Inclusión financiera

Inclusión financiera

La inclusión financiera es uno de los objetivos que busca el Gobierno Nacional, entendiendo que sistemas financieros más incluyentes tienen impactos positivos sobre la calidad de vida de la población, así como el desarrollo económico. Banca de las Oportunidades es el programa del Gobierno Nacional para promover la inclusión financiera en Colombia a partir del diseño y ejecución de política pública para generar los incentivos para una oferta de servicios financieros incluyentes, así como la disminución de barreras de acceso.

Nuestra contribución

En este campo, Econometría ha aportado en la caracterización de la oferta y de la demanda de servicios financieros en poblaciones rurales y poblaciones vulnerables, así como en el diseño de política, programas e instrumentos para la inclusión financiera. Gran parte de los proyectos se han realizado en asocio con Marulanda Consultores.

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Finanzas climáticas

Finanzas climáticas

El cambio climático es una de las grandes preocupaciones mundiales. Colombia ha previsto reducir 51% de sus emisiones en 2030 y ser carbono neutral en 2050. Otros países latinoamericanos también tienen metas ambiciosas. Para lograr estos propósitos se deben diseñar e implementar políticas e instrumentos económicos que incentiven al sector privado a realizar inversiones innovadoras para una producción más limpia, con el fin de complementar los esfuerzos del sector público y la cooperación internacional.

Nuestra contribución

Además de la contribución en estudios de política ambiental y valoración económica, en Econometría se ha venido contribuyendo en el diseño e implementación de las estrategias nacionales de financiamiento climático. Así mismo, con estudios metodológicos, legales, institucionales, económicos y financieros, para el diseño e implementación de instrumentos de política que inciden en las transformaciones que se requieren, de una manera fiscal y financieramente sostenible.

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Desplazamiento forzado

Desplazamiento forzado por conflicto armado

El conflicto armado en Colombia ha generado graves violaciones a los derechos humanos sobre millones de personas que han tenido que desplazarse forzosamente, perdiendo tanto su capital tangible como intangible, y con graves implicaciones psicosociales. En torno al goce efectivo de derechos de esta población, se ha desarrollado una extensa base normativa y jurisprudencial, de la que se deriva política pública que requiere la caracterización de la población, así como evaluaciones institucionales de resultados e impacto.

Por otra parte, la situación de emergencia humanitaria de la población desplazada ha sido abordada por las agencias de las Naciones Unidas, por ONG y por otras organizaciones, volcando planes de acción de asistencia directa alimentaria y no alimentaria, apoyo psicosocial y de medios de vida, buscando soluciones duraderas.

Nuestra contribución

Econometría ha aportado en múltiples espacios de interacción con la población víctima del desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes. Para el Gobierno, se han realizado caracterizaciones de la población víctima del desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes a través de encuestas de hogares mediante muestras representativas en todo el país, así mismo, se ha contribuido al diseño y evaluación de la política pública. Por otra parte, para las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones, se ha contribuido con caracterizaciones de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad desde 2003 para el Programa Mundial de Alimentos, y evaluado las intervenciones dirigidas a esta población para el PMA, PNUD, OIM, ACNUR, FUPAD y el BID.

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Desarrollo rural

Desarrollo rural

Uno de los mayores retos de Colombia está en el desarrollo de sus zonas rurales; las cuales tienen bajas condiciones de vida y altas brechas respecto a las zonas urbanas. La persistencia de esta situación hace aún más grande el reto, pero a la vez es donde el país tiene uno de los mayores potenciales para aumentar los ingresos, mejorar las condiciones de vida y hacerlo de una manera sostenible para el medio ambiente. Las oportunidades están disponibles, pero se requiere un trabajo estructurado y sistemático para aprovecharlas.

Nuestra contribución

Llevamos 15 años trabajando en este entorno y hemos realizado más de 40 proyectos, los cuales cubren un amplio espectro: análisis macro, entendimiento de las dinámicas regionales, conceptualización de los retos del desarrollo rural y regional, política para el marco operativo del sector, provisión de bienes públicos de carácter transversal y evaluación de programas de apoyo a productores agropecuarios. La experiencia acumulada nos ha permitido profundizar en el tema, al punto de que hoy podamos ofrecer insumos para una estrategia de atención integral a las zonas rurales.

