Potenciar la exportación de servicios desde Colombia

Potenciar la exportación de servicios desde Colombia

Escrita por: Carolina Murgueitio

Las exportaciones de servicios significan brindar trabajo especializado a personas naturales o jurídicas residentes en otros países y recibir como de ellos divisas que mejoran la balanza comercial del país. Varias naciones han sido exitosas en promover las exportaciones de servicios. Algunos recientes son el de la India, que se ha convertido en un importante jugador en la exportación de servicios de tecnología de la información y de outsourcing. Australia es reconocida por sus exportaciones de servicios educativos, especialmente en el sector de la educación superior. Además, exporta servicios turísticos, de consultoría y de tecnología de la información. China ha experimentado un crecimiento significativo en la exportación de servicios en los últimos años, particularmente tecnología de la información, software y servicios de telecomunicaciones.

En América Latina, recientemente Panamá, Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica han aumentado sus exportaciones de servicios financieros, tecnológicos, ingeniería, software, turismo, entre otros. Según datos del Banco de la República de Colombia, entre los años 2010 y 2021, las exportaciones de servicios de Colombia venían creciendo a una tasa promedio anual del america latina8,4% en dólares. Este crecimiento venía siendo impulsado por varios factores. En primer lugar, la inversión del país en el desarrollo de infraestructura digital y tecnológica, lo que ha mejorado la capacidad del país para ofrecer servicios de calidad a nivel internacional. Además, de la implementación de políticas y programas para fomentar la internacionalización de las empresas proveedoras de algunos de los servicios. Además, la creciente demanda global de servicios y la apertura de mercados internacionales han creado oportunidades para las empresas colombianas. La calidad de los servicios, la competitividad de los costos y la ubicación geográfica estratégica de Colombia, que permite una fácil conectividad con los mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa, también han contribuido a este crecimiento.

En 2022, según cifras del Dane, Colombia exportó US$3.700 millones con un decrecimiento leve frente a 2021 de 0.4%. Entre los principales servicios exportados por Colombia se encuentran los de tecnología de la información y comunicaciones (TIC), servicios empresariales, animación, servicios de salud y turismo. Los servicios de BPO (Business Process Outsourcing) y software han mostrado un crecimiento notable en los últimos años, atrayendo inversiones y generando empleo en el país. Es notable también el crecimiento en servicios audiovisuales que han tenido un apoyo efectivo del gobierno. En el primer semestre de 2023, el decrecimiento de las exportaciones en general para bienes y servicios ha sido de 30% frente al mismo período del año anterior.

Si bien muchos son los factores no controlables que explican el dinamismo de las exportaciones, si existen varios instrumentos que pueden promoverse por parte de los gobiernos. Por ejemplo, es necesario impulsar programas de capacitación y asesoramiento que brinden a las empresas las habilidades y conocimientos necesarios para competir en el ámbito global.

La exportación de servicios depende en gran medida de la infraestructura digital. Es necesario invertir en la mejora de la conectividad y la velocidad de Internet en todo el país, especialmente en las zonas rurales. Además, se deben implementar políticas que promuevan la adopción de tecnologías digitales en las empresas de servicios, como el uso de plataformas en línea, el desarrollo de aplicaciones móviles y la implementación de sistemas de seguridad informática robustos.

El capital humano es un factor determinante para el éxito de la exportación de servicios. Es fundamental invertir en la formación y capacitación de profesionales en áreas clave, como tecnología de la información, ingeniería, diseño gráfico, marketing digital, bilingüismo, entre otros. Además, se pueden establecer alianzas entre el sector educativo y las empresas de servicios para desarrollar programas académicos que se ajusten a las necesidades y demandas del mercado internacional.

Hace 15 años, Econometría Consultores ha venido exportando servicios de consultoría a países de Asia, África, América Latina y el Caribe, y ha ido aprendiendo en el camino que podría mostrar mejores resultados en este frente si encontrara apoyo del gobierno en actividades más allá de las que hoy ofrece Procolombia. De hecho, en la evaluación que hizo de esta entidad nuestra firma, se encontró altos niveles de efectividad y eficiencia en la promoción de exportaciones de bienes. En servicios hay todavía un trecho por recorrer, probablemente porque las características particulares de estos mercados exigen una mayor sofisticación en el diseño e implementación de las labores de promoción.

Por ejemplo, antes de expandir los servicios a nivel internacional, es fundamental realizar una investigación exhaustiva de los mercados objetivos. Analizar las tendencias, la demanda, los competidores y las regulaciones tanto tecnológicas como tributarios en los países de interés.

Es necesario además apoyar con asesoría técnica para construir una marca sólida y reconocible, ya que ello es esencial para promover los servicios en el extranjero; desarrollar un mensaje claro y convincente que resalte los beneficios y la calidad de los servicios de desarrollados en Colombia; apoyar la participación en las ferias y eventos especializados en los servicios, ya que estos son excelentes oportunidades para promocionarlos y para establecer contactos con potenciales clientes internacionales.

Igualmente, a través de las oficinas en el exterior, Procolombia puede ayudar a identificar posibles alianzas estratégicas y de colaboración, así como potenciales clientes, instituciones educativas, cámaras de comercio y organismos gubernamentales y de cooperación que puedan brindar apoyo y recursos adicionales. Como existen para la exportación de bienes, también son necesarios en los de servicios instrumentos como incentivos fiscales, financiamiento preferencial, programas de capacitación y asesoramiento especializado.

Otro apoyo fundamental es el conocimiento que pueda compartirse con las firmas colombianas acerca de la cultura de cada país que permitan una asimilación rápida de las empresas y de los productos colombianos: grado de formalización empresarial, lenguaje aceptado y no aceptado, normas de cortesía, estrategias de negociación, etc. Agencias de promoción como las japonesas estudian al detalle todos estos temas, y ello explica el gran éxito que tienen al incursionar en nuevos mercados.

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¿Economía jalonada por los beneficios o por los salarios?

¿Economía jalonada por los beneficios o por los salarios?

Escrita por: Julián Roa

La reforma laboral presentada por el gobierno ha sido objeto de un debate fuerte entre economistas. Por un lado, los críticos de la reforma afirman que esta llevará a un incremento en la informalidad y potencialmente reducirá la capacidad de la economía para generar empleo.

Por el otro lado, los que la defienden sugieren que esto no tiene por qué ser así y proponen una visión macro keynesiana en donde el aumento de los salarios incrementa la demanda agregada y ello favorece el ingreso, la producción y el empleo.

Un estudio reciente hecho por investigadores del Banco de la República da la razón a los economistas críticos de la reforma, pues encuentra que la reforma laboral podría llevar a la pérdida de cerca de medio millón de empleos.

El Presidente tuiteó al respecto señalando que, en su criterio, el marco teórico usado por el estudio no era adecuado. De igual forma, criticó a los modelos matemáticos usados por el Banrep que, en su opinión, son construcciones ideológicas del poder.

