Necesidad y posibilidad de reformas

Necesidad y posibilidad de reformas

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

El libro que Econometría lanzó hace unas semanas, “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural”, se basa en dos planteamientos complementarios. Por un lado, plantea que para salir de la crisis económica y social generada por la pandemia, es necesario hacer grandes reformas. Y, por otro, plantea que la crisis abre la posibilidad de estas reformas.

Sobre el primer planteamiento, es evidente que la pandemia vino acompañada de una fuerte crisis económica y social. El 2020 fue el año con la mayor caída de la economía en la historia moderna de Colombia. El PIB se contrajo en 6,8%. Los efectos económicos y sociales han sido devastadores. En el peor momento de la pandemia, cuando la economía debió cerrarse casi que completamente para frenar la expansión del virus, el desempleo se duplicó, pasando de 10% a 20%, cifra que de lejos fue la más alta al compararla con los demás países de la Ocde. La pobreza también creció, haciendo retroceder casi una década los avances de las políticas públicas encaminadas a eliminarla. Aunque no hay una medición clara de los efectos en el sector privado, un número importante de empresas desapareció. Y el Estado, garante de última instancia en medio de una economía paralizada, a pesar de que ha hecho grandes esfuerzos para frenar los devastadores efectos económicos y sociales, estos no han sido suficiente para contrarrestarlos completamente. Esto se ha traducido en un descontento social que se ha visto reflejado en las protestas y el paro a principios de este año. Las encuestas que se realizaron en ese momento mostraron que la mayor preocupación de los jóvenes es la falta de empleo.

Ahora bien, también es claro que muchos de los efectos económicos y sociales generados por la pandemia son la profundización de problemas estructurales que ya sufría el país. El desempleo se duplicó, pero ya venía con una senda creciente. La recuperación del empleo después de la crisis económica de 1999 se había demorado un poco más de una década para que la tasa de desempleo llegara a un dígito. Más de 10 años. Y esta se mantuvo unos pocos años en un dígito. En 2019, antes de la pandemia, la tasa de desempleo había retornado a dos dígitos, alcanzado la cifra anual de 10,5%. Por su parte, la ineficiencia del Estado en responder a las necesidades de los ciudadanos estaba reflejada en la desconfianza que los ciudadanos le tienen.

Por estas razones, Econometría plantea en su libro que la visión de retornar a la normalidad simplemente levantando las restricciones de las cuarentenas es errónea. Es necesario pensar en grandes reformas para que la economía colombiana y la sociedad salgan fortalecidas de esta crisis. Son necesarias grandes reformas para resolver los problemas estructurales que la pandemia profundizó. Y va un paso más allá. Plantea que aunque la crisis tiene efectos devastadores, también puede verse como una oportunidad para hacer estas reformas. Se basa en la teoría del comportamiento y en el planteamiento del premio Nobel de Economía Daniel Kahneman cuyo trabajo demostró que los cambios son más factibles en crisis que en tiempos normales. La razón es que, en general, los efectos de cualquier reforma son inciertos. Aunque el objetivo es que sean positivos, también pueden traer efectos negativos. Y si la economía está creciendo y es estable -dos características importantes de la economía colombiana- esta incertidumbre dificulta la disposición para hacer grandes reformas. Sin embargo, en una crisis, es necesario hacer cambios para salir de ella. La disposición para hacer cambios se amplía.

Y una crisis económica tan fuerte y tan generalizada como la que está viviendo el mundo entero por la pandemia, abre más estas posibilidades. No se trata de una crisis sectorial, como en general se originan las crisis económicas, cuyos efectos se transfieren a otros sectores y el papel del Estado es buscar frenar esta transmisión. En este caso es una crisis generalizada, que ha afectado a empresarios y trabajadores, a empresa grandes y pequeñas, a trabajadores formales e informales, a todos los sectores económicos, y ha generado una presión enorme en el Estado, que también sufre problemas estructurales.

Para salir de esta crisis es necesario hacer grandes reformas, y que la crisis puede también identificarse como una oportunidad para hacerlas son los que llevan a Econometría a presentar una propuesta de reformas con una visión integral, aunque no pretende ser exhaustiva.

Propone que como las empresas, los trabajadores y el Estado, es decir, todos los actores de la sociedad, han sido afectados por la crisis, es necesario pensar reformas para todos estos actores. Acompañar y apoyar a las empresas a hacer sus transformaciones para crecer en la nueva realidad, reformar el mercado laboral para que con el trabajo se contribuya a estas transformaciones y a su vez los trabajadores se vean beneficiados, y reformar al Estado para responder de manera eficiente a las nuevas necesidades.

Sugiere que como visión general para las políticas públicas y las transformaciones es necesario utilizar como premisa la inclusión productiva. Aunque los subsidios para atacar la pobreza son importantes, la recuperación sostenible se logra con la inclusión productiva; con empleo formal.

Como se está dando la trasformación en muchas empresas, es necesario adaptar a los trabajadores para que contribuyan a esta en medio de la revolución tecnológica y la robotización que el mundo está viviendo, y esto se logra enfocando gran parte de los esfuerzos en la formación para el trabajo. Y como estos esfuerzos vienen en gran parte del Estado, este debe también adaptarse a esta nueva realidad. Las reformas tributaria y pensional pueden ayudar a equilibrar las finanzas públicas, pero el gran objetivo debe ser ganarse la confianza de la ciudadanía. Y esto a su vez se logra con grandes reformas.

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Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo…

Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

Buscando contribuir a la discusión sobre cómo enfrentar la crisis económica y social generada por la pandemia, Econometría Consultores lanzó la semana pasada el libro ‘Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural’. Se basa en la premisa que afirma que “toda crisis genera reformas” para plantear una serie de reformas con una visión integral. Propone reformas en tras grandes áreas: el aparato productivo, el mercado laboral, y el Estado. Para salir de la crisis el enfoque más importante que plantea Econometría es la inclusión productiva, inclusión que genera empleo productivo y hace crecer a las empresas, enfrentando uno de los golpes sociales más duros que trajo la pandemia, el desempleo. Sin olvidar la inclusión social para enfrentar la pobreza, tema que también discute el libro.
Ahora bien, para la generación de empleo y la transformación del aparato productivo, el papel del Estado es esencial. Un Estado eficiente, que no llegue a desbalances insostenibles en sus finanzas, cuidando la estabilidad macroeconómica, y que también responda efectivamente a los retos productivos y sociales que enfrenta el país.