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Sistemas de seguimiento

Sistemas de seguimiento y monitoreo

Las entidades responsables de coordinar o ejecutar planes, programas o proyectos, por lo general requieren instrumentos que faciliten el monitoreo del estado de variables de interés o el seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos, en este ámbito, Econometría S.A. ha desarrollado herramientas de seguimiento y monitoreo que van desde el diseño conceptual hasta la implementación de sistemas informáticos que facilitan la recolección, procesamiento, visualización y análisis de información para la toma de decisiones.

Nuestra contribución

A partir del año 2014 hemos trabajado en el desarrollo de proyectos que han permitido fortalecer la toma de decisiones en distintas organizaciones al contar con modelos de seguimiento y monitoreo que se integran a sus procesos y forma de operar y con herramientas informáticas que proveen información oportuna, confiable y de fácil entendimiento. Estos son algunos de nuestros proyectos.

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Hacia la transformación e inclusión productiva en…

Escrita por: Diego Sandoval - Director de Proyectos

En el libro Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural, que publicó Econometría el pasado mes de julio, se plantean varias reformas estructurales que deben hacerse en el país, las cuales deben ser realizadas a muy corto plazo para aprovechas las sinergias e integralidad, que su puesta en marcha en forma conjunta ofrecen como una ruta superar el muy lento crecimiento y equidad social que ha tenido el país en los últimos años, situación agravada en forma importante por la pandemia.

Una nota distintiva de las propuestas del libro lo representa el énfasis en la urgencia de una transformación productiva de la economía colombiana, que se integra con las otras propuestas planteadas en temas de reformas laborales, de finanzas públicas, impuestos y eficiencia del Estado.

Como diagnóstico muy general, en el que varios análisis recientes coinciden, se plantea que Colombia tiene serias barreras para tener una economía competitiva y diversificada. Dos indicadores sirven para dar claridad sobre esta situación. El primero es la muy baja diversificación exportadora y apertura comercial del país y en segundo lugar, el nulo crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF).

En efecto, la participación en el PIB de las exportaciones e importaciones se ha mantenido muy similar, alrededor de 30% desde 1990 hasta 2019, con una alta preponderancia de las exportaciones de petróleo y carbón, acompañada de una reducción de la participación de las exportaciones agrícolas e industriales y un ligero aumento de las importaciones. Esta es una participación baja frente a otros países latinoamericanos y muy lejos de la observada en Asia Oriental.

En cuanto a la contribución de la PTF al crecimiento, un reciente estudio de Fedesarrollo estima en -0,1 la contribución de la productividad total al crecimiento anual del PIB desde 1990 a la fecha. También señala que la productividad laboral ha sido limitada, creciendo en promedio a 0,9% anual en el mismo periodo.

Las causas de esta situación son estructurales y de muy diversa índole, y se resumen en el alto costo país en relación con otros países de la región, que se refleja en altos costos de transporte y energía, tramitación excesiva, inseguridad, distorsión en las tasas tributarias, barreras parafiscales, una legislación que induce a la informalidad y una muy baja innovación, como lo ha señalado la Misión de Internacionalización y varios índices de competitividad global. Probablemente esto tenga que ver con la concentración del país en materias primas básicas.

En el ámbito rural, la falta de una agricultura competitiva se debe en gran medida a la falta de bienes públicos, la alta concentración de la propiedad, baja productividad y falta de titulación para la producción campesina. Además existe una ausencia del Estado en muchas regiones del territorio nacional, lo cual ha generado un clima propicio para el conflicto armado, la permanencia de clanes regionales y de actividades ilegales.

Lograr transformar la estructura productiva colombiana en una economía diversificada y competitiva, no solo requiere hacer las reformas que se eliminen las barreras antes mencionadas, sino que debe estar acompañada y probablemente como condición necesaria, de un aumento generalizado de la inclusión productiva y de movilidad social de la mayoría de su población. Este fue el camino que siguieron países como Corea y Malasia, y más recientemente Vietnam.

Con este objetivo, se plantea un conjunto de propuestas para lograr la transformación productiva, basadas fundamentalmente en la inclusión productiva competitiva y formal de núcleos crecientes y sostenidos de personas y empresas, tanto en las áreas urbanas como rurales. La productividad debe estar basada en la innovación y para que esta logre una escala importante y que genere crecimiento y movilidad social, se requiere la formulación de políticas de inclusión productiva diferenciadas, dependiendo del nivel de inclusión y de complejidad en que se encuentren y de su localizan ya sea en grandes conglomerados urbanos, ciudades intermedias, población rural nucleada o áreas remotas.

