Calidad de las reformas fiscales, columna de Econometría

Autor: Alejandro Vivas

Para aprovechar la crisis generada por la pandemia del covid-19, ¿el país aprobará e implementará reformas de fondo en gastos e ingresos públicos? La pregunta es si el país aprobará e implementará unas reformas tanto en gastos como en ingresos de tal manera que se avance en eficiencia económica y social, se refuerce el funcionamiento de los mercados, el bienestar de los diferentes grupos de la población y una mayor equidad y transparencia. Se trata de una eficiencia en la asignación de recursos, escogiendo gastos en sectores o personas priorizadas de acuerdo con criterios de valor; una eficiencia en la administración de los recursos por parte de las agencias del gobierno; y una eficiencia en la provisión de los bienes y servicios producidos por las entidades públicas.

Otra manera de formular la pregunta es si las reformas que se propongan van a correr la misma suerte de numerosas propuestas anteriores, de las cuales se implementaron solo aspectos parciales, y no precisamente los más importantes. La historia reciente deja dudas. Baste mencionar que entre 2006 y 2021 ha habido 11 reformas.

 

Las decisiones sobre temas fiscales son actos políticos. No obstante, la realidad política de las decisiones fiscales no siempre es tenida en cuenta de manera cabal por los técnicos que diseñan las reformas.

Al considerar las relaciones entre política y economía, conviene recordar que la construcción de confianza es fundamental en las relaciones entre los agentes involucrados. En el caso de las finanzas públicas, estos agentes incluyen a los hogares y los empresarios, a los gobiernos, que son los encargados de plantear iniciativas sobre impuestos y gastos, al poder legislativo, que debe aprobar las reformas, y aun a las calificadoras de riesgo internacionales. Con frecuencia, para afianzar sus propuestas, o para combatir iniciativas que consideran inconvenientes, los ministros de Hacienda han recurrido a advertirles a los demás miembros del gabinete, al legislativo y a la sociedad sobre las disminuciones de valoración del país por parte de las calificadoras de riesgo. También los intereses de los diversos actores dentro del gobierno y los grupos de interés privado (stakeholders) buscarán incidir en el contenido de las propuestas, así como en su discusión en los procesos legislativos. Por otra parte, no hay que olvidar el papel protagónico que ha adquirido en años recientes el poder judicial, que en ocasiones ha tenido la última palabra para decidir la suerte de reformas relacionadas con los temas fiscales.

Una condición necesaria para que una reforma sea aprobada en el Congreso de la República y reciba el apoyo de la ciudadanía es la calidad que tenga su diseño. La propuesta debe mostrar de manera inequívoca que es un “gana – gana” para los congresistas, los ciudadanos que ellos representan, y el Gobierno.

Ahora bien, la calidad de una reforma provendrá de cuatro aspectos. En importante medida, tendrá mayor solidez si está dotada de una concepción sistémica en la que estén recogidas, de manera explícita y “seriamente” (Winer, 2016), las interacciones entre el gasto y los impuestos, de las finanzas públicas con otras políticas macroeconómicas y microeconómicas (regulatorias), con el funcionamiento de los mercados.

Las reformas de ingresos y gastos tendrán que mostrar cómo ellas son consistentes con los incentivos a la inversión privada, con la generación de infraestructura física y la acumulación de conocimiento y capital humano. Al país debe garantizársele que el enfoque fiscal propuesto es coherente en temas estratégicos de crecimiento y equidad, control de la inflación y desempleo, políticas industriales y globalización, descentralización regional de decisiones y niveles crecientes de bienestar.

La calidad de las propuestas de reforma requiere, segundo, que en sus diseños se reconozcan inevitables contraprestaciones: el equilibrio fiscal exige que, para abrirles espacio a programas prioritarios, tengan que sacrificarse otros. Esta tarea debe enfrentar que no siempre los intereses de los distintos ministerios y agencias de la rama ejecutiva coinciden.

Un tercer aspecto de calidad tiene que ver con la necesidad de prever evaluaciones de los resultados y los impactos de las reformas sobre los diferentes agentes sociales. Una evaluación oportuna y que vaya comunicándose genera transparencia y confianza. Conviene resaltar que las reformas deberán ir construyendo confianza entre los diversos estamentos de la sociedad. Este propósito implica redoblar el combate a las corrupciones pública y privada, que con frecuencia van de la mano y se fortalecen entre sí.

Cuarto, la administración deberá preocuparse por aumentar la legitimidad de los tributos. La Ocde (2015) ha venido trabajando a este respecto el criterio de “valor a cambio de dinero”, según el cual se les garantiza a los contribuyentes que sus aportes se invertirán en las obras que ellos valoran. En otras palabras, las reformas deberán alinear los recursos entregados a los administradores públicos (los tributos) con la cantidad y la calidad de los productos que la administración obtiene con ellos. Se trata de conseguir el mejor balance entre cuatro “Es”: economía, eficiencia, efectividad y equidad (Jackson, 2012). Se podrá, así, contrarrestar que los ciudadanos están más listos a demandar y consumir programas públicos que a pagar por ellos, realidad que ha sido constatada desde la formación misma del Estado y expresada de manera clara por ejemplo por Citrin (1979).

El alcance y los logros de las reformas fiscales estructurales también pasan por reformas al sistema electoral y al funcionamiento de los partidos, de las bancadas y de las reglas de decisión en el congreso, que serán el contenido de una próxima columna.

Considerar los aspectos aquí señalados contribuirá a que deje de ser válida en el futuro conclusiones como las de Junguito y Rincón en 2004: “las reformas de los últimos años han creado una estructura tributaria inadecuada e ineficiente… no han tenido el éxito esperado…”.

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Soluciones duraderas como enfoque de intervención

Autor: María Gloria Cano

Hacer una radiografía de la extrema pobreza en Colombia conlleva encontrar entornos carentes de bienes públicos, cooptados por economías ilegales, personas con exclusión económica y social condicionada por analfabetismo o un bajo nivel educativo, sin mayores activos y con informalidad laboral. Así mismo, hogares marginados en los cuales predomina la jefatura femenina, con presencia de personas con discapacidad y embarazo adolescente, y adicionalmente con traumas sin cerrar relacionados con situaciones de violencia, desplazamiento o migración forzada, que generan autoexclusión.

Todo lo anterior reproduce el ciclo vicioso de la extrema pobreza, de generación en generación.

