Crecimiento económico y el Conpes

Crecimiento económico y el Conpes de reactivación

Escrita por: Julián Roa

La crisis económica derivada de las medidas de confinamiento por la pandemia del covid-19 ha sido profunda. En el caso de Colombia la crisis llevó a una caída del PIB en 6,8%, una inflación de 1,6%, que es el menor registro desde 1955, y una tasa de desempleo del 15,9%, con un promedio de las tasas de desempleo mensuales de 16,1%. Dichos resultados fueron similares a los pronosticados por Econometría Consultores publicados en este diario en las fechas de 7 de agosto y 30 de octubre del año pasado, en donde se esperaba una caída del PIB del 7%, una inflación del 1,8% y una tasa de desempleo del 16,5%. En dichas columnas se mencionaba la necesidad de lograr una senda de crecimiento alta en los próximos años para poder recuperar rápidamente las pérdidas generadas por esta crisis.

De momento, las expectativas de los analistas no son las mejores. Según la última encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, los pronósticos de crecimiento para 2021 fluctúan entre 3,9% y 4,8% con un valor mediano de 4,5%. Por su parte, el FMI y el Banco Mundial ajustaron sus perspectivas de crecimiento en 4,6% y 4,9%, respectivamente. Bajo estos escenarios, se recuperaría el nivel de PIB en 2019 en 2022. El 22 de enero, en este diario, Econometría Consultores pronosticó un crecimiento de 4,5% para 2021. La persistencia de los choques negativos en la tasa de desempleo hace necesario que se den acciones para mejorar el crecimiento económico en el corto plazo, pues de lo contrario los efectos lesivos de la crisis se mantendrán por mucho tiempo.

Es por ello por lo que existían tantas expectativas sobre el Conpes 4023, en el cual se fija la política pública para la reactivación, repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente. En nuestra opinión, el Conpes 4023 tiene múltiples aciertos, pero también genera dudas y se notan algunas ausencias.

Dentro de los aciertos se encuentra la inversión en la infraestructura vial del país, lo cual es importante en la medida en que generaría cerca de dos millones de empleos, aunque la mayoría de estos serían temporales. Además de este efecto en el empleo, este tipo de proyectos permite una mayor competitividad de las exportaciones no tradicionales colombianas pues bajaría el costo de transporte. Dicho compromiso también busca cerrar la brecha digital entre las zonas rurales y el campo, lo que seguramente incidirá de manera positiva en el crecimiento de largo plazo del país y en la calidad de vida de los colombianos.

Otro de los aciertos se encuentra en la expansión del programa Ingreso Solidario hasta junio de 2021, que se traduce en tres giros adicionales para las familias más afectadas por la pandemia. Lo anterior resulta importante puesto que, aún si se cumple el programa de vacunación, el primer semestre de 2021 no será muy dinámico, y los hogares más vulnerables seguirán necesitando apoyo de parte del gobierno. Es recomendable condicionar el fin de este programa a que se logré la inmunidad de rebaño en el país, más aún cuando los riesgos de un retraso en el programa de vacunación son altos. Ahora bien, este programa puede constituir un avance importante en materia de políticas públicas y puede adaptarse después de la pandemia, más en la lógica de un seguro de desempleo que de una transferencia no condicionada.

Una de las dudas que genera la lectura del documento Conpes es la celeridad del programa. ¿Cómo es la temporalidad de la ejecución $135 billones de dicho programa de reactivación? ¿En qué temporalidad se generarían los cerca de 2 millones y medio de empleos nuevos contemplados en dicho documento? Aunque se plantea que es un plan a seis años, en materia de mercado laboral es muy distinto generar 1,5 millones de empleos entre 2021 y 2022 y el millón restante entre 2023 y 2026 a generar cerca de 500.000 empleos cada año entre 2021 y 2026. Esta temporalidad no es clara. Es necesario que sean explícitas en el tiempo las metas de recuperación del mercado laboral. Si bien la inversión prometida puede generar empleos, es necesario que las metas con relación a estos últimos sean más explícitas.