La primera parte del libro se concentra entonces en el aparato productivo. Se inicia con un corto diagnóstico sobre las serias barreras que tiene Colombia para tener una economía competitiva y diversificada. A continuación, y como una estrategia para lograr superar esta situación, se plantea un conjunto de propuestas para lograr la transformación productiva, basadas fundamentalmente en la inclusión moderna y formal de núcleos crecientes y sostenidos de población y empresas, tanto en áreas urbanas como rurales.
Un eje importante de discusión es que la mayor productividad debe estar basada en la innovación, y para que esta logre una escala relevante y que genere movilidad social, se requiere la inclusión a dicha transformación no solo de los empresarios, sino de sectores poblacionales de acuerdo con su nivel socioeconómico. Para la población que convive con barreras muy fuertes del entorno que limitan su inclusión, dada su condición de marginalidad estructural, condición de desplazamiento por el conflicto interno o de receptor importante de migrantes venezolanos el libro propone crear una ruta hacia su progresiva inclusión productiva y social a través de una estrategia denominada ‘Soluciones duraderas’.

La segunda parte del libro se concentra en uno de los mercados más duramente afectados por la pandemia: el mercado laboral. Propone un cambio de enfoque en las políticas de mercado laboral y en especial de la reforma laboral para recuperar el empleo perdido. Considera que el reto más importante de ese mercado es elevar la productividad laboral. Para lograrlo, gran parte de la política pública debe centrarse en la formación para el trabajo, buscando preparar el capital humano que necesitan las empresas, y con una visión prospectiva en la medida en que la nueva normalidad después de la pandemia generará nuevos empleos y nuevas formas de producción. Para esto es preciso una reorganización institucional en la cual las autoridades locales -gobernaciones y alcaldías- jueguen un papel protagónico.

La razón se encuentra en que cada ciudad y cada región tienen un entramado empresarial diferente y la formación para el trabajo debe responder a estas necesidades locales. La discusión de los costos laborales es importante, pero más por sus efectos en la transición entre informalidad y formalidad que para generar nuevos empleos. Y esta discusión debe tener en cuenta dos elementos: el nivel de los sobre costos salariales y los nuevos tipos de empleo y sus nuevas formas de contratación.

La tercera parte del libro se ocupa de la gestión estatal, particularmente en lo relacionado con las finanzas públicas. Se analiza esto bajo cuatro ópticas: el de la economía política, el de la estructura tributaria, el de la gestión financiera pública, y el de las finanzas territoriales. Cualquier reforma que se proponga, especialmente en el terreno de las finanzas públicas, corre el riesgo de no poder realizarse si no se tienen en cuenta las restricciones determinadas por la economía política.

En lugar de renunciar a las reformas, lo que se necesita es enfrentar las imperfecciones del sistema político que impiden que las decisiones de los poderes públicos se aproximen más al interés general de la sociedad: se necesitan entonces reformas políticas. El libro también analiza y propone reformas al sistema tributario, y ahonda en temas relacionados con la gestión propiamente financiera de los recursos públicos, los cuales no han recibido la atención que merecen en la discusión pública. Analiza las deficiencias de los sistemas de presupuestación, de los mecanismos de evaluación oportuna del gasto público, de los sistemas de rendición de cuentas a la ciudadanía y de la manera como operan los organismos de control.

Todo eso incide de una manera negativa en la eficacia y eficiencia del gasto público. También se presenta la agenda de reformas que el país debe adelantar en este frente. Finalmente, las entidades territoriales son protagonistas importantes de la acción del Estado colombiano con responsabilidades cruciales en la provisión de educación y salud, así como de bienes públicos de naturaleza local, y por eso el libro analiza las finanzas territoriales y propone reformas para su fortalecimiento.

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¿Va a contratar a alguien? ¿Qué tal contratar un joven sin…

¿Va a contratar a alguien? ¿Qué tal contratar un joven sin experiencia?

Escrita por: Maria Gloria Cano - Directora de Proyectos

“Los jóvenes son personas con mayor flexibilidad, que quieren trascender y estar en proyectos que permitan apoyar a sus comunidades… las empresas no entienden eso y deben aprender a conocerlo para poder aprovechar y captar el gran potencial de flexibilidad y de intereses con los que llegan los jóvenes al mundo laboral”.

(Entrevista, Caja de Compensación Familiar, 2019).

¿Qué sucede cuando un joven sin experiencia sale a buscar trabajo? La posibilidad de encontrarlo es mínima. La barrera de acceso a un trabajo formal se vuelve insalvable si se exige experiencia para trabajar, ¿cómo tener dicha experiencia si no se tiene la oportunidad de trabajar? El empleador por su parte diría “¿cómo dar trabajo a una persona que no tiene la experiencia para desempeñar la labor que necesito que realice? Es muy costoso entrenar a esa persona desde cero y quien sabe cuál será su productividad”. En estas condiciones resulta muy frustrante la búsqueda de trabajo, más aún tras una inversión previa en educación.

Nueve de cada diez vacantes registradas en el Servicio Público de Empleo exigen experiencia laboral previa y cinco de cada diez exigían que está fuera por lo menos de un año. Numerosos estudios y encuestas coinciden en que para casi la mitad de los jóvenes la principal barrera para encontrar trabajo es la falta de experiencia previa.

El sector público ha avanzado con acciones concretas. Por ejemplo, el Decreto 2365 de 2019 anuncia que jóvenes entre 18 y 28 años que no acrediten experiencia laboral, podrán vincularse a las entidades del Estado, igualmente, 10 % de los nuevos empleos de las entidades públicas no deberán exigir experiencia profesional. Pero, el principal empleador del país, que es el sector privado, responde a incentivos diferentes. El tema está en lograr demostrar que este joven, sin experiencia, genera una productividad adecuada frente al salario que se le reconozca, de tal forma que para el empleador sea “rentable” contratarlo.

Recientemente el Gobierno anunció la creación de un programa de empleo juvenil con subsidios de 25% del salario de los jóvenes, el cual puede aprender de la experiencia del Programa 40.000 primeros empleos, evaluado por Econometría para el Departamento Nacional de Planeación en 2019. Este programa, del Ministerio del Trabajo, operó entre 2015 y 2019, otorgando subsidios a las empresas que contratasen jóvenes (18-28 años) sin experiencia o con menos de seis meses de experiencia. El subsidio era equivalente, como mínimo, a 50% de los costos laborales derivados de la contratación de los jóvenes hasta por un año. Alcanzó a cubrir 54.000 jóvenes con una inversión de $413.000 millones, $7,6 millones por joven. El programa buscó aumentar la empleabilidad, el nivel de ingresos, la continuidad en la formación y la calidad de la vida de los jóvenes, mejorar el proceso de determinación de las vacantes y la percepción que las empresas tienen sobre la productividad de los jóvenes.

