Colombia podría ser mercado frontera

Mientras la economía continúa desacelerándose, JP Morgan sugiere que el mercado bursátil colombiano es muy pequeño para ser considerado emergente y que podría reclasificarse como mercado frontera. Lo anterior puede ser preocupante en el medio plazo. En lo político, el voto de castigo sigue siendo el escenario de línea base para los comicios de octubre. 

¿Crisis de confianza?, columna para La República

¿Crisis de confianza?

Escrita por: Julián Roa, coordinador de proyectos.

Los datos de crecimiento del segundo trimestre muestran que la economía está convergiendo a su tendencia previa más rápido de lo esperado, bajando las presiones inflacionarias. Sin embargo, al revisar el componente de inversión (formación bruta de capital fijo) se prenden las alarmas pues recientemente ha caído cerca de 10% relativo al nivel prepandemia, como se ve en la primera gráfica. En esta misma gráfica, se ve que esta problemática es de carácter nacional y no global. En Colombia, la caída en la inversión (relativa al promedio de 2019) ha estado liderada por el rubro de “Otros edificios y estructuras” (-33,8%) y el rubro de “Vivienda” (-4,6%).

El presidente de la República trinó al respecto: “¿De qué depende la inversión?: en primer lugar, de la tasa de interés.” La interpretación del presidente no es equívoca, aunque no pareciera ser la principal explicación. A manera de ilustración, países de la región como Brasil tuvieron políticas monetarias incluso más restrictivas que la colombiana, y la inversión está por encima del nivel prepandemia, como se ve en la gráfica 1.

La inversión está determinada, en gran medida, por las expectativas de ganancia de los empresarios. Expectativas en donde la subjetividad prima puesto que el empresario tiene que trabajar en clima de alta incertidumbre. Así, la inversión esta más motivada por aspectos como la confianza en el futuro próximo.

La gráfica 2 es un intento de cuantificar dicha confianza en el futuro próximo. En ella se muestra la volatilidad de los mercados bursátiles. En la gráfica se destaca la pandemia que fue un momento de alta incertidumbre. En Colombia, el índice de incertidumbre subió luego de 2020 y se quedó arriba del resto de países. Así, esta variable sugiere que Colombia está viviendo un periodo de alta incertidumbre, lo que con seguridad ha incidido en la caída en la inversión. Una confirmación de esto se ve en el índice de confianza tanto comercial como industrial publicado por Fedesarrollo el cual continúa en terreno negativo (son más los pesimistas que los optimistas).

El ejemplo de Brasil es interesante pues muestra la dominancia de la incertidumbre sobre la política monetaria. En Brasil, el nivel de incertidumbre está por debajo del colombiano y la inversión no ha colapsado a pesar de que la política monetaria fue incluso más restrictiva que la colombiana.

La situación colombiana es compleja porque puede que ya estemos en una crisis de confianza, y los datos de inversión que estamos viendo sean la materialización de una incertidumbre que empezó tiempo atrás. Estos episodios empiezan con la sensación de que las cosas no irán bien en el futuro, ello hace que los inversionistas prefieran poner su dinero en activos seguros y no se embarquen en proyectos de la economía real, la demanda cae y se confirma el mal presagio. Se trata de una sensación que se puede retroalimentar, y por eso es peligrosa. Por lo anterior, vale la pena preguntarse por los factores detrás de esta y que se puede hacer para revertir esta tendencia.

¿Qué causó esta situación? En lo externo, la perspectiva de una posible crisis global, aunque este factor se ha atenuado bastante. En el frente interno, las reformas planteadas por el gobierno generaron incertidumbre al considerarse lesivas para la economía. Por otra parte, el incremento de la inseguridad genera miedo y desconfianza en la población civil. A nivel de políticas públicas, los cambios en algunas de ellas han generado confusión y retrasos. Por su parte, la baja ejecución presupuestal genera restricciones de liquidez. Todo ello contribuye a que no haya confianza.

¿Qué hacer? A nivel de política macroeconómica, se debe responder con ímpetu desde la política fiscal. En este sentido, las recomendaciones dadas por Jorge Iván González en su columna ‘Inversión total’ van en el sentido adecuado. También se hace necesaria una mayor ejecución del presupuesto por parte del gobierno.