Para las grandes áreas urbanas del país las propuestas se refieren a cuatro líneas de acción: lograr una complejidad y diversificación inteligente en la producción de bienes y servicios; formación para el trabajo y políticas activas laborales; movilidad urbana para el trabajo, y cooperación entre municipios en áreas metropolitanas y de economías regionales.

Para el sector agropecuario se plantea una propuesta de transformación sectorial, que se centra en lograr aumentos grandes y escalables de la productividad, aprovechando las ventajas comparativas del país e integración con el mercado internacional. Todo esto impulsando varias experiencias piloto exitosas ya desarrolladas en el país. La transformación rural requiere una estrategia integral basada en una apuesta gana-gana, donde las mejoras en productividad tienen efectos multiplicadores en la cadena alimentaria y por tanto en el conjunto de la economía.

Finalmente, se desarrolla una propuesta para propiciar la inclusión productiva de los grupos poblacionales, tanto urbanos como rurales, en extrema pobreza. Se propone crear una ruta hacia su inclusión productiva y social a través de una estrategia denominada ‘Soluciones duraderas’. En próximos artículos de Econometría se presentarán en detalle estas propuestas para la transformación productiva de la economía colombiana.

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Necesidad y posibilidad de reformas

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

El libro que Econometría lanzó hace unas semanas, “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural”, se basa en dos planteamientos complementarios. Por un lado, plantea que para salir de la crisis económica y social generada por la pandemia, es necesario hacer grandes reformas. Y, por otro, plantea que la crisis abre la posibilidad de estas reformas.

Sobre el primer planteamiento, es evidente que la pandemia vino acompañada de una fuerte crisis económica y social. El 2020 fue el año con la mayor caída de la economía en la historia moderna de Colombia. El PIB se contrajo en 6,8%. Los efectos económicos y sociales han sido devastadores. En el peor momento de la pandemia, cuando la economía debió cerrarse casi que completamente para frenar la expansión del virus, el desempleo se duplicó, pasando de 10% a 20%, cifra que de lejos fue la más alta al compararla con los demás países de la Ocde. La pobreza también creció, haciendo retroceder casi una década los avances de las políticas públicas encaminadas a eliminarla. Aunque no hay una medición clara de los efectos en el sector privado, un número importante de empresas desapareció. Y el Estado, garante de última instancia en medio de una economía paralizada, a pesar de que ha hecho grandes esfuerzos para frenar los devastadores efectos económicos y sociales, estos no han sido suficiente para contrarrestarlos completamente. Esto se ha traducido en un descontento social que se ha visto reflejado en las protestas y el paro a principios de este año. Las encuestas que se realizaron en ese momento mostraron que la mayor preocupación de los jóvenes es la falta de empleo.

Ahora bien, también es claro que muchos de los efectos económicos y sociales generados por la pandemia son la profundización de problemas estructurales que ya sufría el país. El desempleo se duplicó, pero ya venía con una senda creciente. La recuperación del empleo después de la crisis económica de 1999 se había demorado un poco más de una década para que la tasa de desempleo llegara a un dígito. Más de 10 años. Y esta se mantuvo unos pocos años en un dígito. En 2019, antes de la pandemia, la tasa de desempleo había retornado a dos dígitos, alcanzado la cifra anual de 10,5%. Por su parte, la ineficiencia del Estado en responder a las necesidades de los ciudadanos estaba reflejada en la desconfianza que los ciudadanos le tienen.

Por estas razones, Econometría plantea en su libro que la visión de retornar a la normalidad simplemente levantando las restricciones de las cuarentenas es errónea. Es necesario pensar en grandes reformas para que la economía colombiana y la sociedad salgan fortalecidas de esta crisis. Son necesarias grandes reformas para resolver los problemas estructurales que la pandemia profundizó. Y va un paso más allá. Plantea que aunque la crisis tiene efectos devastadores, también puede verse como una oportunidad para hacer estas reformas. Se basa en la teoría del comportamiento y en el planteamiento del premio Nobel de Economía Daniel Kahneman cuyo trabajo demostró que los cambios son más factibles en crisis que en tiempos normales. La razón es que, en general, los efectos de cualquier reforma son inciertos. Aunque el objetivo es que sean positivos, también pueden traer efectos negativos. Y si la economía está creciendo y es estable -dos características importantes de la economía colombiana- esta incertidumbre dificulta la disposición para hacer grandes reformas. Sin embargo, en una crisis, es necesario hacer cambios para salir de ella. La disposición para hacer cambios se amplía.

