Señalemos tres de las imprecisiones de la autora:

Dice la autora en el libro citado que “la mayoría de los economistas considera que el gobierno no añade valor a la economía” (El valor de las cosas, pag 130). Mas adelante afirma (pág. 133) que “…en un sistema capitalista, donde la ganancia de un beneficio se considera el resultado de ser productivo, esto es importante porque hace que el gobierno, cuyas actividades tienden a no tener ánimo de lucro, parezca improductivo”. Estas afirmaciones, simplemente, no son ciertas. El concepto de bienes públicos, desarrollado por el premio Nobel Samuelson en los años 50, señala cómo aquellos bienes que cumplen las condiciones de no exclusión y de no rivalidad, deben ser producidos por el Estado, en la medida en que no existen incentivos para que los agentes privados se responsabilicen de ellos a través del sistema de precios. Se trata de servicios como la justicia, la defensa y la regulación. Es claro que esto corresponde a una falla de mercado, que debe ser solucionada por la autoridad pública. En la formulación del Sistema de Cuentas Nacionales, esa producción de bienes públicos se contabiliza como la actividad central del “Gobierno General”. Los principios de contabilización no son diferentes a los que se aplican a los bienes y servicios producidos por el mercado: lo que la sociedad paga por ellos. Solo que en este caso el pago no se hace con el sistema de precios, sino a través de impuestos (o de deuda, que no son sino impuestos futuros). La demanda por estos bienes se expresa a través del proceso político. Son los cuerpos legislativos, cuando aprueban los presupuestos, los que deciden cuál es la canasta de bienes públicos deseados por la sociedad. En la contabilidad de oferta del sistema de cuentas nacionales del Dane, estas actividades aparecen bajo el nombre “Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales”. Las cuales representaron, para el año 2021, 15% del PIB, según las cuentas nacionales publicadas por el Dane.

Afirma, también refiriéndose al sistema de cuentas nacionales, que “el gasto de todos los hogares es lo que cuenta de cara a la demanda final de la economía”. Ello tampoco es cierto. El consumo de los hogares, representó el año pasado en Colombia, según el Dane 66% de la demanda interna, que incluye además el gasto de consumo del gobierno y la formación bruta de capital, una parte de la cual es adelantada por el Estado, este último componente está claramente identificado en las cuentas nacionales. No es cierto tampoco que exista la convención de que “todo el gasto gubernamental cuenta como consumo final de la economía” (pág. 135).

Afirma la autora que el sector financiero no es productivo y que si figura así en los sistemas modernos de cuentas nacionales, es solo como resultado del lobby de estas empresas. En realidad, el enorme equipo técnico tanto de organizaciones multilaterales como nacionales, encargado de definir el Sistema de Cuentas Nacionales ha hecho un trabajo serio, cuyos resultados pueden apreciarse leyendo el Manual de Cuentas Nacionales. Según este sistema los préstamos bancarios son un producto como cualquier otro. Su materia prima son los depósitos recibidos. Los bancos los agrupan, transforman plazos, y deciden, a través de un proceso de análisis de riesgo, cuáles son los clientes o proyectos dignos de crédito. La diferencia entre el costo de los depósitos y los créditos cobrados constituye el valor agregado, con el cual se remunera la mano de obra y el capital invertido.

No es cierto que la actividad financiera se haya desregulado. Es cierto que en 1999 se derogó en Estados Unidos la Glass Steagall que desde los años 30 del siglo pasado exigía una completa separación entre la banca de inversión y la de crédito, y ello estuvo en el origen de la crisis de 2008. Pero desconoce la autora que desde finales de los años 80 del siglo pasado el Comité de Basilea, organismo que agrupa a los principales bancos centrales del mundo, ha establecido pautas exigentes en regulación prudencial y exigido la adopción de modelos sofisticados de medición de los riesgos de crédito, de liquidez y operativo de los bancos, pautas que en Colombia han sido recogidas en regulaciones del gobierno nacional y de la Superintendencia Financiera e implementadas por las instituciones financieras. Ello ha exigido por parte de estás un recurso humano altamente calificado, y enormes inversiones en sistemas de información y comunicación.

Si de sus tesis se derivan recomendaciones de política que son fuente de inspiración para este gobierno, no podemos esperar que ellas contribuyan a superar los problemas de crecimiento, de desigualdad y de pobreza. Ojalá los funcionarios públicos y la opinión pública no coman entero.