La Cooperación Sur Sur, avances y desafíos

La Cooperación Sur Sur, avances y desafíos

Escrita por: Carolina Murgueitio

Según las Naciones Unidas, la Cooperación Sur-Sur se refiere a “la cooperación técnica entre los países en desarrollo, los cuales están ubicados mayoritariamente en el Sur del planeta. Es una herramienta utilizada por los Estados, las organizaciones internacionales, la academia, la sociedad civil y el sector privado para colaborar y compartir conocimientos, habilidades e iniciativas exitosas en áreas específicas como la agricultura, los derechos humanos, la urbanización, la sanidad, el cambio climático etc.”

En noviembre pasado, la Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur, publicó un documento reuniendo más de 100 experiencias que han contribuido al desarrollo de países de todo el mundo y Colombia se destacó por los conocimientos compartidos por Colombia a los países mesoamericanos de estrategias para reducir el hambre.

Como mejores prácticas se destacaron, por ejemplo, el apoyo de Cuba en la lucha contra el ébola en África occidental; la experiencia de México en la diversificación de productos de maíz para mejorar la salud y la nutrición en Kenya; y las lecciones de Chile a los países del Caribe sobre el etiquetado de productos como medida para acabar con la obesidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia coordina todas las acciones a través de la Dirección de Cooperación Internacional, GIT de Cooperación Sur-Sur y Triangular y se han hecho importantes aportes en gestión del riesgo, seguridad, salud, formación técnica profesional y vocacional, Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), entre otros.

El portafolio ha apuntado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se destacan aportes en atención a primera infancia, Sena Emprende Rural, Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), Alimentos, por solo nombrar algunas de las 25 experiencias.

La Cepal ha reconocido que entre los principales logros de la cooperación Sur-Sur colombiana en los últimos años se encuentran el diseño de una nueva estrategia de cooperación con el sector privado, el acercamiento de la cooperación internacional a las regiones y el apoyo recibido por parte de la comunidad internacional.

A pesar de los logros hay grandes oportunidades de mejora. La política, el discurso y la práctica de la llamada Cooperación Sur-Sur no han incluido en su núcleo principal la paz, el desarrollo y la seguridad. En estos campos Colombia tiene mucho potencial y su política de promoción de esta experiencia puede ser mucho más agresiva. De hecho, otra crítica es que ha sido una acción enfocada en la demanda más que en la oferta y esta última implica una determinación política y diplomática mucho más enfocada al relacionamiento y a mostrar las experiencias de Colombia.

Esta promoción debe ser basada en evidencia producida por evaluaciones de impacto rigurosas, por demostración de mejores prácticas en su operación y en su implementación y en lecciones aprendidas que puedan ser adaptables a otros contextos. La experiencia de evaluación de políticas públicas de Colombia, los logros del Departamento Nacional de Planeación, de la misma Sinergia y de la capacidad del país en evaluación de políticas públicas, son una mina de amplia riqueza para la cooperación Sur - Sur que no ha sido explotada ni promovida por el gobierno nacional.

Además de los temas de paz, Colombia tiene una amplia oportunidad en temas de cambio climático y hasta ahora ha aportado dentro del portafolio el gran avance en el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) que es una herramienta científica oficial para el monitoreo continuo y frecuente de la superficie de bosque y de la deforestación en Colombia. La generación de datos del SMByC se basa en el procesamiento digital de imágenes de satélite y el análisis de esta información primaria y secundaria disponible. Sin embargo, el espectro de posible cooperación es enorme, nada más en el tema de bonos de carbono para negociar deudas de carbono por intercambio de deuda externa. Por ejemplo, la experiencia de Medellín como la primera ciudad de Colombia en obtener bonos de carbono para la mitigación del cambio climático puede ser aportada a otras ciudades de países similares a Colombia. O la experiencia de Boyacá para que los páramos de Colombia sean la fuente para generar bonos de carbono que los países industrializados deben adquirir para compensar las grandes emisiones de gases efecto invernadero causantes de calentamiento global y cambio climático.

De otro lado, no se conoce aún una medición de los réditos en comercio que debe traer detrás la Cooperación Sur - Sur, porque no solo puede ser cooperación sin obtener nada a cambio. En esto las oportunidades de Colombia deberían aprovecharse aún más porque detrás de cada experiencia o buena práctica compartida hay bienes y servicios por vender y para ello debe haber una coordinación con Procolombia para hacer implementar una política mucho más agresiva.

Para nadie es un secreto que la cooperación estadounidense, la española, la japonesa, toda trae bajo la manga una estrategia de negociación y promoción de sus productos y servicios. China es el gran campeón de esta estrategia y se ha apoderado prácticamente de África, a través de una cooperación de US$80 millones en los últimos años a través de programas de seguridad alimentaria de la FAO, ha catapultado sus ventas de tecnología a países como Etiopía, Uganda y Namibia, para la producción de alimentos en el continente. Colombia podría seguir este camino y si por ejemplo coopera con buenas prácticas de evaluación de políticas, promueva el talento colombiano. Si coopera con estrategias de seguridad, entonces promueva a empresas de la nación que prestan servicios de seguridad y mitigación de riesgos.

El nuevo gobierno en términos de Cooperación Sur - Sur, apunta a África y Asia, según declaraciones del presidente, en temas de migración, política y seguridad, sin embargo, aún no se conoce cuál será esa oferta de experiencias que esperemos sea ofrecida al mundo de manera coordinada, basada en evidencia y con externalidades medibles de las exportaciones de bienes y servicios colombianos.

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2023: un año difícil, columna para La República

2023: un año difícil

Escrita por: Julián Roa

En una columna pasada del mes de octubre del año que recién terminó, anticipábamos varias cosas que de alguna u otra manera terminaron sucediendo. En primer lugar, se advertía que la inflación podía llegar hasta niveles de 13% a fin de 2022 (en ese momento el analista promedio la veía en 12%) y, desafortunadamente, la inflación cerró en 13.1%. En segundo lugar, veíamos una economía creciendo en 2022 entre el 8 u 8.5%, pronóstico que teníamos desde julio. En julio del año pasado, el promedio de los analistas económicos encuestados por el Banco de la República veía a la economía creciendo a 6.3%. Hoy los pronósticos de los analistas están mucho más cerca del 8%. En febrero se podrá saber qué sucedió realmente.