Dentro de los resultados, el programa fue efectivo, pero su escalabilidad tiene retos en sus costos. Sí logró romper la barrera del primer empleo para los jóvenes participantes, donde los jóvenes que fueron beneficiarios presentan una empleabilidad superior a los jóvenes no beneficiarios, mejoraron su autoestima y proyecto de vida. De los jóvenes beneficiarios, 68 % estaba trabajando tras terminado el programa, 44 % de los que eran bachilleres y 16 % de los que eran técnicos y tecnólogos al inicio del programa tienen hoy un diploma de estudios más avanzado y en la actualidad 35% de los jóvenes estaba estudiando.

¿Se logró romper el “muro” impuesto por los empleadores en la contratación de jóvenes sin experiencia? La respuesta es sí. Las empresas participantes calificaron como “muy positivo” el desempeño de los jóvenes vinculados y la gran mayoría seguirán contratando jóvenes sin experiencia.

Obviamente es importante el impacto sobre los 54.000 jóvenes que fueron beneficiados por el programa, pero, en términos de sostenibilidad, el principal resultado fue el cambio en los imaginarios de los empleadores y el hecho que estos ahora consideren que “si paga” contratar un joven sin experiencia.

Las empresas participantes valoran de los jóvenes el interés, la disposición para aprender y dejarse guiar, en donde sin duda los jóvenes participantes hicieron bien su tarea. El haber aceptado a estos trabajadores sin experiencia les permitió “amoldarlos” más fácilmente a los procesos, principios y valores de la empresa. En voz de un empresario, “estos jóvenes jalonan procesos de actualización y modernización para no quedarse en la era del uga-uga” (de las cavernas) y adicionalmente que vienen “con mente abierta”. Estos resultados están en línea con lo enunciado por Sennet en donde en el contexto del capitalismo flexible, el mundo laboral se caracteriza por relaciones de corto plazo y transformaciones constantes en la tecnología. En este mundo, los jóvenes son los que oxigenan las empresas.

“Ojos frescos vienen con cosas que ya con el tiempo aquí no se ven. Es una buena oportunidad”

(Entrevista, Empresa participante, 2019).

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Medidas con visión de mediano y largo plazo

Medidas con visión de mediano y largo plazo

Escrita por: Juan Manuel García - Director de Proyectos

El más reciente boletín de Alianza Latinoamericana de Consultorías Económicas (Laeco) muestra como la economía colombiana, a pesar de las altas tasas de contagio y mortalidad que vienen observándose en el país por el covid-19 y de los costos directos e indirectos que han tenido las manifestaciones sociales, ofrece condiciones que permiten tener una expectativa positiva frente a la recuperación económica del país.

Es importante que las medidas que se tomen aprovechen las oportunidades que el entorno ofrece para la recuperación, pero sin olvidar ponderar los efectos que ellas podrían tener en el mediano plazo sobre los hogares y sobre el medio ambiente. Por esta razón se destaca la medida tomada el pasado mes de abril por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 40111, en la que estableció que la mezcla de biodiésel con combustible fósil se incrementará de 10% a 12% en la mayor parte del territorio nacional.

Los biocombustibles son reconocidos en el mundo por ofrecer diferentes tipos de beneficios a mediano plazo dentro de los que se destaca la diversificación en el suministro de los combustibles, el fomento a la conservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo rural. Recientes análisis realizados por Econometría permiten concluir que el incremento de dos puntos en ese porcentaje incentivará el desarrollo de cerca de 50.000 hectáreas de palma de aceite, lo cual le significará al país la generación de 6.500 empleos directos y 16.300 indirectos, empleos formales que representarán salarios por más de $270.000 millones anuales.

A su vez, los mayores cultivos de palma impulsarán el desarrollo a través del encadenamiento con otros sectores. Mediante este mecanismo el incremento en la demanda de biodiésel representará al país un crecimiento cercano a 0,06 puntos del PIB, lo cual corresponderá con un valor agregado adicional cercano a los $750 mil millones anuales. Esto bajo el supuesto de que la mayor producción de esos biocombustibles se dará en el país, lo cual es razonable con las actuales condiciones de competitividad de la producción nacional.

Desde el punto de vista ambiental y de salud los impactos tampoco serán menores. Varios estudios han demostrado que la mezcla de biodiésel en los combustibles reduce la presencia de material particulado en el ambiente, material que a su vez es causante de enfermedades respiratorias y muertes anticipadas. Las estimaciones realizadas por Econometría llevan a concluir que con el incremento de dos puntos en la mezcla se reducirán los costos de atención en salud en $751.000 millones anuales y, más importante aún, que se evitarán cerca de 6.000 muertes anualmente.

En lo ambiental un segundo aporte de los biocombustibles se derivará del incremento en el área sembrada, esto porque una hectárea de palma capta 8,8 toneladas de CO2. El incentivo al incremento de los cultivos que la mayor mezcla genera permitirá captar 433 toneladas de CO2, lo que aportará a los compromisos del país frente a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y disminuirá en $17.000 millones anuales los recursos que Colombia debería destinar para el cumplimiento de la meta que al respecto se ha planteado.

Aunque los beneficios de los biocombustibles son evidentes, se debe considerar que su uso genera algunos riesgos dentro de los que destaca el posible efecto sobre la disponibilidad de alimentos, ya sea por cambios en el uso de la tierra o por la utilización de algunos productos alimenticios para la producción de biocombustibles o la potencial destrucción de bosques para la producción de los insumos agrícolas. Estos riesgos son poco probables en Colombia, puesto que la producción de palma se realiza principalmente recuperando tierras que han sido degradadas por la ganadería o aportando al desarrollo de las cerca de 15 millones de hectáreas disponibles para producción agrícola que hoy no son aprovechadas por el país, el aceite de palma se elabora con excedentes de producción de la palma y además los productores, gremios y el Gobierno Nacional han establecido un acuerdo de cero deforestación con mecanismos de trazabilidad, transparencia y monitoreo.