Y una crisis económica tan fuerte y tan generalizada como la que está viviendo el mundo entero por la pandemia, abre más estas posibilidades. No se trata de una crisis sectorial, como en general se originan las crisis económicas, cuyos efectos se transfieren a otros sectores y el papel del Estado es buscar frenar esta transmisión. En este caso es una crisis generalizada, que ha afectado a empresarios y trabajadores, a empresa grandes y pequeñas, a trabajadores formales e informales, a todos los sectores económicos, y ha generado una presión enorme en el Estado, que también sufre problemas estructurales.

Para salir de esta crisis es necesario hacer grandes reformas, y que la crisis puede también identificarse como una oportunidad para hacerlas son los que llevan a Econometría a presentar una propuesta de reformas con una visión integral, aunque no pretende ser exhaustiva.

Propone que como las empresas, los trabajadores y el Estado, es decir, todos los actores de la sociedad, han sido afectados por la crisis, es necesario pensar reformas para todos estos actores. Acompañar y apoyar a las empresas a hacer sus transformaciones para crecer en la nueva realidad, reformar el mercado laboral para que con el trabajo se contribuya a estas transformaciones y a su vez los trabajadores se vean beneficiados, y reformar al Estado para responder de manera eficiente a las nuevas necesidades.

Sugiere que como visión general para las políticas públicas y las transformaciones es necesario utilizar como premisa la inclusión productiva. Aunque los subsidios para atacar la pobreza son importantes, la recuperación sostenible se logra con la inclusión productiva; con empleo formal.

Como se está dando la trasformación en muchas empresas, es necesario adaptar a los trabajadores para que contribuyan a esta en medio de la revolución tecnológica y la robotización que el mundo está viviendo, y esto se logra enfocando gran parte de los esfuerzos en la formación para el trabajo. Y como estos esfuerzos vienen en gran parte del Estado, este debe también adaptarse a esta nueva realidad. Las reformas tributaria y pensional pueden ayudar a equilibrar las finanzas públicas, pero el gran objetivo debe ser ganarse la confianza de la ciudadanía. Y esto a su vez se logra con grandes reformas.

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Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo…

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

Buscando contribuir a la discusión sobre cómo enfrentar la crisis económica y social generada por la pandemia, Econometría Consultores lanzó la semana pasada el libro ‘Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural’. Se basa en la premisa que afirma que “toda crisis genera reformas” para plantear una serie de reformas con una visión integral. Propone reformas en tras grandes áreas: el aparato productivo, el mercado laboral, y el Estado. Para salir de la crisis el enfoque más importante que plantea Econometría es la inclusión productiva, inclusión que genera empleo productivo y hace crecer a las empresas, enfrentando uno de los golpes sociales más duros que trajo la pandemia, el desempleo. Sin olvidar la inclusión social para enfrentar la pobreza, tema que también discute el libro. Ahora bien, para la generación de empleo y la transformación del aparato productivo, el papel del Estado es esencial. Un Estado eficiente, que no llegue a desbalances insostenibles en sus finanzas, cuidando la estabilidad macroeconómica, y que también responda efectivamente a los retos productivos y sociales que enfrenta el país.

La primera parte del libro se concentra entonces en el aparato productivo. Se inicia con un corto diagnóstico sobre las serias barreras que tiene Colombia para tener una economía competitiva y diversificada. A continuación, y como una estrategia para lograr superar esta situación, se plantea un conjunto de propuestas para lograr la transformación productiva, basadas fundamentalmente en la inclusión moderna y formal de núcleos crecientes y sostenidos de población y empresas, tanto en áreas urbanas como rurales. Un eje importante de discusión es que la mayor productividad debe estar basada en la innovación, y para que esta logre una escala relevante y que genere movilidad social, se requiere la inclusión a dicha transformación no solo de los empresarios, sino de sectores poblacionales de acuerdo con su nivel socioeconómico. Para la población que convive con barreras muy fuertes del entorno que limitan su inclusión, dada su condición de marginalidad estructural, condición de desplazamiento por el conflicto interno o de receptor importante de migrantes venezolanos el libro propone crear una ruta hacia su progresiva inclusión productiva y social a través de una estrategia denominada ‘Soluciones duraderas’.

