2020: ¿Más de lo mismo?, columna de Econometría

Escrito por: Julián Roa Rozo

2019 no fue un año bueno para la economía global. Según el World Economic Outlook de octubre de 2019, mientras que en 2018, 99 de 194 países presentaron un incremento en su tasa de crecimiento; en 2019, este número disminuyó a 64.

Más preocupante aún es que solo 11% del PIB mundial presentó un incremento en su tasa de crecimiento en 2019. Algunas fuentes de incertidumbre como el brexit y el conflicto comercial entre Estados Unidos y China afectaron el comercio internacional y las cadenas de valor, incidiendo negativamente en la demanda global.

En un contexto local, múltiples países de la región enfrentaron en 2019 situaciones complejas. Argentina enfrentó su segundo año consecutivo de crisis económica. México y Paraguay finalizarían 2019 con un crecimiento nulo y economías como Bolivia y Chile perdieron su ritmo por la incertidumbre política.

El bajo crecimiento económico en Latinoamérica agudizó los problemas sociales ya existentes en la región y se llevaron a cabo múltiples manifestaciones ciudadanas principalmente en Chile, Ecuador y Colombia.
Colombia no ha sido ajena a este contexto.

Si bien la economía colombiana se destaca en la región, con un pronóstico de 3,2% para 2019, su comportamiento macroeconómico está lejos de satisfacer las expectativas de los colombianos. Por un lado, la tasa de desempleo superó la barrera de 10% y finalizará 2019 alrededor de 10,6%.

Por otro lado, la incertidumbre global generó una volatilidad importante en la tasa de cambio, la cual fluctuó entre los $3.070 y $3.520. Lo anterior, junto con choques en los precios de alimentos, incidió en la inflación, la cual cerró 2019 en 3,8% dentro del rango meta, pero cerca del límite superior.

En materia externa, el déficit de cuenta corriente cerrará 2019 cerca de -4% del PIB lo cual no es una buena noticia. Luego de una devaluación en los últimos años, las exportaciones no han crecido lo suficiente para cerrar el déficit en cuenta corriente, reflejando los problemas en la estructura productiva de la economía colombiana. El factor positivo de 2019 fue el comportamiento del consumo y la inversión las cuales lideraron el crecimiento económico.

Con este escenario base: ¿Qué nos espera en 2020? Econometría Consultores considera que 2020 no será muy distinto de 2019. Colombia tendrá un crecimiento económico alrededor de 3,3% que seguramente será mejor que el de la región, pero que seguirá estando por debajo de su potencial.

Se proyecta que la tasa de desempleo siga por encima de 10%, la tasa de interés se mantendrá estable y, si el clima no genera sorpresas, la inflación nuevamente estará cerca del rango superior. A continuación, se explica el por qué.

Según el FMI, el crecimiento del PIB mundial sería de 3,4% superior al crecimiento de 2019, pronosticado en 2,9%. Sin embargo, hay varios factores de incertidumbre para 2020 como el brexit, el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la posibilidad de un impeachment a Donald Trump. Parece que el conflicto entre Estados Unidos e Irán no se escalará a una confrontación directa, pero es previsible que se den enfrentamientos en zonas de influencia.

Esto podría incidir en el precio del petróleo el cual se supone tendrá un precio alrededor de US$65 por barril Brent para 2020. Bajo este escenario, un crecimiento del PIB mundial de 3,4% es optimista.

Según Laeco, alianza de consultoras económicas latinoamericanas de la cual hace parte Econometría Consultores, Latinoamérica recuperaría en alguna medida su ritmo de crecimiento en 2020. En particular, en 2019 se cerraría con un crecimiento del PIB, sin incluir Venezuela, de 0,7%, el cual es bastante débil, y 2020 tendría una tasa de crecimiento de 1,4%.

Para Laeco, el crecimiento estaría liderado por Paraguay quien crecería a una tasa superior a 4%, y la segunda economía sería Colombia. La perspectiva de riesgo político en México, Brasil, Argentina, Chile y Bolivia podrían empeorar los prospectos que tienen los inversionistas sobre la región.

Ante este escenario se espera un año 2020 para Colombia bastante similar a 2019. La ligera recuperación de demanda en la economía mundial y los países vecinos podría incidir positivamente en el crecimiento económico, pero la principal fuente de crecimiento será el consumo interno.

Es por ello que Econometría Consultores prevé un crecimiento de 3,3% para 2020. Se espera una leve revaluación del peso colombiano para 2020 debido al incremento del precio del petróleo. La inflación total se proyecta que estará alrededor de 3,6% pues habrá una menor presión en los bienes transables, pero los choques en los precios de alimentos generados por el clima incidirán positivamente en la inflación. La tasa de desempleo se pronostica en 10,7%.

En materia de política económica, sobre el Banco de la República operan dos presiones diferentes: la debilidad del crecimiento económico podría llevarlo a disminuir las tasas, pero un eventual incremento de la inflación lo obligaría a aumentarlas. En principio, creemos que esa tasa se mantendrá constante.

El contexto fiscal no es mejor, pues ante una reforma tributaria que posiblemente desfinancie al Estado colombiano, aumentar la demanda mediante gasto público no será una opción. Finalmente, la continuación de las protestas puede generar una incertidumbre lo suficientemente fuerte para afectar la inversión y por esa vía el crecimiento.

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La economía del cambio climático en Colombia

Por: Óscar Rodríguez Nieto

Por estos días, en los cuales los países se dan cita en la Conferencia de las Partes (COP) en Madrid para hablar de comercio de carbono y transferencias de resultados de mitigación entre países, es un buen momento para reflexionar sobre las expectativas de Colombia dentro de la economía del cambio climático. Nuestro país tiene un enorme capital ambiental y eso debería ponernos en una posición preferencial en un mundo cuya principal preocupación será la escasez de recursos naturales y el cambio global. Sin embargo si el país no se prepara adecuadamente, esta puede ser otra de esas oportunidades que vemos pasar y desaprovechamos.

