Cómo recuperar el empleo, columna de Econometría

Cómo recuperar el empleo

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

Las cifras de desempleo de julio de 2021 son alentadoras para algunos analistas. El reporte del Dane muestra que entre julio de 2020, cuando el país se encontraba en cuarentena, y el mes de julio de este año, la tasa de desempleo bajó casi 6 puntos porcentuales, de 20,2% a 14,3%, mientras que para las 13 ciudades y áreas metropolitanas alcanzó 15%.

Sin embargo, al ahondar en las cifras, estas siguen siendo preocupantes. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas 1 de cada 4 jóvenes está desempleado -tasa de desempleo de 25,3%- y en ciudades como Ibagué 1 de cada 3 mujeres jóvenes -tasa de desempleo de 31,4%- está desempleada. Y cerca del 27% de los jóvenes ni estudian ni trabajan para el trimestre mayo-julio de 2021, dos tercios siendo mujeres.

De hecho, aunque la tasa de desempleo ha disminuido, el mercado laboral ha sufrido hasta ahora de histéresis. La crisis económica de 1999 elevó la tasa de desempleo a 20%, nivel similar al que llegó con la crisis de la pandemia el año pasado, y se demoró más de una década, casi 11 años, en reducirse a un dígito, con un costo social enorme.

Esperar que el empleo se recupere gracias a la reactivación económica sin resolver problemas estructurales del mercado laboral sería un error. La pregunta es, ¿qué tipo de reforma se necesita hacer? En su libro Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural Econometría presenta diferentes alternativas de reforma para enfrentar diferentes problemas del mercado laboral.

Las discusiones en el país sobre el mercado laboral se han centrado generalmente en reducción de costos. Sin embargo, lo que han mostrado tanto la experiencia internacional como la nacional es que la reducción de costos tiene más efectos sobre la informalidad que sobre el desempleo. De hecho, la reforma tributaria del 2012 que pasó los costos parafiscales del Sena y el Icbf al impuesto de renta a través del Cree tuvo impactos importantes en la reducción de la informalidad. Sin embargo, si el objetivo es recuperar el empleo destruido, y bajar la tasa de desempleo a un dígito, es necesario diseñar otras políticas.

El estudio que hicieron la Ocde, la Cepal y otros sobre América Latina en el 2019 identificó que una de las trampas del desarrollo de la región es la baja productividad laboral. Un trabajador latinoamericano produce hoy 33% de lo que produce un trabajador de la Unión Europea, mientras que en 1950 producía 65%. Y dentro de América Latina, Colombia es de los países con menor productividad. Al analizar la oferta y la demanda laboral, es decir, las personas que están buscando -ofreciendo- su trabajo y las empresas que están buscando -demandando- trabajadores, la brecha más grande está en la educación técnica. Son vacantes que no se ocupan porque los empresarios no consiguen el trabajador con las competencias y habilidades necesarias.

Esto indica que para generar nuevos empleos, la política requerida es la formación para el trabajo pertinente y con calidad y oportunidad. Es decir, preparar al capital humano con las competencias y habilidades requeridas para contribuir al aparato productivo en el momento oportuno. De esta manera se creará un círculo virtuoso a través del cual la formación para el trabajo ayudará a romper la trampa de la baja productividad laboral. Los trabajadores más productivos serán más necesitados y su salario crecerá, y la mayor productividad ayudará a crecer a las empresas y a la economía.

Se necesitan dos enfoques adicionales para el diseño de esta política. Por un lado, esta política es esencialmente local. La razón es que lo que se produce en Bogotá es diferente a lo que se produce en Neiva o en Sincelejo. Cada ciudad y cada región cuentan con un aparato productivo diferente, y, por consiguiente, con necesidades de capital humano diferentes. Las autoridades locales -alcaldías, gobernaciones, cajas de compensación, cámaras de comercio- deben empezar a jugar un papel fundamental en estas políticas de formación. Algunas alcaldías y las cajas de compensación cuentan con agencias de empleo que se pueden conectar con las necesidades de formación.

