Espacio público y planes de desarrollo

Espacio público y planes de desarrollo

Escrita por: Leonel Miranda Ruiz, consultor externo.

En estos primeros días de gobiernos locales, han tenido visibilidad de noticias como las medidas contra la explotación sexual en el centro de Cartagena; operativos en Chía contra Andrés Carne de Res por ocupar el espacio público con mesas y sillas; anuncios de Medellín para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en parques; limpieza de andenes, fachadas y monumentos del alcalde de Bogotá y su equipo en el centro de Bogotá.

¿Qué tienen en común estas acciones? Que se desarrollan en los espacios públicos de las ciudades y que son percibidos positivamente por los medios y la ciudadanía. Si bien, estos ejercicios pueden efectistas y algunos posiblemente no tengan sostenibilidad, son señales de la diversidad de situaciones que pueden ser gestionadas mediante la apropiación del espacio público como territorio de gobierno.
La seguridad, la congestión, la contaminación, la discriminación, la salubridad, el turismo, la conectividad, la informalidad, el cambio climático, la memoria colectiva, son entre otros, retos a los que se enfrentan ciudades y que se manifiestan en el espacio público y uno de los aspectos que los próximos planes de desarrollo pueden incorporar en su formulación y plan de inversiones.

El espacio público está definido por la Ley 9 de 1989 y la Constitución Política Nacional les confiere una condición jurídica prevalente frente a otros tipos de lugares. Además de diferentes leyes que lo regulan en aspectos como convivencia, movilidad, ambiente y urbanismo, existe una política nacional -que merece ser revisada y actualizada en su integridad- adoptada por el Conpes 3718 de 2012. Esta política establece como principal problema del espacio público, el déficit cuantitativo, que se determina teniendo como referencia un estándar de 15 m2 por habitante, de los cuales, solo disponíamos para 2012, 4 m2; rezago que al día de hoy se mantiene prácticamente igual a pesar de notables proyectos, planes e inversiones.

Las entidades territoriales llevan décadas enfrentando el reto de cumplir un estándar imposible de cumplir, mientras que las carencias de espacio público accesible, seguro y sostenible persisten en toda la geografía nacional. Un estudio realizado por Econometría Consultores para el Departamento Nacional de Planeación en 2021 para caracterizar las áreas centrales urbanas de cerca de 700, reveló que el aspecto con menor calidad de los centros urbanos era su espacio público comparado con otros aspectos como calidad ambiental, servicios públicos, seguridad, estado de las edificaciones, seguridad e infraestructura vial. El mismo estudio consultó a las oficinas de planeación local sobre la intensidad del uso de los espacios públicos por sus habitantes y la mayoría de los municipios consultados reportan que tienen una altísima intensidad de uso de sus espacios públicos centrales.

De lo anterior, se puede concluir que hay alta demanda social y oferta de baja calidad en la mayoría de los municipios del país.

Esta conclusión conlleva un reto y una oportunidad: se necesita espacio público, pero no necesariamente su producción debe obedecer a una contabilidad de metros cuadrados construidos.
El espacio público es un bien colectivo, no una obra de infraestructura. Esto significa que su concepción, estructuración y ejecución, demanda vincularse a estrategias asociadas a problemas transversales como la resiliencia, seguridad, sostenibilidad, productividad, inclusión o accesibilidad; aspectos que no definen los diseñadores o constructores de infraestructura exclusivamente, sino en forma integrada con los sectores de ambiente, convivencia, desarrollo económico, cultura o bienestar social de cada municipio.

Desde la elección popular de alcaldes se han dado variedad de enfoques, que abordan la gestión del espacio público desde diferentes aproximaciones y que ofrecen un repertorio de lecciones y aprendizajes:

La competitividad urbana, definida desde los planes estratégicos en la década de los noventa, impulsadas por Cámaras de Comercio y gremios de comerciantes (Planes de choque en Plazas de San Victorino, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla; O los ejercicios de transformación cultural desarrollados por estrategias lúdicas, pedagógicas de Cultura Ciudadana; O la recuperación y transformación de contextos orientadas por la teoría de las ventanas rotas (Wilson y George Kelling) cuya hipótesis es que el entorno controlado y ordenado previene la delincuencia; O proyectos de revitalización mediante peatonalizaciones con amenidades comerciales y paisajísticas (Pasto, Cali y Armenia).