Finalmente, independiente de la veracidad de las críticas hechas por el presidente, se puede ver en ellas una interpelación a usar diferentes marcos teóricos. En esta columna, damos una respuesta a esa interpelación.

En el modelo marxista de Goodwin, visualizado en un plano cartesiano, el eje X representa la participación de los salarios en el PIB y el eje Y la tasa de empleo. Comienza en un punto de equilibrio con empleo promedio y salarios bajos generando altas ganancias empresariales, lo que impulsa la inversión y la demanda de trabajo.

A medida que aumenta la tasa de empleo y los salarios superan el crecimiento de productividad, las ganancias disminuyen, desacelerando la acumulación de capital y el crecimiento económico.

Luego, la tasa de empleo y los salarios bajan, lo que permite la recuperación de las ganancias y reinicia el ciclo. Este modelo, que refleja una economía impulsada por beneficios, coincide con las predicciones de los críticos de la reforma.

Por otra parte, Badhuri y Marglin mostraron que el modelo de Goodwin genera estos ciclos en el sentido del reloj puesto que asume una especie de juego de suma cero en donde los mayores salarios de los trabajadores generan un freno a la inversión y eventualmente generan una menor acumulación.

Sin embargo, si se reconoce que la demanda tiene un rol determinante en el nivel de producción (la inversa de la ley de Say), los mayores salarios de los trabajadores pueden generar en el total un mayor nivel de inversión como consecuencia de un mayor consumo de los hogares.

En este sentido, cuando las economías son jalonadas por los salarios, el patrón que surge es el de un ciclo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. La predicción en este enfoque es cercana a la de los defensores de la propuesta.

La pregunta que surge es ¿en qué mundo está Colombia? Lo primero que se debe decir es que dar una respuesta adecuada a esta pregunta requiere una serie de metodologías econométricas y pruebas de robustez que exceden el alcance de este texto. Sin embargo, todo análisis econométrico empieza con un análisis gráfico que puede dar grandes ideas al respecto.

En la siguiente gráfica, se muestra la proporción del ingreso de la masa salarial sobre el PIB en el eje X y en el eje Y, la tasa de ocupación de las 13 ciudades desde 2001 hasta 2019. Como se puede ver, la gráfica para Colombia vivió un ciclo de los descrito por la teoría de Goodwin, con un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj. Así, desde el marco propuesto por los modelos de crecimiento dirigido por la demanda, la economía colombiana estaría jalonada por los beneficios.

Naturalmente, la pregunta sobre si Colombia es una economía jalonada por los beneficios no se puede responder con una gráfica. Así, vale la pena preguntarse que se ha encontrado desde la academia. De seis estudios publicados en revistas indexadas, cuatro sugieren que Colombia es una economía jalonada por los beneficios.

Adicionalmente, el estudio más reciente y, en mi opinión, el más robusto sobre el tema es el de Paul Carrillo-Maldonado, publicado este año, y este encuentra que Colombia tiene un régimen de demanda jalonada por los beneficios. Así, no parece ser que el problema sea que los economistas colombianos tengan un marco teórico incorrecto que los lleva a concluir que la reforma es dañina. Más bien pueda que el problema sea de los proponentes de la reforma con la realidad.

¿Se debe retirar la reforma? No necesariamente. El marco teórico nos muestra que los beneficios son relevantes para invertirlos y dinamizar la economía. En este sentido, la reforma laboral debería estar acompañada de una reforma tributaria que baje cargas al empresariado en otros rubros, lo que podría ayudar a conservar los beneficios de las empresas, y así no afectar la inversión.

Fiscalmente, esto podría funcionar si adicionalmente dicha reforma tributaria viene acompañada por un aumento en la tributación de las personas naturales. Otra posibilidad sería volver al tablero, en conjunto con el empresariado y la academia, y proponer una mejor reforma.

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Aportes al desarrollo rural desde la experiencia y la evaluación

Aportes al desarrollo rural desde la experiencia y la evaluación

Camila Aguilar, Directora Fundación Alpina - Arturo García, Director de proyectos Econometría Consultores.

El desarrollo rural es un tema pendiente en la agenda del país y, necesario para la consolidación de la paz. Existen muchos planteamientos teóricos al respecto, pero, muy poco se han tenido en cuenta los estudios y las evaluaciones de las diversas iniciativas que se han desarrollado en los territorios. Ello es particularmente cierto en los casos de agricultura familia y sistemas agroalimentarios sostenibles, a pesar de su importancia, cada vez mayor.

La alianza de cooperación entre la Fundación Alpina y Econometría Consultores, que viene operando desde 2016, puede mostrar aportes concretos. La Fundación Alpina, como lo dice su propuesta de valor, es un “laboratorio social para la inclusión y productividad rural sostenible en Colombia”. Como tal, busca construir y cocrear iniciativas escalables y replicables que se conviertan en sistemas agroalimentarios sostenibles en Colombia a través de procesos e iniciativas orientadas al trabajo con pequeños productores rurales con limitados recursos económicos. Por su parte, Econometría tiene una larga trayectoria de trabajos asociados al desarrollo rural y al desarrollo regional, entre ellos trabajos donde se han evaluado los aportes de diversos programas de apoyo a pequeños productores agropecuarios.

Esta combinación de capacidades, complementada con la invitación a otros actores nacionales, regionales y expertos con quienes se ha interactuado, permitió a finales de 2021 sistematizar experiencias y aprendizajes, con el objetivo de formular propuestas sobre sistemas agroalimentarios sostenibles. Para realizar este trabajo se realizaron cinco encuentros virtuales que abordaron los siguientes temas: i) productividad, ingresos y asociatividad; ii) circuitos cortos y seguridad alimentaria; iii) poblaciones apartadas y perspectiva ambiental; iv) estrategia de desarrollo rural y sistemas agroalimentarios como táctica; y v) forma de trabajo: los “cómos” operativos y procesos de sistematización de los aprendizajes.

Sin desconocer muchas otras experiencias asociadas al desarrollo rural, en estos temas existen aprendizajes, que además de incorporarlos en los nuevos proyectos de la Fundación, pueden proporcionar insumos útiles al Gobierno nacional, quien ya tiene diseñada la política, pero enfrenta el gran reto de su implementación. También servirá para los gobiernos regionales que se elegirán en octubre próximo. A continuación, compartimos algunos de los principales aprendizajes basados en la experiencia, y soportados en las evaluaciones realizadas:

• Para la mayoría de los productos, las brechas en productividad reflejan el gran atraso de los pequeños productores (según información de la Encuesta Nacional Agropecuaria), pero a su vez el gran potencial de crecimiento (el 100% es perfectamente factible) en un corto plazo, siempre y cuando exista el acompañamiento adecuado.