La segunda parte del libro se concentra en uno de los mercados más duramente afectados por la pandemia: el mercado laboral. Propone un cambio de enfoque en las políticas de mercado laboral y en especial de la reforma laboral para recuperar el empleo perdido. Considera que el reto más importante de ese mercado es elevar la productividad laboral. Para lograrlo, gran parte de la política pública debe centrarse en la formación para el trabajo, buscando preparar el capital humano que necesitan las empresas, y con una visión prospectiva en la medida en que la nueva normalidad después de la pandemia generará nuevos empleos y nuevas formas de producción. Para esto es preciso una reorganización institucional en la cual las autoridades locales -gobernaciones y alcaldías- jueguen un papel protagónico.

La razón se encuentra en que cada ciudad y cada región tienen un entramado empresarial diferente y la formación para el trabajo debe responder a estas necesidades locales. La discusión de los costos laborales es importante, pero más por sus efectos en la transición entre informalidad y formalidad que para generar nuevos empleos. Y esta discusión debe tener en cuenta dos elementos: el nivel de los sobre costos salariales y los nuevos tipos de empleo y sus nuevas formas de contratación.

La tercera parte del libro se ocupa de la gestión estatal, particularmente en lo relacionado con las finanzas públicas. Se analiza esto bajo cuatro ópticas: el de la economía política, el de la estructura tributaria, el de la gestión financiera pública, y el de las finanzas territoriales. Cualquier reforma que se proponga, especialmente en el terreno de las finanzas públicas, corre el riesgo de no poder realizarse si no se tienen en cuenta las restricciones determinadas por la economía política.

En lugar de renunciar a las reformas, lo que se necesita es enfrentar las imperfecciones del sistema político que impiden que las decisiones de los poderes públicos se aproximen más al interés general de la sociedad: se necesitan entonces reformas políticas. El libro también analiza y propone reformas al sistema tributario, y ahonda en temas relacionados con la gestión propiamente financiera de los recursos públicos, los cuales no han recibido la atención que merecen en la discusión pública. Analiza las deficiencias de los sistemas de presupuestación, de los mecanismos de evaluación oportuna del gasto público, de los sistemas de rendición de cuentas a la ciudadanía y de la manera como operan los organismos de control.

Todo eso incide de una manera negativa en la eficacia y eficiencia del gasto público. También se presenta la agenda de reformas que el país debe adelantar en este frente. Finalmente, las entidades territoriales son protagonistas importantes de la acción del Estado colombiano con responsabilidades cruciales en la provisión de educación y salud, así como de bienes públicos de naturaleza local, y por eso el libro analiza las finanzas territoriales y propone reformas para su fortalecimiento.

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¿Va a contratar a alguien? ¿Qué tal contratar un joven sin…

Escrita por: Maria Gloria Cano - Directora de Proyectos

“Los jóvenes son personas con mayor flexibilidad, que quieren trascender y estar en proyectos que permitan apoyar a sus comunidades… las empresas no entienden eso y deben aprender a conocerlo para poder aprovechar y captar el gran potencial de flexibilidad y de intereses con los que llegan los jóvenes al mundo laboral”

(Entrevista, Caja de Compensación Familiar, 2019).

¿Qué sucede cuando un joven sin experiencia sale a buscar trabajo? La posibilidad de encontrarlo es mínima. La barrera de acceso a un trabajo formal se vuelve insalvable si se exige experiencia para trabajar, ¿cómo tener dicha experiencia si no se tiene la oportunidad de trabajar? El empleador por su parte diría “¿cómo dar trabajo a una persona que no tiene la experiencia para desempeñar la labor que necesito que realice? Es muy costoso entrenar a esa persona desde cero y quien sabe cuál será su productividad”. En estas condiciones resulta muy frustrante la búsqueda de trabajo, más aún tras una inversión previa en educación.

Nueve de cada diez vacantes registradas en el Servicio Público de Empleo exigen experiencia laboral previa y cinco de cada diez exigían que está fuera por lo menos de un año. Numerosos estudios y encuestas coinciden en que para casi la mitad de los jóvenes la principal barrera para encontrar trabajo es la falta de experiencia previa.

