La innovación en la Gestión Pública

Escrito por: Carolina Murgueitio, Subdirectora de Econometría; Jorge Hernán Cárdenas, Director de Oportunidad Estratégica

Las innovaciones por lo general siempre se le atribuyen al sector productivo. La Ocde define a la innovación como la implementación de un producto, proceso, método nuevo, organizacional o mejorado en las prácticas. Más allá de un emprendimiento, de un prototipo, las innovaciones deben generar valor y como lo menciona Ruta N de Medellín, a mayor impacto social mayor es la innovación.

Esta definición abarca al sector público a quien debe llamarse cada vez más a la creatividad, a la generación de nuevos procesos, servicios y productos cada vez ser más eficientes. En la entrega anterior de esta columna, se planteaban algunas recomendaciones para mejorar el servicio al ciudadano donde cobra gran valor la innovación.

La pandemia del covid-19, ha impuesto retos que conducen a la innovación. Mucho se ha estudiado sobre cómo las crisis y catástrofes son fuentes muy poderosas de innovación pues permiten aprovechar las oportunidades de ambientes riesgo, incertidumbre, y mitigar su impacto.

Las catástrofes obligan a poner la gestión pública en unas nuevas coordenadas y el reto es mayor en lo pues debe atender en emergencia al ciudadano y superar grandes barreras que enfrenta con o sin pandemia: trámites burocráticos, limitaciones presupuestales y el cuidado especial a no transgredir lo que la ley impone al que hacer público.

En ese sentido, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 de 2020, con el fin de establecer nuevas medidas que protejan el empleo y la atención de los ciudadanos, superando las restricciones logísticas y permitiendo también nuevas formas de atención desde el teletrabajo.

Algunas organizaciones en el sector público colombiano han iniciado un fuerte proceso de innovación en la gestión pública. Varios de los lineamientos se han promovido por la hoja de ruta del Departamento Administrativo de la Función Pública para modernizar la arquitectura institucional, el marco regulatorio, los incentivos y las relaciones entre actores para el fomento de la innovación como estrategia que garantice la eficiencia y productividad de la gestión pública. También es un tema que el DNP puso en el Plan de Desarrollo.

Una de las entidades que viene trabajando a pasos agigantados en la innovación de su función es la Procuraduría General de la República (PGN) como parte de su proceso de modernización que inició desde 2008. Por ejemplo, viene utilizando herramientas muy poderosas e innovadoras como es la intervención y prevención tempranas usando la predicción analítica, analizando las tendencias de lo que sucedió en el pasado, por qué sucedió y qué es probable que vuelva a suceder, para tomar pronto medidas para reducir los riesgos y los costos. Además de una planeación estratégica basada en riesgos.

En el anterior sentido, la PGN tiene múltiples formas de contribuir a la gestión pública. La Constitución adoptó en el artículo 277 un marco misional supremamente importante. Su ámbito de acción es grande y puede ocuparse de los riesgos que afecten, degraden, o limitan la función pública y los intereses de la sociedad.

Su trabajo se ocupa de salvaguardar: (i) las funciones administrativas, (ii) el patrimonio público, (iii) la prevalencia de los derechos humanos, (iv) el ambiente, (v) la adecuada conducta oficial de los funcionarios, (vi) el cumplimiento de las normas, (vii) los intereses de la sociedad, etc.

El marco que se tiene para la innovación tanto en la función misional preventiva, la de intervención y la disciplinaria es muy grande, pues ofrece un marco amplio y estimular el mejor desempeño de toda la administración pública. En este marco de funciones está, entre otras, la función preventiva, que nunca será entendida como la coadministración, pero si la del análisis técnico de la gestión pública, identificando riesgos, vulneración de derechos, mal uso de recursos públicos, y la defensa del interés general. El marco que se tiene para promover más la innovación pública multisectorial, y contribuir a mejorar la gestión es grande.

Un ejemplo concreto es las grandes inversiones públicas, donde un análisis preventivo, puede identificar de antemano riesgos latentes, ámbitos donde cabe mejoramiento, y acción pública. La PGN no deben hacer estas gestiones directas que son de las entidades, pero si identificar ámbitos que reclaman más esfuerzos en la órbita pública y espacio para innovaciones en gestión, y abriendo conversaciones que pueden estimular a toda la administración pública.

Otras entidades del sector público han sido reconocidas también por implementar procesos innovadores en especial en materia de uso de tecnologías digitales tales como el DNP con Terridata, el Ministerio de Relaciones Exteriores con el uso de datos abiertos y varias administraciones de entidades territoriales, reconocidas por el Ministerio de las Tecnologías.

Las innovaciones en el sector público trascienden el poder utilizar plataformas para teletrabajo y deben conducir a un cambio en las habilidades de los funcionarios públicos, ya no centrados solamente en la provisión de bienes y servicios sino más a un papel de facilitadores de nuevas soluciones.

Así como en el sector privado las innovaciones son connaturales, en el caso del sector público no es la excepción, las actuaciones públicas son fundamentales en la sociedad, y tienen que ver con la gestión, la atención de la comunidad, y son igualmente susceptibles de un amplio proceso de innovación, si bien pueden ser motivadas por una crisis, estas deben darse con o sin ésta.

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El servicio al ciudadano: una reforma pendiente del Estado

Escrito por: Mauricio Olivera

Cuando los economistas pensamos en al gasto público, nos preocupamos en general por la focalización y la distribución, es decir, destinar al gasto a los más necesitados; en la eficiencia y la eficacia, es decir, lograr las metas al menor costo posible; y en la rendición de cuentas, mostrarle a la ciudadanía los resultados del gasto.

Sin embargo, olvidamos un tema esencial: el servicio al ciudadano. Este último elemento hace parte de la vida diaria y del seguimiento en el desempeño de las empresas del sector privado -servicio al cliente- pero en el sector público es un factor casi completamente olvidado.

Antes de la pandemia el Estado había hecho un gran esfuerzo para reducir la pobreza. Entre la crisis económica de 1999, la más fuerte de la historia moderna colombiana, y la actual, la pobreza se había reducido casi a la mitad. La reacción del Estado frente a esa crisis fue crear grandes programas en la Red de Apoyo Social (RAS) como Familias en Acción y entidades como la Agencia Presidencial para la Acción Social, convertida en 2011 en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Gracias a este esfuerzo la pobreza ha disminuido y las clases vulnerable y media han crecido. Los datos de Fundesarrollo muestran que las clases vulnerable y media crecieron entre 2008 y 2017 de 32,7% a 36,2% y de 21,2% a 40,1%, respectivamente, mientras que la clase pobre había caído de 44,3% a 19,5% en el mismo período.

