Innovación educativa: experiencias de Colombia…

Innovación educativa: experiencias de Colombia y Perú implementadas en Honduras

Escrita por: Vanessa Parada, analista de la firma.

En contextos rurales en los cuales no hay posibilidades de acceso a la educación o zonas que se enfrentan a sequías prolongadas, se ha evidenciado que algunas de las innovaciones educativas han traspasado las fronteras. Dichas metodologías son estrategias que se han llevado a cabo en Colombia y Perú y se han replicado con éxito en Honduras. Si bien atienden a una problemática similar, el contexto es diferente.

Econometría Consultores en una visita realizada en 2023, a instituciones educativas en algunos municipios de Honduras, encontró que se reconoce la influencia que han tenido Perú y Colombia en la implementación de algunas de las estrategias adaptadas a la escuela en contextos de crisis, para garantizar acceso al agua, como lo ha sido el sistema de bombeo llamado Emas (Escuela Móvil de Agua y Saneamiento) o la metodología llamada Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT).

El mecanismo de las bombas EMA consiste en un sistema de bombeo de agua manual que busca extraer agua de un pozo a la superficie. La innovación es usar como motor el popular juego infantil sube-baja. Mientras las niñas y niños se divierten, se eleva el agua a los tanques de almacenamiento aprovechando la energía que se produce. Se recomienda que este tipo de bombas se instalen en colegios en los que se encuentren una amplia cantidad de niños, ya que se requiere del movimiento repetitivo que genera el juego.

Si bien este sistema ha sido usado en otros países de América Latina, es en Perú donde se encuentra más documentado su uso, sobre todo en comunidades rurales en las cuales no hay acceso a energía que posibilite la extracción de aguas subterráneas, ni tampoco existen ríos o quebradas cercanas.

Este particular mecanismo de extracción de agua se presentó como una alternativa a la profunda crisis de acceso recurso hídrico que tiene Honduras, pues el país se encuentra atravesado por el Corredor Seco Centroamericano. Dicha franja geográfica está ubicada en la Costa Pacífica y atraviesa a varios países de Centro América, lo que los hace muy vulnerables a la sequía prolongada, que se ha acentuado por el cambio climático.

Su implementación en Honduras se ha usado con el fin de garantizar el acceso al agua en las escuelas, debido a que en las largas temporadas de sequía este recurso es escaso o no está disponible para algunas instituciones educativas. Lo anterior limita el acceso de las niñas y niños a las escuelas, ya que no se pueden garantizar las medidas adecuadas de salubridad para el uso de baños o lavado de manos, con el riesgo de vulnerar el derecho a la educación con calidad y en condiciones dignas. Este sistema de bombeo ha sido una solución para brindar educación con continuidad.

La otra estrategia que busca generar entornos seguros para el aprendizaje es el SAT, es una metodología diseñada por Fundaec (Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias) a finales de 1970 en Colombia. Esta consiste en programas de educación formal con enfoque semipresencial y apoyado en tutorías adaptadas a las condiciones sociales y culturales del sector rural. A este sistema pueden acceder tanto jóvenes como adultos, campesinos, pues cuenta con la ventaja de tener una baja intensidad horaria y un tutor que en la mayoría de los casos pertenece a la comunidad y ha sido capacitado para este rol. Así se permite que quienes accedan a este tipo de educación sigan realizando labores productivas, sociales y familiares.

El SAT está dividido en tres etapas según se trate de educación básica primaria, básica secundaria o media. Aunque cada etapa tiene una duración media de dos años, se puede adaptar al ritmo de avance de cada estudiante. El modelo original buscaba fortalecer cinco capacidades: “Servicio a la Comunidad, Lenguaje y Comunicación, Tecnología, Ciencias y Matemáticas.” Como lo explica Fundaec, La estrategia genera una fuerte participación comunitaria en la formación de habilidades y destrezas para fortalecer la educación en el sector rural. Vale la pena resaltar que el sistema no busca sustituir a las instituciones educativas, sino que pretende llegar a donde otras estrategias educativas no llegan.