Con lo anterior se puede ver que, en materia de proyecciones de la economía colombiana, se acertó. En dicha columna, también se anunciaba que 2023 podía ser un año complejo, con una tasa de crecimiento del 2% y una inflación entre el 7 u 8% y de hecho vemos un escenario más negativo que el anunciado en octubre pasado. La tormenta ya llegó.

En materia de crecimiento para 2023 pasamos a un pronóstico de 2% a 1%. El principal dato detrás de este ajuste es el comportamiento del consumo en el segundo semestre de 2022. Durante 2021 y gran parte de 2022, el consumo fue el motor del crecimiento y del sobrecalentamiento de la economía. El fin de las cuarentenas no solo implicó que algunos hogares recuperarán sus ingresos, sino que adicionalmente generaron una euforia en el consumo de los hogares quienes habían retrasado ciertos gastos a causa de la pandemia. Sin embargo, dicha euforia se disipó para finales de 2022. Adicional a esto, la política monetaria ya está afectando de manera importante el consumo de los hogares. Una señal de lo anterior es el último dato de consumo de los hogares, el cual tuvo una caída de 2.2% en el tercer trimestre de 2022. Dicha caída del 2,2% se asemeja a la caída vista en el último trimestre de 1998 (2,4%), marcando el inicio de la crisis del final de siglo. Teniendo en cuenta que en el tercer trimestre todavía no se han visto todos los efectos de los incrementos de política monetaria, no debería sorprender números negativos en los próximos trimestres. Así, el principal motor de crecimiento durante 2021-2022 se quedó sin gasolina para 2023.
En lo que concierna a la inflación, no tenemos mayor cambio en nuestra expectativa. Seguimos viendo la inflación cerrando 2023 entre el 7 u 8%. Sin embargo, hay ciertos riesgos alcistas. Por un lado, Colombia continúa con una moneda devaluada, una política monetaria más restrictiva y en los países desarrollados tendríamos más presiones al alza en la tasa de cambio. De igual forma, si el Banco de la República continúa persiguiendo a solo a la inflación va a ser difícil ver una revaluación de la moneda, lo que no ayuda a frenar el alza de precios.

Por su parte, el mercado laboral está mostrando señales inquietantes. Se anticipa un incremento en la tasa de desempleo de un nivel cercano a 11.2% en 2022 a un 11.8% en 2023. A primera vista, esto puede parecer extraño pues la tasa de desempleo ha llegado niveles de un solo dígito en los últimos meses. Sin embargo, la tasa de desempleo en los últimos dos meses ha bajado puesto que han salido más personas del mercado laboral que las que han sido contratadas. Si este patrón de los últimos dos meses no es un fenómeno atípico, podría estar anticipando un freno importante en la creación de empleo.

En el frente fiscal, se espera que la reforma aprobada recientemente ayude a las finanzas del gobierno y permita mitigar parte del actual déficit. De igual forma, los incrementos en los precios del combustible ayudan a mitigar el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (Fepc). Así, pronosticamos un déficit fiscal total de GNC del 3.7% para 2023. Sin embargo, hay riesgos. En el caso de la reforma tributaria, la excesiva carga tributaria para el sector energético puede frenar de manera importante la actividad económica y afectar negativamente el recaudo. Algo similar sucede con el incremento del precio de los combustibles. Estos riesgos podrían significar un mayor déficit fiscal.

El frente externo es complejo y tiene cierta incertidumbre. Por un lado, algunos analistas están pronosticando un precio del petróleo alrededor de US$94 lo que a mi modo de ver es optimista. Si este pronóstico llega a ser acertado podríamos ver una mejora importante en las exportaciones. Este pronóstico dependerá de factores como la severidad de la recesión económica en Estados Unidos, Reino Unido y la zona euro, así como del potencial repunte de China luego de abandonar la política de cero-covid.

También el riesgo país que podría empeorar las cosas. Este depende enteramente de las acciones y anuncios tomados por el gobierno en 2023. Aspectos como las potenciales reformas al sistema de salud, pensiones y laboral, y la transición energética pueden generar mayor incertidumbre y algunas de estas medidas tiene la potencialidad de ser supremamente lesivas. La situación económica es compleja como para empeorarla por promesas de campaña.

* Las opiniones expresadas en esta columna no representan la visión de Econometría Consultores ni la visión de su junta directiva.

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¿Políticas de acciones afirmativas, incentivos…

¿Políticas de acciones afirmativas, incentivos perversos?

Escrita por: Carolina Murgueitio, directora general - Mario Fidel Rodríguez, ex asesor legal

Las acciones afirmativas generalmente son políticas públicas a través de las cuales se busca garantizar el acceso a bienes y servicios públicos en igualdad de condiciones de grupos históricamente excluidos o discriminados. Se pretende con ellas compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. Se les conoce también como “acciones positivas”, “medidas positivas”, “discriminación en sentido inverso” y “discriminación positiva”.

Las acciones afirmativas han sido eje central de la Corte Constitucional que entiende por acción afirmativa las políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, bien para eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan o para lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, que usualmente ha sufrido sean incluidos. Una de las principales medidas de acción afirmativa en Colombia son los créditos, becas o cupos universitarios reservados para estudiantes de determinados grupos sociales o económicos. Otro ejemplo clásico es el de las políticas activas de mercado de trabajo, son todas aquellas medidas que buscan incrementar la empleabilidad o promover el enganche laboral de aquellas personas que encuentran difícil entrar al mercado laboral por sus propios medios.

Econometría ha evidenciado que cuando se evalúa el impacto en todas sus etapas de las políticas activas, estas llegan a ser efectivas. Por ejemplo, la evaluación de resultados del programa “40.000 primeros Empleos” que permitió medir y recomendar ajustes para que sus resultados sobre los jóvenes beneficiados y su contribución sobre las empresas participantes fueran efectivos. De igual forma, se brindó apoyo al Ministerio de Educación y en particular al Observatorio Laboral para la Educación en el diseño e implementación del proceso para obtener información sobre la demanda de la Educación Superior.

A pesar de las muy buenas intenciones de las políticas afirmativas, muchas veces terminan siendo un incentivo perverso, es decir, aquel que tiene un resultado no intencionado o no deseado con consecuencias imprevistas. Un ejemplo claro de esta situación es la Ley 2069 de 2020 de iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyo objeto es establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.

En particular, el artículo 35 dispuso 12 criterios de desempate en concursos o convocatorias de entidades públicas, los cuales se aplican de forma sucesiva y excluyente.

