Cómo recuperar el empleo sin sacrificar la productividad

Cómo recuperar el empleo sin sacrificar la productividad

Escrita por: Eduardo Lora

Contrario a lo que podría esperarse, en las grandes ciudades los trabajadores son ahora más productivos que antes de la pandemia. Mientras que la actividad económica urbana recuperó ya su nivel prepandemia, la ocupación en 23 ciudades capitales en el mes de agosto era todavía 3,6% menos que hace dos años.

¿Cómo ha sido posible este aumento de productividad? La razón principal es que sectores de muy baja productividad, como confección de prendas de vestir, comercio minorista o empleo en el servicio doméstico, no han logrado recuperar su nivel de empleo prepandemia. En cambio, lo han logrado con creces algunos sectores sofisticados como actividades profesionales y científicas, suministro de energía, actividades financieras, información y comunicaciones.

El reto laboral que enfrentan las ciudades en este momento es cómo recuperar el empleo sin sacrificar estas ganancias de productividad. Eso implica, por supuesto, crear empleos adicionales en sectores sofisticados y no simplemente tratar de que los trabajadores que hoy están desempleados o inactivos regresen a los empleos improductivos que abandonaron por la pandemia. ¿Es eso posible? Óscar Rodríguez y yo, en un libro reciente de Econometría titulado La Urgencia de lo Estructural, argumentamos que hay cuatro recomendaciones básicas que deberían seguir las ciudades para lograr ese objetivo.

En primer lugar, las grandes empresas de cada ciudad podrían adoptar una estrategia de diversificación inteligente que consiste en: (1) diversificarse (dentro y fuera del país) hacia mercados más exigentes; (2) identificar nuevos productos y sectores cercanos tecnológicamente a los que ya producen, pero más sofisticados; (3) identificar las barreras que enfrentan esos nuevos sectores y productos, barreras que pueden ser tecnológicas, de capacitación, de insuficiencia de insumos o de servicios, regulatorias o de provisión de bienes públicos; y (4) coordinar con otras empresas, gremios e instituciones relevantes para remover esas barreras. En la medida en que las organizaciones empresariales y laborales a nivel local compartan información y coordinen sus demandas, mejor podrá responder el sector público con el tipo de ajustes regulatorios, inversiones en infraestructura, mejoras en los programas de capacitación y, en general, provisión de los bienes públicos necesarios para las empresas.

El segundo grupo de políticas consiste en mejorar las capacidades laborales para conquistar esos nuevos mercados y productos. Para las entidades de capacitación, eso implica formar técnicos y tecnólogos para responder a las necesidades de sectores más complejos, no para recuperar, ni siquiera para hacer más productivos, los viejos empleos en los sectores de baja productividad.

Las ciudades tienen que tomar en serio los problemas de movilidad. Las empresas podrían contratar más fácilmente el personal que requieren si los trabajadores se pudieran movilizar en tiempos más cortos. Por consiguiente, la tercera área de políticas locales para facilitar la creación de empleo formal es el rediseño de los usos y las facilidades de transporte urbano, para que los tiempos de conmutación laboral sean sustancialmente menores de los que se tenían antes de la crisis. Lo más importante es desalentar el uso de vehículos privados, invirtiendo en forma masiva en mejores buses públicos y trenes urbanos, y en diversas modalidades de bicicletas y autos de alquiler. Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) deben ser un instrumento para el rediseño urbano orientado a reducir los tiempos de movilización. La Ley 388/97, además de los POT, creó otros instrumentos promisorios, pero todavía desaprovechados como las actuaciones integrales urbanas y los planes de renovación urbana.

Estos instrumentos deben usarse para reducir la segregación urbana y favorecer la cercanía entre los lugares de vivienda (uso residencial) y los lugares de trabajo, estudio y cuidado (usos comercial, industrial e institucional). También puede ayudar a reducir la congestión que las entidades públicas y las empresas, especialmente las grandes, mantengan una cultura favorable al teletrabajo y a la flexibilización de las jornadas laborales. Es necesario evitar que vuelvan a imponerse los trámites presenciales que la crisis demostró que pueden hacerse en forma virtual. En un estudio para la CAF y el DNP, Econometría está diseñando un modelo de cofinanciación de ciudades y territorios inteligentes para hacer viables estas propuestas de solución de los problemas de movilidad.

La cuarta área de política para facilitar la creación de buenos empleos es la coordinación entre municipios en las áreas metropolitanas. Las grandes ciudades y los municipios cercanos que conforman sus áreas metropolitanas (de jure o de facto) deben acordar programas conjuntos de inversión en vías de conexión intermunicipal, servicios de transporte y centrales para pasajeros. También requieren coordinación las regulaciones, incentivos e impuestos que inciden en la ubicación de las empresas que generan más externalidades, sean positivas como la sofisticación tecnológica, o negativas, como la congestión o la contaminación.

Para juzgar el desempeño de los alcaldes, la variable más importante debería ser el aumento del empleo de alta productividad. Las políticas para lograrlo incluyen la diversificación inteligente, la formación laboral en actividades sofisticadas, las regulaciones e inversiones para desestimular el uso del automóvil y la coordinación entre municipios.

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Una estrategia de inclusión productiva para lograr un gran…

Una estrategia de inclusión productiva para lograr un gran empujón

Escrita por: Carolina Murgueitio - Subdirectora y Diego Sandoval - Exdirector y Fundador

Continuamos en esta columna con la presentación de las propuestas de Econometría Consultores contenidas en el libro recientemente lanzado, “Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo Estructural”. En esta entrega proponemos algunas estrategias para diseñar políticas diferenciadas y efectivas que logren una inclusión productiva amplia de la población, que conduzca a lo que hemos denominado el “gran empujón” a la economía colombiana en la etapa pospandemia.

Este gran empujón consiste en que se den las condiciones de desarrollo económico para que el país entre en un periodo sostenido de crecimiento económico a unas tasas sensiblemente superiores a las de los últimos y que este crecimiento se refleje en una mayor equidad social. Se ha demostrado ampliamente que con la mayoría de las políticas y programas de desarrollo e ingresos que se han implementado en el país no se ha logrado superar un umbral mínimo para que puedan garantizar una economía diversificada y con una tasa de crecimiento estructural superior a la actual y que esto se refleje en el bienestar de la población.

