Existe una “Ventana de oportunidad en el sector agropecuario”. Este fue el planteamiento que se formuló en 2021 en el capítulo 3 del libro de Econometría Consultores “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural”.

¿Por qué existe esa ventana? Resumiendo lo allí planteado, el país es dependiente en ingresos fiscales y en su balanza comercial del carbón, que está pasando por un boom momentáneo asociados a la guerra de Ucrania, pero que es una alternativa cada vez menos factible por sus efectos ambientales; y del petróleo, también cuestionado ambientalmente, pero con una perspectiva de más largo plazo, aunque el país solo cuenta con reservas para menos de siete años. La decisión de no firmar nuevos contratos de exploración hace extremadamente urgente el desa- rrollo de alternativas para reemplazar en un futuro no muy lejano los ingresos petroleros. Es un reto tener alternativas a un plazo relativamente corto, y esto es lo que justamente abre esa ventana de oportunidad.

La estabilidad laboral es un bien social. A todos nos beneficia. Los empresarios, con reglas claras y constantes, pueden planear sobre la base de contar con un personal estable, disponible y sobre el que puede invertir en formación específica a sus empresas, generando incrementos en productividad y por ende en ingresos. Los trabajadores perciben menor incertidumbre, propiciando las condiciones para que su bienestar y productividad mejoren, facilitando sus posibilidades de invertir y adquirir bienes mediante créditos de largo plazo dinamizando la economía. Los que buscan trabajo pueden acceder a oportunidades que les permita insertarse al mercado laboral o escalar en sus condiciones.

Esto último le parecerá raro a mucha gente. ¿Qué tienen que ver los buscadores de empleo en la estabilidad laboral? En Colombia estamos acostumbrados a ver la estabilidad laboral como un trabajador que “adquiere” un puesto de trabajo y se atornilla a él como le sea posible hasta su retiro. Pero esto dista mucho del verdadero significado de estabilidad en las condiciones laborales. De hecho, ello perjudica al trabajador que por miedo a perder su puesto deja de crecer y buscar alternativas, mientras se limitan las posibilidades de otras personas y se disminuye el margen de maniobra de las empresas.

En Colombia tenemos una distribución de ocupados, según la antigüedad en su puesto de trabajo, donde solo 30,0% de los trabajadores lleva cinco años o más, mientras que 31,5% tienen más de un año, pero menos de cinco y lo más frecuente es que la antigüedad sea inferior a un año (38,5%) (Ver gráfica).

Conozca nuestro reciente peritaje económico y financiero sobre tributación del sector minero en el sitio web de la Asociación Colombiana de Minería

El sector privado juega un papel fundamental en el desarrollo económico y sostenible de un país. De hecho, las Naciones Unidas afirman que el logro de la Agenda 2030, que implica cumplir las metas establecidas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), requiere un nivel de acción colectiva sin precedentes, y exige un mayor compromiso de todos los actores no estatales relevantes, entre los que se encuentran las empresas del sector privado. Como una propuesta de trabajo colaborativo para alcanzar los ODS, se creó la iniciativa del Pacto Global, la cual está compuesta hoy por más de 13.000 entidades a nivel global, 60% de carácter empresarial y 40% sin ánimo de lucro.

Econometría Consultores hace parte de esta iniciativa global a través de la Red Colombia del Pacto Global. No obstante, su aporte como empresa del sector privado al desarrollo sostenible no se da únicamente a través del cumplimiento de los diez principios del Pacto Global. Este aporte también se provee mediante su contribución a la generación de evidencia que permita conocer los resultados e impactos de las acciones que el sector privado realiza para mejorar las condiciones de vida de la población y cuidar el medio ambiente, además de proveer insumos para la toma de decisiones estratégicas respecto a la focalización y ajustes de proyectos y programas productivos con impacto social y ambiental.

Durante la larga trayectoria de Econometría Consultores en evaluaciones para el sector privado, se han desarrollado proyectos que buscan estimar resultados, elaborar diagnósticos, medir huellas socioeconómicas, diseñar índices y sistemas de monitoreo, y generar recomendaciones para entidades como la Fundación Alpina, la Fundación Grupo Social, la Fundación Terpel, Argos, la Fundación Saldarriaga Concha, la Fundación Promigas, la Fundación Bavaria y el NAB Colombia entre otras. Todas ellas tienen en común tres aspectos fundamentales: su vinculación a empresas del sector privado, su compromiso con la mejora de las condiciones sociales y ambientales, y su disposición a evaluar sus resultados y obtener retroalimentación fundamental para la mejora de sus inversiones.