Las actividades productivas, como la ganadería, la industria y el transporte emiten gases nocivos al aire. Al hacerlo, generan altísimos costos en vidas humanas, en la operación de los sistemas de salud y en la atención de desastres naturales derivados de dicha contaminación. Los costos, de las medidas necesarias para evitar esas emisiones, son en general menores que los costos sociales de sus consecuencias, pero no son siempre financieramente viables para los privados. Por esto debe existir una intervención estatal.

Los países hoy industrializados lograron buena parte de su desarrollo al no incorporar esos costos sociales dentro de los precios de los productos que generaban ese daño ambiental. Actualmente, las consecuencias del cambio climático han hecho que el interés de las economías desarrolladas esté en reducir a futuro el impacto de la actividad económica sobre la atmósfera. Sin embargo, las acciones que se tomarán no revertirán, ni tan siquiera detendrán, el calentamiento global. Solamente podrán hacer más lento el incremento de las temperaturas medias, mientras se encuentra una solución tecnológica que permita detener este gran problema.

Los países desarrollados tienen poco margen de acción para reducir emisiones y han generado compromisos para la financiación de países en desarrollo, con el fin de ayudarles a lograr sus metas. Esto ha dinamizado los mercados internacionales en donde unos países pueden pagar a otros por ceder sus logros en reducción de emisiones o en remoción (captura) de carbono.

Colombia tiene una gran oportunidad, tanto atrayendo recursos de cooperación para cumplir sus metas, como vendiendo a otros países remociones y reducciones de emisiones de carbono, mediante labores de reforestación y de protección del bosque para evitar la deforestación. Aunque las emisiones por temas energéticos o industriales no son tan altas como las de otros países, sí tenemos una proporción alta de emisiones debidas a la deforestación y la ganadería extensiva. Sembrar árboles ayuda a remover CO2 de la atmósfera, pero su efecto es lento. La deforestación, especialmente la que se realiza por medio de quemas, genera unas emisiones muy grandes en muy poco tiempo, por lo tanto, establecer medidas para evitarla tiene un efecto inmediato.

Los incendios que se presentaron este año en la Amazonía, y que algunos medios indican que pueden cubrir alrededor de 500.000 hectáreas, expulsaron a la atmósfera entre 50 y 100 millones de toneladas de CO2 en unas pocas semanas mientras que, por ejemplo, la meta colombiana es llegar a reducir sus emisiones entre 66 y 99 millones de toneladas en el año 2030. Gran parte de esa meta -alrededor de 32 millones de toneladas- se lograría bajando nuestra deforestación en alrededor de un 40%, es decir evitando nuestros propios incendios forestales y demás formas de tala ilegal de bosques. Otros países que Econometría Consultores ha asesorado, como Guatemala o República Dominicana, tienen metas de alrededor de 10 a 15 millones de toneladas para un periodo de cinco años.

En 2015, Cdkn y Econometría propusimos un marco de trabajo que se tradujo en la expedición de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Dicha estrategia contempla instrumentos económicos y mecanismos de mercado que servirán al país para la compatibilización de la oferta y la demanda de recursos financieros para enfrentar el cambio climático.

Un primer paso fue el establecimiento del impuesto al carbono y la posibilidad de no causar su pago cuando se financian proyectos de remoción o reducción de emisiones de carbono. Esto ha servido para direccionar recursos hacia labores de conservación, protección y restauración de bosques casi por medio billón de pesos. Aún hace falta poder dar un uso adecuado del resto de los recaudos, que se pueden invertir en mitigación y adaptación al cambio climático.

La próxima meta es ayudar a establecer un sistema de comercio de emisiones que permita determinar el precio de mercado para el carbono en Colombia. Para esto se avanzó con la expedición de la ley de cambio climático, la cual crea la figura de los cupos transables de emisión y le da la facultad al Gobierno para establecer quiénes deberán comprar dichos cupos si no reducen sus emisiones. Eso permitirá al mismo tiempo establecer incentivos para la transformación tecnológica del aparato productivo y recaudar recursos para incentivar y financiar otras medidas de mitigación y adaptación.

Finalmente, estos avances se deben complementar con una mayor capacidad de financiamiento de iniciativas verdes a través del desarrollo de un sistema de banca verde, proceso en el cual también hemos podido acompañar a la banca de desarrollo colombiana.

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Los microcréditos como financiación al desarrollo

Por: Camila Nieto Mejía

La financiación al desarrollo surgió como tema central después de la segunda guerra mundial. Con el plan Marshall vino el planteamiento de la teoría económica del desarrollo, y la erradicación de la pobreza tomó un rol importante en la agenda internacional. Durante la época de la postguerra surgieron bancos como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo que jugaron un papel fundamental en la provisión de financiamiento a largo plazo cubriendo brechas que el sistema financiero tradicional no podía cubrir.

En 1961 se sentaron las bases de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) cuando los miembros del Grupo de Asistencia al Desarrollo reconocieron la necesidad de brindar ayuda económica, y técnica a los países en desarrollo. La AOD surge como un instrumento de financiación al desarrollo que pretende romper con el círculo de la pobreza de los países más necesitados mediante la inyección de capitales externos de carácter oficial con determinado grado de concesionalidad. La AOD es una idea muy coherente con las necesidades actuales de los países en vías de desarrollo, pero genera dependencia de los donantes y no incentiva la capacidad creativa.

Los microcréditos surgen como un instrumento alternativo de financiación que propone un sistema autosostenible de créditos de bajo monto generando incentivos positivos para cortar con el círculo de la pobreza desde un enfoque “bottom-up”, complementando el enfoque de la AOD. Los microcréditos nacen como una respuesta a la falta de acceso al crédito de millones de personas excluidas de los sistemas financieros formales. Estos tienen un enfoque social que pretende generar inclusión financiera y como consecuencia inclusión social mejorando las condiciones de vida de las personas más necesitadas.

Las personas más desfavorecidas por lo general son quienes están excluidas del sistema financiero tradicional, y la dificultad de utilizar sus recursos para el ahorro y la inversión en educación o actividades productivas limitan las posibilidades de salir de la pobreza. La capacidad de ahorro e inversión son determinantes para el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Desafortunadamente en la actualidad millones de personas se encuentran excluidas financieramente. En el caso de América Latina y el caribe 185 millones de personas permanecen sin acceso a los productos y servicios financieros formales, de los cuales 10 millones son colombianos.