• La apuesta por grandes impactos es fundamental, más que la búsqueda de coberturas. Los primeros son lo que permiten cambios de condiciones de vida y sostenibilidad económica de los proyectos cuando se acaben los apoyos. Además, como ya se ha tenido oportunidad de medir, los grandes impactos generan efectos demostración que propician la propagación. Es una forma eficiente de lograr las coberturas deseadas.

• Lo anterior depende, insistimos, de un buen acompañamiento. Apoyos de menos de un año no logran transformaciones sostenibles; estos deben ser de al menos de dos o tres años, por supuesto condicionados a que se vayan obteniendo resultados en el proceso.

• La asistencia técnica cuando se habla de pequeños productores es insuficiente. El acompañamiento a estos productores debe abordarse desde un servicio de extensión más amplio, y en parte debe poder pagarse con los resultados obtenidos gracias a las mejoras en la productividad.

• Esta mejoras dependen a su vez de eficiencias individuales y colectivas. Por lo tanto, es fundamental complementar los apoyos a pequeños productores con los que se hagan a sus asociaciones, cuando ya existen, o con la promoción de ejercicios colectivos que fomenten la asociatividad. Esto puede darse en torno a los procesos de comercialización o a grupos autogestionados de ahorro y crédito.

• Para qué las mejoras en productividad se traduzcan mejoras en ingresos y condiciones de vida, es indispensable poder llegar a los mercados. La primera opción, hasta ahora poco considerada, son los circuitos cortos (ventas en los entornos más cercanos como veredas, negocios locales, etc.). El énfasis en lo local permite, además, mejoras en la seguridad alimentaria, que no tienden a darse cuando el objetivo son los mercados regionales o el nacional – Estos no deben excluirse en el mediano plazo en la perspectiva de estos pequeños productores. Es una forma de evitar la saturación de los mercados. En ese mediano plazo, las compras de alimentos del Estado (escuelas, fuerzas militares, hospitales, cárceles, etc.) debería dar prioridad a los pequeños productores organizados.

• El reto es mayor cuando se busca trabajar en las regiones apartadas, donde justamente más se requiere. Cualquier trabajo que se realice debe estar articulado al ordenamiento territorial, para evitar afectaciones ambientales negativas, y debe contemplar mercados de proximidad, a los que es factible llegar competitivamente. Además, debe existir la posibilidad de aglomeración para hacer factibles los apoyos, propiciar sinergias entre los pequeños productores y lograr economías de escala en aspectos como la compra de insumos, el transporte, el procesamiento y la comercialización.

• La agricultura familiar es el nicho lógico en donde tiene sentido promover una transición agroecológica en la producción de alimentos. Esto contribuye no solo a la adaptación al cambio climático, sino también a la diversificación productiva.

Estas son solo algunas de las reflexiones y aprendizajes a los que llegamos con el trabajo y que se socializaron en los encuentros realizados. Vale la pena tenerlo en cuenta si el país quiere promover unas mejores condiciones en la agricultura familiar y comunitaria, y obtener resultados validados que puedan escalarse. La implementación es un gran reto, pero aprender sobre las experiencias previas puede facilitarla.

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El momento de las regiones, columna para La República

El momento de las regiones

Escrita por: Leonel Miranda Ruiz - Arquitecto, Ms en Gestión Urbana, Consultor Externo Econometría Consultores

Uno de los objetivos más importantes del ordenamiento y la gestión territorial es reducir las desigualdades entre regiones y municipios. Estas desigualdades, llamadas desequilibrios territoriales, son persistentes y han inspirado políticas y programas de desarrollo en América Latina durante los siglos XX y XXI.

Hasta la década de los 80, la respuesta a estos desequilibrios se definía desde el nivel central, con aparatos de gestión y respuesta operados desde instituciones nacionales. Posteriormente, se hizo la reconfiguración de este sistema, mediante procesos de descentralización y privatización desarrollados en todo el continente, que condujo modelos como el colombiano, con un modelo compartido entre nación y municipios, que otorga a los municipios el carácter de célula básica de la gestión territorial.

Las promesas respecto a una mayor democracia y desarrollo locales, así como proximidad entre gobierno y habitantes, tienen un balance regular. Si bien, hay experiencias exitosas de gobiernos urbanos transformadores, innovaciones locales, proyectos comunitarios de autogestión; el modelo municipalista tiene luces y sombras. Autores como Marcelo Sili señalan que modelos como el jerárquico (nación – departamento – municipio), …debilitaron y en algunos casos desaparecieron estructuras de planificación y gestión territorial que habían sido sumamente importantes durante las décadas de los 50, 60 y 70. El modelo de desarrollo microterritorial, ha favorecido el progreso en algunas localidades, pero también ha producido fragmentación y atomización de recursos.

Según Sili,… los procesos de descentralización han representado una oportunidad para los territorios con niveles medios de desarrollo y dotados de capacidades estratégicas relevantes. Por otro lado, los lugares con graves deficiencias en términos de infraestructura, de calidad de mano de obra, con escasos recursos naturales y con baja capacidad institucional, no pudieron aprovechar las estrategias gubernamentales y las oportunidades generadas por el proceso de globalización (Sili, 2022)

La dualidad nación – municipio está en examen y en esta revisión, la región aparece como una escala con altísimos potenciales. Estudios elaborados en el Departamento Nacional de Planeación para la política del sistema de ciudades (uno de ellos elaborado por Econometría Consultores, referente al impacto de la Ley 388 en el mercado del suelo en 12 ciudades), han identificado que cada vez más municipios se comportan como sistemas territoriales integrados, que las decisiones de localización empresarial se hacen con lógica supramunicipal, que muchas personas viven en un municipio y trabajan en otro (commuters) y que el mercado del suelo no atiende los límites político administrativos y no puede ser regulado exclusivamente desde los instrumentos de planeación municipal.

Frente a estas dinámicas que desbordan las capacidades jurisdiccionales de municipios, los sistemas de administración y gestión territorial están creando figuras complementarias. Varios países de América Latina están implementando esquemas institucionales para ajustar el modelo descentralizado hacía un modelo que Sili denomina “modelo pragmático”.

Este modelo, complementa los niveles tradicionales (Nación – Departamento – Municipio), con figuras territoriales de escalas intermedias como las redes de ciudades, regiones metropolitanas, territorios insulares especiales, micro – regiones y zonas rurales especiales, que se están constituyendo en actualmente en Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Paraguay. En Colombia, se ha creado recientemente la Región Metropolitana Bogotá, Cundinamarca mediante la Ley 2199 de 2021, que entró en funcionamiento desde diciembre de 2022, con la inclusión de algunos municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital.

