La crisis económica derivada de las medidas de confinamiento por la pandemia del covid-19 ha sido profunda. En el caso de Colombia la crisis llevó a una caída del PIB en 6,8%, una inflación de 1,6%, que es el menor registro desde 1955, y una tasa de desempleo del 15,9%, con un promedio de las tasas de desempleo mensuales de 16,1%. Dichos resultados fueron similares a los pronosticados por Econometría Consultores publicados en este diario en las fechas de 7 de agosto y 30 de octubre del año pasado, en donde se esperaba una caída del PIB del 7%, una inflación del 1,8% y una tasa de desempleo del 16,5%. En dichas columnas se mencionaba la necesidad de lograr una senda de crecimiento alta en los próximos años para poder recuperar rápidamente las pérdidas generadas por esta crisis.

De momento, las expectativas de los analistas no son las mejores. Según la última encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, los pronósticos de crecimiento para 2021 fluctúan entre 3,9% y 4,8% con un valor mediano de 4,5%. Por su parte, el FMI y el Banco Mundial ajustaron sus perspectivas de crecimiento en 4,6% y 4,9%, respectivamente. Bajo estos escenarios, se recuperaría el nivel de PIB en 2019 en 2022. El 22 de enero, en este diario, Econometría Consultores pronosticó un crecimiento de 4,5% para 2021. La persistencia de los choques negativos en la tasa de desempleo hace necesario que se den acciones para mejorar el crecimiento económico en el corto plazo, pues de lo contrario los efectos lesivos de la crisis se mantendrán por mucho tiempo.

Es por ello por lo que existían tantas expectativas sobre el Conpes 4023, en el cual se fija la política pública para la reactivación, repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente. En nuestra opinión, el Conpes 4023 tiene múltiples aciertos, pero también genera dudas y se notan algunas ausencias.

Dentro de los aciertos se encuentra la inversión en la infraestructura vial del país, lo cual es importante en la medida en que generaría cerca de dos millones de empleos, aunque la mayoría de estos serían temporales. Además de este efecto en el empleo, este tipo de proyectos permite una mayor competitividad de las exportaciones no tradicionales colombianas pues bajaría el costo de transporte. Dicho compromiso también busca cerrar la brecha digital entre las zonas rurales y el campo, lo que seguramente incidirá de manera positiva en el crecimiento de largo plazo del país y en la calidad de vida de los colombianos.

Otro de los aciertos se encuentra en la expansión del programa Ingreso Solidario hasta junio de 2021, que se traduce en tres giros adicionales para las familias más afectadas por la pandemia. Lo anterior resulta importante puesto que, aún si se cumple el programa de vacunación, el primer semestre de 2021 no será muy dinámico, y los hogares más vulnerables seguirán necesitando apoyo de parte del gobierno. Es recomendable condicionar el fin de este programa a que se logré la inmunidad de rebaño en el país, más aún cuando los riesgos de un retraso en el programa de vacunación son altos. Ahora bien, este programa puede constituir un avance importante en materia de políticas públicas y puede adaptarse después de la pandemia, más en la lógica de un seguro de desempleo que de una transferencia no condicionada.

Una de las dudas que genera la lectura del documento Conpes es la celeridad del programa. ¿Cómo es la temporalidad de la ejecución $135 billones de dicho programa de reactivación? ¿En qué temporalidad se generarían los cerca de 2 millones y medio de empleos nuevos contemplados en dicho documento? Aunque se plantea que es un plan a seis años, en materia de mercado laboral es muy distinto generar 1,5 millones de empleos entre 2021 y 2022 y el millón restante entre 2023 y 2026 a generar cerca de 500.000 empleos cada año entre 2021 y 2026. Esta temporalidad no es clara. Es necesario que sean explícitas en el tiempo las metas de recuperación del mercado laboral. Si bien la inversión prometida puede generar empleos, es necesario que las metas con relación a estos últimos sean más explícitas.

En la misma línea, en el documento Conpes están ausentes políticas activas de empleo. La tasa de desempleo de las mujeres en 2020 se ubicó en 20,6% y a pesar de ello no se evidencia la existencia de estrategias que mitiguen la brecha de género. Se plantea que la inversión en infraestructura generará 2 millones de empleos, y ello está bien, pero serán fundamentalmente masculinos. Así las mujeres, que fueron las más afectadas por la crisis, no estarían beneficiadas de manera directa por esta política de reactivación. Son necesarios planes específicos dirigidos a este grupo social.

Lo mismo sucede con los jóvenes, pues gran parte de las estrategias destinadas a este segmento de la población se enfocan más en la formación de su capital humano, aspecto importante, pero que no garantizan la generación de empleo en este rango de edad. Sería prudente la generación de programas de disminución en los impuestos que hoy castigan la generación de empleo. También debe pensarse en la exención en parafiscales para fomentar el empleo de grupos altamente afectados por la crisis. El crecimiento económico debe ser inclusivo.