Ante lo anterior, economistas y expertos se han preguntado si el microcrédito y las microfinanzas han tenido los resultados esperados y si se debe continuar incentivando su implementación como instrumento de desarrollo, o si, por el contrario, estos han tenido resultados perversos sobre los más necesitados. Históricamente, se ha analizado el impacto del microcrédito sobre diferentes ámbitos como la pobreza, la productividad y la desigualdad entre otros.

La implementación de programas de microcrédito y microfinanzas varían de acuerdo con el contexto específico de cada país, e incluso, en algunos casos, de cada región o ciudad. También cambian con respecto a la metodología de cobro, productos ofrecidos, tasas de interés etc. Por ejemplo, los microcréditos pueden presentarse como préstamos individuales, a través de grupos solidarios, fondos rotatorios y bancos comunales, entre otros.

Con lo anterior se puede decir sobre los microcréditos y las microfinanzas que, así como varían en su implementación, varían en su impacto. Existe evidencia teórica que sustenta tanto impactos positivos como no tan positivos sobre la pobreza y los ingresos.

En cuanto a resultados positivos, estudios han encontrado que el programa de microcrédito del Fondo de Alivio de la Pobreza en Pakistán redujo el nivel de pobreza en 3% para los beneficiarios. En Bangladesh se midió el efecto total y no crediticio de un programa micro financiero del Grameen Bank, encontrando un aumento de 175% de los ingresos mensuales de los beneficiarios.

En Colombia un caso de éxito sería el de Bancamía, la institución tiene una cobertura del 90% de los departamentos siendo uno de los principales actores en la inclusión financiera y el desarrollo social en el país. Bancamía estima que el 48% de sus clientes superan la pobreza después de dos años de acceder al microcrédito. La entidad ha logrado tener una cobertura rural (44%) similar a la cobertura urbana logrando romper con la brecha urbana-rural apuntando a las necesidades del contexto colombiano.

En el país, el Banco de la Mujer ha sido pionero en el sector del microcrédito, con una proyección social que promueve la cultura del ahorro y la educación financiera. El 87% de ellos pertenecen a los estratos 1 y 2 y el 16% fomentan proyectos rurales y agropecuarios. En el caso de resultados no tan positivos, en Indonesia, el impacto del programa de microcrédito de la ONG Yayasan Bina Swadaya no fue significativo.

La fórmula perfecta del microcrédito no existe, la oferta de diferentes productos, las condiciones de préstamo y las modalidades deben ajustarse a las necesidades específicas de cada población, así como al contexto socioeconómico y cultural. Los microcréditos tienen un enfoque innovador al apuntar a un desarrollo “desde adentro y desde abajo” que no debe pasar desapercibido ante quienes trabajan por la inclusión y erradicación de la pobreza.

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Desarrollo rural con una base territorial

Por: María José Libreros

El desarrollo rural territorial debe dirigirse cada vez más a atender las necesidades específicas de las poblaciones campesinas, de acuerdo con sus características y las de su entorno ambiental. Así se buscaría infundir una dinámica de crecimiento y desarrollo más justa y sostenible. Para esto es necesario no enfocarse solo en procesos agrícolas, sino también explorar otras actividades que también aporten a la generación de progreso sostenible en las áreas rurales.

En este contexto, la Unión Europea ha hecho una apuesta por la iniciativa comunitaria Leader como una forma práctica de abordar el desarrollo rural, basada en un enfoque territorial, para la creación de nuevas estructuras de gobierno local participativas y una gestión descentralizada. Su nombre corresponde a las siglas, en francés, “Liaisons entre activités de Developement de L’Economie Rural” y su significado en español es “Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural”.

Este método se inició en 1991 y se ha ido adaptando como una filosofía de trabajo, abriendo espacio a nuevas metodologías en los procesos de desarrollo rural.

Es un modelo de desarrollo rural integrado, endógeno e innovador, gestionado por Grupos de Acción Local, en donde se privilegia la diversificación de los recursos endógenos de los territorios, principalmente en comercialización, mejoras del patrimonio y el medio ambiente, así como el aumento del valor agregado de los productos básicos, pequeñas industrias, artesanías, turismo rural y empresas de servicios locales. La diferencia entre Leader y otras medidas políticas más tradicionales es que Leader indica «cómo» hay que actuar y no «qué» hay que hacer.

Esta metodología actualmente ha sido aplicada en la mayoría de los países de la Unión Europea (España, Francia e Italia con un mayor interés en este enfoque), promoviendo acciones integradas, innovadoras y multisectoriales. Aprovecha las ventajas comparativas de las zonas rurales, así como los factores sobre los que debe basarse la competitividad del territorio. Su impacto ha sido fuerte, pues ha contribuido a la generación de empleo en las zonas rurales y de mayor bienestar en la sociedad.

Si bien esta metodología ha tenido éxito en Europa desde su creación, se ha tratado de implementar en varios países de América Latina y solo en algunos ha tenido efectos positivos. La razón de ello es que el programa Leader está diseñado pensando en que existan unas condiciones mínimas de autonomía local, estabilidad política, cooperación entre el sector público y privado, conocimiento de los recursos de la zona, etc. Estos factores no siempre están presentes en muchos países de América Latina. Sin embargo, ha habido casos de éxito. En el caso específico de Colombia, en el año 2008 se realizó un proyecto denominado Desarrollo Económico Local y Comercio en Colombia - Delco, a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el enfoque de Gestión Descentralizada. Este proyecto tuvo como objetivo promover un desarrollo económico local equitativo y sostenible, además de generar oportunidades de empleo digno, en los departamentos de Bolívar, Boyacá, Cesar, Meta, Santander y Valle del Cauca. Se utilizó la metodología Leader como herramienta para la ejecución y desarrollo del proyecto.