Este modelo se adaptó al contexto de Honduras en el cual la tasa de deserción escolar en zonas rurales según la Secretaría de Educación de Honduras es alta (19,70%, en comparación con un 10,9% en Colombia)., Se hace aún más pertinente teniendo en cuenta que el país, además de ser atravesado por el Corredor Seco, también hace parte del corredor migratorio, el cual es paso, pero también expulsor de migrantes a hacia los Estados Unidos. Algunos de estos son menores que desertan del sistema educativo, riesgo que el SAT busca minimizar.

La implementación del SAT en Honduras comenzó en 1996 a través de la Fundación Bayán, la cual focalizó su acción en las comunidades rurales de la costa norte, en donde no había posibilidades de continuar con la educación secundaria. Ello implicaba el desplazamiento de quienes deseaban seguir sus estudios, sacándolos de su comunidad con consecuencias como el desarraigo. Las principales adaptaciones se centraron en las capacidades que se buscaban desarrollar, con énfasis en lectura, escritura, y aritmética, buscando una mayor retención escolar, así como promover la responsabilidad cívica y el empoderamiento de la mujer. Se resalta la inclusión de un componente de equidad de género en el sistema de aprendizaje.

En Honduras el SAT se ha implementado en 12 de los 17 departamentos. En los cuales se ha valorado positivamente la capacidad de respuesta a situaciones de emergencia originadas por los huracanes, que han destruido vías de acceso así como instituciones educativas, que dejan a las comunidades incomunicadas y a los estudiantes sin posibilidad de asistir a clases de manera regular. A su vez, se ha reconocido su contribución en la reducción de la deserción escolar y la migración de adolescentes.

Es así como, las iniciativas desarrolladas e implementadas con éxito en Perú y Colombia para generar continuidad en la educación en contextos de crisis han sido relevantes para el sistema educativo en Honduras. Si bien no existen los factores agravantes pueden ser diferentes, las soluciones que se plantean pueden contribuir a proveer una educación de calidad en condiciones dignas. Es un claro ejemplo de lo que puede alcanzar la cooperación Sur – Sur a través de experiencias exitosas que puedan replicarse y adaptarse en países con desafíos similares.

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La descentralización en Colombia: una materia pendiente

La descentralización en Colombia: una materia pendiente

Escrita por: Mario Velasco, consultor asociado; Daniel López, Vanessa Parada y Laura Lara, analistas de la firma.

La descentralización en Colombia puede entenderse como un proceso que tiene al menos tres dimensiones: la política, la administrativa y la fiscal. La primera alude principalmente a la elección de mandatarios locales (alcaldes y gobernadores); la segunda, se relaciona con las facultades y competencias de las entidades territoriales frente a las políticas sectoriales; y la tercera, atañe a la transferencia de recursos del nivel central a las entidades territoriales (municipios y departamentos).

Desde los años 80 del siglo pasado, se ha buscado generar un marco normativo alrededor de tales dimensiones de la descentralización, empezando por la Ley 14 de 1983 que buscaba el fortalecimiento de la capacidad impositiva local, al incrementar las transferencias del Gobierno Nacional hacia las entidades territoriales; pasando por el Decreto Ley 77 de 1987 conocido como el Estatuto de Descentralización; y desde luego, por la Constitución Política de 1991. Posteriormente, han sido establecidas otras normas importantes en esta materia y, recientemente, se ha enfatizado en los planes nacionales de desarrollo 2018-2022 y 2022-2026 en la necesidad de ahondar en la descentralización como mecanismo de equidad territorial.

Lo anterior muestra un amplio acervo normativo que, sin embargo, no siempre resulta preciso ni suficiente para asegurar el desarrollo de la descentralización desde sus tres dimensiones. En este contexto, se creó en 2021 la Misión de Descentralización (Decreto 1665 – 2021) como una “Iniciativa participativa, independiente y transparente que recoge ideas y recomendaciones de diversos actores a lo largo y ancho del país para evaluar el modelo actual de descentralización y presentar propuestas constitucionales y legislativas para definir y ordenar la distribución de competencias y fuentes de financiación entre la Nación y las entidades territoriales” (DNP, 2024).