En lo político, el país requiere reformas, pero estas deben ser concertadas con los actores relevantes. Esta concertación dará legitimidad al proceso y mitigará las prevenciones de los sectores afectados.

En las regiones, el gobierno debe combatir la inseguridad, lo que tiene varios frentes de ataque. Por un lado, debe haber una mayor cooperación con las fuerzas armadas. Por otro lado, las negociaciones de paz deben hacerse con protocolos claros y de manera ordenada. Finalmente, una reforma a la justicia que frene la impunidad y descongestione el sistema judicial es vital.

A nivel de políticas públicas, se hace necesario retomar el programa de Mi Casa Ya, puesto que parte de la caída en la inversión se deba a la reducción de las VIS. También es fundamental recuperar la inversión en infraestructura y agricultura.

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Laboratorios de inversión para políticas eficientes

Laboratorios de inversión para políticas eficientes

Escrita por: Carolina Murgueitio, directora general y Arturo García, socio - director de proyectos.

En la búsqueda de soluciones efectivas y eficientes para los desafíos sociales y económicos, las políticas públicas basadas en evidencia han ganado reconocimiento en todo el mundo. Estas políticas se fundamentan en la investigación y el análisis riguroso de datos empíricos, lo que les permite abordar problemas de manera estratégica y con resultados medibles.

En este contexto, los laboratorios de inversión también podrían considerarse como una forma de ahorro de recursos que en caso contrario se hubieran perdido en políticas que no responden a las necesidades reales.

Las políticas públicas basadas en evidencia se caracterizan por utilizar datos y análisis rigurosos de experiencias reales para informar la toma de decisiones, en lugar de depender únicamente de suposiciones o ideologías. Al basarse en la evidencia, se espera que estas políticas sean más efectivas y eficientes ya que se toman decisiones informadas y se ajustan según los resultados observados.

En este contexto, los laboratorios de inversión se han vuelto cada vez más populares. Estos laboratorios, también conocidos como “labs”, son espacios donde se diseñan, prueban y evalúan políticas públicas utilizando un enfoque experimental.

Funcionan como un puente entre los investigadores y los encargados de formular políticas, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos entre ambos grupos. Bien pueden considerarse una versión más desarrollada de lo que antes se denominaba pilotos, un tanto desprestigiados por los problemas que enfrentaron al ser escalados.

Ahora bien, los laboratorios de inversión permiten a los responsables de la toma de decisiones probar diferentes enfoques en un entorno controlado antes de implementar una política a gran escala. Esto ayuda a reducir los riesgos asociados con la implementación de políticas no probadas, a tener en cuenta los entornos y permite una evaluación temprana de su efectividad.

Además, los laboratorios de inversión fomentan la iteración y la mejora continua, ya que los resultados y las lecciones aprendidas se utilizan para ajustar y perfeccionar las políticas antes de su adopción generalizada.

Un ejemplo destacado de un laboratorio de inversión es el Laboratorio de Innovación del Gobierno de los Estados Unidos (US Government Innovation Lab). Este laboratorio trabaja en estrecha colaboración con agencias gubernamentales para diseñar y probar intervenciones piloto en áreas como la educación, el empleo y la salud. En el Reino Unido, los laboratorios de política, conocidos como “policy labs” o “policy innovation labs”, desempeñan un papel importante en el diseño y la implementación de políticas basadas en evidencia.

Estos laboratorios se centran en la experimentación, la colaboración y la aplicación de enfoques innovadores para abordar los desafíos sociales y económicos.

En América Latina, Chile ha sido pionero en la implementación de laboratorios de política. El Laboratorio de Gobierno es una entidad que se dedica a promover la innovación en el sector público y desarrollar soluciones basadas en evidencia para los desafíos sociales.

En Colombia también existen laboratorios de política que buscan promover la innovación y el diseño basado en evidencia en la formulación de políticas públicas. El Laboratorio de Innovación Pública (LIP) es una iniciativa del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. El LIP tiene como objetivo fomentar la innovación en el sector público y promover la colaboración entre diferentes actores para el desarrollo de políticas públicas.

La ciudad de Medellín cuenta con su propio laboratorio de gobierno que se enfoca en el diseño y la implementación de políticas públicas innovadoras. Este laboratorio trabaja en colaboración con diferentes entidades gubernamentales y la ciudadanía para desarrollar soluciones basadas en evidencia que aborden los desafíos locales.

