aún más. Estas amenazas podrían ser consideradas por la Junta Directiva del Banco de la República. Aún con la nueva composición de ésta, en la que los designados por el gobierno pasan a ser mayoría, un incremento en las expectativas de inflación obligaría responsablemente a suspender, o por lo menos aplazar, la senda de reducción de las tasas de interés.

En el sector externo, ciertas nubes grises amenazan el panorama. El déficit corriente se corrigió significativamente en 2024, pasando de 2,4% del PIB en 2023 a menos de 2% según datos preliminares. Esto, impulsado por una balanza comercial menos deficitaria, parece positivo, pero revela mayor vulnerabilidad económica. Antes, Colombia podía tener un déficit en cuenta corriente en niveles relativamente altos (3 – 4% del PIB), pero no era problemático pues con el alto nivel de inversión extranjera directa dicho nivel era sostenible. No obstante, el colapso de la inversión extranjera directa en los últimos años, especialmente dirigido hacia actividades minero-energéticas, hace que el nivel de déficit en cuenta corriente sostenible sea menor. Así, en tiempos anteriores, un déficit en cuenta corriente de 2,4% junto con una alta inversión extranjera directa motivaría una apreciación de la tasa de cambio; hoy, a lo sumo, brinda una leve estabilidad. De momento, estamos lejos de una crisis en este balance, pero si continúa la caída en la inversión directa, especialmente en sectores minero-energéticos, podríamos tener serios problemas para financiar nuestra cuenta corriente.

Las mayores preocupaciones están en nuestras cuentas fiscales. El déficit fiscal del gobierno central en 2024 se estima por encima de 5% del PIB, un nivel históricamente alto sin una crisis económica evidente como antecedente. Esta situación se atribuye a decisiones tomadas durante la pandemia, tales como la negativa a subir los precios de los combustibles, que generó un importante déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, y la llamada “opción tarifaria” en servicios públicos. El actual gobierno exacerbó estos problemas con gastos récord, la congelación de peajes en 2023 y sobreestimaciones considerables en las proyecciones de ingresos tributarios.

La brecha significativa entre los ingresos proyectados y lo efectivamente recaudado redundó en una crisis de caja. De momento, el gobierno ha decidido enfrentarla con baja ejecución y un “aplazamiento” de gastos contemplados en el presupuesto de 2025. Por otra parte, la alta carga tributaria sobre personas y empresas hace políticamente imposible una nueva reforma fiscal. Así, al ministro de Hacienda, Diego Guevara, le corresponde una tarea compleja en 2025: sanear las cuentas fiscales corrigiendo errores del pasado y reduciendo el gasto del gobierno. No es opción incumplir la regla fiscal.

Lamentablemente, bastan unas pocas nubes negras para desatar un diluvio. La improvisación en política fiscal puede ser costosa, y en esta coyuntura, la flexibilidad es limitada. La llamada “heterodoxia económica” podría tener un alto precio.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

Inclusión financiera de la población LGBTI

Inclusión financiera de la población LGBTI

Escrita por: Claudia Peñaranda, socia - directora de proyectos.

Se estima que la vinculación de productos financieros por parte de personas Lgbti+ podría incrementarse en 47%. Los cálculos de un estudio reciente en Colombia permiten establecer que se podrían vincular 3,6 millones a productos por clientes adicionales y generar ingresos totales anuales de US$633 millones.

Las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el sector financiero colombiano han sido fundamentales para responder de manera diferencial a diversos grupos poblacionales. Un estudio reciente realizado por Econometría Consultores y Marulanda & Consultores para la Corporación Financiera Internacional (IFC, parte del Grupo Banco Mundial) y Asobancaria destaca la importancia de atender las necesidades financieras de la población Lgbti+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales y demás expresiones diversas).

Este estudio pionero en Latinoamérica revela que la inclusión financiera de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (Osigd) no solo es un imperativo de derechos humanos, sino también es una oportunidad económica significativa y un mercado potencial por explorar aún desconocido que requiere toda atención.

A nivel mundial, se estima que hasta 10% de la población es Lgbti+, lo que representa un poder adquisitivo anual de US$3,9 billones, suficiente para ser la tercera economía mundial (Ipsos, 2023). En Colombia, aunque no existe un consenso, se calcula que hay al menos 4M2 millones de personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas (Osigd). Aunque nuestro país presenta avances importantes en la protección y atención de sus derechos, las personas Lgbti+ aún enfrentan estigma social, discriminación y violencia, lo que se traduce en una percepción de complejidad en los trámites financieros y una brecha de 20% en el acceso a servicios financieros en comparación con la población general.

El estudio revela que, aunque existe interés en el sector financiero por incluir a los distintos sectores con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, persisten desconocimiento y sesgos negativos que dificultan su plena inclusión. Este estudio proporciona un mayor conocimiento sobre quién es la población y cuáles son sus necesidades financieras. Con los datos cuantitativos y cualitativos recopilados en 17 ciudades principales del país durante ocho meses, encontramos una realidad diferente a los estereotipos negativos que generalmente se manejan sobre los distintos sectores Lgbti+. Por ejemplo, se encuentra que las personas Lgbti+ tienen un nivel de ocupación ligeramente superior al promedio nacional, presentan ingresos más elevados (aunque con variaciones entre sectores) y niveles educativos más altos en comparación con la población colombiana en general, particularmente en el nivel de postgrado. Sin embargo, en su distribución tienden a estar en estratos socioeconómicos bajos y enfrentan dificultades para acceder a crédito y, en general, a productos y servicios financieros.