Enfatizando en uno de los proyectos realizados, se encontró que en Boyacá se cofinanciaron cinco iniciativas que se concentraron en los municipios de Guayatá, Tenza, Garagoa, Guateque, Somondoco, Macanal y Sutatenza. Lo que se buscaba era articular diferentes acciones a favor del desarrollo local, generar empleo, promover la capacitación de la población, fomentar el comercio empresarial y fortalecer estrategias de emprendimiento. Dichos proyectos surgen en el marco del modelo de desarrollo económico local, con enfoque integral y territorial, propiciando un trabajo colaborativo en pro del desarrollo. Estos proyectos tuvieron buenos resultados en los territorios pues se evidenciaron grandes aportes en el fomento de la competitividad, la aplicación de buenas estrategias para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de procesos productivos y de la comercialización de los productos. Esto concluye que mediante una buena articulación entre las instituciones públicas y privadas y mediante el interés de la comunidad se pueden obtener resultados favorables para el desarrollo rural. Sin embargo, es necesario seguir trabajando en estrategias de desarrollo e innovación, que garanticen mejoras y eficiencia en los procesos de crecimiento rural.

De lo anterior se puede concluir que el crecimiento económico es necesario y es una ficha clave del desarrollo económico sostenible, pero es importante que los gobiernos formulen e implementen políticas públicas acordes con las necesidades de cada región. El programa Leader brinda un eje metodológico diferente para la toma de decisiones de políticas públicas, en que la diversificación de las economías locales juega un papel fundamental, movilizando recursos endógenos, rompiendo fronteras administrativas y promoviendo la cooperación interregional.

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América Latina en llamas, columna de Econometría

Por: Econometría Consultores

La región está en llamas. Los acontecimientos recientes en Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador son reflejo de una situación económica insostenible y un descontento generalizado. Aunque las manifestaciones actuales hacen parte de una tendencia global, en América Latina tienen unas connotaciones particulares. Para la región, los 80 fueron la década pérdida, con una crisis económica generalizada, moratoria de la deuda externa y fuertes caídas del PIB en la mayoría de países de la región. Para resolver esta situación se diseñaron las reformas pro-mercado de 1990, también llamadas reformas del Consenso de Washington. Sin embargo, estas reformas no cumplieron las expectativas de la población, y desde principios del presente siglo los gobiernos pro-mercado fueron remplazados por gobiernos de izquierda, cambio político que coincidió con el boom de los commodities.

El boom permitió una expansión de los programas del gobierno que ayudaron a atacar la pobreza y hacer crecer la clase media. Sin embargo, esta expansión no era sostenible en el largo plazo. En efecto, con la caída de los precios del petróleo en 2014, el crecimiento económico se frenó. La región pasó de crecimientos por encima de 6% en 2010, a crecimientos negativos en 2015 y 2016. Y los retos estructurales, especialmente la desigualdad del ingreso y la baja productividad, subsisten.

En varios países, el péndulo se movió hacia el lado opuesto. El fin del boom de los commodities y la caída del PIB generaron un giro político hacia gobiernos pro-mercado. Sin embargo, estos últimos no han logrado el ajuste.

En Ecuador la decisión de eliminar los subsidios a la gasolina para cumplir el acuerdo con el FMI generó protestas similares a las de finales de los 90 e inicios del presente siglo, que derrocaron a Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. En Argentina, el ajuste gradualista del presidente Macri, diseñado de esta manera para mitigar el impacto social de la estabilización macroeconómica, no fue efectivo. Desde 2017 el gobierno se ha visto obligado a implementar medidas para contener una crisis cambiaria, y el regreso reciente del peronismo al poder aumentar la probabilidad de ocurrencia de esta crisis. Por su parte, el modelo económico chileno logró llevar al país al nivel de países de ingreso alto, con un PIB per cápita tres veces más grande que el colombiano, pero con una desigualdad muy similar. Las recientes protestas contra ese modelo han sido multitudinarias. Finalmente, la expectativa de crecimiento en Brasil está por debajo del 1%, con una muy baja popularidad del presidente Jair Bolsonaro. En el otro extremo, aunque las proyecciones de crecimiento de Bolivia estaban entre las más altas (3,6% para 2019), las protestas por un posible fraude electoral que busca la permanencia de Evo Morales en el poder pueden afectarlas. México también se encuentra en aprietos. Su pronóstico de crecimiento es de 0,25% y está sufriendo una crisis institucional generada por el narcotráfico.

El contexto mundial tampoco es alentador. El conflicto comercial entre Estados Unidos y China, el brexit, y la posible recesión alemana han generado un ambiente incierto para las economías desarrolladas. El pronóstico del FMI para el crecimiento del PIB mundial es de 3% y 3,4% para 2019 y 2020, respectivamente, ambos pronósticos inferiores a los que el mismo FMI publicó en su World Economic Outlook (WEO) en julio de este año, en donde el PIB mundial crecería 3,2% en 2019 y 3,5% en 2020. Las primeras afirmaciones de Kristalina Georgieva como nueva directora del FMI hacen referencia a un estancamiento sincronizado. Y el estancamiento es más claro para América Latina. Las proyecciones del Banco Mundial para 2019 muestran crecimiento nulo, y uno muy bajo, de 1,8%, en 2020. Para el FMI, el crecimiento de la región será el más bajo entre las diferentes regiones del mundo. Todas estas proyecciones, calculadas antes de los recientes acontecimientos, muestran que la región está en llamas.

Frente a este panorama, Colombia sobresale. Econometría pronostica un crecimiento para 2019 de 3,2%, cercano al del Banco Mundial y al del FMI (3,3% y 3,4% respectivamente), y para 2020 un crecimiento de 3,5%. Sin embargo, la caída de la Ley de Financiamiento podría generar incertidumbres que afectarían el crecimiento, y es necesaria una clara acción del gobierno que tranquilice a los mercados. Por su parte, las elecciones regionales mostraron un país que se mueve hacia el centro político, saliendo de los extremos, pero también una democracia con partidos políticos debilitados.

En resumen, las economías latinoamericanas se han movido en un péndulo, sin encontrar su rumbo. Colombia sobresale en la región por su nivel de crecimiento y por su estabilidad institucional. No obstante, el crecimiento está lejos de ser satisfactorio para las necesidades de los colombianos. Es por ello que se hacen necesarias señales claras, para evitar incertidumbres, y políticas que incentiven un crecimiento económico que a su vez sea inclusivo y permita una mayor movilidad para la población colombiana.