Precisamente por las restricciones de recursos en países en desarrollo, invertir en laboratorios de política puede ser una estrategia valiosa y rentable. Si bien invertir en laboratorios de política implica un costo inicial, pueden generar ahorros significativos a largo plazo al ayudar a identificar intervenciones más efectivas y evitar gastos innecesarios en políticas ineficientes.

Al invertir en estos laboratorios, los países en desarrollo pueden promover la experimentación y el desarrollo de soluciones creativas y adaptadas a sus contextos específicos, aspecto prácticamente prohibido por el temor al “detrimento patrimonial”.

Los laboratorios de política promueven la colaboración entre investigadores, encargados de formular políticas y otros actores relevantes. Esto facilita el intercambio de conocimientos y la transferencia de buenas prácticas. En este contexto es muy importante el aporte que podría hacer el sector privado, en particular por medio de las fundaciones empresariales, que tiene una mayor flexibilidad para innovar.

Cuando se combinan la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los laboratorios de políticas públicas, se pueden obtener beneficios significativos para la sociedad. Algunos ejemplos de cómo la RSE puede contribuir a los laboratorios de políticas públicas se da cuando las fundaciones empresariales llevan a cabo investigaciones y análisis exhaustivos sobre temas de interés social, como la pobreza, la educación, el medio ambiente, la salud, entre otros.

Estos estudios pueden proporcionar información valiosa al sector público sobre los desafíos y oportunidades en estas áreas, lo que les permite adaptar estrategias y prácticas de programas públicos para abordar estos problemas de manera más efectiva. En este sentido, los laboratorios de políticas públicas fomentan la colaboración entre diferentes actores, como empresas, organizaciones no gubernamentales, gobierno y sociedad civil.

Una nota final, trabajar en laboratorios no implica que se descarte hacer evaluaciones de impacto. De hecho, son indispensables para contar con evidencia a través de los mismos labs. La complementariedad de análisis permite contar con mejor información para formular políticas públicas y programas sociales eficientes y efectivas.

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La desaceleración debilita al gobierno

Los últimos datos del PIB presentados por el DANE confirman la desaceleración anunciada en reportes anteriores. La economía creció un 0.3% anual en el segundo trimestre de 2023 y tuvo una caída Inter trimestral del 1%. Por otra parte, ya empezaron las contiendas electorales regionales y las encuestas sugieren un voto de castigo al gobierno.

Actividades sexuales pagas: ¿qué sabemos y qué se recomienda?

Actividades sexuales pagas: ¿qué sabemos y qué se recomienda?

Escrita por: Manuel José Herrera Galindo, consultor.

La Secretaría Distrital de la Mujer (SDM) consolidó información actualizada que le permite conocer características de las personas que realizan actividades sexuales pagas (Prasp), con el fin de abordar de manera integral la política pública dirigida a esa población. En el segundo semestre de 2022, Econometría adelantó la actualización de la caracterización de las Prasp a través de factores sociodemográficos y de calidad de vida, el desarrollo de esas actividades, la exposición a la violencia y la afectación por el covid-19. Desarrolló adicionalmente un sondeo de opinión en las zonas donde se ejercen tales actividades

Las Actividades Sexuales Pagas (ASP) reconocen debates y distintas posturas de intervenciones sociales tales como: el abolicionismo, el prohibicionismo y el modelo legalista. El primero de estos busca proteger a quienes realizan compra-venta de sexo voluntariamente y penalizar la explotación sexual y laboral. Por su parte, el prohibicionismo pretende sancionar a todos los agentes que participen en la oferta o demanda de ASP. Por último, el modelo legalista defiende el ejercicio de ASP como un trabajo que debe enmarcarse en la regulación correspondiente de derechos laborales.

 

Desde el punto de vista demográfico se trata de una población bastante joven, pues 73,4% está entre los 18 y los 35 años. En lo económico, la mayoría vive en estratos 1 y 2 (18,8% y 38,4% respectivamente) y en arriendo (91,5%). De igual forma, que 12,9% señala haber sido víctima del conflicto, y 3,9% expresa ser una persona con discapacidad.

Las Actividades Sexuales Pagas (ASP) reconocen debates

Unos datos que llamaron la atención han sido que sólo la mitad (50,6%) es cotizante, beneficiaria o afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, y que únicamente 4,9% de las Prasp señalan estar afiliadas al sistema de pensiones. Del grupo de personas afiliadas, la mayoría pertenece al régimen subsidiado (80,9%), este porcentaje incrementa a 89,7% si se toma solamente la población extranjera.