Se estima que la vinculación de productos financieros por parte de personas Lgbti+ podría incrementarse en 47%. Los cálculos permiten establecer que se podrían vincular 3,6 millones a productos por clientes adicionales y generar ingresos totales anuales de US$633 millones, con un potencial de 800.000 nuevos productos de depósito y 1,1 millones de nuevas pólizas de seguros. Para el crédito, el potencial es mayor, estimándose ingresos por productos de US$278 millones.

Todo lo anterior puede ser atendido con los productos y servicios con los que cuenta actualmente el sector financiero. Si bien es importante hacer ajustes en los protocolos de atención, las recomendaciones del estudio incluyen alinear los productos financieros con las necesidades y preferencias de la población Lgbti+, implementar protocolos de atención inclusivos y diseñar ofertas que incentiven la digitalización de pagos y la ampliación de la red de aceptación para sectores informales. Además, se sugiere impulsar programas de colaboración entre el sector financiero y organizaciones Lgbti+ para fomentar una inclusión más efectiva.

Es crucial que el sector financiero colombiano reconozca la diversidad de la población Lgbti+ y trabaje activamente para eliminar los sesgos y barreras que impiden su plena inclusión. La implementación de políticas inclusivas y el desarrollo de productos financieros adaptados a las necesidades específicas de la población Lgbti+ pueden generar un impacto positivo tanto en términos económicos como sociales. Este enfoque no solo beneficia a las personas Lgbti+, sino también a las entidades financieras y a la sociedad en general, bajo el principio de que “una marea creciente levanta todos los barcos”. En este sentido, se promueven beneficios que repercuten favorablemente en el país en su conjunto.

En conclusión, la inclusión financiera de la población Lgbti+ en Colombia no solo es una cuestión de justicia social, sino también una estrategia económica inteligente. Al atender las necesidades de este grupo, el sector financiero puede contribuir al crecimiento económico y a la creación de una sociedad más equitativa y próspera para quienes habitamos este país, reconociendo nuestra diversidad. La adopción de medidas inclusivas y la colaboración con organizaciones Lgbti+ son pasos esenciales para lograr una verdadera equidad y aprovechar el potencial económico de esta población.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

Colombia, con sabor a hallaca, columna para La República

Colombia, con sabor a hallaca

Escrita por: María Gloria Cano, socia - directora de proyectos.

Una profesora de música que enseña violín a las niñas y niños, una profesional en belleza que da trabajo a otras y enseña el oficio, un abogado que organiza con otros una fundación, son unos pocos ejemplos de las personas emprendedoras, empresarias, profesionales o conocedoras de oficios que llegaron a Colombia provenientes de Venezuela. Ante la migración, una sociedad tiene una oportunidad para crecer, enriquecerse y diversificarse. Para Colombia es indispensable continuar en la senda de la inclusión de la población migrante venezolana.

En 2024, según cifras de Migración Colombia, 2,86 millones de migrantes venezolanos y venezolanas viven en el país, lo que en perspectiva es equivalente a la población de Medellín y su Área Metropolitana. Esta población se ha distribuido en las zonas urbanas del país, que en orden descendente serían Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta y Riohacha. Para cada una de estas ciudades la situación es diferente. Por ejemplo, en Cúcuta y Riohacha, puntos de entrada claves, se enfrentan desafíos para ofrecer oportunidades de empleo e infraestructura social. En estas ciudades se presentan tasas de pobreza de la población migrante de 85% y 78% respectivamente. Bogotá y Medellín, en contraste, ofrecen un mejor acceso al empleo formal, aunque con desafíos en otros aspectos como vivienda y atención médica.

En términos de política pública se ha recorrido un camino sobresaliente, tanto desde lo nacional como desde lo local, con un fuerte apoyo de la cooperación internacional. Desde una primera etapa de atención de emergencia entre 2015 y 2018, se pasó entre 2018 y 2021 a una política de mediano plazo con propósitos más inclusivos Luego con el Conpes 4100 de 2022 se evolucionó a una política de largo plazo que retoma las brechas de política pública y análisis institucional, pero formulada a 10 años vista, con vocación de permanencia. Estos esfuerzos se han complementado con campañas y directrices para combatir la xenofobia.

Un paso indispensable para la inclusión fue la expedición del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes y la oportunidad de contar con un Permiso de Protección Temporal (PPT), con 10 años de vigencia, que le permite al migrante permanecer en el país y acceder al mercado laboral formal, así como a los servicios de bienestar social del Estado. En lo local, por ejemplo, los Centros Intégrate ofrecen un espacio de orientación y asesoría, así como de protección.

Diversas consultas realizadas muestran que los migrantes en ciudades como Medellín y Barranquilla sienten un mayor sentido de inclusión, gracias tanto a los esfuerzos comunitarios como en parte a las políticas locales. En comparación, en Cúcuta sienten prejuicios arraigados, debidos a la escasez de recursos y la abrumadora magnitud de la migración. En Bogotá, también se percibe xenofobia. La población local siente que la afluencia de migrantes compite por empleos y servicios. En 2022, un estudio reveló que 12% de los migrantes denunciaron incidentes xenófobos, y algunas voces se pronuncian en medios de comunicación y narrativas políticas enmarcando a los migrantes venezolanos como contribuyentes a la delincuencia, lo que amplía los estereotipos negativos que aumentan los prejuicios sociales.

Un espacio altamente vulnerable es el educativo, en donde, a pesar de los esfuerzos realizados, aún se presenta xenofobia hacia los migrantes venezolanos. Las niñas y niños venezolanos se enfrentan a veces a intimidación, aislamiento social o a comentarios discriminatorios por parte de sus compañeros, y algunos profesores también contribuyen a ese ambiente hostil. Se debe avanzar hacia la empatía, el reconocer y visibilizar al otro, resaltar las narrativas sobre las contribuciones de los migrantes venezolanos es un camino hacia la construcción de una sociedad en donde todos tenemos cabida y en donde se aprovechan los beneficios potenciales de la migración.

La desinformación alimenta la estigmatización de las personas migrantes. La gran mayoría de los migrantes venezolanos se está integrando de forma pacífica y productiva, pero, por ejemplo, las noticias sobre la nacionalidad de delincuentes llevan a una percepción equivocada que vincula el aumento en delincuencia con la migración venezolana. Pensar que los migrantes venezolanos quitan empleos a los colombianos es un error, diversos estudios muestran que los migrantes ocupan puestos en sectores con alta demanda de mano de obra, como construcción, servicios domésticos y comercio informal.

La mayoría de los migrantes buscan adaptarse a la cultura, seguir las normas y valores, pero igualmente enriquecen la diversidad cultural del país. Los migrantes venezolanos han estimulado las economías locales, han aumentado la demanda de bienes y servicios, han aportado creatividad. El 90% de los migrantes en edad de trabajar se encuentran empleados aportando al crecimiento de las empresas. Estimaciones recientes muestran que en 2022 aportaron 2% del ingreso fiscal del país, con un potencial de contribución del doble en la medida que aumenta la inclusión.

Los desafíos siguen siendo importantes para la población migrante venezolana, que es en promedio más joven que la colombiana, y con un nivel educativo promedio similar. Tal vez el mayor reto es la generación de ingresos. El acceso a empleos formales tiene barreras a derrumbar en el reconocimiento de títulos académicos o certificaciones laborales, en la carencia de referencias laborales y antecedentes, en el acceso a crédito, y por supuesto, en las situaciones de discriminación.

La misión de cada colombiano es reconocer, acoger y proteger a Ana, Pablo, Karina, Juan, Manuel, Nelly, Maria y tantos otros migrantes, y que al final del día estas personas sientan que Colombia es su nuevo hogar, que se enriquece al saber un poco a hallacas y a arepa rellena, al bailar un poco más de joropo y tratarse como panas.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

Descentralización y desarrollo, columna para La República

Descentralización y desarrollo

Escrita por: Arturo García, socio - director de proyectos.

En estos días, la descentralización está en el centro del debate en el país y prácticamente en el mundo. Se trata de un debate aplazado, pero ignorar los temas no los resuelve, por el contrario, pueden terminar saliendo abruptamente en momentos imprevistos. Lo hacen de forma un tanto extrema y con gran ímpetu, lo que los hace más difíciles de manejar. Luego, la parte “responsable” del país busca canalizarlos y atenuar sus efectos negativos. La experiencia de la Asamblea Constituyente de 1991 es un antecedente relevante.

¿Qué hizo emerger el tema de la descentralización del letargo en el que estaba? No es una coincidencia que surja en las actuales circunstancias, en donde se tiene una sociedad polarizada y un gobierno que busca hacer cambios estructurales en la orientación del país, sin que la mayoría de la población los acoja. Similares situaciones han existido en otros momentos, pero la discrecionalidad en la ejecución actualmente es mayor y los entes territoriales que están en la oposición se sienten negativamente afectados en su autonomía. Algunos no consideran la opción de trabajar con el Gobierno Nacional, lo cual ha llevado a resaltar la importancia de una mayor descentralización.

Algunos argumentos apoyan la descentralización. El primero, es la cercanía de los gobernantes territoriales a las necesidades de los territorios. En muchos temas efectivamente es así, pero en otros como en las vías primarias, tener un enfoque nacional es más pertinente. Es necesario definir mejor esas competencias en la ley.

Un segundo argumento, es que con una mayor descentralización se evitaría la discrecionalidad del Gobierno Nacional en las apuestas que quieren hacer las entidades territoriales. Este es un tema de fondo en la medida que se refiere a la dinámica política de Colombia, donde la gestión de recursos va desde las regiones hacia el nivel central pasando por una mediación clientelista de instancias intermedias que cubren todo el espectro (concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y ministros o directores de las entidades nacionales).

La tercera son los riesgos de corrupción. A priori no hay elementos para asumir que unos u otros son más corruptos, pero sí que en el proceso debe haber consideraciones que propicien la transparencia.

El debate ha derivado en dos hechos: un proyecto de acto legislativo para definir el monto de las transferencias de la nación a los entes territoriales y la propuesta de un proyecto de ley para definir las competencias de gasto. El presupuesto nacional junto a los presupuestos de las entidades territoriales, conforman el total de recursos disponibles para atender las necesidades de todo el país. En lo que se ha venido planteando, no hay mayor referencia a aspectos que deben estar asociados al gasto como: los efectos en el bienestar de la población, la posibilidad de convergencia regional y la generación de riqueza. El debate no solo debe ser de gasto; se debe plantear un debate sobre las bases para el desarrollo; me atrevería a decir: el más importante que debemos dar.