Entre estas reglas, luego de la primera, que es la protección a la industria nacional, siguen cinco que tienen que ver con acciones afirmativas, así: 1) Mujeres cabeza de familia y víctimas de violencia intrafamiliar que tengan participación mayoritaria en firmas concursantes; 2) Personal en nómina del proponente, en condición de discapacidad; 3) Personal en nómina que hayan cumplido la edad de pensión y no disfruten de ella; 4) Personal en nómina que pertenezcan a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas; 5) Personas en proceso de reincorporación o reintegración que tengan participación mayoritaria en firmas concursantes.

Si bien la política se diseñó con una intención loable, y para los criterios de inclusiones en nómina se ve útil, se ha empezado a evidenciar en los concursos públicos el incentivo perverso. Esto sucede porque se ha vuelto usual que algunas entidades públicas en los concursos de méritos no soliciten oferta técnica, y así se llegue a un empate en las condiciones como experiencia de la firma o el recurso humano solicitado. En consecuencia, la aplicación de estos factores de desempate define a quien se adjudica el contrato estatal.

Cuando no se exige oferta técnica, se sacrifica la competencia de calidad de la oferta y, automáticamente, se provoca el incentivo perverso de acudir a estrategias empresariales abusivas para alcanzar el cumplimiento del mayor número de factores de desempate y resultar favorecidos en la adjudicación del contrato. Se han identificado al menos dos vías. Por un lado, se puede utilizar empresas artificiales conformadas con personas que cumplan alguno de esos criterios de vulnerabilidad (sin la intención real de beneficiarlas), para luego conformar consorcios o uniones temporales con otras empresas con experiencia para cumplir los mínimos habilitantes. Por otro lado, se puede acudir a la acreditación de requisitos de muy fácil manipulación, como por ejemplo el de mujer cabeza de familia, para el que solo se requiere una declaración ante notario.

La concepción de la norma, buena pero ineficiente, sumada a la falta de un reglamento de mayor contundencia que el expedido en 2021, conduce a que aquellas empresas que se han consolidado durante décadas para ser contratantes idóneos por la calidad de sus propuestas (que luego se refleja en la ejecución del contrato) terminan estando en desventaja. Se incentiva así a que las empresas deban escoger entre una mutación obligada para aparentar con sus competidores el cumplimiento de esas acciones afirmativas, o simplemente quedar relegadas en un escenario que antes era de sana competencia.

Una revisión de esta situación por el actual gobierno sería una recomposición del verdadero incentivo de la política afirmativa, por ejemplo, conduciendo a que los concursos se basen en criterios objetivos técnicos en los que primen la calidad y los de desempate centrados en el emprendimiento solo se aplican a aquellos procesos donde la cuantía de la contratación (por ejemplo, procesos de selección abreviada de menos de 4.000 UVT) permita que pequeñas empresas tengan como su primer escalón para su futura expansión. Otra opción sería que los criterios de desempate centrados en las condiciones antes planteadas, solo se apliquen cuando las empresas tengan nóminas menores a 10 empleados.

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25 de noviembre, columna para La República

25 de noviembre

Escrita por: Carolina Suárez

Es 2022. Por nuestra historia como sociedad, han pasado miles y miles de hitos que nos han construido y deconstruido como individuos y como humanidad; eventos, hechos, situaciones, discusiones que han pasado, pasan día a día y seguirán pasando, y que, como especie, nos van moviendo hacia otros lugares (tal vez mejores, tal vez no).

En esta comprensión de nosotros mismos como colectivo también hemos ido entendiéndonos (no precisamente de manera pacífica) no sólo como una suma de seres vivos con determinadas características físicas, sino como una construcción compleja compuesta por personas, por individuos particulares, diferentes entre sí, pero unidos por la característica común de “ser humanos”. Una característica que no es solo nominal, sino que ha sido y sigue siendo una cuestión de debates políticos y éticos en la cual la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 ha sido referente.

Cuando dejamos de vernos como una masa y entramos a los detalles, se evidencian entre los seres humanos no sólo las diferencias, sino las desigualdades, inequidades y brechas que hay entre regiones, países, edades, géneros y razas. Es quizás también la historia misma la que nos ha llevado a que algunas de ellas existan, la construcción cultural de lo que somos como humanidad se ha dado desde una perspectiva hegemónica que ha concentrado el conocimiento, las discusiones y la toma decisiones en adultos, hombres, blancos y con acceso a la educación, por lo que el camino nos conduciría a una perspectiva adultocéntrica, patriarcal y racista.

Pero es 2022, y nos hemos movido como humanidad hacia un mejor lugar en el que tomamos conciencia de la importancia de la inclusión y de la riqueza de la diversidad (o así quisiéramos muchos que fuera). Pero en este mejor lugar las mujeres, que somos un poco más de la mitad de los seres humanos del mundo, sufrimos en mayor medida la discriminación y la violación de nuestros derechos humanos, a lo que se suma que seguimos estando subrepresentadas y con limitado o nulo acceso al liderazgo político.

Según datos de ONU Mujeres se estima que en el mundo 736 millones de ellas han sido víctimas de violencia física o sexual, 1/3 de ellas niñas menores de 15 años; en 2021 alrededor de 81.000 de ellas fueron asesinadas, en su mayoría en crímenes cometidos por parejas o familiares; durante la pandemia por covid-19 la violencia doméstica se intensificó, demostrándonos que el hogar no es precisamente el lugar más seguro para nosotras, este periodo significó además la profundización de brechas entre hombres y mujeres sobre las cuales ya se había recorrido un importante camino.

En Colombia las cifras no son muy diferentes, lo que agrava la situación en nuestro contexto es la impunidad y la lentitud del sistema de justicia y la baja independencia económica de las mujeres, hechos que desincentivan la denuncia a los perpetradores.

En Econometría hemos aportado a la comprensión del problema de manera específica desde los estudios que hemos realizado sobre la iniciativa Spotlight de Honduras y de las narrativas relacionadas con ser mujer y el proceso de reincorporación de adolescentes, y desde las evaluaciones de impacto de cuatro programas de prevención de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe e institucional de los derechos de las mujeres víctima del conflicto armado, y hemos avanzado con nuestro compromiso empresarial hacia la igualdad de género como miembros del Pacto Global de las Naciones Unidas, y dentro de él del Target Gender Equality.