O procesos de mejoramiento integral y articulación de la ciudad formal e informal mediante proyectos urbanos integrales (urbanismo social en Medellín u obras con saldo pedagógico en Bogotá)
La reciente emergencia sanitaria causada por el covid, los efectos contundentes del cambio climático en islas de calor, inundaciones e incendios, además de las protestas sociales en espacios públicos y parques; dan pistas sobre los retos para las nuevas agendas urbanas. Una visión inteligente del territorio sugiere que el espacio público ofrece oportunidades de innovación si las decisiones de planeación de cada territorio, deciden incorporar conceptos como el urbanismo del cuidado, el urbanismo de proximidad, el restablecimiento del ciclo del agua, el aprovechamiento económico de los espacios públicos y la gestión compartida con comerciantes y comunidades.

Poner el espacio público en los planes de desarrollo con seguridad es la mejor inversión que los gobiernos locales pueden hacer por las personas, la economía y el ambiente de sus territorios.

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Alianzas para el desarrollo y la seguridad alimentaria

Alianzas para el desarrollo y la seguridad alimentaria

Escrita por: Ana María Hernández y Cristhian Contreras, analistas.

La seguridad alimentaria es un tema que ha tomado mucha relevancia en los últimos años, sobre todo con la llegada de la pandemia, que magnificó el número de personas en estado de vulnerabilidad con algún tipo de carencia alimenticia, específicamente en países en vía de desarrollo, como Colombia. Expertos de la FAO, aseguran que 828 millones de personas en el mundo padecen de hambre (definida como el consumo insuficiente de energía alimentaria) y para el caso del país, y, según un informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para noviembre de 2022, cerca de 30% de la población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, que se define como la carencia de acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos.

Aunque es irónico que un país como Colombia, con casi 24 millones de hectáreas para cultivar (Según Minagricultura), con una variedad de climas que permite una gran diversidad de producción agrícola, se encuentre entre los 10 países con mayor porcentaje de hambre de América Latina y el Caribe entre 2018 y 2021 según la FAO. Lo anterior, permite entrever que, en la actualidad, una de las mayores causas de la inseguridad alimentaria en Colombia no radica tanto en la escasez de tierras sino en la distribución de su uso. Varios expertos han argumentado que la tierra en Colombia no tiene un fin productivo, sino especulativo, como es el caso de Alejandro Reyes y Darío Fajardo, que manifestaron su preocupación sobre este tema ante la comisión de la verdad.

Diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales han diseñado programas que permiten el acceso físico y económico a alimentos, en las regiones más apartadas del país a través de la entrega de insumos para la producción de alimentos de autoconsumo. Pero ¿qué les ha faltado a estos programas para ser efectivos? Es cierto que en el corto plazo sus intervenciones logran calmar y suplir las necesidades de las personas, pero en el largo plazo no logran cambios significativos cuando no tienen en cuenta las particularidades de cada territorio. Por otro lado, con contadas excepciones, por ejemplo, el Programa Resa con evidencia de buenos resultados, en general, no se realizan, capacitaciones y acompañamientos que permitan un desarrollo integral de las actividades productivas como asociativas. Estos enfoques poco integrados se convierten en grandes pérdidas de recursos al replicar estos programas, además de una pérdida de oportunidad para mejorar las condiciones del país. La consecuencia es que la mayoría de estas regiones (Cauca, Chocó, La Guajira, entre otras) solo tiene en común dos cosas: el hambre y el abandono estatal.

El abandono estatal en estos temas se ha tenido que soportar durante décadas, se hace aún más evidente en las zonas rurales y se agudiza en los municipios ubicados en la periferia del territorio nacional. Según Dejusticia, en la construcción del estado local en Colombia, para 2021 existían 137 municipios que presentaban una incapacidad institucional crítica. Lo anterior, da como resultado un sistema de salud precario, irregularidades en infraestructura, ausencia de instituciones públicas y de educación. Esas desigualdades, según Carpena y Bejarano (2023) han acentuado uno de los mayores detonantes del hambre en el país, el conflicto armado.

El conflicto armado que data de mitad del siglo XX y que ha perdurado, con distintos actores, actualmente subsiste en forma de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, grupos criminales y fuerzas armadas. Este ha perdurado en el tiempo y en la actualidad se evidencia en desplazamiento campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, despojo de tierras, destrucción de cultivos, secuestro, extorsión, reclutamiento forzado, asesinatos. Es un conflicto armado al que somos indiferentes en la ciudad, pero que desangra diariamente al campo.