En este contexto, tres trabajos realizados por Econometría Consultores pueden dar insumos. El primero fue el que se hizo para la Misión Rural (Econometría, 2014), donde se pudo constatar que en el país existe una dinámica perversa de ocupación territorial. La falta de un adecuado marco regulatorio sobre el uso de la tierra permite la especulación y no da opciones a potenciales productores agropecuarios para adquirir tierras en torno a las ciudades. Por el contrario, crea los estímulos para irse hacia las regiones más apartadas, donde los precios de la tierra lo permiten. Este proceso, que es muy racional se refuerza con la posibilidad de tala de bosques (da flujo de caja) así sea ilegal y la valorización futura de la tierra en buena medida por la acción del Estado (ante todo seguridad e infraestructura), lo que se podría considerar una apropiación privada de bienes y servicios públicos. El problema es que los terrenos, en el momento que se llega, están apartados de los principales mercados y no cuentan con la infraestructura física y social necesaria. Esto hace que las actividades productivas a desarrollar sean poco competitivas y dependientes de los apoyos del Estado, creando presión fiscal. El ejemplo más recurrente son las vías. Esta dinámica perversa no se evita con las iniciativas legislativas mencionadas.

Esta dinámica lleva a lo que se encontró en otro estudio (Econometría, 2015). La convergencia regional es un propósito que debe buscarse para propiciar el cierre de brechas entre las regiones más ricas y las más pobres. Sin embargo, lo que el país tiene son clubes de convergencia, donde las ciudades más grandes jalonan a los municipios colindantes, mientras las regiones más apartadas convergen a bajos niveles de desarrollo (ver mapa). Se trata de una situación tipo centro/periferia, que por cierto, marcaría las elecciones presidenciales de 2022. De nuevo, se trata de un resultado al cual poco le aportan las iniciativas legislativas.

Resolver los problemas de desarrollo y convergencia no se garantiza con los proyectos legislativos que están sobre la mesa. Por el contrario, estos reducen la maniobrabilidad del gobierno nacional para hacerles frente.

Para poder avanzar en los temas difíciles de resolver como la escasez de recursos y el aumento creciente de demandas por los mismos, el país cuenta con el ordenamiento territorial, un instrumento con altos niveles de atraso, pero que es una de las políticas central en el actual plan nacional de desarrollo. Según se pudo validar en un trabajo de sobre los planes de ordenamiento territorial (Econometría, 2017), el actualizar y hacer cumplir las vocaciones de uso del suelo implica dos resultados positivos y complementarios. Primero, desde el punto de vista productivo, el evitar conflictos de uso del suelo aumenta la productividad, la competitividad y los ingresos. Segundo, cuando se ordena el territorio en función del agua, además del acceso a los servicios públicos sociales (como educación, salud, justicia, etc.) y la reducción de los conflictos en el uso del suelo, se pueden racionalizar significativamente los gastos.

Avanzar en la descentralización es un objetivo de política. Para afrontarlo, no es necesario caer en dilemas que no existen, pero sí es necesario saber con qué criterios hacer esa política reformista.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

¿Cómo financiar biodiversidad y la reducción de emisiones?

¿Cómo financiar biodiversidad y la reducción de emisiones?

Escrita por: Óscar Rodríguez, socio - director de proyectos

Para unos “biodiversidad” representa un concepto complejo, mientras que para otros resulta muy simple, porque es el entendimiento de la cantidad y diversidad de especies que nos rodean. Ambos tienen razón.

Un ejemplo de esto en el caso de Colombia es la deforestación. Parece sencillo detenerla, pero tiene muchos impulsores complejos y diferentes estrategias de control. Para frenar los cultivos ilícitos, se requiere capacidad policiva y judicial en regiones con baja presencia institucional. Para la expansión agropecuaria extensiva, se plantean cambios tecnológicos como los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Para la apropiación de baldíos y la especulación con los precios de la tierra, se busca cohesionar a las comunidades y brindarles incentivos para la protección del bosque con pagos por sus servicios ambientales. Las estrategias son costosas, por la extensión de los territorios y porque el riesgo de deforestación es permanente y requiere recursos continuos para su sostenibilidad.

Para financiar estas acciones, el Estado suele recaudar impuestos de quienes generan afectaciones, como es el caso del impuesto al carbono aplicado al consumo de combustibles. Otro instrumento que se ha usado internacionalmente es el sistema de comercio de emisiones (SCE), en el cual se van limitando gradualmente las emisiones máximas permitidas y se subastan cupos o permisos de emisión que serán comprados por las empresas que tienen altas emisiones y altos costos para reducirlas. A otras, con costos menores, les puede resultar más viable implementar medidas de reducción de sus emisiones que pagar por los cupos. A medida que se expiden menos cupos, para que el país pueda cumplir con las metas de reducción, el precio de los cupos sube y puede ser menos costoso para los emisores implementar las medidas directas de mitigación.

Otra opción es que sea la comunidad económica internacional, como responsable histórica del calentamiento global quién aporte recursos a los países en donde aún se pueden proteger y restaurar los bosques. Para esto, se han implementado diferentes esquemas de cooperación internacional. En unos casos, los resultados de mitigación se trasladan de un país a otro, a cambio de un precio determinado en el mercado, para que el país comprador abone a su meta y el país que transfiere debe hacer los ajustes correspondientes en su contabilidad de carbono, para no generar una doble contabilización. En otros casos, un(os) país(es) u organismos multilaterales o privados (de manera voluntaria) puede establecer un convenio de “pago por resultados” de mitigación, sin exigir ese “ajuste correspondiente” y sin usar esos resultados para sus propias metas u obligaciones de mitigación. En estos casos se reconoce un precio inferior al del mercado internacional.

También se han establecido mercados de carbono internos, voluntarios o de cumplimento. En estos últimos, se imponen obligaciones a quienes contaminan y se les permite compensar sus emisiones si compran “bonos”, o “certificados” de carbono, a proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (Redd+). La expedición de estos certificados es compleja porque, además de los certificadores, deben existir organismos independientes que validen cuál habrían sido las eventuales emisiones que existirían si no se hubiera implementado el proyecto y que, además, verifiquen que las actividades de mitigación sí se llevaron a cabo. Estos mecanismos han sido muy cuestionados y existe gran desconfianza en el mercado, porque aunque existen métodos de proyección de las tendencias de la deforestación, estos métodos tienen mayor validez para extensiones amplias de territorio y no para áreas de proyectos pequeños, por lo que es difícil establecer con certeza esas emisiones evitadas a nivel de proyecto.

Para mejorar la calidad de la estimación de los resultados de mitigación, en los últimos años se han propuesto los Programas Redd+ Jurisdiccionales (Jredd+), que son de carácter público y que pueden anidar a su interior proyectos privados de mitigación con menor tamaño. El cálculo de la reducción de emisiones a nivel jurisdiccional (una gran región, un estado federal o un país entero) es más confiable y genera mejor disposición en los mercados internacionales para llevar a cabo programas de pago por resultados o transacciones en los mercados de carbono.

Todas las fuentes de recursos mencionadas pueden utilizarse para la operación de programas Jredd+ de gran escala, como Visión Amazonía y Biocarbono Orinoquía en Colombia. El país desde 2018 viene diseñando un sistema de comercio de emisiones de donde podrían asignarse recursos a estos programas Jredd+ en proporción a sus resultados de mitigación. Con ambos programas mencionados, la banca multilateral y diferentes países han desarrollado programas de pago por resultados. La opción de vender resultados en el mercado voluntario internacional o de transferencias de resultados con el “ajuste correspondiente” podrían ser también opciones interesantes.

El Centro de Estudios Manuel Ramírez, Uniandes y Environmental Defense Fund (EDF), han desarrollado un modelo de simulación financiera que permite combinar y secuenciar estos tipos de financiación en presencia de un potencial SCE y teniendo en cuenta la curva los costos de mitigación en el sector agropecuario y forestal. El modelo muestra que la mejor estrategia es la combinación de fuentes de financiación con un aporte inicial de presupuesto público y que el programa genere sus propios recursos, a través de compensaciones obtenidas por sus propios resultados.

Estamos presentes en la COP16 y hoy, primero de noviembre a las 9:00 a.m., estaremos presentando el modelo en la Sala Múltiple 2 de la Cámara de Comercio de Cali. Realizaremos una simulación participativa con los asistentes al evento. También se podrá participar vía web.
Más información sobre este evento se puede encontrar en el sitio web del Centro de Estudios Manuel Ramírez o en el siguiente código QR.

Escanea el QR

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

Garantías para defensores de derechos humanos en Colombia…

Garantías para defensores de derechos humanos en Colombia, más allá de la seguridad personal

Escrita por: María Carolina Latorre López, socia - directora de proyectos

La historia de Colombia ha estado marcada por los riesgos de seguridad a los que se enfrentan diferentes grupos poblacionales. Persecuciones a grupos étnicos, población víctima de desplazamiento forzado, víctimas de minas antipersonales y amenazas a líderes sociales, o incluso atracos callejeros, son algunos ejemplos de poblaciones afectadas por diversos tipos de inseguridad: física, emocional, social, laboral, comunitaria, entre otros.

La Persona Defensora de Derechos Humanos (Pddh) es definida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como aquella que “individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos”. En la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos promulgada en 1998, se estableció que “la persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Los derechos que abordan las Pddh no se enmarcan únicamente en el ámbito de la seguridad personal. Por el contrario, abarcan derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. También defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales.

Así como las Pddh promueven, promulgan y vigilan el goce de una gama amplia de derechos humanos, el garantizar su seguridad va más allá de proveer seguridad física frente a posibles amenazas violentas contra su vida. Las agencias de las Naciones Unidas en Colombia, particularmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), han integrado objetivos de transformación territorial para lograr un real ejercicio libre y seguro de los liderazgos en el país, que contribuya de manera sostenible a la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.

Econometría Consultores recientemente realizó una evaluación de los programas de estas dos agencias, constatando que la garantía de la seguridad de las Pddh requiere de tres elementos claves: i) la construcción de escenarios habilitantes para el diálogo social, la identificación y mitigación de riesgos; ii) la veeduría, iii) la afectación de organizaciones criminales y sus rentas, y iv) la generación de oportunidades económicas lícitas para los líderes y defensores.

En un contexto como el de Colombia, las Pddh enfrentan diferentes riesgos según la región donde habitan, el grupo al que pertenecen y la causa por la que abogan. Es por esto que políticas y programas para garantizar su seguridad deben ser construidos de manera conjunta y con la participación de autoridades locales que respondan a sus necesidades particulares. Los espacios de diálogo deben materializarse en acciones concretas, no solo para los individuos, sino también para las comunidades, mediante las cuáles se implementen y financien los programas y las políticas que los Pddh identifiquen como prioritarios para la garantía de sus recursos y se hagan efectivas las medidas de protección que debe garantizar el Estado Colombiano.

De igual forma, las Pddh deben por otra parte ser capaces, en la medida de sus posibilidades, de contribuir a identificar y autogestionar sus riesgos. Los programas de acompañamiento de las agencias de Nnuu han demostrado que es posible fortalecer las habilidades de las Pddh para reconocer riesgos potenciales y advertir los mecanismos de denuncia y protección existentes, tanto a las autoridades locales como a las nacionales. A través de procesos participativos, las Pddh pueden identificar medidas para mitigar los riesgos que generan factores como el acceso a redes sociales, y la necesidad de desplazarse de un lugar a otro. La evidencia muestra que pequeñas acciones pueden contribuir a proveer garantías para ejercer un rol de veedores de manera más segura y eficaz.

El fortalecimiento de las Pddh y las garantías para ejercer su libre liderazgo son fundamentales para los procesos de veeduría, que contribuyen a denunciar la vulneración de los derechos humanos por parte de organizaciones criminales en busca de sus rentas. Dejar de lado este proceso de empoderamiento, capacitación, generación de habilidades y protección, trae como consecuencia el debilitamiento de los espacios de rendición de cuentas y vigilancia, que son claves para el proceso de consolidación de la paz y la convivencia.

Finalmente, la estigmatización y amenazas de las que son víctimas las Pddh en Colombia afectan la generación de oportunidades económicas y, en regiones con mercados y economías limitadas, se incrementa el riesgo de participar en cultivos ilícitos.

En este sentido, las condiciones para garantizar un ejercicio libre y seguro de los liderazgos deben también contemplar programas para generar fuentes de recursos sostenibles para las Pddh, que sean acordes con las economías locales y que tengan una visión de comercialización que permita su sostenibilidad en el tiempo. Existe un gran potencial de producción en las zonas más afectadas, como por ejemplo el cultivo de cacao en Tumaco, de pimienta en Putumayo y de miel en la región caribe, que pueden llegar a mercados tanto nacionales como internacionales.

La seguridad de las Pddh es un compromiso de todos. De las autoridades nacionales y locales para garantizar su protección y la generación de medios de vida dignos y sostenibles en el tiempo, del sector privado, contribuyendo a lograr el acceso a mercados y oportunidades económicas, y de la sociedad en general, valorando las acciones que ellos y ellas realizan, evitando su estigmatización y comprometiéndonos con ser veedoras y veedores de las vulneraciones de derechos en nuestro país. Las Pddh no son solo los líderes y lideresas que viven en las zonas marginadas de Colombia. Si bien ellos son quienes más protección necesitan, nosotros también podemos esforzarnos en promover y proteger nuestros derechos, los de nuestra comunidad, los de nuestro país y los de nuestro planeta.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

La medición de efectos socio económicos de la realización de…

La medición de efectos socio económicos de la realización de la COP16

Escrita por: Carolina Murgueitio - Directora General.

La COP que se llevará a cabo en octubre de 2024 en Cali, se denomina COP16 porque es la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) en el contexto del convenio de Diversidad Biológica. La COP16 tendrá el lema “Paz con la Naturaleza” y uno de sus objetivos es “mejorar la relación que tenemos con el ambiente, repensar un modelo de económico que no priorice la extracción, sobreexplotación y contaminación de la naturaleza”. Por su parte, las COP se refieren a las reuniones anuales de los países que han ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que se firmó en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. La COP es el máximo órgano del CDB y como tal dirige, supervisa y decide sobre el proceso de implementación y futuro desarrollo del Convenio.

Los efectos de estas conferencias se pueden medir por los resultados de los acuerdos y por los impactos que tengan en el país o en la ciudad anfitriona. Sobre este último tema, se ha venido discutiendo mucho últimamente. Más allá de las rivalidades, que podrían sugerir algunos medios de comunicación, sobre si el beneficio de hacer el evento es para Cali, si es para el país o si para las comunidades, en esta columna invitamos a que se realice una medición rigurosa y seria una vez culmine. Para ello, se pueden tomar ejemplos de metodologías que ya se han utilizado y publicado, como es el caso de la propuesta que se hace en el Economic Developmet Journal (2017) en donde su autor, Loftsgaarden presenta una metodología de medición de impacto de eventos mayores.

La literatura como por ejemplo la publicada por el Nist de Estados Unidos (por sus siglas en inglés National Institute of Standards and Technology), sobre “Métodos para calcular el impacto de eventos mayores” (2013), así como el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sobre el impacto de las COP (2022), discute metodologías de medición, menciona efectos medibles como el aumento del turismo, pues la llegada de delegados, activistas y medios de comunicación puede impulsar este sector a nivel local, con un aumento en la ocupación de hoteles, restaurantes y servicios. De otro lado, los eventos suelen requerir mejoras en la infraestructura, como transporte y comunicación, lo que puede tener beneficios a largo plazo para la comunidad. Ser anfitrión de una COP puede elevar el perfil internacional del país, atrayendo inversiones y atención, especialmente en temas ambientales y de sostenibilidad. La preparación y realización de la conferencia suelen crear empleos temporales en varios sectores, desde la construcción hasta el servicio al cliente. Un evento de esta envergadura facilita la creación de redes entre gobiernos, ONG y el sector privado, lo que puede resultar en futuras colaboraciones y proyectos. La preparación para la COP puede impulsar la capacitación y el desarrollo de habilidades en el personal local, beneficiando a las comunidades.

