Todo el tiempo las personas estamos tomando decisiones; algunas sencillas, como lo que voy a comer ese día, y otras más complejas, como hacer una inversión, cambiar de trabajo o establecerse en otra ciudad. Si bien algunas de estas decisiones, sobre todo las más simples, parecen tomarse de manera desprevenida, hay detrás de ellas procesos cognitivos que toman en cuenta información (objetiva o subjetiva) que nos hace valorar las alternativas y optar por una de ellas.

La mayoría de las decisiones individuales, o al menos aquellas que no se toman en emergencia o en crisis, pasan por un proceso reflexivo en el cual las personas identificamos las opciones, nos informamos, analizamos las alternativas en función de la información que tenemos disponible, y elegimos. Esto es un proceso perfectamente claro cuando hacemos, por ejemplo, una inversión.

Sin duda este mismo proceso lo hacemos constantemente para tomar decisiones personales o familiares, incluso de negocio; pero ¿qué pasa en la toma de decisiones públicas? Las políticas públicas son la intervención del Estado para atender temas específicos que redunden en la protección y bienestar de los ciudadanos (y también en el sostenimiento del orden público), éstas se consolidaron luego de la Segunda Guerra Mundial y, con las variaciones de enfoque que se han ido dando desde ese momento de la historia, se mantiene como la forma de acción pública.

Esta acción, su alcance, magnitud y calidad, está naturalmente restringida por la disponibilidad de recursos, aunque también por otros factores como la aceptación ciudadana o de otras fuerzas o poderes políticos, por el contexto o por la geopolítica. Si nos vamos a lo simple y pensamos que por muy grande que sea un Estado sus recursos son limitados, se hace evidente que su uso debe ser eficiente, relevante y pertinente y, por tanto, el proceso cognitivo de tomar decisiones se vuelve también un asunto clave en la gestión pública, y en él, la información objetiva se constituye en un aspecto central para la toma de decisiones.

¿Se están logrando los efectos esperados con una acción gubernamental? ¿Esa acción es costo-efectiva? ¿Se está implementando una operación adecuada para lograr los resultados? ¿Está siendo pertinente la focalización de las acciones? Estas preguntas son obvias si se hace el parangón de las decisiones públicas con las individuales, pero son aún más importantes si se piensa que los recursos de los gobiernos son escasos (o al menos limitados), que son bienes públicos y por tanto su uso no se puede fundamentar en intereses o decisiones particulares, y que tienen una función social.

Tanto en el ámbito individual como el público, actuar teniendo información permite tomar mejores decisiones en la medida en que se reducen las probabilidades de errores al estar respaldadas por análisis objetivos; se reducen los sesgos y se incrementa la credibilidad por basarse en evidencia y no en opiniones, emociones o prejuicios; se puede llegar a acciones más eficientes y que toman en consideración experiencias y aprendizajes previos; permite identificar y gestionar los riesgos; y contribuye a la innovación en la medida en que está siendo un proceso analítico y crítico.

En Colombia la generación de información y evidencia para la gestión pública está establecida desde la Constitución (artículo 343), lo que ha hecho que en el país se haya desarrollado una estructura normativa, de política e institucional que hoy en día es referente en la región y que ha ido fortaleciendo cada vez más la capacidad técnica para generar evidencia de calidad. Sin embargo, aún hay desafíos importantes relacionadas con el uso de la información, la capacidad subnacional para generar evidencia y con el rol que tiene la información en la rendición de cuentas y la veeduría ciudadana.

Frente al primer desafío, en 2022 la Ocde emitió un documento de recomendaciones orientado a robustecer la institucionalidad para promover el uso de las evaluaciones en torno a tres pilares: i) la institucionalización de la evaluación como un proceso sistemático, ii) la promoción de la calidad de las evaluaciones, y iii) el desarrollo de evaluaciones que sean utilizadas en la toma de decisiones, y que sean difundidas y publicadas. En esta línea el Conpes 4083 DE 2022 busca fortalecer el uso de los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones en la toma de decisiones, y promover en el país una cultura de la evaluación.

Esta última intención del Conpes trae a colación el segundo desafío planteado, relacionado con la capacidad subnacional de hacer evaluaciones. Al respecto en un reciente panel organizado por la Universidad Externado al que fue invitado Econometría sobre “El uso de la evaluación en la gestión pública” se abrió una discusión en torno a la capacidad financiera y técnica de las entidades territoriales en el país para hacer evaluaciones y tomar decisiones basadas en evidencia.