Por otro lado, los protagonistas son las empresas, identificando sus necesidades de capital humano, y, por ende, de formación. Y los centros de formación deben adaptar sus programas a esas necesidades. Un actor fundamental es el Sena, la joya de la corona para la formación del trabajo, pero que debe enfocarse más en la pertinencia y calidad para la recuperación del empleo perdido por la pandemia y llevar la tasa desempleo a un dígito. Finalmente, el libro de Econometría muestra que no se trata de falta de recursos. Colombia es de los países en la región que cuenta con más recursos para la formación para el trabajo -a través de los parafiscales y del Cree- pero está entre los de más baja productividad.

Esta propuesta no implica que no se deban analizar los costos. Ni las nuevas formas de trabajo que están apareciendo con la cuarta revolución industrial. Estas políticas y sus posibles reformas son más afectivas para atacar la informalidad que para generar nuevos empleos. Sin embargo, si en últimas se eliminan todos los sobre costos laborales y los parafiscales, por ejemplo financiando la pensión y la salud con los impuestos, el límite inferior de los costos es el salario mínimo. Y es necesario generar la productividad suficiente para que un trabajador contribuya produciendo por encima del salario mínimo.

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Niñez y adolescencia

Niñez y adolescencia

Los niños, niñas y adolescentes en Colombia corresponden a la población comprendida entre la gestación y los 17 años. Ellas y ellos, conforme a la normatividad colombiana son reconocidos como sujetos titulares de derechos, cuya protección se enmarca en nueve principios: el interés superior, la prevalencia, la corresponsabilidad, la exigibilidad, la equidad, la inclusión social, la solidaridad, la complementariedad y la subsidiaridad.

En Colombia, por tanto, los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como seres autónomos y sujetos activos, con derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, y si bien se reconoce a la familia como entorno primario de bienestar, también el Estado y la sociedad son corresponsables de su protección integral.

Nuestra contribución

Econometría ha aportado a la comprensión de la situación de la niñez en sus diferentes etapas del curso de vida a través de análisis, estudios y evaluaciones de políticas, programas e intervenciones públicas poblacionales que van dirigidas específicamente a ellas y ellos, pero también al entendimiento del lugar que este grupo etario tienen en políticas sectoriales. Además, se ha trabajado con ONG y Organismos Multilaterales, como Unicef y Save the Children, en análisis orientados a conocer las acciones de protección en favor de esta población y el estado de su inclusión en acciones públicas en relación con el desarrollo local, la participación y la protección.

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Inclusión productiva

Inclusión social y productiva

Los programas y políticas de inclusión focalizados en los más pobres, y de mayor envergadura en Colombia, han sido evaluados por Econometría. Las políticas de inclusión social orientadas a los más pobres buscan apoyarlos a través de subsidios o transferencias condicionadas. Este último tipo de subsidio es la estrategia más utilizada para apoyar a las familias más pobres y fomentar la acumulación de capital humano, y se caracteriza por estar condicionado a tener controles de salud y crecimiento a tiempo, y permanecer en el sistema educativo. En Colombia el primer programa fue Familias en Acción que inicio en 2001 y en 2012 se convirtió en un programa permanente de cobertura nacional, respaldado por la ley y con una cobertura de más de dos millones de hogares. Otro programa de transferencia condicionada es Jóvenes en Acción orientado a fomentar la permanencia en la educación superior. Otros programas orientados a la población vulnerable son los de inclusión productiva.

Nuestra contribución

Econometría ha participado en las evaluaciones de programas de transferencias condicionadas desde su implementación en el 2001, y estuvo encargada en alianza con el Instituto de Estudios Fiscales de Londres (IFS) de las primeras evaluaciones de impacto de Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Los resultados encontrados han incidido en las decisiones de política de este tipo de programas focalizados en la población más vulnerable. Esta experiencia le ha permitido hacer aportes importantes en otros proyectos de inclusión social desarrollados por el sector público, así como en proyectos adelantados por el sector privado dirigidos a la población más vulnerable. En estos últimos se destacan los programas de Inclusión productiva.