Internacionalmente, estos riesgos son controlados mediante normas técnicas de habilitación y certificaciones ambientales. En el caso de Colombia se cuenta también con la Comisión Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles (Decreto 2338 de 2008), en la cual participan los ministerios de Agricultura, de Ambiente, de Minas y Energía, de transporte y de comercio, así como, el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Pública-Privada. Esta Comisión analizó la viabilidad de la nueva mezcla lo cual ofrece tranquilidad sobre la no materialización de esos riesgos.

Un último aspecto para mencionar tiene que ver con el posible incremento en el precio final del Acpm. El biocombustible tiene un precio mayor que el diésel fósil, por lo que el incremento de dos puntos porcentuales en la mezcla puede tener un impacto de 2,7% en el precio final de este combustible. Frente a los beneficios que la medida ofrece este es un impacto menor, baste mencionar que ese incremento de precio corresponde a poco menos de la mitad de los costos en atención en salud que se evitarán gracias a la menor presencia de las enfermedades respiratorias.

Para concluir se debe mencionar que buena parte de los beneficios mencionados dependen de que la mayor producción de los biocombustibles se desarrolle en el país y que para ello, como ya se dijo, es importante que las condiciones de competitividad de la producción nacional se mantengan o, incluso, se mejoren. Así, medidas internacionalmente utilizadas, como la no aplicación del IVA al consumo de biocombustibles se deben mantener, y otras, como la creación de incentivos a la investigación y la inversión, se deben fortalecer.

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La importancia de la reapertura segura en la educación inicial

La importancia de la reapertura segura en la educación inicial

Autor: Econometría Consultores

El pasado 28 de mayo se presentaron en esta columna los resultados de la evaluación de las estrategias “Aprender en Casa” y “Mis Manos te Enseñan” como alternativas de atención remota a la primera infancia, en el contexto de las cuarentenas derivadas del covid-19.

Si bien los resultados de estas estrategias fueron positivos y han tenido un efecto importante en el fortalecimiento de los vínculos entre maestros y familias, vale la pena reflexionar sobre la importancia de superar esta atención coyuntural, aprender de ella y apostarle a la apertura gradual y segura de los servicios de atención a la primera infancia de manera presencial.

La primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo, no solo cognitivo sino socioafectivo de los seres humanos. En este periodo, que va desde la gestación hasta los 5 años, la garantía de los derechos a la salud, la nutrición, la educación, el cuidado y la protección, son claves para el bienestar presente y de los futuros adultos, por lo que no en vano se han hecho importantes esfuerzos en la consolidación de políticas de primera infancia y en la priorización del gasto público para este momento del curso de la vida. Esta realidad está constatada por numerosos estudios longitudinales en todo el mundo realizados por varios premios Nobel de economía.

Sin embargo, en términos de desarrollo, no solo la provisión de servicios de calidad es importante. Las interacciones con los pares, con los padres, con los miembros de la familia, con otros adultos y con la comunidad, son determinantes en la construcción de habilidades sociales y emocionales, aspectos que también afectan las capacidades de aprendizaje y las habilidades necesarias para el resto de sus vidas. Todo ello repercute en su salud mental.

El desarrollo en la primera infancia es, por lo tanto, un proceso cultural, puesto que no solo cuenta las dinámicas individuales, sino que son fundamentales las relaciones y las interacciones con el entorno social, especialmente para los mayores de dos años. En la medida en que estás experiencias de vida sean saludables y enriquecedoras, se tienen efectos positivos sobre el aprendizaje y la retención en el sistema escolar, en la reducción de las brechas de género, en la inclusión social y una mayor probabilidad de éxito en sus vidas futuras.

Bajo esta perspectiva del desarrollo, el cierre de los servicios de atención inicial ya está causando efectos en las niñas y los niños, puesto que han visto limitadas sus interacciones, han perdido espacios de juego, y se han restringido sus posibilidades de exploración y de socialización. Nada de ello puede ser suplido por las estrategias remotas.

A esto se suman dos factores generadores de estrés que afectan al hogar como entorno inmediato de desarrollo, y que pueden dificultar la creación de un ambiente seguro, protector y enriquecedor para niñas y niños. De un lado, es necesario tener en cuenta el incremento de la pobreza como efecto de la pandemia y sus consecuencias sobre el acceso a bienes y servicios, y por otro, la sobrecarga de los cuidadores, que son principalmente mujeres. Ambas son situaciones que afectan particularmente a las personas más vulnerables, lo que profundizará las brechas en el desarrollo entre los diversos niveles socioeconómicos.

En contextos vulnerables los centros de atención a la primera infancia son mucho más que simples servicios de aprendizaje que pudieran ser sustituidos con herramientas tecnológicas. Además de ser espacios que promueven las interacciones enriquecedoras, son entornos protectores y proveedores de servicios básicos, por lo que sus cierres también han mostrado repercusiones en el aumento del maltrato, el abuso y la violencia, y efectos negativos en la salud, la nutrición y el bienestar tanto de las niñas y los niños como de sus familias.

Ante esta realidad, a finales de 2020 el Icbf inició un Piloto de Apertura Presencial Excepcional en algunas unidades de atención a la primera infancia del país, con el fin de organizar y flexibilizar los servicios y dar continuidad a la atención presencial bajo el esquema de alternancia definido por el Ministerio de Educación. Estos pilotos fueron evaluados por Econometría Consultores. Gracias a esta evaluación se pudieron apreciar los resultados positivos en relación con la continuidad de la prestación de los servicios con calidad, evidenciaron una importante capacidad de adaptación de lo pedagógico a las nuevas realidades sin renunciar a la exploración y a la interacción, y demostraron la viabilidad de poner en marcha un retorno seguro para las niñas y los niños en Colombia con la participación activa de sus familias.

Son comprensibles los temores hacia la apertura en una realidad en la que las condiciones de prevención frente al virus no están plenamente dadas, pero la apuesta de política debería poner en la balanza elementos diferenciales para este tipo de población y para este tipo de educación. Se debe promover la apertura gradual y segura, apoyándose en la experiencia piloto de Icbf, de tal manera que se aumente la cobertura de la presencialidad en los servicios a la mayor cantidad de niños y niñas.

Esta decisión debe tomar en cuenta elementos claves como la incidencia del virus en la primera infancia, el comportamiento de los contagios dentro de los centros de atención y los efectos positivos que tiene la vacunación del personal que trabaja en ellos. Pero, sobre todo, debe incluir una perspectiva de futuro que analice los efectos que las decisiones que se tomen hoy tienen en el largo plazo en las niñas, los niños y la sociedad. Queda por delante una importante tarea de evaluar los impactos que los cierres de los centros de atención a la primera infancia y las estrategias de atención remota tendrán sobre el desarrollo, la educación, la inclusión, las brechas de género y el bienestar, así como las medidas correctivas que será necesario tomar para tratar de recuperar el tiempo perdido.

