Si bien los resultados de estas estrategias fueron positivos y han tenido un efecto importante en el fortalecimiento de los vínculos entre maestros y familias, vale la pena reflexionar sobre la importancia de superar esta atención coyuntural, aprender de ella y apostarle a la apertura gradual y segura de los servicios de atención a la primera infancia de manera presencial.

La primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo, no solo cognitivo sino socioafectivo de los seres humanos. En este periodo, que va desde la gestación hasta los 5 años, la garantía de los derechos a la salud, la nutrición, la educación, el cuidado y la protección, son claves para el bienestar presente y de los futuros adultos, por lo que no en vano se han hecho importantes esfuerzos en la consolidación de políticas de primera infancia y en la priorización del gasto público para este momento del curso de la vida. Esta realidad está constatada por numerosos estudios longitudinales en todo el mundo realizados por varios premios Nobel de economía.

Sin embargo, en términos de desarrollo, no solo la provisión de servicios de calidad es importante. Las interacciones con los pares, con los padres, con los miembros de la familia, con otros adultos y con la comunidad, son determinantes en la construcción de habilidades sociales y emocionales, aspectos que también afectan las capacidades de aprendizaje y las habilidades necesarias para el resto de sus vidas. Todo ello repercute en su salud mental.

El desarrollo en la primera infancia es, por lo tanto, un proceso cultural, puesto que no solo cuenta las dinámicas individuales, sino que son fundamentales las relaciones y las interacciones con el entorno social, especialmente para los mayores de dos años. En la medida en que estás experiencias de vida sean saludables y enriquecedoras, se tienen efectos positivos sobre el aprendizaje y la retención en el sistema escolar, en la reducción de las brechas de género, en la inclusión social y una mayor probabilidad de éxito en sus vidas futuras.

Bajo esta perspectiva del desarrollo, el cierre de los servicios de atención inicial ya está causando efectos en las niñas y los niños, puesto que han visto limitadas sus interacciones, han perdido espacios de juego, y se han restringido sus posibilidades de exploración y de socialización. Nada de ello puede ser suplido por las estrategias remotas.

A esto se suman dos factores generadores de estrés que afectan al hogar como entorno inmediato de desarrollo, y que pueden dificultar la creación de un ambiente seguro, protector y enriquecedor para niñas y niños. De un lado, es necesario tener en cuenta el incremento de la pobreza como efecto de la pandemia y sus consecuencias sobre el acceso a bienes y servicios, y por otro, la sobrecarga de los cuidadores, que son principalmente mujeres. Ambas son situaciones que afectan particularmente a las personas más vulnerables, lo que profundizará las brechas en el desarrollo entre los diversos niveles socioeconómicos.

En contextos vulnerables los centros de atención a la primera infancia son mucho más que simples servicios de aprendizaje que pudieran ser sustituidos con herramientas tecnológicas. Además de ser espacios que promueven las interacciones enriquecedoras, son entornos protectores y proveedores de servicios básicos, por lo que sus cierres también han mostrado repercusiones en el aumento del maltrato, el abuso y la violencia, y efectos negativos en la salud, la nutrición y el bienestar tanto de las niñas y los niños como de sus familias.

Ante esta realidad, a finales de 2020 el Icbf inició un Piloto de Apertura Presencial Excepcional en algunas unidades de atención a la primera infancia del país, con el fin de organizar y flexibilizar los servicios y dar continuidad a la atención presencial bajo el esquema de alternancia definido por el Ministerio de Educación. Estos pilotos fueron evaluados por Econometría Consultores. Gracias a esta evaluación se pudieron apreciar los resultados positivos en relación con la continuidad de la prestación de los servicios con calidad, evidenciaron una importante capacidad de adaptación de lo pedagógico a las nuevas realidades sin renunciar a la exploración y a la interacción, y demostraron la viabilidad de poner en marcha un retorno seguro para las niñas y los niños en Colombia con la participación activa de sus familias.

Son comprensibles los temores hacia la apertura en una realidad en la que las condiciones de prevención frente al virus no están plenamente dadas, pero la apuesta de política debería poner en la balanza elementos diferenciales para este tipo de población y para este tipo de educación. Se debe promover la apertura gradual y segura, apoyándose en la experiencia piloto de Icbf, de tal manera que se aumente la cobertura de la presencialidad en los servicios a la mayor cantidad de niños y niñas.

Esta decisión debe tomar en cuenta elementos claves como la incidencia del virus en la primera infancia, el comportamiento de los contagios dentro de los centros de atención y los efectos positivos que tiene la vacunación del personal que trabaja en ellos. Pero, sobre todo, debe incluir una perspectiva de futuro que analice los efectos que las decisiones que se tomen hoy tienen en el largo plazo en las niñas, los niños y la sociedad. Queda por delante una importante tarea de evaluar los impactos que los cierres de los centros de atención a la primera infancia y las estrategias de atención remota tendrán sobre el desarrollo, la educación, la inclusión, las brechas de género y el bienestar, así como las medidas correctivas que será necesario tomar para tratar de recuperar el tiempo perdido.