El debate pensional y elementos para la reforma

Autor: Mauricio Olivera

El debate presidencial de la semana pasada generó una gran discusión sobre la reforma pensional. Se centró en dónde deberían estar los recursos para pensiones - en los fondos privados o en Colpensiones- y en la fuente de recursos para financiar un programa no contributivo como Colombia Mayor, ampliado en monto. Un elemento adicional del debate es el desempeño de los fondos privados en el sistema pensional, y especialmente la comisión y los recursos cotizados que efectivamente son utilizados para la pensión.
Estas discusiones, aunque importantes, desviaron el debate del principal objetivo que debe tener la reforma pensional: la baja cobertura. Solo uno de cada cuatro adultos mayores tiene pensión (25%) y solo uno de cada tres trabajadores cotiza. Colombia tiene un sistema pensional con una cobertura extremadamente baja.

También tiene retos financieros y fiscales, en la medida en que el Estado gasta 4% de PIB en pensiones, aunque siempre es necesario recordar que de estos 4 puntos solo 1 es para Colpensiones, entidad que paga cerca de dos terceras partes de todas las pensiones del país. Por su parte, la regresividad del Régimen de Prima Media (RPM) ha sido bastante ilustrada. Por su diseño, que también puede llamarse de Prestación Definida, el RPM calcula la pensión basándose en el salario del cotizante, no en lo ahorrado, y como la diferencia entre los dos es grande (se cotiza 16% del salario y la pensión empieza en 65%), son necesarios recursos adicionales. La regresividad se encuentra en que para completar la pensión se otorgan más recursos a las personas que más capacidad de ahorro tienen, y como el RPM no tiene reservas para pagar las pensiones, el Estado debe poner recursos adicionales provenientes de los impuestos. Si hubiese reservas, el monto adicional de los trabajadores vendría de los trabajadores que cotizaron, no de los impuestos.

Si el debate se centra en la cobertura, es casi que indiferente que la persona esté en un fondo privado o en Colpensiones. Algunos argumentan que no es indiferente porque en el Rais (fondos privados) si se llega a la edad de pensión y se han logrado cotizar 1.150 semanas es posible acceder a una pensión de salario mínimo a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm). El requisito generar para obtener la pensión es cotizar 1.300 semanas, alrededor de 25 años, y 1.150 semanas son tres años menos. Sin embargo, un trabajador colombiano promedio, debido a la rotación en el mercado laboral entre formalidad, informalidad y desempleo, alcanza a cotizar 14 años. Por otro lado, poder acceder a la pensión de salario mínimo a través del Fgpm cotizando tres años menos no quiere decir que el Régimen de Ahorro Individual sea mejor para aumentar la cobertura. El Fgpm es un elemento de solidaridad que también se podrían mejorar en el RPM.

Otros argumentos plantean que otorgar una transferencia monetaria a los adultos mayores que no tienen pensión aumenta la cobertura. Aunque es importante y necesario, es inadecuado pensar que la cobertura se puede aumentar solo con programas no contributivos. Una propuesta adicional, algo similar, de la Misión de empleo, es una pensión ciudadana universal financiada con la tributación general. Esta reforma implicaría la necesidad de muchos más recursos del presupuesto nacional provenientes de una reforma tributaria, y no utilizaría la premisa de focalización de las políticas públicas hacia los más vulnerables porque todos los colombianos recibiríamos el mismo monto. Adicionalmente, se necesitaría una reforma constitucional para cambiar el artículo 48 de la Constitución que afirma que la pensión no puede ser inferior al salario mínimo. Por esto, el régimen no contributivo puede ser más viable.

Cuestión diferente es destinar recursos del sistema de pensiones para el pago de este régimen no contributivo. Para ver la viabilidad de esto es necesario revisar los elementos de solidaridad del sistema, que están en el Rais con el Fgpm, pero también en el RPM con el Fondo de Solidaridad Pensional que financia a Colombia Mayor. La reforma debe enfocarse en aumentar la cobertura. Aunque la presión fiscal no es tan alta porque hay pocos pensionados, la reforma debe enfocarse en un aumento de cobertura desde la etapa de cotización. Que todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral, puedan cotizar es un elemento importante. Es necesario acercar la normatividad laboral a la realidad laboral de muchos trabajadores. En segundo lugar, comparativamente hablando, las edades de pensión son bajas.