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Una historia de dos países, columna de Econometría

Por: Econometría Consultores

Etiopía es uno de los países en los que como parte de su proceso de internacionalización, Econometría ha trabajado, fue comisionada por Unicef para realizar la evaluación de su operación, la más grande de África del Este. Es un país fascinante lleno de historia milenaria que se remonta a la Reina de Saba y al imperio de Aksum. Con gente amable y alegre, está una de las tantas coincidencias con Colombia. Ambos países cafeteros, de similar latitud frente a la línea ecuatorial, una geografía montañosa y su capital Addis Abeba a 2.450 metros sobre el nivel del mar. Recientemente, suma una con el otorgamiento por parte del Comité Noruego del Nobel de Paz al Primer Ministro Abiy Ahmed Ali.

Su ubicación le otorga un dominio estratégico como punto de partida en el Cuerno de África. Limitando con Eritrea, Somalia, Kenia, Sudán del Sur y Sudán, no tiene salida al mar y ha estado utilizando el puerto principal vecino de Djibouti. Con la reciente paz, reanudó el acceso a los puertos eritreos para su comercio internacional y es por esto que el Nobel es estratégico para Etiopía.

Con alrededor de 109 millones de personas, la antigua Abyssinia es la segunda nación más poblada de África después de Nigeria, y la economía de más rápido crecimiento en la región. Empero, también es uno de los más pobres, con un ingreso per cápita de US$790. Con el Plan de Crecimiento y Transformación, apunta a alcanzar el estado de ingresos medios bajos para 2025. Según el Banco Mundial, su economía experimentó un fuerte crecimiento con un promedio de 9,9% anual desde 2007 hasta 2018, en comparación con un promedio regional de 5,4%.

Los principales motores de crecimiento han sido la industria, la construcción y los servicios. La principal obra de infraestructura se encuentra en el Nilo Azul. La Gran Presa del Renacimiento será la más grande del continente, con dos centrales eléctricas con una producción de 15,000 GWh anual. La obra tiene como uno de sus impactos negativos que los visitantes a las cataratas del afluente las encuentran casi inexistentes durante la época de lluvias bajas y es polémica dado que los pequeños agricultores (no solo etíopes sino kenianos) han visto afectado el riego de la ya muy escasa agua. Igualmente, se ha invertido con capital chino, en un sistema de tren ligero, el primero de su tipo en la región. Según el World Economic Forum, Etiopía puede ser la nueva China, ya que ha estado mejorando sus conexiones por carretera y ferrocarril, y cuenta con conexiones aéreas cubiertas por Ethiopian Airlines, la compañía aérea más grande del continente.

Una herencia cultural única alberga la Iglesia ortodoxa etíope, una de las más antiguas, y una monarquía que terminó solo en el golpe de estado de 1974. Etiopía fue el hogar de algunas de las primeras poblaciones de homínidos. Es visita obligada conocer los restos de “Lucy” con 3.2 millones de años que reposan en el Museo Antropológico. Culturalmente, tiene 13 meses en el año y mide las horas del día de forma distinta, el reloj comienza cuando llega el día, es decir la salida del sol es la 1 en punto y la puesta del sol las 12.

Los etíopes tienen muchas razones para ser orgullosos. Un etíope dirá que es un lugar de grandes atletas, la nación independiente más antigua de África y que aparte de una ocupación de cinco años por la Italia de Mussolini, nunca fue colonizada. De esta época dicen haber heredado el machiato, pero no la pasta pues esta no podrá sustituir a la muy rica y nutritiva injera hecha de Teff, un cereal endémico. También dirá con orgullo que Etiopía se considera el lugar de nacimiento de la planta de café (siglo IX), la ceremonia de la bebida en las calles de Addis Abeba es única. Adicionalmente, el Rastafari, movimiento que inspiró el Reggae y evolucionó en Jamaica, en realidad surge en Etiopía.

Motivo de gran orgullo es su muy popular primer ministro Abiy. Gracias a su aprobación de una histórica reforma de su gabinete, tienen la primera mujer presidenta, Sahlwork Zewde, la única que ostenta el poder actualmente en África. Introdujo reformas de liberalización de la economía, aunque persisten controles como cortar el servicio de internet durante los exámenes de estado o cuando sucede un evento que atenta contra la seguridad nacional. Llama la atención que la profesión Abiy es ingeniero informático.

Muy merecido es su premio Nobel de Paz por sus esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional, y en particular por su iniciativa de resolver el conflicto con Eritrea que duró tres décadas debido a fuertes tensiones y guerras dentro de las cuales se cuenta la independencia (1993) de Etiopía. Sin embargo, no la tiene fácil. Otra coincidencia con Colombia, una no honrosa, es que Etiopía mantiene un historial poco envidiable de ser el líder mundial en desplazados internos expulsados de sus lugares de residencia debido a conflictos internos. Cuenta con cerca de tres millones de personas desplazadas según los últimos resultados del Informe Global sobre Desplazamiento Interno. El fenómeno es poco reconocido en los medios por el Primer Ministro y mucho podría aportarle Colombia en el marco de la Cooperación Sur-Sur en lecciones aprendidas de nuestro conflicto. En todo caso su premio es esperanzador, no solo para Abiy sino para su país y de la región.

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Descentralización y calidad educativa

Por: Econometría Consultores

Hace unos tres años, dos investigadores afiliados a la Universidad de Oxford y al Instituto Mundial para la Investigación de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-Wider), publicaron un artículo titulado ¿Qué funciona para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes en los países en desarrollo? Las ideas discutidas en el texto, fundamentadas en el análisis de 38 publicaciones académicas, son de gran relevancia para nuestro país.

Parafraseando a los autores del estudio, pese a la importancia de intervenciones específicas para incentivar la oferta y la demanda educativa, la revisión de la evidencia disponible sugiere que resulta crucial mejorar, de forma paralela, la infraestructura y las capacidades administrativas de los sistemas educativos locales. La intuición detrás de esta idea es relativamente simple: la diversidad cultural propia de los estados modernos es tal, que se requieren esfuerzos institucionales regionales para adaptar políticas nacionales a las necesidades y preferencias territoriales. Como sugiere el historiador Jorge Orlando Melo, Colombia no es una nación, sino un conglomerado de pequeñas naciones, dictamen que ayuda a aterrizar ese debate a nuestra realidad política, económica y social.

