Ingreso Solidario y la necesidad de reformas del Estado

Escrito por: Mauricio Olivera

Para enfrentar la pandemia, y en particular el aislamiento que frena la economía, el Gobierno está haciendo grandes esfuerzos para hacer llegar los alivios a las personas y a las empresas. Dos programas bandera centrados en las personas son la Compensación del IVA, programa que ya había sido anunciado antes de la llegada del covid-19, y el programa Ingreso Solidario.

Este último es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas (Tmnc) que busca mitigar los impactos del aislamiento a tres millones de familias que no pertenecen a Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o Compensación de IVA, y se encuentran en situación de pobreza extrema, moderada o de vulnerabilidad.

Revisando la historia, la crisis económica de 1999, la más grande que Colombia ha sufrido en la época moderna, llevó al Estado a crear la Red de Apoyo Social (RAS), y dentro de esta el programa Familias en Acción, un programa de Transferencias Monetarias Condicionadas que se inició con 300.000 familias. Después de varias evaluaciones de impacto -de hecho, Econometría fue quien primero evaluó el programa y después ha hecho varias actualizaciones- a lo largo de 19 años llegó a cubrir 2,6 millones de familias.

Esta revisión es importante porque el programa Ingreso Solidario, creado para enfrentar la crisis actual, debió implementarse en dos semanas, definiendo tres millones de familias como potenciales beneficiarios. Esto muestra un gran esfuerzo del Estado, y en particular del Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, la creación de este programa revela la necesidad de reformar el Estado, en por lo menos dos grandes líneas.

Por un lado, contar con la información suficiente para identificar a los beneficiarios de los diferentes programas, y, por otro, ser más efectivo en la entrega de los subsidios. Sobre la primera línea, para Ingreso Solidario el Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (Sisben), junto con la base de datos de hogares bancarizados, permitió identificar cerca de 1,2 millones de familias que no se encuentran en los programas sociales existentes como Familias en Acción. El Sisben existe desde 1995, y es la herramienta que permite clasificar a los hogares de acuerdo a su condición económica.

Sin embargo, ha sido necesario identificar 1,8 millones de familias más. Especialmente personas y hogares vulnerables que no se encuentran en las bases de datos, no bancarizados, pero que también están fuertemente afectados por la pandemia. Peluqueros, vendedores ambulantes, personas muy mayores, mendigos, conductores de taxi, recicladores, migrantes venezolanos, trabajadores independientes en otras actividades que no están cubiertos por los programas actuales, son algunos de los ejemplos de grupos poblacionales que es necesario identificar para que reciban las ayudas del Estado, sin olvidar la población rural.

Esto muestra que, más allá de los esfuerzos actuales, el Estado colombiano debería contar con una base de datos más sólida que permita identificar en lo posible a la totalidad de las personas en pobreza extrema, pobreza y aquellas con probabilidad alta de caer en la pobreza. Es un trabajo de mediano plazo, en el cual entidades como el DNP y el Dane, e instrumentos como el Sisben IV, son actores esenciales.

Sobre la segunda línea, los esfuerzos del Estado en las últimas décadas para reducir la pobreza han tenido resultados positivos. Una medida estándar del Banco Mundial muestra que después de la crisis de 1999 la pobreza ha bajado casi 26 puntos porcentuales. Es una reducción de cerca de 50%. Muchos hogares han salido de la pobreza y la clase media ha crecido. Ahora bien, muchos de estos hogares tienen alta probabilidad de volver a caer en la pobreza, y son más exigentes con los servicios que presta el Estado.

En términos prácticos, el tiempo entre la alocución presidencial anunciando una decisión, y el momento en que esta decisión llega finalmente a los beneficiarios, puede ser muy largo, o inclusive no ocurrir. Esto muestra otra de las debilidades del Estado colombiano. A la falta de información se suma la dificultad de la coordinación entre diferentes agencias y entidades del Estado, y la falta de una cultura y una estructura claras de servicio al ciudadano.

No es un tema menor. Desafortunadamente los colombianos confiamos poco en las acciones del Estado, y gran parte de esta desconfianza nace de la falta de un buen servicio del Estado. Mientras en el sector privado se ven grandes esfuerzos por reforzar la cultura de servicio al cliente, en el Estado la cultura es casi inexistente. Las solicitudes se demoran, los procesos se pierden entre diferentes áreas, y las expectativas no se cumplen.

Las Pqrs no se responden a tiempo, o se responden sin claridad, e inclusive fue necesario llegar a la creación de las tutelas, que ponen en riesgo la libertad de los funcionarios públicos, buscando que las solicitudes y los derechos de los ciudadanos se cumplan.

El camino debería ser diferente. Al interior del Estado debe crearse una cultura de servicio en donde el ciudadano es el centro. Y para soportar la cultura, es necesario crear también la infraestructura y los procesos. Es una gran reforma, en donde entidades como la Función Pública y el mismo Departamento Nacional de Planeación son actores claves.

Tal y como Econometría escribió en columnas pasadas, la crisis generada por el covid-19 está dejando en evidencia muchos de los retos estructurales que enfrenta el país, y puede ser una oportunidad para sentar a todos los actores a diseñar e implementar las grandes reformas y salir fortalecidos de esta crisis.

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Toda crisis genera reforma, columna de Econometría

Escrito por: Mauricio Olivera

Estamos en la mitad de la pandemia, aun pensando cuánto durará y cómo enfrentarla, casi que sobreviviendo. Sin embargo, es necesario pensar en el futuro. Una de las lecciones que está dejando este inesperado choque es la necesidad de cambiar muchas cosas, en la vida personal, en la vida laboral y en el funcionamiento del Estado.

De hecho, un sicólogo y matemático, Daniel Kahneman, fue galardonado en 2002 con el Premio Nobel de Economía en parte por añadir a la teoría económica del comportamiento la premisa que dice que toda crisis genera reforma. Demostró que es más fácil cambiar el statu quo en tiempos de crisis que en tiempos normales. En crisis los afectados buscan cualquier cambio para salir de ella, lo que facilita las reformas, mientras que en tiempos normales hay una “zona de confort” en la cual no es necesario cambiar el statu quo, así éste conviva con problemas estructurales (como la desigualdad en Colombia).

En este momento estamos enfrentando una crisis inesperada y sin precedentes. Es una crisis de oferta, en la cual las economías del mundo están detenidas, y las políticas monetaria y fiscal tradicionales no son suficientes para enfrentarla. Además, la crisis puede tener un enorme impacto.

Después de ocho días de aislamiento, entre el 23 y el 31 de marzo, el desempleo aumentó de 10,8% a 12,6% comparado con el mismo mes del año anterior. Es decir, se sumaron 287.000 desempleados más. Pero las personas que pasaron a no buscar empleo son alrededor de 1.500.000. El efecto puede ser mayor.