Por eso, permitir que los trabajadores sigan cotizando con algún subsidio por meses cotizados (una semana adicional por cada mes cotizado, por ejemplo), o que después de llegar a la edad de pensión se les pueda pagar la pensión descontando lo que no se cotizó mes a mes, o que puedan pagar las semanas por lo no cotizado y no por el cálculo actuarial, son algunas medidas que pueden ayudar a aumentar la cobertura. Otra opción muy valiosa con enfoque de género, contabiliza semanas por hijo para las mujeres. El peor escenario es el que afirma a los trabajadores que no se van a pensionar, que permanezcan en el fondo privado porque reciben el saldo con intereses. El objetivo de la política pública debe ser que todos los colombianos tengan una pensión.

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Implicaciones de la guerra Rusia – Ucrania

Autor: Julián Roa

La coyuntura actual hace difícil pensar, como Cándido, que nos encontramos en el mejor de los mundos. En el contexto global, la guerra Rusia-Ucrania es un hecho que ya tiene efectos negativos en la economía global. Lo anterior, a pesar de que dicho conflicto, no ha desembocado en el peor de sus escenarios: una tercera guerra mundial. Como es bien sabido, la economía rusa es una de las grandes productoras de petróleo y gas. Por lo anterior, la guerra afecta de manera negativa la producción de petróleo y gas, generando presiones al alza en los precios de estas materias primas.
Por su parte, Ucrania es una gran exportadora de productos agrícolas como el maíz y el trigo, así como de fertilizantes como la urea. Todo lo anterior da combustible a la inflación, la cual, a nivel global, se parece cada vez más al escenario de los setenta. Al ser el petróleo un insumo esencial en la producción actual, un alza en su precio afecta negativamente el crecimiento potencial que pueden tener las economías importadoras del combustible. La combinación de estancamiento e inflación alta es un escenario cada vez más probable.

Colombia claramente se verá afectada de manera negativa por esta guerra, los efectos se harán notorios en la inflación. Es difícil imaginar que la de alimentos baje de 15% en lo que lleva del año. La importancia de las importaciones de urea en Colombia es alta y ello incidirá en todos los precios agrícolas. Con esto en mente, resulta muy difícil imaginar una inflación total inferior a 7% al finalizar 2022.

Para hacernos una idea, si la inflación mensual se estabiliza en 0,29% (su promedio de 2018-2019, periodo de inflación estable) de marzo a diciembre de 2022, la inflación anual de 2022 sería de 6,45%. En enero y febrero la inflación mensual fue de 1,67% y 1,63%, respectivamente. En marzo y abril, se deberían sentir los efectos completos del incremento en los precios de la urea, maíz y trigo y la inflación mensual debería ser por lo menos igual la vista en los dos primeros meses del año.

Por esto mismo, es altamente probable que las expectativas de inflación se desanclen y sea necesario que el Banco de la República actúe subiendo las tasas de política monetaria de manera más acelerada y más alta a lo previsto hace unas semanas. En una entrevista reciente, Leonardo Villar mencionaba a la necesidad de tener tasas de interés reales positivas a final de año. Así, con el escenario actual, las tasas de interés de política monetaria a final de este año deberían ser superiores a 7%. Aunque puede ser un choque negativo para el crecimiento, es necesario para controlar la inflación, que puede tener un efecto lesivo, especialmente en los más pobres. También es importante recordar que la confianza en el emisor depende en que este cumpla con su mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda colombiana.

Ahora bien, no todo es negativo y hay ciertos elementos que benefician al país. Desde el estallido de la guerra (22 de febrero) la moneda colombiana se ha revaluado cerca de 150 pesos, a pesar de que la incertidumbre electoral es cada vez más relevante. Lo anterior tiene varias explicaciones. Por un lado, el precio del petróleo se ha incrementado más de 30% en el último mes, lo que podría generar presiones a la baja en la tasa de cambio. Adicional a esto, se puede ver en Latinoamérica una especie de refugio en estos momentos. Se trata de economías que están tratando de subir sus tasas de interés de la manera más rápida posible y que no tienen una conexión directa con el conflicto ruso-ucraniano, como si lo tienen Europa y Estados Unidos. Lo anterior hace que las economías latinoamericanas puedan ofrecer una mayor rentabilidad a los inversionistas en comparación con otras regiones del mundo en donde o las tasas de interés están muy bajas o el riesgo es muy alto. Como se puede ver, a pesar de que la coyuntura es negativa, la región y Colombia tienen ciertos elementos que mitigan los efectos negativos de esta guerra.