En este último punto, es clave conocer cuáles son los propósitos de una evaluación y que se requiere para hacerlas bien. La definición de preguntas de investigación, la disponibilidad de información y la disposición para ser evaluados son elementos esenciales para lograr valorar adecuadamente un programa o proyecto. Ahora, en cuanto a sus propósitos, las evaluaciones permiten rendir cuentas al personal implementador y a las poblaciones beneficiarias, identificar buenas prácticas y aspectos por mejorar para fortalecer las intervenciones, y mejorar los sistemas de información y seguimiento para monitorear adecuadamente el trabajo realizado. Así mismo, las prácticas de evaluación contribuyen a la estimación del valor compartido de las empresas y el impacto de las inversiones con objetivos claros de orden social y ambientales decir, la interacción entre el fomento de la competitividad de una compañía, con las mejoras en las condiciones sociales, económicas y ambientales de las comunidades donde operan o en regiones específicas del país.

En la situación actual que vive el mundo este año, cuando se espera un menor crecimiento de las economías, la crisis sobre los recursos ambientales y las amenazas sobre la sostenibilidad del planeta aumentan y los indicadores de pobreza y desempleo en países en desarrollo y emergentes continúan siendo altos, se hace más imperante el compromiso del sector privado en la sostenibilidad y equidad social de las regiones. Este compromiso requiere también de estrategias eficientes y eficaces que vayan acompañadas de mecanismos de difusión para hacer a las comunidades partícipes y beneficiarias del desarrollo sostenible.

La vinculación al Pacto Global va de la mano con la práctica de evaluar las intervenciones que el sector privado promueve en las comunidades. Es así como la guía práctica para la acción del sector privado ante los ODS no solo explica la manera en que las empresas pueden contribuir al logro de cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sino que también dedica un apartado exclusivo a mecanismos para medir esta contribución. Estos mecanismos incluyen la estimación de indicadores cuantitativos, valoraciones económicas, evaluaciones de procesos, resultados e impactos y medidas de comparabilidad que permitan realizar análisis transversales entre sectores, regiones y tipos de población.

Es importante anotar que estos mecanismos se deben complementar con información cualitativa que dé cuenta de las percepciones, experiencias y opiniones de la población directamente involucrada en la implementación de los programas. Hoy en día existen diversas y variadas metodologías de recolección y análisis de información, innovaciones que vale la pena aprovechar en los procesos de generación de evidencia. Así mismo, se deben considerar temas éticos en la recolección y difusión de la información, para llevar a cabo las evaluaciones dentro de los principios de la acción sin daño, la inclusión, la privacidad de la información y la equidad.

En conclusión, el mundo y nuestro país necesitan cada vez más del compromiso del sector privado para lograr un desarrollo sostenible. Existen iniciativas a nivel global, regional y local para compartir experiencias, guiar los procesos y apoyar a las empresas en su contribución a las necesidades de la población, que van desde la erradicación del hambre y el fin de la pobreza, hasta la construcción de alianzas, pasando por la protección de los ecosistemas, la producción y el consumo responsables, el trabajo decente, el acceso a servicios básicos, entre otros. El sector privado puede hacer uso de estas iniciativas, y también de los mecanismos de evaluación de las intervenciones, que les permitirá rendir cuentas a sus poblaciones beneficiarias, tomar decisiones estratégicas y compartir sus buenas prácticas a otras empresas y sectores interesados y dispuestos a contribuir al desarrollo sostenible. El momento para contribuir y evaluar es ahora.

El bajo gasto de bolsillo, es decir aquella parte del costo que asume directamente el paciente por la atención, es un atributo relevante. Mientras en la mayoría de los países de América Latina el gasto de bolsillo con relación al gasto total en salud para los pacientes estuvo por encima de 20%, en Colombia fue 13,6% para 2020.

El sistema de salud es estructuralmente segmentado Sin embargo, es un sistema estructuralmente segmentado con brechas de calidad entre dos regímenes de aporte y atención: un régimen contributivo con 45,8% de los afiliados y uno subsidiado con 49,9% para 2022 (el resto de las personas hacen parte de regímenes especiales).