Ahora bien, sería injusto desconocer los grandes esfuerzos que ha venido liderando el Ministerio de Educación Nacional, y sus aliados, para fomentar el salto educativo que necesita el país. A la fecha, por ejemplo, cerca de 15% de los estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales son beneficiados por el programa Jornada Única.

El programa Becas para la Excelencia Docente otorga créditos 100% condonables a docentes y directivos para financiar posgrados en Instituciones de Educación Superior acreditadas. A su vez, a finales del año pasado el Gobierno Nacional anunció que en 2019 se contaría con un total de 4.500 tutores del programa Todos a Aprender, con el fin de ampliar, gradualmente, su presencia en colegios públicos. Esto, quizás, en respuesta a una evaluación de impacto publicada en 2018 en la prestigiosa revista Economics of Education Review que concluía que dicha intervención no mostraba impactos causales en rendimiento académico, repitencia o deserción escolar.

Otros estudios sugieren que estas inversiones sociales enfrentan grandes barreras estructurales inherentes a nuestro sistema político y administrativo. La tesis doctoral de Julián López Murcia, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad Tadeo Lozano, indica que Colombia vive un proceso de re-centralización que inició hace al menos dos décadas, con afectaciones evidentes en sectores como salud y educación.

Mi propio trabajo académico publicado en revistas de ciencia política e historia analiza cómo las dificultades técnicas y humanas en algunas autoridades locales del Caribe colombiano, sumadas a avances muy tímidos en la generación de arreglos institucionales nación-territorio para coordinar esfuerzos en el diseño, la planeación y la implementación de políticas educativas, son factores explicativos a la persistencia de inequidades educativas territoriales.

Mientras escribía esta columna recordaba la intervención de la Directora de Educación Básica de la Ciudad de Helsinki, en 2015, en la presentación de un estudio de Naciones Unidas sobre los retos de la calidad educativa en Bogotá. Ella dijo al auditorio, algo sorprendida, que sentía que teníamos una fijación con los exámenes y las pruebas estandarizadas, a diferencia de lo que ocurría en su país. Interpreté en su momento esa crítica como una invitación a reflexionar sobre qué tan eficientista -o de búsqueda de resultados en el muy corto plazo- es nuestra visión del cambio educativo, y hasta qué punto ello puede incidir negativamente en la construcción de capacidades educativas regionales necesarias para gestarlo.

Al respecto, valdría la pena volver a repasar el caso del éxito de Finlandia donde la creación de entornos institucionales que favorecieran el aprendizaje mutuo de colegios y oficinas de gobierno municipales fue un factor definitivo para la innovación pedagógica y curricular.

En síntesis, las ideas expuestas arriba indican la importancia de incluir el debate de la descentralización como un eje central de la calidad educativa en Colombia. Más allá de un simple tema de autonomía escolar, descentralizar implica construir capacidades regionales de acompañamiento para que los diferentes programas que lleguen a colegios y escuelas logren generar un balance entre metas nacionales y necesidades territoriales. También involucra, como lo resaltaba alguna vez un antiguo Secretario de Educación de Bogotá, integrar más a los colegios a la vida económica y política de sus municipios y regiones.

En tal medida, si bien el Ministerio de Educación tiene la batuta, el éxito de la política educativa requerirá de compromisos y esfuerzos mucho más locales e intersectoriales de lo que ocurre en la actualidad. A propósito de las iniciativas vigentes del Gobierno Nacional para hacer una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, y la oportunidad que de ello se depende para adelantar transformaciones necesarias en el sector educación.

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Enfoques diferenciales y su abordaje en política pública

Por: Econometría Consultores

El enfoque diferencial es una forma de analizar, valorar y actuar a partir del reconocimiento de que la población no es uniforme, sino que dentro de ella hay individuos y grupos con diferencias biológicas, sociales y culturales que suponen respuestas diferentes para la garantía de sus derechos desde una perspectiva de equidad. Pero ¿cómo las políticas públicas pueden responder de una forma pertinente cuando la población de un país es tan diversa y está compuesta por diferentes grupos indígenas, por hombres y mujeres, por niños, jóvenes y adultos, por personas con diferentes tipos de discapacidad y todos ellos son sujetos de los mismos derechos sin discriminación?

El abordaje de los enfoques diferenciales contempla el reconocimiento de la importancia de aspectos como el ciclo vital, la discapacidad, la pertenencia étnica, el territorial y el género, lo que ha implicado un reto para las políticas públicas, no tanto desde la formulación, en donde se han logrado avances conceptuales importantes, sino particularmente en la implementación, que implica la puesta en marcha de acciones concretas que reconozcan la diversidad.

La dificultad en la materialización de estos enfoques para las políticas públicas parte de dos situaciones que están conexas: Por un lado, no hay una única definición de lo que debe ser un enfoque diferencial. En la literatura se pueden encontrar varios puntos de vista, que en general confluyen en la necesidad de reconocer y tener en cuenta las diferencias. No obstante, el abordaje de las diferencias puede darse desde varias perspectivas; algunas conceptualizaciones se centran en las relaciones desiguales que parten de una construcción cultural, y otras en las características biológicas o sociales.

Esta situación ha hecho que los diseñadores de política tengan que construir conceptualizaciones propias para trabajar sobre ellas y poder cumplir con el diseño y aplicación de políticas que reconozcan y atiendan las particularidades de la población desde cada uno de los sectores (tal como lo establece la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional). En este sentido, se encuentran definiciones del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, de Prosperidad Social, de la Unidad para las Víctimas, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y de otras entidades, cada uno de las cuales pone el foco en diferentes aspectos.

