La confianza en el Estado, columna de Econometría

Publicada el mayo 6, 2022mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

La confianza en el Estado

Autor: Mauricio Olivera

Columna en El Diario La República

Antes de la pandemia, Colombia venía avanzado de manera paulatina en sus políticas sociales, en un entorno macroeconómico estable, cumpliendo con los límites de la política fiscal. De hecho, uno de los activos más importantes con el que contamos los colombianos es la estabilidad macroeconómica. Excepto la crisis de 1999 -antes de la generada por la pandemia- no hemos sufrido de la volatilidad macroeconómica de Argentina o de implosiones económicas como la venezolana. Históricamente, la década de los 80 se denomina “la década perdida” de América Latina porque la mayoría de países de la región sufrieron crisis económicas profundas debido a su alto nivel de deuda pública y su inestabilidad fiscal.

Colombia fue uno de los pocos países que no sufrió esta crisis. Sin embargo, los buenos resultados macroeconómicos no se han visto acompañado por buenos resultados en la gestión del gasto público. Los colombianos confiamos muy poco en el Estado. A pesar de los avances sociales que se han logrado en este siglo, que se reflejan en la reducción de la pobreza, que de acuerdo con los datos del Banco Mundial se redujo de 16,8% en el año 2000 a 4,9% en 2019, vemos el Estado como un ente paquidérmico y corrupto. Datos de la encuesta de Latinobarómetro prepandemia muestran que para el 2018 la confianza en el gobierno era de 22%, siendo esta una de las instituciones con menor confianza, al lado del Congreso y de los partidos. Otra encuesta, Edelman Trust Barometer, muestra que para 2021 la confianza en el gobierno colombiano es de 33%, ubicando al país en el puesto número 25 entre 28 países donde se realiza la encuesta.

La poca confianza en el Estado puede basarse en varias hipótesis. Una de las más recientes, planteada por la OCDE en 2018, afirma que a medida que se va reduciendo la pobreza va creciendo una clase media vulnerable, con posibilidades de caer en la pobreza, y más exigente con el Estado. La insatisfacción con los servicios públicos, la educación pública, y la seguridad ciudadana es creciente. Y a este hecho estructural de baja confianza en el Estado se le suma la crisis generada por la pandemia, que aumentó la pobreza, generó desempleo y redujo los ingresos de muchos hogares.

Por esto es necesario fortalecer el papel del Estado. En su libro “Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural” Econometría plantea que los resultados macroeconómicos del Estado en términos de la estabilidad macroeconómica han sido satisfactorios. Sin embargo, los resultados microeconómicos, en términos de eficiencia del gasto público y la satisfacción de los ciudadanos, han sido mediocres.

Para enfrentar este reto, es necesario que llegue un gobierno que genere confianza, que tenga como objetivo atacar la corrupción, pero es importante ir más allá. Varias propuestas. Por un lado, la reforma presupuestal. En Colombia se sabe cuánto gasta el sector público, y se controla cada peso que se gasta, pero no se sabe exactamente para qué se gasta y qué se logra con ese gasto. Es importante reformar la forma de hacer el presupuesto a una que permita identificar y hacer seguimiento a los programas y proyectos para identificar si ese gasto es eficiente para lograr sus metas e impactos en la calidad de vida de los ciudadanos.

Se conoce el presupuesto por entidad, y su división entre gastos de nómina, transferencias e inversión, pero no se sabe si el gasto de nómina está condicionado a algún resultado específico, o atado a la inversión. Para esta reforma, la coordinación entre el Departamento Nacional de Planeación, encargado del gasto de inversión, del Ministerio de Hacienda, encargado del gasto de funcionamiento (nómina y transferencias), y del Departamento Administrativo de la Función Pública, el departamento de talento humano del Estado, es esencial. Otro punto importante es la cultura de servicio al ciudadano. Contamos con un Estado desconectado de las necesidades y las exigencias de los ciudadanos. El servicio al ciudadano en muchos casos es paquidérmico. Mientras que en el mercado se ha evolucionado hacia un servicio experiencial, en el Estado no existe una cultura de servicio acompañada de unos procesos que lo agilicen.