Al respecto, es claro que hay una estructura político-administrativa en Colombia que puede marcar la centralización de la evaluación, pero que no desconoce que las políticas se implementan en los territorios; sin embargo, también es claro que hay otros elementos de generación de evidencia diferentes a la evaluación que tienen un alto potencial para ser desarrollados a nivel subnacional, como pueden ser los diagnósticos participativos o los observatorios, en donde actores como la academia pueden ser cruciales.

El tercer desafío que se tiene es el uso de la evidencia como un mecanismo de transparencia. La generación de información en el ámbito de lo público no se agota en la toma de buenas decisiones por parte de los gestores de política, sino que tiene un importante potencial en la rendición de cuentas y en la veeduría ciudadana. En la medida en que la información que se genera desde las evaluaciones tenga difusión, sea conocida por la ciudadanía y sus datos estén disponibles para ser replicados o utilizados en otras investigaciones, se tendrá un control social más cualificado y por ende una mejor gestión pública.

En definitiva, siempre será mejor tomar decisiones teniendo información, y en el ámbito de lo público esto no es un deseable sino un mandato relacionado con la eficiencia, la rendición de cuentas y la gestión de recursos.

Hace cerca de dos años se argumentaba en este espacio que el boom de la economía colombiana, que en 2021 creció 11%, tenía muy poco que ver con las decisiones del Banco de la República y los paquetes de reactivación económica, sino que más bien sus raíces se encontraban en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual no fue ajustado durante 2021 pues las protestas que surgieron como respuesta a la reforma tributaria del exministro Carrasquilla mostraron al gobierno de aquel entonces, el poco espacio político que se tenía para aplicar la formula tarifaria de los combustibles, que llevaría a subir su precio.

A pesar de su inconveniencia en términos fiscales, los efectos directos de este subsidio son políticamente atractivos. Por un lado, “disminuyen” las presiones inflacionarias y estimulan el crecimiento económico pues, al subsidiar un insumo intermedio, se estimula a toda la cadena productiva. Los efectos negativos directos, a saber, un mayor déficit fiscal además de los efectos ambientales por la mayor quema de combustibles fósiles, no se hacían tan notorios puesto que, como proporción del PIB, el alto crecimiento económico lo hacía sostenible. Aun así, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal lanzó advertencias que en su momento no fueron atendidas. Así, el gobierno de turno pasó de agache al respecto y le cedió una bomba de tiempo la presente administración.

Sin embargo, los efectos indirectos de esta medida son supremamente fuertes y poco deseables. Al subsidiar el precio de los combustibles, los ingresos de los hogares se destinaron a otros bienes y servicios, así, mientras en el resto del mundo la historia de la inflación estaba dominada por la inflación de energía (ver gráfica 2), en Colombia, se empezaba a incrementar la inflación básica, a un ritmo mayor que el visto en los otros países de la Ocde.

Como se observa en la gráfica 2, la inflación básica de Colombia, durante 2021, creció mucho más rápido durante 2022 y pasó de ser una inflación cercana a la mediana a superar con creces el rango intercuartil.

Lo anterior es problemático como se puede ven en las gráficas; en efecto, la inflación básica es mucho menos volátil que la inflación de energía, y, de hecho, la inflación básica tiende a contener elementos como la inflación de servicios que son altamente persistentes y difíciles de bajar. Así, mientras en el resto del mundo la inflación crecía en componentes que son altamente volátiles y tienden a bajar rápidamente, una vez se solucionan los cuellos de botella, en Colombia se incrementó de manera más rápida la inflación básica. Ello hace que la naturaleza de la inflación colombiana sea más persistente que la inflación en otros países.

Esta semana, el caso de una colombiana víctima de feminicidio en México nos conmovió. No es la primera vez y no dejará de serlo hasta cuando la sociedad mida, no solo el costo emocional sino el altísimo precio para la sociedad. Esta medición sí que apoyaría a movimientos como “Ni una más” a lograr su cometido.

La violencia basada en género (VBG) se refiere a cualquier tipo de violencia, abuso o trato injusto hacia una persona debido a su género o su identidad de género. Esta forma de violencia se dirige específicamente hacia las mujeres y las personas que no se adhieren a los paradigmas de género tradicionales, como las personas de las comunidades agrupados para bajo la sigla Lgbtq+.

