Soluciones duraderas como enfoque de intervención

Soluciones duraderas como enfoque de intervención

Autor: María Gloria Cano

Hacer una radiografía de la extrema pobreza en Colombia conlleva encontrar entornos carentes de bienes públicos, cooptados por economías ilegales, personas con exclusión económica y social condicionada por analfabetismo o un bajo nivel educativo, sin mayores activos y con informalidad laboral. Así mismo, hogares marginados en los cuales predomina la jefatura femenina, con presencia de personas con discapacidad y embarazo adolescente, y adicionalmente con traumas sin cerrar relacionados con situaciones de violencia, desplazamiento o migración forzada, que generan autoexclusión.

Todo lo anterior reproduce el ciclo vicioso de la extrema pobreza, de generación en generación.

En este contexto adverso pareciera que las intervenciones centralmente planificadas en donde los sujetos son los hogares y/o las personas de manera individual, no logran romper las trampas de la pobreza. Por ejemplo, esfuerzos por lograr la inclusión laboral de personas en situación de pobreza extrema y de desplazamiento forzoso a través de rutas de empleabilidad se ven frustrados ante la imposibilidad de ellas para transportarse en los horarios exigidos o de solucionar el cuidado de sus niños y niñas menores de cinco años.

Por otra parte, la focalización individual impuesta sobre las personas víctimas del desplazamiento forzado o migrantes y refugiados, sin integrarlas con la población de acogida, donde las comunidades comparten carencias similares, genera fragmentación, xenofobia y estigmatización, impide la consolidación del tejido social y el camino hacia la inclusión. En la mayoría de los casos, las soluciones son traídas por terceros, diseñadas a nivel técnico e impuestas sobre las comunidades, y no son apropiadas por estas. Los individuos son receptores pasivos de las ayudas, sin generarse sostenibilidad en las soluciones.

Frente a esta situación es necesario un nuevo enfoque, el de soluciones duraderas, como se expone en el Libro ‘Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural’, de Econometría, en donde se reconoce el entorno como condicionante en la calidad de vida de las comunidades. Se busca el restablecimiento de la ciudadanía y la dignificación a través de procesos participativos.

Ello implica un cambio profundo en la forma de trabajar con la población, pasar de un enfoque individual a uno comunitario, en el cual las comunidades construyen sus soluciones con las autoridades municipales a partir de un esquema facilitado por actores que tengan reconocimiento en la comunidad. Estos actores se pueden interpretar como nodos articuladores, o “enablers”.

Las experiencias que se han vivido en el país han demostrado que estos ‘nodos articuladores’ pueden ser diversos. En algunos casos han sido agencias de cooperación con fuerte presencia en el territorio que han servido de facilitadores en procesos de alianzas público-privadas en torno a una comunidad y han logrado avanzar en romper barreras del entorno que replicaban las condiciones de pobreza extrema. Se cuenta con ejemplos replicables como las experiencias en Cúcuta en el barrio Las Delicias, que en 2016 fue reconocido legalmente por el municipio, logrando con ello acceso a servicios esenciales, mejoramiento de vías, transporte público y un proceso de mejoramiento significativo del entorno y de la integración local urbana.

En el ámbito rural, igualmente existen ejemplos que involucran soluciones duraderas con la titulación de tierras acompañada con proyectos productivos que han transformado la calidad de vida de toda comunidad. En todos los casos, se acompañó con una institucionalidad multiactor con la comunidad como protagonista, en donde se implementó un proceso que parte de la construcción de confianza y de dignificación, diálogo, reconocimiento, liderazgos jóvenes y femeninos, construcción de comunidad y atención psicosocial.

Romper las trampas impuestas por el entorno debe acompañarse con un portafolio de oferta de servicios por parte del estado, que reconozca las situaciones diferenciales de los hogares, pero trabajada desde el diálogo con la comunidad, en donde sea esta misma la que aporte elementos para la focalización. En la medida que es la misma comunidad la que reconoce las brechas por cerrar, las acciones afirmativas serán acciones sin daño que viabilizan la posibilidad de integración y generan soluciones compartidas.

Estas acciones afirmativas deben dirigirse al cierre de brechas culturales, de formación para el trabajo en los nuevos ámbitos de residencia, de mejoramiento de los niveles educativos y de atención psicosocial para evitar círculos viciosos de estrés, ansiedad, aversión exagerada al riesgo, entre otros.

La construcción de estas soluciones duraderas debe ser un propósito que trascienda las intervenciones puntuales de corto plazo, impuestas, independientes y desarticuladas. Parte del reconocimiento de los contextos como condicionantes de la realidad que enfrenta cada una de las personas que habita una comunidad, y en la medida en que exista el compromiso de los diferentes actores, pero principalmente de las autoridades locales y nacionales, se podrán transformar estas realidades, y avanzar en la integración social y económica de las poblaciones hasta ahora excluidas, con plena participación de las bases comunitarias.