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Atención remota para la primera infancia

Atención remota para la primera infancia

Autor: Econometría Consultores

La pandemia condujo a medidas de aislamiento social conocidas por todos, entre ellas el cierre de la atención presencial a la primera infancia. Esto empujó al Gobierno a reaccionar rápidamente cambiando la manera de prestar servicios hacia la modalidad remota. Dos estrategias que surgieron en este contexto fueron Aprender en Casa, del sector educativo colombiano liderado por el Ministerio de Educación (MEN) y Mis Manos Te Enseñan, del Icbf.

En el país, la política de desarrollo integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre se coordina desde la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI), institucionalidad que solicitó se evaluaran las estrategias mencionadas. Por ello, entre finales de 2020 e inicios de 2021, Econometría Consultores en alianza con EASE de México, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo evaluó el diseño, la eficiencia y efectividad de las dos estrategias de educación inicial y preescolar. En esta columna se destacan algunos de los principales hallazgos y aprendizajes de la evaluación.

En Aprender en Casa, el MEN creó materiales educativos y lineamientos que puso a disposición de docentes para llevar a cabo educación inicial y preescolar durante la contingencia, aprovechando actividades cotidianas de niñas y niños en sus hogares. Esto se consolidó en la plataforma “Aprender Digital: contenidos para todos”. A partir de ello, los docentes adecuan el material a su necesidad y realidad local y lo aplican de manera remota, junto con cartillas y kits pedagógicos que se envían a los hogares, enlazándose con las familias de sus estudiantes vía telefónica o virtual. Esta estrategia se complementó con el diseño y realización de programas educativos emitidos en medios de comunicación masiva, principalmente, televisión y radio.

De otro lado, la estrategia Mis Manos Te Enseñan se creó con el propósito de dar continuidad a los servicios a la primera infancia que brindaban los centros o unidades de servicio del Icbf. El propósito entonces es acompañar a las familias en el cuidado, crianza y educación inicial de sus hijos, mediante pautas y prácticas apoyadas con contactos telefónicos continuos, cartillas y kits pedagógicos. La estrategia también contempla el suministro de una canasta nutricional de alimentos para preparar, buscando preservar la nutrición brindada a las niñas y los niños. El Icbf acogió un enfoque de fortalecimiento a los vínculos familiares en torno de la crianza, convivencia y aprendizaje de los más pequeños del hogar.

Para esta investigación se realizaron multiplicidad de actividades innovadoras iniciando por el levantamiento de información remota cuantitativa (encuestas) y cualitativa (etnografías digitales, talleres delphos y entrevistas semiestructuradas) que cubrieron a los hogares beneficiarios y al talento humano y coordinadores regionales de la operación de las estrategias. A partir de ello y la información secundaria disponible, se realizaron evaluaciones de diseño de las intervenciones, caracterizaciones de la población objetivo, de procesos, de resultados y recomendaciones. En general, se encontró que las estrategias presentan un diseño sólido basado en modelos de intervención con evidencia documentada y con premisas claras sobre el problema a resolver, la población a la que buscan beneficiar y los medios para lograrlo.

Puntualmente se resalta que se ha logrado, como nunca antes, unas fluidas y sólidas comunicaciones entre profesores y familias. Dado que los hijos no vienen con un manual de instrucciones, contar con el acompañamiento de expertos ha resultado ser un elemento muy valioso para los padres, que ahora se muestran más interesados en cómo interactuar y educar a sus hijos. La clave aquí es evitar saturar a las familias que, en condiciones de aislamiento completo, deben dedicar mucho tiempo y esfuerzo a la educación de sus hijos.
En línea con lo anterior, un hallazgo muy sólido es que las familias apreciaron la atención psicosocial brindada por el Icbf para el manejo de las emociones y el estrés propio del aislamiento y la convivencia familiar continua. Contar con pautas de esta naturaleza les permitió a los hogares mejorar su convivencia, según su propio reporte.

Se evidenció que las estrategias fueron bien recibidas por familias y profesores, que las consideran iguales o mejores que sus versiones anteriores. Su percepción es que niñas y niños han avanzado en el desarrollo desde sus casas y, aunque al inicio hubo dificultades, se valora positivamente los materiales, kits pedagógicos, guías o cartillas a las que tuvieron acceso. De todas formas, hay actividades que requieren de la presencialidad como la enseñanza formal de la lectoescritura, cómo sostener un lápiz, entre otras, sobre las cuales la educación remota aún no da respuesta, además, esta educación implica que algunos procesos requieren mayor seguimiento en desarrollo y aprendizaje y en condiciones nutricionales y de salud de niñas y niños.

Otro gran reto de las estrategias de atención remota a la primera infancia en Colombia es la articulación. De una parte, se podrían potenciar los resultados logrados con una mayor coordinación entre el Icbf y el sector educativo tradicional. Hay sinergias importantes en su accionar que se dejan de lado cuando se opera en paralelo como se hace en su mayoría. De otra parte, la articulación dentro del sector educativo, liderada por el MEN, es un factor clave para fortalecer la estrategia Aprender en Casa. La cantidad de actores hace determinante trabajar sobre la comunicación clara y fluida entre ellos para asegurar el mejor uso de los recursos e incrementar el impacto sobre los beneficiarios.

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Jóvenes y empleo, columna de Econometría

Jóvenes y empleo

Autor: Econometría Consultores

La encuesta sobre sentimientos, expectativas y percepciones de los jóvenes sobre el paro nacional realizada hace unos días por el Centro Nacional de Consultoría y CM& muestra que en el primer lugar de los temas más urgentes que el actual gobierno debe resolver se encuentra el empleo para jóvenes, seguido muy de cerca por la diminución de la pobreza. Las cifras corroboran este sentimiento. Mientras en 2020 la tasa de desempleo total alcanzó 15,9%, en la población joven fue mucho más alta, llegando a 24,2%. Casi uno de cada cuatro jóvenes cayó en desempleo. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el desempleo juvenil fue de 28%, alcanzando niveles funestos en ciudades como Ibagué y Neiva, con tasas de desempleo juvenil de 37,6% y 36,3% respectivamente, y con 12 de las 23 ciudades con desempleo juvenil por encima de 30% y ninguna por debajo de 20%.