La evaluación de impacto de programas de transferencias condicionadas ha trascendido a otros contextos como Honduras y Bahamas. En Honduras se llevó a cabo la evaluación de impacto con un modelo de aleatorización controlada de Bono Vida Mejor, y en Bahamas se adelantó el diseño y levantamiento de línea de base de RISE.

Econometría también ha evaluado programas y políticas de Inclusión productiva en donde se busca la generación de ingresos de población vulnerable, tales como Mujeres Ahorradoras, entre otros.

 

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Educación

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La educación es un derecho humano fundamental, corresponde también al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4). Sin embargo, en Colombia y en países en desarrollo hay personas privadas del acceso a la educación y en algunos casos, aunque se tiene el acceso, la educación ofrecida no es de calidad para todos. Esta situación plantea grandes retos, donde la política educativa ha estado orientada a mejorar la cobertura del sistema, especialmente en transición y en los niveles de educación media y superior donde todavía se tiene bajas tasas de asistencia escolar, pero también ha estado orientada a mejorar la calidad del servicio a través de diferentes estrategias y programas.

Nuestra contribución

En este campo, Econometría ha realizado varias evaluaciones de alternativas de oferta educativa para básica y media como Modelos educativos flexibles, programas de educación rural, colegios en concesión, fusión de establecimientos educativos, así como de estrategias de articulación de los diferentes niveles educativos para evitar la deserción en estas etapas. De igual manera, se han analizado los resultados de programas de ampliación de la jornada escolar. Para educación superior se ha trabajado principalmente en los aspectos relacionados con financiación e incentivos.

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Inclusión financiera

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La inclusión financiera es uno de los objetivos que busca el Gobierno Nacional, entendiendo que sistemas financieros más incluyentes tienen impactos positivos sobre la calidad de vida de la población, así como el desarrollo económico. Banca de las Oportunidades es el programa del Gobierno Nacional para promover la inclusión financiera en Colombia a partir del diseño y ejecución de política pública para generar los incentivos para una oferta de servicios financieros incluyentes, así como la disminución de barreras de acceso.

Nuestra contribución

En este campo, Econometría ha aportado en la caracterización de la oferta y de la demanda de servicios financieros en poblaciones rurales y poblaciones vulnerables, así como en el diseño de política, programas e instrumentos para la inclusión financiera. Gran parte de los proyectos se han realizado en asocio con Marulanda Consultores.

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Finanzas climáticas

Finanzas climáticas

El cambio climático es una de las grandes preocupaciones mundiales. Colombia ha previsto reducir 51% de sus emisiones en 2030 y ser carbono neutral en 2050. Otros países latinoamericanos también tienen metas ambiciosas. Para lograr estos propósitos se deben diseñar e implementar políticas e instrumentos económicos que incentiven al sector privado a realizar inversiones innovadoras para una producción más limpia, con el fin de complementar los esfuerzos del sector público y la cooperación internacional.

Nuestra contribución

Además de la contribución en estudios de política ambiental y valoración económica, en Econometría se ha venido contribuyendo en el diseño e implementación de las estrategias nacionales de financiamiento climático. Así mismo, con estudios metodológicos, legales, institucionales, económicos y financieros, para el diseño e implementación de instrumentos de política que inciden en las transformaciones que se requieren, de una manera fiscal y financieramente sostenible.

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Desplazamiento forzado

Desplazamiento forzado por conflicto armado

El conflicto armado en Colombia ha generado graves violaciones a los derechos humanos sobre millones de personas que han tenido que desplazarse forzosamente, perdiendo tanto su capital tangible como intangible, y con graves implicaciones psicosociales. En torno al goce efectivo de derechos de esta población, se ha desarrollado una extensa base normativa y jurisprudencial, de la que se deriva política pública que requiere la caracterización de la población, así como evaluaciones institucionales de resultados e impacto.

