Sin lugar a duda, marzo es un mes para conmemorar la lucha por garantizar la equidad social, económica, cultural y política de las mujeres. Desde inicios del siglo XX, tiempo al que se atribuye el inicio de este movimiento, se han realizado muchos avances en términos de igualdad de oportunidades. Sin embargo, hoy en día persisten grandes factores que afectan la equidad entre hombres y mujeres, especialmente si se reside en la ruralidad colombiana.

Según el DANE, en el 2023, aproximadamente el 23% de los habitantes del país residía en zonas rurales, del cual el 48% eran mujeres. En diversos estudios adelantados recientemente por Econometría Consultores (evaluaciones al Proyecto Alianzas Productivas, el Campo Emprende, Programa de Alianzas Comerciales y el diagnóstico de la Actividad de Agricultura Sostenible), se ha encontrado que la mujer rural se ve enfrentada a un sin número de barreras, que al final, afectan severamente su autonomía económica, personal y profesional. Dentro de estas barreras, se han identificado factores como estereotipos frente al trabajo que “deberían” desempeñar, lo cual generalmente está asociado con actividades del cuidado y economía del hogar, por ejemplo, preparar los alimentos para el hogar y los trabajadores y/o cuidar a los hijos, a los adultos mayores o a personas con discapacidad. Un segundo factor identificado, es el acceso desigual a los recursos productivos, en donde, en comparación con los hombres, la mujer tiene una menor tenencia de tierra y un menor acceso al sistema financiero. Particularmente la solicitud y otorgamiento de créditos está limitado dada la falta de garantías, al no tener un título que respalde la solicitud.

Un tercer factor que afecta la equidad de oportunidades entre hombres y mujeres es la dificultad de obtener un empleo de calidad. Mientras la tasa de ocupación de los hombres en el área rural es del 70,7%, en las mujeres es del 29,3% (datos del DANE-GEIH, 2022). Esta brecha es explicada en parte por las actividades de cuidado y economía del hogar que tienen a cargo las mujeres y por barreras a su contratación en las empresas; en este último caso (barreras a contratación), la brecha se acentúa dada la combinación de tiempo limitado y menor nivel educativo alcanzado en comparación a los hombres. Por último, se ha evidenciado por Econometría que las mujeres rurales son más susceptibles de ser víctimas de violencia doméstica o ser afectadas por el conflicto armado.  

Estos cuatro grandes factores llevan a que se amplíe la brecha de género, afectando severamente la toma de decisiones en espacios comunitarios, dificultando acciones de liderazgo, empoderamiento y uso del tiempo, con todas las consecuencias sobre la salud y bienestar de la mujer.

En este orden de ideas, las estrategias para contrarrestar los efectos de los factores que afectan la equidad y por consiguiente cerrar las brechas de género identificadas, deben iniciar por un proceso formativo, no solo en las mujeres mismas, sino en su entorno cercano, abordando en primera medida a su familia, luego su círculo personal y en paralelo el ámbito productivo. El objetivo de esta etapa es desmitificar creencias innatas en la cultura rural colombiana. Una vez consolidado el proceso formativo, es indispensable apostar por una dinámica transformadora que suministre herramientas para que el cambio sea permanente. Sin lugar a duda, esta etapa, en la que se busca cambiar comportamientos, demanda tiempo. Sin embargo, para obtener resultados en el corto plazo, es necesario propiciar la autonomía económica de las mujeres, vía proyectos productivos sostenibles y rentables, tal que se conviertan en un factor que apalanque la transformación.

Dos ejemplos de ello los encontró Econometría en las evaluaciones a las intervenciones que realizó la Fundación Alpina. En el primer caso, con una intervención que buscaba mejorar la autonomía económica de las mujeres rurales en cinco municipios del departamento del Cauca. A través de un paquete integral, que no solo combinaba formación a todos los miembros del hogar en temáticas asociadas a la Violencia Basada en Género (VBG) sino que se articulaba con la entrega de insumos productivos y su conexión con el mercado, se lograron cambios en los niveles de conocimiento, ingresos, participación y toma de decisiones. Se empoderó económicamente o a las mujeres. Si bien ellas incrementaron sensiblemente sus conocimientos en VBG, lo que más jalonó la autonomía económica fue la conexión con el mercado. Cuando no se cuenta con elementos para llegar a una comercialización exitosa, no es posible generar la transformación, pues no se dispone de una fuente de ingresos. Eso se evidenció en otra intervención desarrollada en territorios vulnerables de Nariño, Puerto Carreño y la Guajira. Si bien se encontró un mejoramiento en conocimiento y toma de decisiones, factores externos como el conflicto armado y las características culturales de la región se han convertido en obstáculos para el desarrollo individual de las mujeres.

Con estos ejemplos sobre la mesa, la agenda pública dispone de buenos elementos que pueden ser rescatados de estas iniciativas, que pueden ser incorporados dentro de sus líneas estratégicas. Como se mencionó previamente, es indispensable iniciar con una estrategia formativa, en donde se trabaje no solo con la mujer, sino también con su entorno cercano, con el objeto de desmitificar los estereotipos existentes y normalizar la equidad en tareas, acceso a bienes y oportunidades de desarrollo personal y profesional. En segundo lugar, para consolidar el cambio formativo y lograr resultados en el corto plazo, se debe propiciar la transformación vía empoderamiento económico. En el sector rural ello se puede garantizar con proyecto productivos robustos, lo cual exige su consecuente articulación con el mercado.

Si bien, como se mencionó anteriormente, existen grandes factores que afectan la equidad de género, rescatando las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas de diferentes iniciativas desarrolladas en el país, es posible diseñar acciones para dar garantías a la mujer rural, empezando por apostarle al logro de una mayor autonomía económica.