Es también sin precedentes porque nos afecta a todos. A las personas y las empresas, los trabajadores y los empleadores, las empresas micro, pequeñas y medianas, y también las grandes, el sector urbano y el sector rural, los ricos y los pobres, los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo, los trabajadores formales y los informales, los sindicalizados y los no sindicalizados, y las finanzas del Gobierno.

Regresar a la normalidad anterior va a ser difícil y va a tomar mucho tiempo, sobre todo si no se hacen los cambios. Siguiendo con el ejemplo del mercado laboral, si no se hace una revisión profunda del mercado laboral tal y como existe, y de la normatividad que lo regula, la recuperación puede ser más lenta y más costosa. El tránsito hacia la formalidad va a ser más duro si la legislación de formalidad es para aquellos que trabajan de 8 a 6 y cotizan mensualmente a la seguridad social con un ingreso estable.

Mirando hacia el futuro, la crisis también puede verse como una oportunidad para realizar grandes reformas. Siguiendo la teoría de Kahneman, estamos todos afectados y es la oportunidad para sentarnos a pensar en los cambios necesarios para salir fortalecidos, y esto implica reformar. Esta columna cita por lo menos dos reformas -la eficiencia del estado y la laboral.

Sobre la primera, uno de los problemas estructurales que sufre Colombia es la baja credibilidad que tenemos los colombianos en nuestras instituciones. Aunque la tasa de pobreza ha disminuido, y la clase media ha crecido, muchas personas se encuentran en vulnerabilidad con alta posibilidad de regresar a la pobreza, lo que las hace más exigentes por respuestas efectivas del Estado.

Si no resolvemos este problema, cada vez estaremos más descontentos y el Estado seguirá debilitándose, en perjuicio de todos. Los programas de alivio durante el aislamiento han puesto a prueba esta eficiencia, y es claro que debe mejorarse. Esto pasa por uno de los males que más afecta a Colombia, la corrupción, que necesita una gran revisión de la probabilidad de ser castigado de manera efectiva por este flagelo, es decir, una reforma a la justicia, pasando por el sistema carcelario.

Pero también implica una gran reforma del Estado, exigiendo mayor eficiencia en el desempeño de las entidades públicas, por ejemplo, asignando el presupuesto basándose en indicadores de desempeño y en la satisfacción del ciudadano. Aquí el papel de la Función Pública es esencial. Y será necesario hablar con los sindicatos del sector público, los contratistas, y el Congreso, entre muchos otros actores.

Sobre la reforma laboral, inclusive antes de la llegada de la pandemia ya era claro que el mercado laboral está cambiando a pasos agigantados. El contrato laboral está cambiando, el emprendimiento y la independencia son cada vez más importantes, y la rigidez de la legislación laboral, con buenas intenciones, termina excluyendo a muchos trabajadores, dejándolos en la informalidad.

La mayoría de personas ya no trabajan todo el mes en una oficina, ni con un ingreso estable; trabajan por días o por horas, y sus ingresos son volátiles y dependen del esfuerzo. Por eso es necesario adaptar la normatividad a la realidad laboral, buscando cubrir a más personas con la seguridad social. Y esto significa una gran reforma.

Adicionalmente, está la formación para el trabajo. Recordemos que la baja productividad, especialmente la laboral, es uno de los grandes retos de América Latina. Es necesario revisar qué tipo de educación y formación están recibiendo los jóvenes para contribuir al aparato productivo. Esta reforma podría crear un círculo virtuoso: técnicos o tecnólogos más productivos y con formación más pertinente, generando crecimiento en las empresas, lo que aumentaría su demanda y sus salarios, y la economía crecería.

La crisis afecta a todos los trabajadores y todas las empresas. De acuerdo con datos de Planeación Nacional, de 23 millones de trabajadores, por lo menos 15 se verán afectados, tanto en el sector formal como en el sector informal. Este choque puede ser la oportunidad para que todos, trabajadores, sindicatos, desempleados, empresarios y gobierno, formales e informales, abran el espacio para discutir la reforma de un mercado laboral más incluyente y productivo. Otro actor importante es el Sena, y obviamente la participación de sus sindicatos.

Muchas otras reformas pueden ser necesarias para salir de esta pandemia. Por ejemplo, la agrícola, pensando en la seguridad alimentaria como objetivo, y la pensional, para no seguir poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Varias reformas son necesarias para salir fortalecidos de esta crisis.

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Actitud positiva frente al coronavirus

Escrito por: Benjamín Venegas

Como cualquier otro problema de la vida, parte de la solución ante la difícil situación que atraviesa nuestro país con motivo de la pandemia del covid-19 pasa por adoptar una actitud positiva. Y aunque resulte curioso, un planteamiento tan simple logre ser un motor de cambio que permite no solo afrontar la situación de corto plazo sino también de largo plazo. En una concepción amplia del término, una actitud implica tres elementos fundamentales: conocimientos, sentimientos y comportamientos (conocido como modelo tripartito), todos ellos enmarcados dentro de la interacción con un entorno. Cada uno de los elementos está interrelacionado con los otros de tal manera que permean en últimas las acciones.

Basta con ver las noticias recientes de cómo algunas personas no respetan las medidas que restringen la movilidad o los casos en los cuales se ataca a los héroes de la salud que están enfrentando la situación de primera mano. Incluso se ha llegado al extremo de atacar a las autoridades que se encuentran realizando acciones en pro de mantener el aislamiento. Precisamente, parte de la explicación a estos comportamientos pasa por ser consientes del efecto que tiene la difusión de la información. En la medida que los medios de comunicación, autoridades, familiares y amigos sean responsables sobre el manejo de los contenidos, se va a generar por tanto en la población sentimientos acordes con dicha información. Miedo, desesperanza, pesimismo pueden ser algunos de los sentimientos que se pueden generar frente a contenidos alarmistas que en ocasiones suelen ser parcialmente falsos o parcialmente correctos sobre la situación del covid-19.

Además, en su relación con el entorno, los comportamientos que tengan otros miembros de la sociedad, sobre todo las autoridades, pueden generar sentimientos negativos. Por ejemplo, las noticias relacionadas presuntos usos inadecuados de los recursos públicos, que se presumen como ciertos antes de ser probados, pueden generar desesperanza en la población, aunque luego no haya condenas o se castigue ejemplarmente a los culpables. La última encuesta de Invamer muestra que hoy en día las personas consideran como el principal problema a la corrupción.

Son precisamente estos sentimientos negativos los que pueden entonces generar comportamientos que no aportan en la solución del problema.

Una encuesta reciente desarrollada por Cifras y Conceptos muestra que 64% de los encuestados expresan sentir incertidumbre, 43% miedo, 26% tristeza y 8% ira. Esto lleva a pensar que el gobierno debe propender por desarrollar acciones que ayuden a mitigar estos sentimientos negativos.