El problema está reconocido, y aunque en este mejor lugar en el que estamos todavía hay personas que lo consideran exagerado e innecesario y se han incrementado los movimientos antifeministas y antiderechos (todos opinan sobre nosotras), hay voces que se levantan para exigir, ya no pedir, a gritos el respeto por nuestros derechos y libertades.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reconocido por la ONU desde 1999, que tuvo sus orígenes en el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe que se realizó en Bogotá en 1981, fecha que fue escogida por ser el día de la muerte en 1960 de las hermanas Mirabal, activistas y defensoras de derechos de las mujeres que fueron asesinadas bajo la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Este 25 de noviembre, de este 2022, en este mejor lugar, la movilización feminista en Colombia, en América Latina y en el mundo se tomó las calles y las redes para decir que “Nos queremos vivas”, que no queremos “Ni una menos”, que quisiéramos estar “Libres y sin miedo” y que en esto “No somos una, somos todas”, porque que necesitamos “Que ser mujer no nos cueste la vida”.

Y es que en este mejor lugar de la historia el gran cambio que se ha tenido en relación con la violencia contra las mujeres no es su eliminación (lamentablemente), pero al menos se ha avanzado en su reconocimiento como un problema importante que no nos atañe solo a nosotras, que no sólo es un asunto de nuestra esfera privada y del cual no somos culpables.

Por esto, este 25 de noviembre reafirma la importancia de seguir trabajando en relación con la garantía de nuestros derechos, y no sólo desde la institucionalidad y desde una perspectiva normativa y de política pública, sino de manera muy poderosa desde nuestra manera de “ser humanos”, desde nuestra forma de “ser hombres” y de “ser mujeres” y de relacionarnos con el otro, desde la toma de conciencia de nuestros silencios sociales y de la importancia de asumir posiciones como un compromiso ético frente al cambio.

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Un plan en el que el territorio es el escenario y el actor…

Un plan en el que el territorio es el escenario y el actor protagonista

Escrita por: Leonel Miranda

El pasado 15 de noviembre, el Gobierno Nacional presentó las Bases del Plan Nacional de Desarrollo para su estudio por parte del Consejo Nacional de Planeación. El documento, denominado “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022 - 2026”, contiene las directrices, apuestas y metas mediante las cuales, el gobierno pretende cumplir sus promesas y orientar las principales políticas e inversiones desde el nivel nacional.

Los planteamientos son consistentes con el discurso y las ideas expresadas desde la campaña política: paz total, cambio climático, las injusticias de distinta naturaleza, nuevas formas de productividad y democracia más profunda.

Los capítulos se organizan en cinco grandes transformaciones y siete actores diferenciales (jóvenes, mujeres, población LGBT, víctimas, comunidades étnicas y personas en discapacidad) Las cinco transformaciones propuestas son:
I. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
II. Seguridad humana y justicia social
III. Derecho humano a la alimentación
IV. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática
V. Convergencia regional
Además de la estructura compuesta por grandes transformaciones y actores diferenciales, hay un énfasis fuerte en la dimensión territorial. Posiblemente, desde el Plan de Desarrollo de 1970, denominado las cuatro estrategias, que proponía la urbanización como gran eje de desarrollo nacional, no se presentaba un proyecto nacional de desarrollo con tantos retos en materia de gestión territorial y urbana.

El plan tiene grandes propósitos como ordenar el territorio en torno al agua, formalizar la tenencia y titulación de la tierra, reducir los conflictos por el uso del suelo, disminuir la segregación socioespacial en las ciudades, producir infraestructura de impacto regional, implementar modelos nuevos de manejo de parques naturales, articular más de 70 instrumentos de planeamiento y los sistemas de gestión de riesgo y de manejo ambiental, protección del suelo rural, generar infraestructura educativa, cultural y social, garantizar un mínimo vital de agua, proteger el patrimonio arqueológico y cultural, financiar y aumentar la oferta de transporte urbano y regional, conectar con infraestructura a las zonas que producen alimentos, redistribuir la propiedad de la tierra, contención de la reforestación, restauración de ecosistemas degradados, descarbonizar los sistemas de transporte público, generar barrios con áreas verdes y espacios públicos, recuperar las áreas centrales urbanas, provisión y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas.

La visión del territorio y sus principales apuestas se integran a una mirada global, compartida con numerosas agendas en temas que abarcan desde energías limpias, ciudades sostenibles, vínculos urbano rurales, regionalización, seguridad vial y resiliencia urbana.

En términos conceptuales y programáticos, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo se sintoniza con temas que tienen niveles de consenso global. Algunas investigaciones realizadas por Econometría para diagnosticar el estado de los centros urbanos del país y la evaluación de macroproyectos desarrollados por el fondo de adaptación coindicen con enfoques del documento respecto a la necesidad de desarrollar una actuación más activa y comprometida desde el nivel nacional, la adopción de instrumentos de gestión que permitan una mejor gestión de las externalidades del desarrollo urbano además de diversificar las fuentes de financiación porque las capacidades de la mayor parte de municipios son insuficientes para enfrentar desafíos contemporáneos como los que generan las migraciones o el cambio climático.

También se pueden identificar temas y programas que tienen antecedentes institucionales que merecen continuidad, como programas de modernización catastral, instrumentos para captura de valor, políticas de sostenibilidad, movilidad activa, entre otras. Las visiones y prioridades de los gobiernos pueden tener diferenciaciones, pero las lecciones aprendidas y las capacidades obtenidas son un activo que a la sociedad le conviene preservar.

La promesa que está contenida en este documento está permeada por intenciones de cambios, que tienen una base territorial en regiones, veredas, ciudades y bosques, frente a los cuales, algunas políticas y programas conllevan la revisión de paradigmas en materia de planeación y desarrollo urbano. Agenciar estos cambios en un país descentralizado y con desequilibrios territoriales conlleva ajustes que van más allá de lo normativo y que demanda considerar como mínimo los siguientes retos:
Desarrollar formas de gestión asociada que superen la supuesta tensión entre centralismo y municipalismo y reconozcan sistemas de gobernanza en distintas escalas.

Adaptación de las políticas sectoriales hacia una gestión estratégica territorial. El turismo, la cultura, la logística, la innovación, son temas sectoriales que se viabilizan solo si se concretan en el territorio. Gestión del conocimiento tendiente a la inteligencia territorial y a la apropiación de la información por todos los actores.

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El último que ve el agua es el pez, columna para La República

El último que ve el agua es el pez

Escrita por: Claudia Peñaranda

Si el mundo empresarial, al igual que un pez en el agua, se diera cuenta de que las necesidades e intereses de los hombres y las mujeres deben ser abordados de forma distinta, lograría fortalecer y transformar positivamente su productividad y eficiencia, como lo evidencian indicadores que mundialmente miden estos aspectos. Pero, en la práctica, la mayoría de las empresas no tienen en cuenta estos aspectos de igualdad a partir de las diferencias que existen entre hombres y mujeres porque no se logran percatar de lo que estamos hablando, o porque lo subestiman. Intentemos una explicación de por qué sucede esto.