Aunque uno de los grandes logros de la Constitución de 1991 es la tutela para agilizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, y cuando no se cumple un derecho, el desacato puede llevar una orden de arresto de un funcionario, este mecanismo debería ser la excepción. En muchos casos es la regla. Mientras más tenga que usar el ciudadano este mecanismo para lograr el cumplimiento de sus derechos, menos confianza en el Estado tendrá. Claramente, es necesario compatibilizar las exigencias ciudadanas con las capacidades del Estado, pero para eso es importante entender bien no solo con cuantos recursos se cuenta, sino también para qué se usan y la eficiencia en su uso. Este punto nos lleva nuevamente a una reforma presupuestal.

La pandemia generó un aumento en el gasto público y una disminución en los ingresos por impuestos, y por consiguiente un aumento de la deuda. El país enfrenta la doble obligación de ajustar las finanzas públicas para preservar la estabilidad macroeconómica y sostener o inclusive aumentar el gasto público para continuar atendiendo los efectos negativos de la pandemia. Es un doble reto: una reforma tributaria, ojalá basada en la confianza de los ciudadanos. Pero para esto es esencial fortalecer el desempeño del Estado para atender las necesidades de los ciudadanos. Ganarse la confianza de los ciudadanos.

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Dilemas de un nuevo gobierno, columna de Econometría

Publicada el abril 22, 2022mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

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Dilemas de un nuevo gobierno

Autor: Arturo García

Columna en El Diario La República

Colombia enfrenta una situación compleja en muchos frentes: déficit fiscal, alto endeudamiento, financiamiento de las pensiones, balanza comercial deficitaria, desempleo y empleo precario, y en lo rural grandes brechas respecto a zonas urbanas, baja utilización del suelo disponible, procesos sistemáticos de deforestación, cultivos ilícitos y la minería ilegal, y violencia persistente. Esto nos obliga a enfrentar los problemas, salvo que se gaste de manera irresponsable la bonanza pasajera asociada a los precios del petróleo y el carbón. El próximo gobierno más vale no confíe en esta bonanza, porque tendrá un riesgo alto de tener problemas aún más graves antes de que termine su mandato.

En el escenario de lo que sería la formulación del plan de desarrollo se tienen dos grandes dilemas. El primero apunta a cómo lograr una mejora significativa del bienestar (objetivo último del Estado), que se puede aproximar con la doble inclusión, social y productiva. Hasta ahora el énfasis de programas públicos ha estado en la inclusión social como vía para lograr la inclusión productiva. Sin embargo, el libro de Econometría Consultores “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural” muestra que esto no se da en el corto o mediano plazo (10 años). En cambio, la alternativa de dar prioridad a la inclusión productiva ha tenido resultados importantes, por ejemplo en pequeños productores rurales, manteniendo el apoyo humanitario para la población en vulnerabilidad extrema.

El segundo, en particular si la apuesta es por la inclusión productiva, ha sido planteado desde el comienzo de la economía del desarrollo. La tendencia dominante es apoyar a múltiples sectores para que a partir de economías de escala y externalidades pecuniarias lograr un salto en el desarrollo; se conoce como equilibrio balanceado planteado por Rosenstein-Rodan y posteriormente modelado por Paul Krugman. La alternativa es la apuesta por un equilibrio desbalanceado, donde unos pocos sectores se estimulan, los cuales a su vez jalonan a los demás sectores vía encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, como lo proponía Hirschman. La decisión dependerá de las capacidades y las posibilidades de financiación. Cuando hay abundancia de recursos, las primeras opciones son factibles; las segundas priman en un escenario donde las capacidades y los recursos son limitados, como el actual de Colombia.

Asumiendo que se opta por las segundas opciones, quedan dos aspectos a resolver: ¿Cuáles serían esos sectores? Y ¿cómo hacerlo? Más que una escogencia a dedo, debemos concentrarnos donde tenemos ventajas comparativas, que podrían llegar a ser competitivas. El mayor reto es desmitificar el concepto de que el desarrollo es equivalente a contar con sectores de punta. Eso sería desconocer las ventajas de la división del trabajo. Lin en “Economic Development and Transition” muestra como los países logran su desarrollo en la medida que aprovechan sus ventajas comparativas, y cuando se va en contra de esas ventajas comparativas se padecen efectos negativos, como los mencionados en el primer párrafo.