Hoy en día parece haber un consenso en cuanto a que la solución a la difícil situación del covid-19 pasa por adoptar soluciones no convencionales. Pensarse en términos de generar actitudes positivas puede ser una de estas respuestas heterodoxas. Generar todas las posibles medidas que aporten a la divulgación de la información de una manera clara, veraz y concisa, así como políticas públicas para desarrollar espacios de reflexión y concientización sobre comportamientos no deseados debe ser una prioridad del gobierno. Por supuesto, esto pasa por generar la tranquilidad si se hace evidente que en materia económica y de salud pública se están generando todos los mecanismos para asegurar un menor impacto en el corto y largo plazo. Sin embargo, no debe restringirse únicamente a estos aspectos sino también en todos aquellos que afectan a la población más vulnerable como es la educación y la salud. Las acciones de las autoridades pueden acentuar o no las actitudes que tiene la población sobre ellos y sobre otros grupos poblacionales. No en vano en la encuesta de Cifras y Conceptos cerca de 40% de los encuestados no evalúan de forma favorable las acciones emprendidas por el gobierno central para enfrentar la pandemia del covid-19. Estos resultados contrastan con el 18% de los encuestados que considera la labor de la alcaldesa de Bogotá como desfavorable (resultados corroborados en la encuesta de Invamer).

Frente a otros grupos poblacionales, es claro que, en el contexto de la política de aislamiento por motivo de la pandemia, se ha evidenciado un rechazo mayor sobre la población venezolana. Si antes de la emergencia la mayoría de la población tenía reparos sobre la presencia de venezolanos en nuestro país, ahora dicha actitud se acentuó. Además, también se está gestando una actitud de rechazo frente a los ciudadanos Chinos por ser el país originario de la pandemia.

Como se ha mencionado en otros contextos, esta es una oportunidad de oro para generar cambios no solo en términos laborales, educativos o económicos, también se trata de repensarse como sociedad. Adoptar una actitud positiva implica ser agentes activos de cambios en los tres elementos mencionados. Implica ser responsables sobre la información que se adquiere y se comparte, implica repensar los sentimientos y comportamientos frente a la población en general, frente a los grupos específicos como los profesionales de la salud, población vulnerable, extranjeros, entre otros. Además, y considerando el efecto del entorno, implica por parte de las autoridades asumir actitudes adecuadas que generen confianza sobre en la población. Como resultado, se podrán generar las condiciones para el trabajo en equipo que permita superar la situación actual y la reactivación futura, generarán las condiciones de respaldo a las políticas de gobierno y en general cimentarán mayores apoyos a todos los actores que cada día le hace frente a la pandemia.

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Las medidas extremas para tiempos extremos

Elaborado por: Julián Roa Rozo

Hoy es claro que el coronavirus no solo es una pandemia viral sino también económica. El FMI espera un decrecimiento de 3% en el PIB mundial. En cuanto a Colombia, el FMI pronostica un crecimiento del PIB de -2,4%, una inflación de 3,2% a fin de año, una tasa de desempleo del 12,2% y un déficit en cuenta corriente de -4,6%.

Por parte de Econometría Consultores, se espera una caída en el crecimiento económico entre -2,5% y 3,9%, un déficit en cuenta corriente de -5,5%. Respecto a los otros indicadores no hay discrepancias importantes pues se espera una inflación de 3,5% a fin de año y una tasa de desempleo de al menos 12,6%. Colombia está más cerca de la crisis de 1998 que de la crisis del 2008.

En el mundo, la respuesta convencional en política monetaria ha sido la reducción de tasas de interés y la ampliación del quantitative easing, expandiendo la oferta de dinero mediante la compra de activos financieros. Por su parte, la Reserva Federal ha permitido operaciones swap para otros bancos centrales proveyendo así dólares a las economías emergentes con el fin de evitar devaluaciones aún más pronunciadas asociadas a la incertidumbre generada por el coronavirus.

Si bien estas medidas son útiles, son insuficientes. En particular, los canales normales de transmisión de la política monetaria se bloquean en tiempos de cuarentena y de incertidumbre. El mayor nivel de riesgo hace que los bancos comerciales otorguen menos créditos que en situaciones normales. Lo anterior hace que la política monetaria sea menos efectiva.

Es por esto mismo que el Banco de la República ha bajado incluso el encaje bancario, para proveer más liquidez a la economía. En estos momentos, la efectividad de la política monetaria estaría dada por sus efectos en el endeudamiento de los gobiernos, los cuáles podrían acceder a recursos de los bancos centrales a un menor costo.

Por lo anterior, se han dado respuestas fiscales extremas. Las respuestas en los países desarrollados han sido de aproximadamente un 7% del PIB, mientras que, en los países latinoamericanos, esta respuesta es cercana al 3% del PIB, en promedio. Hay una serie de políticas fiscales y monetarias que podría ser de utilidad en esta coyuntura: subsidios a la nómina; garantías para endeudamiento; transferencias monetarias a los hogares; y lo que se ha denominado el dinero helicóptero.

Respecto a la primera medida, la propuesta de Botero y Lora consiste en subsidiar totalmente el primer salario mínimo de todos los trabajadores de sectores inhabilitados por el aislamiento obligatorio, por la duración de este mismo, siempre y cuando mantengan el empleo. La forma de financiación de este gasto por parte del gobierno colombiana requeriría el uso de liquidez por parte del Banco de la República. Esta medida, sin embargo, solo es útil para los trabajadores formales pues es sobre ellos que se puede hacer vigilancia de si continuaron trabajando o no, mediante PILA.

Otra medida alternativa que ha planteado el Gobierno es el cubrimiento por parte del Fondo Nacional de Garantías de los préstamos empresariales para pago de nómina, lo cual ayuda a las que no tienen la solvencia, pero les difiere el problema.

Las medidas anteriores son útiles, pero solo afectan a la población formal, lo que hace necesario pensar en los informales. En este aspecto, el gobierno colombiano mediante el programa de Ingreso Solidario está entregando $160.000 a tres millones de hogares pobres y vulnerables colombianos.

Sin embargo, se requieren acciones para toda la población, particularmente para los informales no pobres, quienes están altamente afectados, pero no son parte del programa de Ingreso Solidario. En este sentido, Econometría plantea una transferencia de $120.000 para el resto de los hogares (aproximadamente 10 millones de hogares, según el censo de 2018) lo que implicaría un gasto adicional del 0,1% del PIB de 2019 (una sola transferencia). Algo factible.

El dinero helicóptero es el nombre que se le da a la financiación del gasto público mediante emisión de dinero por parte del banco central. Vale la pena recordar que el precio del petróleo hoy se encuentra a niveles de US$25 por barril (aunque puede subir por los acuerdos recientes de la OPEP, pero difícilmente supere los US$35 por barril) y que el gasto gubernamental de 2020 se planeó con US$60 por barril, razón por la cual el gobierno colombiano cuenta con una seria restricción en sus ingresos.