Imaginemos por un momento que hemos pasado toda la vida usando unas gafas que lo único que nos dejaban ver en el mundo eran círculos y cuadrados. Imaginemos que de repente, al darnos cuenta que toda la vida hemos usado estas gafas, nos las quitamos y empezamos a ver que en el mundo existe además una variedad de figuras geométricas que nunca habíamos visto. Imaginemos que a algunos nos da miedo este nuevo mundo de formas y preferimos seguir usando las gafas de siempre, y que, a otros, por el contrario, esta nueva manera de ver el mundo nos plantea nuevas fronteras y retos. Bueno, pues estas gafas son mi descripción muy coloquial de lo que el sociólogo científico Thomas Kuhn denominó en su momento “paradigmas” y que son en últimas nuestros sistemas de creencias.
Son nuestras creencias (nuestros paradigmas en palabras de Kuhn) las que nos permiten ver algunas situaciones como problemáticas y otras no. Pero las creencias no solo nos permiten definir algo como un problema, sino que van más allá y son las que nos permiten ver algo por primera vez. En otras palabras, nuestros sistemas de creencias nos hacen estar ciegos para algunos temas porque, literalmente, no los podemos ver.

Históricamente, nuestros sistemas de creencias cambiaron y pudimos ver que la tierra giraba alrededor del sol, o que el inconsciente existe, o que los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Pero hay temas sobre los cuales seguimos siendo ciegos, en el sentido de Kuhn. Por ejemplo, por qué a las empresas se les dificulta entender cómo desarrollar una política que tenga en cuenta que las necesidades de sus trabajadores pueden ser distintas (no mejores o peores, solo distintas) dependiendo de si son hombres o si son mujeres.

La facilidad para entender esto conduce, por ejemplo, a que según Comulative Gallup Workspace Studios, las empresas que cuentan con diversas fuerzas de trabajo a nivel mundial sean 22% más productivas, y 27% más rentables, debido a que se abordan campos relacionados con la innovación y liderazgos, la atención a nuevos mercados y la productividad, por solo mencionar algunos aspectos.

Estamos todos de acuerdo con qué hombres y mujeres son iguales, pero poco sabemos sobre cómo lograr la igualdad en el ámbito empresarial. Lo máximo que solemos hacer es contar cuántos hombres y cuántas mujeres hay en una empresa y creemos que así estamos atendiendo este aspecto. En realidad, esto no es suficiente y ni siquiera es el inicio del camino de lo que se debe y se puede hacer.

Un primer paso, sin duda, es darnos cuenta de que llevamos puestas las gafas que nos hacen creer que no hay que hacer nada adicional a lo que ya estamos haciendo porque “nosotros no discriminamos a nadie” o “todos somos iguales”, y quitárnoslas para entender que, al reconocernos en la diferencia, podríamos alcanzar, no solo una economía más rentable y lucrativa, sino también un mundo más justo y lleno de oportunidades para quienes lo habitamos. Pero un segundo paso, en términos más prácticos, nos podría conducir a la búsqueda de más y de mejor información al respecto.

Es por esto que con una iniciativa tan concreta como la que promueve Naciones Unidas en unión con otros socios corporativos, del sector público y de la sociedad civil en el espacio nacional e internacional a largo de 160 países, bajo el nombre de Pacto Global, es posible identificar y seguir prácticas empresariales que le apuesten al logro de unos principios asociados a la igualdad, a la equidad y a la inclusión que conducen a la prosperidad. Prácticas que se orientan a la atención de siete aspectos asociados al empoderamiento de las mujeres, tales como la igualdad para los cargos directivos, el respeto por los derechos humanos de todos, la atención a la salud, la seguridad y el bienestar de quienes hacen parte de las empresas, la promoción de la educación y el desarrollo profesional de las mujeres, y la evaluación y difusión de las acciones en pro de la equidad, entre otros aspectos adicionales tanto al interior de las empresas en sus prácticas empresariales, como en los entornos comunitarios donde éstas existen.

Es por esta razón que Econometría ha entrado a hacer parte del programa acelerador de género de las Naciones Unidas, que es un programa de seis meses que tiene como objetivo desafiar y apoyar a las empresas participantes del Pacto Global de las Naciones Unidas a establecer objetivos corporativos ambiciosos en torno a la igualdad de género. El tema, además, viene siendo incluido en nuestras evaluaciones desde hace ya un tiempo, intentando ver con diferentes lentes para reconocer que las intervenciones de política y programas sociales deben tener también un enfoque que reconozca las necesidades de hombres y mujeres para potenciar aún más los efectos buscados.

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Un negro nubarrón se alza en el cielo

Un negro nubarrón se alza en el cielo

Escrita por: Julián Roa

Se avecina una fuerte tormenta. En el último informe de perspectivas económicas del FMI se advierte que la economía mundial se desacelerará de manera importante en 2023. Según el informe, muchas personas vivirán el 2023 como una recesión. A pesar del tono sombrío del informe, Colombia sale relativamente bien parada en 2022. Por un lado, el crecimiento económico pronosticado para 2022 es de 7,5%, significativamente superior a 6,3% previsto en julio. Por otro lado, en 2022, la entidad proyecta una inflación de 11% para fin de año. No parece ser un mal balance.

Lo que preocupa es 2023. El FMI pronostica un crecimiento de 2,2% para 2023 y una inflación de 5,3%. Ante esto surgen una pregunta: ¿Qué tan acertado ha sido el FMI con sus pronósticos sobre Colombia? En los últimos tres años, no mucho. Por un lado, los analistas económicos (tanto el FMI como los locales), después de la pandemia, hemos subestimado en diferentes medidas el crecimiento y la inflación de la economía. Con la última información disponible es creíble que Colombia tenga un crecimiento entre 8 y 8,5% en 2022 y una inflación superior a 11% y más cercana de 12% o 13%. Ojalá que continúe este error sistemático del FMI y la economía tenga una tasa de crecimiento superiores a 3% en 2023 y que acierte en que la inflación para que caiga significativamente el próximo año.