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, el conflicto armado ha permitido a grupos ilegales el uso de más de 204.000 has de tierra para la siembra de coca, de las cuales 45% se concentra en 10 municipios (especialmente en el suroccidente y en el nororiente del territorio nacional). Esto ha inhabilitado tierras para los cultivos; causando estragos en la agricultura y limitando el comercio, pues algunos de los corredores principales son rutas importantes del narcotráfico. Lo anterior ha implicado un cambio en las prácticas de producción de alimentos, y la sustitución de ellos cultivos ilícitos, que, aunque en el corto plazo pueden generar mejores ingresos, a largo plazo implican un alto costo para el bienestar y la tranquilidad de la población.

Quizá sea hora de dar un nuevo enfoque a las intervenciones en el territorio nacional, de juntar esfuerzos entre los principales actores que tiene el país; el Estado y las empresas privadas. Consolidar alianzas público-privadas, en dónde, por un lado, se escalen los proyectos exitosos, usando los recursos del Estado y a la vez, promoviendo el acceso a bienes públicos para esas poblaciones intervenidas. Con esto, se asegurarían proyectos productivos sostenibles que generen mejoras en las condiciones de vida y un mayor alcance institucional.

Un ejemplo son los proyectos realizados por la Fundación Alpina y evaluados por Econometría Consultores, en donde se evidencia una apuesta productiva que fortalece las capacidades de las familias, y las organizaciones y comunidades rurales desarrollando sistemas agroalimentarios sostenibles. Adicionalmente, se trata de una apuesta de transmisión de conocimientos apoyada con el monitoreo, seguimiento y la documentación, para conocer las características propias del territorio y la población. Esto permite poner en marcha intervenciones focalizadas en las necesidades específicas de la población y su entorno. Por ejemplo, el proyecto “Autonomía económica de mujeres rurales del Cauca se llevó a cabo con 400 mujeres de los municipios de Argelia, Balboa, Mercaderes, Rosas y Sucre y donde por medio de insumos y asistencia técnica se obtuvieron incrementos del ingreso neto y de la productividad de las unidades agropecuarias. También se logró el mejoramiento de la capacidad de toma de decisiones del hogar, y el aumento en el conocimiento de las rutas de atención de Violencia Basada en Género Sumado a lo anterior, se observó crecimiento en la producción y la conformación de circuitos cortos de comercialización conllevando a una mejora en la seguridad y diversificación alimentaria.

El anterior ejemplo es una muestra de que los proyectos enfocados en las características de la población objeto de la intervención, y con un acompañamiento constante, permiten ser sostenibles en el tiempo. No solo proveen insumos productivos, sino que facilitan las herramientas para la creación de espacios en donde la persona beneficiaria puede diversificar sus labores e impactar de manera económica y social a su territorio. Sin embargo, estos proyectos pueden quedarse en buenas intenciones, sin mayor injerencia en el contexto nacional. Ahora bien, con voluntad política (mayores recursos) y la integración con los privados (laboratorio social), esto puede generar posibilidades de desarrollo y enfrentar de verdad el problema de la inseguridad alimentaria.

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Hasta siempre Diego Sandoval Peralta

Hasta siempre Diego Sandoval Peralta

Escrita por: Carolina Murgueitio, directora general.

Los socios de Econometría Consultores y sus colaboradores han perdido a un ser humano extraordinario, Diego Sandoval Peralta, quien fue uno de sus fundadores y su director entre 1984 hasta 2016. Durante ese período se retiró momentáneamente en dos ocasiones, una para realizar sus estudios en economía en Oxford y para prestar sus servicios como asesor cafetero durante el primer gobierno del presidente Santos.

Diego fue un líder excepcional, supo sacar lo mejor de cada uno de sus colaboradores mientras consolidó a Econometría como una de las firmas más prestigiosas de consultoría en el país y la llevó a otros continentes como Asia, África, América y el Caribe.

Su notable inteligencia, así como su memoria prodigiosa, lo convirtieron en un brillante estudiante; se graduó en La Universidad de los Andes como economista e ingeniero industrial y MBA con énfasis en gestión pública, así como candidato M.Phil en Oxford. Fue asesor del Ministro de Hacienda y Secretario técnico de la Misión de Ajuste de la institucionalidad cafetera en 2002-2003 y profesor visitante en la Universidad de Oxford. Varios gobiernos le coquetearon para ser ministro, pero su nacionalidad ecuatoriana se lo impedía.