El sector público ha avanzado con acciones concretas. Por ejemplo, el Decreto 2365 de 2019 anuncia que jóvenes entre 18 y 28 años que no acrediten experiencia laboral, podrán vincularse a las entidades del Estado, igualmente, 10 % de los nuevos empleos de las entidades públicas no deberán exigir experiencia profesional. Pero, el principal empleador del país, que es el sector privado, responde a incentivos diferentes. El tema está en lograr demostrar que este joven, sin experiencia, genera una productividad adecuada frente al salario que se le reconozca, de tal forma que para el empleador sea “rentable” contratarlo.

Recientemente el Gobierno anunció la creación de un programa de empleo juvenil con subsidios de 25% del salario de los jóvenes, el cual puede aprender de la experiencia del Programa 40.000 primeros empleos, evaluado por Econometría para el Departamento Nacional de Planeación en 2019. Este programa, del Ministerio del Trabajo, operó entre 2015 y 2019, otorgando subsidios a las empresas que contratasen jóvenes (18-28 años) sin experiencia o con menos de seis meses de experiencia. El subsidio era equivalente, como mínimo, a 50% de los costos laborales derivados de la contratación de los jóvenes hasta por un año. Alcanzó a cubrir 54.000 jóvenes con una inversión de $413.000 millones, $7,6 millones por joven. El programa buscó aumentar la empleabilidad, el nivel de ingresos, la continuidad en la formación y la calidad de la vida de los jóvenes, mejorar el proceso de determinación de las vacantes y la percepción que las empresas tienen sobre la productividad de los jóvenes.

Dentro de los resultados, el programa fue efectivo, pero su escalabilidad tiene retos en sus costos. Sí logró romper la barrera del primer empleo para los jóvenes participantes, donde los jóvenes que fueron beneficiarios presentan una empleabilidad superior a los jóvenes no beneficiarios, mejoraron su autoestima y proyecto de vida. De los jóvenes beneficiarios, 68 % estaba trabajando tras terminado el programa, 44 % de los que eran bachilleres y 16 % de los que eran técnicos y tecnólogos al inicio del programa tienen hoy un diploma de estudios más avanzado y en la actualidad 35% de los jóvenes estaba estudiando.

¿Se logró romper el “muro” impuesto por los empleadores en la contratación de jóvenes sin experiencia? La respuesta es sí. Las empresas participantes calificaron como “muy positivo” el desempeño de los jóvenes vinculados y la gran mayoría seguirán contratando jóvenes sin experiencia.

Obviamente es importante el impacto sobre los 54.000 jóvenes que fueron beneficiados por el programa, pero, en términos de sostenibilidad, el principal resultado fue el cambio en los imaginarios de los empleadores y el hecho que estos ahora consideren que “si paga” contratar un joven sin experiencia.

Las empresas participantes valoran de los jóvenes el interés, la disposición para aprender y dejarse guiar, en donde sin duda los jóvenes participantes hicieron bien su tarea. El haber aceptado a estos trabajadores sin experiencia les permitió “amoldarlos” más fácilmente a los procesos, principios y valores de la empresa. En voz de un empresario, “estos jóvenes jalonan procesos de actualización y modernización para no quedarse en la era del uga-uga” (de las cavernas) y adicionalmente que vienen “con mente abierta”. Estos resultados están en línea con lo enunciado por Sennet en donde en el contexto del capitalismo flexible, el mundo laboral se caracteriza por relaciones de corto plazo y transformaciones constantes en la tecnología. En este mundo, los jóvenes son los que oxigenan las empresas.

“Ojos frescos vienen con cosas que ya con el tiempo aquí no se ven. Es una buena oportunidad”

(Entrevista, Empresa participante, 2019).

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Medidas con visión de mediano y largo plazo

Escrita por: Juan Manuel García - Director de Proyectos

El más reciente boletín de Alianza Latinoamericana de Consultorías Económicas (Laeco) muestra como la economía colombiana, a pesar de las altas tasas de contagio y mortalidad que vienen observándose en el país por el covid-19 y de los costos directos e indirectos que han tenido las manifestaciones sociales, ofrece condiciones que permiten tener una expectativa positiva frente a la recuperación económica del país.

Es importante que las medidas que se tomen aprovechen las oportunidades que el entorno ofrece para la recuperación, pero sin olvidar ponderar los efectos que ellas podrían tener en el mediano plazo sobre los hogares y sobre el medio ambiente. Por esta razón se destaca la medida tomada el pasado mes de abril por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 40111, en la que estableció que la mezcla de biodiésel con combustible fósil se incrementará de 10% a 12% en la mayor parte del territorio nacional.