El debate en el sector de salud de Colombia en los últimos meses se ha centrado en las reformas propuestas por el Gobierno para hacer cambios en el sistema de prestación del servicio. No obstante, independientemente del debate político sobre el funcionamiento del sistema, la prevalencia de enfermedades que requieren de mecanismos eficientes para la atención continúa en aumento, como es el caso del cáncer.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en las Américas. En 2022, causó 1,4 millones de muertes, 45,1% de ellas en personas menores de 69 años. En el caso de Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social, el cáncer es considerado un problema importante de salud pública, con un número de enfermos que ha aumentado en los últimos años y un estimado de cerca de 96 personas que mueren cada día en el país a causa de esta enfermedad.

El Gobierno colombiano ha hecho esfuerzos en mejorar la planeación para el control del cáncer en el país, siendo pionero en proponer una mirada integral que considere, no solo la atención, sino aspectos de prevención, detección temprana, mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y sobrevivientes del cáncer, gestión del conocimiento y tecnología, así como formación y desarrollo del talento humano.

Estas líneas estratégicas se incluyeron en el Plan Decenal del Control del Cáncer en Colombia, implementado entre 2012 y 2021, el cual fue evaluado recientemente por Econometría Consultores. El plan logró reunir todos los elementos relevantes para reducir la prevalencia del cáncer, identificando las responsabilidades que todos tenemos en este propósito, que van desde alimentarnos saludablemente, hacer ejercicio, evitar contacto con sustancias tóxicas y asistir a chequeos médicos, hasta el rol que cumplen entidades de los gobiernos nacionales, territoriales y del sector salud en remisión de casos, mejoramiento de los sistemas de información, articulación de la atención y capacitación del talento humano, para prestar servicios integrales y de calidad en todas las etapas del proceso de asistencia a los pacientes y sus familiares.
En el caso de las estrategias para la detección temprana de la enfermedad, el plan priorizó el cáncer de cuello uterino, de mama, de próstata, colorrectal e infantil (leucemias agudas pediátricas), por ser los de mayor incidencia, y mayor facilidad para la realización de tamizajes que permitan obtener un diagnóstico oportuno y la remisión a tiempo de los pacientes.

Así mismo, en las actividades de prevención, el plan propuso actividades para el control del riesgo de consumo y exposición a productos de tabaco y sus derivados, control del riesgo del consumo nocivo de alcohol, promoción del consumo de frutas, verduras y la alimentación saludable, promoción de la actividad física, control del riesgo frente a carcinógenos ocupacionales (asbesto, sílice, benceno, plomo compuesto inorgánico, radiación ionizante), control del riesgo frente a la exposición a radiación solar ultravioleta y protección específica a virus relacionados con cáncer (como la Hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano).

El plan también constituyó una herramienta para el posicionamiento del control y la atención integral del cáncer en los temas en la agenda nacional y territorial, la asistencia y acompañamiento técnico y la articulación entre entidades. Gracias a él, se lograron avances en la normatividad como la prohibición del uso del asbesto. Sin embargo, como muchas de las iniciativas promovidas desde el Gobierno Nacional, se identificaron limitantes para su implementación, principalmente en los territorios donde el acceso a tecnología y recursos para la atención es menor que en las grandes ciudades.

Las oportunidades de mejora que se evidenciaron en la evaluación son aspectos fundamentales a tener en cuenta en la planeación nacional y territorial en materia de salud pública. Para continuar avanzando en estrategias que permitan reducir la prevalencia del cáncer en Colombia, es necesario priorizar estas áreas de trabajo en planes locales como los planes decenales de salud pública, y demás instrumentos del orden nacional y regional que permitan dar continuidad a las acciones realizadas y al posicionamiento logrado gracias al Plan Decenal.

El caso particular del cáncer además es un ejemplo de los procesos urgentes que se deben promover para evitar el aumento de casos, dado que el énfasis no necesariamente debe darse en la atención, sino en las acciones de control y prevención que las personas pueden tomar y que contribuirían a disminuir la probabilidad de tener que someterse a un tratamiento.

Los problemas del sistema de salud son generalmente vistos como las prácticas que no funcionan entre las entidades que prestan la atención, sin hacer un llamado a la responsabilidad que tenemos todos de mejorar nuestros hábitos de vida, procurar que el ambiente donde vivimos sea saludable y ser conscientes de la importancia de los diagnósticos oportunos.

Está comprobado que el tabaco, la dieta, la obesidad, las infecciones y el alcohol, son los principales factores causales de las muertes por cáncer, con mayor fracción atribuible que la historia familiar y los aspectos genéticos. Todos estos aspectos son controlables por el ser humano, y un adecuado monitoreo de los hábitos y de demás aspectos relacionados con ellos, pueden reducir significativamente el riesgo de padecer la enfermedad.

Las mejoras prioritarias para avanzar en la salud de la población no dan espera a las decisiones que se tomen respecto a las reformas de sistema. Los nuevos gobiernos regionales deben considerar los retos existentes para garantizar el control de enfermedades en sus territorios, tomando en cuenta lecciones aprendidas de experiencias anteriores y planeando respuestas integrales que generen cambios en el corto y en el mediano plazo.

Así mismo, las personas de todas las edades, sexo y regiones, debemos cumplir con nuestras responsabilidades de cuidado, para contribuir en lo necesario para lograr reducir la prevalencia de este tipo de enfermedades, que requieren, no solo del fortalecimiento institucional nacional y local, sino del cambio de conciencia en las prácticas de vida.