Diego nació y creció en Ecuador, llegó a Colombia con su familia ya que su papá fue contratado como ingeniero químico en una farmacéutica. Hizo su vida en nuestro país al que contribuyó de manera significativa a través de los proyectos de Econometría pues daba lineamientos técnicos y gerenciales. Además, tuvo a su cargo como director, más de cincuenta proyectos como, por ejemplo, la medición de impacto de la ley de apoyo a industrias cinematográficas, proyectos de prevención de la evasión y elusión de impuestos, la evaluación de impacto de inversiones sociales de grande empresas mineras y proyectos relacionados con la industria maderera y competitividad regional.

Su versatilidad lo llevó a ser un experto en estructuración y evaluación económica y financiera de proyectos, evaluación de políticas públicas, desarrollo territorial y en análisis de competitividad sectorial en agricultura, transporte e industria y en especial en análisis beneficio costo. Además de gozar de una gran rigurosidad era creativo y le buscaba la solución a cuanto desafío se aparecía por su camino y el de sus colaboradores.

Se casó con Emilia Rodríguez, una empresaria que compartió no solo su vida sino su misma calidez y amabilidad. Sus hijos Ana María, casada con José Vélez, y Eduardo, fueron su gran orgullo. En cada almuerzo de trabajo nos compartía sus logros, sus aventuras y sueños. Luego llegaron sus tres nietas Amelia, Ema Vélez y Lila Sandoval, que fueron su adoración.

El vibrante optimismo hizo de Diego un facilitador y conciliador. Para él no había imposibles y logró imprimir en su equipo valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la responsabilidad, y ante todo la de brindar soluciones y propuestas de valor a los clientes.

Fue un gran conversador, vanguardista, sabía de todos los temas, en especial de aquellos de actualidad. No había situación política de la que no estuviera enterado o capital de algún país que no se supiera. Un gran lector y cineasta, actividad que apoyó a través de sus sobrinos Nicolás y Clare.

Un apasionado por naturaleza lo llevó a ser un gran viajero, un explorador nato de lugares recónditos y exóticos. Son inolvidables las presentaciones que compartió en Econometría de su vuelta a Vietnam en bicicleta con Eduardo, su travesía por la Cordillera Blanca en el Perú, la Cueva del Indio en Santander, el camino a Ciudad Perdida, su recorrido por los paisajes donde se filmó “El Señor de los Anillos” en Nueva Zelanda y sus inmersiones de buceo en prácticamente los siete mares.

Diego supo vivir y aprovechar cada momento de su vida. Es el ejemplo y referente del equilibrio que debe tener quien tenga la oportunidad de pasar por este mundo porque aprovechó sus grandes cualidades, fue un gran profesional, se gozó cada lugar que conoció y solo hizo bien a las personas que tuvimos el privilegio de estar cerca de él.

Albert Einstein, en sus notas sobre la felicidad, decía que esta consistía en nunca perder la capacidad de asombro, la búsqueda del conocimiento y la generosidad hacia los demás. Llegué inmediatamente a la conclusión de que Diego fue una persona feliz e hizo igualmente feliz a su familia, a sus socios, sus amigos y colaboradores.

Se nos fue un grande, un ser excepcional y aunque lo vamos a extrañar, lo recordaremos siempre con alegría, con optimismo y su legado permanecerá en Econometría. Te queremos Diego, donde estés deberás estar muy satisfecho de lo que nos dejaste.

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2024: desinflación sin dolor, columna para La República

2024: desinflación sin dolor

Escrita por: Julián Roa, coordinador de proyectos.

2023 no fue un buen año para la economía del país; apenas creció 1%, la inflación cerró en 9,2% y el mercado laboral muestra señales de desaceleración. El año 2024 posiblemente sea un año al que recordemos con mayor satisfacción. De hecho, si las cosas salen bien, será el año en el que Colombia vencerá el brote inflacionario sin mayores costos sociales.