En el capítulo “Una ventana de oportunidad en el sector agropecuario” del libro se plantea que Colombia solo tiene dos factores de producción en los que tiene una ventaja comparativa: tierra y agua. En tal sentido, el sector agropecuario es estratégico. Si bien no todos los productos son competitivos, muchos tienen el potencial de serlo. Tomando como base la información de la Encuesta Nacional Agropecuaria, las posibilidades de mejora de productividad son enormes en prácticamente todos los productos, sin el requerimiento de inversiones muy grandes. Se trata de transferir adecuadamente a los productores las posibilidades tecnológicas ya existentes.

El trabajo que viene haciendo la Fundación Alpina como laboratorio social permite mostrar que se trata de una posibilidad factible. Distintos proyectos validan esas mejoras teóricas de productividad en la práctica. Más importante, muestran cómo lograr esos resultados gracias a la gestión de conocimiento. Promover el desarrollo agropecuario por parte de los más pequeños productores no se logrará por arte de magia. Es necesario recorrer un camino que inicia con la validación de pilotos con potencial de escalamiento; luego debe constatarse que los pilotos pueden replicarse en distintas condiciones, y por último, se llega al escalamiento.

Los pilotos están un tanto desprestigiados porque se tiende a pasar de validarlos a escalar, lo que es casi una garantía de fracaso. Evaluar la replicabilidad y las condiciones de escalabilidad de los pilotos son pasos que no pueden saltarse. No sea el camino más rápido, pero si es más seguro. No haber hecho este trabajo se refleja en las múltiples políticas que el país ha tenido para el sector agropecuario sin mayores resultados en los últimos 30 años.

Un comentario final, una apuesta técnica, además debe ser política. La propuesta que se propone (pilotos, réplicas y escalamiento) es factible realizarla en cuatro años, pero requiere que sea una apuesta desde el primer día de gobierno.

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An overheated economy?

Publicada el abril 20, 2022marzo 2, 2023 por aprendiz econometria

As predicted in previous months, inflation has continued to rise. As of March, monthly inflation was 1%, and annual inflation reached 8.5%. In response, Banco de la República raised its benchmark interest rate by 100 basis points at its March meeting. On the positive side, the labor market is recovering.

¿Una economía recalentada?

Publicada el abril 20, 2022mayo 16, 2023 por aprendiz econometria

Como se había previsto en meses anteriores, la inflación ha continuado al alza. Al mes de marzo, la inflación mensual fue del 1% y la inflación anual alcanzó el 8.5%.
Ante este incremento en la inflación, el Banco de la República respondió con un alza de 100 puntos básicos de la tasa de interés de referencia en la reunión de marzo.
Dentro de lo positivo, el mercado laboral está recuperándose.

Al oído del nuevo gobierno, columna de Econometría

Publicada el abril 8, 2022mayo 13, 2023 por aprendiz econometria

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Al oído del nuevo gobierno

Autor: Diego Sandoval

Columna en El Diario La República

En tres meses y medio ya se conocerá el nombre del próximo presidente. Independientemente de quién resulte ganador, el país necesita políticas efectivas que logren una inclusión productiva amplia de la población, que conduzca a lo que hemos denominado en Econometría el “gran empujón” de la economía colombiana en la etapa pospandemia.

Esta columna trata de presentar algunas ideas al oído del nuevo gobierno, quienquiera que lo conforme, con el propósito de plantear alternativas para lograr un crecimiento económico sensiblemente superior al de los últimos años y que este crecimiento se refleje en una mayor equidad social. La mayoría de los programas de desarrollo que se han implementado en el país no han logrado superar un umbral mínimo para que puedan garantizar una economía diversificada y con empleos formales.

Lo primero que se debe buscar es un balance equilibrado entre las políticas de inclusión social y las de inclusión productiva. Colombia ha avanzado en la inclusión social en algunos frentes como la salud y la cobertura en educación básica y en vivienda, aunque está muy atrasada en otros como la atención integral a la primera infancia, la calidad de la educación y la protección de los adultos mayores.