En términos institucionales esto ha significado la creación de equipos de enfoque diferencial en las organizaciones, públicas y no gubernamentales, cuya misión es identificar las poblaciones que pueden estar involucradas en sus acciones -decisiones de política, programas, proyectos- y acompañar el desarrollo de ellas desde la sensibilidad que sus efectos puedan tener las características y particularidades de sus grupos de interés. La segunda situación tiene que ver con que, aunque parezca tautológico, la “diferencia” es diversa, y, por tanto, contiene dentro de ella un universo de características, realidades, situaciones y aspectos que hacen que la respuesta frente a ella no pueda ser uniforme, sino que tengan que darse orientaciones para el análisis, más que recetas estándar para lograr diseños incluyentes.

Lo anterior implica tener un entendimiento comprehensivo de realidades muy diversas, que en la mayoría de los casos no es posible que partan de la vivencia propia de los equipos diseñadores de política, sino que demandan información desagregada por variables como sexo, edad, condiciones particulares o etnia, que permita evidenciar efectos en diferentes poblaciones a partir de los cuales se puedan construir supuestos, riesgos e impactos para la formulación de políticas sensibles a la diferencia.

Ahora bien, ¿cómo se puede abordar este reto? La inclusión del enfoque diferencial puede darse teniendo en cuenta criterios como:

i) la identificación de las características de la población (biológicas, económicas y sociales); ii) la identificación de riesgos específicos de vulneración que se puedan derivar de esas características, y las expectativas y necesidades que en función de ellas puedan tener los individuos o los grupos; iii) la necesidad de explicitar en el diseño a esa población particular; iv) la necesidad de prever la participación de la población con esas características en el ciclo de la política; v) la necesidad de disponer de recursos que sean idóneos para el abordaje de esta población, así como personal capacitado; vi) la necesidad de crear sistemas de información que permitan entender esas características y sus necesidades asociadas; vii) la necesidad de comprender la relación de un grupo específico con el resto de población, ya que el gran sentido del enfoque es la inclusión.

El enfoque diferencial no es un concepto estático; este se ha venido construyendo y ha ido avanzando y complejizándose a partir de los mismos reconocimientos y activismos de los grupos involucrados, poniendo sobre los formuladores de política una responsabilidad frente a la acción pública.

El gran reto está, entonces en hacer que los enfoques trasciendan lo retórico y se vuelquen a lo práctico, lo que supone una planeación y una presupuestación conscientes de la diferencia, y unos mecanismos de seguimiento que faciliten la obtención de información desagregada y de calidad que permita hacer evaluaciones que puedan valorar la inclusión o exclusión de una u otra población y continuar aportando a la construcción de la comprensión de los enfoques.

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Empresas, filantropía y Estado, columna de Econometría

Por: Econometría Consultores

Los 10 años de la Fundación Alpina son una oportunidad para compartir algunas de las reflexiones que se han dado en su Consejo Directivo, y en cuyas discusiones Econometría ha participado. Se trata de un tema pertinente para todo el sector empresarial.

Para algunos la única responsabilidad de una empresa es desarrollar una actividad productiva generando empleos para sus trabajadores, bienes para la sociedad y utilidades para sus socios. El Estado obtiene de esa actividad ingresos por medio de impuestos, que los usa vía regulación, financiamiento o ejecución directa para proveer los bienes y servicios que necesita la sociedad.

Los impuestos son un ingreso para el Estado, pero un costo para las empresas. El Estado siempre querrá que ellos sean más altos, y las empresas siempre que sean más bajos. Esta contradicción se resuelve con un acuerdo social (Constitución Política), en el que se da el marco para definir el tamaño del estado y el nivel de impuestos necesario para financiarlo.

Ahora bien, cuando el Estado no cumple adecuadamente con sus funciones, no es de extrañar el surgimiento de iniciativas empresariales. Las empresas no son indiferentes a un contexto con problemas y buscan hacer algo al respecto. Las opciones van desde actividades relacionadas con sus entornos (como programas de responsabilidad social o negocios inclusivos) a acciones de tipo filantrópico. La experiencia de la Fundación Alpina como laboratorio social muestra una opción con un gran potencial de cambio estructural, donde la filantropía va mucho más allá de la caridad, con la perspectiva atacar el problema central: un mejor funcionamiento del Estado.

El punto de partida hacia la filantropía empresarial son las utilidades. Corresponde a los socios definir qué hacer: pueden consumirlas, pueden reinvertirlas, o pueden destinarlas a actividades filantrópicas. En este último caso, el gasto puede hacerse individualmente o en grupo, que sería el caso de una fundación empresarial, donde se logran economías de escala y empoderamiento derivado de la reputación de la empresa.

Si ya se ha tomado la decisión de hacer filantropía y hacerlo desde una fundación empresarial, debe definirse en qué área trabajar. Muchas lo hacen en áreas relacionadas con la actividad empresarial. Sin embargo, dado que una cosa es la empresa y otra las actividades filantrópicas, no necesariamente se debería trabajar en lo mismo, particularmente teniendo en cuenta que si las actividades filantrópicas aportan al negocio de la empresa, no deberían hacerse recibiendo descuentos tributarios.

Las fundaciones empresariales, por su propia naturaleza, tienen una cierta inclinación para desarrollar actividades empresariales, como objetivo central o complementario. Lo clave de apoyar el emprendimiento, aparte del resultado esperado que sería una mejora significativa de los ingresos por parte de los participantes, es el cambio que se da en la relación ciudadanos-Estado. De una situación donde los más pobres mendigan los apoyos del Estado, se tiende a pasar a una situación donde lo básico se lo agencia la gente y la relación con el Estado pasa más a la exigencia de derechos. Es un cambio muy profundo. En perspectiva histórica esta fue la experiencia del Eje Cafetero, cuando el café era un producto competitivo para la región.

Habiéndose decidido hacer filantropía, queda la pregunta de cómo ser más efectivo. Lo primero es que una fundación, a diferencia del Estado no tiene ninguna obligación distinta a la que sus fundadores establecieron en los estatutos. Por tanto, cualquier cosa que se haga se valora. Claro que, si se trata de una fundación relacionada con una gran empresa, hacer muy poco podría ser contraproducente para su imagen. En todo caso debe evitarse buscar grandes y crecientes coberturas. Este camino lleva a una trampa. Primero porque es imposible lograr coberturas altas (ni el mismo Estado suele lograrlas); y segundo porque las coberturas suele darse a costa de la calidad. Con menos, pero muy bien hecho, podría una fundación empresarial ser mucho más relevante, en la medida que lo que se haga se vuelva un “ejemplo demostración”. La calidad es una vía para lograr mayores coberturas vía réplicas o influencia en las políticas públicas. Lo central es hacer la diferencia. Evaluaciones que hemos hecho muestran que lograr esos grandes impactos es factible.