Además de la Región Metropolitana, que es una figura que tiene un alto potencial para optimizar la gestión integrada y cooperativa entre entidades territoriales, el recién adoptado Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, “Colombia, potencia mundial de la vida”, propone cinco transformaciones, entre ellas dos especialmente relacionadas con este tema: ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, y convergencia regional. En la primera establece la gobernanza multinivel y un sistema de administración del territorio SAT. El plan propone modelos de desarrollo supramunicipales, integración mediante conectividad multimodal, integración de los territorios en apuestas estratégicas de desarrollo regional y una agenda de programas que implica ajustes fuertes en los modelos de gestión territorial vigentes.

La transformación convergencia regional tiene la intención de reducir brechas sociales y económicas, entre hogares y regiones en el país, que se derivan de problemas de conectividad y en los vínculos entre campo y ciudad. En las bases técnicas, se reconoce la existencia de notables disparidades entre municipios, señala, por ejemplo, que los municipios rurales dispersos o los municipios Pdet tienen rezagos notables en sus indicadores de pobreza multidimensional, en capacidades y en desarrollo frente a los promedios de los otros municipios del país.

En términos conceptuales, la apuesta por un modelo de gestión regional, aproximado al concepto de planeación concurrente, es claro y ambicioso; aunque en términos de agendas para las regiones, el Plan solo tiene enunciados generales y no se señalan específicamente proyectos y programas. No obstante, si se construyen modelos de gobernanza colaborativa entre nación, regiones y actores locales que articulen intereses sectoriales y regionales puede construirse una convergencia útil para un desarrollo más equilibrado del territorio.

Afortunadamente, las dinámicas de integración regional tienen una dinámica progresiva y se siguen consolidando de manera endógena por actores gremiales, centros de investigación y organizaciones comunitarias en las diferentes regiones, como se pudo constatar en el proceso de construcción de agendas regionales para construir bases para un sistema de trasferencias realizado para la agencia GIZ por Econometría Consultores en el año 2019. En este ejercicio, mediante talleres realizados en las regiones del Pacífico, Caribe, Central, Gran Santander, Antioquia – Eje cafetero y Orinoquía se identificaron apuestas en temas de infraestructura, sector producto, ordenamiento y sector social y se puede verificar la existencia de un capital social regional valioso y unas agendas que esperan respaldo nacional.

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¿Dónde está el potencial?, columna para La República

¿Dónde está el potencial?

Escrita por: Julián Roa

Los economistas, a la hora de entender el fenómeno macroeconómico, aplicamos la estrategia de dividir para vencer. La estrategia consiste en dividir la evolución de variables clave como el PIB en dos componentes: uno tendencial y uno cíclico. Lo anterior se justifica en un marco temporal, en donde los factores de largo plazo o estructurales afectan el comportamiento de la tendencia, y los factores de corto plazo o coyunturales solo afectan el ciclo económico. Así, preguntas cómo “¿por qué China crece cada vez menos?” suelen responderse con aspectos estructurales como la demografía de dicho país, mientras que preguntas sobre si la inflación actual es un fenómeno de demanda o de oferta tiene su respuesta en factores relativamente coyunturales como la ruptura de las cadenas de valor o la laxitud de la política monetaria y la fiscal.

En el caso colombiano, hoy hay varias preguntas relevantes relacionadas con dicho nivel potencial. Por un lado, hay un debate importante sobre si la inflación de Colombia en estos momentos está siendo generada por excesos de demanda o no, es decir, si el PIB es mayor al potencial o no. Por otro lado, decisiones como el nivel de endeudamiento de la economía toman en consideración el PIB tendencial. A pesar de la importancia de esta variable, no es equivocado afirmar que hoy existe una incertidumbre mayúscula sobre el dónde se encuentra.

La incertidumbre tiene tanto una base conceptual como instrumental. En lo conceptual, la realidad que hemos vivido desde 2008 nos ha mostrado que los factores de corto plazo pueden tener efectos permanentes en la tendencia. Así, la suposición de que el corto plazo y el largo plazo se pueden estudiar por separado no es tan conveniente. Ello no quiere decir que la división no sea útil, pero si quiere decir que el asumir que son asuntos enteramente independientes es problemático.

En lo instrumental, es sabido que, en una primera instancia, los conceptos determinan las técnicas y, en consecuencia, las metodologías estadísticas para extraer los componentes cíclicos y tendenciales asumen que el ciclo no influye en la tendencia. Así, las metodologías más populares para hacer dicha descomposición fracasan ante fenómenos como la crisis del 2008 o la crisis del covid-19.

Lo anterior nos motivó a proponer una descomposición de la tendencia y el ciclo que permitiera la existencia de choques que afectaran simultáneamente a la tendencia y al ciclo y los resultados se encuentran en el estudio titulado ‘A trend cycle decomposition with hysteresis’, publicado como Borrador de Economía del Banco de la República. En dicho documento se hizo un análisis sobre la evolución del PIB y el potencial en varios periodos históricos como la crisis de 1929, la crisis de 2008 y la actual crisis del covid-19. En el caso de las últimas dos crisis, el análisis está disponible para más de 80 países. A continuación, mostramos algunos aspectos generales que se encontraron para la crisis del covid-19.

En lo que concierne a la economía global, la crisis del covid-19 tuvo su mayor profundidad en el segundo trimestre de 2020, cuando tanto el PIB como el potencial se desplomaron de manera importante respecto a la tendencia previa. Luego del ascenso del tercer trimestre de 2020, el potencial se estabilizó para la mayoría de los países. Lo anterior permite una medición de las pérdidas de largo plazo que generó la crisis del covid, la cual en la mayoría de los países fluctúa entre pérdidas de 1% y de 4% respecto a la estimación de largo plazo previa.

De igual forma, se observa una heterogeneidad importante entre países. El país mediano parece haber convergido al nuevo nivel de potencial, más de la mitad de los países tiene un PIB observado por encima de su potencial, lo que muestra que una parte importante de la inflación actual está asociada a un exceso de demanda.

En Latinoamérica hay dos países que sobresalieron en el estudio: Colombia y México. Ambos tuvieron caídas similares durante el segundo trimestre de 2020, sin embargo, luego de 2021 el comportamiento de estos países empezó a diferenciarse de manera importante. Las estimaciones para Colombia sugieren que el PIB colombiano ya superó la tendencia previa y el potencial está muy cerca de recuperar el nivel previo a la crisis económica, con una pérdida cercana a 1%. Por su parte, México empezó a diferenciarse de manera importante.

Por un lado, la economía se encuentra cinco puntos porcentuales por debajo de la tendencia previa y el potencial se encuentra a un nivel cercano. Así, vale la pena preguntarse cuales fueron las diferencias entre estos países: ¿se trató de diferencias en las políticas de vacunación o en la política de reactivación económica por parte de los gobiernos?

De lo anterior se desprende que la metodología propuesta no solo permite estimar un PIB tendencial que ante crisis puede quebrarse, mostrando efectos de desgarramiento propios de las crisis económicas, sino que también permite dar mejores respuestas a otros tipos de interrogantes al hacer una mejor medición de la brecha del producto.