A pesar de esta realidad social, si se examina el panorama de políticas públicas en favor de la inclusión productiva, el panorama es aún más crítico. Un estudio del DNP, de poco antes de la pandemia, mostraba que la oferta de programas de generación de ingresos de Prosperidad Social había atendido en los últimos cinco años a cerca de 100.000 hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Esto es insignificante frente a programas como Familias en Acción, que beneficia a cerca de 2,5 millones de hogares. En los programas de inclusión productiva rural, como es el de Alianzas Productivas, después de 20 años de operación, los resultados de escalamiento a niveles competitivos son casi nulos. El DNP indicaba que en el gasto social, solo 2,5% se dedica a actividades de generación de ingresos.

La falta de inclusión productiva se refleja en que actualmente la pobreza monetaria es sensiblemente superior a la Pobreza Multidimensional (IPM), cubriendo la segunda un 18.5% de la población y el de pobreza 42,5%. En que existan 6,8 millones de microempresas informales de menos de tres trabajadores, con barreras casi infranqueables para salir de la informalidad y de una muy baja productividad. En que casi 60% de la población esté en la informalidad laboral y que Colombia siga exportando casi la misma canasta de bienes básicos desde hace más de 40 años.

Las políticas públicas deben tener como objetivo la generación de ingresos que propicien capacidades competitivas en las empresas, personas, hogares y comunidades. No existe una sola política que garantice esto. Son varias las acciones que en forma coherente y complementaria pueden lograr este objetivo. A continuación algunas que van en esta dirección.

Unas políticas deben ser transversales a toda la actividad económica y otras deben tener un enfoque territorial. Con relación a las primeras se deben priorizar aquellas que luchen contra la informalidad y la baja productividad. La informalidad se reduciría con la modificación de varias disposiciones legales en favor de las empresas micro. Esto se lograría, en gran medida, con algo tan sencillo como modificar el Régimen tributario denominado SIMPLE, que no ha funcionado. Se debería tomar el ejemplo de Brasil que fijó una tarifa plana anual muy pequeña (menos de US$20 en un solo trámite anual) para microempresas. Esto llevó a una masiva formalización tributaría, en registros mercantiles, pago de prestaciones y acceso a crédito y tecnologías, a estas pequeñas microempresas, que en Colombia pueden representar cerca de 12 millones de trabajadores.

Esta medida debe complementarse con otras ya de tono general para todas las empresas, como es la eliminación de las contribuciones de salud, al menos para los salarios hasta tres salarios mínimos, las cuales deben ser cubiertas por el presupuesto nacional, lo mismo para las Cajas de Compensación, cuya afiliación debería ser voluntaria. Estas medidas, acompañadas de una efectiva formación para el trabajo y masificación del mundo digital, tendrían un claro efecto en formalización y mejor productividad en el conjunto de empresas y personas.

El complemento de estas políticas transversales son las territoriales. En el caso de las grandes ciudades y conglomerados urbanos, la clave es avanzar en una mayor complejidad y diversificación inteligente en bienes y servicios en cada uno de estos grandes centros urbanos del país. Colombia es un país de ciudades con oportunidades diferentes. Lo que haga competitiva a Barranquilla es muy diferente a lo que en Bogotá sea efectivo.

En la agricultura no se han logrado encadenamientos productivos de escala entre el ámbito urbano y el rural y con el comercio exterior. Se deben propiciar mejoras significativas en los ingresos de los productores campesinos y agroindustriales centradas en aumentos grandes y escalables de la productividad, una mayor conexión con los mercados, con vías terciarias de calidad y titularización de las propiedades. Existen varias experiencias piloto exitosas en agricultura, ya desarrolladas en el país, que deben ser escaladas.

En síntesis, es la hora de actuar en función de la inclusión productiva y el nuevo gobierno tendrá una gran oportunidad para ello.