En este contexto adverso pareciera que las intervenciones centralmente planificadas en donde los sujetos son los hogares y/o las personas de manera individual, no logran romper las trampas de la pobreza. Por ejemplo, esfuerzos por lograr la inclusión laboral de personas en situación de pobreza extrema y de desplazamiento forzoso a través de rutas de empleabilidad se ven frustrados ante la imposibilidad de ellas para transportarse en los horarios exigidos o de solucionar el cuidado de sus niños y niñas menores de cinco años.

Por otra parte, la focalización individual impuesta sobre las personas víctimas del desplazamiento forzado o migrantes y refugiados, sin integrarlas con la población de acogida, donde las comunidades comparten carencias similares, genera fragmentación, xenofobia y estigmatización, impide la consolidación del tejido social y el camino hacia la inclusión. En la mayoría de los casos, las soluciones son traídas por terceros, diseñadas a nivel técnico e impuestas sobre las comunidades, y no son apropiadas por estas. Los individuos son receptores pasivos de las ayudas, sin generarse sostenibilidad en las soluciones.

Frente a esta situación es necesario un nuevo enfoque, el de soluciones duraderas, como se expone en el Libro ‘Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural’, de Econometría, en donde se reconoce el entorno como condicionante en la calidad de vida de las comunidades. Se busca el restablecimiento de la ciudadanía y la dignificación a través de procesos participativos.

Ello implica un cambio profundo en la forma de trabajar con la población, pasar de un enfoque individual a uno comunitario, en el cual las comunidades construyen sus soluciones con las autoridades municipales a partir de un esquema facilitado por actores que tengan reconocimiento en la comunidad. Estos actores se pueden interpretar como nodos articuladores, o “enablers”.

Las experiencias que se han vivido en el país han demostrado que estos ‘nodos articuladores’ pueden ser diversos. En algunos casos han sido agencias de cooperación con fuerte presencia en el territorio que han servido de facilitadores en procesos de alianzas público-privadas en torno a una comunidad y han logrado avanzar en romper barreras del entorno que replicaban las condiciones de pobreza extrema. Se cuenta con ejemplos replicables como las experiencias en Cúcuta en el barrio Las Delicias, que en 2016 fue reconocido legalmente por el municipio, logrando con ello acceso a servicios esenciales, mejoramiento de vías, transporte público y un proceso de mejoramiento significativo del entorno y de la integración local urbana.

En el ámbito rural, igualmente existen ejemplos que involucran soluciones duraderas con la titulación de tierras acompañada con proyectos productivos que han transformado la calidad de vida de toda comunidad. En todos los casos, se acompañó con una institucionalidad multiactor con la comunidad como protagonista, en donde se implementó un proceso que parte de la construcción de confianza y de dignificación, diálogo, reconocimiento, liderazgos jóvenes y femeninos, construcción de comunidad y atención psicosocial.

Romper las trampas impuestas por el entorno debe acompañarse con un portafolio de oferta de servicios por parte del estado, que reconozca las situaciones diferenciales de los hogares, pero trabajada desde el diálogo con la comunidad, en donde sea esta misma la que aporte elementos para la focalización. En la medida que es la misma comunidad la que reconoce las brechas por cerrar, las acciones afirmativas serán acciones sin daño que viabilizan la posibilidad de integración y generan soluciones compartidas.

Estas acciones afirmativas deben dirigirse al cierre de brechas culturales, de formación para el trabajo en los nuevos ámbitos de residencia, de mejoramiento de los niveles educativos y de atención psicosocial para evitar círculos viciosos de estrés, ansiedad, aversión exagerada al riesgo, entre otros.

La construcción de estas soluciones duraderas debe ser un propósito que trascienda las intervenciones puntuales de corto plazo, impuestas, independientes y desarticuladas. Parte del reconocimiento de los contextos como condicionantes de la realidad que enfrenta cada una de las personas que habita una comunidad, y en la medida en que exista el compromiso de los diferentes actores, pero principalmente de las autoridades locales y nacionales, se podrán transformar estas realidades, y avanzar en la integración social y económica de las poblaciones hasta ahora excluidas, con plena participación de las bases comunitarias.

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¿Tenemos que esperar una crisis?

Autores: Arturo García, Nury Bejarano y Cristhian Contreras

En el libro “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural” se plantea que el país tiene “Una ventana de oportunidad en el sector agropecuario” (Econometría, 2021). La apuesta por los recursos energéticos (que viene de hace muchos años) no tiene mucho futuro: en carbón se cuentan con importantes reservas, pero tiende a prohibirse mundialmente por los efectos sobre el calentamiento global; en petróleo las reservas no superan los siete años. Con la reactivación económica post pandemia, se tiene una gran demanda de petróleo e incluso de carbón, que no durará mucho, en particular si se avanza en los acuerdos de la COP26.

Buscando alternativas, cuando se compara la dotación de los factores de producción de Colombia respecto a países con los que podría estar compitiendo se encuentra que: tenemos una mano de obra cara, en vías estamos en los últimos puestos del ranking mundial, la inversión en ciencia y tecnología es vergonzosamente baja; y nuestros costos de energía están entre los más altos. En lo único que tenemos una real ventaja comparativa en agua, tierras (FAO, 2011) y una ubicación geográfica que nos permite producir todo el año, en todos los pisos térmicos.

Si el país quiere aprovechar sus ventajas comparativas debe apostar por el sector agropecuario; lo cual es la base para generar más empleos, incrementar los ingresos y aumentar exportaciones. Así mismo, se lograrían encadenamientos con la agroindustria y se evitarían las desventajas de centrarse en productos básicos (no generar valor agregado, perdida de términos de intercambio, baja diversificación, etc.).

Si la situación es tan clara, ¿por qué el país no ha hecho la apuesta por el sector agropecuario donde se aprovecharían las ventajas comparativas? Justin Lin en el texto Economic Development and Transition (Lin, 2009) tiene un planteamiento interesante al respecto. Considera que el desarrollo se logra cuando se tienen políticas alineadas para aprovechar las ventajas comparativas; sin embargo, estas políticas solo se adoptan cuando el país no tiene otra opción. La disponibilidad de recursos, en el caso de Colombia provenientes del petróleo y en menor medida del carbón, permiten pensar en mundos ideales donde el desarrollo es sinónimo de tener actividades con tecnología de punta, así las escalas, el mercado o los costos no soporten esas opciones

¿Significa que debemos pasar por los costos de una crisis para adoptar políticas que propicien un desarrollo sólido, soportado en las ventajas comparativas? La crisis está en el horizonte, sin ser inminente. Con una balanza comercial negativa y creciente, y un alto endeudamiento, el país necesita buscar alternativas de desarrollo.