Las desinflaciones suelen ser costosas socialmente. En el caso colombiano, en 1997, previo a la crisis de fin de siglo, la inflación fue cerca de 16,4% y la tasa de desempleo se ubicaba en 7,9%. Para 2002, la economía tenía una inflación de 6,8% y una tasa de desempleo de 15,6%. Si extrapolamos dicha tasa de sacrificio al escenario actual, lograr reducir la inflación de 9,28% hacia un nivel de 5%, requeriría aumentar la tasa de desempleo de 10% a 13,5%. Sin embargo, como se argumentará, dicha extrapolación es errónea.

La curva de Phillips establece una relación negativa entre la tasa de desempleo y la inflación, pero es una relación convexa y no lineal. Hay otras variables que entran en esta relación como las expectativas de inflación, la tasa de cambio y los choques de oferta. La gráfica adjunta muestra la curva de Phillips para la economía colombiana de 2006 a 2023, destacando la naturaleza no lineal de la relación entre desempleo e inflación. Cuando la tasa de desempleo supera la estructural, la relación es negativa pero plana; cuando está por debajo, la relación se vuelve empinada en una economía boyante.

Hoy, la economía colombiana está en la zona empinada de la curva de Phillips, donde pequeños cambios en la tasa de desempleo tienen impactos significativos en la inflación. Según este modelo, un aumento en la tasa de desempleo al rango de 11%-12% podría reducir la inflación básica a 4%.

Es relevante señalar que hay otros factores que pueden reducir la inflación sin necesidad de aumentar el desempleo. La tasa de cambio jugará un papel relevante, ya que se espera una revaluación en 2024. La desinflación en Estados Unidos permitirá a la Reserva Federal reducir las tasas de interés, presionando a la baja la tasa de cambio. Si la tasa de cambio fluctúa alrededor de $3.800 durante 2024, la revaluación promedio podría ayudar a reducir la inflación entre 0,6 y 1,2 puntos porcentuales.

Los factores de oferta también ayudarán de manera importante. La normalización de la economía global ante los choques generados por la pandemia y la Guerra de Ucrania han permitido que los índices de precios al productor (IPP) bajen de manera importante. El IPP es un indicador adelantado del IPC. En Colombia, el IPP ha caído de manera rápida y en sus lecturas anuales ya está en niveles negativos. Si esto se mantiene, las presiones de oferta generadas por la pandemia y la Guerra de Ucrania se habrían desvanecido por completo en 2024. Según nuestras estimaciones, dichos factores representaron cerca de tres puntos porcentuales de la inflación básica, y si se desvanecen, la inflación debería bajar 3,5 puntos.

La inflación enfrenta dos riesgos importantes: el fenómeno de El Niño y el incremento del diesel. Sobre el fenómeno de El Niño, este puede disminuir la velocidad con la que ha caído la inflación de alimentos, y puede tornarse problemática. Por su parte, el incremento del diesel puede dificultar la convergencia de la inflación. Si se cree en las estimaciones hechas por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, bajo la cual el incremento en la gasolina solo tuvo un impacto de dos puntos porcentuales en la inflación total, es de esperar un efecto mayor ante incrementos del diesel en la inflación.

De esta manera, los números de 2024 serían los siguientes: una tasa de crecimiento entre 1,5% y 2%, una tasa de desempleo entre 10,5% u 11,5%, una inflación del orden de 5%-6% y una tasa de cambio entre $3.700 y $3.900 por dólar. Por su parte, se espera un ajuste del déficit en cuenta corriente importante, que cerrará 2023 en niveles de 2,6% del PIB y para 2024 podría ubicarse en un rango sostenible entre 2,5% y 3,5% del PIB. Así, la economía tendría un ajuste casi indoloro en su inflación y su sector externo. Solo faltaría ajustar el déficit fiscal.

Hace un año, indicábamos que se venía una fuerte tormenta para la economía colombiana. Hoy, sigue lloviendo, pero ya se ven nubes más amigables en el horizonte. Todo está dispuesto para que el Banco de la República baje la tasa de interés con cierta celeridad y de esta manera ayude a reactivar la economía en 2024 y 2025. Además, existen acciones por parte del Gobierno que pueden actuar como sombrilla, puntualmente en el sector de construcción de obras públicas y en el sector de vivienda. Dinamizar la inversión pública en la construcción de carreteras permitirá crear empleos nuevos en el corto plazo y habrá beneficios en el largo plazo para todos los colombianos. El sector vivienda también es un generador importante de empleo e impulsarlo será de gran ayuda. Con estas acciones, se alinean los astros para que Colombia tenga un ajuste en todos sus frentes sin mayores costos sociales.