En vez de que el gobierno financie el incremento del déficit fiscal con una reforma tributaria, el Banco de la República podría financiar parte de los recursos del gobierno durante esta coyuntura, de forma que no sea necesaria una reforma tributaria.

Sin embargo, el dinero helicóptero podría genera un riesgo de mayor inflación, aunque esto no parece ser un problema para Colombia, pues se trataría de algo temporal que no afectaría las expectativas de los agentes económicos y al estar en recesión se esperarían presiones deflacionarias. Finalmente, el Banco de la Republica ha demostrado ser una entidad lo suficientemente independiente como para que este tipo de medidas no comprometan su credibilidad en el futuro.

Ahora bien, antes de llegar a esta medida de dinero helicóptero se hace necesario, desde lo monetario, agotar otras medidas. En estos momentos la tasa de interés es relativamente alta y se podría disminuir de forma importante, a un terreno de 2-2,5% a fin de 2020, o incluso más en caso de ser necesario.

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Cadena alimentaria: base para una nueva apuesta de desarrollo

Elaborado por: Arturo García, Nury Bejarano y Jimena Iguavita

La urgencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, no debe impedirnos ir pensando en el futuro. La atención hospitalaria es como una carrera de 100 metros; la reconstrucción social y económica será una maratón. Anticipar los escenarios que enfrentaremos, nos permitirá identificar oportunidades a trabajar y no ser simples espectadores al vaivén de los acontecimientos. En este contexto, la apuesta por la cadena alimentaria es la mejor alternativa del país para salir de la crisis actual y para sentar las bases de una nueva estrategia de desarrollo.

En este momento la prioridad es salvar vidas. Por ello, el énfasis es la salud, que debe tener todo el respaldo de la sociedad. En las ciudades grandes y medianas, donde están los focos de la pandemia, se apuesta por aplanar la curva de contagios para no saturar la capacidad de manejo sanitario, mientras se amplía. El distanciamiento físico, expresado en la cuarentena, a corto plazo es prácticamente la única opción; no obstante, tienen un gran costo económico al implicar el freno de la mayoría de las actividades económicas.

En las zonas rurales la cosa es bien distinta. No es el foco de la pandemia y prácticamente por definición se da el distanciamiento físico. Sin embargo, en caso de verse afectado no existen posibilidades de atención hospitalaria especializada. Esta situación explica lo que las comunidades están haciendo por iniciativa propia: el aislamiento. Las juntas de acción comunal están estableciendo controles de circulación. Los gobiernos nacionales y locales deben apoyar esta medida, centrando el control en el transporte que sería lo único que debe circular. Preservar las zonas rurales es fundamental para la seguridad alimentaria y para lo que será la reconstrucción de la economía.

En el momento actual, la dinámica económica se ha limitado básicamente a cinco sectores: salud, servicios públicos, bancos, logística (transporte y comunicaciones) y la cadena alimenticia, que incluye la producción básica agropecuaria, las industrias procesadoras de alimentos y las redes de distribución, que van desde las grandes cadenas de supermercados hasta las pequeñas tiendas de barrio.

Por su parte, el Estado está haciendo transferencias a la población vulnerable para garantizar un ingreso básico, que les permita al menos su seguridad alimentaria y hacer viable la cuarentena. No hacerlo conllevaría un gran estallido social y perder lo que pueda haberse logrado con las medidas preventivas, cayendo en el riesgo de rebrotes de la pandemia con costos en salud y económicos aún mayores. Recordemos que la gripa española duró dos años y tuvo tres rebrotes.

Mientras no exista vacuna (expertos estiman puede tomar un año), no se tendrán las condiciones para una recuperación plena. De todas formas, es necesario ir pensando en el futuro. El retorno a la “normalidad” será gradual por la enorme pérdida de activos, que no permitirán una recuperación inmediata de los ingresos. En este escenario, debemos identificar las oportunidades económicas que puedan volverse motores de la economía, lo cual pasa por valorar lo que se tiene en medio de la crisis e identificar las posibilidades futuras.

La provisión de alimentos ha sido una prioridad en la actual emergencia. Es una actividad que se ha visto afectada, pero sigue funcionando. Este será el punto de partida, en especial cuando existen riesgos de seguridad alimentaria, como ya lo anunció la FAO. Los flujos de comercio internacional se han visto seriamente afectados y los países exportadores de alimentos están reteniendo sus producciones como una forma de garantizar su propia seguridad alimentaria en un escenario incierto.

Por otro lado, esta coyuntura da la posibilidad de repensar el país. Vale la pena identificar las actividades en las que podríamos llegar a ser competitivo. En muchos aspectos, Colombia es deficiente en comparación con los demás países, incluso comparándonos con la región. La mano de obra no tiene altos niveles de educación, ni es barata. En ciencia y tecnología tenemos una muy baja inversión. La disponibilidad de capital es limitada y en muchos sectores dependemos de la inversión extranjera. Sin embargo, Colombia si tiene una ventaja comparativa en cuanto a la dotación de tierra y agua, que por la variada topografía del país se refleja en una gran biodiversidad.

También debe hacerse explícito que Colombia no es un país petrolero, si se le compara internacionalmente en término de las reservas disponibles; sin embargo, nuestras cuentas fiscales dependen demasiado de los recursos que allí se generan. La pandemia llevó a la caída de la demanda de petróleo y el desplome de su precio. Esta situación pone al descubierto las débiles bases del crecimiento del país, que necesitan replantearse.

En este contexto, la apuesta por la cadena alimentaria, que no se ha frenado y donde tenemos ventajas comparativas, favorecida por la devaluación y la escasez de alimentos a nivel mundial, es estratégica. Si el país asume esta opción, debería hacerlo seriamente con una perspectiva de mediano y largo plazo; no como una respuesta a la coyuntura de la crisis.

Hacerlo implica una apuesta de tipo estructural que conllevaría: Primero, el desarrollo de producciones competitivas. No se debe depender del peso devaluado, porque en el futuro se dará una corrección. Esto implica un gran énfasis en la provisión de bienes públicos donde aspectos como la asistencia técnica de calidad, las vías terciarias, la adecuación de tierras y el acceso a crédito, son fundamentales. Esta apuesta debe tener la imperiosa perspectiva de exportar.

Segundo, en el proceso debemos conservar el agua y los recursos naturales, si queremos que la apuesta sea de largo plazo y sostenible, con mayor razón en un escenario de cambio climático. Acá hay una oportunidad que se debe aprovechar. Colombia ha avanzado en los procesos de ordenamiento territorial. Iniciativas como el catastro multipropósito y los planes de ordenamiento de los principales productos, que viene trabajando la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, son la base para ese desarrollo agropecuario competitivo que se podría lograr. En este marco, la tierra rural no es para engordar capitales, es para ponerla a producir invirtiendo.