Sin embargo, esto es pensar con el deseo. En primer lugar, la política monetaria externa continuará siendo contractiva hasta la mitad de 2023, lo que devaluará la tasa de cambio, y con ello aumentará la inflación de los bienes importados. En segundo lugar, el incremento en el precio de la gasolina tendrá un efecto en los precios del resto de la canasta.
Econometría estima que la reciente devaluación y el incremento en el precio de la gasolina podrían llevar inflación hasta niveles de 12% o 13% a fin de 2022. Finalmente, se está a la expectativa del incremento del salario mínimo. Por un lado, si el piso de la discusión es 12%, el supuesto incremento de la productividad podría justificar un punto adicional; lo cual podría llevar a un incremento de 13%. Sin embargo, el enfoque del nuevo gobierno podría justificar un incremento de 15% o superior. Así la inflación de 2023 puede terminar en un nivel de 7% u 8%, teniendo en cuenta factores como la devaluación, el alto nivel en el que terminaría en 2022, el efecto del salario mínimo y el efecto contrarrestante de las alzas en las tasas de interés.

El escenario en cuanto a crecimiento es particularmente incierto en 2023. Mientras el FMI ve la economía colombiana creciendo a 2,2%, el Banco de la República proyecta un crecimiento de 0,7%. De nuestra parte, con mucha incertidumbre, vemos la economía creciendo alrededor de 2%. Por un lado, el empuje de 2022 podría impulsar la demanda aún hasta el primer trimestre de 2023 y luego proyectamos una economía estancada en el resto del año. Sin embargo, si la crisis mundial se materializa y es más grave que lo que se espera, podríamos ver tasas de crecimiento inferiores.

Ante este escenario complejo, vale la pena preguntarse ¿qué se puede hacer para enfrentar este temporal? Lo primero es evitar las tentaciones fáciles y lo segundo es tomar acciones efectivas contra la inflación. Dentro de las tentaciones fáciles a evitar se encuentra propuestas como los controles de capitales, la implementación de controles de precios de la canasta básica familiar, un aumento exagerado del salario mínimo, o el uso de reservas internacionales para controlar el tipo de cambio. La primera puede resultar inconveniente, pues frena de manera relevante la entrada de capitales, pues un inversionista no va a llevar su capital a un país que le restrinja recuperar su inversión cuando lo desee. La segunda también es inconveniente pues, si bien ayuda a calmar las presiones inflacionarias momentáneamente, se pueden generar problemas de escasez y una vez se quitan los controles -si es que se asume el costo político de quitarlos- la inflación repunta.

En esencia, se aplaza el problema o se generan desabastecimientos y mercados negros, como pasó en Venezuela. En lo que concierne al salario mínimo se debería ser prudente, idealmente se debería seguir la regla implícita de meta de inflación + productividad que no generaría mayores efectos adversos en el empleo ni en la inflación. Finalmente, la tasa de cambio ha sido muy volátil y durante 2023 lo será aún más, por lo que es tentador el uso de las reservas internacionales, sin embargo, se trata de un instrumento de dudosa efectividad.

Por otra parte, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, el Banco de la República debe mantener las alzas en la tasa de intervención. Ello presionaría una disminución en la inflación en 2023 y una normalización de la demanda agregada que está por encima del potencial. Adicionalmente, la inflación y los incrementos en la tasa de interés afectan de manera desproporcionada a los pobres, razón por la cual ajustar las transferencias monetarias por la inflación podría mitigar los efectos en los más vulnerables.

2023 será complejo, pero si se ataca al problema de la inflación con medidas efectivas y no con medidas inútiles a pesar de estar bien intencionadas, podremos pasar la tormenta sin mayores pérdidas.

Las opiniones expresadas en esta columna no representan la visión de Econometría Consultores ni la visión de su junta directiva.

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Inflación: Si en Colombia llueve, en América Latina no escampa

Inflación: Si en Colombia llueve, en América Latina no escampa

Escrita por: Maria Carolina Latorre

La política monetaria colombiana en los últimos años se ha caracterizado por su estabilidad y éxito en el control de la inflación. El cambio en los precios se mantuvo dentro del rango meta de entre 2% y 4% del Banco de la República durante 2017 hasta 2021. Antes de este periodo, la inflación llegó a niveles de 6% a causa del incremento en los precios generados por fenómenos climáticos y la alta depreciación del peso colombiano.

No obstante, a partir del segundo semestre del 2021 y en todo lo corrido de 2022, el panorama ha sido bien diferente. Aún con los esfuerzos del Emisor de subir las tasas de interés, la inflación anual ha venido creciendo hasta alcanzar niveles de 11,44% en septiembre de este año. Desde el mes de julio tenemos una cifra de dos dígitos, situación que no se presentaba desde mayo del 2000. Según el Dane, este incremento ha sido jalonado principalmente por los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y restaurantes y hoteles.

Una mayor inflación para este año era algo que se esperaba, dadas las políticas expansivas y de aumento de liquidez promovidas durante la crisis generada por el covid-19, lo cual generó un incremento en la demanda que, si no se suple con mayor producción, termina en una inevitable alza de precios. De hecho, Econometría Consultores ha pronosticado un cierre de la inflación para Colombia de 11,5% en 2022 y de 8% en el 2023.
Son varias las razones por las cuales los precios están aumentando. Los pronósticos de inflación para América Latina muestran que estos factores no solo afectan a Colombia sino a toda la región, con países donde el incremento será mucho mayor. Por ejemplo, de acuerdo con proyecciones de la Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas - Laeco, de la cual Econometría Consultores es miembro desde 2015, en Argentina la inflación de este año será de 95%, en Chile de 12,7%, en Uruguay de 9,3%, en Costa Rica, México, Paraguay y Brasil se espera que este incremento esté alrededor de 8% y en Perú en 6,5%.

Los únicos países de la región donde la inflación será cercana a 3% son Bolivia y Ecuador, donde el régimen de tasa de cambio es fijo, lo que sugiere que gran parte del aumento en los precios en los países que tienen sistemas de tasas de cambio variable se ha dado por la devaluación de sus monedas, que ha aumentado el efecto del alza mundial en los precios en dólares de los commodities y de los fletes. Otro factor común de los países de la región evidente en estos meses es el incremento en las tasas de interés por parte de los Bancos Centrales en búsqueda del control de la inflación. En algunos de ellos se espera que no se den más alzas en lo corrido del año. Sin embargo, las decisiones similares tomadas por la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo para controlar la inflación en esos países, generarán mayores presiones de devaluación para los países de América Latina, por la posible salida de capitales en búsqueda de mejores rendimientos a sus inversiones en países desarrollados. Esta mayor devaluación a su vez resultará en un mayor costo de los bienes e insumos importados, lo que se transmite en mayores precios, incremento de la inflación y presión para los Bancos Centrales de subir las tasas de interés con el fin de reducir la demanda y la liquidez del mercado.