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2024: el año de la desinflación sin dolor

2023 no fue un buen año. La economía apenas crecerá un 1%, la inflación cerro en 9.2% y el mercado laboral muestra señales de desaceleración. El año 2024 posiblemente sea un año al que recordemos con mayor cariño. De hecho, si las cosas salen bien, será el año en el que Colombia vencerá el brote inflacionario sin mayores costos sociales.

Regulación de la Inteligencia Artificial

Regulación de la Inteligencia Artificial

Escrita por: María Camila Arias Álvarez - coordinadora de proyectos.

El pasado 8 de diciembre se aprobó la Ley de Inteligencia Artificial que regula la venta y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Unión Europea. Esta es una ley que se venía impulsando desde abril de 2021 y que marca un ejemplo para otros países. ¿Y por qué esto es importante? Porque los gobiernos han identificado que es necesario poner limitaciones, de manera que se proteja a la sociedad de consecuencias no previstas, típicamente relacionados con manipulación, violación de la privacidad y discriminación.

Por ejemplo, hay muchas columnas de periódicos en Estados Unidos exponiendo como la aplicación de Coffee Meets Bagel (una app de citas) sólo recomendaba hombres asiáticos cuando el usuario no ponía sus preferencias (era una opción no tener preferencias). El algoritmo no consideró problemas de discriminación algorítmica y los hombres asiáticos eran el “descarte”. El algoritmo también violaba la privacidad y terminaba sugiriendo personas con la misma etnicidad del usuario. Que la app no le recomiende al amor de su vida puede ser triste, pero ahora imagine que estos algoritmos discriminatorios no sólo son usados para hacer citas, sino para otorgar créditos o decidir a quién se le prioriza un trasplante.

Sobre derechos de autor, con las AI generativas (como ChatGPT®) hoy es difícil responder a quién es el autor de un ensayo, o quién compuso la nueva canción viral de TikTok y a quién van sus regalías.

Asimismo, la IA puede hasta manipular el futuro de naciones. En 2018, salió a la luz un escándalo porque una compañía llamada Cambridge Analytica había usado los datos de Facebook de los usuarios estadounidenses para influir en las elecciones presidenciales de 2016 a través de manipulación de las emociones y usando contenido provocador, de acuerdo con los perfiles psicológicos de cada usuario establecidos gracias a la información de Facebook. Esta misma empresa fue responsable de dirigir la campaña en pro del Brexit en Reino Unido. En este sentido, no sólo se manipuló a la gente, y se influenció el ejercicio democrático a partir de información falsa, sino que también se violó la privacidad (a nadie le preguntaron si sus datos podían ser usados, probablemente su perfil de Facebook y el mío fueron usados para entrenar esos modelos).

Esto expone un riesgo sumamente desatendido en esta década de furor y desarrollo y “cuando hay prisa lo mejor es andar despacio”. Para la IA hace rato nos pasamos el semáforo, pero esperemos que el frenazo no sea tan tarde. Como lo menciona Harari en “21 lecciones para el siglo XXI”, discutir las implicaciones éticas de la IA no es una opción si se quiere garantizar la subsistencia de la humanidad.

En este sentido, el objetivo fundamental de la ley es regularizar el uso de la IA a partir de un marco legal que responsabiliza a los proveedores. La ley parte de categorizar a las aplicaciones de IA en cuatro niveles de riesgo: Inaceptable, alto, limitado y mínimo. En inaceptable se encuentran todas aquellas aplicaciones que tienen riesgo de causar daños físicos o psicológicos, manipulación, vigilancia en masa y estimar puntajes sociales. Éstas estarán prohibidas.  

Las aplicaciones de riesgo alto son aquellas que ponen en peligro los derechos fundamentales de las personas. Toda aplicación de riesgo alto debería realizar, previo a su lanzamiento, una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales y una evaluación de la conformidad de la aplicación. Una de las grandes críticas a la ley es que tratándose de salvaguardar los derechos fundamentales, las evaluaciones requeridas no necesitan ser realizadas por un tercero imparcial, sino que la misma compañía desarrolladora puede realizar su propia evaluación. Las aplicaciones de riesgo limitado o riesgo mínimo no tienen requisitos por cumplir. La ley también establece las penalidades para aquellas compañías que incumplan la regulación y la regulación de IA de Propósito General.