Tercero, la inclusión social es un tema pendiente. La inequidad en Colombia es inaceptable y debe ser tenida en cuenta en cualquier apuesta que se haga. Pero no debe darse en un marco de un ejercicio de suma cero, donde darle a los pobres pasa por quitarle a los ricos. Más viable desde una perspectiva de economía política es propiciar una mayor generación de riqueza, donde la población pobre pueda mejorar en términos absolutos y relativos. Esto es factible por las enormes brechas de productividad que se dan en la gran mayoría de los productos agropecuarios, según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria.

En este proceso no se debe caer en la dualidad de contraponer un sector contra otro; se debe trabajar con el conjunto de la cadena incluyendo las actividades agropecuarias, agroindustriales y comerciales, teniendo una perspectiva clara hacia un desarrollo competitivo que sea una fuente de generación de riqueza y genere inclusión. Aumentos significativos de productividad deben permitir acuerdos entre actores donde todos deben ganar.

Tampoco debe haber dualismos entre grandes y pequeños. Se debe apoyar a todos, sin olvidar que la inclusión es un objetivo central. En el proceso se deben contemplar programas especiales con las asociaciones de productores, las pequeñas industrias procesadoras y las redes de las tiendas de barrio.

En la actual emergencia debemos proteger al campo; es la base de la seguridad alimentaria y será la base de la recuperación económica. En el camino debemos hacer los ajustes de política para que la actividad agropecuaria y agroindustrial tomen el liderazgo del desarrollo, como lo propuso la Misión Rural. Paralelamente se debe apostar por la recuperación de la actividad petrolera, porque esta será una fuente fundamental para la financiación de esta nueva estrategia de desarrollo.

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Reflexiones sobre el coronavirus y sus efectos económicos

Por: Mauricio Olivera

Esta columna se escribe el noveno día de aislamiento. Aunque hay un poco más de claridad, los hechos están cambiando de manera vertiginosa, y tal vez las mayores claridades que existen hoy son que el tiempo de aislamiento puede ser mayor y que los efectos económicos pueden ser enormes. Mañana los hechos pueden ser diferentes. Esta columna quiere aportar con tres reflexiones un poco más estructurales.

En primer lugar, la coyuntura proviene de hechos inesperados e inciertos y el mundo está aprendiendo. Y de esta realidad surge la primera reflexión: como lo afirma la teoría del comportamiento los hombres no somos tan racionales como creemos que somos. Existe el sesgo retrospectivo, o como dice el dicho, “cinco minutos después todos somos más inteligentes”. Los gobernantes del mundo están tomando sobre la marcha decisiones frente a un hecho inesperado, desconocido, y cuya evolución es incierta. Técnicamente, están tomando decisiones con información incompleta. Y, cinco minutos después, la sociedad juzga, afirmando, por ejemplo, que las decisiones debieron tomarse con mayor anticipación.

Este sesgo es complejo porque, debido a la pérdida de confianza en las decisiones, puede debilitar, más que a los gobernantes y los gobiernos, la institucionalidad y la democracia. Una aproximación para analizar las decisiones del Gobierno colombiano respecto al aislamiento es la comparación internacional, y muestra que las decisiones se han tomado de manera adecuada. Frente a comportamientos erráticos de los presidentes de Brasil, México y Estados Unidos, e inclusive frente a la tardanza en las decisiones de algunos gobiernos europeos, el Gobierno ha actuado en la dirección correcta. Aunque la descentralización define tres diferentes niveles de gobierno, y al inicio se dieron discusiones fuertes principalmente entre los alcaldes y el Presidente, se observa cada vez más alineación y llegada a consensos. La exigencia que la sociedad debería hacer a los gobernantes es aún más coordinación e información transparente. Y la exigencia que los gobernantes deberían hacerle a la sociedad es de apoyo, entendiendo que están tomando decisiones sobre la marcha en una situación incierta.

Una segunda reflexión es sobre la actuación de las entidades públicas y de los organismos de control, en esta pandemia. Basado en el artículo 215 de la Constitución, el presidente Duque tomó la decisión de declarar el estado de emergencia. Bajo este estado, el ejecutivo puede dictar decretos con fuerza de ley, que de todas maneras serán revisados por el Congreso y por la Corte Constitucional. Tal como lo dice la motivación del Decreto 444 de 2020, dentro del marco de la emergencia económica es necesario contar con recursos adicionales a los disponibles, y poderlos ejecutar de forma ágil e inmediata. También realizar traslados, distribuciones, modificaciones y desagregaciones del Presupuesto General de la Nación. Creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), con recursos proveniente del ahorro de las regalías y del Fonpet. Aunque esto generó polémica, especialmente el uso del ahorro de las pensiones territoriales, detrás de esta decisión existe una línea clara: antes de aumentar el endeudamiento público frente a esta situación incierta en su duración y en su magnitud, es mejor utilizar recursos ahorrados, obviamente respetando ciertos límites. Esto ayuda a preservar uno de los activos más importantes del país, que, como no ha estado en crisis continua, tal vez excepto la crisis de 1999, muchos colombianos no lo valoramos lo suficiente: la estabilidad macroeconómica. Frente a choques extremos, medidas extremas, pero con la prudencia que dicta la estabilidad macroeconómica. Bajo esta visión la decisión es correcta. Adicionalmente, frente a estas actuaciones debería darse un lineamiento más claro por parte de los organismos de control. Así las grandes directrices estén dadas, los funcionarios públicos deben estar blindados, obviamente sin sobrepasar los límites, frente a evaluaciones ex-post. Va a ser muy fácil para un organismo de control decir posteriormente algo así como: se ha debido hacer esto o aquello, no se ha debido optar por esta opción, etc. Los organismos de control deben bajar en estos momentos de urgencia el “síndrome de las ías” que tanto paraliza a los funcionarios en épocas normales. Obviamente, si hay corrupción, hay que castigarla, pero se debe ser claro en separar casos en los que hubo dolo de los que no.

Finalmente, en esta coyuntura incierta, el Gobierno ha tomado las medidas de apoyo adecuadas. La política pública debe enfocarse en los más vulnerables. Existen actores vulnerables estructuralmente, como las personas que están debajo de la línea de pobreza, pero también puede haber actores vulnerables dependiendo de las circunstancias. El coronavirus es un choque exógeno, inesperado, y afecta a todos por igual. A todas las personas, a las empresas, pequeñas, medianas y grandes, al sector salud, sin ninguna distinción. Aunque muchas personas, pueden juzgar como incorrecta la ayuda a las empresas, entender que este choque es generalizado ayuda a comprender que se hace necesario que todos los sectores sean apoyados. Además, si uno de los objetivos es mantener el empleo, la carga no puede dejarse solo en manos de las empresas privadas. Es en este momento en el cual las políticas fiscal y monetaria deben apoyar a todos los actores de la economía. Adicionalmente, en la medida en que se va a generar un gran gasto fiscal, que eventualmente generará la necesidad de una reforma tributaria, esta será mejor aceptada por toda la sociedad si todos, las personas y las empresas, reciben apoyo en esta pandemia, obviamente con las debidas prioridades. El Gobierno ya actuó en este sentido capitalizando el Fondo Nacional de Garantías.

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El coronavirus ataca el pulmón de la economía colombiana

Por: Econometría Consultores

La pandemia del Covid-29 está produciendo una gran incertidumbre y fuertes choques económicos cuyos efectos aún son difíciles de cuantificar. El coronavirus empezó afectando más la oferta que la demanda. Para contener la transmisión del virus, China, Italia, Francia y España han tomado medidas de cuarentena que han llevado a un freno súbito de la producción. El cierre de fronteras está afectando el comercio internacional. Frente a choques de oferta las políticas fiscales y monetarias convencionales no son suficientes.

La demanda también se ha afectado. Las políticas de contención del virus frenan el gasto de los hogares. Además, el pánico, la incertidumbre y la sensación de pesimismo pueden generar una profecía auto-cumplida. Lo más probable es que se llegue a una recesión mundial.

A este fenómeno mundial se suma para Colombia el efecto de la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, que ha hecho que el precio haya caído a niveles por debajo de los US$30 por barril. Este es un choque importante en términos porcentuales, muy similar al vivido a finales de 2014 e inicios de 2015, cuando el precio cayó en unos pocos meses de US$110 a US$50 por barril. Además, el coronavirus hace poco factible un repunte de este precio por factores de demanda.

En Colombia hasta ahora el mayor efecto ha sido una fuerte devaluación de la moneda, rompiendo techos históricos. No obstante, esta devaluación no implicará un aumento en el valor de las exportaciones, pues cayó el precio del principal producto de exportación y la demanda externa también está cayendo. Frente a estos choques a la economía colombiana surge la pregunta de cómo responder.

En el corto plazo las políticas deben estar concentradas en contener la propagación del virus y los efectos negativos de estas medidas. Acciones de política pública que se han tomado en estos días como el cierre de fronteras, evitar reuniones de más de 50 personas, entre otras, resultan efectivas para aplanar la curva de contagios mediante el distanciamiento social. Si bien el costo económico de estas es alto, desde el punto de vista de política pública son la mejor alternativa que se ha encontrado para disminuir los contagios.

Estas medidas son socialmente costosas. Es por ello que la política fiscal de alivios anunciada por el presidente Duque el día miércoles está dirigida a disminuir los costos para la población, especialmente la más vulnerable. Por ejemplo, continuar las transferencias de Familias en Acción e implementar la devolución del IVA ayuda a la población vulnerable en estos momentos.

Adicionalmente, destinar recursos al sector salud es esencial. Aunque ya se abrió el debate político sobre estas medidas, pueden tener un costo fiscal alto y están bien encaminadas. Además, la declaración de estado de emergencia podría permitir llevar a cabo medidas más.

Desde la academia, Jordi Gali ha propuesto algo incluso más osado que consiste en que los bancos centrales hagan emisión monetaria no reembolsable para el financiamiento del creciente gasto fiscal, de forma temporal. En otros países, como Francia, ya se congelaron los cobros de los servicios públicos, lo que es una reducción importante de los ingresos fiscales. Este tipo de medidas deberían formar parte del arsenal del gobierno colombiano.

En el marco de la política monetaria una tasa de cambio tan alta hace más vulnerable al país. La devaluación pronunciada de la moneda en estos momentos puede ser compleja e indeseable. Aunque el Banco de la República ha tomado acciones encaminadas a aumentar la liquidez en pesos mediante la ampliación de los plazos de las operaciones de liquidez y también ha aumentado la liquidez en dólares mediante el uso de subastas, podría contemplar la posibilidad de usar las reservas internacionales para contener la tasa de cambio, no solo para brindar liquidez.

Las anteriores políticas están pensadas para la etapa de contención del coronavirus. Sin embargo, las medidas de distanciamiento social disminuyen el crecimiento económico y minan la confianza de los inversionistas, lo que dificulta la recuperación económica una vez se haya superado esta fase. Es por ello que luego que se controle el virus se deberá contar con políticas fiscales y monetarias que permitan una recuperación veloz de la economía. Esto significaría una revisión de la regla fiscal. Para la Unión Europea, varios analistas europeos han afirmado que los límites de gasto son insuficientes.

En resumen, para 2020 es necesario relajar tanto la política fiscal como monetaria con el fin de hacer frente al choque del coronavirus y las medidas de aislamiento social. Luego, se hará necesaria un política fiscal y monetaria activa con el fin de acelerar el crecimiento económico una vez se haya superado el coronavirus. Este conjunto de medidas puede resultar extremo, sin embargo, la situación que se enfrenta no es normal y no se soluciona con las medidas convencionales. Son medidas extremas para tiempos extremos.

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Avances y desafíos de la prevención del embarazo…

Escrito por: Carolina Murgueitio

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo temprano es aquel que se da durante la adolescencia, que es el período de crecimiento y desarrollo humano después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Según esta misma organización, alrededor de 16 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medios. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo, y los hijos de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años.

Más allá de una situación en que las mujeres adolescentes tienen derecho a vivir su sexualidad de manera responsable y que existen connotaciones sociológicas en las que una chica no está preparada para hacerse cargo de un hijo o hija, según lo establece Save the Children, el embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y económicas negativas, ya que muchas adolescentes que se convierten en madres se ven obligadas a dejar de estudiar.

Una adolescente con escasa o ninguna educación tiene menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo y ello puede generar un costo económico para el país, debido a que se dejan de percibir ingresos anuales que una mujer joven hubiera ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo temprano.

Es decir, el fenómeno es materia de atención de políticas públicas porque también se ha demostrado que es un vehículo para perpetuar la pobreza de generación en generación. En efecto, a escala mundial el embarazo temprano es reconocido como uno de los principales obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Colombia no es ajena a la problemática; en 2015 en la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en países de desarrollo, según datos del Banco Mundial, ocupaba el décimo puesto entre 30 países por debajo de Chile y Perú y muy por encima de México o Argentina. Si bien nuestro país ha tenido avances en la prevención y aunque se tienen indicadores esperanzadores, ya que se ha identificado una tendencia decreciente en las tasas de fecundidad en el grupo de mujeres de 15 a 19 años, según Profamilia, existe una gran preocupación pues en el grupo de niñas de 10 a 14 años el fenómeno ha venido aumentando.