El objetivo de lograr un país de clase media se estaba logrando. Muchos hogares salieron de la pobreza, pero muchos de ellos llegaron a un estado de vulnerabilidad con alta probabilidad de volver a caer en la pobreza. Y como lo han mostrado varios estudios, los efectos de la actual crisis pueden hacer retroceder estos esfuerzos casi al inicio de este siglo, aunque esta semana se dio un dato alentador, con la reducción de la tasa de desempleo de 20,2% en julio a 16,8% en agosto.

De todas maneras, uno de los resultados del crecimiento de las clases vulnerable y media es que Colombia tiene una sociedad más exigente en los resultados de las acciones del Estado y del gasto público. Y ahí es donde la cultura de servicio al ciudadano se convierte en un factor esencial.

Desafortunadamente la mayoría de los ciudadanos no confía en el Estado porque no ve sus requerimientos atendidos. Aunque con los esfuerzos técnicos del gobierno, con la creación de programas como Ingreso Solidario, se ha logrado contrarrestar en parte los efectos negativos de la pandemia, entre el anuncio del Presidente y la llegada de los alivios pueden pasar meses, o simplemente no llegar.

En muchos casos, y en algunos sectores como la salud, la cultura del servicio al ciudadano es la tutela. Esta figura se creó con la Constitución de 1991 como un mecanismo expedito para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos, protegiendo sus derechos fundamentales. Pero la tutela no puede ser el mecanismo por excelencia para que el Estado cumpla con las necesidades de los ciudadanos. Un ejemplo de cómo se puede transformar el servicio es Colpensiones.

Abrió sus puertas en 2012, remplazando al Instituto del Seguro Social (ISS) para la administración del Régimen de Prima Media en pensiones, y desde su inicio uno de sus grandes esfuerzos, avalados por la Corte Constitucional, fue eliminar los atrasos en la liquidación y otorgamiento de pensiones, logrando superar por primera vez un Estado de Cosas Inconstitucional.

Sin embargo, su accionar fue más allá. Entendió que eliminar los atrasos era esencial para minimizar la tutela como único mecanismo a través del cual se cumplía el requerimiento del ciudadano, pero también se enfocó en acompañar al ciudadano a construir su pensión.

Parte de su labor, centrada en un buen servicio al ciudadano, la llevó a diseñar políticas de historia laboral. Está demostrado que los seres humanos tenemos dificultad para sopesar el largo plazo contra el corto plazo, y la cotización para la pensión es esencialmente una decisión de largo plazo; es para la vejez. Colpensiones identificó que los ciudadanos le ponían atención a la historia laboral muy cerca a la edad de la pensión, descubriendo que años atrás una empresa no había cotizado, y por eso podría perder su pensión.

Ya es demasiado tarde. La campaña de revisar constantemente la historia laboral es una de las políticas de servicio al ciudadano que ha acercado a la entidad al ciudadano, mejorando su aceptación. Esto lo muestra la medición del Top of Mind, que ubica a Colpensiones en el primer lugar, por encima de los fondos privados.

El servicio al ciudadano necesita una política y una reforma más amplias y profundas. El Estado debe tener como objetivo ganar la confianza de los ciudadanos, y los funcionarios públicos tener en su cabeza su labor que, como su nombre lo indica, funcionan para el público. Esto no indica que muchos no lo hagan, pero sí que hace falta una reforma para crear la cultura del servicio al ciudadano en el Estado.

Esfuerzos como la simplificación de trámites es fundamental. Una evaluación de Econometría recomienda fortalecer el Programa Nacional de Eficiencia del Servicio al Ciudadano, programa liderado por el DNP desde el 2014 y que busca unificar la oferta de servicios del Estado en un solo lugar; programa similar a las casas de justicia.

La reforma debe fomentar esta cultura, y entidades del Estado como el Departamento Administrativo de la Función Pública pueden jugar un papel protagónico. Econometría ha afirmado en varias de sus columnas que la crisis del covid-19 puede verse como una oportunidad para implementar grandes reformas. Esta es una de ellas, para salir fortalecidos de la crisis.

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Nueva realidad para evaluar políticas públicas…

Elaborado por: Econometría Consultores

Como es de conocimiento general, a finales de 2019 se identificó la existencia del covid-19 y, para ese entonces, se desconocía la magnitud del impacto que tendría a nivel mundial. La rápida propagación y la gravedad de la situación llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la covid-19 como una pandemia el 11 de marzo.

Bajo este escenario, y con el fin de proteger la salud de los colombianos y prevenir el colapso del sistema de salud, se declaró el 12 de marzo la emergencia sanitaria. En el marco de esta emergencia, una serie de medidas para la contención del virus, dentro de las cuales el aislamiento y el distanciamiento social se consideran las más efectivas.

La larga experiencia de Econometría Consultores en el diseño de evaluaciones de políticas públicas, y de herramientas de recolección de información cuantitativa y cualitativa, permitió a sus consultores dar respuesta rápida a los retos generados por el aislamiento y el distanciamiento social. La respuesta se sustentó en un estudio riguroso de las experiencias internacionales, las alternativas de recolección remota y de la realidad de conectividad del país.

También influyó la capacidad de adaptación metodológica adquirida como resultado de la diversidad de estudios y contextos en los que ha trabajado la firma presencial y remotamente.

Las adaptaciones en las metodologías de recolección de encuestas consistieron en una migración del modo presencial al modo telefónico o web, que requirió la revisión de los formularios de recolección en campo, con el fin de hacerlos más sencillos y puntuales, para reducir los tiempos de recolección y garantizar una mayor tasa de respuesta. Por otro lado, las adaptaciones en la recolección de información cualitativa tuvieron una reflexión profunda, pues muchos de los diseños metodológicos implicaban una relación presencial entre el informante y el consultor.

En términos generales, la recolección de información cualitativa en estudios de consultoría se basa principalmente en: entrevistas semi-estructuradas y los ejercicios grupales como los grupos focales. En los últimos años, ha adquirido mayor relevancia la mirada etnográfica, para entender los efectos de la intervención de política pública en las interacciones sociales. Dentro de las adaptaciones realizadas se pueden identificar tres grados de complejidad.