El efecto negativo de las políticas para controlar la inflación es que altas tasas de interés afectan la posibilidad de consumir y de invertir con endeudamiento. También se afecta el desempleo, dado que, con una alta inflación, los salarios deberán aumentar en al menos ese porcentaje, lo que incrementa el costo de las empresas para contratar trabajadores.
Esta situación, al parecer desesperanzadora, que vive actualmente América Latina, da un mensaje muy importante para los nuevos gobiernos que están comenzando su mandato. Un elemento a tener en cuenta es la necesidad de mejorar la competitividad de nuestra producción Ello además de generar crecimiento económico y empleo, reduce el riesgo de que los precios domésticos estén incididos por el comportamiento de la tasa de cambio.

Es indudable que el régimen de cambio flexible mejora en el corto plazo la competitividad de los productos transables nacionales, tanto frente a lo que exportamos como a lo que importamos. Pero la competitividad estructural debe ser un propósito de largo plazo y no puede depender exclusivamente de la tasa de cambio. Si somos más innovadores, y mejoramos nuestra productividad, los incrementos en la demanda futuros podremos suplirlos con aumentos en la producción, sin necesidad de incrementar los precios. Esto es algo que todos sabemos, de lo que se ha hablado muchas veces, pero hay pocas evidencias de que ellos se haya materializado en políticas efectivas. Es necesario que, como región, nos volquemos a que nuestra producción local sea más productiva e innovadora. Solo así podremos tener economías más estables en el largo plazo y que generen bienestar para toda la población.

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Abuelito Jaime, un peatón que murió

Abuelito Jaime, un peatón que murió

Escrita por: Maria Gloria Cano - Carolina Suárez

Todos los días en las calles y carreteras de Colombia, ocurren siniestros viales en donde se ven involucrados peatones. Mi abuelito Jaime, con un poco más de 60 años, fue uno de tantos que perdió la vida caminando tras ser atropellado por un motociclista que invadió el andén, dejando profunda tristeza y vacío en toda la familia. Su historia emula lo que sucede con alrededor de 1.600 peatones que fallecen cada año como consecuencia de un siniestro vial, en situaciones que hubiesen podido evitarse. De hecho, se denomina siniestro a diferencia de accidente, dado que hace referencia a un hecho previsible.

Estas cifras nos atañen porque todos somos peatones y al carecer de “revestimiento exterior” somos los más vulnerables en las vías. Es muy preocupante en el caso de nuestras niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, por las características propias de la etapa vital en la que se encuentran: los siniestros de tránsito son la primera causa de muerte por factor externo en los adultos mayores y la segunda causa en las niñas, niños y adolescentes.
¿Qué factores determinan que las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores peatones crucen la calle en situación de riesgo? ¿Cómo incide la infraestructura existente? ¿Existen diferencias entre grupos de población? Estas preguntas se las hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se respondieron en un estudio cualitativo sobre la movilidad peatonal de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores realizado entre 2021-2022 por la Unión Temporal Econometría - SEI (Contrato ANSV 139 de 2021).

Somos peatones, algunas veces por falta de recursos, y otras por opción dada la cercanía, funcionalidad o por salud. Las dinámicas de movilidad no son per sé un factor de riesgo, pero están mediadas por la intención de la movilidad, la hora, el día, la distancia, las opciones de transporte, el clima, la geografía, la infraestructura, la edad, el sexo, entre otros elementos. La pandemia fue un elemento coyuntural que incidió en la opción de ser peatón para evitar las conglomeraciones en el transporte público. Las niñas y los niños se desplazan normalmente con compañía de sus cuidadores en trayectos entre el colegio y la vivienda o hacia lugares de recreación. Las y los adolescentes tienen una mayor autonomía, y realizan recorridos más largos. Mientras que las y los adultos mayores peatones están motivados por actividades laborales, salud, recreación, prácticas religiosas, actividades bancarias o comerciales.

Como se dijo anteriormente, la movilidad en sí misma no es un factor de riesgo, y no tendría que representar peligros para las personas. El riesgo se da por factores internos relacionados con las decisiones o comportamientos temerarios o por factores externos determinados por la infraestructura o las decisiones de otros actores viales.

Entre los factores internos, en el estudio se identificó, por ejemplo, que en los adolescentes prima la distracción, viendo el celular o con audífonos, ir jugando, por retos motivados por sus pares. Los hombres adolescentes son más propensos a ponerse en situaciones de riesgo que las mujeres, más aún si están en grupo.

En las niñas y los niños, los riesgos están asociados a su inexperiencia al cruzar, el temor, o la distracción. Sus comportamientos y actitudes se dan a partir del ejemplo y enseñanzas de sus cuidadores, quienes carecen de saberes necesarios para transmitir de manera adecuada las normas, y ven la funcionalidad del trayecto que realizan, pero no lo asocian a un aprendizaje que están teniendo hacia sus niñas y niños.

Los adultos mayores, en algunos casos, asumen riesgos mediados por considerarse que deben ser respetados por los actores viales y por la disminución de sus habilidades físicas y/o cognitivas. En un contexto de calle que se ha vuelto complejo, se sienten ajenos al sistema, no se reconocen como peatones, ni corresponsables, esto conlleva a una mayor dificultad para aceptar y seguir las normas.

Entre los factores externos, los comportamientos de los demás actores viales como conductores de vehículos, motocicletas y bicicletas, son un factor que puede constituirse en riesgo. Son percibidos por los peatones con miedo. Pero entre todos, los motociclistas les representan el mayor peligro por sus movimientos erráticos e impredecibles a alta velocidad, muchas veces utilizando espacios como andenes. Según los peatones, los conductores, motociclistas y ciclistas no ven, no los reconocen como un actor con derechos en la vía, lo cual es paradójico si se piensa que una vez se bajan del vehículo, también son peatones.

Otro factor externo determinante del riesgo o la protección de los peatones es la infraestructura. Los andenes estrechos, desnivelados, deteriorados, con materiales resbalosos, invadidos por basura, vendedores ambulantes, carros y motos, obligan a los peatones a caminar por la vía y a compartir espacio con los vehículos. De igual manera, hay ausencia de pasos peatonales y de señalización, y el uso de los puentes peatonales se limita por la percepción de inseguridad o el deterioro.

