La misión plantea que la disfuncionalidad del mercado laboral tiene efectos negativos en dos grandes dimensiones: la de bienestar social y la de crecimiento económico y productividad. Hace una serie de recomendaciones que se centran principalmente en los costos laborales, proponiendo separar de estos costos gran parte de la financiación a la seguridad social. Así se logrará mejorar el bienestar de los trabajadores a lo largo de su vida productiva independientemente de su situación laboral -empleados o desempleados y con ingresos por encima o por debajo del salario mínimo. La informalidad desaparece casi que por definición, en la medida que si son informales quienes no cotizan a salud y pensiones y con la reforma estos programas se financian con impuestos y no con costos a la nómina, no existiría esta informalidad. La misión también afirma que con costos bajos las empresas, que en su mayoría son pequeñas, pueden crecer y se generaría más empleo. Cuando hace referencia a la adquisición de habilidades en el trabajo y capacitación laboral recomienda un uso más eficiente de los recursos destinados a estas políticas y una mejor coordinación institucional.

Conceptualmente, es imperativo diferenciar los efectos que distintas reformas pueden tener sobre variables del mercado laboral. En particular, en dos dimensiones: la reducción de la informalidad y la generación de empleo -o la reducción del desempleo. Un ejemplo es la reforma tributaria de 2012. Se redujeron los costos sobre la nómina al sustituir las contribuciones parafiscales para ICBF y Sena por un impuesto sobre la renta-impuesto de la equidad llamado CREE. El efecto de esta reforma fue una disminución paulatina de la informalidad laboral, pero no la generación de nuevos empleos.

La razón es sencilla: más que por los costos, los empleadores contratan a los trabajadores porque estos cuentan con las competencias y habilidades necesarias. Y existe una brecha enorme entre la formación para el trabajo que necesitan los empresarios y la que tienen las personas que están buscando trabajo, especialmente en la formación técnica y tecnológica. En otras palabras, existen vacantes de trabajo que no se pueden llenar porque las empresas no consiguen los trabajadores con las competencias y habilidades necesarias, como lo constató la más reciente encuesta del Ministerio del Trabajo y Acrip sobre las necesidades de talento humano de las empresas colombianas. Desde un punto de vista complementario, una de las grandes fallas del mercado laboral colombiano es la baja productividad laboral. Esto no se da por culpa de los trabajadores sino por la falta de una política de formación para el trabajo pertinente y con calidad. Además de un buen diagnóstico es necesario tener una buena receta para curar la enfermedad. Así se eliminen todos los costos sobre la nómina, eliminando de tajo la informalidad, difícilmente se generarían suficientes empleos si la formación para el trabajo no es pertinente. Antes de la pandemia el desempleo estaba por encima del 10%. La pandemia destruyó cerca de 4,5 millones de empleos, y aunque muchos se han recuperado, el desempleo todavía persiste en dos dígitos.

El crecimiento de la economía no se ha dado acompasado con un crecimiento del empleo y es esperable que la nueva normalidad traiga consigo la necesidad de nuevas competencias y habilidades. Una de las grandes políticas que es necesario profundizar más, es la generación de empleo, y para esto se debe centrar gran parte de los esfuerzos en adecuar la formación para el trabajo a la necesidad de las empresas. Trabajadores mejor preparados son más productivos, las empresas pueden crecer, y la productividad de los trabajadores puede hacer subir sus salarios.

Esta propuesta de reforma debe contar con al menos tres elementos. Primero, para identificar las necesidades del aparato productivo los empresarios deben ser protagonistas. Segundo, Colombia es un país de regiones, y los aparatos productivos de cada ciudad y cada región son diferentes. No se produce lo mismo en Bogotá que en Neiva o en Sincelejo. Por lo mismo, las necesidades de formación para el trabajo también son diferentes. Instituciones como el Ministerio del Trabajo no cuentan con la capacidad suficiente para identificar las necesidades de cada región. Por eso las autoridades locales -alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, cajas de compensación- deben hacer parte de esta política de formación para el trabajo. Tercero, el Sena debe responder de manera más pertinente a las necesidades de las regiones, sus metas deben ir más allá de la cobertura en formación; deben enfocarse en la empleabilidad y la productividad de sus egresados.

Finalmente, centrar los esfuerzos en la formación para el trabajo puede generar más consenso que una reforma a los costos. No es necesario discutir esta reforma en el Congreso, y les otorgaría oportunidades laborales a muchos jóvenes cuya mayor preocupación es la falta de empleo.