No se limita solo a la violencia física, sino que abarca un espectro más amplio de comportamientos y actitudes, que refuerzan la desigualdad de género y perpetúan la discriminación. Puede manifestarse de diversas maneras, como la violencia doméstica, el acoso sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, entre otras formas de violencia específicas hacia las mujeres y las personas de género no binario.

La temática ha sido abordada por Econometría en varias de sus evaluaciones y estudios, como por ejemplo en la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas en Honduras; en el análisis de las narrativas de mujeres excombatientes; en la caracterización sociodemográfica y de condiciones de calidad de vida de las actividades sexuales pagas en el Distrito; en el diseño de estrategias de alcance nacional y local para la transformación de las normas sociales que perpetúan la violencia sexual y el castigo físico para Unicef; así como en la evaluación de impacto de programas para mitigar la VBG en México, Perú y Colombia.

La VBG es un problema arraigado en Colombia. Al año se presentan miles de casos. Tan solo los feminicidios, que son aquellos asesinatos de mujeres por el hecho de serlo, bordean los 700 casos al año en el país. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, a julio de 2023 ya se registraron 302 casos. Estas son cifras preocupantes que resaltan la urgencia de abordar la violencia basada en género, así como promover la igualdad y el respeto hacia las mujeres.

El país ha enfrentado durante mucho tiempo altos niveles de violencia basada en género. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, en 2022 se registraron más de 79.000 casos de violencia intrafamiliar y cerca de 26.000 casos de violencia sexual. Estas cifras son alarmantes y reflejan la magnitud del problema en nuestro entorno.

Además de ser una violación grave de los derechos humanos, esta forma de violencia tiene implicaciones significativas para la sociedad en su conjunto. Más allá del sufrimiento humano que causa, que debe ser la primera razón para combatirla, la violencia de género también tiene un componente económico.

Determinar el costo exacto de la VBG en Colombia es un desafío debido a la naturaleza multifacética del problema y a la falta de datos detallados y actualizados. Sin embargo, es ampliamente reconocido que este tipo de violencia tiene un impacto significativo en la sociedad y genera costos económicos y sociales considerables.

Este tipo de violencia conduce a lesiones físicas y problemas de salud mental a largo plazo, lo que resulta en costos significativos en atención médica. Las víctimas requieren servicios médicos urgentes y a largo plazo para tratar las consecuencias de la violencia, incluyendo cirugías, medicamentos y terapias. Además, los servicios sociales como refugio, asesoramiento psicológico y asistencia legal son necesarios para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas.

Estos costos recaen tanto en los sistemas de salud públicos como en los privados, y representan una carga financiera para la sociedad en su conjunto.

El fenómeno en cuestión tiene un impacto directo en la fuerza laboral. Las víctimas pueden perder días de trabajo debido a las lesiones o la necesidad de buscar seguridad. Además, la violencia puede llevar a la pérdida de empleo o a la incapacidad de mantener un empleo estable. Las personas que sufren VBG pueden necesitar tiempo libre para recuperarse de las lesiones, asistir a citas médicas, buscar refugio seguro o protegerse a sí mismas y a sus hijos.

Esto puede resultar en una disminución de la productividad económica a nivel individual y también a nivel nacional si se considera el número de personas afectadas. Esto no solo tiene un impacto en los ingresos individuales de las víctimas, sino también en la economía en general. La disminución de la productividad económica y el desempleo resultante generan una carga adicional para los sistemas de bienestar social y pueden afectar el crecimiento y desarrollo económico del país.

También tiene un impacto significativo en la educación. Las víctimas, especialmente mujeres y niñas, pueden perder días de formación debido a la violencia o incluso abandonar la educación por completo. Esto perpetúa un ciclo de desigualdad y limita las oportunidades futuras de empleo y desarrollo económico. Además, una educación deficiente tiene un impacto negativo en el desarrollo social y la cohesión de la sociedad en su conjunto.

Las víctimas a menudo necesitan servicios sociales para ayudarles a recuperarse y reconstruir sus vidas. Esto puede incluir refugio y alojamiento temporal, asesoramiento y apoyo psicológico, asistencia legal, programas de rehabilitación y orientación profesional. Estos servicios sociales tienen un costo y requieren recursos adicionales por parte de la sociedad.