Ahora bien, aunque la Unión Europea es la primera en dar este importante paso, no es la única interesada en este tipo de iniciativas. En Estados Unidos la iniciativa no viene impulsada desde el gobierno, sino desde el sector privado. Corporaciones como Microsoft, Google e IBM debaten sobre qué tipo de agencia debería regular. Lo cierto es que de acuerdo con Bill Whyman, del Centro para Estrategia y Estudios Internacionales, a este proceso aún le quedan un par de años. La solución posiblemente sea menos armonizada que la europea, y termine siendo un retazo de legislaciones descentralizado impulsado por las compañías, lo que terminará produciendo inconsistencias.

Por su parte, China ha estado desarrollando legislación desde 2021. De acuerdo con la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, hay ya tres leyes claves, todas estas enfocadas en filtrar la información para los residentes chinos. A diferencia de la reciente ley europea, China ha ido lanzando leyes separadas para ocuparse de cada peldaño. Otros países como Japón, Singapur o Reino Unido han optado por regulaciones “suaves”, en donde se sugieren unos “principios básicos”, pero no se establecen penalizaciones. Todo esto deja ver que el mundo ha reconocido la relevancia de regular la IA (en lugar de dejar que la mano invisible haga lo suyo), pero que la mejor manera de hacerlo no está definida. Lo anterior constituye un reto para las firmas, ya que deben aprender a adaptar sus desarrollos al contexto legal de cada país, y esto podría implicar un despliegue significativo de recursos.

En Colombia, aún se debate sobre el tipo de marco regulatorio que se requiere. El documento CONPES 3975 de 2022 establece en sus recomendaciones que se requiere un marco ético para el desarrollo de la IA, pero hasta el momento las discusiones que se han adelantado han sido aisladas en la academia. Mientras se fortalece el desarrollo de aplicaciones de IA en el país, hay tiempo para aprender de los experimentos regulatorios que se vienen adelantando en el mundo. Econometría Consultores ha desarrollado ya diferentes estudios implementando herramientas de IA tales como procesamiento de lenguaje natural (NPL), análisis automatizado de texto (AAT) y modelos de clasificación de aprendizaje de máquinas, todos aplicados en la evaluación de políticas públicas y programas sociales.

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News about Minimum wage and health reform

The results of the regional elections are expected to be reflected in the government’s decision on the minimum wage, which, if it ends up being closer to the employers’ demands, would be interpreted as a deradicalization of the government. However, the government is not as weak as it is believed to be since the health care reform managed to pass in Congress and the labor reform has resurfaced.

Novedades Salario mínimo y reforma a la salud

Ante los resultados de las elecciones regionales se espera un viraje por parte del gobierno, el cual se reflejará en la decisión del salario mínimo, la cual, si termina siendo más cercana a la petición de los empresarios, se interpretaría como una des radicalización del gobierno. No obstante, el gobierno no es tan débil como se cree, puesto que la reforma a la salud logro ser aprobada en el congreso y la reforma laboral ha resurgido.

Actualización del predial: los riesgos de una idea buena

Actualización del predial: los riesgos de una idea buena

Escrita por: Arturo García, socio - director de proyectos.

La actualización del predial es una idea, con la que nadie en principio estaría en contra, pero en su implementación hay riesgos que pueden llevar a un escenario completamente opuesto al que se desea.

Para comenzar, que el ordenamiento territorial sea un elemento central del actual Plan Nacional de Desarrollo es un avance significativo. Bien puede considerarse como el pago de una vieja deuda que las ciencias económicas tenían con la incorporación de la dimensión espacial en sus análisis. Referencias a la ubicación de las actividades productivas existen desde los clásicos y nunca han faltado, pero en la corriente moderna de la economía no se había incorporado la dimensión espacial por problemas asociados a su modelaje matemático, como muy bien lo plantea Krugman (1995) en su libro Desarrollo, geografía y teoría económica.

¿Por qué es importante la dimensión espacial? Paul Romer (1990) en su libro sobre crecimiento endógeno muestra como la eficiencia total es la suma de una eficiencia individual, que depende del desempeño de cada persona en las actividades que realiza; y una eficiencia colectiva asociada a los procesos de interacción entre esas personas, que permite lograr economías de escala, efectos crecientes a escala, sinergias tecnológicas, etc. La eficiencia colectiva potencia la eficiencia individual y es lo que permite explicar los procesos de crecimiento sostenidos de largo plazo. Sin embargo, para lograr la eficiencia colectiva se requiere la interacción, lo que implica incorporar la dimensión espacial.