En este escenario se tienen dos opciones: a) esperar hasta que efectivamente estalle la crisis y en ese momento tomar medidas de fondo; o b) anticiparse a la crisis e ir creando las condiciones para hacer una transición lo menos costosa posible. Las próximas elecciones presidenciales determinarán que camino seguir.

Si se aplazan los ajustes hasta el momento de la crisis, no hay mucho más que decir, salvo que se advirtió. En caso contrario, en el escenario de anticiparse a la crisis, las actividades minero-energéticas seguirán a un nivel alto, pero con una tendencia decreciente. Se tendrán unos pocos años para un gran ajuste estructural. Esos años (tal vez algo menos de 10) deben aprovecharse para ir creando las condiciones y validar por medio de pilotos alternativas de desarrollo productivo que puedan escalarse.

Para crear las condiciones, primero se deben evitar los efectos tipo enfermedad holandesa asociados a la explotación del petróleo. En particular se debe: evitar la revaluación, promover actividades contra cíclicas; y ver estos ingresos como una fuente de financiación para las nuevas apuestas de desarrollo.

Considerando el sector agropecuario, se debe afianzar el ordenamiento territorial a partir de, por ejemplo: a) procesos de aglomeración en las zonas rurales; y b) definición de la vocación del uso de las tierras y conflictos de usos, de acuerdo con el uso real. Adicionalmente avanzar y consolidar el catastro rural multipropósito.

A la vez que se crean condiciones deben irse validando opciones productivas, pues será la fuente de generación de riqueza. En lo que respecta a los “qué´s”: a) apostar por la inclusión productiva como base para la inclusión social; b) buscar grandes impactos, que sean factibles y permitan la propagación; y c) todo proyecto debe tener posibilidades de gran escalamiento. En lo que corresponde a los “cómo´s”: a) más que cobertura, se deben lograr efectos demostración para su propagación; momento en el cual, el énfasis del gobierno será la provisión de bienes públicos como extensión rural para potenciar la propagación; y b) trabajar con pilotos que además de probarlo, analicen las condiciones en que se podrían replicar.

Esto es lo que puede hacer un próximo gobierno. El escalamiento corresponderá al gobierno que inicie en el 2026. Por el bien del país, esperemos que la crisis no estalle antes y que quien llegue a la Presidencia en el 2022 sea un estadista visionario.

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Cómo recuperar el empleo sin sacrificar la productividad

Escrita por: Eduardo Lora

Contrario a lo que podría esperarse, en las grandes ciudades los trabajadores son ahora más productivos que antes de la pandemia. Mientras que la actividad económica urbana recuperó ya su nivel prepandemia, la ocupación en 23 ciudades capitales en el mes de agosto era todavía 3,6% menos que hace dos años.

¿Cómo ha sido posible este aumento de productividad? La razón principal es que sectores de muy baja productividad, como confección de prendas de vestir, comercio minorista o empleo en el servicio doméstico, no han logrado recuperar su nivel de empleo prepandemia. En cambio, lo han logrado con creces algunos sectores sofisticados como actividades profesionales y científicas, suministro de energía, actividades financieras, información y comunicaciones.

El reto laboral que enfrentan las ciudades en este momento es cómo recuperar el empleo sin sacrificar estas ganancias de productividad. Eso implica, por supuesto, crear empleos adicionales en sectores sofisticados y no simplemente tratar de que los trabajadores que hoy están desempleados o inactivos regresen a los empleos improductivos que abandonaron por la pandemia. ¿Es eso posible? Óscar Rodríguez y yo, en un libro reciente de Econometría titulado La Urgencia de lo Estructural, argumentamos que hay cuatro recomendaciones básicas que deberían seguir las ciudades para lograr ese objetivo.

En primer lugar, las grandes empresas de cada ciudad podrían adoptar una estrategia de diversificación inteligente que consiste en: (1) diversificarse (dentro y fuera del país) hacia mercados más exigentes; (2) identificar nuevos productos y sectores cercanos tecnológicamente a los que ya producen, pero más sofisticados; (3) identificar las barreras que enfrentan esos nuevos sectores y productos, barreras que pueden ser tecnológicas, de capacitación, de insuficiencia de insumos o de servicios, regulatorias o de provisión de bienes públicos; y (4) coordinar con otras empresas, gremios e instituciones relevantes para remover esas barreras. En la medida en que las organizaciones empresariales y laborales a nivel local compartan información y coordinen sus demandas, mejor podrá responder el sector público con el tipo de ajustes regulatorios, inversiones en infraestructura, mejoras en los programas de capacitación y, en general, provisión de los bienes públicos necesarios para las empresas.

El segundo grupo de políticas consiste en mejorar las capacidades laborales para conquistar esos nuevos mercados y productos. Para las entidades de capacitación, eso implica formar técnicos y tecnólogos para responder a las necesidades de sectores más complejos, no para recuperar, ni siquiera para hacer más productivos, los viejos empleos en los sectores de baja productividad.

Las ciudades tienen que tomar en serio los problemas de movilidad. Las empresas podrían contratar más fácilmente el personal que requieren si los trabajadores se pudieran movilizar en tiempos más cortos. Por consiguiente, la tercera área de políticas locales para facilitar la creación de empleo formal es el rediseño de los usos y las facilidades de transporte urbano, para que los tiempos de conmutación laboral sean sustancialmente menores de los que se tenían antes de la crisis. Lo más importante es desalentar el uso de vehículos privados, invirtiendo en forma masiva en mejores buses públicos y trenes urbanos, y en diversas modalidades de bicicletas y autos de alquiler. Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) deben ser un instrumento para el rediseño urbano orientado a reducir los tiempos de movilización. La Ley 388/97, además de los POT, creó otros instrumentos promisorios, pero todavía desaprovechados como las actuaciones integrales urbanas y los planes de renovación urbana.

Estos instrumentos deben usarse para reducir la segregación urbana y favorecer la cercanía entre los lugares de vivienda (uso residencial) y los lugares de trabajo, estudio y cuidado (usos comercial, industrial e institucional). También puede ayudar a reducir la congestión que las entidades públicas y las empresas, especialmente las grandes, mantengan una cultura favorable al teletrabajo y a la flexibilización de las jornadas laborales. Es necesario evitar que vuelvan a imponerse los trámites presenciales que la crisis demostró que pueden hacerse en forma virtual. En un estudio para la CAF y el DNP, Econometría está diseñando un modelo de cofinanciación de ciudades y territorios inteligentes para hacer viables estas propuestas de solución de los problemas de movilidad.

La cuarta área de política para facilitar la creación de buenos empleos es la coordinación entre municipios en las áreas metropolitanas. Las grandes ciudades y los municipios cercanos que conforman sus áreas metropolitanas (de jure o de facto) deben acordar programas conjuntos de inversión en vías de conexión intermunicipal, servicios de transporte y centrales para pasajeros. También requieren coordinación las regulaciones, incentivos e impuestos que inciden en la ubicación de las empresas que generan más externalidades, sean positivas como la sofisticación tecnológica, o negativas, como la congestión o la contaminación.

Para juzgar el desempeño de los alcaldes, la variable más importante debería ser el aumento del empleo de alta productividad. Las políticas para lograrlo incluyen la diversificación inteligente, la formación laboral en actividades sofisticadas, las regulaciones e inversiones para desestimular el uso del automóvil y la coordinación entre municipios.

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Una estrategia de inclusión productiva para lograr un gran…

Escrita por: Carolina Murgueitio - Subdirectora y Diego Sandoval - Exdirector y Fundador

Continuamos en esta columna con la presentación de las propuestas de Econometría Consultores contenidas en el libro recientemente lanzado, “Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo Estructural”. En esta entrega proponemos algunas estrategias para diseñar políticas diferenciadas y efectivas que logren una inclusión productiva amplia de la población, que conduzca a lo que hemos denominado el “gran empujón” a la economía colombiana en la etapa pospandemia.

Este gran empujón consiste en que se den las condiciones de desarrollo económico para que el país entre en un periodo sostenido de crecimiento económico a unas tasas sensiblemente superiores a las de los últimos y que este crecimiento se refleje en una mayor equidad social. Se ha demostrado ampliamente que con la mayoría de las políticas y programas de desarrollo e ingresos que se han implementado en el país no se ha logrado superar un umbral mínimo para que puedan garantizar una economía diversificada y con una tasa de crecimiento estructural superior a la actual y que esto se refleje en el bienestar de la población.

Una buena parte de la explicación para la anterior situación es el imbalance entre políticas y programas dirigidos a la inclusión social frente a aquellos que propenden por la inclusión productiva. Y es que los primeros no bastan, ya que buscan en esencia la superación de privaciones en los logros educativos, de atención a la primera infancia, de salud y vivienda de los miembros de los hogares; es decir, cumplir con los componentes sociales del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), descuidando gravemente las políticas generadoras de ingresos. Es muy diciente que en el momento el IPM general de la población esté en un 18.5% y el de pobreza en 42.5%.

Para aportar al verdadero empujón productivo, se debe propender más allá de lo anterior, por la inclusión productiva que consiste en generar ingresos a través de propiciar capacidades competitivas en las empresas, personas, hogares y comunidades para superar las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad.

En los últimos años, el desequilibrio en la inversión en los dos tipos de políticas es marcado. En efecto, la oferta de programas de generación de ingresos de Prosperidad Social ha atendido en los últimos cinco años a cerca de 100.000 hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad. Esto es muy poco frente a los retos de inclusión productiva y a frente a los programas de inclusión social que, como Familias en Acción, beneficia a cerca de 2,5 millones de hogares. Por otra parte, no se ha logrado coordinar la salida y el tránsito de los beneficiarios de unos programas a otros, en una progresiva superación de sus limitaciones sociales y de generación de ingresos. Según datos recientes del DNP, en el gasto social solo un 2.5% se dedica a actividades de generación de ingresos, cuando en otros países esta proporción es sensiblemente mayor.

Por otra parte, no se han aprovechado plenamente las sinergias y complementariedades entre el ámbito urbano y el rural. En la agricultura no se han logrado encadenamientos productivos con economías de escala. Los emprendimientos individuales se han privilegiado frente a los regionales y a los de asociación de productores. La participación del sector privado ha sido pequeña en los programas de generación de ingresos.

La inclusión productiva debe ser el principal objetivo de la inclusión, sin descuidar por supuesto, la atención de las privaciones sociales y del respeto a los derechos fundamentales de los grupos más vulnerables. Es así como, las políticas deben hacerse de manera diferenciada por grupos de población y regiones debido a que Colombia es un país altamente heterogéneo en su nivel de desarrollo, con evidentes trampas de pobreza en las que regiones pobres conviven con regiones relativamente desarrolladas, en lo que se denomina clubes de convergencia.

Para lograr esa diferenciación que permita políticas efectivas se debe tener información por cuadrantes poblacionales, para focalizar estrategias que tengan en cuenta las diferencias entre los entornos urbanos y los rurales y del tipo de población, si está en extrema pobreza, pobreza o en situación intermedia vulnerable. También se debe considerar las necesarias complementariedades, que propicien la existencia de economías de escala y la potenciación de externalidades y sinergias entre estos ámbitos (ver cuadros anexos).

Los enfoques que debe tener la aplicación territorial de las políticas de transformación e inclusión productiva varían según donde se desarrollen. En el caso de las grandes ciudades y conglomerados urbanos, ellas mismas son un motor dinámico, y lo central es propiciar los medios y oportunidades para el acceso a empleos formales o emprendimientos en una propuesta que hacemos de complejidad y diversificación inteligente en bienes y servicios en cada uno de los grandes centros urbanos del país.

En las zonas rurales y pequeños municipios se deben propiciar mejoras significativas en los ingresos de los productores campesinos o agroindustriales mediante una transformación sectorial, centrada en lograr aumentos grandes y escalables de la productividad y producción utilizando las ventajas comparativas del país, una mayor conexión con el mercado internacional y titularización de las propiedades. Todo esto soportado en varias experiencias piloto exitosas ya desarrolladas en el país que deben ser escaladas.

En los municipios intermedios, una combinación de ambos enfoques. En este tipo de municipios es importante aprovechar los vínculos existentes al interior de los esquemas de asociación que existen dentro del sistema de ciudades.

Finalmente, en las áreas apartadas, en donde las actividades ilegales hacen presencia, una condición para que las estrategias propuestas sean viables, es la presencia plena del Estado, no solo con seguridad, sino con servicios de justicia, salud, educación y de comunicación con los centros urbanos. En muchas de estas regiones, la mejor solución es la de aplicación de instrumentos financieros de conservación de la biodiversidad.

 

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¿Realmente se deben subir las tasas de interés?

Escrita por: Julián Roa Rozo - Analista de Econometría

En el último mes se ha llegado al consenso de que el Banco de la República empezará pronto un ciclo alcista en las tasas de política monetaria. Hay varios argumentos detrás de dicho consenso. En primer lugar, la inflación se encuentra en niveles cercanos al límite superior del rango meta del banco central y en su último informe de política monetaria se contempla la posibilidad de que la inflación cierre el año en 4,1%, por encima de la meta. Adicionalmente, la tasa de cambio se ha devaluado de manera importante sugiriendo que la tasa de interés de Colombia puede estar más alta. Por su parte, la recuperación económica ha sido mejor de lo esperado. A inicios de este año el consenso era que la economía colombiana crecería cerca de 4,5%. Hoy, si bien hay gran incertidumbre, se esperan tasas de crecimiento superiores a 7%. En su conjunto, todo esto se interpreta como evidencia de que el Banco de la República debería subir las tasas de interés pronto, en el mes de septiembre.

En los esquemas de inflación objetiva como el que sigue Colombia, la política monetaria puede ser descrita por el uso de una regla de Taylor. Dicha regla explica la tasa de política monetaria en función de la brecha de la inflación (inflación observada menos la meta de inflación), la brecha del producto (diferencia porcentual entre el PIB observado y el PIB potencial). El Banco de la República utiliza dentro de su proceso decisorio diversos modelos y diversas reglas de Taylor, así como otras consideraciones.

Dentro de estos modelos se encuentra el denominado 4GM. Usando los datos del Banco de la República y de la encuesta de expectativas de inflación, de este modelo surgen varias conclusiones, dependiendo del tipo de inflación que se use. La primera es que se requieren alzas de interés con el fin de controlar la inflación. Si se usa la inflación total (línea punteada), la tasa de política monetaria debería estar en 3,4% para finalizar este mes. Por su parte, si se utiliza la inflación excluyendo alimentos sugiere que la tasa de política monetaria debería ser de 2,5%, para fin de mes (línea gris). Finalmente, la regla de Taylor utilizando la inflación sin alimentos ni regulados sugiere que la tasa de política monetaria se aproxima a 2% (línea negra). De esta manera todos los indicadores sugieren que se avecinan alzas en la tasa de política monetaria.

También es notorio que durante la crisis del covid-19 la política monetaria del Banco de la República fue contractiva a pesar de que redujo las tasas de interés. Esto se debe a que, si bien la tasa de interés se encuentra en mínimos históricos, las reglas de Taylor sugieren que se debieron haber bajado más. Esto último no es sorprendente. Si se lee la prensa económica de 2020 se puede apreciar como diversos analistas hacían un llamado a tener una política monetaria más expansiva. Adicionalmente, algunos analistas sugirieron el uso de políticas monetarias no convencionales como la expansión cuantitativa e incluso emisión para financiar gasto del gobierno. Si bien en retrospectiva algunas de estas medidas parecen hoy extremas, innecesarias e incluso peligrosas, la evidencia sugeriría que el Banco de la República se quedó corto durante esta crisis. Por lo anterior, una evaluación más rigurosa del rol de la política monetaria durante la crisis de 2020 se hace necesaria. También es cierto que se deben evitar ciertos sesgos a la hora de evaluar dicho rol, dado el alto nivel de incertidumbre que se vivió durante 2020.

Adicionalmente surgen otras preguntas. La primera es qué sucedería si, en vez de tener en cuenta el comportamiento del PIB, se tuviera en cuenta el comportamiento del empleo. A diferencia del PIB, que a grandes rasgos tuvo una recuperación en forma de V, el nivel de empleo se ha mantenido estancado y ello sugiere que aún falta mucho para superar los efectos generados por la pandemia y las cuarentenas. También sugiere que empezar a quitar los estímulos monetarios en estos momentos podría dificultar la generación de empleo en estos momentos.

Otra pregunta que surge es: ¿qué discusión estaríamos teniendo en ausencia del paro nacional del 28A? Es notorio que gran parte de las presiones al alza en la tasa de interés tienen origen en un choque de oferta en los precios de alimentos. Lo anterior como fruto de los bloqueos. Con seguridad en ausencia del paro tendríamos una inflación menor y se estaría hablando de alzas en las tasas de interés a principios de 2022, no en septiembre de 2021. Resulta contradictorio que un choque tan negativo como el paro nacional termine generando otro choque negativo al adelantar en un trimestre las alzas en las tasas de interés.

Por estos motivos se considera que, si bien la regla de Taylor sugiere aumentos en la tasa de interés, los datos por si solos no son una guía buena para tomar decisiones. Es prudente indagar el porqué de los datos, en este caso, el salto en la inflación. Subir las tasas de interés en septiembre podría estar castigando innecesariamente a la economía.

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Cómo recuperar el empleo, columna de Econometría

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

Las cifras de desempleo de julio de 2021 son alentadoras para algunos analistas. El reporte del Dane muestra que entre julio de 2020, cuando el país se encontraba en cuarentena, y el mes de julio de este año, la tasa de desempleo bajó casi 6 puntos porcentuales, de 20,2% a 14,3%, mientras que para las 13 ciudades y áreas metropolitanas alcanzó 15%.

Sin embargo, al ahondar en las cifras, estas siguen siendo preocupantes. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas 1 de cada 4 jóvenes está desempleado -tasa de desempleo de 25,3%- y en ciudades como Ibagué 1 de cada 3 mujeres jóvenes -tasa de desempleo de 31,4%- está desempleada. Y cerca del 27% de los jóvenes ni estudian ni trabajan para el trimestre mayo-julio de 2021, dos tercios siendo mujeres.

De hecho, aunque la tasa de desempleo ha disminuido, el mercado laboral ha sufrido hasta ahora de histéresis. La crisis económica de 1999 elevó la tasa de desempleo a 20%, nivel similar al que llegó con la crisis de la pandemia el año pasado, y se demoró más de una década, casi 11 años, en reducirse a un dígito, con un costo social enorme.

Esperar que el empleo se recupere gracias a la reactivación económica sin resolver problemas estructurales del mercado laboral sería un error. La pregunta es, ¿qué tipo de reforma se necesita hacer? En su libro Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural Econometría presenta diferentes alternativas de reforma para enfrentar diferentes problemas del mercado laboral.

Las discusiones en el país sobre el mercado laboral se han centrado generalmente en reducción de costos. Sin embargo, lo que han mostrado tanto la experiencia internacional como la nacional es que la reducción de costos tiene más efectos sobre la informalidad que sobre el desempleo. De hecho, la reforma tributaria del 2012 que pasó los costos parafiscales del Sena y el Icbf al impuesto de renta a través del Cree tuvo impactos importantes en la reducción de la informalidad. Sin embargo, si el objetivo es recuperar el empleo destruido, y bajar la tasa de desempleo a un dígito, es necesario diseñar otras políticas.

El estudio que hicieron la Ocde, la Cepal y otros sobre América Latina en el 2019 identificó que una de las trampas del desarrollo de la región es la baja productividad laboral. Un trabajador latinoamericano produce hoy 33% de lo que produce un trabajador de la Unión Europea, mientras que en 1950 producía 65%. Y dentro de América Latina, Colombia es de los países con menor productividad. Al analizar la oferta y la demanda laboral, es decir, las personas que están buscando -ofreciendo- su trabajo y las empresas que están buscando -demandando- trabajadores, la brecha más grande está en la educación técnica. Son vacantes que no se ocupan porque los empresarios no consiguen el trabajador con las competencias y habilidades necesarias.

Esto indica que para generar nuevos empleos, la política requerida es la formación para el trabajo pertinente y con calidad y oportunidad. Es decir, preparar al capital humano con las competencias y habilidades requeridas para contribuir al aparato productivo en el momento oportuno. De esta manera se creará un círculo virtuoso a través del cual la formación para el trabajo ayudará a romper la trampa de la baja productividad laboral. Los trabajadores más productivos serán más necesitados y su salario crecerá, y la mayor productividad ayudará a crecer a las empresas y a la economía.

Se necesitan dos enfoques adicionales para el diseño de esta política. Por un lado, esta política es esencialmente local. La razón es que lo que se produce en Bogotá es diferente a lo que se produce en Neiva o en Sincelejo. Cada ciudad y cada región cuentan con un aparato productivo diferente, y, por consiguiente, con necesidades de capital humano diferentes. Las autoridades locales -alcaldías, gobernaciones, cajas de compensación, cámaras de comercio- deben empezar a jugar un papel fundamental en estas políticas de formación. Algunas alcaldías y las cajas de compensación cuentan con agencias de empleo que se pueden conectar con las necesidades de formación.

Por otro lado, los protagonistas son las empresas, identificando sus necesidades de capital humano, y, por ende, de formación. Y los centros de formación deben adaptar sus programas a esas necesidades. Un actor fundamental es el Sena, la joya de la corona para la formación del trabajo, pero que debe enfocarse más en la pertinencia y calidad para la recuperación del empleo perdido por la pandemia y llevar la tasa desempleo a un dígito. Finalmente, el libro de Econometría muestra que no se trata de falta de recursos. Colombia es de los países en la región que cuenta con más recursos para la formación para el trabajo -a través de los parafiscales y del Cree- pero está entre los de más baja productividad.

Esta propuesta no implica que no se deban analizar los costos. Ni las nuevas formas de trabajo que están apareciendo con la cuarta revolución industrial. Estas políticas y sus posibles reformas son más afectivas para atacar la informalidad que para generar nuevos empleos. Sin embargo, si en últimas se eliminan todos los sobre costos laborales y los parafiscales, por ejemplo financiando la pensión y la salud con los impuestos, el límite inferior de los costos es el salario mínimo. Y es necesario generar la productividad suficiente para que un trabajador contribuya produciendo por encima del salario mínimo.

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Hacia la transformación e inclusión productiva en…

Escrita por: Diego Sandoval - Director de Proyectos

En el libro Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural, que publicó Econometría el pasado mes de julio, se plantean varias reformas estructurales que deben hacerse en el país, las cuales deben ser realizadas a muy corto plazo para aprovechas las sinergias e integralidad, que su puesta en marcha en forma conjunta ofrecen como una ruta superar el muy lento crecimiento y equidad social que ha tenido el país en los últimos años, situación agravada en forma importante por la pandemia.

Una nota distintiva de las propuestas del libro lo representa el énfasis en la urgencia de una transformación productiva de la economía colombiana, que se integra con las otras propuestas planteadas en temas de reformas laborales, de finanzas públicas, impuestos y eficiencia del Estado.

Como diagnóstico muy general, en el que varios análisis recientes coinciden, se plantea que Colombia tiene serias barreras para tener una economía competitiva y diversificada. Dos indicadores sirven para dar claridad sobre esta situación. El primero es la muy baja diversificación exportadora y apertura comercial del país y en segundo lugar, el nulo crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF).

En efecto, la participación en el PIB de las exportaciones e importaciones se ha mantenido muy similar, alrededor de 30% desde 1990 hasta 2019, con una alta preponderancia de las exportaciones de petróleo y carbón, acompañada de una reducción de la participación de las exportaciones agrícolas e industriales y un ligero aumento de las importaciones. Esta es una participación baja frente a otros países latinoamericanos y muy lejos de la observada en Asia Oriental.

En cuanto a la contribución de la PTF al crecimiento, un reciente estudio de Fedesarrollo estima en -0,1 la contribución de la productividad total al crecimiento anual del PIB desde 1990 a la fecha. También señala que la productividad laboral ha sido limitada, creciendo en promedio a 0,9% anual en el mismo periodo.

Las causas de esta situación son estructurales y de muy diversa índole, y se resumen en el alto costo país en relación con otros países de la región, que se refleja en altos costos de transporte y energía, tramitación excesiva, inseguridad, distorsión en las tasas tributarias, barreras parafiscales, una legislación que induce a la informalidad y una muy baja innovación, como lo ha señalado la Misión de Internacionalización y varios índices de competitividad global. Probablemente esto tenga que ver con la concentración del país en materias primas básicas.

En el ámbito rural, la falta de una agricultura competitiva se debe en gran medida a la falta de bienes públicos, la alta concentración de la propiedad, baja productividad y falta de titulación para la producción campesina. Además existe una ausencia del Estado en muchas regiones del territorio nacional, lo cual ha generado un clima propicio para el conflicto armado, la permanencia de clanes regionales y de actividades ilegales.

Lograr transformar la estructura productiva colombiana en una economía diversificada y competitiva, no solo requiere hacer las reformas que se eliminen las barreras antes mencionadas, sino que debe estar acompañada y probablemente como condición necesaria, de un aumento generalizado de la inclusión productiva y de movilidad social de la mayoría de su población. Este fue el camino que siguieron países como Corea y Malasia, y más recientemente Vietnam.

Con este objetivo, se plantea un conjunto de propuestas para lograr la transformación productiva, basadas fundamentalmente en la inclusión productiva competitiva y formal de núcleos crecientes y sostenidos de personas y empresas, tanto en las áreas urbanas como rurales. La productividad debe estar basada en la innovación y para que esta logre una escala importante y que genere crecimiento y movilidad social, se requiere la formulación de políticas de inclusión productiva diferenciadas, dependiendo del nivel de inclusión y de complejidad en que se encuentren y de su localizan ya sea en grandes conglomerados urbanos, ciudades intermedias, población rural nucleada o áreas remotas.

Para las grandes áreas urbanas del país las propuestas se refieren a cuatro líneas de acción: lograr una complejidad y diversificación inteligente en la producción de bienes y servicios; formación para el trabajo y políticas activas laborales; movilidad urbana para el trabajo, y cooperación entre municipios en áreas metropolitanas y de economías regionales.

Para el sector agropecuario se plantea una propuesta de transformación sectorial, que se centra en lograr aumentos grandes y escalables de la productividad, aprovechando las ventajas comparativas del país e integración con el mercado internacional. Todo esto impulsando varias experiencias piloto exitosas ya desarrolladas en el país. La transformación rural requiere una estrategia integral basada en una apuesta gana-gana, donde las mejoras en productividad tienen efectos multiplicadores en la cadena alimentaria y por tanto en el conjunto de la economía.

Finalmente, se desarrolla una propuesta para propiciar la inclusión productiva de los grupos poblacionales, tanto urbanos como rurales, en extrema pobreza. Se propone crear una ruta hacia su inclusión productiva y social a través de una estrategia denominada ‘Soluciones duraderas’. En próximos artículos de Econometría se presentarán en detalle estas propuestas para la transformación productiva de la economía colombiana.

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Necesidad y posibilidad de reformas

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

El libro que Econometría lanzó hace unas semanas, “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural”, se basa en dos planteamientos complementarios. Por un lado, plantea que para salir de la crisis económica y social generada por la pandemia, es necesario hacer grandes reformas. Y, por otro, plantea que la crisis abre la posibilidad de estas reformas.

Sobre el primer planteamiento, es evidente que la pandemia vino acompañada de una fuerte crisis económica y social. El 2020 fue el año con la mayor caída de la economía en la historia moderna de Colombia. El PIB se contrajo en 6,8%. Los efectos económicos y sociales han sido devastadores. En el peor momento de la pandemia, cuando la economía debió cerrarse casi que completamente para frenar la expansión del virus, el desempleo se duplicó, pasando de 10% a 20%, cifra que de lejos fue la más alta al compararla con los demás países de la Ocde. La pobreza también creció, haciendo retroceder casi una década los avances de las políticas públicas encaminadas a eliminarla. Aunque no hay una medición clara de los efectos en el sector privado, un número importante de empresas desapareció. Y el Estado, garante de última instancia en medio de una economía paralizada, a pesar de que ha hecho grandes esfuerzos para frenar los devastadores efectos económicos y sociales, estos no han sido suficiente para contrarrestarlos completamente. Esto se ha traducido en un descontento social que se ha visto reflejado en las protestas y el paro a principios de este año. Las encuestas que se realizaron en ese momento mostraron que la mayor preocupación de los jóvenes es la falta de empleo.

Ahora bien, también es claro que muchos de los efectos económicos y sociales generados por la pandemia son la profundización de problemas estructurales que ya sufría el país. El desempleo se duplicó, pero ya venía con una senda creciente. La recuperación del empleo después de la crisis económica de 1999 se había demorado un poco más de una década para que la tasa de desempleo llegara a un dígito. Más de 10 años. Y esta se mantuvo unos pocos años en un dígito. En 2019, antes de la pandemia, la tasa de desempleo había retornado a dos dígitos, alcanzado la cifra anual de 10,5%. Por su parte, la ineficiencia del Estado en responder a las necesidades de los ciudadanos estaba reflejada en la desconfianza que los ciudadanos le tienen.

Por estas razones, Econometría plantea en su libro que la visión de retornar a la normalidad simplemente levantando las restricciones de las cuarentenas es errónea. Es necesario pensar en grandes reformas para que la economía colombiana y la sociedad salgan fortalecidas de esta crisis. Son necesarias grandes reformas para resolver los problemas estructurales que la pandemia profundizó. Y va un paso más allá. Plantea que aunque la crisis tiene efectos devastadores, también puede verse como una oportunidad para hacer estas reformas. Se basa en la teoría del comportamiento y en el planteamiento del premio Nobel de Economía Daniel Kahneman cuyo trabajo demostró que los cambios son más factibles en crisis que en tiempos normales. La razón es que, en general, los efectos de cualquier reforma son inciertos. Aunque el objetivo es que sean positivos, también pueden traer efectos negativos. Y si la economía está creciendo y es estable -dos características importantes de la economía colombiana- esta incertidumbre dificulta la disposición para hacer grandes reformas. Sin embargo, en una crisis, es necesario hacer cambios para salir de ella. La disposición para hacer cambios se amplía.

Y una crisis económica tan fuerte y tan generalizada como la que está viviendo el mundo entero por la pandemia, abre más estas posibilidades. No se trata de una crisis sectorial, como en general se originan las crisis económicas, cuyos efectos se transfieren a otros sectores y el papel del Estado es buscar frenar esta transmisión. En este caso es una crisis generalizada, que ha afectado a empresarios y trabajadores, a empresa grandes y pequeñas, a trabajadores formales e informales, a todos los sectores económicos, y ha generado una presión enorme en el Estado, que también sufre problemas estructurales.

Para salir de esta crisis es necesario hacer grandes reformas, y que la crisis puede también identificarse como una oportunidad para hacerlas son los que llevan a Econometría a presentar una propuesta de reformas con una visión integral, aunque no pretende ser exhaustiva.

Propone que como las empresas, los trabajadores y el Estado, es decir, todos los actores de la sociedad, han sido afectados por la crisis, es necesario pensar reformas para todos estos actores. Acompañar y apoyar a las empresas a hacer sus transformaciones para crecer en la nueva realidad, reformar el mercado laboral para que con el trabajo se contribuya a estas transformaciones y a su vez los trabajadores se vean beneficiados, y reformar al Estado para responder de manera eficiente a las nuevas necesidades.

Sugiere que como visión general para las políticas públicas y las transformaciones es necesario utilizar como premisa la inclusión productiva. Aunque los subsidios para atacar la pobreza son importantes, la recuperación sostenible se logra con la inclusión productiva; con empleo formal.

Como se está dando la trasformación en muchas empresas, es necesario adaptar a los trabajadores para que contribuyan a esta en medio de la revolución tecnológica y la robotización que el mundo está viviendo, y esto se logra enfocando gran parte de los esfuerzos en la formación para el trabajo. Y como estos esfuerzos vienen en gran parte del Estado, este debe también adaptarse a esta nueva realidad. Las reformas tributaria y pensional pueden ayudar a equilibrar las finanzas públicas, pero el gran objetivo debe ser ganarse la confianza de la ciudadanía. Y esto a su vez se logra con grandes reformas.

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Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo…

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

Buscando contribuir a la discusión sobre cómo enfrentar la crisis económica y social generada por la pandemia, Econometría Consultores lanzó la semana pasada el libro ‘Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural’. Se basa en la premisa que afirma que “toda crisis genera reformas” para plantear una serie de reformas con una visión integral. Propone reformas en tras grandes áreas: el aparato productivo, el mercado laboral, y el Estado. Para salir de la crisis el enfoque más importante que plantea Econometría es la inclusión productiva, inclusión que genera empleo productivo y hace crecer a las empresas, enfrentando uno de los golpes sociales más duros que trajo la pandemia, el desempleo. Sin olvidar la inclusión social para enfrentar la pobreza, tema que también discute el libro.
Ahora bien, para la generación de empleo y la transformación del aparato productivo, el papel del Estado es esencial. Un Estado eficiente, que no llegue a desbalances insostenibles en sus finanzas, cuidando la estabilidad macroeconómica, y que también responda efectivamente a los retos productivos y sociales que enfrenta el país.

La primera parte del libro se concentra entonces en el aparato productivo. Se inicia con un corto diagnóstico sobre las serias barreras que tiene Colombia para tener una economía competitiva y diversificada. A continuación, y como una estrategia para lograr superar esta situación, se plantea un conjunto de propuestas para lograr la transformación productiva, basadas fundamentalmente en la inclusión moderna y formal de núcleos crecientes y sostenidos de población y empresas, tanto en áreas urbanas como rurales.
Un eje importante de discusión es que la mayor productividad debe estar basada en la innovación, y para que esta logre una escala relevante y que genere movilidad social, se requiere la inclusión a dicha transformación no solo de los empresarios, sino de sectores poblacionales de acuerdo con su nivel socioeconómico. Para la población que convive con barreras muy fuertes del entorno que limitan su inclusión, dada su condición de marginalidad estructural, condición de desplazamiento por el conflicto interno o de receptor importante de migrantes venezolanos el libro propone crear una ruta hacia su progresiva inclusión productiva y social a través de una estrategia denominada ‘Soluciones duraderas’.

La segunda parte del libro se concentra en uno de los mercados más duramente afectados por la pandemia: el mercado laboral. Propone un cambio de enfoque en las políticas de mercado laboral y en especial de la reforma laboral para recuperar el empleo perdido. Considera que el reto más importante de ese mercado es elevar la productividad laboral. Para lograrlo, gran parte de la política pública debe centrarse en la formación para el trabajo, buscando preparar el capital humano que necesitan las empresas, y con una visión prospectiva en la medida en que la nueva normalidad después de la pandemia generará nuevos empleos y nuevas formas de producción. Para esto es preciso una reorganización institucional en la cual las autoridades locales -gobernaciones y alcaldías- jueguen un papel protagónico.

La razón se encuentra en que cada ciudad y cada región tienen un entramado empresarial diferente y la formación para el trabajo debe responder a estas necesidades locales. La discusión de los costos laborales es importante, pero más por sus efectos en la transición entre informalidad y formalidad que para generar nuevos empleos. Y esta discusión debe tener en cuenta dos elementos: el nivel de los sobre costos salariales y los nuevos tipos de empleo y sus nuevas formas de contratación.

La tercera parte del libro se ocupa de la gestión estatal, particularmente en lo relacionado con las finanzas públicas. Se analiza esto bajo cuatro ópticas: el de la economía política, el de la estructura tributaria, el de la gestión financiera pública, y el de las finanzas territoriales. Cualquier reforma que se proponga, especialmente en el terreno de las finanzas públicas, corre el riesgo de no poder realizarse si no se tienen en cuenta las restricciones determinadas por la economía política.

En lugar de renunciar a las reformas, lo que se necesita es enfrentar las imperfecciones del sistema político que impiden que las decisiones de los poderes públicos se aproximen más al interés general de la sociedad: se necesitan entonces reformas políticas. El libro también analiza y propone reformas al sistema tributario, y ahonda en temas relacionados con la gestión propiamente financiera de los recursos públicos, los cuales no han recibido la atención que merecen en la discusión pública. Analiza las deficiencias de los sistemas de presupuestación, de los mecanismos de evaluación oportuna del gasto público, de los sistemas de rendición de cuentas a la ciudadanía y de la manera como operan los organismos de control.

Todo eso incide de una manera negativa en la eficacia y eficiencia del gasto público. También se presenta la agenda de reformas que el país debe adelantar en este frente. Finalmente, las entidades territoriales son protagonistas importantes de la acción del Estado colombiano con responsabilidades cruciales en la provisión de educación y salud, así como de bienes públicos de naturaleza local, y por eso el libro analiza las finanzas territoriales y propone reformas para su fortalecimiento.

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