El desempleo juvenil enfrenta barreras estructurales. En el 2019, antes de la pandemia, la tasa de desempleo total fue de 10,5%, pero la de los jóvenes alcanzó 17,7%, y para el período 2011-2019 el desempleo juvenil en promedio fue 17,3%. Es decir, la pandemia no creó un problema que no existía; al revés, profundizó un problema que ya era estructural en Colombia. Y esto indica que se debe resolver de manera urgente y estructural.

Esta debacle no se da solo en Colombia. Una encuesta realizada por la Fundación Forge al inicio de la pandemia en Argentina, México, Chile, Perú y Uruguay a cerca de 10.000 jóvenes muestra que aportaron casi el doble de la tasa de despidos, con mayor participación de los jóvenes con menor nivel educativo, y que mientras 76,8% afirma que su principal contención para enfrentar el desempleo la encontró en su familia, solo 9% la encontró en alguna acción del Estado.

Las expectativas sobre el empleo en el futuro también son preocupantes. Para 41% la perspectiva en los próximos seis meses es el desempleo. Otra encuesta a cerca de 6.500 jóvenes en los mismos países realizada al final del año pasado comprobó que las expectativas son bajas, con 61% de los jóvenes avizorando un inicio de contratación lento, y con un desencuentro en el tipo de contratación. El 51% de las empresas ofrecerá contratos full time, mientras solo 34% de las personas jóvenes prefiere esta opción, y 27% de las empresas ofrecerá turnos rotativos, mientras solo 12% de las personas jóvenes busca esta opción.

Un análisis de la OIT identifica otros choques relacionados con el mercado laboral que los jóvenes pueden sufrir de manera desproporcionada por la pandemia, en particular, la interrupción de sus programas educativos o de formación y el descalabro de sus emprendimientos además de la caída de sus ingresos y la perspectiva de enfrentar mayores dificultades para encontrar una ocupación en el futuro. Se puede llegar a efectos persistentes en la “generación del confinamiento”. Un estudio longitudinal en Suecia muestra que los efectos en la salud mental de las personas que sufren episodios de desempleo mayores a seis meses en su juventud pueden extenderse hasta 14 años después con episodios de depresión y ansiedad.

En suma, el país está enfrentando un reto estructural que puede tener efectos a largo plazo sobre los jóvenes. Por esto, es urgente diseñar una política integral para generar empleo para los jóvenes. Entre las políticas aplicadas en varios países para enfrentar el desempleo juvenil se encuentran el apoyo a las empresas de los sectores más afectados proporcionando ayuda tanto a los trabajadores jóvenes como a los empresarios, programas de subsidios salariales que incluyen a los jóvenes, y programas de empleo público dirigidos específicamente a los jóvenes.

Desde la institucionalidad laboral, y en particular los servicios de empleo, asistir a los jóvenes en la búsqueda de empleo y apoyar a los jóvenes emprendedores. Dos políticas muy importantes deben centrarse en la formación para el trabajo garantizando que los sistemas de educación y formación respondan mejor a la demanda del mercado laboral en los sectores y ocupaciones en crecimiento en consonancia con las políticas de recuperación.

En Colombia se han diseñado otras políticas para impulsar el empleo juvenil que pueden revisarse y aumentar su escala y su cobertura. Entre ellas, los programas Jóvenes en Acción y 40.000 primeros empleos, y la ley de Primer Empleo (Ley 1780 de 2016) a la cual se suman las disposiciones tributarias de la Ley 2010 de 2019. Sobre Jóvenes en Acción, la evaluación realizada por Econometría encontró un gran impacto en los jóvenes, pero especialmente en aquellos que contaron con un componente denominado Habilidades para la Vida basado en el desarrollo de competencias blandas. Su probabilidad de emplearse se incrementó en alrededor de 20 puntos porcentuales.

Sobre el programa de 40.000 primeros empleos Econometría encontró en la evaluación de impacto que un tercio de los jóvenes siguió vinculado a su trabajo después del salir del programa. Por su parte, las dos leyes incluyen esquemas de subsidio al empleo de carácter temporal, y la Ley de Primer Empleo tuvo efectos positivos en la formalización laboral. Otra política implementada recientemente busca enfrentar la barrera que enfrentan los jóvenes para ingresar al mercado laboral por su falta de experiencia abriendo la posibilidad de prácticas en el sector público. La evaluación, adaptación de las mejores prácticas y escalamiento de estas políticas pueden ayudar a enfrentar este gran reto.

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La economía política de la reforma tributaria

La economía política de la reforma tributaria

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

El país se encuentra en una enorme encrucijada, en medio del tercer pico de la pandemia que está frenando la recuperación de la economía y con la necesidad de ajustar sus finanzas públicas para evitar poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Colombia, junto con México, Panamá, Uruguay, Perú, y Chile, se incluye entre los seis países de América Latina que cuentan con grado de inversión. La pandemia generó un aumento de gastos cercano a 4% del PIB y de la deuda a un nivel histórico de 60% del PIB.

Estructuralmente, mientras los países de la Ocde recaudan 34% del PIB, y los países latinoamericanos 23% del PIB, Colombia recauda 19%. Perder este grado de inversión puede afectar mucho más a la economía colombiana. Para enfrentar esta situación el Gobierno presentó una propuesta de reforma tributaria que ha generado un gran debate y el rechazo en algunos sectores.

Entre los elementos de esta propuesta se encuentran dos decisiones fundamentales que el Gobierno debe tomar. Por un lado, proponer simplemente un aumento en las tasas de tributación a la renta y en el IVA, o irse por la vía de cambios estructurales en el sistema tributario que permitan un mayor recaudo con las mismas tasas. Por otro, decidir a quién gravar, las personas o las empresas. Las decisiones del Gobierno fueron proponer una reforma estructural, eliminando algunas exenciones, sin aumentar las tasas, y gravar más a las personas que a las empresas, basándose en un desbarajuste estructural de la estructura tributaria que grava más a los agentes económicos que generan el valor agregado de la economía y el empleo -las empresas- que a quienes acumulan la riqueza -las personas.