En este punto vale la pena volver al punto de partida. La filantropía en buena medida responde a fallas del Estado. ¿Qué tanto se pueden solucionar esas fallas con la filantropía? Existen varias vías factibles en la medida que (i) los resultados se vayan propagando vía réplicas, (ii) los proyectos logren interactuar con las políticas públicas, que es cuando las fundaciones actúan como laboratorios sociales del país. Y (iii) se den procesos de empoderamiento de los beneficiarios (y sus organizaciones) frente al Estado.

Al final la filantropía puede brindar beneficios directos a quienes participan en sus proyectos, pero si además se logran grandes impactos y funciona como un laboratorio social tiene la perspectiva de trascender. Respecto a otras alternativas empresariales de intervención social genera menos resultados “apropiables”, pero aporta más a los cambios estructurales que requiere el país.

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El acuerdo de punto final desde su impacto Social

Por: Econometría Consultores

El acuerdo de punto final lanzado por el Gobierno hace unas semanas ha sido criticado por su manejo contable. El artículo 237 del Plan Nacional de Desarrollo anunció el tratamiento de la deuda que el gobierno tiene con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por los servicios prestados en el No PBS (servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud) como deuda pública que será pagada a través de operaciones de crédito público y no a través de una operación presupuestal.

Varias voces han afirmado que, en la medida en que este mecanismo no hace explícito en el presupuesto el gasto del gobierno en salud, no es el adecuado. Aunque esta crítica puede ser razonable, y más adelante volvemos a este punto, es necesario analizar esta decisión desde un impacto positivo que puede ser incluso más importante. El pago de esta deuda debe verse reflejado en un mejor servicio, cuestión que los usuarios del sistema reclaman todos los días. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han aguantado la presión de una deuda del Estado con las IPS, y aunque puede haber una responsabilidad de parte y parte, esta presión en muchas ocasiones se ha visto reflejada en la disminución de la calidad de los servicios que prestan las IPS a los usuarios, y en algunos casos en el cierre de los mismos.

Aunque es claro que las EPS tienen como su principal responsabilidad administrar el riesgo en salud y garantizar el mejor servicio a sus afiliados, un faltante de varios billones de pesos dificulta esta labor.

El sistema está diseñado para que el Plan de Beneficios de Salud (PBS, antes llamado Plan Obligatorio de Salud, o POS) sea sostenible, y, de hecho, de acuerdo con datos del gobierno, en 2018 se pagó 99% de este plan. Sin embargo, la deuda del No PBS se ha venido acumulando en un promedio anual cercano a los $570.000 millones, para un total de casi $7,5 billones entre 2006 y 2013, de los cuales $5,29 billones son del Régimen Contributivo y $1,45 billones del Subsidiado, cifras del Gobierno que de todas maneras tanto EPS como IPS ven baja.

Aunque es necesario un trabajo de conciliación de estas cifras, que el Gobierno esté dispuesto a pagar una gran suma genera un alivio financiero en el sistema de salud que debe reflejarse en una mejor atención a los usuarios. Los acuerdos de pago deberían condicionarse a este resultado y el Gobierno debería verificar su cumplimiento. De esta manera los actores más importantes del sistema, los usuarios, se benefician, y con esta acción el gobierno logra un impacto social significativo.

Hasta ahora se ha pagado cerca de 10% de este gran total, $736.000 millones de pesos, de los cuales la mayoría, $514.000 millones, se dedicaron a la deuda de Caprecom. Las proyecciones del Gobierno muestran que los recursos llegarán a 1.361 IPS (50,84%) y hospitales públicos (49,16%) de todo el país. Entre los más beneficiados se encuentran el Hospital Departamental de Villavicencio, el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’, el Hospital Universitario Erasmo Meoz, de Cúcuta, y el Hospital Universitario La Samaritana, de Bogotá. Pero todas las IPS y hospitales deberían mejorar sustancialmente sus servicios en pro del usuario, y el Gobierno debería hacer seguimiento.

Por su parte, otras voces han dicho que el pago de la deuda no es suficiente. Sin profundas reformas al sistema, parte de ellas controlando el gasto, en unos años se llegaría a la misma situación de iliquidez. Los últimos intentos de controlar el gasto en el No PBS, por ejemplo a través de Mipres (o Mi Prescripción, mecanismo a través del cual el Ministerio de Salud hace explícitos y transparentes los reportes de los profesionales de salud de los servicios o tecnologías que no son cubiertos por el plan obligatorio), no han dado los frutos esperados. Por eso, nuevas iniciativas del Gobierno, como los techos o los presupuestos y valores máximos de recobro -VMR- así como la continuación de políticas exitosas como la farmacéutica, son bienvenidas y pueden resultar en efectos más importantes que el mismo pago de la deuda en la medida en que controlen el gasto y no afecten la calidad del servicio. Es necesario evitar el desangre financiero del sistema, desangre que en últimas, se ve reflejado en calidad. Y si se controla el gasto, el manejo contable de la deuda actual propuesto puede ser más adecuado.

Ahora bien, el sistema de salud colombiano tiene muchas bondades que pocos reconocemos. Más de 95% de los colombianos están afiliados, el gasto de bolsillo de los colombianos en salud representa 16% del gasto total, siendo el segundo menor gasto en América Latina después de Cuba. En países como Ecuador, México, Chile, y Perú, este gasto está por encima de 30%. Y parte de este desconocimiento hace que de una u otra manera todos los actores abusemos del sistema. Una buena estrategia de comunicación del Gobierno, explicando las reformas, partiendo de lo construido, y haciendo entender que las políticas de salud son de Estado y no de un Gobierno, pueden ayudar a que tengamos cada vez más un mejor sistema de salud.

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