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¿Tenemos que esperar una crisis?

¿Tenemos que esperar una crisis?

Autores: Arturo García, Nury Bejarano y Cristhian Contreras

En el libro “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural” se plantea que el país tiene “Una ventana de oportunidad en el sector agropecuario” (Econometría, 2021). La apuesta por los recursos energéticos (que viene de hace muchos años) no tiene mucho futuro: en carbón se cuentan con importantes reservas, pero tiende a prohibirse mundialmente por los efectos sobre el calentamiento global; en petróleo las reservas no superan los siete años. Con la reactivación económica post pandemia, se tiene una gran demanda de petróleo e incluso de carbón, que no durará mucho, en particular si se avanza en los acuerdos de la COP26.

Buscando alternativas, cuando se compara la dotación de los factores de producción de Colombia respecto a países con los que podría estar compitiendo se encuentra que: tenemos una mano de obra cara, en vías estamos en los últimos puestos del ranking mundial, la inversión en ciencia y tecnología es vergonzosamente baja; y nuestros costos de energía están entre los más altos. En lo único que tenemos una real ventaja comparativa en agua, tierras (FAO, 2011) y una ubicación geográfica que nos permite producir todo el año, en todos los pisos térmicos.

Si el país quiere aprovechar sus ventajas comparativas debe apostar por el sector agropecuario; lo cual es la base para generar más empleos, incrementar los ingresos y aumentar exportaciones. Así mismo, se lograrían encadenamientos con la agroindustria y se evitarían las desventajas de centrarse en productos básicos (no generar valor agregado, perdida de términos de intercambio, baja diversificación, etc.).

Si la situación es tan clara, ¿por qué el país no ha hecho la apuesta por el sector agropecuario donde se aprovecharían las ventajas comparativas? Justin Lin en el texto Economic Development and Transition (Lin, 2009) tiene un planteamiento interesante al respecto. Considera que el desarrollo se logra cuando se tienen políticas alineadas para aprovechar las ventajas comparativas; sin embargo, estas políticas solo se adoptan cuando el país no tiene otra opción. La disponibilidad de recursos, en el caso de Colombia provenientes del petróleo y en menor medida del carbón, permiten pensar en mundos ideales donde el desarrollo es sinónimo de tener actividades con tecnología de punta, así las escalas, el mercado o los costos no soporten esas opciones

¿Significa que debemos pasar por los costos de una crisis para adoptar políticas que propicien un desarrollo sólido, soportado en las ventajas comparativas? La crisis está en el horizonte, sin ser inminente. Con una balanza comercial negativa y creciente, y un alto endeudamiento, el país necesita buscar alternativas de desarrollo.

En este escenario se tienen dos opciones: a) esperar hasta que efectivamente estalle la crisis y en ese momento tomar medidas de fondo; o b) anticiparse a la crisis e ir creando las condiciones para hacer una transición lo menos costosa posible. Las próximas elecciones presidenciales determinarán que camino seguir.

Si se aplazan los ajustes hasta el momento de la crisis, no hay mucho más que decir, salvo que se advirtió. En caso contrario, en el escenario de anticiparse a la crisis, las actividades minero-energéticas seguirán a un nivel alto, pero con una tendencia decreciente. Se tendrán unos pocos años para un gran ajuste estructural. Esos años (tal vez algo menos de 10) deben aprovecharse para ir creando las condiciones y validar por medio de pilotos alternativas de desarrollo productivo que puedan escalarse.

Para crear las condiciones, primero se deben evitar los efectos tipo enfermedad holandesa asociados a la explotación del petróleo. En particular se debe: evitar la revaluación, promover actividades contra cíclicas; y ver estos ingresos como una fuente de financiación para las nuevas apuestas de desarrollo.

Considerando el sector agropecuario, se debe afianzar el ordenamiento territorial a partir de, por ejemplo: a) procesos de aglomeración en las zonas rurales; y b) definición de la vocación del uso de las tierras y conflictos de usos, de acuerdo con el uso real. Adicionalmente avanzar y consolidar el catastro rural multipropósito.

A la vez que se crean condiciones deben irse validando opciones productivas, pues será la fuente de generación de riqueza. En lo que respecta a los “qué´s”: a) apostar por la inclusión productiva como base para la inclusión social; b) buscar grandes impactos, que sean factibles y permitan la propagación; y c) todo proyecto debe tener posibilidades de gran escalamiento. En lo que corresponde a los “cómo´s”: a) más que cobertura, se deben lograr efectos demostración para su propagación; momento en el cual, el énfasis del gobierno será la provisión de bienes públicos como extensión rural para potenciar la propagación; y b) trabajar con pilotos que además de probarlo, analicen las condiciones en que se podrían replicar.

Esto es lo que puede hacer un próximo gobierno. El escalamiento corresponderá al gobierno que inicie en el 2026. Por el bien del país, esperemos que la crisis no estalle antes y que quien llegue a la Presidencia en el 2022 sea un estadista visionario.