Sobre la primera decisión, varios analistas han afirmado que una reforma estructural es conveniente y necesaria. La evasión y las exenciones y descuentos reducen el recaudo en cerca de 43%. Sin embargo, políticamente es una reforma difícil. Un estudio de Olivera, Pachón y Perry de 2010, ya citado por Econometría en este espacio, mostró que ahora, después de la reforma constitucional de 1991, es más complejo hacer una reforma estructural. La razón es que la buena intención de la reforma constitucional de 1991 de aumentar la participación política tuvo una consecuencia imprevista: la fragmentación política obliga a los gobiernos a discutir una reforma con más actores, lo que hace más difícil su tránsito de discusión y aprobación en el Congreso. Por eso, frente a la necesidad de recursos para ajustar las finanzas públicas, en el presente siglo los gobiernos han optado por aumentar alguna de las tasas impositivas sin proponer cambios estructurales en la estructura tributaria.

Sobre la segunda decisión, los datos muestran que mientras que en los países de la Ocde de los 11,3% del PIB de recaudo por sujeto gravado, 8,3 puntos porcentuales vienen de personas naturales y 3 de las empresas, y en América Latina de los 5,8% de PIB recaudados, 2,3 vienen de personas naturales y 3,5 de empresas, en Colombia de los 6,2% recaudados, 5 vienen de empresas y 1,2 de personas. Es decir, un análisis comparativo muestra que las empresas son más gravadas que las personas.

La mezcla de estas dos decisiones terminó siendo explosiva para la discusión de la reforma. La propuesta de eliminar las exenciones del IVA, que empezó a discutirse sobre los bienes de la canasta familiar, y la propuesta de ampliar la base tributaria del impuesto de renta personal, que creó la sensación de que el propósito era el de gravar más a la clase media, empezaron a generar un gran descontento. Aunque el Gobierno ya había lanzado el programa de Compensación de IVA, que devuelve recursos del pago de IVA a los hogares más vulnerables, y el objetivo de la reforma era gravar efectivamente a los ingresos altos -solo 5% de los hogares colombianos tiene ingresos per cápita mayores a $4 millones- la reforma terminó en grandes protestas. La iniciativa de unir a la reforma tributaria propuesta de gasto social para enfrentar la pandemia, dando incentivos al empleo y extendiendo el programa Ingreso Solidario hacia un programa de renta básica, no fue suficiente para aceptar, por ejemplo, el IVA a los servicios públicos, así este IVA no se aplicará a los estratos más bajos.

El momento de la discusión también es complejo. El riesgo de perder el grado de inversión y la estabilidad macroeconómica, con un déficit fiscal que puede llegar a 8,6% del PIB en el 2021, es alto. Sin embargo, la economía colombiana solo ha dado leves indicios de recuperación, y la tercera ola de contagios que está viviendo el país, y que ha llevado a las autoridades a decretar cuarentenas nuevamente, ha ahondado el descontento, a lo que se suma una vacunación que se encuentra muy lejos de llegar a la inmunidad de rebaño. El desempleo continúa alto, afectando a muchos hogares. Pero esperar al próximo año puede dificultar más la discusión: se trata de un año electoral.

Más importante aún, el descontento con la reforma puede estar dando señales más profundas. Por un lado, la desconfianza en las acciones del Estado, y por otro, la insatisfacción con la desigualdad y en general con el estado de cosas en que se encuentra el país. Si estas señales no son tenidas en cuenta, esta crisis puede ahondarse llevando al país a cambios extremos en el modelo económico. La crisis indica que son necesarias grandes reformas. No solo la tributaria. Econometría seguirá contribuyendo a la discusión en las siguientes columnas.

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Por un futuro promisorio para el sector lácteo

Por un futuro promisorio para el sector lácteo

Escrita por: Arturo García, Socio de Econometría Consultores

Colombia cuenta con condiciones excepcionales para el desarrollo de muchas actividades agropecuarias; la producción de leche y sus derivados es una de esas actividades. La dotación de tierras, la disponibilidad de agua y la ubicación en el trópico, que permite producir todo el año en los distintos pisos térmicos, le dan al país una gran ventaja comparativa. Sin embargo, es necesario volverla una ventaja competitiva; se cuenta con las condiciones necesarias, pero aprovecharlas es un gran reto.

El tema es relevante en la medida que a comienzo de la década del 2010 Colombia firmó acuerdos comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales prevén una desgravación arancelaria láctea total en 2026 y en 2028, respectivamente. El acuerdo con la Unión Europea contempló una cooperación en la forma de apoyo presupuestario (recursos que entran al presupuesto nacional) por un valor de 30 millones de euros, que unidos a los recursos nacionales permitió contar con un presupuesto en promedio cercano de $100.000 millones por año en el periodo 2010-2017. Para enfrentar este gran reto, en 2010 se formularon los documentos Conpes (3675 y 3676) que establecieron la política para preparar al país, la cual se acompañó con un acuerdo de competitividad para la cadena láctea.

El tema es aún más relevante, cuando la lechería es una actividad que genera empleo para unas 700.000 personas en sus distintos eslabones. Esta actividad se desarrolla en prácticamente todos los municipios del país, con una participación muy significativa en el empleo rural. Además, la leche y sus derivados son un componente fundamental de la dieta de los colombianos para garantizar su seguridad alimentaria. Esto, muestra los potenciales costos que se asumirían al no tener un sector competitivo.

En este contexto, recientemente, contratada por la Unión Europea, Econometría Consultores ha concluido una evaluación independiente de dicho apoyo presupuestario y de la política láctea durante el periodo 2010-2018. La evaluación contó con la activa participación del Consejo Nacional Lácteo (CNL), donde se encuentra el gobierno nacional y los gremios del sector. Vale la pena resaltar los principales resultados y recomendaciones.

Respecto a las metas establecidas en las políticas, los resultados de la evaluación muestran que se han tenido avances en aspectos como: aumentos en producción y productividad, mejoras en el nivel de proteína en la leche, la inversión prevista en genética, una mayor formalización de actores de la cadena, el aumento en los ingresos de los productores, la mejora en el estatus sanitario y el fortalecimiento de los clústeres lácteos.

Todo esto es muy positivo; sin embargo, algunas metas de política no se cumplieron y en otros casos fueron bajas respecto al desafío existente. Al final se tiene que el sector aún no se encuentra preparado para competir, en buena medida porque las experiencias exitosas tienden a ser puntuales y no se han escalado para el conjunto del sector. Lo grave es que el tiempo se está acabando. Ya han pasado más de diez años de cuando se inició el proceso y restan algo menos de seis para el momento que se tendrá plena desgravación.