Este panorama refleja los grandes desafíos existentes para gestionar la seguridad vial, pero en la medida que sean explícitos y se reconozcan existirá la posibilidad de enfrentarlos a favor de una movilidad más segura, en donde se eviten más casos como el del abuelito Jaime. Se hace necesario, por una parte, lograr transformar los conocimientos, actitudes y comportamientos de todos los actores viales como corresponsables de un sistema seguro a través de intervenciones pedagógicas, y por otra, crear una infraestructura segura, pensada en la protección de los peatones como los actores más vulnerables.

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A propósito de las ideas de Mariana Mazzucato

A propósito de las ideas de Mariana Mazzucato

Escrita por: Francisco Azuero

En algunas declaraciones del presidente Petro y de sus funcionarios, se hace referencia a las ideas de la economista italiana Mariana Mazzucato como inspiradora del programa de gobierno, e incluso del Plan de Desarrollo. En continuación con el debate del 20 de agosto de al tablero de economistas de las ideas de Mazzucato en el que Econometría participó, vale entonces la pena profundizar en sus ideas, y analizarlas. En virtud de ello, revisemos algunas de ellas.

Una de sus tesis centrales es que la gran mayoría de los economistas ha subestimado el papel del gobierno en la creación de riqueza, y paralelamente ha sobreestimado el del sector privado, especialmente en algunos sectores como el financiero.

Las conclusiones en torno a la política pueden resumirse en que es necesario aumentar el tamaño del Estado, y combatir a los sectores privados como el financiero, que no son sino “extractores de rentas”. Mazzucato expone en su libro “El valor de las Cosas” muchos ejemplos de fracasos de empresas privadas, pero ilustra poco sobre los fracasos o abusos de los gobiernos (elefantes blancos, corrupción, etc.) Es el típico caso de “sesgo de selección”. Un estudio académico serio y objetivo debe señalar y ejemplificar las “fallas del mercado”, es cierto, pero también las “fallas de gobierno”. En ambos campos la literatura reciente sobre política económica ha profundizado bastante.
Señalemos tres de las imprecisiones de la autora:

Dice la autora en el libro citado que “la mayoría de los economistas considera que el gobierno no añade valor a la economía” (El valor de las cosas, pag 130). Mas adelante afirma (pág. 133) que “…en un sistema capitalista, donde la ganancia de un beneficio se considera el resultado de ser productivo, esto es importante porque hace que el gobierno, cuyas actividades tienden a no tener ánimo de lucro, parezca improductivo”. Estas afirmaciones, simplemente, no son ciertas. El concepto de bienes públicos, desarrollado por el premio Nobel Samuelson en los años 50, señala cómo aquellos bienes que cumplen las condiciones de no exclusión y de no rivalidad, deben ser producidos por el Estado, en la medida en que no existen incentivos para que los agentes privados se responsabilicen de ellos a través del sistema de precios. Se trata de servicios como la justicia, la defensa y la regulación. Es claro que esto corresponde a una falla de mercado, que debe ser solucionada por la autoridad pública. En la formulación del Sistema de Cuentas Nacionales, esa producción de bienes públicos se contabiliza como la actividad central del “Gobierno General”. Los principios de contabilización no son diferentes a los que se aplican a los bienes y servicios producidos por el mercado: lo que la sociedad paga por ellos. Solo que en este caso el pago no se hace con el sistema de precios, sino a través de impuestos (o de deuda, que no son sino impuestos futuros). La demanda por estos bienes se expresa a través del proceso político. Son los cuerpos legislativos, cuando aprueban los presupuestos, los que deciden cuál es la canasta de bienes públicos deseados por la sociedad. En la contabilidad de oferta del sistema de cuentas nacionales del Dane, estas actividades aparecen bajo el nombre “Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales”. Las cuales representaron, para el año 2021, 15% del PIB, según las cuentas nacionales publicadas por el Dane.

Afirma, también refiriéndose al sistema de cuentas nacionales, que “el gasto de todos los hogares es lo que cuenta de cara a la demanda final de la economía”. Ello tampoco es cierto. El consumo de los hogares, representó el año pasado en Colombia, según el Dane 66% de la demanda interna, que incluye además el gasto de consumo del gobierno y la formación bruta de capital, una parte de la cual es adelantada por el Estado, este último componente está claramente identificado en las cuentas nacionales. No es cierto tampoco que exista la convención de que “todo el gasto gubernamental cuenta como consumo final de la economía” (pág. 135).

Afirma la autora que el sector financiero no es productivo y que si figura así en los sistemas modernos de cuentas nacionales, es solo como resultado del lobby de estas empresas. En realidad, el enorme equipo técnico tanto de organizaciones multilaterales como nacionales, encargado de definir el Sistema de Cuentas Nacionales ha hecho un trabajo serio, cuyos resultados pueden apreciarse leyendo el Manual de Cuentas Nacionales. Según este sistema los préstamos bancarios son un producto como cualquier otro. Su materia prima son los depósitos recibidos. Los bancos los agrupan, transforman plazos, y deciden, a través de un proceso de análisis de riesgo, cuáles son los clientes o proyectos dignos de crédito. La diferencia entre el costo de los depósitos y los créditos cobrados constituye el valor agregado, con el cual se remunera la mano de obra y el capital invertido.

No es cierto que la actividad financiera se haya desregulado. Es cierto que en 1999 se derogó en Estados Unidos la Glass Steagall que desde los años 30 del siglo pasado exigía una completa separación entre la banca de inversión y la de crédito, y ello estuvo en el origen de la crisis de 2008. Pero desconoce la autora que desde finales de los años 80 del siglo pasado el Comité de Basilea, organismo que agrupa a los principales bancos centrales del mundo, ha establecido pautas exigentes en regulación prudencial y exigido la adopción de modelos sofisticados de medición de los riesgos de crédito, de liquidez y operativo de los bancos, pautas que en Colombia han sido recogidas en regulaciones del gobierno nacional y de la Superintendencia Financiera e implementadas por las instituciones financieras. Ello ha exigido por parte de estás un recurso humano altamente calificado, y enormes inversiones en sistemas de información y comunicación.

Si de sus tesis se derivan recomendaciones de política que son fuente de inspiración para este gobierno, no podemos esperar que ellas contribuyan a superar los problemas de crecimiento, de desigualdad y de pobreza. Ojalá los funcionarios públicos y la opinión pública no coman entero.

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