La segmentación mantiene y agrava la inequidad. Las personas del régimen subsidiado, que deben estar sisbenizados, corresponden a la población de menores ingresos relativos, en muchos casos pertenecientes a grupos étnicos, y/o en zonas geográficas de menor desarrollo relativo y están expuestas a mayores riesgos para la salud. Se ha documentado cómo la morbimortalidad de las personas del régimen subsidiado es mayor a la de las personas del régimen contributivo.

Por ejemplo, en 2021 pertenecer al régimen subsidiado se asoció con un aumento del riesgo de morir por desnutrición de 34,3 veces en comparación del régimen contributivo.

Esta realidad no es coherente con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) inferior en el régimen subsidiado, en donde para el año 2023, a las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) se les reconoce una UPC de 1,289.246 pesos por cada persona del régimen contributivo y 1.121.396 por persona en el régimen subsidiado (INS, Msps).

Las urgencias resultan la puerta de entrada más común al sistema de atención Al procesar la pregunta sobre el tiempo de espera para ser atendido por un médico general ante una dificultad de salud, en la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, resultan 4,5 días en promedio, sin embargo, esta cifra oculta la problemática de utilizar las urgencias como puerta de entrada al sistema siendo una forma rápida para ser atendidos. Esta situación se evidencia en los datos, en la medida que, de la población que tuvo algún problema de salud un mes antes de la encuesta, una de cada tres personas lo hizo a través de un servicio de urgencias (ECV 2021) lo que congestiona innecesariamente estos servicios.

Dentro de las sombras del sistema están las barreras en la atención, que son muy comunes y están reflejadas en diversos escenarios como son la no aprobación o demoras de tratamientos o de cirugías, así como la entrega parcial o no entrega de medicamentos, entre otras.

Por ejemplo, aunque en la UPC se reconoce la entrega de medicamentos por cada afiliado, de las personas que requirieron prescripción de medicamentos, solo al 61,6% le entregaron la totalidad de estos, a 13,4% le hicieron una entrega parcial y a 25% no se los entregaron (ECV 2021).

Las barreras en la atención llevan a que los usuarios exijan el derecho a la salud ante instancias judiciales. En 2022 una de cada cuatro tutelas interpuestas ante la Corte Constitucional se relacionaba con este derecho, un total de 145.643 lo que representó un aumento de 57% si se compara con las tutelas por el derecho a la salud de 2021.

Una de las grandes sombras del sistema de cara a los pacientes, es la espera que deben sufrir para ser atendidos por un especialista. El Ministerio de Salud ha documentado que, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, el promedio de días entre la primera consulta y el tratamiento es de 137 días, lo que claramente lleva a que la enfermedad haya avanzado y que su tratamiento sea más costoso y menos efectivo.

La relación paciente – médico no existe rompiendo la continuidad Nuestro sistema de salud falla por la base. Al paciente lo atiende el profesional de salud que esté disponible el día que llega al consultorio. Esto rompe con un elemento fundamental, la continuidad en la relación entre médico y paciente. Si el profesional de salud conoce al paciente, puede existir mayor comunicación, empatía y confianza. Al no existir esta relación se reduce la calidad y la oportunidad de la atención.

Las luces y las sombras del sistema de salud requieren ser reconocidas con claridad para abordar una reforma “saludable”. Por encima de cualquier diferencia de pensamiento, la discusión de la reforma debe mantener como prioridad el bienestar de la mayoría de la población con un sistema de cobertura universal, solidario, de bajo costo para el usuario, equitativo, accesible, efectivo y sostenible.

Preservar las luces del sistema en una transición paulatina es fundamental Esto requiere planear cuidadosamente el proceso de transición para que los cambios se den en forma paulatina sin afectar el funcionamiento cotidiano de un sistema de alta complejidad y que responde a una gran demanda de servicios de salud, consultas médicas, atención de urgencias, exámenes de laboratorio, entrega de medicamentos, etc.

Para que la atención primaria sea una realidad eficiente se necesita que tenga capacidad de resolución de 80% de los problemas de salud, lo que implica el fortalecimiento del talento médico y que cuente con el apoyo tecnológico necesario. Esta tarea tiene costos importantes y demanda no menos de una década.