Estudios que por sus características de diseño recogen información cualitativa mediante una sola técnica, en general, entrevistas semi-estructuradas. En estos casos, se flexibilizaron las entrevistas no presenciales para que se acomodaran a la conectividad del entrevistado. Estudios con ejercicios grupales. Por ejemplo, en una evaluación con productores agrícolas, debido a las dificultades de conectividad de los participantes, un taller participativo se transformó en una serie de entrevistas semi-estructuradas, con diferentes momentos que se triangulan en la etapa de análisis.

Estudios utilizan con gran diversidad de técnicas, incluyendo aproximaciones etnográficas. Como ejemplo, está una evaluación que recogió información de personas con discapacidad. En este caso, se adaptaron los instrumentos para garantizar la accesibilidad a videollamadas, un contacto local sirvió de enlace con los participantes, y la etnografía virtual se realizó dando un rol más activo a las personas con discapacidad.

Estos desarrollos han sido documentados por Econometría Consultores (www.econometria.com) y el Centro de Estudios Manuel Ramírez (www.ce-mr.org). Se construyó un documento que recoge experiencias propias y externas, para crear un conocimiento de uso permanente e integral sobre los desarrollos metodológicos resultantes de la coyuntura actual. Sin embargo, es necesario mencionar que la discusión es joven y este proceso de creación se acaba de iniciar. Surgen entonces algunas reflexiones que queremos compartir:

Se debe ser cauto al momento de implementar un proceso de recolección de información remoto, ya que la selección de la población objetivo puede implicar un sesgo de no cobertura, por para la población apartada, sin acceso a internet o señal celular, para quienes. Para ellos quedar representados en los resultados el único medio son las encuestas presenciales. Junto a esto, surge una segunda reflexión en torno a los retos éticos que la transición hacia lo remoto implica en una investigación o estudio.

Finalmente, surge la oportunidad de otorgar un rol más activo a los informantes e implementar evaluaciones más participativas. En el proceso tradicional de evaluación de política pública, el investigador tenía un rol activo con el que, por un lado, traducía las experiencias vividas por grupo social, y además de ello construía las teorías que permitían entender la repercusión de dichas políticas.

Esto implicaba en muchos casos ubicar en un rol pasivo de “objeto de estudio” a los grupos sociales. Sin embargo, la no gracias apresencialidad el rol de éstos se ha ido transformando pues se están convirtiendo en actores centrales en los procesos de evaluación y cambio de las políticas públicas.

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Transferencias no condicionadas contra la desnutrición

Elaborado por: Econometría Consultores

Durante los últimos años Colombia ha tenido una importante caída en los niveles de desnutrición de la población en general, en 20 años se redujo en casi la mitad la prevalencia de desnutrición (Figura 1). Sin embargo, este logro se ha puesto en riesgo con la crisis económica que ha traído consigo la lucha contra el covid-19.

Entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han llamado la atención por el riesgo que implican las medidas tomadas de confinamiento sobre el crecimiento del hambre en el mundo. El riesgo es aún mayor en la población infantil, para Unicef 6,7 millones de niños en Colombia, están en peligro de desnutrición.

Como suele suceder, la situación ha provocado mayores dificultades en las poblaciones más vulnerables quienes tienen trabajos informales y dependen netamente del “día a día”. Además, en este caso particular, la crisis también ha afectado sectores formales quienes han tenido que despedir sus empleados ya sea por el cierre de sus negocios o por reducción de costos. Sin ingresos o con ingresos mínimos los hogares se quedaron sin una forma de abastecerse de alimentos y dependen en gran medida de apoyos gubernamentales y no gubernamentales.

El gobierno colombiano ha empleado diferentes mecanismos para mitigar la vulnerabilidad y la agudización de la pobreza en el país durante la crisis económica, ingreso solidario es uno de estos mecanismos, y consiste en transferir $480.000 colombianos (diferidos en tres pagos de $160.000) a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad que no hacen parte de otros programas como Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción. A la fecha, han sido beneficiados 2.616.744 colombianos, quedando un tercer giro por $160.000 pendiente a realizarse en las próximas semanas.

Teniendo en cuenta lo anterior y la complejidad de la problemática, vale la pena cuestionarse si las transferencias en efectivo pueden ser un mecanismo para mitigar los choques del covid-19 en la nutrición de la población vulnerable del país. Estudios realizados por Econometría Consultores del impacto de programas nacionales y de otros países de Centroamérica y Europa, han reflejado que las transferencias en efectivo son una herramienta útil para mejorar los índices de nutrición en contextos de familias vulnerables, y se han convertido en la principal herramienta para canalizar recursos hacia los hogares más pobres.

Lo anterior, gracias a que los hogares gastan el ingreso recibido en la compra de alimentos, que incluso suelen ser de mejor calidad.
Además de los beneficios que trae sobre la nutrición de los hogares más pobres, las transferencias de efectivo contribuyen a que las familias vulnerables accedan a bienes y servicios que no podían acceder antes, y en el caso de una crisis económica como la desatada por el covid-19, pueden movilizar recursos a las economías locales, quienes se han visto afectadas por la caída en sus ventas. Por ejemplo, tiendas de barrio y supermercados.

Así mismo, se ha encontrado que intervenciones de este tipo podría traer consigo resultados positivos sobre el acceso a la educación, aumento en el tiempo de calidad con los hijos y hábitos más saludables en los niños. En algunos casos en los cuales se ha condicionado el uso del dinero para la compra de alimentos, no se ha percibido que se tenga impactos positivos en un mayor gasto en comida o una mejor dieta, pero sí mayores costos administrativos.

Estos resultados generan una base para que el gobierno colombiano continúe fortaleciendo mecanismos de transferencias no condicionadas como ingreso solidario, incluso podría pensarse en extender su aplicación. Lo anterior, teniendo en cuenta que se prevé que la economía colombiana se contraiga entre 5,5% y 7,9% en 2020, y según la Ocde el desempleo cerraría 2020 con 21,1%. Las perspectivas de recuperación para 2021, son aún modestas, de manera que el próximo año la economía podría crecer 3,6% según Banco Mundial, una magnitud que no lograría recuperar a la situación pre-covid 19.

Las estadísticas anteriores llevarían a pensar que la generación de ingresos en los hogares colombianos seguirá estando limitada, con un riesgo importante en el crecimiento de la desnutrición incluso en los niños. Esta problemática trae consecuencias en el mediano y largo plazo en el desarrollo de capital humano, tanto en niños como en adultos.

En el caso de los menores de 5 años, malos niveles de nutrición se ven reflejados en un bajo desarrollo cognitivo y un limitante para sus posibilidades de aprendizaje. Adicionalmente, tener malos niveles de nutrición tiene un efecto negativo sobre el sistema inmunológico de los niños y adultos, lo que aumenta la vulnerabilidad de sufrir de enfermedades como el mismo covid-19.

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Aprender jugando a los mercados de carbono

Elaborado por: Angélica Méndez y Óscar Rodríguez

Participar en un mercado de carbono o en sistema de comercio de emisiones (SCE), como también se le conoce, parecería una experiencia compleja. Sin embargo, en muchos países, cientos de empresas, compran y venden rutinariamente derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Una vez se comprenden los conceptos y reglas básicas del sistema, el resto es muy parecido a un juego en el cual se busca cuidar al planeta y enfrentar el cambio climático.

Pero ¿Qué es un SCE? ¿Qué son los derechos de emisión? y ¿Por qué comerciar esos derechos ayuda a reducir las emisiones?

Colombia tiene la meta de reducir entre 67 y 99 millones de toneladas de CO2 para 2030 y es importante saber cómo se podría cumplir distribuyendo los costos de una manera justa. Sin duda se requiere un esfuerzo de quienes emiten CO2 u otros gases equivalentes, mediante medidas de mitigación como la transformación de procesos productivos, cambios de insumos e inversiones en nuevos equipos. Pero, como hay unas medidas más costosas que otras, se deben adelantar las que garanticen el logro de la meta al menor costo posible. A ese costo, se le llama precio del carbono y a la forma de determinarlo, carbon pricing. Conocer el precio del carbono permite decidir cuándo una medida de mitigación se justifica y cuándo es ineficiente.

En general, existen dos formas de carbon pricing: (i) un impuesto al carbono, para estimular las medidas de mitigación que cuesten menos que el impuesto y (ii) un SCE (o mecanismo de cap and trade) que fije un tope de emisiones y se vendan derechos de emisión hasta ese tope; así las empresas revelan cuánto es lo máximo que están dispuestas a pagar y el mercado determina el precio del carbono que es compatible con la meta del país. También pueden utilizarse los dos instrumentos de manera complementaria si se garantiza que no haya un doble pago por el mismo concepto.

Colombia cuenta con un impuesto al carbono sobre los principales combustibles fósiles que incluye la posibilidad de no ser causado si se financian proyectos voluntarios de remoción o reducción de emisiones de carbono. Esto ha permitido aprendizajes en el desarrollo del mercado de reducciones voluntarias; ha creado demanda de las empresas por certificados de reducción de emisiones (compensaciones); y ha financiado la capacidad de quienes realizan actividades de protección del bosque.

Además del impuesto al carbono, Colombia se prepara para la puesta en marcha de su SCE, el cual se estableció en la Ley de Cambio Climático de 2018 como Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión. Así, el Gobierno definiría el máximo de toneladas de CO2eq que el país deberá emitir en los sectores cubiertos por el programa, las cuales estarían representadas por un número igual de cupos o derechos transables de emisión. Estos se subastarían, y también se podrían comerciar entre particulares. De esta manera el mercado definiría el precio del carbono en Colombia.

Aprender a negociar este tipo de derechos y saber cómo operar bajo este nuevo esquema de mercado, es un reto para el sector público y privado. El Gobierno Nacional, con el apoyo del Banco Mundial, ha venido coordinando los estudios para el diseño de este sistema, en los cuales consultores e investigadores nacionales e internacionales hemos tenido la oportunidad de participar. Se ha identificado que antes de poner en marcha el SCE se deben mejorar las capacidades de los actores potencialmente involucrados, tanto para entender el SCE como para actuar en él de una manera óptima. En particular, para la reglamentación de la Ley de Cambio Climático, los actores involucrados necesitan mejorar sus conocimientos sobre el SCE y las transacciones de mercado, de cara a las discusiones sobre la futura operación del sistema.

Una herramienta efectiva para esto son los juegos interactivos de simulación. Son mercados ficticios que permiten de manera intuitiva desenvolverse en un ambiente transaccional y crear estrategias para gestionar un portafolio de carbono de una empresa virtual, con unos recursos iniciales y con la posibilidad de generar ganancias o pérdidas en la moneda del juego. A nivel operativo, las simulaciones permiten conocer las alternativas para cumplir las obligaciones, manejar un capital para invertir en opciones de mitigación (p.e. energías más limpias), negociar derechos de emisión tanto en las subastas como en un mercado secundario o incluso adquirir compensaciones si así se establece. También presentan indicadores de mercado que se van descubriendo a medida que avanza el juego.

Este año se desarrollará en Colombia un interesante ejercicio de capacitación mediante esta herramienta. Cualquiera que se interese por conocer más a fondo sobre el funcionamiento de un mercado de comercio de emisiones, puede postularse para participar gratuitamente (https://bit.ly/2PNGKWG), los cupos son limitados y los seleccionados asistirán a un webinar el 3 de septiembre para iniciar su entrenamiento. Esta actividad, coordinada por los Ministerios de Ambiente y Hacienda y por el Departamento Nacional de Planeación, es financiada por el programa Partnership for Market Readiness (PMR) del Banco Mundial y organizada por Environmental Defense Fund (EDF), Iniciativa Climática de México (ICM) y Econometría Consultores. Se usará la Herramienta CarbonSim®, desarrollada por EDF y que ha sumado más de 2500 participantes de al menos 25 nacionalidades, en ejercicios realizados en muy diversos sitios, incluyendo Chile, USA y varias ciudades en China y México.

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¿Curva V?, columna de Econometría consultores

Escrito por: Julián Roa Rozo

Los pronósticos y análisis de perspectivas económicas son importantes tanto para los empresarios como para el Gobierno. Para los primeros, tener información sobre el crecimiento económico, la inflación y la tasa de desempleo les permite hacerse una idea de sus ventas y a partir de ello decidir factores como la contratación de nuevos empleados, la inversión en capital y fijar los salarios de sus empleados. Para el Gobierno, las variables macroeconómicas sirven como guía para la política pública en la medida que estas inciden en el bienestar de los ciudadanos y se reflejan en indicadores de crecimiento, de productividad y de pobreza. También, estos pronósticos sirven al Gobierno para ajustar la política macroeconómica para así lograr las metas propuestas.

Bajo esta premisa, es necesario preguntarse qué tan creíbles son los pronósticos que está utilizando el Ministerio de Hacienda, según los cuales el PIB de Colombia decrecería en 5,5% durante 2020 y creceríamos a una tasa de 6,6%, lo cual sugiere una curva V, como se puede ver en la figura (línea negra). Lo anterior contrasta de forma importante con las curvas que sugieren los analistas locales (línea dorada es el escenario mediano y línea gris es el pronóstico más pesimista), el Banco de la República (línea roja) y de lo que pronosticamos en Econometría Consultores (línea azul).

En general, el consenso entre los analistas es que la economía colombiana decrecería cerca de 7% en 2020 y en 2021, el pronóstico más alto excluyendo el del Ministerio de Hacienda, sería de 4% (Banco de la República, quien pronostica una caída entre el 6,5% y 10% en 2020). Así, la mayoría de los analistas está pensando en una curva nike.

Lo anterior es preocupante pues indica que el Ministerio de Hacienda puede estar subestimando de forma importante el impacto de la crisis. Se podría pensar que esto se debe a que el pronóstico del Ministerio de Hacienda está incluyendo los efectos del estímulo fiscal mientras que el resto de los analistas no lo están haciendo. Lo anterior no parece ser lo que está pensando el Ministerio de Hacienda. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo el principal motor del crecimiento en 2021, año en el cual se presenta la mayor discrepancia con el resto de los analistas, sería el consumo de los hogares el cual aumentaría en 5,2% y contribuiría 4 de los 6,6 puntos porcentuales del crecimiento proyectado para 2021. Luego seguiría la inversión la cual crecería en un 13,2% y contribuiría 2,6 puntos porcentuales. El crecimiento del gasto del gobierno sería de 3% y contribuiría en 0,5 puntos porcentuales de los 6,6. Finalmente, la demanda externa crecería en un 8,7% y contribuirá en -0,6 puntos porcentuales.

El escenario central que plantea el Ministerio de Hacienda es particularmente optimista en lo que se refiere al crecimiento del consumo. Desde un punto de vista histórico, este crecimiento no puede ser tan alto. En el año 2000, luego de la crisis del 99, el crecimiento en el consumo de los hogares fue de 1,4%, y en 2010, luego de la crisis global del 2008-2009, fue de 5%. El hecho de que el mercado laboral se haya deteriorado de forma similar a la crisis del 99 lleva a pensar que el 5,2% de crecimiento pronosticado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo sea exagerado. De forma similar sucede con la inversión.

En el año 2000, la inversión siguió decreciendo, en 1999 había caído en un 35% y en 2000 solo un 1%. En el año 2010, la inversión creció un 10% precedida por un decrecimiento de -6% en 2009. Resulta poco creíble que en 2021 la inversión crezca tanto, salvo que el Gobierno haga un plan de inversión en infraestructura muy fuerte. Si bien, este parece ser el caso, se podría pensar que el crecimiento de 13,2% sea un límite superior del crecimiento, no el escenario central.

Con esto en mente hay aspectos que preocupan. Por un lado, puede ser que el paquete de reactivación del Gobierno esté subestimado en la medida de que el Gobierno está pensado en una curva V y no una curva nike. Por otro lado, el tener un escenario tan optimista puede retrasar las acciones del Gobierno en temas de reformas tributaria y laboral en la medida que las hacen parecer innecesarias. Si el covid-19 solo es un bache en el camino, no hay porque cambiar la manera de conducir la economía. Finalmente, las variables que se expresan en proporción al PIB (déficit fiscal, déficit en cuenta corriente, endeudamiento, etc.) pueden estar subestimadas al estar calculadas con un denominador más alto. Esto puede comprometer el cumplimiento de la senda de estas variables según el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Ahora bien, hay factores que permiten creer que lo peor ya pasó. Por un lado, la tasa de desempleo ha dejado de crecer, así se puede pensar que en los próximos meses empezará un descenso en esta variable. Por otra parte, la inflación mensual en el mes de julio fue de 0%, sugiriendo que las presiones deflacionarias están empezando a ceder. De igual forma, el Índice de Producción Manufacturera de Davivienda mostró una recuperación en forma de V. La velocidad de la recuperación depende la velocidad de reapertura de la economía, así como de las acciones de política macroeconómica. Acciones como las reducciones de la tasa de interés por parte del Banco de la República ayudan a esta recuperación. Sin embargo, es posible que las medidas fiscales y monetarias que se han llevado a cabo no sean suficientes y sea necesario ampliarlas.

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El valor compartido como aporte de las empresas a la…

Escrito por: Benjamín Venegas

Datos sobre el comportamiento de las economías de América Latina han mostrado que a pesar de la pandemia del covid-19, los efectos sobre la economía colombiana en el primer trimestre del año fueron menos fuertes de lo esperado. De acuerdo con cifras presentadas por Portafolio, dentro de las economías de la región, Colombia y Chile fueron las únicas que crecieron a cifras positivas en el primer trimestre de 2020: 1,1% y 0,4% respectivamente. Además, las más recientes proyecciones de crecimiento que maneja la Cepal muestran que dentro de los países de la región, Colombia tendría una caída del PIB del 5,6%, menor al promedio de América Latina y el Caribe (-9,1%).

Pero, para hacer que la recuperación sea más sostenible, ¿cuáles deben ser las acciones que se deben implementar? ¿debe el Gobierno Central ser el único agente que dinamice la economía? Sobre esto, se han generado distintas versiones y se ha criticado que en Colombia el presupuesto para atender la crisis sea bajo en comparación con otros países. Sin embargo, poco se ha mencionado sobre el papel que deben tener las empresas privadas en momentos de crisis y para reactivar la economía.

Desarrollos recientes de Porter y Kramer llaman la atención sobre el rol de las empresas para generar valor en la sociedad. Para estos autores, el eje central es la articulación entre los problemas y desafíos de la sociedad y la rentabilidad de las empresas. Esto último, no se debe confundir con iniciativas de responsabilidad social o que solo buscan mejorar la reputación, pues la teoría que ellos plantean, valor compartido, incorpora la generación de valor dentro del mismo proceso de maximización de ganancias de las empresas.

Para Porter y Kramer es indiscutible que para que una compañía sea exitosa requiere de una sociedad saludable, lo cual incluye una provisión adecuada de servicios de educación, salud, igualdad de oportunidades y cuidado del medio ambiente, entre otros.

En dicha línea, la Fundación Andi ha venido desarrollando una iniciativa por reconocer el papel de algunas empresas que desarrollan sus actividades productivas en el territorio nacional, en la generación de impacto social mejorando así la competitividad de sus negocios. Como resultado, en 2019 se incluyeron empresas como Alpina, Alianza Team, Bayer, Cemex, Codensa, Colanta, Corona, entre otras.

¿Cuál es el aporte de dichas iniciativas en la dinamización de la economía? Econometría ha desarrollado recientemente estudios de valor compartido para Promigas y Argos en los que estimó que el valor presente neto del valor compartido para la sociedad de las iniciativas desarrolladas por dichas empresas en el año 2018 alcanzó valores cercanos a 0,6% del PIB. Resultado explicado en gran parte por proyectos educativos, de emprendimiento y en general de promoción del desarrollo local. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo las 5.000 empresas más grandes de Colombia incorporaran el esquema de valor compartido? Si tomamos un escenario conservador en el que cada empresa generase un valor compartido promedio para la sociedad de un centésimo (1/100) de lo estimado para Promigas y Argos, el efecto estimado sería de 15% del PIB de 2018.

Como Econometría ha mencionado en otras columnas, es claro que esta crisis abre una oportunidad para pensar las reformas estructurales necesarias para enfrentar de mejor manera las consecuencias de la pandemia. Por eso, a continuación, se proponen dos alternativas para la reactivación de la economía post covid 19.

En primer lugar, las empresas privadas deben repensar sus actividades en línea con el valor compartido, lo cual implica incorporar dentro de las políticas corporativas iniciativas explícitas que busquen generar valor compartido para la sociedad. Es decir, debe ser un tema estructural en sus líneas de negocio y no simplemente acciones coyunturales de responsabilidad social. Entre otras, esto implica generar estrategias que busquen mejorar las condiciones de vida, no solo de sus empleados y sus familias, sino en general de las comunidades en donde desarrollan sus actividades. Además, implica estrategias de desarrollo sostenible que busquen generar efectos positivos sobre el medio ambiente. Sin embargo, esto debe ir más allá de cumplir con reglamentaciones o criterios definidos por la ley, pues si se incorpora dentro de las estrategias de maximización de beneficios debe abarcar un amplio espectro de beneficiarios y entornos.

En segundo lugar, implica que las iniciativas privadas deberían articularse con las estrategias de largo plazo del Gobierno para la inclusión productiva. Es claro que, al combinar las acciones de estos dos actores, se pueden potenciar los resultados que si se realizarán individualmente. Además, implica establecer líneas específicas de acción en las que las empresas privadas puedan desarrollar sus estrategias para desarrollar valor compartido en aquellos sectores o comunidades que más lo requieran. Por ejemplo, la estrategia de alianzas productivas en las que, a partir de iniciativas, en muchos casos lideradas por empresas privadas, el Gobierno Central apoya el desarrollo de actividades productivas bajo condiciones adecuadas.

Como en otras columnas de Econometría, esto hace parte del tipo de reformas que han sido propuestas para superar los efectos negativos de la actual pandemia.

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El teletrabajo: oportunidad laboral para jóvenes

Escrito por: Yanira Oviedo

En la actual coyuntura, varios sectores de la economía se mantienen produciendo a través del teletrabajo. Aunque existe gran variedad de definiciones e historias asociadas a este término, debido a su evolución en el tiempo y las diversas realidades locales y sectoriales, es útil tomar el concepto más amplio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): teletrabajo es el uso de tecnologías de la información con el propósito de trabajar fuera de las instalaciones físicas de las empresas o, alternativamente, laborar a distancia.

Sobre teletrabajo se carece de cifras oficiales en el mundo. Por ello, la OIT hizo una aproximación para 2019, previo a la pandemia del covid-19. Esto lo hizo a partir de encuestas de hogares y varios supuestos, pues en la gran mayoría de los casos no se pregunta por esto en particular. Se encontró que solo 13 países tendrían más de un 15% de empleados en teletrabajo, en particular, laborando desde casa. Para Colombia esa estimación estaba entre un 10% y 15% del total de trabajadores asalariados.


Ahora, debido a la pandemia, la OIT estima una potencialidad del teletrabajo del 18,8% entre los empleados a nivel global; cifra que se eleva hasta el 55,1% entre los países de ingresos altos. En términos de personas, la prospectiva es de 260 millones de trabajadores en el mundo bajo esta modalidad.

Adicionalmente, un sondeo de Randstand en 2020 señala que actualmente, en Europa Occidental se ha logrado flexibilizar el trabajo al menos en un 68%, mientras que China e India han logrado un 84% y 88%, respectivamente. Las cifras son impresionantes dado que, antes de la emergencia, esta alternativa se veía futurista, exótica y difícil de implementar por retos como el control de la actividad productiva, la seguridad de la información al interior de las empresas, y la dificultad del trabajo en equipo.

En ello, el grado de confianza que pueda tener una empresa en sus empleados es determinante. Además, hay retos personales de llevar a cabo el teletrabajo, como establecer límites entre la vida laboral y familiar, y mantener las condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo.

En este contexto y aunque los retos no han desaparecido, la innovación colombiana les está haciendo frente. Para mantener la actividad económica en medio de la emergencia, ahora Colombia teletrabaja. Se ha roto por la fuerza la barrera más importante: la resistencia al cambio tecnológico, debida a la inercia de lo conocido y el costo del experimento. Se ha demostrado una vez más que, cuando se quiere o se necesita, se puede.

Esto abre las posibilidades para el país a los beneficios del teletrabajo como el anhelado incremento en la productividad que se da vía reducción de tiempos y costos de desplazamiento desde y hacia el trabajo. Este es un aspecto trascendental en las grandes ciudades y tiene un impacto significativo en la calidad de vida por las mejores condiciones ambientales, el mayor tiempo para la familia y el descanso, y la menor exposición a riesgos como accidentes de tránsito y hurtos.

Otro gran beneficio del teletrabajo, sobre el que hay poca conciencia, es el incremento en la demanda laboral de personas calificadas. En un mundo globalizado, el trabajo a distancia o virtual implica la aparición de una nueva demanda por mano de obra calificada: el resto del mundo.

Es la oportunidad perfecta para emplear a los jóvenes altamente calificados que ha producido el país y que tradicionalmente engrosan las filas del desempleo, en particular, aquel estructural o de largo plazo. Los jóvenes colombianos están condenados a mantenerse en el desempleo por periodos larguísimos o subemplearse porque, internamente, el país no los demanda, aunque sean personal valioso.

El asunto no es menor, pues en la historia reciente, los jóvenes desempleados han representado más de la mitad del desempleo total, con una leve reducción en los últimos años. Para el trimestre febrero-abril de 2020, el Dane reportó 3.365.486 desempleados, de ellos 1.432.801 eran jóvenes de hasta 28 años, lo que equivale al 42,6% del total colombiano. He aquí una de las causas de nuestro desempleo que históricamente ha sido atípicamente alto para la región de América Latina, e incluso para el mundo.

¿Será que Colombia aprovechará el tren del teletrabajo? El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones han venido construyendo sus fundamentos para consolidarlo. Además, en la página web www.teletrabajo.gov.co se pone a disposición de empleadores y trabajadores, entre otros materiales, guías de implementación, asesoría jurídica y buenas prácticas en el uso de tecnologías para el trabajo a distancia.

Sin embargo, hay espacio para impulsarlo con más fuerza. Con miras a aprovechar la demanda internacional de trabajo u oportunidades laborales a nivel mundial, se requiere centralizar la información y ponerla a disposición de las personas listas para engancharse internacionalmente de forma virtual. Esto es un Servicio de Empleo Internacional.

Asimismo, a mediano plazo se requiere que el país identifique una línea de especialización para ubicarnos como oferentes de mano de obra calificada y eficiente para el mundo. Para ello, Colombia deberá hacer prospectiva laboral efectiva, reforzar las habilidades en idiomas e interconectividad, fomentar buenas prácticas de teletrabajo, adecuar la normatividad laboral y de seguridad social para permitirle a estos trabajadores jóvenes las oportunidades laborales que internamente no alcanzamos a generar.

Ello incidirá en el crecimiento nacional, puesto que, en vez de experimentar una continua fuga de cerebros, como estamos acostumbrados, podremos retener el capital humano que tanto ha costado formar.

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Hipoteca inversa, ¿Quién gana y quién pierde?

Mauricio Olivera - Director de Econometría Consultores, Oscar Rodríguez - Director Centro de Estudios Manuel Ramírez

Hace poco el Gobierno anunció la hipoteca inversa como una iniciativa para los adultos mayores que durante su vida laboral adquirieron una vivienda, pero que no lograron cotizar lo suficiente para una pensión. Esta alternativa permitiría obtener una renta fija mensual de su inversión en la vivienda, y al tiempo habitarla durante los últimos años de su vida.

La iniciativa ha tenido una gran discusión, y una de las primeras conclusiones es que esta herramienta no busca resolver los problemas estructurales del sistema pensional, y, específicamente, no puede solucionar uno de los problemas más graves: su baja cobertura. La reforma pensional sigue siendo necesaria. Sin embargo, en la medida que la decisión es opcional, no obligatoria, la hipoteca inversa puede ser una alternativa para adultos mayores que viven en la pobreza oculta, es decir, que son propietarios de una vivienda, pero no cuentan con ingresos mensuales para cubrir sus necesidades básicas. Las cifras del Dane muestran que solo 28% de los adultos mayores de 65 años tienen pensión, mientras que 67% son propietarios.

El instrumento existe desde hace algunos años en varios países, y ha tenido una mayor aplicación en los países anglosajones. En el Reino Unido, la hipoteca inversa se creó en 1965, y en 2018 se firmaron 50.000. En cambio, en España se creó en 2007, y el año con más hipotecas inversas fue 2009, con 780, mientras que en 2018 solo se firmaron 45. En España, la falta de conocimiento del instrumento y el riesgo jurídico por posibles demandas de los herederos han frenado el desarrollo de este mercado. Por eso, es necesario que el gobierno colombiano tenga en cuenta estas experiencias al reglamentar el instrumento.

El debate en Colombia se ha polarizado. Los defensores argumentan que es una oportunidad para el mejoramiento de los ingresos de algunos adultos mayores, mientras que los detractores se dividen en dos tendencias divergentes: unos manifiestan que es un instrumento que busca aumentar las ganancias de los grupos financieros y otros dicen que es un pésimo negocio para las entidades financieras y que por eso no se ha masificado en ningún país del mundo. El debate es infructuoso pues todos tienen la razón, dependiendo de los números con los que se hagan las cuentas.

Como todo instrumento financiero, será más o menos atractivo para financiadores y financiados dependiendo de la tasa de interés y el costo de oportunidad de cada una de las partes en la negociación. El costo de oportunidad revela la preferencia que el uno o el otro tienen por la liquidez, pues representa la rentabilidad o costo del mejor negocio alternativo disponible. Si la tasa es muy alta los bancos estarían muy motivados, pero las rentas mensuales ofrecidas no serían atractivas para el adulto mayor. Si por el contrario la tasa es muy baja, la renta mensual sería interesante para el adulto mayor, pero muy pocos bancos estarían dispuestos a ofrecer el instrumento.

Como se muestra en la gráfica de barras, la renta mensual (calculada para el esquema de renta vitalicia) es más alta para personas de mayor edad que se acercan a la esperanza de vida con la que se hace el cálculo y por supuesto también crece con el precio de la vivienda. Para viviendas de 100 millones de quienes les falta 15 años o menos para alcanzar la esperanza de vida, la renta superaría la línea de pobreza monetaria, pero solo los que tienen 8 o menos años que su esperanza de vida, obtendrían un ingreso superior al salario mínimo.

Al calcular distintos escenarios de rentabilidad tanto para la entidad financiera como para el adulto mayor, se encuentra que en ambos casos puede haber pérdidas o ganancias dependiendo del tiempo que le falte al adulto mayor para llegar a la esperanza de vida y del costo de oportunidad. Por otra parte, la percepción de riesgo es un factor clave en dicho costo de oportunidad y la disponibilidad de información resulta determinante para dicha percepción de riesgo.

El éxito del instrumento dependerá entonces de la capacidad de tomar decisiones bien informadas, pues en temas financieros las asimetrías de información son peligrosas. La situación de un adulto mayor con estrés financiero, y la preferencia del corto plazo frente al largo plazo -es decir, tener la plata ahora- puede llevarlo a tomar decisiones que no son las óptimas. Al reglamentar la hipoteca inversa se deberían prever mecanismos de asesoría, ojalá en cabeza de organismos independientes de la entidad financiadora, y definir los límites que tendrán los financiadores en todos los parámetros de cálculo.

También es conveniente explorar el diseño de un programa alternativo que previera la compra del inmueble por una entidad que lo pagaría cuotas mensuales, y tendría un contrato de arrendamiento vitalicio con el adulto mayor. Este sería un mecanismo similar en el cual la entidad obtendría la propiedad desde el principio y asumiría los costos de impuestos y mantenimiento de la vivienda, pero quien recibiría los rendimientos financieros sería el adulto mayor. Podría tratarse de un programa público subsidiado o establecer parámetros de cálculo que garanticen una remuneración razonable para entidades privadas que participen en el programa.

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Discusiones de temas pensionales y la necesidad de…

Elaborado por: Mauricio Olivera

Las recientes discusiones pensionales, específicamente sobre cambios en el sistema para enfrentar la crisis generada por la pandemia, revelan problemas estructurales del sistema y hacen aún más urgente la reforma. Las tres medidas más discutidas son, primero, el traslado a Colpensiones de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado de los fondos privados cuyo saldo, debido a la caída en la rentabilidad, pueda ser insuficiente para financiar la pensión de salario mínimo, segundo, el traslado de las personas que están a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión, y tercero, el retiro de parte de los recursos ahorrados para la pensión.


Sobre la primera, el Gobierno cambió la decisión gracias a que, aunque entre febrero y marzo la caída en la rentabilidad fue abrupta, en abril se recuperó, y la caída de los saldos para pagar la pensión se frenó. Inicialmente era obligatorio para las AFP trasladar a los pensionados, ahora es voluntario. Esta decisión deja por lo menos tres señales. La primera, que el Gobierno estaba buscando recursos para financiar los gastos de la pandemia, en parte se desvirtúa. La segunda, que entre los objetivos del Gobierno estaba cuidar a este grupo de pensionados, en parte se valida. Y la tercera, que la modalidad de retiro programado presenta debilidades importantes, muestra que es urgente implementar una reforma pensional.

La segunda medida, los traslados de las personas que están a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión, sigue vigente. Aunque el Gobierno decidió no emitir este decreto, en el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley que tiene el mismo objetivo. De hecho, este tema también se trató en 2019, durante la discusión del plan de desarrollo, y debido a los costos fiscales que genera, el Gobierno no lo avaló. La medida presenta por lo menos tres aristas. La primera es la política fiscal. Los cálculos de Asofondos mostraron que el traslado implicaría para el Gobierno un ingreso de $27 billones, pero el costo de las pensiones es de $50 billones. Es decir, el Gobierno estaría incurriendo en una deuda de $23 billones, y frente a la presión fiscal que se acentuó con la pandemia, con menos impuestos, una necesidad mayor de gasto público, y una necesidad de endeudamiento, esta deuda sería una presión adicional.

La segunda arista se refiere al sistema judicial. Las personas que están a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión están buscando el traslado a través de demandas. Este año, más de 99% de alrededor de 5.000 demandas está logrando el traslado. Es decir, la deuda de todas maneras se está causando, pero con congestión en el sistema judicial. La tercera arista es los derechos de los ciudadanos. El argumento central es que no fueron bien asesorados, y por eso tienen derecho a trasladarse a Colpensiones, donde la pensión puede ser mayor.

Estos tres puntos hacen más urgente la necesidad de la reforma. Por un lado, cualquiera de los dos extremos puede ser dañino. Si el sistema pensional se basa en el Régimen de Prima Media tal cual existe ahora, los subsidios a las pensiones generan una enorme presión fiscal y lo puede hacer inviable financieramente. Si se basa en la capitalización individual, las pensiones pueden ser muy bajas y esto puede generar una insatisfacción social enorme, tal como lo han demostrado las protestas en Chile, cuyo sistema pensional se basa solo en el ahorro individual. Un punto medio entre los dos puede ser la mejor opción.

Por otro, la reforma es urgente porque los fondos privados están hasta ahora empezando a pensionar, y la ciudadanía está encontrando que las pensiones son en general más bajas que en el Régimen de Prima Media. Así, mientras más personas se pensionen, más insatisfacción se va a generar. Para que el sistema pensional sea equilibrado financieramente y les dé una pensión digna a los colombianos, los fondos privados también son necesarios.

La tercera medida, que está en discusión, y que busca abrir la posibilidad a las personas de retirar parte de los ahorros pensionales para enfrentar esta crisis, es riesgosa. Los seres humanos preferimos el corto plazo. Es decir, preferimos tener la plata ahora. Si la conectamos con la primera medida, uno de los problemas del retiro programado es que las personas viven más tiempo del que definen para recibir la pensión bajo esta modalidad, y quedan sin recursos para los últimos años de su vida, que pueden ser los más difíciles. En la exposición de motivos del proyecto de ley 050, cuyo análisis está basado en estudios hechos por dos universidades, se evidencia que en general las personas no cuentan con el suficiente conocimiento para tomar una decisión sobre su futuro pensional, porque es una decisión compleja. Por eso es responsabilidad de los que saben, en este caso los fondos privados, asesorar a las personas para tomar la mejor decisión posible.

Aunque puede sonar odiosa, la teoría económica ha demostrado que los seres humanos no somos tan racionales. Si lo fuésemos, los sistemas pensionales obligatorios no existirían. Todos, independientemente de nuestra situación, tendríamos claro que en algún momento vamos a llegar a la vejez y no vamos a contar con la capacidad suficiente para trabajar, y por eso haríamos el esfuerzo de ahorro durante nuestra vida laboral. Es entonces también necesaria una reforma pensional que le dé más claridad a los ciudadanos y los asesore para construir su futuro.

En síntesis, las medidas sobre el sistema pensional que para enfrentar la crisis el Gobierno está discutiendo revelan problemas estructurales y muestran la urgencia de la reforma. La crisis puede también verse como una oportunidad para implementarla. Como ya lo escribió Econometría, toda crisis genera reforma. Los seres humanos estamos más dispuestos a cambiar para salir de la crisis.

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