Siguiendo a Douglass North (1993) en su libro Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, en Colombia existe una institucionalidad (normas formales e informales y sistemas de sanción de esas normas también formales e informales) que propicia la dispersión y no favorece la eficiencia colectiva. Modelos de crecimiento estimados por Econometría Consultores (2014) en Dinámicas de uso de tierras para la agricultura y el comportamiento de los precios del suelo rural soportan este planteamiento en términos de la existencia de Dinámicas perversas de ocupación territorial. Los precios especulativos de la tierra, entendidos como valores comerciales muy por encima del valor presente neto de la producción que puede desarrollarse en un terreno, hacen que quienes quieran desarrollar una actividad agropecuaria se alejen de las principales ciudades. Allí pueden comprar tierras, pero cuenta con los bienes y servicios públicos que permita producciones competitivas y mejoras en bienestar. Se trata de un comportamiento “racional”, pero que no lleva a mejoras en bienestar; por eso se denomina perverso.

El centro del problema es la especulación con la tierra, que bien pueden considerarse una expresión de una economía extractivista. Los ingresos netos de un propietario en el campo, no tiene mayor relación con el precio de la tierra. En el documento Catastro, predial, producción agropecuaria y desarrollo, que hizo parte de la evaluación del Catastro Multipropósito realizada por Econometría Consultores (2022) usando estadísticas oficiales de costos y precios de la tierra, se encontró que ninguna producción logra generar ingresos netos que permitan comprar la tierra. El precio de la tierra está más asociado con el desarrollo de bienes públicos, en particular vías y seguridad, que conlleva incrementos significativos de ese precio, sin que históricamente los propietarios hayan tenido que cubrir parte de esos costos.

Esto tiene una implicación compleja. Aún los productores más eficientes tienen en sus cuentas en menor o mayor medida la perspectiva de la venta de tierras como una opción que podría ser más rentable con respecto a la producción. No es el único efecto no deseado. Además, no se invierte en las tierras en la magnitud que recomendaría un comportamiento racional; se desincentivan producciones de tardío rendimiento, donde Colombia tienen mayores ventajas comparativas; y los recursos “congelados” en compras de tierras limitan las inversiones que podrían hacerse para ampliar el área sembrada o invertir en las tierras en producción para aumentar la eficiencia.

En este contexto, atacar las dinámicas especulativas bien puede ser una política que convoque a un gran consenso. No total, en la medida en que existen propietarios de tierras que no apuestan por desarrollar producciones competitivas en sus tierras; se trata más de propietarios que apuestan por rentas derivadas de la valorización que se va dando con la dotación de bienes públicos y el crecimiento general de la economía. Sin embargo, hay un problema: en general, las personas que tienen tierras y le apuestan a producir, tienen en sus cuentas un componente asociado con la especulación de la tierra, incluso si usan tierras arrendadas; por lo tanto, un aumento del predial puede tener efectos negativos sobre la producción.

Este puede llevar a un resultado opuesto al que se busca. Se argumentará que, a largo plazo, las ventajas seguramente serán mucho mayores. Correcto. El problema es que los efectos a corto plazo pueden presentarse muy rápido, por el hecho mismo que los productores no desarrollan en sus terrenos actividades de tardío rendimiento, ni invierten en capital fijo al nivel óptimo; mientras que el descenso de la renta especulativa existente en el precio de la tierra puede tomar muchos años en reflejarse en el mercado de tierras. Como lo plantea Justin Yifu Lin (2009) en Economic developtment and transition, la administración del cambio es fundamental para hacer viables las políticas.

Por eso en su momento Econometría Consultores propuso, para facilitar la actualización de los avalúos catastrales: a) Que los propietarios autoavalúen sus predios (esto evitará la gran protesta que se dará cuando un tercero defina el avalúo) y que el Estado tenga la opción de compra de los predios al valor del auto avalúo; y b) Diferenciar entre propietarios productores y propietarios rentistas, permitiendo deducir los mayores pagos de predial y de impuesto al patrimonio asociados a los mayores avalúo de las tierras de los impuestos de renta contra facturas de producción agropecuaria.

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