Más allá de los costos económicos directos, la violencia basada en género también tiene consecuencias sociales y emocionales perjudiciales. Genera miedo, inseguridad y desconfianza en la sociedad, lo que afecta la calidad de vida y la convivencia no solo de las víctimas sino de sus familias. Este tipo de violencia socava los valores fundamentales de igualdad y respeto, y debilita la cohesión social necesaria para el progreso y el bienestar.

El gobierno colombiano, organizaciones de la sociedad civil y activistas han estado trabajando para abordar esta problemática. Han surgido leyes y políticas para proteger los derechos de las mujeres y prevenir la violencia de género, pero aún se necesitan mayores esfuerzos para garantizar la seguridad y la igualdad para todas las víctimas de este tipo de violencia en Colombia.

Sin embargo, abordar la violencia basada en género requiere un enfoque integral que incluya la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la implementación de políticas y leyes que protejan los derechos de todas las personas, independientemente de su género.

Hace pocos días el presidente Petro propuso subsidiar el transporte con el servicio de energía. La idea ha suscitado fuertes debates en medios de comunicación, sin embargo, han concurrido en torno a la propuesta tres enérgicos contrincantes como el mismo presidente, la actual alcaldesa Claudia López y el exalcalde Enrique Peñalosa. Los tres coinciden en que es una medida de justicia social y que el transporte es un bien público que debe ser subsidiado. En donde no han coincidido es en el cómo y en las cuentas de lo que implica la medida. Por supuesto es tan reciente la propuesta que se necesita tiempo y estimaciones para realizar un análisis de impacto y de beneficio costo de la medida. En Colombia no es nuevo incluir en la factura de servicios públicos un cobro para subsidiar otro servicio. Por ejemplo, el aseo ya se cobra con la energía.

Si bien en el mundo hay innumerables experiencias en las que se subsidia el transporte público, no es común que sea con el servicio de energía. Hay si, algunas experiencias piloto como en la ciudad de Utrecht en Holanda, en donde se ha llevado a cabo un proyecto piloto llamado “We Drive Solar” (Conducimos con Energía Solar) en el que se utilizan autobuses eléctricos y paneles solares para generar y almacenar energía. Los usuarios pueden cargar sus vehículos eléctricos en las estaciones de carga solares y, a cambio, reciben créditos que pueden utilizar para viajar en los autobuses eléctricos.

En algunas ciudades chinas, como Shenzhen y Zhuhai, se han implementado sistemas de autobuses eléctricos que se cargan a través de estaciones de carga solar. Estos sistemas están diseñados para generar y almacenar energía solar durante el día y utilizarla para cargar los autobuses durante la noche. Aunque los pasajeros no pagan directamente con energía, el sistema se financia en parte con los ahorros de energía generados por la generación solar. En algunas ciudades de Estados Unidos, como San Francisco, se están llevando a cabo proyectos piloto donde se instalan paneles solares en las estaciones de carga de vehículos eléctricos. Estos paneles solares generan energía renovable que se utiliza para cargar los vehículos eléctricos, incluyendo aquellos utilizados en el transporte público.

La idea de subsidiar el transporte con el servicio de energía plantea una serie de interrogantes y desafíos que deben ser cuidadosamente considerados antes de su implementación. Si bien existen posibles beneficios en términos de reducción de costos para los usuarios y promoción de la movilidad sostenible, también se deben abordar las preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad financiera y la equidad en la distribución del subsidio. Es necesario un análisis exhaustivo y un debate amplio que involucre a expertos, actores gubernamentales y ciudadanos para evaluar adecuadamente los pros y los contras de esta propuesta y tomar decisiones informadas que beneficien a la sociedad en su conjunto.

Si se fuese a realizar un análisis beneficio costo, se podría empezar por valorizar las ventajas de subsidiar el transporte con el servicio de energía. Tradicionalmente, se debe iniciar por identificar los costos y beneficios relevantes. Los costos podrían incluir la inversión inicial en infraestructura, los costos operativos y de mantenimiento, así como los posibles costos de oportunidad. Por otro lado, los beneficios podrían abarcar la reducción del costo del transporte para los usuarios, la disminución de la congestión vehicular, los beneficios ambientales asociados con la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire, entre otros.

Quizás una de las ventajas que implicarían un desafío en la medición es la reducción de costos para los usuarios ya que la implementación de este subsidio proporcionaría un alivio financiero para los ciudadanos, especialmente aquellos de bajos ingresos, al reducir el costo de transporte diario. Esto podría contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aumentar su acceso a oportunidades laborales y educativas.