En la misma línea, en el documento Conpes están ausentes políticas activas de empleo. La tasa de desempleo de las mujeres en 2020 se ubicó en 20,6% y a pesar de ello no se evidencia la existencia de estrategias que mitiguen la brecha de género. Se plantea que la inversión en infraestructura generará 2 millones de empleos, y ello está bien, pero serán fundamentalmente masculinos. Así las mujeres, que fueron las más afectadas por la crisis, no estarían beneficiadas de manera directa por esta política de reactivación. Son necesarios planes específicos dirigidos a este grupo social.

Lo mismo sucede con los jóvenes, pues gran parte de las estrategias destinadas a este segmento de la población se enfocan más en la formación de su capital humano, aspecto importante, pero que no garantizan la generación de empleo en este rango de edad. Sería prudente la generación de programas de disminución en los impuestos que hoy castigan la generación de empleo. También debe pensarse en la exención en parafiscales para fomentar el empleo de grupos altamente afectados por la crisis. El crecimiento económico debe ser inclusivo.

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Reflexiones sobre la reforma tributaria

Reflexiones sobre la reforma tributaria

Autor: Francisco Azuero

Es clara la necesidad de una reforma tributaria. No solo en Colombia. En todos los países del mundo la única opción que encontraron los estados para frenar la propagación del covid-19 fue frenar súbitamente las economías con cuarentenas y reglas de aislamiento social. Sin la actividad económica funcionando plenamente, el Estado se convirtió en el garante de última instancia de la supervivencia de personas y empresas. El Banco Mundial calcula que en los países emergentes la deuda pública creció 9 puntos porcentuales, y en Colombia los datos del Ministerio de Hacienda muestran que creció 12,8 puntos porcentuales, pasando de 48,6% del PIB en 2019 a 61,4% del PIB en 2020.

Los colombianos contamos con un activo muy importante que, como no lo hemos perdido, no lo valoramos lo suficiente: la estabilidad macroeconómica. Fuimos de los pocos países de América Latina que pasamos invictos la década perdida de los 80, cuando varios de los países de la región declararon la moratoria de la deuda externa debido al aumento desbordado del endeudamiento y al alza histórica de las tasas de interés. Pero el crecimiento del gasto público para enfrentar la pandemia se financió en gran parte con deuda nueva que en algún momento la sociedad deberá pagar.

Econometría anunció en este diario, en una columna del 3 abril del 2020, que el mayor gasto generado por la pandemia iba eventualmente a generar la necesidad de una reforma tributaria. Y que era necesario ser eficiente con este gasto extraordinario y apoyar en su justa medida a agentes económicos, porque todos ellos, los trabajadores, las empresas grandes y pequeñas, los hogares vulnerables y no vulnerables, estaban siendo afectados. Y que mientras más se vieran y valoraran las ayudas, más apoyo iba a tener esa reforma. El gobierno dijo que llegó el momento. Y ha esbozado, a través de entrevistas de prensa, algunos de los que posiblemente sean los elementos esenciales de su propuesta. Vale la pena hacer algunas reflexiones sobre ellos.

En primer lugar, se supone que el proyecto no se va a ocupar solamente de los impuestos, sino también del gasto. Por ello se le llamará “reforma fiscal” (el nombre reforma tributaria tiene cada vez menos atractivo). En cuanto a los impuestos, vale la pena recordar que la reforma tributaria de 2019 creó una “Comisión de Expertos” para estudiar los beneficios tributarios vigentes. Se supone que esa Comisión, compuesta por seis funcionarios públicos y cinco expertos internacionales ya debe estar por entregar su informe final, que supuestamente será la base para el proyecto de “reforma estructural”.

No es la primera vez que funciona una comisión de expertos con ese propósito. La penúltima, cuyo informe se presentó a finales de 2015, incluyó varias propuestas, la mayoría de las cuales no fueron tenidas en cuenta ni por el gobierno ni por el congreso. Esa comisión había señalado la conveniencia de racionalizar los llamados “beneficios tributarios” del impuesto a la renta, y que consisten en tratamientos privilegiados para ciertos contribuyentes, bajo la forma de rentas exentas, deducciones que no tienen relación con la generación de los ingresos, y tarifas preferenciales más bajas o descuentos tributarios. Esos tratamientos le costaron al fisco en el año 2018 (el Gobierno no ha publicado los resultados de 2019) $13,3 billones. Es indudable que una verdadera reforma estructural debe enfrentar ese hueco fiscal, por razones de eficiencia económica y de equidad tributaria.

Las propuestas del gobierno parecen referirse hasta ahora en la eliminación de exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales del IVA, que hoy están centradas especialmente en productos que hacen parte de la canasta familiar. La devolución del IVA a los sectores más pobres de la población, y que se había presentado en proyectos anteriores, es hoy posible gracias al programa Compensación de IVA. No parece factible, ni conveniente, elevar más el impuesto a las sociedades, y mucho menos cobrarles el impuesto a la riqueza. Es posible sin embargo elevar las tarifas de las rentas de capital de las personas naturales, tal como lo propuso la Comisión de Expertos de 2015.

Tampoco es la primera vez que el gobierno anuncia una reforma “estructural”. Pero hasta ahora siempre los gobiernos se han tropezado con las realidades políticas. De hecho, el ministro Carrasquilla también intentó una en su primer paso por el ministerio. En un documento del 2010, Guillermo Perry, Mauricio Olivera y Mónica Pachón mostraron que desde la Constitución de 1991 es más difícil hacer una reforma tributaria estructural. La fragmentación política, propiciada entre otras por el sistema del voto preferente para cuerpos colegiados, obliga a discutir y sustentar la reforma con varios partidos o fracciones, e incluso con parlamentarios individuales, cada uno defendiendo los intereses de sus votantes o de los grupos de poder que los financian. Por esto los gobiernos, y los parlamentos, reconociendo la necesidad de recursos, terminan aumentando las tasas impositivas de rentas de trabajo o aumentando el IVA. ¿Qué hará que este gobierno si logre, por fin, impulsar esa reforma estructural?

Frente al gasto público, el otro gran componente de la anunciada “reforma fiscal” es muy poco lo que se ha anunciado. Haría bien el gobierno en seguir varias de las recomendaciones de la comisión del Gasto y la Inversión Pública, publicado en 2017.

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El servicio de empleo y el covid, columna de Econometría

El servicio de empleo y el covid

Autor: Mauricio Olivera

Las últimas cifras del mercado laboral no son alentadoras. Aunque con la apertura de mitad del año pasado la tasa de desempleo se redujo considerablemente, pasando de 20,3% a 13,8% entre el segundo y el cuarto trimestre del 2020, continúa por encima de los dos dígitos, y este descenso se concentró en empleos informales. En el año se destruyeron 2,4 millones de empleos, a lo que se suman 1,8 millones de personas que pasaron a la inactividad dejando de presionar el mercado laboral. La tasa de desempleo anual fue de 15,9% frente a 10,5% del 2019, creciendo más del 50%. Las comparaciones internacionales también muestran que la pandemia ha tenido efectos devastadores en el empleo. Entre los países de la OECD, desde el inicio de la pandemia Colombia fue el país más afectado, superando el 20% de desempleo, y en diciembre se mantuvo en los tres primeros lugares de más altas tasas de desempleo, acompañada por España y Grecia. A este panorama se suman las medidas que los gobiernos tuvieron que tomar para enfrentar la segunda ola de contagios, y aunque se están haciendo los esfuerzos para un plan de vacunación masivo, la incertidumbre es grande.