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Valor compartido

Valor compartido

En los últimos años se ha venido estableciendo en el sector empresarial global una mayor conciencia social y ambiental, lo cual implica que los resultados de una empresa o actividad económica no deben medirse únicamente por la rentabilidad que le reporte a sus accionistas o dueños, sino por su aporte a la sociedad. Este aporte tiene tres componentes: económico, social y ambiental. Este es el concepto de Valor Compartido (Shared value en inglés), es decir, en una empresa o en cualquier actividad productiva sus resultados deben medirse en función de los efectos netos positivos y negativos que tengan en sus grupos de interés. A diferencia de otros enfoques, el objetivo de maximización no solo incluye el valor agregado en términos económicos generado por la empresa, sino también el valor generado para la sociedad y el medio ambiente. Es decir, los estimativos de rentabilidad de las actividades económicas deben incorporar la atención a los desafíos y necesidades sociales y ambientales de su entorno. Este enfoque, planteado inicialmente por Michel Porter de la Universidad de Harvard en 2012, fue adoptado a finales de 2019 por las empresas agrupadas en el Business Roundtable y en febrero de 2021 en la declaración final del Foro de Davos.

Nuestra contribución

Econometría ha sido en Colombia la entidad pionera en hacer el cálculo del Valor Compartido para las empresas del país. Estas estimaciones se han efectuado siguiendo las formulaciones teóricas más actualizadas a nivel mundial para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Es así como en 2017 se realizó este cálculo para ARGOS y en 2019 para PROMIGAS. En estos casos se calculó la contribución neta de estas empresas no solo para sus accionistas, sino para otros sectores de la economía, para las comunidades de su entorno y para la sostenibilidad ambiental general. Previamente, aunque sin el marco de referencia de los acuerdos antes referidos, se efectuaron estimaciones similares para Cerrejón y Cerro Matoso.

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En Econometría hemos realizado múltiples evaluaciones de programas País, programas temáticos y de operaciones en América Latina, Asia y África de organizaciones de las Naciones Unidas tales como UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ACNUR, ONU Mujeres, FAO, Unesco, OIM, OIT, entre otras. Con Unicef se suscribió un contrato de Largo Plazo para evaluaciones de impacto dentro del cual se llevó a cabo la evaluación del programa de mejoramiento nutricional dirigido a niñas y niños de Nepal, la línea de base del programa para combatir el matrimonio infantil en Afganistán, la evaluación del programa Criando con Amor de Honduras, la evaluación del programa País de Etiopía, la mayor operación de la organización en África, entre otros. Con el PMA se ha suscrito y renovado desde 2012 contratos de largo plazo para la provisión de servicios de evaluación en los esquemas centralizado y descentralizado, y llevado a cabo múltiples evaluaciones del programa País, operaciones y estratégicas en Cuba, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Haití, Centro América, el Caribe, Guinea Bissau y Gambia, entre otros.

Nuestra contribución

Econometría es la única firma latinoamericana que hace parte del grupo de firmas a las cuales se les ha otorgado el contrato de largo plazo con el PMA. Para esta organización y otras de Naciones Unidas Econometría ha contribuido en la búsqueda de evidencia de aciertos y desafíos para la toma de decisiones que conduzcan al diseño e implementación de intervenciones más pertinentes, efectivas, eficientes, sostenibles en aspectos como alimentación, disminución de la pobreza, desarrollo integral de niños y niñas, igualdad de género, protección de refugiados, derechos humanos, entre otros.

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Ciencia e innovación

Ciencia, tecnología e innovación

Ciencia, tecnología e innovación (CTI) son fundamentales para el desarrollo económico y el progreso social de una economía. La innovación permite aplicar las técnicas científicas y los conocimientos tecnológicos al desarrollo de productos y servicios útiles, así como a la creación de empleo. En Econometría hemos evaluado los resultados y los impactos de los programas de mayor trascendencia en Colombia.

Nuestra Contribución

En Econometría hemos contribuido a evaluar el impacto y los resultados de los incentivos que se han diseñado e implementado desde Innpulsa Colombia, Minciencias y entidades relacionadas para promover la CTI, aportando recomendaciones para superar desafíos y diseñar ajustes a los mecanismos. Igualmente hemos contribuido en la identificación de las características de las empresas que crecen de manera rápida, rentable y sostenible a través de la inversión en CTI de tal forma que se diseñen incentivos para fortalecer el ecosistema de innovación en el país.

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Katherinne Alvarado
Fieldwork Manager
Katherinne Alvarado Acevedo is an Industrial Engineer, with experience in management and coordination of quantitative data collection, she is linked to Econometría since 2019 and has participated in more than 12 consultancies with the firm. Her areas of interest are mainly: Social inclusion, logistics, health, public policy, territorial, urban and rural development, among others.
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