Por otro lado, al vincular el subsidio del transporte con el servicio de energía, el gobierno podría incentivar el uso del transporte público en lugar de los vehículos privados. Esto podría resultar en una disminución de la congestión vehicular, la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo así una mayor sostenibilidad ambiental.

En cuanto a los desafíos que se convierten en costos que deben ser cuantificados, están, por ejemplo, la sostenibilidad financiera. Una de las principales preocupaciones relacionadas con esta propuesta es la viabilidad económica a largo plazo. La implementación de un subsidio de transporte mediante el servicio de energía requeriría una cuidadosa planificación y evaluación de costos, ya que el sistema energético también tiene sus propias demandas y necesidades de inversión.

De igual manera, existe el riesgo de que este tipo de subsidio beneficie desproporcionadamente a ciertos grupos de la sociedad, mientras que otros podrían no recibir los mismos beneficios. Sería fundamental garantizar que el subsidio sea equitativo y llegue a aquellos que más lo necesitan, evitando así aumentar las brechas sociales y económicas. Para evitar esto, podría darse el subsidio directamente a quienes lo necesitan, tal como se hizo con la compensación del IVA y cuya evaluación se realizó por la alianza Universidad de Los Andes y Econometría en 2021.

Finalmente, algunos aspectos cualitativos tendrán que considerarse como los efectos sociales, ambientales y políticos de la propuesta. Estos aspectos cualitativos pueden ser difíciles de cuantificar, pero deben tenerse en cuenta al tomar una decisión informada.

Una vez cuantificados los costos y los beneficios, se deberá calcular el valor actual neto que es una medida utilizada para evaluar la rentabilidad de una inversión o proyecto. Se calcula restando los costos presentes del proyecto de los beneficios presentes, ajustados por el valor del dinero en el tiempo. Si el VAN es positivo, indica que los beneficios superan a los costos y que la propuesta podría considerarse beneficiosa desde una perspectiva financiera. Solo en esta situación la medida del presidente tendría todo el sentido y muy seguramente alrededor de los resultados, de la evidencia, tendrían mayores elementos los tres fuertes contrincantes para ponerse de acuerdo.

Los datos de crecimiento del segundo trimestre muestran que la economía está convergiendo a su tendencia previa más rápido de lo esperado, bajando las presiones inflacionarias. Sin embargo, al revisar el componente de inversión (formación bruta de capital fijo) se prenden las alarmas pues recientemente ha caído cerca de 10% relativo al nivel prepandemia, como se ve en la primera gráfica. En esta misma gráfica, se ve que esta problemática es de carácter nacional y no global. En Colombia, la caída en la inversión (relativa al promedio de 2019) ha estado liderada por el rubro de “Otros edificios y estructuras” (-33,8%) y el rubro de “Vivienda” (-4,6%).

El presidente de la República trinó al respecto: “¿De qué depende la inversión?: en primer lugar, de la tasa de interés.” La interpretación del presidente no es equívoca, aunque no pareciera ser la principal explicación. A manera de ilustración, países de la región como Brasil tuvieron políticas monetarias incluso más restrictivas que la colombiana, y la inversión está por encima del nivel prepandemia, como se ve en la gráfica 1.

La gráfica 2 es un intento de cuantificar dicha confianza en el futuro próximo. En ella se muestra la volatilidad de los mercados bursátiles. En la gráfica se destaca la pandemia que fue un momento de alta incertidumbre. En Colombia, el índice de incertidumbre subió luego de 2020 y se quedó arriba del resto de países. Así, esta variable sugiere que Colombia está viviendo un periodo de alta incertidumbre, lo que con seguridad ha incidido en la caída en la inversión. Una confirmación de esto se ve en el índice de confianza tanto comercial como industrial publicado por Fedesarrollo el cual continúa en terreno negativo (son más los pesimistas que los optimistas).

El ejemplo de Brasil es interesante pues muestra la dominancia de la incertidumbre sobre la política monetaria. En Brasil, el nivel de incertidumbre está por debajo del colombiano y la inversión no ha colapsado a pesar de que la política monetaria fue incluso más restrictiva que la colombiana.