*Las opiniones expresadas en esta columna no representan la visión del Banco de la República ni de Econometría Consultores ni las visiones de sus juntas directivas.

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El diablo está en la implementación

El diablo está en la implementación

Escrita por: Arturo García

Existe una “Ventana de oportunidad en el sector agropecuario”. Este fue el planteamiento que se formuló en 2021 en el capítulo 3 del libro de Econometría Consultores “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural”.

¿Por qué existe esa ventana? Resumiendo lo allí planteado, el país es dependiente en ingresos fiscales y en su balanza comercial del carbón, que está pasando por un boom momentáneo asociados a la guerra de Ucrania, pero que es una alternativa cada vez menos factible por sus efectos ambientales; y del petróleo, también cuestionado ambientalmente, pero con una perspectiva de más largo plazo, aunque el país solo cuenta con reservas para menos de siete años. La decisión de no firmar nuevos contratos de exploración hace extremadamente urgente el desa- rrollo de alternativas para reemplazar en un futuro no muy lejano los ingresos petroleros. Es un reto tener alternativas a un plazo relativamente corto, y esto es lo que justamente abre esa ventana de oportunidad.

Las alternativas sostenibles dependen en buena medida de aprovechar las ventajas comparativas con que se cuentan, volviéndolas ventajas competitivas. Tierra y agua es donde Colombia tiene esas ventajas. Sobre esa base, los sectores posibles son el turístico (asociado a paisajes) y el agropecuario. Sin embargo, en lo que respecta al turismo, mientras no mejoren los problemas de infraestructura y de violencia e inseguridad, será una opción limitada. Queda el desarrollo agropecuario donde el país tiene una mejor dotación relativa de factores, lo cual brinda una ventaja comparativa. El reto será volverla competitiva.

Esa ventana en el horizonte está cada vez más cerca de poder abrirse. Por un lado, desde hace algo más de una década se tiene una base conceptual importante sobre el desarrollo rural. Los principales trabajos han sido: a) el Proyecto de ley de tierras y desarrollo rural (2011), que si bien no se convirtió en ley, fue la base con la que el gobierno negoció los temas rurales en La Habana, b) la Misión para la Transformación del Campo (2015), el trabajo más sistemático e integral sobre el desarrollo rural, convertido en el principal referente; c) el Acuerdo de paz con las Farc (2016), en particular el punto 1 sobre Reforma Rural Integral; d) el documento Conpes 3958 (2019) donde se aborda la política de catastro multipropósito”, fundamental para la reforma rural integral; y e) por último, lo que plantea la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo (2023) sobre el ordenamiento territorial en torno al agua y la propuesta de un Sistema de Administración del Territorio. Lo que tiene que hacer el estado, tanto en el nivel nacional como territorial, es poner en marcha esas recomendaciones.

Lo anterior, se complementa con un excelente equipo, que cuenta con una larga experiencia. Quien dirigió la Misión para la Transformación del Campo es el Ministro de Hacienda. El Departamento Nacional de Planeación se tiene claridad sobre los retos del desarrollo y la transición energética. Y a la cabeza del sector agropecuario y desarrollo rural está Cecilia López, quien ya fue ministra del sector, ministra de ambiente y directora del Departamento Nacional de Planeación. Además, los viceministros tienen experiencia en sus campos y en entidades claves como en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria se tienen personas de primer nivel. Sin temor a exagerar, podría decirse que se cuenta con un Dream Team.

Un desarrollo agropecuario que aproveche las ventajas comparativas, la claridad sobre lo que hay que hacer y el excelente equipo con el que se cuenta hacen que la ventana de oportunidad en el sector agropecuario está abierta y lista para aprovecharla. Que se aproveche o no dependerá en buena medida de la capacidad de ejecución. Algo nada fácil, pues parodiando el popular refrán, “el diablo está en la implementación”.

Tres problemas distintos se enfrentan en el camino: a) Temas estratégicos, diagnosticados y con gran potencial de impacto que no tienen doliente. Por ejemplo, los distritos de adecuación de tierras, donde se tiene diagnósticos y propuestas (financiadas por la CAF), pero sin mayores avances. Los potenciales beneficios son enormes, pero la cobertura es muy baja y los distritos existentes funcionan lejos de su potencial. Es una oportunidad que no se aprovecha; b) Por otro lado, está el caso de programas de gran perspectiva como Alianzas Productivas, que parecen estar decayendo en lugar de proyectarse hacia el futuro. Es un ejemplo de cómo el manejo político puede llevar al traste una buena iniciativa; Alianzas fase 1 y 2 logró mejores resultados e impactos que Alianzas fase 3. Un llamado a no quedarse en el pasado y a cuidar la institucionalidad de aquello que se vaya construyendo; y c) El reto del escalamiento.

Los programa e instrumentos existentes llegan a muy poca población y la perspectiva de acercarse al universo vía aumentos de cobertura, no es fácil dadas las restricciones fiscales. Pareciera se deja la perspectiva del escalamiento al crédito, que es una restricción presupuestaria para el productor, más que un factor determinante del desarrollo. Endeudar a un productor para un proyecto que no sea rentable es condenarlo es crearle un problema adicional. Lo que falta es identificar proyectos que pueden tener potencial de grandes impactos, que generen efectos demostración y que se propaguen, como bien los soportan las evaluaciones que se han adelantado.

Estos ejemplos ilustran la magnitud de los retos en la implementación, que determinarán en últimas si se aprovecha o no la ventana de oportunidad.

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Estabilidad laboral, un sueño al alcance de Colombia

Estabilidad laboral, un sueño al alcance de Colombia

Escrita por: Yanira Oviedo

La estabilidad laboral es un bien social. A todos nos beneficia. Los empresarios, con reglas claras y constantes, pueden planear sobre la base de contar con un personal estable, disponible y sobre el que puede invertir en formación específica a sus empresas, generando incrementos en productividad y por ende en ingresos. Los trabajadores perciben menor incertidumbre, propiciando las condiciones para que su bienestar y productividad mejoren, facilitando sus posibilidades de invertir y adquirir bienes mediante créditos de largo plazo dinamizando la economía. Los que buscan trabajo pueden acceder a oportunidades que les permita insertarse al mercado laboral o escalar en sus condiciones.

Esto último le parecerá raro a mucha gente. ¿Qué tienen que ver los buscadores de empleo en la estabilidad laboral? En Colombia estamos acostumbrados a ver la estabilidad laboral como un trabajador que “adquiere” un puesto de trabajo y se atornilla a él como le sea posible hasta su retiro. Pero esto dista mucho del verdadero significado de estabilidad en las condiciones laborales. De hecho, ello perjudica al trabajador que por miedo a perder su puesto deja de crecer y buscar alternativas, mientras se limitan las posibilidades de otras personas y se disminuye el margen de maniobra de las empresas.