Recientemente, las Universidades de Los Andes y del Rosario publicaron el libro “Embarazo temprano, Evidencia de la Investigación en Colombia”, edición académica de las profesoras, ambas doctoras (PhD) Carmen Elisa Flórez y Elvia Vargas Trujillo con la colaboración del también doctor en economía Darwin Cortés y la psicóloga María Carolina Ibarra (http:// dx.doi.org/10.30778/2019.20). El libro es una muy completa recopilación de evidencia y análisis de la problemática en el país desde diferentes dimensiones y disciplinas y en el mismo se presentan de manera soportada y sustentada las tendencias del fenómeno en el país en las últimas dos décadas, la evidencia disponible para prevenirlo y los principales retos de cara al futuro.

Parte de la evidencia de la prevención del embarazo temprano fue aportada en el libro por investigadores de Econometría Consultores quienes tuvieron a su cargo la escritura de “Una estrategia del sector salud para la prevención del embarazo temprano: los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes en Colombia” cuya base fue la evaluación de estos servicios y que en 2014 fue reconocida como una de las 10 mejores evaluaciones a escala mundial; y, “Una iniciativa intersectorial para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos: el Conpes 147 del 2012 como estrategia para la prevención del embarazo temprano”.

Con las evaluaciones Econometría Consultores contribuyó a evidenciar, entre otros temas, que se si bien en el país los servicios amigables para jóvenes son altamente pertinentes, se requiere incrementar la cobertura de servicios de salud y modificar las barreras financieras y socioculturales para la población más joven; en particular, aquellas que están relacionadas con la calidad del cuidado que se ofrece y los sesgos de género por parte del personal que lo provee.

También se evidenció en la línea de base del Conpes 147 que la mitad de los adolescentes han iniciado su actividad sexual penetrativa y apenas la mitad de ellos utiliza siempre métodos anticonceptivos y un porcentaje menor utiliza siempre condón por lo cual es imperativo fortalecer la educación y fomentar competencias para la toma de decisiones autónomas y responsables.

Si bien en la publicación existen más resultados de investigaciones, el país debe seguir generando evidencia incluso a través de evaluaciones de impacto con métodos recientes desarrollados por la teoría económica, por ejemplo, ejercicios experimentales aleatorizados controlados que permitan establecer de manera rigurosa las relaciones de causalidad de las políticas públicas.

Especial atención deberá prestarse a la evidencia del impacto de políticas integrales e intersectoriales dirigidas a fortalecer la educación, la toma de decisiones y en evitar la deserción escolar de los adolescentes. Al respecto en la publicación la doctora Vargas presenta la evaluación del Programa de educación sexual del sistema educativo colombiano y evidencia las grandes falencias y desafíos que aún persisten.

Otros grandes desafíos son aquellos relacionados con la cobertura en salud, la información adecuada y para lo que es de aún mayor imperatividad, la construcción y realización de proyectos de vida que garanticen los derechos de la población joven de Colombia.

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Hacia dónde deben encaminarse las políticas para mejorar la…

Por: Econometría Consultores

Es bien sabido que la nutrición es algo fundamental para la vida de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Para cumplir con la garantía de estos derechos, se han desarrollado políticas y programas a nivel mundial, regional y de país, en los que se busca mejorar la nutrición de la población.

De hecho, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS adoptados por líderes mundiales en 2015 es el ‘Hambre Zero’, que tiene como objetivos para el año 2030 no solo poner fin al hambre y a todas las formas de desnutrición, sino también promover la productividad agrícola y la sostenibilidad de sus sistemas de producción. Estos objetivos establecidos como metas para ser cumplidas en los próximos 10 años evidencian que mejorar la nutrición no solo se refiere a proveer suficientes alimentos a la población, sino también mejorar su acceso, calidad y la eficiencia y sostenibilidad de su producción.

Si comenzamos con la condición básica de nutrición, podemos hablar de la seguridad alimentaria de los hogares, que, de acuerdo con la definición del ICBF, es entendida como el acceso seguro y permanente de los hogares a alimentos suficientes en cantidad y calidad, para una vida sana y activa.

En Colombia, según información de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN), 5 de cada 10 hogares (54,2% en el 2015) se encuentra en inseguridad alimentaria, siendo mayor en las zonas rurales, grupos étnicos y hogares donde la mujer es cabeza de hogar. El país se sitúa en el número 44 entre 113 países en el ranking de seguridad alimentaria estimado por The Economist Intelligence Unit, índice que comprende cuatro categorías: asequibilidad, disponibilidad, calidad de los alimentos y, recursos naturales y sostenibilidad de la producción.

Evaluaciones realizadas por Econometría Consultores muestran que la inseguridad alimentaria va acompañada de dietas no diversas y de baja calidad en los hogares, y una muy limitada actividad física como hábito no saludable. De igual forma, la sostenibilidad de la producción agrícola se ve afectada por factores de infraestructura rural y falta de cubrimiento a los riesgos que generan las variaciones climáticas.

Dada esta perspectiva y la complejidad de la problemática, surge la pregunta de ¿Hacia dónde deben encaminarse las políticas para mejorar la nutrición? Aunque son muchos los esfuerzos realizados por los gobiernos y entidades de cooperación, todavía no hay una respuesta única a esta pregunta, en parte porque los programas promovidos generalmente se enfocan hacia combatir una parte específica de la problemática general.

Por ejemplo, en países del Asia en los que ha trabajado Econometría como Nepal, las Naciones Unidas han enfocado sus programas a reducir la desnutrición y mejorar los indicadores de peso y talla para la edad de los niños y mujeres, mientras que en países del África y Centro América como Guinea Bissau y Honduras se realizan programas de alimentación escolar.

Econometría ha participado en las evaluaciones de algunos de estos programas encontrando que aquellos que se enfocan en proveer alimentos y suplementos alimenticios tienen un mayor impacto sobre la desnutrición y el desarrollo de la primera infancia, comparados con los que enfatizan en actividades de sensibilización respecto a las dietas adecuadas y prácticas de limpieza y preparación de los alimentos.

Si bien estos resultados parecerían evidentes, generan una gran preocupación para los implementadores de los programas, dado que uno de sus objetivos es crear capacidad en las comunidades para mejorar sus prácticas alimenticias y que estas no dependan exclusivamente de la provisión física de alimentos.

En la misma línea, evaluaciones realizadas por la firma de programas enfocados hacia la asistencia humanitaria a la población desplazada, encontraron que la provisión de alimentos sin el acompañamiento de programas de sensibilización y de actividad física, puede resultar en el incremento del número de niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad.

Esto es particularmente importante en la población cuyo desplazamiento tiene un efecto sobre sus prácticas alimenticias, como es el caso de la población indígena, afrocolombiana y los hogares que se movilizaron de la zona rural a la urbana.

En el caso de los programas de alimentación escolar, se encuentran resultados positivos en la asistencia al centro educativo y la disminución de la retención. No obstante, cuando los programas buscan incidir en la alimentación fuera de la jornada escolar, no en todos los casos se obtienen impactos en la toma de raciones alimenticias antes y después de asistir al centro educativo.