La situación colombiana es compleja porque puede que ya estemos en una crisis de confianza, y los datos de inversión que estamos viendo sean la materialización de una incertidumbre que empezó tiempo atrás. Estos episodios empiezan con la sensación de que las cosas no irán bien en el futuro, ello hace que los inversionistas prefieran poner su dinero en activos seguros y no se embarquen en proyectos de la economía real, la demanda cae y se confirma el mal presagio. Se trata de una sensación que se puede retroalimentar, y por eso es peligrosa. Por lo anterior, vale la pena preguntarse por los factores detrás de esta y que se puede hacer para revertir esta tendencia.

¿Qué causó esta situación? En lo externo, la perspectiva de una posible crisis global, aunque este factor se ha atenuado bastante. En el frente interno, las reformas planteadas por el gobierno generaron incertidumbre al considerarse lesivas para la economía. Por otra parte, el incremento de la inseguridad genera miedo y desconfianza en la población civil. A nivel de políticas públicas, los cambios en algunas de ellas han generado confusión y retrasos. Por su parte, la baja ejecución presupuestal genera restricciones de liquidez. Todo ello contribuye a que no haya confianza.

En la búsqueda de soluciones efectivas y eficientes para los desafíos sociales y económicos, las políticas públicas basadas en evidencia han ganado reconocimiento en todo el mundo. Estas políticas se fundamentan en la investigación y el análisis riguroso de datos empíricos, lo que les permite abordar problemas de manera estratégica y con resultados medibles.

En este contexto, los laboratorios de inversión también podrían considerarse como una forma de ahorro de recursos que en caso contrario se hubieran perdido en políticas que no responden a las necesidades reales.

Las políticas públicas basadas en evidencia se caracterizan por utilizar datos y análisis rigurosos de experiencias reales para informar la toma de decisiones, en lugar de depender únicamente de suposiciones o ideologías. Al basarse en la evidencia, se espera que estas políticas sean más efectivas y eficientes ya que se toman decisiones informadas y se ajustan según los resultados observados.

En este contexto, los laboratorios de inversión se han vuelto cada vez más populares. Estos laboratorios, también conocidos como “labs”, son espacios donde se diseñan, prueban y evalúan políticas públicas utilizando un enfoque experimental.

Funcionan como un puente entre los investigadores y los encargados de formular políticas, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos entre ambos grupos. Bien pueden considerarse una versión más desarrollada de lo que antes se denominaba pilotos, un tanto desprestigiados por los problemas que enfrentaron al ser escalados.

Ahora bien, los laboratorios de inversión permiten a los responsables de la toma de decisiones probar diferentes enfoques en un entorno controlado antes de implementar una política a gran escala. Esto ayuda a reducir los riesgos asociados con la implementación de políticas no probadas, a tener en cuenta los entornos y permite una evaluación temprana de su efectividad.

Además, los laboratorios de inversión fomentan la iteración y la mejora continua, ya que los resultados y las lecciones aprendidas se utilizan para ajustar y perfeccionar las políticas antes de su adopción generalizada.

Un ejemplo destacado de un laboratorio de inversión es el Laboratorio de Innovación del Gobierno de los Estados Unidos (US Government Innovation Lab). Este laboratorio trabaja en estrecha colaboración con agencias gubernamentales para diseñar y probar intervenciones piloto en áreas como la educación, el empleo y la salud. En el Reino Unido, los laboratorios de política, conocidos como “policy labs” o “policy innovation labs”, desempeñan un papel importante en el diseño y la implementación de políticas basadas en evidencia.

Estos laboratorios se centran en la experimentación, la colaboración y la aplicación de enfoques innovadores para abordar los desafíos sociales y económicos.

En América Latina, Chile ha sido pionero en la implementación de laboratorios de política. El Laboratorio de Gobierno es una entidad que se dedica a promover la innovación en el sector público y desarrollar soluciones basadas en evidencia para los desafíos sociales.

En Colombia también existen laboratorios de política que buscan promover la innovación y el diseño basado en evidencia en la formulación de políticas públicas. El Laboratorio de Innovación Pública (LIP) es una iniciativa del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. El LIP tiene como objetivo fomentar la innovación en el sector público y promover la colaboración entre diferentes actores para el desarrollo de políticas públicas.

La ciudad de Medellín cuenta con su propio laboratorio de gobierno que se enfoca en el diseño y la implementación de políticas públicas innovadoras. Este laboratorio trabaja en colaboración con diferentes entidades gubernamentales y la ciudadanía para desarrollar soluciones basadas en evidencia que aborden los desafíos locales.