En Colombia tenemos una distribución de ocupados, según la antigüedad en su puesto de trabajo, donde solo 30,0% de los trabajadores lleva cinco años o más, mientras que 31,5% tienen más de un año, pero menos de cinco y lo más frecuente es que la antigüedad sea inferior a un año (38,5%) (Ver gráfica).

El asunto importante es brindar condiciones laborales estables, suavizando o manteniendo el bienestar general ante los movimientos propios del entorno, el mercado laboral y la economía. El objetivo es que los trabajadores estén en el mejor puesto de trabajo posible, esto no es siempre el mismo puesto, haciendo una carrera laboral, no necesariamente en la misma empresa, y que las empresas puedan ir adecuando su plantilla a los cambios de sus entornos para ser más productivas y competitivas, mientras están interesadas en mantener una fuerza de trabajo en la que han invertido en formación a la medida de sus necesidades.

Los países desarrollados han entendido esto. Por ello, como lo ha documentado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Cepal, esos países han creado y fortalecido continuamente sus sistemas de subsidio al desempleo, acompañado de políticas activas que incentivan la creación de empleo y la contratación formal, promueven la formación para el trabajo pertinente y cuentan con robustos servicios de empleo.

Ahora bien, los mejores sistemas de subsidio al desempleo brindan una transferencia de dinero lo suficientemente alta como para facilitarle a una persona que perdió su trabajo que emprenda un proceso de búsqueda de uno nuevo con iguales o mejores condiciones al que perdió. El tiempo de búsqueda subsidiado está ligado a la duración del desempleo promedio, en las economías sólidas esto es aproximadamente tres meses, pero en Colombia, según cálculos que pueden realizarse con las encuestas del Dane, esto debería ser alrededor de un año. Por eso, se debe acompañar a las personas que buscan con un Servicio de Búsqueda de Empleo ágil y con cobertura nacional. La Cepal también resalta que muchos países complementan el seguro al desempleo con una innovación; se trata de cuentas de ahorro individual por desempleo a las que aportan trabajadores y empleadores.

¿Sabe usted si en Colombia existe un sistema de subsidio al desempleo? Pues, sí, sí lo hay, se llama el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC) y este primero de mayo cumple 10 años de su existencia desde que el Ministerio del Trabajo lo inauguró. El MPC se financia por recursos del Sistema de Subsidio Familiar que se operativiza a través de las Cajas de Compensación Familiar. A través del MPC se brindan módicas prestaciones económicas, capacitación al buscador de empleo, fomento empresarial y se articula con el Servicio Público de Empleo.

Además, en Colombia existen las cesantías, las indemnizaciones y los costos de despido. Todos ellos herramientas para facilitar la rotación laboral de los trabajadores entre puestos de trabajo. Hay recursos, pero están dispersos y ni siquiera se conoce su propósito. El colombiano promedio ve las cesantías como una prima extra. La falta de visión de país que articule esas herramientas y las haga potentes para mejorar el bienestar de la población económicamente activa (los que trabajan y los que buscan trabajo) y del empresariado ha generado un mal uso de nuestros recursos y perdida de potencialidades de nuestra principal riqueza, nuestra gente.

Como se puede inferir, el MPC es un paso que Colombia ha dado en la dirección correcta. No obstante, dista de tener la capacidad y fortaleza para brindar condiciones laborales estables. En gran parte porque al ser financiado solo por los recursos en las Cajas de Compensación Familiar, por ley, solo cubren a quienes aportaron, es decir, a los trabajadores formales ¿Y el resto de la población? El Estado colombiano, que somos todos, debe meterse la mano al bolsillo para potenciar el subsidio al desempleo y dado que hay recursos, organizarlos, sumarlos y usarlos eficientemente. Afortunadamente, estamos ante una coyuntura de cambios. Es el momento modificar de manera profunda las condiciones de nuestro mercado laboral, de nuestro país. El impulso que se necesita, aunque importante, luce pequeño frente las reformas que están marcha. Potenciar el sistema de seguro al desempleo es factible, es un sueño posible para Colombia ¿Quién abanderará esta causa?… Es loable, benéfica y está a la mano.

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Los ODS, la evaluación y el sector privado

Los ODS, la evaluación y el sector privado

Escrita por: María Carolina Latorre

El sector privado juega un papel fundamental en el desarrollo económico y sostenible de un país. De hecho, las Naciones Unidas afirman que el logro de la Agenda 2030, que implica cumplir las metas establecidas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), requiere un nivel de acción colectiva sin precedentes, y exige un mayor compromiso de todos los actores no estatales relevantes, entre los que se encuentran las empresas del sector privado. Como una propuesta de trabajo colaborativo para alcanzar los ODS, se creó la iniciativa del Pacto Global, la cual está compuesta hoy por más de 13.000 entidades a nivel global, 60% de carácter empresarial y 40% sin ánimo de lucro.

Econometría Consultores hace parte de esta iniciativa global a través de la Red Colombia del Pacto Global. No obstante, su aporte como empresa del sector privado al desarrollo sostenible no se da únicamente a través del cumplimiento de los diez principios del Pacto Global. Este aporte también se provee mediante su contribución a la generación de evidencia que permita conocer los resultados e impactos de las acciones que el sector privado realiza para mejorar las condiciones de vida de la población y cuidar el medio ambiente, además de proveer insumos para la toma de decisiones estratégicas respecto a la focalización y ajustes de proyectos y programas productivos con impacto social y ambiental.

Durante la larga trayectoria de Econometría Consultores en evaluaciones para el sector privado, se han desarrollado proyectos que buscan estimar resultados, elaborar diagnósticos, medir huellas socioeconómicas, diseñar índices y sistemas de monitoreo, y generar recomendaciones para entidades como la Fundación Alpina, la Fundación Grupo Social, la Fundación Terpel, Argos, la Fundación Saldarriaga Concha, la Fundación Promigas, la Fundación Bavaria y el NAB Colombia entre otras. Todas ellas tienen en común tres aspectos fundamentales: su vinculación a empresas del sector privado, su compromiso con la mejora de las condiciones sociales y ambientales, y su disposición a evaluar sus resultados y obtener retroalimentación fundamental para la mejora de sus inversiones.

En este último punto, es clave conocer cuáles son los propósitos de una evaluación y que se requiere para hacerlas bien. La definición de preguntas de investigación, la disponibilidad de información y la disposición para ser evaluados son elementos esenciales para lograr valorar adecuadamente un programa o proyecto. Ahora, en cuanto a sus propósitos, las evaluaciones permiten rendir cuentas al personal implementador y a las poblaciones beneficiarias, identificar buenas prácticas y aspectos por mejorar para fortalecer las intervenciones, y mejorar los sistemas de información y seguimiento para monitorear adecuadamente el trabajo realizado. Así mismo, las prácticas de evaluación contribuyen a la estimación del valor compartido de las empresas y el impacto de las inversiones con objetivos claros de orden social y ambientales decir, la interacción entre el fomento de la competitividad de una compañía, con las mejoras en las condiciones sociales, económicas y ambientales de las comunidades donde operan o en regiones específicas del país.