Un aspecto adicional detrás de la revaluación de la moneda colombiana es la percepción del riesgo fiscal. El alto crecimiento en 2021 llevó a una reducción importante en la deuda del gobierno sobre el PIB, así como el déficit fiscal. Lo anterior, unido con los altos precios del petróleo, podría dar mayores ingresos fiscales y podrían contribuir a cerrar el déficit fiscal, con la condición de que esos recursos no se traduzcan en un mayor gasto por el subsidio a los precios internos de la gasolina y del Acpm. Algo similar ocurre en la cuenta corriente, en donde los altos precios del petróleo contribuirían a un incremento en el valor de las exportaciones petroleras que podría ayudar a cerrar el déficit en cuenta corriente. Ahora bien, las exportaciones no tradicionales podrían ser menos atractivas en el mercado externo ante una moneda revaluada.

Así, la coyuntura actual es compleja. Por un lado, nos llevará a niveles de inflación muy altos que obligaran al banco central a bajar la velocidad de recuperación de la economía. Por otro lado, y dentro lo positivo, se podrían mejorar los indicadores fiscales y de cuenta corriente, los cuales son de los grandes retos de la economía colombiana. Sin embargo, es importante recordar que esta situación excepcional en los precios del petróleo no debe ser excusa para olvidar temas pendientes en la estructura tributaria del país, así como la diversificación de la canasta exportadora.

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Economía circular: enfoque que genera rentabilidad

Autores: Oscar Rodríguez, Guillermo Rudas, Erika Nieves, Julián Roa y Maria Paula Rivera.

La economía circular busca, entre otros objetivos, mejorar la eficiencia en producción y consumo para disminuir la extracción de materiales de la naturaleza y evitar impactos sobre los ecosistemas. Se espera que el tránsito hacia una economía circular introduzca transformaciones tanto en la estructura productiva como en las transacciones entre los agentes económicos.

El Estado puede motivar a las empresas a que inviertan y apliquen medidas para evitar desperdicios y prevengan impactos ambientales negativos mediante impuestos, tasas o multas que trasladen el costo de la contaminación a quien la genera, incentivando acciones preventivas y correctivas que eviten esos desperdicios e ineficiencias. La literatura clasifica estas medidas gráficamente con 10 R: Rechazar, Repensar, Reducir, Reutilizar, Reparar, Reacondicionar, Remanufacturar, Readaptar, Reciclar y Recuperar.

A nivel macro es clave entender si la transición a una economía circular tiene altos costos para un país, afectando su crecimiento y el empleo; o, si al contrario, puede impulsar dinámicas positivas y generar excedentes mayores a los empresarios y trabajadores.

Con el apoyo de la Unión Europea y Euroclima, y en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente de Chile y de la Cepal, Econometría construyó un modelo macroeconómico de consistencia dinámica para examinar los efectos económicos de reducir el uso de cuatro materias primas: plástico, metales, materiales de construcción y combustibles. Para implementar el modelo se usaron datos de los Sistemas de Cuentas Nacionales de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), con acompañamiento y asesoría de las principales instituciones ambientales y estadísticas de cada país. El próximo 2 de marzo se ha programado un Webinar sobre el tema en:

En otros modelos similares implementados principalmente en Europa se ha encontrado que la política de economía circular causa un aumento entre 0,1% y 2% en el PIB, entre 0,1.% y 1,6% en el empleo y una disminución entre 4% y 24% en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

En los países analizados se ha venido avanzando en legislación e implementación de instrumentos de política que permiten una transición hacia esquemas de economía circular, principalmente con la implementación de estrategias de fomento a la producción y consumo responsable y a la reincorporación de materiales a los ciclos productivos, entre otros.

Los resultados de las simulaciones de Econometría muestran que, en todos los casos, el efecto sobre el PIB y el empleo es positivo y creciente. En términos generales se reducen las emisiones GEI, excepto cuando hay un crecimiento muy alto del PIB. Sin embargo, no todos los sectores tienen el mismo comportamiento. En los que se busca reducir el uso, hay un decrecimiento del PIB y el empleo, aunque en menor proporción que la disminución simulada del uso del material. Esto se debe a que bajan las compras de estos materiales por parte de otros sectores, pero el crecimiento de estos últimos y los vínculos intersectoriales hacen que haya cierta recuperación de su dinamismo.

En un escenario conservador, en donde se reduce el uso de plástico en 8% y el uso de cemento, materiales metálicos y la energía en un 5% para 2030 se obtienen beneficios económicamente relevantes tales como incrementos en el PIB entre 0,8% y 2,4%, así como incrementos en el empleo entre 1,1% y 1,9% y unos cambios en las emisiones de GEI, desde incremento de 0,5% en Perú hasta reducciones de 6,7% en Chile. Como la mayor actividad económica de todas maneras genera más emisiones de GEI, cuando los efectos sobre el PIB son altos estas emisiones pueden reducirse menos o incluso aumentar.

Para que se presente este mayor crecimiento en los sectores que reducen el uso de materiales, es indispensable que el ahorro obtenido se destine a cubrir tanto los mayores costos de mano de obra como la inversión tecnológica requeridos para hacer perdurables estas economías. Además, el flujo de ahorros puede tener una estructura diferente a la de los costos de la transformación tecnológica.

Por tanto, cada país debe profundizar en los análisis financieros necesarios para determinar en qué casos es necesario establecer esquemas de financiación o incentivos directos (como beneficios tributarios o transferencias condicionadas) para lograr que estas inversiones se lleven a cabo. Esto, unido al impulso de mecanismos de responsabilidad extendida del productor y de investigación tecnológica, servirá para viabilizar el logro de las metas de reducción y los beneficios económicos de la economía circular.

También se requiere una reducción en el uso de materiales por parte de los hogares, en particular en el caso de plásticos y combustibles. Por ello es importante que los países latinoamericanos impulsen medidas para reducir los plásticos de un solo uso, e implementen políticas urbanas de movilidad activa o beneficios tributarios a los vehículos eléctricos, además de establecer los gravámenes e incentivos a la producción más limpia y responsable. Así, la economía circular es una alternativa interesante para lograr recuperaciones verdes, en donde se logre un mayor crecimiento contribuyendo al medio ambiente.

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Shared Value

Shared Value

In recent years an increased social and environmental awareness has been growing steadily within the global business sector. The success of a company or economic enterprise is no longer judged solely on the basis of the profit it brings to shareholders, but by its economic, social and environmental contribution to society. This is the concept of Shared Value: that a company or other productive operation measures its success by the net positive or negative effects it has on its stakeholders. In contrast with other approaches, the goal of maximization looks beyond the simple creation of economic value on the behalf of a company, to a broader sense of value for society and the environment, according to which a business incorporates into its profit-making estimations a duty of care for the social and environmental needs around it. This approach, first outlined by Michel Porter at Harvard University in 2012, was adopted at the end of 2019 by the companies of the Business Roundtable, and in February 2021 in the closing declaration of the Davos Forum.

Our contribution

Econometría has been the pioneering organization to calculate Shared Value for companies in Colombia. Our estimations have made use of the world’s most up-to-date theoretical formulations for meeting the Sustainable Development Goals (SDGs) and reducing greenhouse gas emissions, as such carrying out calculations for ARGOS in 2017 and PROMIGAS in 2019. In these cases, the net contribution of the company was calculated not only in terms of profit for shareholders, but by the benefits it brought to other sectors of the economy and to general environmental sustainability. Previously, although without the reference framework of the agreements mentioned earlier, similar estimations were carried out for Cerrejón y Cerro Matoso.

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Social inclusion

Social and productive inclusion

The most significant programmes and policies for inclusion in Colombia have been evaluated by Econometría, focused on the poorest people in the country. These policies of social inclusion seek to provide support to those in poverty through income support or conditional payments. This last form of income support is the most widely used strategy to support the poorest families and encourage the accumulation of human capital, characterized by money available on the condition of regular health and child development checks, and that children remain enrolled in full-time education. In Colombia the first such programme was Families in Action which began in 2001 and became in 2012 a permanent, national programme, protected by law and with an uptake of more than a million homes. Another conditional payment programme was Youth in Action, focused on encouraging young people to remain in higher education. Other programmes aimed at the vulnerable population are those of productive inclusion.

Our contribution

Econometría has participated in conditional payment transfer programmes since their implementation in 2001, and was responsible for the first evaluations of the impact of Families in Action and Youth in Action, in alliance with the Institute of Fiscal Studies (IFS) in London. The results of these evaluations had an impact on policy-making decisions regarding such programmes, focused as they are on the most vulnerable groups in the country. This experience has enabled our organization to make important contributions to other social inclusion projects within the public sector, as well as projects carried out by actors from the private sphere which are similarly focused on the country’s most vulnerable. Noteworthy in this last category are programmes of productive inclusion.

Our impact evaluation of conditional payment programmes has extended to other contexts, such as Honduras and the Bahamas. In Honduras an evaluation was conducted on the impact of a controlled randomization model for a Better Life Voucher, and in the Bahamas a baseline was designed and developed for the RISE programme.

Econometría has similarly evaluated programmes and policies of productive inclusion which seek to generate income for vulnerable groups, such as Women Who Save (Mujeres Ahorradoras) among other examples.

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Childhood and adolescence

Childhood and adolescence

Children and adolescents in Colombia are classified as those individuals between conception and 17 years of age. In accordance with Colombian legislation, they are recognized as having rights which are legally guaranteed under nine principles: best interests, the right to be prioritized, co-responsibility, enforceability, equity, social inclusion, solidarity, complementarity and subsidiarity. As such, children and adolescents in Colombia are recognized as autonomous beings and active subjects, with the right to integral physical, mental and social development, and while the family is recognized as a primary environment for children’s wellbeing, the State and wider society are also co-responsible for their overall protection.

Our contribution

Econometría has contributed to the development of understanding around the situation of children, at the different stages of their lives, through analysis, studies and evaluations of policy, programmes and public interventions aimed at boys and girls. It has likewise participated in raising awareness of the role of this age group in sectoral policies. Furthermore, we have worked with NGOs and Multilateral Organisms, such as Unicef and Save the Children, to analyze steps taken to protect the child population and to assess the level of its inclusion in public actions in relation to local development, participation and protection.

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Evaluations for the UN

Evaluations for the United Nations

At Econometría we have conducted multiple evaluations of Country Programmes, focused programmes and operations of United Nations organizations in Latin America, Asia and Africa, such as UNICEF, the World Food Programme (WFP), UNHCR, UN Women, FAO, Unesco, IOM, and ILO, among others. A long-term contract with Unicef was established to carry out evaluations of impact, examples of which include: an evaluation of the nutritional improvement programme for children in Nepal, the creation of a baseline for the programme against child marriage in Afganistan, the evaluation of the ‘Bringing Up with Love’ (Criando con Amor) programme in Honduras, the evaluation of the Country Programme in Ethiopia, and work to improve the efficiency of the organization in Africa. We have worked on an ongoing, long-term basis with the WFP since 2012 to provide services to evaluate centralized and decentralized outlines, carrying out multiple evaluations of Country Programmes, operations and strategies in Cuba, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Haiti, Central America, the Caribbean, Guinea Bissau and Gambia, among others.

Our contribution

Econometría is the only Latin-American company to be granted a long-term contract with the WFP. We have contributed, for both the WFP and other organizations, to the search for evidence for successes and challenges in decision-making processes, with the objective of creating and implementing more relevant, effective, efficient and sustainable interventions, in areas such as food and nutrition, reduction of poverty, comprehensive development of boys and girls, gender equality, protection for refugees, and human rights.

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Education

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Education is a fundamental human right and corresponds with Sustainable Development Objective 4 (ODS4). However, in Colombia as in other developing countries, there are people without access to education, as well as cases where in spite of its availability, education is not of a high quality for all. This situation presents great challenges, in response to which educational policy has sought to improve the coverage of the system, above all in transition and in middle and further education which still have low rates of school attendance, as well as seeking to improve the quality of services via different strategies and programmes.

Our contribution

In this field, Econometría has carried out various evaluations of alternatives to elementary and secondary educational supply, such as flexible educational models, rural education programmes, licensed elementary schools, fusion of educational establishments, as well as interactive strategies at different educational levels to reduce school drop-out rates. Furthermore, we have analyzed the results of school day expansion programmes. For higher education we have worked principally in areas related to funding and incentives.

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Financial Inclusion

Financial Inclusion

Financial inclusion is one of the central aims of the national government, based on the understanding that more inclusive financial systems have positive impacts on the quality of life of the population as well as on general economic development. “Banca de las Opportunidades” (Opportunity Bank) is the National Government’s programme to promote financial inclusion in Colombia via public policies aimed at creating market incentives for inclusive financial services, as well as the reduction of access barriers.

Our contribution

In this field, Econometría has contributed to analysis of the supply and demand of financial services in rural and vulnerable populations, as well as the design of policies, programmes and instruments for financial inclusion. The majority of these projects have been carried out in association with Marulanda Consultants.

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Climate Finance

Climate Finance

Climate change is one of the world’s greatest threats. Colombia has pledged to reduce its emissions by 51% for 2030 and to be carbon neutral by 2050, and other Latin American countries have similarly ambitious goals. To reach them, policies and economic instruments must be designed and implemented which incentivize the private sector to innovate and invest in cleaner production as a complement to the efforts of the public sector and the international community.

Our contribution

As well as contributing to studies on environmental policy and economic assessment, at Econometría we have played an active part in the design and implementation of national strategies of climate funding. Similarly, we have participated in meteorological, legal, institutional, economic and financial studies aimed at the creation of political instruments that bring about fiscal and financially sustainable change for the environment.

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