Precisamente por las restricciones de recursos en países en desarrollo, invertir en laboratorios de política puede ser una estrategia valiosa y rentable. Si bien invertir en laboratorios de política implica un costo inicial, pueden generar ahorros significativos a largo plazo al ayudar a identificar intervenciones más efectivas y evitar gastos innecesarios en políticas ineficientes.

Al invertir en estos laboratorios, los países en desarrollo pueden promover la experimentación y el desarrollo de soluciones creativas y adaptadas a sus contextos específicos, aspecto prácticamente prohibido por el temor al “detrimento patrimonial”.

Los laboratorios de política promueven la colaboración entre investigadores, encargados de formular políticas y otros actores relevantes. Esto facilita el intercambio de conocimientos y la transferencia de buenas prácticas. En este contexto es muy importante el aporte que podría hacer el sector privado, en particular por medio de las fundaciones empresariales, que tiene una mayor flexibilidad para innovar.

Cuando se combinan la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los laboratorios de políticas públicas, se pueden obtener beneficios significativos para la sociedad. Algunos ejemplos de cómo la RSE puede contribuir a los laboratorios de políticas públicas se da cuando las fundaciones empresariales llevan a cabo investigaciones y análisis exhaustivos sobre temas de interés social, como la pobreza, la educación, el medio ambiente, la salud, entre otros.

Estos estudios pueden proporcionar información valiosa al sector público sobre los desafíos y oportunidades en estas áreas, lo que les permite adaptar estrategias y prácticas de programas públicos para abordar estos problemas de manera más efectiva. En este sentido, los laboratorios de políticas públicas fomentan la colaboración entre diferentes actores, como empresas, organizaciones no gubernamentales, gobierno y sociedad civil.

Una nota final, trabajar en laboratorios no implica que se descarte hacer evaluaciones de impacto. De hecho, son indispensables para contar con evidencia a través de los mismos labs. La complementariedad de análisis permite contar con mejor información para formular políticas públicas y programas sociales eficientes y efectivas.

La Secretaría Distrital de la Mujer (SDM) consolidó información actualizada que le permite conocer características de las personas que realizan actividades sexuales pagas (Prasp), con el fin de abordar de manera integral la política pública dirigida a esa población. En el segundo semestre de 2022, Econometría adelantó la actualización de la caracterización de las Prasp a través de factores sociodemográficos y de calidad de vida, el desarrollo de esas actividades, la exposición a la violencia y la afectación por el covid-19. Desarrolló adicionalmente un sondeo de opinión en las zonas donde se ejercen tales actividades

Las Actividades Sexuales Pagas (ASP) reconocen debates y distintas posturas de intervenciones sociales tales como: el abolicionismo, el prohibicionismo y el modelo legalista. El primero de estos busca proteger a quienes realizan compra-venta de sexo voluntariamente y penalizar la explotación sexual y laboral. Por su parte, el prohibicionismo pretende sancionar a todos los agentes que participen en la oferta o demanda de ASP. Por último, el modelo legalista defiende el ejercicio de ASP como un trabajo que debe enmarcarse en la regulación correspondiente de derechos laborales.

Desde el punto de vista demográfico se trata de una población bastante joven, pues 73,4% está entre los 18 y los 35 años. En lo económico, la mayoría vive en estratos 1 y 2 (18,8% y 38,4% respectivamente) y en arriendo (91,5%). De igual forma, que 12,9% señala haber sido víctima del conflicto, y 3,9% expresa ser una persona con discapacidad.

Las Actividades Sexuales Pagas (ASP) reconocen debates

Unos datos que llamaron la atención han sido que sólo la mitad (50,6%) es cotizante, beneficiaria o afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, y que únicamente 4,9% de las Prasp señalan estar afiliadas al sistema de pensiones. Del grupo de personas afiliadas, la mayoría pertenece al régimen subsidiado (80,9%), este porcentaje incrementa a 89,7% si se toma solamente la población extranjera.

Al desagregar la información por lugar de nacimiento y por el autorreconocimiento como víctima del conflicto armado, se puede ver que la distribución de la población extranjera que se dedica a ASP es más joven que la nacional; de forma similar, la distribución de la población que no se autorreconoce como víctima del conflicto armado y se dedica a ASP es más joven que aquella que se reconoce como víctima del conflicto armado y se dedica a ASP como se puede observar en la siguiente figura: