Los ODS, la evaluación y el sector privado

Los ODS, la evaluación y el sector privado

Escrita por: María Carolina Latorre

El sector privado juega un papel fundamental en el desarrollo económico y sostenible de un país. De hecho, las Naciones Unidas afirman que el logro de la Agenda 2030, que implica cumplir las metas establecidas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), requiere un nivel de acción colectiva sin precedentes, y exige un mayor compromiso de todos los actores no estatales relevantes, entre los que se encuentran las empresas del sector privado. Como una propuesta de trabajo colaborativo para alcanzar los ODS, se creó la iniciativa del Pacto Global, la cual está compuesta hoy por más de 13.000 entidades a nivel global, 60% de carácter empresarial y 40% sin ánimo de lucro.

Econometría Consultores hace parte de esta iniciativa global a través de la Red Colombia del Pacto Global. No obstante, su aporte como empresa del sector privado al desarrollo sostenible no se da únicamente a través del cumplimiento de los diez principios del Pacto Global. Este aporte también se provee mediante su contribución a la generación de evidencia que permita conocer los resultados e impactos de las acciones que el sector privado realiza para mejorar las condiciones de vida de la población y cuidar el medio ambiente, además de proveer insumos para la toma de decisiones estratégicas respecto a la focalización y ajustes de proyectos y programas productivos con impacto social y ambiental.

Durante la larga trayectoria de Econometría Consultores en evaluaciones para el sector privado, se han desarrollado proyectos que buscan estimar resultados, elaborar diagnósticos, medir huellas socioeconómicas, diseñar índices y sistemas de monitoreo, y generar recomendaciones para entidades como la Fundación Alpina, la Fundación Grupo Social, la Fundación Terpel, Argos, la Fundación Saldarriaga Concha, la Fundación Promigas, la Fundación Bavaria y el NAB Colombia entre otras. Todas ellas tienen en común tres aspectos fundamentales: su vinculación a empresas del sector privado, su compromiso con la mejora de las condiciones sociales y ambientales, y su disposición a evaluar sus resultados y obtener retroalimentación fundamental para la mejora de sus inversiones.

En este último punto, es clave conocer cuáles son los propósitos de una evaluación y que se requiere para hacerlas bien. La definición de preguntas de investigación, la disponibilidad de información y la disposición para ser evaluados son elementos esenciales para lograr valorar adecuadamente un programa o proyecto. Ahora, en cuanto a sus propósitos, las evaluaciones permiten rendir cuentas al personal implementador y a las poblaciones beneficiarias, identificar buenas prácticas y aspectos por mejorar para fortalecer las intervenciones, y mejorar los sistemas de información y seguimiento para monitorear adecuadamente el trabajo realizado. Así mismo, las prácticas de evaluación contribuyen a la estimación del valor compartido de las empresas y el impacto de las inversiones con objetivos claros de orden social y ambientales decir, la interacción entre el fomento de la competitividad de una compañía, con las mejoras en las condiciones sociales, económicas y ambientales de las comunidades donde operan o en regiones específicas del país.

En la situación actual que vive el mundo este año, cuando se espera un menor crecimiento de las economías, la crisis sobre los recursos ambientales y las amenazas sobre la sostenibilidad del planeta aumentan y los indicadores de pobreza y desempleo en países en desarrollo y emergentes continúan siendo altos, se hace más imperante el compromiso del sector privado en la sostenibilidad y equidad social de las regiones. Este compromiso requiere también de estrategias eficientes y eficaces que vayan acompañadas de mecanismos de difusión para hacer a las comunidades partícipes y beneficiarias del desarrollo sostenible.

La vinculación al Pacto Global va de la mano con la práctica de evaluar las intervenciones que el sector privado promueve en las comunidades. Es así como la guía práctica para la acción del sector privado ante los ODS no solo explica la manera en que las empresas pueden contribuir al logro de cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sino que también dedica un apartado exclusivo a mecanismos para medir esta contribución. Estos mecanismos incluyen la estimación de indicadores cuantitativos, valoraciones económicas, evaluaciones de procesos, resultados e impactos y medidas de comparabilidad que permitan realizar análisis transversales entre sectores, regiones y tipos de población.

Es importante anotar que estos mecanismos se deben complementar con información cualitativa que dé cuenta de las percepciones, experiencias y opiniones de la población directamente involucrada en la implementación de los programas. Hoy en día existen diversas y variadas metodologías de recolección y análisis de información, innovaciones que vale la pena aprovechar en los procesos de generación de evidencia. Así mismo, se deben considerar temas éticos en la recolección y difusión de la información, para llevar a cabo las evaluaciones dentro de los principios de la acción sin daño, la inclusión, la privacidad de la información y la equidad.

En conclusión, el mundo y nuestro país necesitan cada vez más del compromiso del sector privado para lograr un desarrollo sostenible. Existen iniciativas a nivel global, regional y local para compartir experiencias, guiar los procesos y apoyar a las empresas en su contribución a las necesidades de la población, que van desde la erradicación del hambre y el fin de la pobreza, hasta la construcción de alianzas, pasando por la protección de los ecosistemas, la producción y el consumo responsables, el trabajo decente, el acceso a servicios básicos, entre otros. El sector privado puede hacer uso de estas iniciativas, y también de los mecanismos de evaluación de las intervenciones, que les permitirá rendir cuentas a sus poblaciones beneficiarias, tomar decisiones estratégicas y compartir sus buenas prácticas a otras empresas y sectores interesados y dispuestos a contribuir al desarrollo sostenible. El momento para contribuir y evaluar es ahora.

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Luces y sombras del sistema de salud

Luces y sombras del sistema de salud

Escrita por: Francisco J. Yepes, Marta Lucía Ramírez, Christiann Orjuela y María Gloria Cano

El bajo gasto de bolsillo, es decir aquella parte del costo que asume directamente el paciente por la atención, es un atributo relevante. Mientras en la mayoría de los países de América Latina el gasto de bolsillo con relación al gasto total en salud para los pacientes estuvo por encima de 20%, en Colombia fue 13,6% para 2020.

El sistema de salud es estructuralmente segmentado Sin embargo, es un sistema estructuralmente segmentado con brechas de calidad entre dos regímenes de aporte y atención: un régimen contributivo con 45,8% de los afiliados y uno subsidiado con 49,9% para 2022 (el resto de las personas hacen parte de regímenes especiales).

La segmentación mantiene y agrava la inequidad. Las personas del régimen subsidiado, que deben estar sisbenizados, corresponden a la población de menores ingresos relativos, en muchos casos pertenecientes a grupos étnicos, y/o en zonas geográficas de menor desarrollo relativo y están expuestas a mayores riesgos para la salud. Se ha documentado cómo la morbimortalidad de las personas del régimen subsidiado es mayor a la de las personas del régimen contributivo.

Por ejemplo, en 2021 pertenecer al régimen subsidiado se asoció con un aumento del riesgo de morir por desnutrición de 34,3 veces en comparación del régimen contributivo.

Esta realidad no es coherente con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) inferior en el régimen subsidiado, en donde para el año 2023, a las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) se les reconoce una UPC de 1,289.246 pesos por cada persona del régimen contributivo y 1.121.396 por persona en el régimen subsidiado (INS, Msps).

Las urgencias resultan la puerta de entrada más común al sistema de atención Al procesar la pregunta sobre el tiempo de espera para ser atendido por un médico general ante una dificultad de salud, en la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, resultan 4,5 días en promedio, sin embargo, esta cifra oculta la problemática de utilizar las urgencias como puerta de entrada al sistema siendo una forma rápida para ser atendidos. Esta situación se evidencia en los datos, en la medida que, de la población que tuvo algún problema de salud un mes antes de la encuesta, una de cada tres personas lo hizo a través de un servicio de urgencias (ECV 2021) lo que congestiona innecesariamente estos servicios.

Dentro de las sombras del sistema están las barreras en la atención, que son muy comunes y están reflejadas en diversos escenarios como son la no aprobación o demoras de tratamientos o de cirugías, así como la entrega parcial o no entrega de medicamentos, entre otras.

Por ejemplo, aunque en la UPC se reconoce la entrega de medicamentos por cada afiliado, de las personas que requirieron prescripción de medicamentos, solo al 61,6% le entregaron la totalidad de estos, a 13,4% le hicieron una entrega parcial y a 25% no se los entregaron (ECV 2021).

Las barreras en la atención llevan a que los usuarios exijan el derecho a la salud ante instancias judiciales. En 2022 una de cada cuatro tutelas interpuestas ante la Corte Constitucional se relacionaba con este derecho, un total de 145.643 lo que representó un aumento de 57% si se compara con las tutelas por el derecho a la salud de 2021.

Una de las grandes sombras del sistema de cara a los pacientes, es la espera que deben sufrir para ser atendidos por un especialista. El Ministerio de Salud ha documentado que, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, el promedio de días entre la primera consulta y el tratamiento es de 137 días, lo que claramente lleva a que la enfermedad haya avanzado y que su tratamiento sea más costoso y menos efectivo.

La relación paciente – médico no existe rompiendo la continuidad Nuestro sistema de salud falla por la base. Al paciente lo atiende el profesional de salud que esté disponible el día que llega al consultorio. Esto rompe con un elemento fundamental, la continuidad en la relación entre médico y paciente. Si el profesional de salud conoce al paciente, puede existir mayor comunicación, empatía y confianza. Al no existir esta relación se reduce la calidad y la oportunidad de la atención.

Las luces y las sombras del sistema de salud requieren ser reconocidas con claridad para abordar una reforma “saludable”. Por encima de cualquier diferencia de pensamiento, la discusión de la reforma debe mantener como prioridad el bienestar de la mayoría de la población con un sistema de cobertura universal, solidario, de bajo costo para el usuario, equitativo, accesible, efectivo y sostenible.

Preservar las luces del sistema en una transición paulatina es fundamental Esto requiere planear cuidadosamente el proceso de transición para que los cambios se den en forma paulatina sin afectar el funcionamiento cotidiano de un sistema de alta complejidad y que responde a una gran demanda de servicios de salud, consultas médicas, atención de urgencias, exámenes de laboratorio, entrega de medicamentos, etc.

Para que la atención primaria sea una realidad eficiente se necesita que tenga capacidad de resolución de 80% de los problemas de salud, lo que implica el fortalecimiento del talento médico y que cuente con el apoyo tecnológico necesario. Esta tarea tiene costos importantes y demanda no menos de una década.

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La potencia del deporte para el desarrollo humano

La potencia del deporte para el desarrollo humano

Escrita por: Carolina Suárez y Martha Isabel Gutiérrez

El Sistema Nacional del Deporte (SND) es un entramado institucional complejo que se ha venido fortaleciendo en el tiempo con el fin de fomentar el acceso de las personas al deporte, la recreación y la educación física. En él interactúan para el logro de los objetivos, además del Ministerio del Deporte, entes del nivel central, como las Federaciones y los Comités Olímpico y Paralímpico; del nivel departamental, como las gobernaciones, las ligas y las asociaciones; y del nivel municipal como las alcaldías y los clubes deportivos.

Pero no solo es complejo por su funcionamiento descentralizado y por requerir la articulación de actores públicos y privados, sino también porque en él se persiguen objetivos muy diversos que suponen poblaciones objetivo diferentes, acciones y planes particulares e infraestructuras propias de cada disciplina, incluso adaptadas para el caso de los deportistas con discapacidad.

En 2022, Econometría realizó la evaluación de operaciones, institucional y de resultados del Plan Decenal del Deporte (PDD) 2009-2019. En ella se pudieron evidenciar tanto resultados positivos como aspectos a mejorar. Entre los primeros se destacan la creación del Ministerio del Deporte, el incremento en la inversión, particularmente entre 2017 y 2019, una mayor participación de las entidades territoriales en dicha inversión y la coherencia en la estructuración del PDD. Así mismo, se identificaron los avances en los procesos de fomento de la actividad física, la recreación y el deporte social comunitario, en donde se encontró una mayor conciencia de los beneficiarios de la actividad física y beneficios en términos de ahorros en costos de atención en salud, mejor calidad de vida y mayor productividad. En términos de posicionamiento deportivo, se documentaron mejores resultados en la obtención de medallas en competencia de alto nivel.

Sin embargo, también se evidenciaron debilidades, como la insuficiencia en el liderazgo y rectoría por parte del Ministerio, especialmente en la necesidad de abordar y comprender el deporte como derecho y como componente importante de una formación humana integral. Al respecto, los análisis mostraron que en el país solo una de cada diez personas realiza prácticas regulares y voluntarias de algún deporte o actividad física, y solo cuatro de diez superarían los 150 minutos semanales de actividad física; es decir, hay aún en el país una brecha importante en el efectivo ejercicio del derecho al deporte.

Al analizar la información de la evaluación del PDD se encontró que 1,2 de cada diez niños y 2,2 de cada diez adolescentes realizan estas actividades, siendo las mujeres las que menos lo realizan y por menos horas. Este grupo, por tanto, se constituye en un nicho no solo fundamental si se piensa en el deporte como derecho, sino también si se lo ve como clave en términos de desarrollo humano, reducción de costos futuros, rentabilidad social y, por supuesto, en el posicionamiento deportivo.

El deporte visto desde una perspectiva de contribución social tiene un enorme potencial en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en la medida en que, como lo refiere Unicef, se constituye en una fuente de aprendizaje vivencial en la cual, sin necesidad de ser competitivo, se ponen en juego valores, conflictos, intereses, satisfacciones y frustraciones. Con todos estos elementos sobre una cancha, un campo, una pista, un patio o un parque, y sin lugar a la neutralidad, se activa en el juego un espacio de convivencia, de diálogo, de adaptaciones, una dinámica social en la cual los involucrados van creando, afinando y desarrollando habilidades para la vida. Así las cosas, en la medida en que se amplíe el acceso de niñas, niños y adolescentes al derecho al deporte de una manera incluyente, estructurada y acorde con su etapa de desarrollo, teniendo en cuenta sus intereses y gustos, y abriéndoles la posibilidad a la exploración, se podrá también ir aumentando la regularidad y la voluntariedad de las prácticas deportivas y de actividad física en la adultez, y como lo evidenció la evaluación, se podrá tener efectos sobre la convivencia y la reducción de la violencia.

Ahora bien, los esfuerzos en considerar al deporte no solo como un derecho, sino como un potenciador de habilidades y capacidades individuales y sociales, también pasa por asumir una responsabilidad superior cuando se logra cautivar a las niñas, niños y adolescentes en un deporte, pues una vez se ha creado el hábito, la demanda por tener escenarios para la práctica y equipos capacitados para el entrenamiento es un efecto automático. Entonces, está claro que el deporte y la actividad física deben ser potenciados por su rentabilidad y contribución social, pero también debe estar claro, para los actores del SND, que la oferta debe estar preparada para acompañar, apoyar y fomentar cada vez más deportistas, si la visión es mejorar los resultados en términos de posicionamiento de Colombia como potencia deportiva continental.

Particularmente en lo referido al deporte infantil y adolescente, que es el momento en el que por lo general comienza a formarse una carrera de rendimiento, no se puede pasar por alto que no son solo deportistas, sino que son ante todo niñas y niños, por lo que la aplicación de algunas normas, exigencias, estándares y métodos que vienen de lógicas adultas, muchas veces agresivas y violentas que los ven únicamente en su función de generar resultados, los ponen en situaciones de vulnerabilidad ante la soledad, la violencia, el temor, la exclusión, la inequidad, las enfermedades, y por ese camino la desmotivación para continuar con su práctica. No se debe olvidar que uno de los objetivos de la práctica deportiva debe consistir en reforzar la formación en valores como trabajo en equipo, la equidad, la tolerancia y respeto.

Entonces, la reflexión no solo debe estar puesta sobre los deberes de los jóvenes talentos que entran a los programas deportivos que se gestan desde el SND, sino, sobre todo, en la responsabilidad que les recae en la garantía de un derecho, y en la corresponsabilidad que tienen frente al desarrollo de los ámbitos individual, social y ciudadano de deportistas jóvenes que por encima de un número en un ranking son seres humanos que están en proceso de desarrollo, y que, por tanto, necesitan condiciones y apoyo.

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La Cooperación Sur Sur, avances y desafíos

La Cooperación Sur Sur, avances y desafíos

Escrita por: Carolina Murgueitio

Según las Naciones Unidas, la Cooperación Sur-Sur se refiere a “la cooperación técnica entre los países en desarrollo, los cuales están ubicados mayoritariamente en el Sur del planeta. Es una herramienta utilizada por los Estados, las organizaciones internacionales, la academia, la sociedad civil y el sector privado para colaborar y compartir conocimientos, habilidades e iniciativas exitosas en áreas específicas como la agricultura, los derechos humanos, la urbanización, la sanidad, el cambio climático etc.”

En noviembre pasado, la Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur, publicó un documento reuniendo más de 100 experiencias que han contribuido al desarrollo de países de todo el mundo y Colombia se destacó por los conocimientos compartidos por Colombia a los países mesoamericanos de estrategias para reducir el hambre.

Como mejores prácticas se destacaron, por ejemplo, el apoyo de Cuba en la lucha contra el ébola en África occidental; la experiencia de México en la diversificación de productos de maíz para mejorar la salud y la nutrición en Kenya; y las lecciones de Chile a los países del Caribe sobre el etiquetado de productos como medida para acabar con la obesidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia coordina todas las acciones a través de la Dirección de Cooperación Internacional, GIT de Cooperación Sur-Sur y Triangular y se han hecho importantes aportes en gestión del riesgo, seguridad, salud, formación técnica profesional y vocacional, Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), entre otros.

El portafolio ha apuntado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se destacan aportes en atención a primera infancia, Sena Emprende Rural, Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), Alimentos, por solo nombrar algunas de las 25 experiencias.

La Cepal ha reconocido que entre los principales logros de la cooperación Sur-Sur colombiana en los últimos años se encuentran el diseño de una nueva estrategia de cooperación con el sector privado, el acercamiento de la cooperación internacional a las regiones y el apoyo recibido por parte de la comunidad internacional.

A pesar de los logros hay grandes oportunidades de mejora. La política, el discurso y la práctica de la llamada Cooperación Sur-Sur no han incluido en su núcleo principal la paz, el desarrollo y la seguridad. En estos campos Colombia tiene mucho potencial y su política de promoción de esta experiencia puede ser mucho más agresiva. De hecho, otra crítica es que ha sido una acción enfocada en la demanda más que en la oferta y esta última implica una determinación política y diplomática mucho más enfocada al relacionamiento y a mostrar las experiencias de Colombia.

Esta promoción debe ser basada en evidencia producida por evaluaciones de impacto rigurosas, por demostración de mejores prácticas en su operación y en su implementación y en lecciones aprendidas que puedan ser adaptables a otros contextos. La experiencia de evaluación de políticas públicas de Colombia, los logros del Departamento Nacional de Planeación, de la misma Sinergia y de la capacidad del país en evaluación de políticas públicas, son una mina de amplia riqueza para la cooperación Sur – Sur que no ha sido explotada ni promovida por el gobierno nacional.

Además de los temas de paz, Colombia tiene una amplia oportunidad en temas de cambio climático y hasta ahora ha aportado dentro del portafolio el gran avance en el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) que es una herramienta científica oficial para el monitoreo continuo y frecuente de la superficie de bosque y de la deforestación en Colombia. La generación de datos del SMByC se basa en el procesamiento digital de imágenes de satélite y el análisis de esta información primaria y secundaria disponible. Sin embargo, el espectro de posible cooperación es enorme, nada más en el tema de bonos de carbono para negociar deudas de carbono por intercambio de deuda externa. Por ejemplo, la experiencia de Medellín como la primera ciudad de Colombia en obtener bonos de carbono para la mitigación del cambio climático puede ser aportada a otras ciudades de países similares a Colombia. O la experiencia de Boyacá para que los páramos de Colombia sean la fuente para generar bonos de carbono que los países industrializados deben adquirir para compensar las grandes emisiones de gases efecto invernadero causantes de calentamiento global y cambio climático.

De otro lado, no se conoce aún una medición de los réditos en comercio que debe traer detrás la Cooperación Sur – Sur, porque no solo puede ser cooperación sin obtener nada a cambio. En esto las oportunidades de Colombia deberían aprovecharse aún más porque detrás de cada experiencia o buena práctica compartida hay bienes y servicios por vender y para ello debe haber una coordinación con Procolombia para hacer implementar una política mucho más agresiva.

Para nadie es un secreto que la cooperación estadounidense, la española, la japonesa, toda trae bajo la manga una estrategia de negociación y promoción de sus productos y servicios. China es el gran campeón de esta estrategia y se ha apoderado prácticamente de África, a través de una cooperación de US$80 millones en los últimos años a través de programas de seguridad alimentaria de la FAO, ha catapultado sus ventas de tecnología a países como Etiopía, Uganda y Namibia, para la producción de alimentos en el continente. Colombia podría seguir este camino y si por ejemplo coopera con buenas prácticas de evaluación de políticas, promueva el talento colombiano. Si coopera con estrategias de seguridad, entonces promueva a empresas de la nación que prestan servicios de seguridad y mitigación de riesgos.

El nuevo gobierno en términos de Cooperación Sur – Sur, apunta a África y Asia, según declaraciones del presidente, en temas de migración, política y seguridad, sin embargo, aún no se conoce cuál será esa oferta de experiencias que esperemos sea ofrecida al mundo de manera coordinada, basada en evidencia y con externalidades medibles de las exportaciones de bienes y servicios colombianos.

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2023: un año difícil, columna para La República

2023: un año difícil

Escrita por: Julián Roa

En una columna pasada del mes de octubre del año que recién terminó, anticipábamos varias cosas que de alguna u otra manera terminaron sucediendo. En primer lugar, se advertía que la inflación podía llegar hasta niveles de 13% a fin de 2022 (en ese momento el analista promedio la veía en 12%) y, desafortunadamente, la inflación cerró en 13.1%. En segundo lugar, veíamos una economía creciendo en 2022 entre el 8 u 8.5%, pronóstico que teníamos desde julio. En julio del año pasado, el promedio de los analistas económicos encuestados por el Banco de la República veía a la economía creciendo a 6.3%. Hoy los pronósticos de los analistas están mucho más cerca del 8%. En febrero se podrá saber qué sucedió realmente.

Con lo anterior se puede ver que, en materia de proyecciones de la economía colombiana, se acertó. En dicha columna, también se anunciaba que 2023 podía ser un año complejo, con una tasa de crecimiento del 2% y una inflación entre el 7 u 8% y de hecho vemos un escenario más negativo que el anunciado en octubre pasado. La tormenta ya llegó.

En materia de crecimiento para 2023 pasamos a un pronóstico de 2% a 1%. El principal dato detrás de este ajuste es el comportamiento del consumo en el segundo semestre de 2022. Durante 2021 y gran parte de 2022, el consumo fue el motor del crecimiento y del sobrecalentamiento de la economía. El fin de las cuarentenas no solo implicó que algunos hogares recuperarán sus ingresos, sino que adicionalmente generaron una euforia en el consumo de los hogares quienes habían retrasado ciertos gastos a causa de la pandemia. Sin embargo, dicha euforia se disipó para finales de 2022. Adicional a esto, la política monetaria ya está afectando de manera importante el consumo de los hogares. Una señal de lo anterior es el último dato de consumo de los hogares, el cual tuvo una caída de 2.2% en el tercer trimestre de 2022. Dicha caída del 2,2% se asemeja a la caída vista en el último trimestre de 1998 (2,4%), marcando el inicio de la crisis del final de siglo. Teniendo en cuenta que en el tercer trimestre todavía no se han visto todos los efectos de los incrementos de política monetaria, no debería sorprender números negativos en los próximos trimestres. Así, el principal motor de crecimiento durante 2021-2022 se quedó sin gasolina para 2023.

En lo que concierna a la inflación, no tenemos mayor cambio en nuestra expectativa. Seguimos viendo la inflación cerrando 2023 entre el 7 u 8%. Sin embargo, hay ciertos riesgos alcistas. Por un lado, Colombia continúa con una moneda devaluada, una política monetaria más restrictiva y en los países desarrollados tendríamos más presiones al alza en la tasa de cambio. De igual forma, si el Banco de la República continúa persiguiendo a solo a la inflación va a ser difícil ver una revaluación de la moneda, lo que no ayuda a frenar el alza de precios.

Por su parte, el mercado laboral está mostrando señales inquietantes. Se anticipa un incremento en la tasa de desempleo de un nivel cercano a 11.2% en 2022 a un 11.8% en 2023. A primera vista, esto puede parecer extraño pues la tasa de desempleo ha llegado niveles de un solo dígito en los últimos meses. Sin embargo, la tasa de desempleo en los últimos dos meses ha bajado puesto que han salido más personas del mercado laboral que las que han sido contratadas. Si este patrón de los últimos dos meses no es un fenómeno atípico, podría estar anticipando un freno importante en la creación de empleo.

En el frente fiscal, se espera que la reforma aprobada recientemente ayude a las finanzas del gobierno y permita mitigar parte del actual déficit. De igual forma, los incrementos en los precios del combustible ayudan a mitigar el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (Fepc). Así, pronosticamos un déficit fiscal total de GNC del 3.7% para 2023. Sin embargo, hay riesgos. En el caso de la reforma tributaria, la excesiva carga tributaria para el sector energético puede frenar de manera importante la actividad económica y afectar negativamente el recaudo. Algo similar sucede con el incremento del precio de los combustibles. Estos riesgos podrían significar un mayor déficit fiscal.

El frente externo es complejo y tiene cierta incertidumbre. Por un lado, algunos analistas están pronosticando un precio del petróleo alrededor de US$94 lo que a mi modo de ver es optimista. Si este pronóstico llega a ser acertado podríamos ver una mejora importante en las exportaciones. Este pronóstico dependerá de factores como la severidad de la recesión económica en Estados Unidos, Reino Unido y la zona euro, así como del potencial repunte de China luego de abandonar la política de cero-covid.

También el riesgo país que podría empeorar las cosas. Este depende enteramente de las acciones y anuncios tomados por el gobierno en 2023. Aspectos como las potenciales reformas al sistema de salud, pensiones y laboral, y la transición energética pueden generar mayor incertidumbre y algunas de estas medidas tiene la potencialidad de ser supremamente lesivas. La situación económica es compleja como para empeorarla por promesas de campaña.

* Las opiniones expresadas en esta columna no representan la visión de Econometría Consultores ni la visión de su junta directiva.

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¿Políticas de acciones afirmativas, incentivos…

¿Políticas de acciones afirmativas, incentivos perversos?

Escrita por: Carolina Murgueitio, directora general - Mario Fidel Rodríguez, ex asesor legal

Las acciones afirmativas generalmente son políticas públicas a través de las cuales se busca garantizar el acceso a bienes y servicios públicos en igualdad de condiciones de grupos históricamente excluidos o discriminados. Se pretende con ellas compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. Se les conoce también como “acciones positivas”, “medidas positivas”, “discriminación en sentido inverso” y “discriminación positiva”.

Las acciones afirmativas han sido eje central de la Corte Constitucional que entiende por acción afirmativa las políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, bien para eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan o para lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, que usualmente ha sufrido sean incluidos. Una de las principales medidas de acción afirmativa en Colombia son los créditos, becas o cupos universitarios reservados para estudiantes de determinados grupos sociales o económicos. Otro ejemplo clásico es el de las políticas activas de mercado de trabajo, son todas aquellas medidas que buscan incrementar la empleabilidad o promover el enganche laboral de aquellas personas que encuentran difícil entrar al mercado laboral por sus propios medios.

Econometría ha evidenciado que cuando se evalúa el impacto en todas sus etapas de las políticas activas, estas llegan a ser efectivas. Por ejemplo, la evaluación de resultados del programa “40.000 primeros Empleos” que permitió medir y recomendar ajustes para que sus resultados sobre los jóvenes beneficiados y su contribución sobre las empresas participantes fueran efectivos. De igual forma, se brindó apoyo al Ministerio de Educación y en particular al Observatorio Laboral para la Educación en el diseño e implementación del proceso para obtener información sobre la demanda de la Educación Superior.

A pesar de las muy buenas intenciones de las políticas afirmativas, muchas veces terminan siendo un incentivo perverso, es decir, aquel que tiene un resultado no intencionado o no deseado con consecuencias imprevistas.
Un ejemplo claro de esta situación es la Ley 2069 de 2020 de iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyo objeto es establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.

En particular, el artículo 35 dispuso 12 criterios de desempate en concursos o convocatorias de entidades públicas, los cuales se aplican de forma sucesiva y excluyente.

Entre estas reglas, luego de la primera, que es la protección a la industria nacional, siguen cinco que tienen que ver con acciones afirmativas, así: 1) Mujeres cabeza de familia y víctimas de violencia intrafamiliar que tengan participación mayoritaria en firmas concursantes; 2) Personal en nómina del proponente, en condición de discapacidad; 3) Personal en nómina que hayan cumplido la edad de pensión y no disfruten de ella; 4) Personal en nómina que pertenezcan a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas; 5) Personas en proceso de reincorporación o reintegración que tengan participación mayoritaria en firmas concursantes.

Si bien la política se diseñó con una intención loable, y para los criterios de inclusiones en nómina se ve útil, se ha empezado a evidenciar en los concursos públicos el incentivo perverso. Esto sucede porque se ha vuelto usual que algunas entidades públicas en los concursos de méritos no soliciten oferta técnica, y así se llegue a un empate en las condiciones como experiencia de la firma o el recurso humano solicitado. En consecuencia, la aplicación de estos factores de desempate define a quien se adjudica el contrato estatal.

Cuando no se exige oferta técnica, se sacrifica la competencia de calidad de la oferta y, automáticamente, se provoca el incentivo perverso de acudir a estrategias empresariales abusivas para alcanzar el cumplimiento del mayor número de factores de desempate y resultar favorecidos en la adjudicación del contrato. Se han identificado al menos dos vías. Por un lado, se puede utilizar empresas artificiales conformadas con personas que cumplan alguno de esos criterios de vulnerabilidad (sin la intención real de beneficiarlas), para luego conformar consorcios o uniones temporales con otras empresas con experiencia para cumplir los mínimos habilitantes. Por otro lado, se puede acudir a la acreditación de requisitos de muy fácil manipulación, como por ejemplo el de mujer cabeza de familia, para el que solo se requiere una declaración ante notario.

La concepción de la norma, buena pero ineficiente, sumada a la falta de un reglamento de mayor contundencia que el expedido en 2021, conduce a que aquellas empresas que se han consolidado durante décadas para ser contratantes idóneos por la calidad de sus propuestas (que luego se refleja en la ejecución del contrato) terminan estando en desventaja. Se incentiva así a que las empresas deban escoger entre una mutación obligada para aparentar con sus competidores el cumplimiento de esas acciones afirmativas, o simplemente quedar relegadas en un escenario que antes era de sana competencia.

Una revisión de esta situación por el actual gobierno sería una recomposición del verdadero incentivo de la política afirmativa, por ejemplo, conduciendo a que los concursos se basen en criterios objetivos técnicos en los que primen la calidad y los de desempate centrados en el emprendimiento solo se aplican a aquellos procesos donde la cuantía de la contratación (por ejemplo, procesos de selección abreviada de menos de 4.000 UVT) permita que pequeñas empresas tengan como su primer escalón para su futura expansión. Otra opción sería que los criterios de desempate centrados en las condiciones antes planteadas, solo se apliquen cuando las empresas tengan nóminas menores a 10 empleados.

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25 de noviembre, columna para La República

25 de noviembre

Escrita por: Carolina Suárez

Es 2022. Por nuestra historia como sociedad, han pasado miles y miles de hitos que nos han construido y deconstruido como individuos y como humanidad; eventos, hechos, situaciones, discusiones que han pasado, pasan día a día y seguirán pasando, y que, como especie, nos van moviendo hacia otros lugares (tal vez mejores, tal vez no).

En esta comprensión de nosotros mismos como colectivo también hemos ido entendiéndonos (no precisamente de manera pacífica) no sólo como una suma de seres vivos con determinadas características físicas, sino como una construcción compleja compuesta por personas, por individuos particulares, diferentes entre sí, pero unidos por la característica común de “ser humanos”. Una característica que no es solo nominal, sino que ha sido y sigue siendo una cuestión de debates políticos y éticos en la cual la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 ha sido referente.

Cuando dejamos de vernos como una masa y entramos a los detalles, se evidencian entre los seres humanos no sólo las diferencias, sino las desigualdades, inequidades y brechas que hay entre regiones, países, edades, géneros y razas. Es quizás también la historia misma la que nos ha llevado a que algunas de ellas existan, la construcción cultural de lo que somos como humanidad se ha dado desde una perspectiva hegemónica que ha concentrado el conocimiento, las discusiones y la toma decisiones en adultos, hombres, blancos y con acceso a la educación, por lo que el camino nos conduciría a una perspectiva adultocéntrica, patriarcal y racista.

Pero es 2022, y nos hemos movido como humanidad hacia un mejor lugar en el que tomamos conciencia de la importancia de la inclusión y de la riqueza de la diversidad (o así quisiéramos muchos que fuera). Pero en este mejor lugar las mujeres, que somos un poco más de la mitad de los seres humanos del mundo, sufrimos en mayor medida la discriminación y la violación de nuestros derechos humanos, a lo que se suma que seguimos estando subrepresentadas y con limitado o nulo acceso al liderazgo político.

Según datos de ONU Mujeres se estima que en el mundo 736 millones de ellas han sido víctimas de violencia física o sexual, 1/3 de ellas niñas menores de 15 años; en 2021 alrededor de 81.000 de ellas fueron asesinadas, en su mayoría en crímenes cometidos por parejas o familiares; durante la pandemia por covid-19 la violencia doméstica se intensificó, demostrándonos que el hogar no es precisamente el lugar más seguro para nosotras, este periodo significó además la profundización de brechas entre hombres y mujeres sobre las cuales ya se había recorrido un importante camino.

En Colombia las cifras no son muy diferentes, lo que agrava la situación en nuestro contexto es la impunidad y la lentitud del sistema de justicia y la baja independencia económica de las mujeres, hechos que desincentivan la denuncia a los perpetradores.

En Econometría hemos aportado a la comprensión del problema de manera específica desde los estudios que hemos realizado sobre la iniciativa Spotlight de Honduras y de las narrativas relacionadas con ser mujer y el proceso de reincorporación de adolescentes, y desde las evaluaciones de impacto de cuatro programas de prevención de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe e institucional de los derechos de las mujeres víctima del conflicto armado, y hemos avanzado con nuestro compromiso empresarial hacia la igualdad de género como miembros del Pacto Global de las Naciones Unidas, y dentro de él del Target Gender Equality.

El problema está reconocido, y aunque en este mejor lugar en el que estamos todavía hay personas que lo consideran exagerado e innecesario y se han incrementado los movimientos antifeministas y antiderechos (todos opinan sobre nosotras), hay voces que se levantan para exigir, ya no pedir, a gritos el respeto por nuestros derechos y libertades.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reconocido por la ONU desde 1999, que tuvo sus orígenes en el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe que se realizó en Bogotá en 1981, fecha que fue escogida por ser el día de la muerte en 1960 de las hermanas Mirabal, activistas y defensoras de derechos de las mujeres que fueron asesinadas bajo la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Este 25 de noviembre, de este 2022, en este mejor lugar, la movilización feminista en Colombia, en América Latina y en el mundo se tomó las calles y las redes para decir que “Nos queremos vivas”, que no queremos “Ni una menos”, que quisiéramos estar “Libres y sin miedo” y que en esto “No somos una, somos todas”, porque que necesitamos “Que ser mujer no nos cueste la vida”.

Y es que en este mejor lugar de la historia el gran cambio que se ha tenido en relación con la violencia contra las mujeres no es su eliminación (lamentablemente), pero al menos se ha avanzado en su reconocimiento como un problema importante que no nos atañe solo a nosotras, que no sólo es un asunto de nuestra esfera privada y del cual no somos culpables.

Por esto, este 25 de noviembre reafirma la importancia de seguir trabajando en relación con la garantía de nuestros derechos, y no sólo desde la institucionalidad y desde una perspectiva normativa y de política pública, sino de manera muy poderosa desde nuestra manera de “ser humanos”, desde nuestra forma de “ser hombres” y de “ser mujeres” y de relacionarnos con el otro, desde la toma de conciencia de nuestros silencios sociales y de la importancia de asumir posiciones como un compromiso ético frente al cambio.

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Un plan en el que el territorio es el escenario y el actor…

Un plan en el que el territorio es el escenario y el actor protagonista

Escrita por: Leonel Miranda

El pasado 15 de noviembre, el Gobierno Nacional presentó las Bases del Plan Nacional de Desarrollo para su estudio por parte del Consejo Nacional de Planeación. El documento, denominado “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022 – 2026”, contiene las directrices, apuestas y metas mediante las cuales, el gobierno pretende cumplir sus promesas y orientar las principales políticas e inversiones desde el nivel nacional.

Los planteamientos son consistentes con el discurso y las ideas expresadas desde la campaña política: paz total, cambio climático, las injusticias de distinta naturaleza, nuevas formas de productividad y democracia más profunda.

Los capítulos se organizan en cinco grandes transformaciones y siete actores diferenciales (jóvenes, mujeres, población LGBT, víctimas, comunidades étnicas y personas en discapacidad)
Las cinco transformaciones propuestas son:

I. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
II. Seguridad humana y justicia social

III. Derecho humano a la alimentación

IV. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática

V. Convergencia regional

Además de la estructura compuesta por grandes transformaciones y actores diferenciales, hay un énfasis fuerte en la dimensión territorial. Posiblemente, desde el Plan de Desarrollo de 1970, denominado las cuatro estrategias, que proponía la urbanización como gran eje de desarrollo nacional, no se presentaba un proyecto nacional de desarrollo con tantos retos en materia de gestión territorial y urbana.

El plan tiene grandes propósitos como ordenar el territorio en torno al agua, formalizar la tenencia y titulación de la tierra, reducir los conflictos por el uso del suelo, disminuir la segregación socioespacial en las ciudades, producir infraestructura de impacto regional, implementar modelos nuevos de manejo de parques naturales, articular más de 70 instrumentos de planeamiento y los sistemas de gestión de riesgo y de manejo ambiental, protección del suelo rural, generar infraestructura educativa, cultural y social, garantizar un mínimo vital de agua, proteger el patrimonio arqueológico y cultural, financiar y aumentar la oferta de transporte urbano y regional, conectar con infraestructura a las zonas que producen alimentos, redistribuir la propiedad de la tierra, contención de la reforestación, restauración de ecosistemas degradados, descarbonizar los sistemas de transporte público, generar barrios con áreas verdes y espacios públicos, recuperar las áreas centrales urbanas, provisión y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas.

La visión del territorio y sus principales apuestas se integran a una mirada global, compartida con numerosas agendas en temas que abarcan desde energías limpias, ciudades sostenibles, vínculos urbano rurales, regionalización, seguridad vial y resiliencia urbana.

En términos conceptuales y programáticos, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo se sintoniza con temas que tienen niveles de consenso global. Algunas investigaciones realizadas por Econometría para diagnosticar el estado de los centros urbanos del país y la evaluación de macroproyectos desarrollados por el fondo de adaptación coindicen con enfoques del documento respecto a la necesidad de desarrollar una actuación más activa y comprometida desde el nivel nacional, la adopción de instrumentos de gestión que permitan una mejor gestión de las externalidades del desarrollo urbano además de diversificar las fuentes de financiación porque las capacidades de la mayor parte de municipios son insuficientes para enfrentar desafíos contemporáneos como los que generan las migraciones o el cambio climático.

También se pueden identificar temas y programas que tienen antecedentes institucionales que merecen continuidad, como programas de modernización catastral, instrumentos para captura de valor, políticas de sostenibilidad, movilidad activa, entre otras. Las visiones y prioridades de los gobiernos pueden tener diferenciaciones, pero las lecciones aprendidas y las capacidades obtenidas son un activo que a la sociedad le conviene preservar.

La promesa que está contenida en este documento está permeada por intenciones de cambios, que tienen una base territorial en regiones, veredas, ciudades y bosques, frente a los cuales, algunas políticas y programas conllevan la revisión de paradigmas en materia de planeación y desarrollo urbano. Agenciar estos cambios en un país descentralizado y con desequilibrios territoriales conlleva ajustes que van más allá de lo normativo y que demanda considerar como mínimo los siguientes retos:

Desarrollar formas de gestión asociada que superen la supuesta tensión entre centralismo y municipalismo y reconozcan sistemas de gobernanza en distintas escalas.

Adaptación de las políticas sectoriales hacia una gestión estratégica territorial. El turismo, la cultura, la logística, la innovación, son temas sectoriales que se viabilizan solo si se concretan en el territorio.

Gestión del conocimiento tendiente a la inteligencia territorial y a la apropiación de la información por todos los actores.

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El último que ve el agua es el pez, columna para La República

El último que ve el agua es el pez

Escrita por: Claudia Peñaranda

Si el mundo empresarial, al igual que un pez en el agua, se diera cuenta de que las necesidades e intereses de los hombres y las mujeres deben ser abordados de forma distinta, lograría fortalecer y transformar positivamente su productividad y eficiencia, como lo evidencian indicadores que mundialmente miden estos aspectos. Pero, en la práctica, la mayoría de las empresas no tienen en cuenta estos aspectos de igualdad a partir de las diferencias que existen entre hombres y mujeres porque no se logran percatar de lo que estamos hablando, o porque lo subestiman. Intentemos una explicación de por qué sucede esto.

Imaginemos por un momento que hemos pasado toda la vida usando unas gafas que lo único que nos dejaban ver en el mundo eran círculos y cuadrados. Imaginemos que de repente, al darnos cuenta que toda la vida hemos usado estas gafas, nos las quitamos y empezamos a ver que en el mundo existe además una variedad de figuras geométricas que nunca habíamos visto. Imaginemos que a algunos nos da miedo este nuevo mundo de formas y preferimos seguir usando las gafas de siempre, y que, a otros, por el contrario, esta nueva manera de ver el mundo nos plantea nuevas fronteras y retos. Bueno, pues estas gafas son mi descripción muy coloquial de lo que el sociólogo científico Thomas Kuhn denominó en su momento “paradigmas” y que son en últimas nuestros sistemas de creencias.

Son nuestras creencias (nuestros paradigmas en palabras de Kuhn) las que nos permiten ver algunas situaciones como problemáticas y otras no. Pero las creencias no solo nos permiten definir algo como un problema, sino que van más allá y son las que nos permiten ver algo por primera vez. En otras palabras, nuestros sistemas de creencias nos hacen estar ciegos para algunos temas porque, literalmente, no los podemos ver.

Históricamente, nuestros sistemas de creencias cambiaron y pudimos ver que la tierra giraba alrededor del sol, o que el inconsciente existe, o que los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Pero hay temas sobre los cuales seguimos siendo ciegos, en el sentido de Kuhn. Por ejemplo, por qué a las empresas se les dificulta entender cómo desarrollar una política que tenga en cuenta que las necesidades de sus trabajadores pueden ser distintas (no mejores o peores, solo distintas) dependiendo de si son hombres o si son mujeres.

La facilidad para entender esto conduce, por ejemplo, a que según Comulative Gallup Workspace Studios, las empresas que cuentan con diversas fuerzas de trabajo a nivel mundial sean 22% más productivas, y 27% más rentables, debido a que se abordan campos relacionados con la innovación y liderazgos, la atención a nuevos mercados y la productividad, por solo mencionar algunos aspectos.

Estamos todos de acuerdo con qué hombres y mujeres son iguales, pero poco sabemos sobre cómo lograr la igualdad en el ámbito empresarial. Lo máximo que solemos hacer es contar cuántos hombres y cuántas mujeres hay en una empresa y creemos que así estamos atendiendo este aspecto. En realidad, esto no es suficiente y ni siquiera es el inicio del camino de lo que se debe y se puede hacer.

Un primer paso, sin duda, es darnos cuenta de que llevamos puestas las gafas que nos hacen creer que no hay que hacer nada adicional a lo que ya estamos haciendo porque “nosotros no discriminamos a nadie” o “todos somos iguales”, y quitárnoslas para entender que, al reconocernos en la diferencia, podríamos alcanzar, no solo una economía más rentable y lucrativa, sino también un mundo más justo y lleno de oportunidades para quienes lo habitamos. Pero un segundo paso, en términos más prácticos, nos podría conducir a la búsqueda de más y de mejor información al respecto.