Por otra parte, la situación de emergencia humanitaria de la población desplazada ha sido abordada por las agencias de las Naciones Unidas, por ONG y por otras organizaciones, volcando planes de acción de asistencia directa alimentaria y no alimentaria, apoyo psicosocial y de medios de vida, buscando soluciones duraderas.

Nuestra contribución

Econometría ha aportado en múltiples espacios de interacción con la población víctima del desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes. Para el Gobierno, se han realizado caracterizaciones de la población víctima del desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes a través de encuestas de hogares mediante muestras representativas en todo el país, así mismo, se ha contribuido al diseño y evaluación de la política pública. Por otra parte, para las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones, se ha contribuido con caracterizaciones de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad desde 2003 para el Programa Mundial de Alimentos, y evaluado las intervenciones dirigidas a esta población para el PMA, PNUD, OIM, ACNUR, FUPAD y el BID.

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Desarrollo rural

Desarrollo rural

Uno de los mayores retos de Colombia está en el desarrollo de sus zonas rurales; las cuales tienen bajas condiciones de vida y altas brechas respecto a las zonas urbanas. La persistencia de esta situación hace aún más grande el reto, pero a la vez es donde el país tiene uno de los mayores potenciales para aumentar los ingresos, mejorar las condiciones de vida y hacerlo de una manera sostenible para el medio ambiente. Las oportunidades están disponibles, pero se requiere un trabajo estructurado y sistemático para aprovecharlas.

Nuestra contribución

Llevamos 15 años trabajando en este entorno y hemos realizado más de 40 proyectos, los cuales cubren un amplio espectro: análisis macro, entendimiento de las dinámicas regionales, conceptualización de los retos del desarrollo rural y regional, política para el marco operativo del sector, provisión de bienes públicos de carácter transversal y evaluación de programas de apoyo a productores agropecuarios. La experiencia acumulada nos ha permitido profundizar en el tema, al punto de que hoy podamos ofrecer insumos para una estrategia de atención integral a las zonas rurales.

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Sistemas de seguimiento

Sistemas de seguimiento y monitoreo

Las entidades responsables de coordinar o ejecutar planes, programas o proyectos, por lo general requieren instrumentos que faciliten el monitoreo del estado de variables de interés o el seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos, en este ámbito, Econometría S.A. ha desarrollado herramientas de seguimiento y monitoreo que van desde el diseño conceptual hasta la implementación de sistemas informáticos que facilitan la recolección, procesamiento, visualización y análisis de información para la toma de decisiones.

Nuestra contribución

A partir del año 2014 hemos trabajado en el desarrollo de proyectos que han permitido fortalecer la toma de decisiones en distintas organizaciones al contar con modelos de seguimiento y monitoreo que se integran a sus procesos y forma de operar y con herramientas informáticas que proveen información oportuna, confiable y de fácil entendimiento. Estos son algunos de nuestros proyectos.

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Hacia la transformación e inclusión productiva en…

Hacia la transformación e inclusión productiva en Colombia

Escrita por: Diego Sandoval - Director de Proyectos

En el libro Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural, que publicó Econometría el pasado mes de julio, se plantean varias reformas estructurales que deben hacerse en el país, las cuales deben ser realizadas a muy corto plazo para aprovechas las sinergias e integralidad, que su puesta en marcha en forma conjunta ofrecen como una ruta superar el muy lento crecimiento y equidad social que ha tenido el país en los últimos años, situación agravada en forma importante por la pandemia.

Una nota distintiva de las propuestas del libro lo representa el énfasis en la urgencia de una transformación productiva de la economía colombiana, que se integra con las otras propuestas planteadas en temas de reformas laborales, de finanzas públicas, impuestos y eficiencia del Estado.

Como diagnóstico muy general, en el que varios análisis recientes coinciden, se plantea que Colombia tiene serias barreras para tener una economía competitiva y diversificada. Dos indicadores sirven para dar claridad sobre esta situación. El primero es la muy baja diversificación exportadora y apertura comercial del país y en segundo lugar, el nulo crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF).