Las metodologías que se utilizan van desde el análisis costo – beneficio, la publicación y análisis de estadísticas de turismo o de inversión, así como métodos cualitativos como estudios de caso, estudios de redes (networking) que se impulsan, entre otros.

Si bien hay que diferenciar el tipo de COP16 de Biodiversidad que es de carácter regional (aunque con presencia de múltiples naciones), de las consecutivas de carácter global, como la última COP27 de Cambio Climático en Egipto, la metodología de medición del impacto de realizar una conferencia no debería ser muy distinta. Estos impactos se han medido en varias ocasiones. Una de las más evaluaciones más emblemáticas, quizás por su trascendencia, fue la realiza a la COP21 de Cambio Climático que tuvo lugar en París.

En total, se estimó por parte del gobierno francés e instituciones académicas, que la COP21 generó un impacto económico significativo en París, con un rango de 180 millones a 200 millones en beneficios económicos directos, junto con la creación de empleos y la inversión. Se estimó que atrajo aproximadamente 40.000 asistentes y se reportó la creación de hasta 10.000 empleos temporales en la región, debido a la preparación y realización del evento. Cada asistente gastó un promedio de US$4.500 durante su estancia en la ciudad, incluyendo alojamiento, alimentación y transporte.

Para no ir tan lejos, el Gobierno de México y el Pnud calcularon que la COP16 de cambio climático (global) en Cancún en 2010, generó aproximadamente US$100 millones en ingresos relacionados con el turismo, que incluían el gasto de los delegados y otros asistentes. Se reportó la participación de alrededor de 30.000 delegados y que cada asistente gastó alrededor de US$3.000 durante su estancia, lo que contribuyó a la economía local.

La última medición de una COP similar a la de Cali es la de Marrakech, realizada por el Gobierno de Marruecos y el informe de Cmnucc. Se estimó que el evento generó alrededor de US$150 millones en ingresos turísticos, las mejoras en infraestructura superaron los US$100 millones y aproximadamente 9.000 empleos temporales relacionados con la organización del evento y al sector turístico.

La Alcaldía de Cali inicialmente ha estimado alrededor de 15.000 delegados y US$25 millones en ingresos directos para la ciudad. Sin embargo, los análisis que se hagan sobre la COP16 deberán incluir también los costos incurridos en su organización, que pueden variar significativamente según el país anfitrión, la duración del evento, la infraestructura disponible y el número de participantes. Por ejemplo, los costos por el uso de centros de convenciones, inversiones en transporte público, marketing y tecnología. En el caso de Cali, por la coyuntura del país, será necesario medir los costos asociados con la seguridad del evento, incluyendo personal de seguridad, control de acceso y medidas de emergencia. Para tener una referencia, se estima que los costos totales de la COP21 de París en cuanto a la organización fueron de aproximadamente de US$200 millones, incluyendo infraestructura, logística y seguridad. Los de Marrakech se estimaron entre US$50 y US$60 millones.

Por supuesto, un evento relacionado con la sostenibilidad deberá medir su huella de carbono. Para la de París, se realizó un análisis exhaustivo, que incluyó emisiones generadas por el transporte de asistentes, la construcción de infraestructura, y las actividades relacionadas con la conferencia. Se estimó que las emisiones totales fueron significativas, y se implementaron medidas para mitigar el impacto, como la compensación de carbono. Para la COP26 de Glasgow llevó a cabo una evaluación de su huella de carbono, considerando factores como el transporte aéreo de los delegados, el uso de energía en el centro de conferencias y los residuos generados.

Hasta ahora no se han encontrado mediciones de efectos sobre las comunidades específicas. Pero cuando se haya realizado la de Cali se deberá hacer el intento de especificar el valor del beneficio recibido por las que participaron en la conferencia. Las discusiones que se presenten deben poderse zanjar con datos y no con especulaciones. Vale destacar, que en esta ocasión, Econometría ha apoyado al Centro de Estudios Manuel Ramírez para hacer presencia en esta COP mediante un evento el día 1 de noviembre en el auditorio 2 de la Cámara de Comercio de Cali a las 10 am en el cual se realizarán simulaciones participativas de un modelo de financiación de Programas jurisdiccionales para enfrentar la deforestación y la degradación de los bosques.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

Niños, niñas y adolescentes: vulneración de sus derechos…

Niños, niñas y adolescentes: vulneración de sus derechos en el paso por el Darién

Escrita por: María Carolina Latorre López, socia - directora de proyectos

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración Panameña, el total de personas en movilidad por el Darién pasó de 6.465 en 2020 a 520.085 en 2023. En lo que va corrido de este año, se han registrado 238.185 personas transitando por esta área de frontera , de los cuales 21% son niños, niñas y adolescentes, provenientes de 36 países localizados en América del Sur (principalmente Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Camerún y Brasil), el Caribe (Haití y Cuba), Asia (China, Vietnam, Bangladesh, Afganistán) y África (Angola, Ghana, Etiopía, entre otros).