Una buena parte de la explicación para la anterior situación es el imbalance entre políticas y programas dirigidos a la inclusión social frente a aquellos que propenden por la inclusión productiva. Y es que los primeros no bastan, ya que buscan en esencia la superación de privaciones en los logros educativos, de atención a la primera infancia, de salud y vivienda de los miembros de los hogares; es decir, cumplir con los componentes sociales del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), descuidando gravemente las políticas generadoras de ingresos. Es muy diciente que en el momento el IPM general de la población esté en un 18.5% y el de pobreza en 42.5%.

Para aportar al verdadero empujón productivo, se debe propender más allá de lo anterior, por la inclusión productiva que consiste en generar ingresos a través de propiciar capacidades competitivas en las empresas, personas, hogares y comunidades para superar las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad.

En los últimos años, el desequilibrio en la inversión en los dos tipos de políticas es marcado. En efecto, la oferta de programas de generación de ingresos de Prosperidad Social ha atendido en los últimos cinco años a cerca de 100.000 hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad. Esto es muy poco frente a los retos de inclusión productiva y a frente a los programas de inclusión social que, como Familias en Acción, beneficia a cerca de 2,5 millones de hogares. Por otra parte, no se ha logrado coordinar la salida y el tránsito de los beneficiarios de unos programas a otros, en una progresiva superación de sus limitaciones sociales y de generación de ingresos. Según datos recientes del DNP, en el gasto social solo un 2.5% se dedica a actividades de generación de ingresos, cuando en otros países esta proporción es sensiblemente mayor.

Por otra parte, no se han aprovechado plenamente las sinergias y complementariedades entre el ámbito urbano y el rural. En la agricultura no se han logrado encadenamientos productivos con economías de escala. Los emprendimientos individuales se han privilegiado frente a los regionales y a los de asociación de productores. La participación del sector privado ha sido pequeña en los programas de generación de ingresos.

La inclusión productiva debe ser el principal objetivo de la inclusión, sin descuidar por supuesto, la atención de las privaciones sociales y del respeto a los derechos fundamentales de los grupos más vulnerables. Es así como, las políticas deben hacerse de manera diferenciada por grupos de población y regiones debido a que Colombia es un país altamente heterogéneo en su nivel de desarrollo, con evidentes trampas de pobreza en las que regiones pobres conviven con regiones relativamente desarrolladas, en lo que se denomina clubes de convergencia.

Para lograr esa diferenciación que permita políticas efectivas se debe tener información por cuadrantes poblacionales, para focalizar estrategias que tengan en cuenta las diferencias entre los entornos urbanos y los rurales y del tipo de población, si está en extrema pobreza, pobreza o en situación intermedia vulnerable. También se debe considerar las necesarias complementariedades, que propicien la existencia de economías de escala y la potenciación de externalidades y sinergias entre estos ámbitos (ver cuadros anexos).

Los enfoques que debe tener la aplicación territorial de las políticas de transformación e inclusión productiva varían según donde se desarrollen. En el caso de las grandes ciudades y conglomerados urbanos, ellas mismas son un motor dinámico, y lo central es propiciar los medios y oportunidades para el acceso a empleos formales o emprendimientos en una propuesta que hacemos de complejidad y diversificación inteligente en bienes y servicios en cada uno de los grandes centros urbanos del país.

En las zonas rurales y pequeños municipios se deben propiciar mejoras significativas en los ingresos de los productores campesinos o agroindustriales mediante una transformación sectorial, centrada en lograr aumentos grandes y escalables de la productividad y producción utilizando las ventajas comparativas del país, una mayor conexión con el mercado internacional y titularización de las propiedades. Todo esto soportado en varias experiencias piloto exitosas ya desarrolladas en el país que deben ser escaladas.

En los municipios intermedios, una combinación de ambos enfoques. En este tipo de municipios es importante aprovechar los vínculos existentes al interior de los esquemas de asociación que existen dentro del sistema de ciudades.

Finalmente, en las áreas apartadas, en donde las actividades ilegales hacen presencia, una condición para que las estrategias propuestas sean viables, es la presencia plena del Estado, no solo con seguridad, sino con servicios de justicia, salud, educación y de comunicación con los centros urbanos. En muchas de estas regiones, la mejor solución es la de aplicación de instrumentos financieros de conservación de la biodiversidad.

 

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¿Realmente se deben subir las tasas de interés?

¿Realmente se deben subir las tasas de interés?

Escrita por: Julián Roa Rozo - Analista de Econometría

En el último mes se ha llegado al consenso de que el Banco de la República empezará pronto un ciclo alcista en las tasas de política monetaria. Hay varios argumentos detrás de dicho consenso. En primer lugar, la inflación se encuentra en niveles cercanos al límite superior del rango meta del banco central y en su último informe de política monetaria se contempla la posibilidad de que la inflación cierre el año en 4,1%, por encima de la meta. Adicionalmente, la tasa de cambio se ha devaluado de manera importante sugiriendo que la tasa de interés de Colombia puede estar más alta. Por su parte, la recuperación económica ha sido mejor de lo esperado. A inicios de este año el consenso era que la economía colombiana crecería cerca de 4,5%. Hoy, si bien hay gran incertidumbre, se esperan tasas de crecimiento superiores a 7%. En su conjunto, todo esto se interpreta como evidencia de que el Banco de la República debería subir las tasas de interés pronto, en el mes de septiembre.

En los esquemas de inflación objetiva como el que sigue Colombia, la política monetaria puede ser descrita por el uso de una regla de Taylor. Dicha regla explica la tasa de política monetaria en función de la brecha de la inflación (inflación observada menos la meta de inflación), la brecha del producto (diferencia porcentual entre el PIB observado y el PIB potencial). El Banco de la República utiliza dentro de su proceso decisorio diversos modelos y diversas reglas de Taylor, así como otras consideraciones.

Dentro de estos modelos se encuentra el denominado 4GM. Usando los datos del Banco de la República y de la encuesta de expectativas de inflación, de este modelo surgen varias conclusiones, dependiendo del tipo de inflación que se use. La primera es que se requieren alzas de interés con el fin de controlar la inflación. Si se usa la inflación total (línea punteada), la tasa de política monetaria debería estar en 3,4% para finalizar este mes. Por su parte, si se utiliza la inflación excluyendo alimentos sugiere que la tasa de política monetaria debería ser de 2,5%, para fin de mes (línea gris). Finalmente, la regla de Taylor utilizando la inflación sin alimentos ni regulados sugiere que la tasa de política monetaria se aproxima a 2% (línea negra). De esta manera todos los indicadores sugieren que se avecinan alzas en la tasa de política monetaria.

También es notorio que durante la crisis del covid-19 la política monetaria del Banco de la República fue contractiva a pesar de que redujo las tasas de interés. Esto se debe a que, si bien la tasa de interés se encuentra en mínimos históricos, las reglas de Taylor sugieren que se debieron haber bajado más. Esto último no es sorprendente. Si se lee la prensa económica de 2020 se puede apreciar como diversos analistas hacían un llamado a tener una política monetaria más expansiva. Adicionalmente, algunos analistas sugirieron el uso de políticas monetarias no convencionales como la expansión cuantitativa e incluso emisión para financiar gasto del gobierno. Si bien en retrospectiva algunas de estas medidas parecen hoy extremas, innecesarias e incluso peligrosas, la evidencia sugeriría que el Banco de la República se quedó corto durante esta crisis. Por lo anterior, una evaluación más rigurosa del rol de la política monetaria durante la crisis de 2020 se hace necesaria. También es cierto que se deben evitar ciertos sesgos a la hora de evaluar dicho rol, dado el alto nivel de incertidumbre que se vivió durante 2020.

Adicionalmente surgen otras preguntas. La primera es qué sucedería si, en vez de tener en cuenta el comportamiento del PIB, se tuviera en cuenta el comportamiento del empleo. A diferencia del PIB, que a grandes rasgos tuvo una recuperación en forma de V, el nivel de empleo se ha mantenido estancado y ello sugiere que aún falta mucho para superar los efectos generados por la pandemia y las cuarentenas. También sugiere que empezar a quitar los estímulos monetarios en estos momentos podría dificultar la generación de empleo en estos momentos.

Otra pregunta que surge es: ¿qué discusión estaríamos teniendo en ausencia del paro nacional del 28A? Es notorio que gran parte de las presiones al alza en la tasa de interés tienen origen en un choque de oferta en los precios de alimentos. Lo anterior como fruto de los bloqueos. Con seguridad en ausencia del paro tendríamos una inflación menor y se estaría hablando de alzas en las tasas de interés a principios de 2022, no en septiembre de 2021. Resulta contradictorio que un choque tan negativo como el paro nacional termine generando otro choque negativo al adelantar en un trimestre las alzas en las tasas de interés.

Por estos motivos se considera que, si bien la regla de Taylor sugiere aumentos en la tasa de interés, los datos por si solos no son una guía buena para tomar decisiones. Es prudente indagar el porqué de los datos, en este caso, el salto en la inflación. Subir las tasas de interés en septiembre podría estar castigando innecesariamente a la economía.

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Cómo recuperar el empleo, columna de Econometría

Cómo recuperar el empleo

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

Las cifras de desempleo de julio de 2021 son alentadoras para algunos analistas. El reporte del Dane muestra que entre julio de 2020, cuando el país se encontraba en cuarentena, y el mes de julio de este año, la tasa de desempleo bajó casi 6 puntos porcentuales, de 20,2% a 14,3%, mientras que para las 13 ciudades y áreas metropolitanas alcanzó 15%.

Sin embargo, al ahondar en las cifras, estas siguen siendo preocupantes. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas 1 de cada 4 jóvenes está desempleado -tasa de desempleo de 25,3%- y en ciudades como Ibagué 1 de cada 3 mujeres jóvenes -tasa de desempleo de 31,4%- está desempleada. Y cerca del 27% de los jóvenes ni estudian ni trabajan para el trimestre mayo-julio de 2021, dos tercios siendo mujeres.

De hecho, aunque la tasa de desempleo ha disminuido, el mercado laboral ha sufrido hasta ahora de histéresis. La crisis económica de 1999 elevó la tasa de desempleo a 20%, nivel similar al que llegó con la crisis de la pandemia el año pasado, y se demoró más de una década, casi 11 años, en reducirse a un dígito, con un costo social enorme.

Esperar que el empleo se recupere gracias a la reactivación económica sin resolver problemas estructurales del mercado laboral sería un error. La pregunta es, ¿qué tipo de reforma se necesita hacer? En su libro Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural Econometría presenta diferentes alternativas de reforma para enfrentar diferentes problemas del mercado laboral.

Las discusiones en el país sobre el mercado laboral se han centrado generalmente en reducción de costos. Sin embargo, lo que han mostrado tanto la experiencia internacional como la nacional es que la reducción de costos tiene más efectos sobre la informalidad que sobre el desempleo. De hecho, la reforma tributaria del 2012 que pasó los costos parafiscales del Sena y el Icbf al impuesto de renta a través del Cree tuvo impactos importantes en la reducción de la informalidad. Sin embargo, si el objetivo es recuperar el empleo destruido, y bajar la tasa de desempleo a un dígito, es necesario diseñar otras políticas.

El estudio que hicieron la Ocde, la Cepal y otros sobre América Latina en el 2019 identificó que una de las trampas del desarrollo de la región es la baja productividad laboral. Un trabajador latinoamericano produce hoy 33% de lo que produce un trabajador de la Unión Europea, mientras que en 1950 producía 65%. Y dentro de América Latina, Colombia es de los países con menor productividad. Al analizar la oferta y la demanda laboral, es decir, las personas que están buscando -ofreciendo- su trabajo y las empresas que están buscando -demandando- trabajadores, la brecha más grande está en la educación técnica. Son vacantes que no se ocupan porque los empresarios no consiguen el trabajador con las competencias y habilidades necesarias.

Esto indica que para generar nuevos empleos, la política requerida es la formación para el trabajo pertinente y con calidad y oportunidad. Es decir, preparar al capital humano con las competencias y habilidades requeridas para contribuir al aparato productivo en el momento oportuno. De esta manera se creará un círculo virtuoso a través del cual la formación para el trabajo ayudará a romper la trampa de la baja productividad laboral. Los trabajadores más productivos serán más necesitados y su salario crecerá, y la mayor productividad ayudará a crecer a las empresas y a la economía.

Se necesitan dos enfoques adicionales para el diseño de esta política. Por un lado, esta política es esencialmente local. La razón es que lo que se produce en Bogotá es diferente a lo que se produce en Neiva o en Sincelejo. Cada ciudad y cada región cuentan con un aparato productivo diferente, y, por consiguiente, con necesidades de capital humano diferentes. Las autoridades locales -alcaldías, gobernaciones, cajas de compensación, cámaras de comercio- deben empezar a jugar un papel fundamental en estas políticas de formación. Algunas alcaldías y las cajas de compensación cuentan con agencias de empleo que se pueden conectar con las necesidades de formación.

Por otro lado, los protagonistas son las empresas, identificando sus necesidades de capital humano, y, por ende, de formación. Y los centros de formación deben adaptar sus programas a esas necesidades. Un actor fundamental es el Sena, la joya de la corona para la formación del trabajo, pero que debe enfocarse más en la pertinencia y calidad para la recuperación del empleo perdido por la pandemia y llevar la tasa desempleo a un dígito. Finalmente, el libro de Econometría muestra que no se trata de falta de recursos. Colombia es de los países en la región que cuenta con más recursos para la formación para el trabajo -a través de los parafiscales y del Cree- pero está entre los de más baja productividad.

Esta propuesta no implica que no se deban analizar los costos. Ni las nuevas formas de trabajo que están apareciendo con la cuarta revolución industrial. Estas políticas y sus posibles reformas son más afectivas para atacar la informalidad que para generar nuevos empleos. Sin embargo, si en últimas se eliminan todos los sobre costos laborales y los parafiscales, por ejemplo financiando la pensión y la salud con los impuestos, el límite inferior de los costos es el salario mínimo. Y es necesario generar la productividad suficiente para que un trabajador contribuya produciendo por encima del salario mínimo.

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Hacia la transformación e inclusión productiva en…

Hacia la transformación e inclusión productiva en Colombia

Escrita por: Diego Sandoval - Director de Proyectos

En el libro Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural, que publicó Econometría el pasado mes de julio, se plantean varias reformas estructurales que deben hacerse en el país, las cuales deben ser realizadas a muy corto plazo para aprovechas las sinergias e integralidad, que su puesta en marcha en forma conjunta ofrecen como una ruta superar el muy lento crecimiento y equidad social que ha tenido el país en los últimos años, situación agravada en forma importante por la pandemia.

Una nota distintiva de las propuestas del libro lo representa el énfasis en la urgencia de una transformación productiva de la economía colombiana, que se integra con las otras propuestas planteadas en temas de reformas laborales, de finanzas públicas, impuestos y eficiencia del Estado.

Como diagnóstico muy general, en el que varios análisis recientes coinciden, se plantea que Colombia tiene serias barreras para tener una economía competitiva y diversificada. Dos indicadores sirven para dar claridad sobre esta situación. El primero es la muy baja diversificación exportadora y apertura comercial del país y en segundo lugar, el nulo crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF).

En efecto, la participación en el PIB de las exportaciones e importaciones se ha mantenido muy similar, alrededor de 30% desde 1990 hasta 2019, con una alta preponderancia de las exportaciones de petróleo y carbón, acompañada de una reducción de la participación de las exportaciones agrícolas e industriales y un ligero aumento de las importaciones. Esta es una participación baja frente a otros países latinoamericanos y muy lejos de la observada en Asia Oriental.

En cuanto a la contribución de la PTF al crecimiento, un reciente estudio de Fedesarrollo estima en -0,1 la contribución de la productividad total al crecimiento anual del PIB desde 1990 a la fecha. También señala que la productividad laboral ha sido limitada, creciendo en promedio a 0,9% anual en el mismo periodo.

Las causas de esta situación son estructurales y de muy diversa índole, y se resumen en el alto costo país en relación con otros países de la región, que se refleja en altos costos de transporte y energía, tramitación excesiva, inseguridad, distorsión en las tasas tributarias, barreras parafiscales, una legislación que induce a la informalidad y una muy baja innovación, como lo ha señalado la Misión de Internacionalización y varios índices de competitividad global. Probablemente esto tenga que ver con la concentración del país en materias primas básicas.

En el ámbito rural, la falta de una agricultura competitiva se debe en gran medida a la falta de bienes públicos, la alta concentración de la propiedad, baja productividad y falta de titulación para la producción campesina. Además existe una ausencia del Estado en muchas regiones del territorio nacional, lo cual ha generado un clima propicio para el conflicto armado, la permanencia de clanes regionales y de actividades ilegales.

Lograr transformar la estructura productiva colombiana en una economía diversificada y competitiva, no solo requiere hacer las reformas que se eliminen las barreras antes mencionadas, sino que debe estar acompañada y probablemente como condición necesaria, de un aumento generalizado de la inclusión productiva y de movilidad social de la mayoría de su población. Este fue el camino que siguieron países como Corea y Malasia, y más recientemente Vietnam.

Con este objetivo, se plantea un conjunto de propuestas para lograr la transformación productiva, basadas fundamentalmente en la inclusión productiva competitiva y formal de núcleos crecientes y sostenidos de personas y empresas, tanto en las áreas urbanas como rurales. La productividad debe estar basada en la innovación y para que esta logre una escala importante y que genere crecimiento y movilidad social, se requiere la formulación de políticas de inclusión productiva diferenciadas, dependiendo del nivel de inclusión y de complejidad en que se encuentren y de su localizan ya sea en grandes conglomerados urbanos, ciudades intermedias, población rural nucleada o áreas remotas.

Para las grandes áreas urbanas del país las propuestas se refieren a cuatro líneas de acción: lograr una complejidad y diversificación inteligente en la producción de bienes y servicios; formación para el trabajo y políticas activas laborales; movilidad urbana para el trabajo, y cooperación entre municipios en áreas metropolitanas y de economías regionales.

Para el sector agropecuario se plantea una propuesta de transformación sectorial, que se centra en lograr aumentos grandes y escalables de la productividad, aprovechando las ventajas comparativas del país e integración con el mercado internacional. Todo esto impulsando varias experiencias piloto exitosas ya desarrolladas en el país. La transformación rural requiere una estrategia integral basada en una apuesta gana-gana, donde las mejoras en productividad tienen efectos multiplicadores en la cadena alimentaria y por tanto en el conjunto de la economía.

Finalmente, se desarrolla una propuesta para propiciar la inclusión productiva de los grupos poblacionales, tanto urbanos como rurales, en extrema pobreza. Se propone crear una ruta hacia su inclusión productiva y social a través de una estrategia denominada ‘Soluciones duraderas’. En próximos artículos de Econometría se presentarán en detalle estas propuestas para la transformación productiva de la economía colombiana.

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Necesidad y posibilidad de reformas

Necesidad y posibilidad de reformas

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

El libro que Econometría lanzó hace unas semanas, “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural”, se basa en dos planteamientos complementarios. Por un lado, plantea que para salir de la crisis económica y social generada por la pandemia, es necesario hacer grandes reformas. Y, por otro, plantea que la crisis abre la posibilidad de estas reformas.

Sobre el primer planteamiento, es evidente que la pandemia vino acompañada de una fuerte crisis económica y social. El 2020 fue el año con la mayor caída de la economía en la historia moderna de Colombia. El PIB se contrajo en 6,8%. Los efectos económicos y sociales han sido devastadores. En el peor momento de la pandemia, cuando la economía debió cerrarse casi que completamente para frenar la expansión del virus, el desempleo se duplicó, pasando de 10% a 20%, cifra que de lejos fue la más alta al compararla con los demás países de la Ocde. La pobreza también creció, haciendo retroceder casi una década los avances de las políticas públicas encaminadas a eliminarla. Aunque no hay una medición clara de los efectos en el sector privado, un número importante de empresas desapareció. Y el Estado, garante de última instancia en medio de una economía paralizada, a pesar de que ha hecho grandes esfuerzos para frenar los devastadores efectos económicos y sociales, estos no han sido suficiente para contrarrestarlos completamente. Esto se ha traducido en un descontento social que se ha visto reflejado en las protestas y el paro a principios de este año. Las encuestas que se realizaron en ese momento mostraron que la mayor preocupación de los jóvenes es la falta de empleo.

Ahora bien, también es claro que muchos de los efectos económicos y sociales generados por la pandemia son la profundización de problemas estructurales que ya sufría el país. El desempleo se duplicó, pero ya venía con una senda creciente. La recuperación del empleo después de la crisis económica de 1999 se había demorado un poco más de una década para que la tasa de desempleo llegara a un dígito. Más de 10 años. Y esta se mantuvo unos pocos años en un dígito. En 2019, antes de la pandemia, la tasa de desempleo había retornado a dos dígitos, alcanzado la cifra anual de 10,5%. Por su parte, la ineficiencia del Estado en responder a las necesidades de los ciudadanos estaba reflejada en la desconfianza que los ciudadanos le tienen.

Por estas razones, Econometría plantea en su libro que la visión de retornar a la normalidad simplemente levantando las restricciones de las cuarentenas es errónea. Es necesario pensar en grandes reformas para que la economía colombiana y la sociedad salgan fortalecidas de esta crisis. Son necesarias grandes reformas para resolver los problemas estructurales que la pandemia profundizó. Y va un paso más allá. Plantea que aunque la crisis tiene efectos devastadores, también puede verse como una oportunidad para hacer estas reformas. Se basa en la teoría del comportamiento y en el planteamiento del premio Nobel de Economía Daniel Kahneman cuyo trabajo demostró que los cambios son más factibles en crisis que en tiempos normales. La razón es que, en general, los efectos de cualquier reforma son inciertos. Aunque el objetivo es que sean positivos, también pueden traer efectos negativos. Y si la economía está creciendo y es estable -dos características importantes de la economía colombiana- esta incertidumbre dificulta la disposición para hacer grandes reformas. Sin embargo, en una crisis, es necesario hacer cambios para salir de ella. La disposición para hacer cambios se amplía.

Y una crisis económica tan fuerte y tan generalizada como la que está viviendo el mundo entero por la pandemia, abre más estas posibilidades. No se trata de una crisis sectorial, como en general se originan las crisis económicas, cuyos efectos se transfieren a otros sectores y el papel del Estado es buscar frenar esta transmisión. En este caso es una crisis generalizada, que ha afectado a empresarios y trabajadores, a empresa grandes y pequeñas, a trabajadores formales e informales, a todos los sectores económicos, y ha generado una presión enorme en el Estado, que también sufre problemas estructurales.

Para salir de esta crisis es necesario hacer grandes reformas, y que la crisis puede también identificarse como una oportunidad para hacerlas son los que llevan a Econometría a presentar una propuesta de reformas con una visión integral, aunque no pretende ser exhaustiva.

Propone que como las empresas, los trabajadores y el Estado, es decir, todos los actores de la sociedad, han sido afectados por la crisis, es necesario pensar reformas para todos estos actores. Acompañar y apoyar a las empresas a hacer sus transformaciones para crecer en la nueva realidad, reformar el mercado laboral para que con el trabajo se contribuya a estas transformaciones y a su vez los trabajadores se vean beneficiados, y reformar al Estado para responder de manera eficiente a las nuevas necesidades.

Sugiere que como visión general para las políticas públicas y las transformaciones es necesario utilizar como premisa la inclusión productiva. Aunque los subsidios para atacar la pobreza son importantes, la recuperación sostenible se logra con la inclusión productiva; con empleo formal.

Como se está dando la trasformación en muchas empresas, es necesario adaptar a los trabajadores para que contribuyan a esta en medio de la revolución tecnológica y la robotización que el mundo está viviendo, y esto se logra enfocando gran parte de los esfuerzos en la formación para el trabajo. Y como estos esfuerzos vienen en gran parte del Estado, este debe también adaptarse a esta nueva realidad. Las reformas tributaria y pensional pueden ayudar a equilibrar las finanzas públicas, pero el gran objetivo debe ser ganarse la confianza de la ciudadanía. Y esto a su vez se logra con grandes reformas.

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Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo…

Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

Buscando contribuir a la discusión sobre cómo enfrentar la crisis económica y social generada por la pandemia, Econometría Consultores lanzó la semana pasada el libro ‘Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural’. Se basa en la premisa que afirma que “toda crisis genera reformas” para plantear una serie de reformas con una visión integral. Propone reformas en tras grandes áreas: el aparato productivo, el mercado laboral, y el Estado. Para salir de la crisis el enfoque más importante que plantea Econometría es la inclusión productiva, inclusión que genera empleo productivo y hace crecer a las empresas, enfrentando uno de los golpes sociales más duros que trajo la pandemia, el desempleo. Sin olvidar la inclusión social para enfrentar la pobreza, tema que también discute el libro.
Ahora bien, para la generación de empleo y la transformación del aparato productivo, el papel del Estado es esencial. Un Estado eficiente, que no llegue a desbalances insostenibles en sus finanzas, cuidando la estabilidad macroeconómica, y que también responda efectivamente a los retos productivos y sociales que enfrenta el país.

La primera parte del libro se concentra entonces en el aparato productivo. Se inicia con un corto diagnóstico sobre las serias barreras que tiene Colombia para tener una economía competitiva y diversificada. A continuación, y como una estrategia para lograr superar esta situación, se plantea un conjunto de propuestas para lograr la transformación productiva, basadas fundamentalmente en la inclusión moderna y formal de núcleos crecientes y sostenidos de población y empresas, tanto en áreas urbanas como rurales.
Un eje importante de discusión es que la mayor productividad debe estar basada en la innovación, y para que esta logre una escala relevante y que genere movilidad social, se requiere la inclusión a dicha transformación no solo de los empresarios, sino de sectores poblacionales de acuerdo con su nivel socioeconómico. Para la población que convive con barreras muy fuertes del entorno que limitan su inclusión, dada su condición de marginalidad estructural, condición de desplazamiento por el conflicto interno o de receptor importante de migrantes venezolanos el libro propone crear una ruta hacia su progresiva inclusión productiva y social a través de una estrategia denominada ‘Soluciones duraderas’.

La segunda parte del libro se concentra en uno de los mercados más duramente afectados por la pandemia: el mercado laboral. Propone un cambio de enfoque en las políticas de mercado laboral y en especial de la reforma laboral para recuperar el empleo perdido. Considera que el reto más importante de ese mercado es elevar la productividad laboral. Para lograrlo, gran parte de la política pública debe centrarse en la formación para el trabajo, buscando preparar el capital humano que necesitan las empresas, y con una visión prospectiva en la medida en que la nueva normalidad después de la pandemia generará nuevos empleos y nuevas formas de producción. Para esto es preciso una reorganización institucional en la cual las autoridades locales -gobernaciones y alcaldías- jueguen un papel protagónico.

La razón se encuentra en que cada ciudad y cada región tienen un entramado empresarial diferente y la formación para el trabajo debe responder a estas necesidades locales. La discusión de los costos laborales es importante, pero más por sus efectos en la transición entre informalidad y formalidad que para generar nuevos empleos. Y esta discusión debe tener en cuenta dos elementos: el nivel de los sobre costos salariales y los nuevos tipos de empleo y sus nuevas formas de contratación.

La tercera parte del libro se ocupa de la gestión estatal, particularmente en lo relacionado con las finanzas públicas. Se analiza esto bajo cuatro ópticas: el de la economía política, el de la estructura tributaria, el de la gestión financiera pública, y el de las finanzas territoriales. Cualquier reforma que se proponga, especialmente en el terreno de las finanzas públicas, corre el riesgo de no poder realizarse si no se tienen en cuenta las restricciones determinadas por la economía política.

En lugar de renunciar a las reformas, lo que se necesita es enfrentar las imperfecciones del sistema político que impiden que las decisiones de los poderes públicos se aproximen más al interés general de la sociedad: se necesitan entonces reformas políticas. El libro también analiza y propone reformas al sistema tributario, y ahonda en temas relacionados con la gestión propiamente financiera de los recursos públicos, los cuales no han recibido la atención que merecen en la discusión pública. Analiza las deficiencias de los sistemas de presupuestación, de los mecanismos de evaluación oportuna del gasto público, de los sistemas de rendición de cuentas a la ciudadanía y de la manera como operan los organismos de control.

Todo eso incide de una manera negativa en la eficacia y eficiencia del gasto público. También se presenta la agenda de reformas que el país debe adelantar en este frente. Finalmente, las entidades territoriales son protagonistas importantes de la acción del Estado colombiano con responsabilidades cruciales en la provisión de educación y salud, así como de bienes públicos de naturaleza local, y por eso el libro analiza las finanzas territoriales y propone reformas para su fortalecimiento.

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¿Va a contratar a alguien? ¿Qué tal contratar un joven sin…

¿Va a contratar a alguien? ¿Qué tal contratar un joven sin experiencia?

Escrita por: Maria Gloria Cano - Directora de Proyectos

“Los jóvenes son personas con mayor flexibilidad, que quieren trascender y estar en proyectos que permitan apoyar a sus comunidades… las empresas no entienden eso y deben aprender a conocerlo para poder aprovechar y captar el gran potencial de flexibilidad y de intereses con los que llegan los jóvenes al mundo laboral”.

(Entrevista, Caja de Compensación Familiar, 2019).

¿Qué sucede cuando un joven sin experiencia sale a buscar trabajo? La posibilidad de encontrarlo es mínima. La barrera de acceso a un trabajo formal se vuelve insalvable si se exige experiencia para trabajar, ¿cómo tener dicha experiencia si no se tiene la oportunidad de trabajar? El empleador por su parte diría “¿cómo dar trabajo a una persona que no tiene la experiencia para desempeñar la labor que necesito que realice? Es muy costoso entrenar a esa persona desde cero y quien sabe cuál será su productividad”. En estas condiciones resulta muy frustrante la búsqueda de trabajo, más aún tras una inversión previa en educación.

Nueve de cada diez vacantes registradas en el Servicio Público de Empleo exigen experiencia laboral previa y cinco de cada diez exigían que está fuera por lo menos de un año. Numerosos estudios y encuestas coinciden en que para casi la mitad de los jóvenes la principal barrera para encontrar trabajo es la falta de experiencia previa.

El sector público ha avanzado con acciones concretas. Por ejemplo, el Decreto 2365 de 2019 anuncia que jóvenes entre 18 y 28 años que no acrediten experiencia laboral, podrán vincularse a las entidades del Estado, igualmente, 10 % de los nuevos empleos de las entidades públicas no deberán exigir experiencia profesional. Pero, el principal empleador del país, que es el sector privado, responde a incentivos diferentes. El tema está en lograr demostrar que este joven, sin experiencia, genera una productividad adecuada frente al salario que se le reconozca, de tal forma que para el empleador sea “rentable” contratarlo.

Recientemente el Gobierno anunció la creación de un programa de empleo juvenil con subsidios de 25% del salario de los jóvenes, el cual puede aprender de la experiencia del Programa 40.000 primeros empleos, evaluado por Econometría para el Departamento Nacional de Planeación en 2019. Este programa, del Ministerio del Trabajo, operó entre 2015 y 2019, otorgando subsidios a las empresas que contratasen jóvenes (18-28 años) sin experiencia o con menos de seis meses de experiencia. El subsidio era equivalente, como mínimo, a 50% de los costos laborales derivados de la contratación de los jóvenes hasta por un año. Alcanzó a cubrir 54.000 jóvenes con una inversión de $413.000 millones, $7,6 millones por joven. El programa buscó aumentar la empleabilidad, el nivel de ingresos, la continuidad en la formación y la calidad de la vida de los jóvenes, mejorar el proceso de determinación de las vacantes y la percepción que las empresas tienen sobre la productividad de los jóvenes.

Dentro de los resultados, el programa fue efectivo, pero su escalabilidad tiene retos en sus costos. Sí logró romper la barrera del primer empleo para los jóvenes participantes, donde los jóvenes que fueron beneficiarios presentan una empleabilidad superior a los jóvenes no beneficiarios, mejoraron su autoestima y proyecto de vida. De los jóvenes beneficiarios, 68 % estaba trabajando tras terminado el programa, 44 % de los que eran bachilleres y 16 % de los que eran técnicos y tecnólogos al inicio del programa tienen hoy un diploma de estudios más avanzado y en la actualidad 35% de los jóvenes estaba estudiando.

¿Se logró romper el “muro” impuesto por los empleadores en la contratación de jóvenes sin experiencia? La respuesta es sí. Las empresas participantes calificaron como “muy positivo” el desempeño de los jóvenes vinculados y la gran mayoría seguirán contratando jóvenes sin experiencia.

Obviamente es importante el impacto sobre los 54.000 jóvenes que fueron beneficiados por el programa, pero, en términos de sostenibilidad, el principal resultado fue el cambio en los imaginarios de los empleadores y el hecho que estos ahora consideren que “si paga” contratar un joven sin experiencia.

Las empresas participantes valoran de los jóvenes el interés, la disposición para aprender y dejarse guiar, en donde sin duda los jóvenes participantes hicieron bien su tarea. El haber aceptado a estos trabajadores sin experiencia les permitió “amoldarlos” más fácilmente a los procesos, principios y valores de la empresa. En voz de un empresario, “estos jóvenes jalonan procesos de actualización y modernización para no quedarse en la era del uga-uga” (de las cavernas) y adicionalmente que vienen “con mente abierta”. Estos resultados están en línea con lo enunciado por Sennet en donde en el contexto del capitalismo flexible, el mundo laboral se caracteriza por relaciones de corto plazo y transformaciones constantes en la tecnología. En este mundo, los jóvenes son los que oxigenan las empresas.

“Ojos frescos vienen con cosas que ya con el tiempo aquí no se ven. Es una buena oportunidad”

(Entrevista, Empresa participante, 2019).

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Medidas con visión de mediano y largo plazo

Medidas con visión de mediano y largo plazo

Escrita por: Juan Manuel García - Director de Proyectos

El más reciente boletín de Alianza Latinoamericana de Consultorías Económicas (Laeco) muestra como la economía colombiana, a pesar de las altas tasas de contagio y mortalidad que vienen observándose en el país por el covid-19 y de los costos directos e indirectos que han tenido las manifestaciones sociales, ofrece condiciones que permiten tener una expectativa positiva frente a la recuperación económica del país.

Es importante que las medidas que se tomen aprovechen las oportunidades que el entorno ofrece para la recuperación, pero sin olvidar ponderar los efectos que ellas podrían tener en el mediano plazo sobre los hogares y sobre el medio ambiente. Por esta razón se destaca la medida tomada el pasado mes de abril por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 40111, en la que estableció que la mezcla de biodiésel con combustible fósil se incrementará de 10% a 12% en la mayor parte del territorio nacional.

Los biocombustibles son reconocidos en el mundo por ofrecer diferentes tipos de beneficios a mediano plazo dentro de los que se destaca la diversificación en el suministro de los combustibles, el fomento a la conservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo rural. Recientes análisis realizados por Econometría permiten concluir que el incremento de dos puntos en ese porcentaje incentivará el desarrollo de cerca de 50.000 hectáreas de palma de aceite, lo cual le significará al país la generación de 6.500 empleos directos y 16.300 indirectos, empleos formales que representarán salarios por más de $270.000 millones anuales.

A su vez, los mayores cultivos de palma impulsarán el desarrollo a través del encadenamiento con otros sectores. Mediante este mecanismo el incremento en la demanda de biodiésel representará al país un crecimiento cercano a 0,06 puntos del PIB, lo cual corresponderá con un valor agregado adicional cercano a los $750 mil millones anuales. Esto bajo el supuesto de que la mayor producción de esos biocombustibles se dará en el país, lo cual es razonable con las actuales condiciones de competitividad de la producción nacional.

Desde el punto de vista ambiental y de salud los impactos tampoco serán menores. Varios estudios han demostrado que la mezcla de biodiésel en los combustibles reduce la presencia de material particulado en el ambiente, material que a su vez es causante de enfermedades respiratorias y muertes anticipadas. Las estimaciones realizadas por Econometría llevan a concluir que con el incremento de dos puntos en la mezcla se reducirán los costos de atención en salud en $751.000 millones anuales y, más importante aún, que se evitarán cerca de 6.000 muertes anualmente.

En lo ambiental un segundo aporte de los biocombustibles se derivará del incremento en el área sembrada, esto porque una hectárea de palma capta 8,8 toneladas de CO2. El incentivo al incremento de los cultivos que la mayor mezcla genera permitirá captar 433 toneladas de CO2, lo que aportará a los compromisos del país frente a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y disminuirá en $17.000 millones anuales los recursos que Colombia debería destinar para el cumplimiento de la meta que al respecto se ha planteado.

Aunque los beneficios de los biocombustibles son evidentes, se debe considerar que su uso genera algunos riesgos dentro de los que destaca el posible efecto sobre la disponibilidad de alimentos, ya sea por cambios en el uso de la tierra o por la utilización de algunos productos alimenticios para la producción de biocombustibles o la potencial destrucción de bosques para la producción de los insumos agrícolas. Estos riesgos son poco probables en Colombia, puesto que la producción de palma se realiza principalmente recuperando tierras que han sido degradadas por la ganadería o aportando al desarrollo de las cerca de 15 millones de hectáreas disponibles para producción agrícola que hoy no son aprovechadas por el país, el aceite de palma se elabora con excedentes de producción de la palma y además los productores, gremios y el Gobierno Nacional han establecido un acuerdo de cero deforestación con mecanismos de trazabilidad, transparencia y monitoreo.

Internacionalmente, estos riesgos son controlados mediante normas técnicas de habilitación y certificaciones ambientales. En el caso de Colombia se cuenta también con la Comisión Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles (Decreto 2338 de 2008), en la cual participan los ministerios de Agricultura, de Ambiente, de Minas y Energía, de transporte y de comercio, así como, el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Pública-Privada. Esta Comisión analizó la viabilidad de la nueva mezcla lo cual ofrece tranquilidad sobre la no materialización de esos riesgos.

Un último aspecto para mencionar tiene que ver con el posible incremento en el precio final del Acpm. El biocombustible tiene un precio mayor que el diésel fósil, por lo que el incremento de dos puntos porcentuales en la mezcla puede tener un impacto de 2,7% en el precio final de este combustible. Frente a los beneficios que la medida ofrece este es un impacto menor, baste mencionar que ese incremento de precio corresponde a poco menos de la mitad de los costos en atención en salud que se evitarán gracias a la menor presencia de las enfermedades respiratorias.

Para concluir se debe mencionar que buena parte de los beneficios mencionados dependen de que la mayor producción de los biocombustibles se desarrolle en el país y que para ello, como ya se dijo, es importante que las condiciones de competitividad de la producción nacional se mantengan o, incluso, se mejoren. Así, medidas internacionalmente utilizadas, como la no aplicación del IVA al consumo de biocombustibles se deben mantener, y otras, como la creación de incentivos a la investigación y la inversión, se deben fortalecer.

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La importancia de la reapertura segura en la educación inicial

La importancia de la reapertura segura en la educación inicial

Autor: Econometría Consultores

El pasado 28 de mayo se presentaron en esta columna los resultados de la evaluación de las estrategias “Aprender en Casa” y “Mis Manos te Enseñan” como alternativas de atención remota a la primera infancia, en el contexto de las cuarentenas derivadas del covid-19.

Si bien los resultados de estas estrategias fueron positivos y han tenido un efecto importante en el fortalecimiento de los vínculos entre maestros y familias, vale la pena reflexionar sobre la importancia de superar esta atención coyuntural, aprender de ella y apostarle a la apertura gradual y segura de los servicios de atención a la primera infancia de manera presencial.

La primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo, no solo cognitivo sino socioafectivo de los seres humanos. En este periodo, que va desde la gestación hasta los 5 años, la garantía de los derechos a la salud, la nutrición, la educación, el cuidado y la protección, son claves para el bienestar presente y de los futuros adultos, por lo que no en vano se han hecho importantes esfuerzos en la consolidación de políticas de primera infancia y en la priorización del gasto público para este momento del curso de la vida. Esta realidad está constatada por numerosos estudios longitudinales en todo el mundo realizados por varios premios Nobel de economía.

Sin embargo, en términos de desarrollo, no solo la provisión de servicios de calidad es importante. Las interacciones con los pares, con los padres, con los miembros de la familia, con otros adultos y con la comunidad, son determinantes en la construcción de habilidades sociales y emocionales, aspectos que también afectan las capacidades de aprendizaje y las habilidades necesarias para el resto de sus vidas. Todo ello repercute en su salud mental.

El desarrollo en la primera infancia es, por lo tanto, un proceso cultural, puesto que no solo cuenta las dinámicas individuales, sino que son fundamentales las relaciones y las interacciones con el entorno social, especialmente para los mayores de dos años. En la medida en que estás experiencias de vida sean saludables y enriquecedoras, se tienen efectos positivos sobre el aprendizaje y la retención en el sistema escolar, en la reducción de las brechas de género, en la inclusión social y una mayor probabilidad de éxito en sus vidas futuras.

Bajo esta perspectiva del desarrollo, el cierre de los servicios de atención inicial ya está causando efectos en las niñas y los niños, puesto que han visto limitadas sus interacciones, han perdido espacios de juego, y se han restringido sus posibilidades de exploración y de socialización. Nada de ello puede ser suplido por las estrategias remotas.

A esto se suman dos factores generadores de estrés que afectan al hogar como entorno inmediato de desarrollo, y que pueden dificultar la creación de un ambiente seguro, protector y enriquecedor para niñas y niños. De un lado, es necesario tener en cuenta el incremento de la pobreza como efecto de la pandemia y sus consecuencias sobre el acceso a bienes y servicios, y por otro, la sobrecarga de los cuidadores, que son principalmente mujeres. Ambas son situaciones que afectan particularmente a las personas más vulnerables, lo que profundizará las brechas en el desarrollo entre los diversos niveles socioeconómicos.

En contextos vulnerables los centros de atención a la primera infancia son mucho más que simples servicios de aprendizaje que pudieran ser sustituidos con herramientas tecnológicas. Además de ser espacios que promueven las interacciones enriquecedoras, son entornos protectores y proveedores de servicios básicos, por lo que sus cierres también han mostrado repercusiones en el aumento del maltrato, el abuso y la violencia, y efectos negativos en la salud, la nutrición y el bienestar tanto de las niñas y los niños como de sus familias.

Ante esta realidad, a finales de 2020 el Icbf inició un Piloto de Apertura Presencial Excepcional en algunas unidades de atención a la primera infancia del país, con el fin de organizar y flexibilizar los servicios y dar continuidad a la atención presencial bajo el esquema de alternancia definido por el Ministerio de Educación. Estos pilotos fueron evaluados por Econometría Consultores. Gracias a esta evaluación se pudieron apreciar los resultados positivos en relación con la continuidad de la prestación de los servicios con calidad, evidenciaron una importante capacidad de adaptación de lo pedagógico a las nuevas realidades sin renunciar a la exploración y a la interacción, y demostraron la viabilidad de poner en marcha un retorno seguro para las niñas y los niños en Colombia con la participación activa de sus familias.

Son comprensibles los temores hacia la apertura en una realidad en la que las condiciones de prevención frente al virus no están plenamente dadas, pero la apuesta de política debería poner en la balanza elementos diferenciales para este tipo de población y para este tipo de educación. Se debe promover la apertura gradual y segura, apoyándose en la experiencia piloto de Icbf, de tal manera que se aumente la cobertura de la presencialidad en los servicios a la mayor cantidad de niños y niñas.

Esta decisión debe tomar en cuenta elementos claves como la incidencia del virus en la primera infancia, el comportamiento de los contagios dentro de los centros de atención y los efectos positivos que tiene la vacunación del personal que trabaja en ellos. Pero, sobre todo, debe incluir una perspectiva de futuro que analice los efectos que las decisiones que se tomen hoy tienen en el largo plazo en las niñas, los niños y la sociedad. Queda por delante una importante tarea de evaluar los impactos que los cierres de los centros de atención a la primera infancia y las estrategias de atención remota tendrán sobre el desarrollo, la educación, la inclusión, las brechas de género y el bienestar, así como las medidas correctivas que será necesario tomar para tratar de recuperar el tiempo perdido.

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