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El debate pensional y elementos para la reforma

Publicada el marzo 25, 2022mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

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El debate pensional y elementos para la reforma

Autor: Mauricio Olivera

Columna en El Diario La República

El debate presidencial de la semana pasada generó una gran discusión sobre la reforma pensional. Se centró en dónde deberían estar los recursos para pensiones – en los fondos privados o en Colpensiones- y en la fuente de recursos para financiar un programa no contributivo como Colombia Mayor, ampliado en monto. Un elemento adicional del debate es el desempeño de los fondos privados en el sistema pensional, y especialmente la comisión y los recursos cotizados que efectivamente son utilizados para la pensión.

Estas discusiones, aunque importantes, desviaron el debate del principal objetivo que debe tener la reforma pensional: la baja cobertura. Solo uno de cada cuatro adultos mayores tiene pensión (25%) y solo uno de cada tres trabajadores cotiza. Colombia tiene un sistema pensional con una cobertura extremadamente baja.

También tiene retos financieros y fiscales, en la medida en que el Estado gasta 4% de PIB en pensiones, aunque siempre es necesario recordar que de estos 4 puntos solo 1 es para Colpensiones, entidad que paga cerca de dos terceras partes de todas las pensiones del país. Por su parte, la regresividad del Régimen de Prima Media (RPM) ha sido bastante ilustrada. Por su diseño, que también puede llamarse de Prestación Definida, el RPM calcula la pensión basándose en el salario del cotizante, no en lo ahorrado, y como la diferencia entre los dos es grande (se cotiza 16% del salario y la pensión empieza en 65%), son necesarios recursos adicionales. La regresividad se encuentra en que para completar la pensión se otorgan más recursos a las personas que más capacidad de ahorro tienen, y como el RPM no tiene reservas para pagar las pensiones, el Estado debe poner recursos adicionales provenientes de los impuestos. Si hubiese reservas, el monto adicional de los trabajadores vendría de los trabajadores que cotizaron, no de los impuestos.

Si el debate se centra en la cobertura, es casi que indiferente que la persona esté en un fondo privado o en Colpensiones. Algunos argumentan que no es indiferente porque en el Rais (fondos privados) si se llega a la edad de pensión y se han logrado cotizar 1.150 semanas es posible acceder a una pensión de salario mínimo a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm). El requisito generar para obtener la pensión es cotizar 1.300 semanas, alrededor de 25 años, y 1.150 semanas son tres años menos. Sin embargo, un trabajador colombiano promedio, debido a la rotación en el mercado laboral entre formalidad, informalidad y desempleo, alcanza a cotizar 14 años. Por otro lado, poder acceder a la pensión de salario mínimo a través del Fgpm cotizando tres años menos no quiere decir que el Régimen de Ahorro Individual sea mejor para aumentar la cobertura. El Fgpm es un elemento de solidaridad que también se podrían mejorar en el RPM.

Otros argumentos plantean que otorgar una transferencia monetaria a los adultos mayores que no tienen pensión aumenta la cobertura. Aunque es importante y necesario, es inadecuado pensar que la cobertura se puede aumentar solo con programas no contributivos. Una propuesta adicional, algo similar, de la Misión de empleo, es una pensión ciudadana universal financiada con la tributación general. Esta reforma implicaría la necesidad de muchos más recursos del presupuesto nacional provenientes de una reforma tributaria, y no utilizaría la premisa de focalización de las políticas públicas hacia los más vulnerables porque todos los colombianos recibiríamos el mismo monto. Adicionalmente, se necesitaría una reforma constitucional para cambiar el artículo 48 de la Constitución que afirma que la pensión no puede ser inferior al salario mínimo. Por esto, el régimen no contributivo puede ser más viable.

Cuestión diferente es destinar recursos del sistema de pensiones para el pago de este régimen no contributivo. Para ver la viabilidad de esto es necesario revisar los elementos de solidaridad del sistema, que están en el Rais con el Fgpm, pero también en el RPM con el Fondo de Solidaridad Pensional que financia a Colombia Mayor.
La reforma debe enfocarse en aumentar la cobertura. Aunque la presión fiscal no es tan alta porque hay pocos pensionados, la reforma debe enfocarse en un aumento de cobertura desde la etapa de cotización. Que todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral, puedan cotizar es un elemento importante. Es necesario acercar la normatividad laboral a la realidad laboral de muchos trabajadores. En segundo lugar, comparativamente hablando, las edades de pensión son bajas.