En función de lo anterior las propuestas se han concentrado en cinco temas específicos: 1) competencias entre niveles de gobierno; 2) fuentes y usos de los recursos para el desarrollo; 3) arquitectura institucional y modernización de la administración pública; 4) Estado abierto y participación ciudadana territorial; y, 5) descentralización y territorios indígenas.

La Misión se articuló con lo fijado en el PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” mediante el pacto XVI “Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones”; allí se destaca la necesidad de efectuar inversiones para: i) el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad territorial; ii) la búsqueda del fortalecimiento institucional y modernización de los gobiernos territoriales; y iii) la generación de instrumentos para la toma de decisiones que promuevan el desarrollo regional.

Por su parte, en el PND 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” la descentralización se considera desde el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental; en este se busca coordinar los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, así como mejorar las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para tomar decisiones en esta materia.
En este escenario, como resultado del trabajo de la Misión, se cuenta con propuestas sobre los temas específicos mencionados, asunto que demarca varios desafíos relacionados con su materialización.

El primero tiene que ver con la capacidad de incidencia de la Misión sobre el Congreso de la República en lo que compete a las reformas legislativas propuestas tales como: nuevas tipologías de las entidades territoriales; cambios en el ordenamiento territorial, así como en el Sistema General de Participaciones y de Regalías; entre otros. Bajo esa perspectiva es primordial contar con la voluntad política del Gobierno Nacional, de modo que los ajustes requeridos puedan transitar efectivamente por el legislativo.

Aunado a lo anterior, y como un segundo desafío, es importante transmitir a la entidades territoriales y actores locales los resultados de la Misión, de modo que puedan ser comprendidos, pero sobre todo apropiados en el territorio incluyendo asambleas departamentales y concejos municipales, pues parte de la reglamentación de ciertos cambios pasarían por estas corporaciones (ej. funciones, servicios y competencias de una nueva tipología territorial). Este asunto en sí mismo impulsaría el debate tanto en el legislativo como en otros espacios académicos y sociales necesarios para avanzar en una descentralización acorde con las necesidades actuales.

Este punto es clave pues se conoce que la Misión viene realizando un trabajo decidido hacia y desde los territorios, por lo tanto, plantear cómo serán empleados los resultados es una manera de advertir la importancia de la participación de los actores e instancias involucradas del territorio, buscando así respaldo para lograr incidencia y cambios efectivos.

En cierta manera, lo anterior lleva a un tercer reto consistente en definir una agenda gubernamental y social de la descentralización, en procura de que sea un asunto relevante no solo para la institucionalidad sino para gremios, organizaciones comunitarias y centros científicos de las ciencias sociales, entre otros. Se trata de develar la relevancia y potencialidad de la descentralización para el desarrollo del país tanto en el momento actual como en el corto y mediano plazo.

Tales desafíos sumados a la necesidad reiterada de atacar la desigualdad en el país, nos lleva a plantear que la descentralización en Colombia sigue siendo una materia pendiente de ser integrada plenamente en nuestro arreglo político institucional, siendo pertinente examinar a fondo las recomendaciones planteadas por la Misión, de modo que se transite a lograr territorios más equitativos y justos socialmente.

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Katherinne Alvarado
Fieldwork Manager
Katherinne Alvarado Acevedo is an Industrial Engineer, with experience in management and coordination of quantitative data collection, she is linked to Econometría since 2019 and has participated in more than 12 consultancies with the firm. Her areas of interest are mainly: Social inclusion, logistics, health, public policy, territorial, urban and rural development, among others.
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Líder Trabajo de Campo
Katherinne Alvarado Acevedo es Ingeniera Industrial, con experiencia en gestión y coordinación de recolección de datos cuantitativos, se encuentra vinculada a Econometría desde el 2019 y ha participado en más de 12 consultorías con la firma. Sus áreas de interés son principalmente: Inclusión social, logística, salud, políticas públicas, desarrollo territorial, urbano y rural, entre otros.
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Tomas Hamann
Junior Consultant
Tomas Hamann Sanclemente is an economist from the Universidad de Los Andes with a minor in Business Law and has been part of Econometría since 2023. His areas of interest include macroeconomic analysis, impact evaluation, market analysis, and business planning.
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