También se encuentra que la institucionalidad, no solo de los gobiernos, sino también a nivel comunitario, es clave para el adecuado desarrollo de los programas. Dado que la intervención de las entidades busca ser por un periodo limitado y crear capacidades en los territorios, la corresponsabilidad de los gobiernos regionales y el empoderamiento de la comunidad es esencial para lograr la continuidad de los programas y potencializar su alcance.

En conclusión, mejorar la nutrición incluye garantizar el acceso y la variedad de los alimentos, prácticas de vida saludable y la producción sostenible en el agro. Esto requiere de programas y políticas integrales y complementarias que contribuyan a avanzar en cada uno de los temas que deben ser considerados cuando se habla de nutrición, generando también capacidades en las comunidades y corresponsabilidades en los gobiernos para garantizar la continuidad y la optimización de los resultados en el largo plazo.

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Reflexiones sobre los debates laborales y pensional

Por: Econometría Consultores

El 2020 empezó con dos debates que afectan el futuro de la mayoría de colombianos: el laboral y el pensional. Aunque todavía no son muy claros los objetivos de estas reformas, y no se conoce el articulado que piensa proponer el Gobierno, este ya ha dado las primeras señales. Sobre el mercado laboral, el mensaje más claro, y más polémico, ha sido la contratación por horas. Sobre el sistema pensional, aunque se ha discutido durante más tiempo, el Gobierno no ha presentado una estructura coherente de la reforma, y las señales más claras son no aumentar la edad de pensión, defender a Colpensiones y eliminar los subsidios a las pensiones altas. Estas señales compartimentadas, a lo que se suma la interpretación en las redes sociales, han generado confusión, lo que explica en gran parte un rechazo. Sin embargo, es necesario entender el contexto en el que se discuten y sus objetivos.

Es claro que son necesarias. Por un lado, el mercado laboral sufre de una alta informalidad y un alto desempleo. Este último regresó a los dos dígitos después de ocho años. Por otro, el sistema pensional sufre de baja cobertura; menos de un tercio de los adultos mayores disfrutan de pensión. Y este rápido diagnóstico implica que la reforma laboral debería enfocarse en atacar informalidad y desempleo, y la pensional en subir cobertura.

Sobre la primera, es necesario recordar que el mercado laboral está cambiando de manera acelerada, y que nuevas formas de trabajo y contratación están naciendo. La idea que todos los colombianos trabajemos de 8 a 6 en una empresa en la cual el empleador cotice una parte a pensiones y a salud, es cada vez más remota. Ejemplos, algunos recientes, otros más estructurales, lo demuestran. La reciente polémica de Uber y los taxistas tiene por detrás un contexto importante. Ni los conductores de Uber, ni los de taxi, tienen una relación laboral con la empresa. Adicionalmente, ni los ingresos ni las horas trabajadas son fijos, dependen del tiempo que trabajen y de las carreras que efectúen. Frente a esta realidad, la legislación colombiana, que obliga a cotizar para pensión 16% de un ingreso mensual, es difícil de aplicar. Otro ejemplo importante, más estructural, se relaciona con el mercado laboral rural. En el campo la mayoría de los trabajos depende de variables como la estacionalidad de las cosechas, y se trabaja a destajo, o por días o inclusive horas. Una legislación que obligue a los trabajadores del campo a cotizar 16% del ingreso mensual ha hecho que la informalidad laboral en el campo esté cercana a 90%, o, lo que es lo mismo, que muy pocos trabajadores del campo tengan una pensión.

Estos ejemplos demuestran que, frente a la realidad laboral de muchos colombianos, la legislación laboral es muy rígida. Con una buena intención, que es que todos los colombianos tengan un trabajo estable, con un ingreso mensual fijo y asegurado, se llega al peor de los mundos. De los 22 millones de trabajadores, cerca de 16 millones están en la informalidad, desprotegidos de la seguridad social, y la legislación, rígida, no les permite buscar protección. Por esto es necesario adaptar la legislación.

Muchas voces afirman que la reforma busca proteger a los empleadores. Y ese no puede ser el objetivo. No debe permitirse que cambien el contrato laboral de tiempo completo a término indefinido por un contrato por horas. Pero si es necesario que los trabajadores que no tengan ese tipo de contrato, sean cobijados por la seguridad social con una nueva legislación. Visto de otra manera, la reforma no debe desproteger a los protegidos, pero si debe buscar proteger a los desprotegidos, teniendo en cuenta su realidad laboral. No olvidando el objetivo principal, que debe ser el trabajo formal, estable, decente. Pero aceptando que cambiar la realidad es complejo, y por eso no pueden estar desprotegidos. Este sería un primer paso para aumentar la cobertura del sistema pensional, buscando que todos los trabajadores colombianos tengan la posibilidad de cotizar para su pensión.

Sobre la reforma pensional, el debate debería centrarse en el mismo objetivo, aumentar la cobertura. Sin embargo, se ha desviado hacia otros temas, como marchitar el régimen de prima media que administra Colpensiones, y, en el otro bando, eliminar los fondos privados. Además de que este debate desvía la atención de lo importante -la baja cobertura- cualquiera de los dos extremos es peligroso. Si solo existe Colpensiones, el alto pago de pensiones, una gran parte con altos subsidios, hace financieramente insostenible el sistema. Y si solo existen los fondos privados, las bajas pensiones dejan insatisfecha a la población. Por eso, los dos regímenes son necesarios, no compitiendo entre ellos, sino complementándose.

Adicionalmente, el régimen público, como en general debería ser la política pública, debería concentrarse en la población más vulnerable, complementando el esfuerzo de ahorro que hacen las personas que no cuentan con un contrato laboral de tiempo completo, pero que con la nueva legislación laboral contarían con mecanismos de ahorro, pagados en parte por sus empleadores. Y no concentrarse en pagar subsidios altos a las altas pensiones.

Aunque ya se han dado pasos para aumentar la cobertura, creando un sistema de protección para la vejez, del cual ya hacen parte los Beps, es necesario diseñar y discutir más iniciativas. Por ejemplo, la compra de semanas, mecanismo que consistiría en que si la persona llega a la edad de pensión, pero no cumple con el número de semanas para obtener su pensión, pueda pagarlas de una sola vez, o pueda pagarlas mensualmente, pero incluyendo un subsidio por parte del Estado para que se pensione (cotizando cada mes tres semanas y que el Estado cotice una), o que le sea otorgada la pensión y se le descuente mensualmente una o dos semanas que no cotizó, puede ser un mecanismo que permita aumentar la cobertura.

En suma, las dos reformas son necesarias, buscando proteger a los más desprotegidos por la seguridad social. Es importante que el Gobierno muestre sus propuestas rápida y claramente. De esta manera, se evitaría la incertidumbre, que genera en parte el rechazo, y se podrían tener discusiones más constructivas.

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