Por eso, permitir que los trabajadores sigan cotizando con algún subsidio por meses cotizados (una semana adicional por cada mes cotizado, por ejemplo), o que después de llegar a la edad de pensión se les pueda pagar la pensión descontando lo que no se cotizó mes a mes, o que puedan pagar las semanas por lo no cotizado y no por el cálculo actuarial, son algunas medidas que pueden ayudar a aumentar la cobertura. Otra opción muy valiosa con enfoque de género, contabiliza semanas por hijo para las mujeres. El peor escenario es el que afirma a los trabajadores que no se van a pensionar, que permanezcan en el fondo privado porque reciben el saldo con intereses. El objetivo de la política pública debe ser que todos los colombianos tengan una pensión.

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When it rains, it pours

Publicada el marzo 22, 2022marzo 2, 2023 por aprendiz econometria

Russia’s invasion of Ukraine will put further pressure on food and energy prices, as both countries are major exporters of corn, wheat and fertilisers such as urea, and in the case of Russia, blockades on its oil exports increase oil prices.

In Colombia, electoral uncertainty is increasingly relevant as left-wing options seem to be gaining strength. For the moment, congressional and senate elections suggest that no party will have majorities without alliances. However, the results of the new count are awaited.

Si por allá llueve, por acá no escampa

Publicada el marzo 22, 2022mayo 16, 2023 por aprendiz econometria

La invasión de Rusia a Ucrania presionará aún más los precios de los alimentos y de la energía, pues ambos países son exportadores relevantes de maíz, trigo y de fertilizantes como la urea y en el caso de Rusia, los bloqueos a sus exportaciones de petróleo incrementan el precio.

En Colombia, la incertidumbre electoral es cada vez más relevante en la medida que opciones de izquierda parecen tomar fuerza. De momento, las elecciones del congreso y senado sugieren que ningún partido tendrá mayorías sin alianzas.

Implicaciones de la guerra Rusia – Ucrania

Publicada el marzo 11, 2022mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

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Implicaciones de la guerra Rusia - Ucrania

Autor: Julián Roa

Columna en El Diario La República

La coyuntura actual hace difícil pensar, como Cándido, que nos encontramos en el mejor de los mundos. En el contexto global, la guerra Rusia-Ucrania es un hecho que ya tiene efectos negativos en la economía global. Lo anterior, a pesar de que dicho conflicto, no ha desembocado en el peor de sus escenarios: una tercera guerra mundial. Como es bien sabido, la economía rusa es una de las grandes productoras de petróleo y gas. Por lo anterior, la guerra afecta de manera negativa la producción de petróleo y gas, generando presiones al alza en los precios de estas materias primas.

Por su parte, Ucrania es una gran exportadora de productos agrícolas como el maíz y el trigo, así como de fertilizantes como la urea. Todo lo anterior da combustible a la inflación, la cual, a nivel global, se parece cada vez más al escenario de los setenta. Al ser el petróleo un insumo esencial en la producción actual, un alza en su precio afecta negativamente el crecimiento potencial que pueden tener las economías importadoras del combustible. La combinación de estancamiento e inflación alta es un escenario cada vez más probable.

Colombia claramente se verá afectada de manera negativa por esta guerra, los efectos se harán notorios en la inflación. Es difícil imaginar que la de alimentos baje de 15% en lo que lleva del año. La importancia de las importaciones de urea en Colombia es alta y ello incidirá en todos los precios agrícolas. Con esto en mente, resulta muy difícil imaginar una inflación total inferior a 7% al finalizar 2022.

Para hacernos una idea, si la inflación mensual se estabiliza en 0,29% (su promedio de 2018-2019, periodo de inflación estable) de marzo a diciembre de 2022, la inflación anual de 2022 sería de 6,45%. En enero y febrero la inflación mensual fue de 1,67% y 1,63%, respectivamente. En marzo y abril, se deberían sentir los efectos completos del incremento en los precios de la urea, maíz y trigo y la inflación mensual debería ser por lo menos igual la vista en los dos primeros meses del año.