En efecto, la participación en el PIB de las exportaciones e importaciones se ha mantenido muy similar, alrededor de 30% desde 1990 hasta 2019, con una alta preponderancia de las exportaciones de petróleo y carbón, acompañada de una reducción de la participación de las exportaciones agrícolas e industriales y un ligero aumento de las importaciones. Esta es una participación baja frente a otros países latinoamericanos y muy lejos de la observada en Asia Oriental.

En cuanto a la contribución de la PTF al crecimiento, un reciente estudio de Fedesarrollo estima en -0,1 la contribución de la productividad total al crecimiento anual del PIB desde 1990 a la fecha. También señala que la productividad laboral ha sido limitada, creciendo en promedio a 0,9% anual en el mismo periodo.

Las causas de esta situación son estructurales y de muy diversa índole, y se resumen en el alto costo país en relación con otros países de la región, que se refleja en altos costos de transporte y energía, tramitación excesiva, inseguridad, distorsión en las tasas tributarias, barreras parafiscales, una legislación que induce a la informalidad y una muy baja innovación, como lo ha señalado la Misión de Internacionalización y varios índices de competitividad global. Probablemente esto tenga que ver con la concentración del país en materias primas básicas.

En el ámbito rural, la falta de una agricultura competitiva se debe en gran medida a la falta de bienes públicos, la alta concentración de la propiedad, baja productividad y falta de titulación para la producción campesina. Además existe una ausencia del Estado en muchas regiones del territorio nacional, lo cual ha generado un clima propicio para el conflicto armado, la permanencia de clanes regionales y de actividades ilegales.

Lograr transformar la estructura productiva colombiana en una economía diversificada y competitiva, no solo requiere hacer las reformas que se eliminen las barreras antes mencionadas, sino que debe estar acompañada y probablemente como condición necesaria, de un aumento generalizado de la inclusión productiva y de movilidad social de la mayoría de su población. Este fue el camino que siguieron países como Corea y Malasia, y más recientemente Vietnam.

Con este objetivo, se plantea un conjunto de propuestas para lograr la transformación productiva, basadas fundamentalmente en la inclusión productiva competitiva y formal de núcleos crecientes y sostenidos de personas y empresas, tanto en las áreas urbanas como rurales. La productividad debe estar basada en la innovación y para que esta logre una escala importante y que genere crecimiento y movilidad social, se requiere la formulación de políticas de inclusión productiva diferenciadas, dependiendo del nivel de inclusión y de complejidad en que se encuentren y de su localizan ya sea en grandes conglomerados urbanos, ciudades intermedias, población rural nucleada o áreas remotas.

Para las grandes áreas urbanas del país las propuestas se refieren a cuatro líneas de acción: lograr una complejidad y diversificación inteligente en la producción de bienes y servicios; formación para el trabajo y políticas activas laborales; movilidad urbana para el trabajo, y cooperación entre municipios en áreas metropolitanas y de economías regionales.

Para el sector agropecuario se plantea una propuesta de transformación sectorial, que se centra en lograr aumentos grandes y escalables de la productividad, aprovechando las ventajas comparativas del país e integración con el mercado internacional. Todo esto impulsando varias experiencias piloto exitosas ya desarrolladas en el país. La transformación rural requiere una estrategia integral basada en una apuesta gana-gana, donde las mejoras en productividad tienen efectos multiplicadores en la cadena alimentaria y por tanto en el conjunto de la economía.

Finalmente, se desarrolla una propuesta para propiciar la inclusión productiva de los grupos poblacionales, tanto urbanos como rurales, en extrema pobreza. Se propone crear una ruta hacia su inclusión productiva y social a través de una estrategia denominada ‘Soluciones duraderas’. En próximos artículos de Econometría se presentarán en detalle estas propuestas para la transformación productiva de la economía colombiana.

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