En tres meses y medio ya se conocerá el nombre del próximo presidente. Independientemente de quién resulte ganador, el país necesita políticas efectivas que logren una inclusión productiva amplia de la población, que conduzca a lo que hemos denominado en Econometría el “gran empujón” de la economía colombiana en la etapa pospandemia.

Esta columna trata de presentar algunas ideas al oído del nuevo gobierno, quienquiera que lo conforme, con el propósito de plantear alternativas para lograr un crecimiento económico sensiblemente superior al de los últimos años y que este crecimiento se refleje en una mayor equidad social. La mayoría de los programas de desarrollo que se han implementado en el país no han logrado superar un umbral mínimo para que puedan garantizar una economía diversificada y con empleos formales.

Lo primero que se debe buscar es un balance equilibrado entre las políticas de inclusión social y las de inclusión productiva. Colombia ha avanzado en la inclusión social en algunos frentes como la salud y la cobertura en educación básica y en vivienda, aunque está muy atrasada en otros como la atención integral a la primera infancia, la calidad de la educación y la protección de los adultos mayores.

A pesar de esta realidad social, si se examina el panorama de políticas públicas en favor de la inclusión productiva, el panorama es aún más crítico. Un estudio del DNP, de poco antes de la pandemia, mostraba que la oferta de programas de generación de ingresos de Prosperidad Social había atendido en los últimos cinco años a cerca de 100.000 hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Esto es insignificante frente a programas como Familias en Acción, que beneficia a cerca de 2,5 millones de hogares. En los programas de inclusión productiva rural, como es el de Alianzas Productivas, después de 20 años de operación, los resultados de escalamiento a niveles competitivos son casi nulos. El DNP indicaba que en el gasto social, solo 2,5% se dedica a actividades de generación de ingresos.

La falta de inclusión productiva se refleja en que actualmente la pobreza monetaria es sensiblemente superior a la Pobreza Multidimensional (IPM), cubriendo la segunda un 18.5% de la población y el de pobreza 42,5%. En que existan 6,8 millones de microempresas informales de menos de tres trabajadores, con barreras casi infranqueables para salir de la informalidad y de una muy baja productividad. En que casi 60% de la población esté en la informalidad laboral y que Colombia siga exportando casi la misma canasta de bienes básicos desde hace más de 40 años.

Las políticas públicas deben tener como objetivo la generación de ingresos que propicien capacidades competitivas en las empresas, personas, hogares y comunidades. No existe una sola política que garantice esto. Son varias las acciones que en forma coherente y complementaria pueden lograr este objetivo. A continuación algunas que van en esta dirección.

Unas políticas deben ser transversales a toda la actividad económica y otras deben tener un enfoque territorial. Con relación a las primeras se deben priorizar aquellas que luchen contra la informalidad y la baja productividad. La informalidad se reduciría con la modificación de varias disposiciones legales en favor de las empresas micro. Esto se lograría, en gran medida, con algo tan sencillo como modificar el Régimen tributario denominado SIMPLE, que no ha funcionado. Se debería tomar el ejemplo de Brasil que fijó una tarifa plana anual muy pequeña (menos de US$20 en un solo trámite anual) para microempresas. Esto llevó a una masiva formalización tributaría, en registros mercantiles, pago de prestaciones y acceso a crédito y tecnologías, a estas pequeñas microempresas, que en Colombia pueden representar cerca de 12 millones de trabajadores.

Esta medida debe complementarse con otras ya de tono general para todas las empresas, como es la eliminación de las contribuciones de salud, al menos para los salarios hasta tres salarios mínimos, las cuales deben ser cubiertas por el presupuesto nacional, lo mismo para las Cajas de Compensación, cuya afiliación debería ser voluntaria. Estas medidas, acompañadas de una efectiva formación para el trabajo y masificación del mundo digital, tendrían un claro efecto en formalización y mejor productividad en el conjunto de empresas y personas.

El complemento de estas políticas transversales son las territoriales. En el caso de las grandes ciudades y conglomerados urbanos, la clave es avanzar en una mayor complejidad y diversificación inteligente en bienes y servicios en cada uno de estos grandes centros urbanos del país. Colombia es un país de ciudades con oportunidades diferentes. Lo que haga competitiva a Barranquilla es muy diferente a lo que en Bogotá sea efectivo.

En la agricultura no se han logrado encadenamientos productivos de escala entre el ámbito urbano y el rural y con el comercio exterior. Se deben propiciar mejoras significativas en los ingresos de los productores campesinos y agroindustriales centradas en aumentos grandes y escalables de la productividad, una mayor conexión con los mercados, con vías terciarias de calidad y titularización de las propiedades. Existen varias experiencias piloto exitosas en agricultura, ya desarrolladas en el país, que deben ser escaladas.

En síntesis, es la hora de actuar en función de la inclusión productiva y el nuevo gobierno tendrá una gran oportunidad para ello.