Por esto mismo, es altamente probable que las expectativas de inflación se desanclen y sea necesario que el Banco de la República actúe subiendo las tasas de política monetaria de manera más acelerada y más alta a lo previsto hace unas semanas. En una entrevista reciente, Leonardo Villar mencionaba a la necesidad de tener tasas de interés reales positivas a final de año. Así, con el escenario actual, las tasas de interés de política monetaria a final de este año deberían ser superiores a 7%. Aunque puede ser un choque negativo para el crecimiento, es necesario para controlar la inflación, que puede tener un efecto lesivo, especialmente en los más pobres. También es importante recordar que la confianza en el emisor depende en que este cumpla con su mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda colombiana.

Ahora bien, no todo es negativo y hay ciertos elementos que benefician al país. Desde el estallido de la guerra (22 de febrero) la moneda colombiana se ha revaluado cerca de 150 pesos, a pesar de que la incertidumbre electoral es cada vez más relevante. Lo anterior tiene varias explicaciones. Por un lado, el precio del petróleo se ha incrementado más de 30% en el último mes, lo que podría generar presiones a la baja en la tasa de cambio. Adicional a esto, se puede ver en Latinoamérica una especie de refugio en estos momentos. Se trata de economías que están tratando de subir sus tasas de interés de la manera más rápida posible y que no tienen una conexión directa con el conflicto ruso-ucraniano, como si lo tienen Europa y Estados Unidos. Lo anterior hace que las economías latinoamericanas puedan ofrecer una mayor rentabilidad a los inversionistas en comparación con otras regiones del mundo en donde o las tasas de interés están muy bajas o el riesgo es muy alto. Como se puede ver, a pesar de que la coyuntura es negativa, la región y Colombia tienen ciertos elementos que mitigan los efectos negativos de esta guerra.

Un aspecto adicional detrás de la revaluación de la moneda colombiana es la percepción del riesgo fiscal. El alto crecimiento en 2021 llevó a una reducción importante en la deuda del gobierno sobre el PIB, así como el déficit fiscal. Lo anterior, unido con los altos precios del petróleo, podría dar mayores ingresos fiscales y podrían contribuir a cerrar el déficit fiscal, con la condición de que esos recursos no se traduzcan en un mayor gasto por el subsidio a los precios internos de la gasolina y del Acpm. Algo similar ocurre en la cuenta corriente, en donde los altos precios del petróleo contribuirían a un incremento en el valor de las exportaciones petroleras que podría ayudar a cerrar el déficit en cuenta corriente. Ahora bien, las exportaciones no tradicionales podrían ser menos atractivas en el mercado externo ante una moneda revaluada.

Así, la coyuntura actual es compleja. Por un lado, nos llevará a niveles de inflación muy altos que obligaran al banco central a bajar la velocidad de recuperación de la economía. Por otro lado, y dentro lo positivo, se podrían mejorar los indicadores fiscales y de cuenta corriente, los cuales son de los grandes retos de la economía colombiana. Sin embargo, es importante recordar que esta situación excepcional en los precios del petróleo no debe ser excusa para olvidar temas pendientes en la estructura tributaria del país, así como la diversificación de la canasta exportadora.

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Webinar: Efectos macro de la Economía Circular

Publicada el marzo 2, 2022noviembre 1, 2024 por aprendiz econometria

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Efectos macroeconómicos de la transición a la Economía Circular en países de América Latina

marzo 2, 2022
Colombia
Webinars

Video de la participación de Oscar Rodríguez y Guillermo Rudas de Econometría

Un webinar destinado a difundir y discutir los resultados del estudio titulado: “Modelamiento de los efectos macroeconómicos de la transición a la economía circular en países de América Latina”, cuyo objetivo es modelar los efectos de esta transición en cuatro países y cuatro sectores económicos (energía, plástico, materiales metálicos y materiales de construcción).

En este webinar se espera participación de diversas (os) tomadoras (es) de decisiones de gobiernos de América Latina y público interesado en la temática de la economía circular.

La confianza en el Estado

Autor: Mauricio Olivera

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Dilemas de un nuevo gobierno

Autor: Arturo García

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