En la situación actual que vive el mundo este año, cuando se espera un menor crecimiento de las economías, la crisis sobre los recursos ambientales y las amenazas sobre la sostenibilidad del planeta aumentan y los indicadores de pobreza y desempleo en países en desarrollo y emergentes continúan siendo altos, se hace más imperante el compromiso del sector privado en la sostenibilidad y equidad social de las regiones. Este compromiso requiere también de estrategias eficientes y eficaces que vayan acompañadas de mecanismos de difusión para hacer a las comunidades partícipes y beneficiarias del desarrollo sostenible.

La vinculación al Pacto Global va de la mano con la práctica de evaluar las intervenciones que el sector privado promueve en las comunidades. Es así como la guía práctica para la acción del sector privado ante los ODS no solo explica la manera en que las empresas pueden contribuir al logro de cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sino que también dedica un apartado exclusivo a mecanismos para medir esta contribución. Estos mecanismos incluyen la estimación de indicadores cuantitativos, valoraciones económicas, evaluaciones de procesos, resultados e impactos y medidas de comparabilidad que permitan realizar análisis transversales entre sectores, regiones y tipos de población.

Es importante anotar que estos mecanismos se deben complementar con información cualitativa que dé cuenta de las percepciones, experiencias y opiniones de la población directamente involucrada en la implementación de los programas. Hoy en día existen diversas y variadas metodologías de recolección y análisis de información, innovaciones que vale la pena aprovechar en los procesos de generación de evidencia. Así mismo, se deben considerar temas éticos en la recolección y difusión de la información, para llevar a cabo las evaluaciones dentro de los principios de la acción sin daño, la inclusión, la privacidad de la información y la equidad.

En conclusión, el mundo y nuestro país necesitan cada vez más del compromiso del sector privado para lograr un desarrollo sostenible. Existen iniciativas a nivel global, regional y local para compartir experiencias, guiar los procesos y apoyar a las empresas en su contribución a las necesidades de la población, que van desde la erradicación del hambre y el fin de la pobreza, hasta la construcción de alianzas, pasando por la protección de los ecosistemas, la producción y el consumo responsables, el trabajo decente, el acceso a servicios básicos, entre otros. El sector privado puede hacer uso de estas iniciativas, y también de los mecanismos de evaluación de las intervenciones, que les permitirá rendir cuentas a sus poblaciones beneficiarias, tomar decisiones estratégicas y compartir sus buenas prácticas a otras empresas y sectores interesados y dispuestos a contribuir al desarrollo sostenible. El momento para contribuir y evaluar es ahora.

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Luces y sombras del sistema de salud

Luces y sombras del sistema de salud

Escrita por: Francisco J. Yepes, Marta Lucía Ramírez, Christiann Orjuela y María Gloria Cano

El bajo gasto de bolsillo, es decir aquella parte del costo que asume directamente el paciente por la atención, es un atributo relevante. Mientras en la mayoría de los países de América Latina el gasto de bolsillo con relación al gasto total en salud para los pacientes estuvo por encima de 20%, en Colombia fue 13,6% para 2020.

El sistema de salud es estructuralmente segmentado Sin embargo, es un sistema estructuralmente segmentado con brechas de calidad entre dos regímenes de aporte y atención: un régimen contributivo con 45,8% de los afiliados y uno subsidiado con 49,9% para 2022 (el resto de las personas hacen parte de regímenes especiales).

La segmentación mantiene y agrava la inequidad. Las personas del régimen subsidiado, que deben estar sisbenizados, corresponden a la población de menores ingresos relativos, en muchos casos pertenecientes a grupos étnicos, y/o en zonas geográficas de menor desarrollo relativo y están expuestas a mayores riesgos para la salud. Se ha documentado cómo la morbimortalidad de las personas del régimen subsidiado es mayor a la de las personas del régimen contributivo.

Por ejemplo, en 2021 pertenecer al régimen subsidiado se asoció con un aumento del riesgo de morir por desnutrición de 34,3 veces en comparación del régimen contributivo.

Esta realidad no es coherente con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) inferior en el régimen subsidiado, en donde para el año 2023, a las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) se les reconoce una UPC de 1,289.246 pesos por cada persona del régimen contributivo y 1.121.396 por persona en el régimen subsidiado (INS, Msps).

Las urgencias resultan la puerta de entrada más común al sistema de atención Al procesar la pregunta sobre el tiempo de espera para ser atendido por un médico general ante una dificultad de salud, en la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, resultan 4,5 días en promedio, sin embargo, esta cifra oculta la problemática de utilizar las urgencias como puerta de entrada al sistema siendo una forma rápida para ser atendidos. Esta situación se evidencia en los datos, en la medida que, de la población que tuvo algún problema de salud un mes antes de la encuesta, una de cada tres personas lo hizo a través de un servicio de urgencias (ECV 2021) lo que congestiona innecesariamente estos servicios.

Dentro de las sombras del sistema están las barreras en la atención, que son muy comunes y están reflejadas en diversos escenarios como son la no aprobación o demoras de tratamientos o de cirugías, así como la entrega parcial o no entrega de medicamentos, entre otras.

Por ejemplo, aunque en la UPC se reconoce la entrega de medicamentos por cada afiliado, de las personas que requirieron prescripción de medicamentos, solo al 61,6% le entregaron la totalidad de estos, a 13,4% le hicieron una entrega parcial y a 25% no se los entregaron (ECV 2021).

Las barreras en la atención llevan a que los usuarios exijan el derecho a la salud ante instancias judiciales. En 2022 una de cada cuatro tutelas interpuestas ante la Corte Constitucional se relacionaba con este derecho, un total de 145.643 lo que representó un aumento de 57% si se compara con las tutelas por el derecho a la salud de 2021.

Una de las grandes sombras del sistema de cara a los pacientes, es la espera que deben sufrir para ser atendidos por un especialista. El Ministerio de Salud ha documentado que, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, el promedio de días entre la primera consulta y el tratamiento es de 137 días, lo que claramente lleva a que la enfermedad haya avanzado y que su tratamiento sea más costoso y menos efectivo.

La relación paciente – médico no existe rompiendo la continuidad Nuestro sistema de salud falla por la base. Al paciente lo atiende el profesional de salud que esté disponible el día que llega al consultorio. Esto rompe con un elemento fundamental, la continuidad en la relación entre médico y paciente. Si el profesional de salud conoce al paciente, puede existir mayor comunicación, empatía y confianza. Al no existir esta relación se reduce la calidad y la oportunidad de la atención.