Al desagregar la información por lugar de nacimiento y por el autorreconocimiento como víctima del conflicto armado, se puede ver que la distribución de la población extranjera que se dedica a ASP es más joven que la nacional; de forma similar, la distribución de la población que no se autorreconoce como víctima del conflicto armado y se dedica a ASP es más joven que aquella que se reconoce como víctima del conflicto armado y se dedica a ASP como se puede observar en la siguiente figura:

Por otro lado, al indagar por aspectos asociados con la actividad económica, se encontró que 92,6% de las Prasp ocupan la mayor parte de su tiempo laboral en ASP, y sólo 1,4% en otra activad generadora de ingresos. La mitad de las personas (49%) reciben en una semana ingresos promedio que están en están en promedio entre $233.000 y $500.000, y sólo 6% recibe más $1 millón. Son muy pocas las que reciben ingresos por otros conceptos como incentivos o bonificaciones de la clientela (7,64%) o que reciban otras formas de pago (11,2%). En la medida que aumenta la edad de la persona, el monto recibido se reduce ya que tres de cada cuatro personas mayores de 60 años (73,6%) recibe menos de $30.000, además de ser el grupo etario que en más proporción presta sus servicios en calle.

Las Prasp están expuestas a la vivencia de distintas situaciones de violencia. Un 42,2% señala haberla experimentado en los últimos dos años, siendo la violencia verbal o psicológica por parte de los clientes la de mayor frecuencia (30%), seguida por la violencia física (16%) y el abuso policial (12,7%). Más de la mitad (57,1%) se siente insegura mientras realiza la ASP, a pesar de las prácticas que desarrollan como tener informadas a personas amigas dónde van a estar, el ir a sitios de confianza, o tener conocimiento de defensa personal (50,4%), entre otros comportamientos preventivos.

Entre los aspectos más relevantes que arrojó el análisis, fue el aumento de Prasp extranjeras principalmente de Venezuela, pues pasaron de ser 32,7% en 2017 a 40% en 2022. Estas personas manifestaron en la encuesta que son víctimas de xenofobia, experimentan mayor inestabilidad en la vivienda, por lo que han optado por vivir en alojamientos pagados diariamente. Es relevante anotar que este grupo poblacional tienen mayores niveles educativos que las Prasp nacidas en Colombia.

De los datos anteriores se derivan varios retos para la política pública, especialmente en cuanto a aseguramiento de la vejez, la situación migratoria y la violencia que viven la Prasp.

Estas personas manifestaron en la encuesta ser víctimas de xenofobia

En lo relacionado con el aseguramiento de la vejez, las dinámicas propias de la actividad suelen dejar en desprotección a las personas de mayor edad, puesto que las ASP suelen ser mejor remuneradas durante la juventud en comparación con las edades más avanzadas. Lo anterior, unido con los bajos niveles de cotización pensional, sugiere que las Prasp van a tener muchas dificultades para poder enfrentar su vejez, dado que los ingresos serán cada vez más bajos y muy posiblemente no logren pensionarse. Por ende se requieren campañas focalizadas a esta población que fomenten las cotizaciones voluntarias.

En lo relacionado con la migración (interna/externa), es importante poder aproximarse con acciones que reconozcan sus motivaciones para realizar ASP y que promuevan su desarrollo personal. Para el caso de las Prasp provenientes de Venezuela, se debe trabajar en procesos de regulación de su estatus migratorio, con el objetivo de abrir sus opciones laborales.

Por otra parte, el hecho de que las Prasp sean víctimas de abuso policial es particularmente problemático puesto que le resta legitimidad a dicha institución y además impide que las Prasp denuncien la violencia ejercida por sus clientes. Por lo anterior, se hace necesario formar a la policía en el manejo de este tipo de población, así como, un seguimiento por parte de la SDM de este tipo de situaciones para poder hacer frente a esta problemática.

Lo anterior son solo unas ideas que surgen del ejercicio de caracterización. Se recomienda el uso de estos resultados por parte de la SDM y de otras entidades, que hoy cuentan, gracias al trabajo adelantado por Econometría, con información actualizada que le permitirá implementar las políticas recomendadas de manera integral.

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