Los biocombustibles son reconocidos en el mundo por ofrecer diferentes tipos de beneficios a mediano plazo dentro de los que se destaca la diversificación en el suministro de los combustibles, el fomento a la conservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo rural. Recientes análisis realizados por Econometría permiten concluir que el incremento de dos puntos en ese porcentaje incentivará el desarrollo de cerca de 50.000 hectáreas de palma de aceite, lo cual le significará al país la generación de 6.500 empleos directos y 16.300 indirectos, empleos formales que representarán salarios por más de $270.000 millones anuales.

A su vez, los mayores cultivos de palma impulsarán el desarrollo a través del encadenamiento con otros sectores. Mediante este mecanismo el incremento en la demanda de biodiésel representará al país un crecimiento cercano a 0,06 puntos del PIB, lo cual corresponderá con un valor agregado adicional cercano a los $750 mil millones anuales. Esto bajo el supuesto de que la mayor producción de esos biocombustibles se dará en el país, lo cual es razonable con las actuales condiciones de competitividad de la producción nacional.

Desde el punto de vista ambiental y de salud los impactos tampoco serán menores. Varios estudios han demostrado que la mezcla de biodiésel en los combustibles reduce la presencia de material particulado en el ambiente, material que a su vez es causante de enfermedades respiratorias y muertes anticipadas. Las estimaciones realizadas por Econometría llevan a concluir que con el incremento de dos puntos en la mezcla se reducirán los costos de atención en salud en $751.000 millones anuales y, más importante aún, que se evitarán cerca de 6.000 muertes anualmente.

En lo ambiental un segundo aporte de los biocombustibles se derivará del incremento en el área sembrada, esto porque una hectárea de palma capta 8,8 toneladas de CO2. El incentivo al incremento de los cultivos que la mayor mezcla genera permitirá captar 433 toneladas de CO2, lo que aportará a los compromisos del país frente a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y disminuirá en $17.000 millones anuales los recursos que Colombia debería destinar para el cumplimiento de la meta que al respecto se ha planteado.

Aunque los beneficios de los biocombustibles son evidentes, se debe considerar que su uso genera algunos riesgos dentro de los que destaca el posible efecto sobre la disponibilidad de alimentos, ya sea por cambios en el uso de la tierra o por la utilización de algunos productos alimenticios para la producción de biocombustibles o la potencial destrucción de bosques para la producción de los insumos agrícolas. Estos riesgos son poco probables en Colombia, puesto que la producción de palma se realiza principalmente recuperando tierras que han sido degradadas por la ganadería o aportando al desarrollo de las cerca de 15 millones de hectáreas disponibles para producción agrícola que hoy no son aprovechadas por el país, el aceite de palma se elabora con excedentes de producción de la palma y además los productores, gremios y el Gobierno Nacional han establecido un acuerdo de cero deforestación con mecanismos de trazabilidad, transparencia y monitoreo.

Internacionalmente, estos riesgos son controlados mediante normas técnicas de habilitación y certificaciones ambientales. En el caso de Colombia se cuenta también con la Comisión Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles (Decreto 2338 de 2008), en la cual participan los ministerios de Agricultura, de Ambiente, de Minas y Energía, de transporte y de comercio, así como, el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Pública-Privada. Esta Comisión analizó la viabilidad de la nueva mezcla lo cual ofrece tranquilidad sobre la no materialización de esos riesgos.

Un último aspecto para mencionar tiene que ver con el posible incremento en el precio final del Acpm. El biocombustible tiene un precio mayor que el diésel fósil, por lo que el incremento de dos puntos porcentuales en la mezcla puede tener un impacto de 2,7% en el precio final de este combustible. Frente a los beneficios que la medida ofrece este es un impacto menor, baste mencionar que ese incremento de precio corresponde a poco menos de la mitad de los costos en atención en salud que se evitarán gracias a la menor presencia de las enfermedades respiratorias.

Para concluir se debe mencionar que buena parte de los beneficios mencionados dependen de que la mayor producción de los biocombustibles se desarrolle en el país y que para ello, como ya se dijo, es importante que las condiciones de competitividad de la producción nacional se mantengan o, incluso, se mejoren. Así, medidas internacionalmente utilizadas, como la no aplicación del IVA al consumo de biocombustibles se deben mantener, y otras, como la creación de incentivos a la investigación y la inversión, se deben fortalecer.

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