Las luces y las sombras del sistema de salud requieren ser reconocidas con claridad para abordar una reforma “saludable”. Por encima de cualquier diferencia de pensamiento, la discusión de la reforma debe mantener como prioridad el bienestar de la mayoría de la población con un sistema de cobertura universal, solidario, de bajo costo para el usuario, equitativo, accesible, efectivo y sostenible.

Preservar las luces del sistema en una transición paulatina es fundamental Esto requiere planear cuidadosamente el proceso de transición para que los cambios se den en forma paulatina sin afectar el funcionamiento cotidiano de un sistema de alta complejidad y que responde a una gran demanda de servicios de salud, consultas médicas, atención de urgencias, exámenes de laboratorio, entrega de medicamentos, etc.

Para que la atención primaria sea una realidad eficiente se necesita que tenga capacidad de resolución de 80% de los problemas de salud, lo que implica el fortalecimiento del talento médico y que cuente con el apoyo tecnológico necesario. Esta tarea tiene costos importantes y demanda no menos de una década.

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La potencia del deporte para el desarrollo humano

La potencia del deporte para el desarrollo humano

Escrita por: Carolina Suárez y Martha Isabel Gutiérrez

El Sistema Nacional del Deporte (SND) es un entramado institucional complejo que se ha venido fortaleciendo en el tiempo con el fin de fomentar el acceso de las personas al deporte, la recreación y la educación física. En él interactúan para el logro de los objetivos, además del Ministerio del Deporte, entes del nivel central, como las Federaciones y los Comités Olímpico y Paralímpico; del nivel departamental, como las gobernaciones, las ligas y las asociaciones; y del nivel municipal como las alcaldías y los clubes deportivos.

Pero no solo es complejo por su funcionamiento descentralizado y por requerir la articulación de actores públicos y privados, sino también porque en él se persiguen objetivos muy diversos que suponen poblaciones objetivo diferentes, acciones y planes particulares e infraestructuras propias de cada disciplina, incluso adaptadas para el caso de los deportistas con discapacidad.

En 2022, Econometría realizó la evaluación de operaciones, institucional y de resultados del Plan Decenal del Deporte (PDD) 2009-2019. En ella se pudieron evidenciar tanto resultados positivos como aspectos a mejorar. Entre los primeros se destacan la creación del Ministerio del Deporte, el incremento en la inversión, particularmente entre 2017 y 2019, una mayor participación de las entidades territoriales en dicha inversión y la coherencia en la estructuración del PDD. Así mismo, se identificaron los avances en los procesos de fomento de la actividad física, la recreación y el deporte social comunitario, en donde se encontró una mayor conciencia de los beneficiarios de la actividad física y beneficios en términos de ahorros en costos de atención en salud, mejor calidad de vida y mayor productividad. En términos de posicionamiento deportivo, se documentaron mejores resultados en la obtención de medallas en competencia de alto nivel.

Sin embargo, también se evidenciaron debilidades, como la insuficiencia en el liderazgo y rectoría por parte del Ministerio, especialmente en la necesidad de abordar y comprender el deporte como derecho y como componente importante de una formación humana integral. Al respecto, los análisis mostraron que en el país solo una de cada diez personas realiza prácticas regulares y voluntarias de algún deporte o actividad física, y solo cuatro de diez superarían los 150 minutos semanales de actividad física; es decir, hay aún en el país una brecha importante en el efectivo ejercicio del derecho al deporte.

Al analizar la información de la evaluación del PDD se encontró que 1,2 de cada diez niños y 2,2 de cada diez adolescentes realizan estas actividades, siendo las mujeres las que menos lo realizan y por menos horas. Este grupo, por tanto, se constituye en un nicho no solo fundamental si se piensa en el deporte como derecho, sino también si se lo ve como clave en términos de desarrollo humano, reducción de costos futuros, rentabilidad social y, por supuesto, en el posicionamiento deportivo.

El deporte visto desde una perspectiva de contribución social tiene un enorme potencial en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en la medida en que, como lo refiere Unicef, se constituye en una fuente de aprendizaje vivencial en la cual, sin necesidad de ser competitivo, se ponen en juego valores, conflictos, intereses, satisfacciones y frustraciones. Con todos estos elementos sobre una cancha, un campo, una pista, un patio o un parque, y sin lugar a la neutralidad, se activa en el juego un espacio de convivencia, de diálogo, de adaptaciones, una dinámica social en la cual los involucrados van creando, afinando y desarrollando habilidades para la vida. Así las cosas, en la medida en que se amplíe el acceso de niñas, niños y adolescentes al derecho al deporte de una manera incluyente, estructurada y acorde con su etapa de desarrollo, teniendo en cuenta sus intereses y gustos, y abriéndoles la posibilidad a la exploración, se podrá también ir aumentando la regularidad y la voluntariedad de las prácticas deportivas y de actividad física en la adultez, y como lo evidenció la evaluación, se podrá tener efectos sobre la convivencia y la reducción de la violencia.

Ahora bien, los esfuerzos en considerar al deporte no solo como un derecho, sino como un potenciador de habilidades y capacidades individuales y sociales, también pasa por asumir una responsabilidad superior cuando se logra cautivar a las niñas, niños y adolescentes en un deporte, pues una vez se ha creado el hábito, la demanda por tener escenarios para la práctica y equipos capacitados para el entrenamiento es un efecto automático. Entonces, está claro que el deporte y la actividad física deben ser potenciados por su rentabilidad y contribución social, pero también debe estar claro, para los actores del SND, que la oferta debe estar preparada para acompañar, apoyar y fomentar cada vez más deportistas, si la visión es mejorar los resultados en términos de posicionamiento de Colombia como potencia deportiva continental.

Particularmente en lo referido al deporte infantil y adolescente, que es el momento en el que por lo general comienza a formarse una carrera de rendimiento, no se puede pasar por alto que no son solo deportistas, sino que son ante todo niñas y niños, por lo que la aplicación de algunas normas, exigencias, estándares y métodos que vienen de lógicas adultas, muchas veces agresivas y violentas que los ven únicamente en su función de generar resultados, los ponen en situaciones de vulnerabilidad ante la soledad, la violencia, el temor, la exclusión, la inequidad, las enfermedades, y por ese camino la desmotivación para continuar con su práctica. No se debe olvidar que uno de los objetivos de la práctica deportiva debe consistir en reforzar la formación en valores como trabajo en equipo, la equidad, la tolerancia y respeto.

Entonces, la reflexión no solo debe estar puesta sobre los deberes de los jóvenes talentos que entran a los programas deportivos que se gestan desde el SND, sino, sobre todo, en la responsabilidad que les recae en la garantía de un derecho, y en la corresponsabilidad que tienen frente al desarrollo de los ámbitos individual, social y ciudadano de deportistas jóvenes que por encima de un número en un ranking son seres humanos que están en proceso de desarrollo, y que, por tanto, necesitan condiciones y apoyo.

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