Es por esto que con una iniciativa tan concreta como la que promueve Naciones Unidas en unión con otros socios corporativos, del sector público y de la sociedad civil en el espacio nacional e internacional a largo de 160 países, bajo el nombre de Pacto Global, es posible identificar y seguir prácticas empresariales que le apuesten al logro de unos principios asociados a la igualdad, a la equidad y a la inclusión que conducen a la prosperidad. Prácticas que se orientan a la atención de siete aspectos asociados al empoderamiento de las mujeres, tales como la igualdad para los cargos directivos, el respeto por los derechos humanos de todos, la atención a la salud, la seguridad y el bienestar de quienes hacen parte de las empresas, la promoción de la educación y el desarrollo profesional de las mujeres, y la evaluación y difusión de las acciones en pro de la equidad, entre otros aspectos adicionales tanto al interior de las empresas en sus prácticas empresariales, como en los entornos comunitarios donde éstas existen.

Es por esta razón que Econometría ha entrado a hacer parte del programa acelerador de género de las Naciones Unidas, que es un programa de seis meses que tiene como objetivo desafiar y apoyar a las empresas participantes del Pacto Global de las Naciones Unidas a establecer objetivos corporativos ambiciosos en torno a la igualdad de género. El tema, además, viene siendo incluido en nuestras evaluaciones desde hace ya un tiempo, intentando ver con diferentes lentes para reconocer que las intervenciones de política y programas sociales deben tener también un enfoque que reconozca las necesidades de hombres y mujeres para potenciar aún más los efectos buscados.

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Un negro nubarrón se alza en el cielo

Un negro nubarrón se alza en el cielo

Escrita por: Julián Roa

Se avecina una fuerte tormenta. En el último informe de perspectivas económicas del FMI se advierte que la economía mundial se desacelerará de manera importante en 2023. Según el informe, muchas personas vivirán el 2023 como una recesión. A pesar del tono sombrío del informe, Colombia sale relativamente bien parada en 2022. Por un lado, el crecimiento económico pronosticado para 2022 es de 7,5%, significativamente superior a 6,3% previsto en julio. Por otro lado, en 2022, la entidad proyecta una inflación de 11% para fin de año. No parece ser un mal balance.

Lo que preocupa es 2023. El FMI pronostica un crecimiento de 2,2% para 2023 y una inflación de 5,3%. Ante esto surgen una pregunta: ¿Qué tan acertado ha sido el FMI con sus pronósticos sobre Colombia? En los últimos tres años, no mucho. Por un lado, los analistas económicos (tanto el FMI como los locales), después de la pandemia, hemos subestimado en diferentes medidas el crecimiento y la inflación de la economía. Con la última información disponible es creíble que Colombia tenga un crecimiento entre 8 y 8,5% en 2022 y una inflación superior a 11% y más cercana de 12% o 13%. Ojalá que continúe este error sistemático del FMI y la economía tenga una tasa de crecimiento superiores a 3% en 2023 y que acierte en que la inflación para que caiga significativamente el próximo año.

Sin embargo, esto es pensar con el deseo. En primer lugar, la política monetaria externa continuará siendo contractiva hasta la mitad de 2023, lo que devaluará la tasa de cambio, y con ello aumentará la inflación de los bienes importados. En segundo lugar, el incremento en el precio de la gasolina tendrá un efecto en los precios del resto de la canasta.

Econometría estima que la reciente devaluación y el incremento en el precio de la gasolina podrían llevar inflación hasta niveles de 12% o 13% a fin de 2022. Finalmente, se está a la expectativa del incremento del salario mínimo. Por un lado, si el piso de la discusión es 12%, el supuesto incremento de la productividad podría justificar un punto adicional; lo cual podría llevar a un incremento de 13%. Sin embargo, el enfoque del nuevo gobierno podría justificar un incremento de 15% o superior. Así la inflación de 2023 puede terminar en un nivel de 7% u 8%, teniendo en cuenta factores como la devaluación, el alto nivel en el que terminaría en 2022, el efecto del salario mínimo y el efecto contrarrestante de las alzas en las tasas de interés.

El escenario en cuanto a crecimiento es particularmente incierto en 2023. Mientras el FMI ve la economía colombiana creciendo a 2,2%, el Banco de la República proyecta un crecimiento de 0,7%. De nuestra parte, con mucha incertidumbre, vemos la economía creciendo alrededor de 2%. Por un lado, el empuje de 2022 podría impulsar la demanda aún hasta el primer trimestre de 2023 y luego proyectamos una economía estancada en el resto del año. Sin embargo, si la crisis mundial se materializa y es más grave que lo que se espera, podríamos ver tasas de crecimiento inferiores.

Ante este escenario complejo, vale la pena preguntarse ¿qué se puede hacer para enfrentar este temporal? Lo primero es evitar las tentaciones fáciles y lo segundo es tomar acciones efectivas contra la inflación.
Dentro de las tentaciones fáciles a evitar se encuentra propuestas como los controles de capitales, la implementación de controles de precios de la canasta básica familiar, un aumento exagerado del salario mínimo, o el uso de reservas internacionales para controlar el tipo de cambio. La primera puede resultar inconveniente, pues frena de manera relevante la entrada de capitales, pues un inversionista no va a llevar su capital a un país que le restrinja recuperar su inversión cuando lo desee. La segunda también es inconveniente pues, si bien ayuda a calmar las presiones inflacionarias momentáneamente, se pueden generar problemas de escasez y una vez se quitan los controles -si es que se asume el costo político de quitarlos- la inflación repunta.

En esencia, se aplaza el problema o se generan desabastecimientos y mercados negros, como pasó en Venezuela. En lo que concierne al salario mínimo se debería ser prudente, idealmente se debería seguir la regla implícita de meta de inflación + productividad que no generaría mayores efectos adversos en el empleo ni en la inflación. Finalmente, la tasa de cambio ha sido muy volátil y durante 2023 lo será aún más, por lo que es tentador el uso de las reservas internacionales, sin embargo, se trata de un instrumento de dudosa efectividad.

Por otra parte, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, el Banco de la República debe mantener las alzas en la tasa de intervención. Ello presionaría una disminución en la inflación en 2023 y una normalización de la demanda agregada que está por encima del potencial. Adicionalmente, la inflación y los incrementos en la tasa de interés afectan de manera desproporcionada a los pobres, razón por la cual ajustar las transferencias monetarias por la inflación podría mitigar los efectos en los más vulnerables.

2023 será complejo, pero si se ataca al problema de la inflación con medidas efectivas y no con medidas inútiles a pesar de estar bien intencionadas, podremos pasar la tormenta sin mayores pérdidas.

Las opiniones expresadas en esta columna no representan la visión de Econometría Consultores ni la visión de su junta directiva.

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