La diversidad geográfica del país de origen de la población en movilidad muestra que son muchos los factores que los motivan a salir de su patria para aventurarse a un viaje con varias escalas y donde una de ellas implica cruzar la selva del Darién. Lo que sí comparten estas personas es el alto riesgo de vulneración de sus derechos a la vida, la seguridad, la dignidad, y a acceder a servicios básicos para su subsistencia.

Los niños, niñas y adolescentes que son embarcados en esta travesía que comienza en el norte de Colombia y termina en el sur de Panamá, ven vulnerados sus derechos antes, durante y después del tránsito. En el presente año, 40% de los menores registrados en el tránsito por el Darién fueron niños y niñas entre los cero y cinco años, quienes son más propensos a sufrir de desnutrición por las condiciones en las que, no solo cruzan la selva durante un trayecto de alrededor de cuatro días sin agua potable y escasez de alimentos, sino también en las que permanecen en los sitios de recepción migratoria antes y después de la travesía.

El 36% de los niños y niñas que cruzaron la selva del Darién en 2024 están entre el rango de los seis y los 11 años de edad. Este grupo, además del riesgo de desnutrición y salubridad, ve vulnerado su derecho a la educación y la recreación, teniendo que dejar sus escuelas meses antes de emprender su viaje, careciendo de acceso a espacios educativos y recreativos durante su tránsito, y teniendo la incertidumbre de las posibilidades de educación que tendrán una vez logren llegar a su destino final, en el caso en el que realmente logren llegar.

Del último grupo de niños, niñas y adolescentes en tránsito por el Darién, correspondiente a 24% que tiene entre 12 y 17 años, a la vulneración de derechos se le suma el riesgo de ser víctima de violencia sexual o testigo de casos de violencia sexual contra sus familiares o personas que transitan en su grupo. Son niños y niñas que muchas veces pierden la posibilidad de serlo, porque se ven obligados a tomar roles de adultos o adultas para proteger a sus madres, hermanos y hermanas menores o personas de la tercera edad.

El panorama para estos menores es desolador, más en un contexto donde los gobiernos se rehúsan a buscar soluciones estructurales y, en algunos casos, a emitir declaratorias de emergencia que permitirían proteger a la población en movilidad y mitigar los riesgos de la vulneración de los derechos. La desafortunada balanza es compensada por la respuesta humanitaria de emergencia organizada e implementada por el sistema de las Naciones Unidas, que muestra que con pequeñas acciones se puede hacer la diferencia.

Una de las agencias pioneras en esta respuesta es Unicef. En la evaluación de la respuesta humanitaria de Unicef a la niñez y adolescencia en contexto de movilidad por Panamá, realizada por Econometría Consultores, se evidenció el rol fundamental de las Naciones Unidas en dar visibilidad a la emergencia, conseguir recursos para atender a la población en tránsito y realizar acciones que, en la medida de lo posible, contribuyan a gozar del derecho a tener una vida digna.

Son varios los ejemplos que confirman el impacto que estas acciones pueden tener sobre los niños, niñas y adolescentes. Desde el acompañamiento de un menor no acompañado para que logre reunirse con sus familiares, pasando por la posibilidad de tomar agua potable, bañarse, lavar su ropa y usar un baño, de volver a sentirse niño o niña en un espacio seguro donde puede jugar con otros menores, reírse y tener un rato de esparcimiento, de tener una atención psicológica en caso de haber sido víctima o testigo de un caso de violencia sexual, hasta poder tener atención médica y seguimiento a su estado de nutrición.

Estas acciones transforman las vidas, no solo de quienes transitan por la selva buscando llegar a un destino en otro país, dándoles un espacio seguro y aliento para seguir su camino, sino también a comunidades de acogida a donde llega la población en movilidad, las cuáles han recibido apoyo de agencias de Naciones Unidas y de sus socios implementadores para ampliar y adecuar sus servicios al flujo de personas.

Si bien aún quedan oportunidades de mejora en la respuesta a la emergencia, como proveer alternativas educativas con materiales didácticos que los niños, niñas y adolescentes puedan trabajar durante su viaje, reforzar la calidad de los servicios de agua y saneamiento, adaptar la asistencia a necesidades particulares de población con discapacidad y Lgtibq+, fortalecer los equipos que ofrecen asistencia en salud mental, entre otros, es difícil imaginar cómo podría la población en movilidad retomar fuerzas para continuar con su camino después del cruce del Darién, sin la asistencia prestada por Unicef y otras agencias tanto en las comunidades de acogida como en las Estaciones de Recepción Migratoria, que es el lugar donde permanece la población antes de tomar un bus para Costa Rica, su siguiente país de destino.

No debemos olvidar que los niños, las niñas y las adolescentes que transitan por la selva del Darién diariamente son seres humanos sometidos a vivir una experiencia que cambia sus vidas para siempre, donde se vulneran todos sus derechos y donde la negación de sus necesidades y el ignorar los riesgos que enfrentan acrecienta aún más las consecuencias que esta travesía puede traer para la salud física y mental de ellos mismos y de quienes los rodean. Las políticas en contra de la movilidad por el Darién no pueden desconocer la situación de los menores que hacen parte del grupo de personas que de alguna u otra forma encuentran la manera de cruzar la selva, siendo su tránsito cada vez más peligroso en la medida en que la mirada de los gobiernos se enfoque hacia el control y no hacia la protección.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

Page 1 of 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20