Si bien la fecha límite se aproxima, se puede hacer un cambio estructural. La evaluación recomienda centrarse en unos pocos temas estratégicos, con capacidad para desencadenar otros cambios. Lo primero, es mejorar la productividad y la calidad de la leche y sus derivados. Tomando como referente a productores líderes y a proyectos piloto, existe un gran potencial para mejorar la productividad, que es la base para un escenario gana-gana del conjunto de actores de la cadena. Este es el pilar fundamental sobre el cual se debe montar la transformación del sector lácteo.

Luego se debería contemplar un estímulo a la demanda que incluye promover: el consumo en la población de bajos ingresos, la diversificación de productos, sustitución competitiva de importaciones y un programa agresivo de promoción de exportaciones. Por otro lado, la eficiencia individual, que se logra en hatos y fábricas, debe complementarse con una eficiencia colectiva que se da en las regiones donde interactúan los actores. Con este objetivo sería fundamental apoyar: programas de pasturas, que tienen diferencias según pisos térmicos y regiones; el desarrollo y fortalecimiento de los clústeres; y los centros de acopio, que presuponen a su vez promover la asociatividad.

Estos pocos cambios son importantes y deben desencadenar muchos más; sin embargo, nada de esto se logra si no hay cambios institucionales y operativos. En lo institucional es necesario fortalecer el CNL para que actúe como una junta directiva del sector; contar con un observatorio que vaya más allá de trabajo pionero realizado por la Unidad de Seguimiento de Precios; fortalecer instancias públicas, en particular las encargadas del control sanitario; y abordar en la instancia del CNL el sistema de precios, que debería incluir ajustes. Por su parte en lo operativo, los avances mencionados pueden tomarse como experiencias piloto validadas, que pueden pasar a una segunda fase, donde se deben analizar las condiciones de replicabilidad para lograr por último su escalamiento; este es el cambio más significativo que debe hacerse.

En resumen, se ha recorrido un camino para mejorar la competitividad de la cadena láctea; ahora es el momento de consolidar los avances para estar preparados en el 2026.

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Sisbén IV: una mejora en la focalización de la población

Sisbén IV: una mejora en la focalización de la población vulnerable

Escrita por: Jhon Jairo Romero

Una importante preocupación de expertos y de la población en general ha sido que los recursos que se destinan para programas sociales lleguen efectivamente a la población más vulnerable del país. Con este objetivo, en 1995 se diseñó y se empezó a aplicar el instrumento de focalización de programas sociales llamado Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales mejor conocido como Sisbén. Entre sus finalidades está permitirle al Estado contar con información de las familias más vulnerables del país, generando un puntaje o calificación de las necesidades de los hogares a partir de sus condiciones socioeconómicas.

En el imaginario de muchas personas el Sisbén es un programa social que brinda recursos en dinero, y para otras un servicio de salud para las personas más vulnerables económicamente. Pero nada más alejado de la realidad, pues la finalidad del Sisbén es lograr la identificación de la población más vulnerable. El hogar al que se le aplica la ficha socioeconómica del Sisbén no le garantiza el acceso a ningún programa social. Para acceder a los beneficios y subsidios de alguno de los programas, aparte de estar en el Sisbén, el hogar deberá conocer y cumplir todos los requisitos que establece la entidad responsable del programa.

En los 26 años que han pasado desde que se inició el Sisbén el país ha contado con cuatro versiones del Sistema; en su evolución se ha conseguido mejorar la clasificación de las familias, controlando errores de inclusión o exclusión y blindando el Sistema para evitar una posible manipulación de sus condiciones para cambiar su clasificación.

La cuarta versión del Sisbén tuvo varios cambios importantes frente a las anteriores versiones, y además, los adelantos tecnológicos con los que se cuenta ahora permiten una captura y consolidación de la información más eficiente frente a las anteriores versiones. El cambio más importante en esta nueva versión es el enfoque de inclusión productiva e inclusión social midiendo la ocupación y el ingreso de los hogares, lo que ha permitido mejorar la identificación de las familias vulnerables. Para que un hogar pueda obtener la clasificación en el Sisbén IV se debe reportar información de las condiciones de la vivienda y servicios públicos, educación, salud, ocupación e ingresos y antecedentes sociodemográficos. El Sisbén IV da un paso más en la forma de medir pobreza, usando la ocupación y el ingreso de las personas.

Otro cambio importante es la forma de clasificación de las familias; se migró del puntaje de un índice cuantitativo que tenía un rango de 0 (más pobre) a 100 (más rico) a una clasificación por categorías que se estructura en cuatro grupos que se identifican con letras, las cuales definen el nivel de pobreza de los hogares, clasificando la población en pobreza extrema (grupo A), hogares pobres (grupo B), población vulnerable o en riesgo (grupo C) y población no pobre o no vulnerable (grupo D).

Al interior de estos grupos se subdividen los hogares en subgrupos con los que se puede tener una mejor clasificación de las personas hasta en 51 grupos en total, según la capacidad de generación de ingresos. Se debe tener presente que las familias que venían siendo clasificadas con el puntaje en el Sisbén III deberá ser clasificadas a partir los lineamientos del Sisbén IV. No existe una tabla de homologación que permita determinar la clasificación del Sisbén IV conociendo la clasificación del Sisbén III. El reto actual está a cargo de los responsables de cada programa; se deberán definir los nuevos límites en los que deberá estar la población beneficiaria, haciendo que la transición sea lo menos compleja para las partes.

Otra modificación importante es la forma en la que se recogerá la información de los hogares y sus integrantes. La captura por DMC (Dispositivos Móviles de Captura) hará que la información se recolecte con mayores controles y esta pueda ser transmitida a la base central de una manera más eficiente y con mejor calidad, haciendo que una modificación de alguna característica o condición del hogar tarde menos tiempo en ser aplicada en el Sistema.

Con esta nueva versión, el Sisbén IV le permitirá a las entidades de Gobierno responsables de asignar los beneficios de los Programas Sociales contar con información más ágil y actualizada de las familias que aplicaron la encuesta, teniendo una mayor seguridad que el beneficio asignado llegará a la población definida en el marco de cada programa. Además, el Sisbén IV cuenta con información de contacto la cual incluye el número de teléfono/celular de los hogares, lo que facilitará el contacto oportuno con los potenciales beneficiarios. Las personas que quieran actualizar su información o que quieran aplicar la encuesta del Sisbén deberán hacer la solicitud en la oficina del Sisbén del municipio de residencia, donde podrán agendar la visita para que les sea aplicada la encuesta en su vivienda. La inclusión en el Sisbén no representará ningún costo para los hogares y tampoco garantiza la entrada a algún programa social.

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