De acuerdo con la literatura, parte de esta tendencia puede estar asociada al aplazamiento de la maternidad. Este fenómeno se conoce como “efecto tempo”, en el cual los nacimientos no necesariamente desaparecen, sino que se postergan, reduciendo la fecundidad observada en un periodo determinado. En Colombia, este matiz es relevante porque el grupo de edad con mayor incremento reciente en nacimientos es el de 30 a 34 años, tanto en zonas urbanas como rurales. Al mismo tiempo, y afortunadamente, la fecundidad adolescente ha venido cayendo de forma significativa: entre 2014 y 2023, la tasa de embarazo entre 10 a 14 años cayó 40,3%, y en adolescentes de 15 a 19 años en un 43,0%. (CELAC, 2025)

Sin embargo, la magnitud y velocidad de la caída sugieren que quizás el aplazamiento no explica todo. La decisión de tener hijos ocurre en las dinámicas del día a día. Las personas no necesariamente toman decisiones viendo indicadores macroeconómicos, pero sí a partir de contextos de incertidumbre en ingresos inestables, dificultad para independizarse, altos costos de vivienda y sostenimiento del hogar, (Hinojosa-Mamani, 2026) y, en Colombia específicamente, acceso limitado a las redes de cuidado. (UNFPA, 2026)

Con relación al tema del cuidado, tanto a nivel nacional como a nivel regional, se evidencia que tener hijos sigue implicando altos costos distribuidos de manera desigual entre géneros. En Colombia, por ejemplo, las mujeres presentan una participación mayor en actividades asociadas a la economía del cuidado; 90%, frente a 62% en los hombres. Esta sobrecarga no solo puede afectar la decisión de tener hijos, sino también la participación laboral, el ahorro y la cotización pensional. Es por esto que la discusión sobre natalidad no debería limitarse a entender por qué las personas tienen menos hijos, si no qué tan viable es trabajar, formar y cuidar a una familia en las condiciones actuales. (UNFPA, 2026)

El principal impacto de esta transformación es que Colombia podría pasar, de discutir cómo aprovechar su bono demográfico[1] a preguntarse cómo financiar y organizar una sociedad envejecida. Durante años el país contó con una proporción amplia de personas en edad productiva frente a niños y adultos mayores, pero esa dinámica ha venido cambiando  (UNFPA, 2026). De acuerdo con las proyecciones del CIEP & Tecnológico de Monterrey(2024), la tasa de dependencia en Colombia alcanzó un mínimo cercano a 42,8 en 2023, pero podría aumentar progresivamente hasta 65,2 en 2060. (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 2024) . De acuerdo con esto, es posible que a partir de la década de 2050, el país entre en una fase de “impuesto demográfico”, en donde hay menos población en edad activa sosteniendo una demanda creciente de pensiones, salud, cuidado y protección social.  (UNFPA, 2026)

Así pues, existe un efecto evidente es en el sistema pensional y en las finanzas públicas. Esta discusión no depende únicamente de reglas de cotización, semanas o edad de retiro, también depende de la estructura poblacional. Si hay menos nacimientos, más adultos mayores y una alta proporción de trabajadores en la informalidad, la base efectiva de cotizantes se reduce, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema. En esta línea, se ha estimado que, bajo la reforma pensional reciente, hoy suspendida por la Corte Constitucional, las obligaciones netas del sistema podrían representar 166% del PIB en valor presente entre 2024-2100; que el gasto pensional de Colpensiones podría elevarse hasta 5,6% del PIB en 2065; y que el gasto pensional público total podría alcanzar 7,8% del PIB, exigiendo recursos adicionales cercanos a 1,8% del PIB. (Clavijo, 2024)

En este caso, la presión no proviene solo del aumento de adultos mayores, sino de la debilidad de la base contributiva. De acuerdo con Clavijo (2024), Colombia podría pasar de 2,5 millones de pensionados en 2024 a 6,6 millones en 2070, sin embargo, la cobertura pensional podría caer del 36% al 25%. Por otro lado, a febrero de 2026, Colombia muestra una tasa de informalidad superior al 55,3% lo que a su vez limita a una buena parte de la capacidad de cotización de personas en edad productiva  (DANE, 2025).

Frente a este panorama, el fenómeno de la baja natalidad exige una combinación de esfuerzos, que complementen procesos adaptativos, con la creación de condiciones que alivien algunas de las cargas a la hora de formar familia. Paralelamente la respuesta también debe ser económica y fiscal. Si habrá menos jóvenes entrando al mercado laboral, Colombia tendrá que crecer menos por volumen y más por productividad. Eso implica, aumentar la inversión y los esfuerzos en educación técnica, digitalización y formalización laboral. Como se mencionó, el envejecimiento puede aumentar las obligaciones y presionar el presupuesto público en las próximas décadas. Por eso, Colombia necesitará una planeación fiscal de largo plazo que incorpore escenarios demográficos, evalúe el costo futuro de las transferencias pensionales y proteja el ahorro necesario para financiar inversión y productividad.

En últimas, la caída de la natalidad no debería leerse como una preocupación aislada sobre el tamaño futuro de la población, sino como una señal temprana de una posible transformación del modelo social y económico del país. Colombia tendrá que preguntarse, al mismo tiempo; cómo hacer más viable formar familia, cómo integrar mejor a sus jóvenes y migrantes al mercado formal, cómo sostener fiscalmente una sociedad más envejecida y cómo redistribuir los costos del cuidado. La transición demográfica exige mirar de manera conjunta la natalidad, la productividad, la formalización, la protección social, la sostenibilidad pensional y la organización del cuidado. Si el país no anticipa esta discusión, el riesgo no será solamente que nazcan menos personas, sino que Colombia llegue a una sociedad envejecida sin haber construido las condiciones económicas, fiscales e institucionales para sostenerla.