El panorama laboral ha llevado al país a discutir y diseñar diversos mecanismos para enfrentar la crisis. El gobierno se ha concentrado en alivianar la reducción del ingreso de las familias con los programas Ingreso Solidario y Compensación de IVA. Destinó recursos importantes a las empresas capitalizando el Fondo Nacional de Garantías. Respecto al mercado laboral creó la Misión de Empleo, y en la Mesa de Concertación Laboral se habló de la necesidad de una reforma laboral. Creó y hace unos días puso en marcha el piso de protección social, buscando atacar la informalidad aumentando la cobertura en seguridad social. Para los trabajadores formales que perdieron su empleo, las cajas de compensación han utilizado los recursos de sus agencias de empleo para subsidiar los ingresos de estos trabajadores por un tiempo limitado. También creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), un programa de subsidio a la nómina, con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), y ejecutado a través de entidades financieras.

Por su parte, basado en la famosa afirmación de John Maynard Keynes sobre la necesidad de abrir huecos para taparlos en su obra “Teoría general del empleo, el interés y el dinero” cuando analiza la desutilidad del desempleo y la necesidad de gasto público para impulsar la economía, un precandidato presidencial propuso como política de choque para enfrentar el desempleo en el corto plazo un programa de empleo de emergencia, ejecutado por los gobiernos regionales y locales, con financiación del gobierno central, y sabiendo que en las regiones existen muchas obras por terminar -los huecos ya están abiertos, es necesario cerrarlos.

En suma, se han discutido varios temas para enfrentar la crisis del mercado laboral. La realidad actual obliga a actuar más rápido, y a buscar mayores efectos. Un tema del que poco se ha hablado es sobre el papel del servicio de empleo para enfrentar la crisis, más allá del subsidio a los trabajadores formales.

Los servicios de empleo tomaron su relevancia después del trabajo seminal de Dale Mortensen y Christopher Pissarides en 1994 en el cual demuestran que una gran ineficiencia en el mercado laboral se encuentra en el emparejamiento entre la oferta y la demanda laboral. Gracias a este trabajo fueron galardonados con el premio nobel de economía, al lado de Peter Diamond, en el 2010. Quienes ofrecen su trabajo no saben en qué empresas son necesitados de acuerdo a su conocimiento, experiencia y habilidades, y las empresas no saben donde encontrar los trabajadores que necesitan. El papel primordial de los servicios de empleo es lograr que las personas que buscan trabajo -la oferta laboral- lo consigan de acuerdo a sus capacidades, y que los empleadores que buscan trabajadores -la demanda laboral- lo consigan de acuerdo a sus necesidades, de manera eficiente. En los países avanzados, el servicio de empleo juega un papel protagónico. El servicio público alemán cuenta con más de 100 mil funcionarios, y más de la mitad trabajan en los centros de empleo, y en el 2020 atendió más de 7,5 millones de personas.

En Colombia se creó el servicio público de empleo en el 2012, atado al mecanismo de protección al cesante, una aproximación al seguro de desempleo. Una evaluación inicial mostró que es una institución en maduración, y entre los retos está la confianza de los empleadores para registrar sus vacantes. A este se suma la unión entre el servicio de empleo y la formación para el trabajo con una perspectiva de mediano plazo. La nueva normalidad traerá nuevos empleos con nuevas habilidades y competencias de los trabajadores.

El servicio de empleo podría jugar un papel más protagónico para enfrentar la crisis del mercado laboral generada por la pandemia. La OIT hace un recuento completo de las respuestas que este ha dado tanto en esta crisis, tanto para las políticas pasivas de empleo (por ejemplo, subsidios al desempleo) como para las políticas activas (Para la demanda laboral, políticas de corta duración para preservar el empleo e incentivos la creación de nuevos empleos, y para la oferta políticas de capacitación e incentivos para buscar activamente empleo, y programas públicos de empleo de emergencia de corta duración, especialmente para trabajadores vulnerables y con bajo nivel educativo).

Una encuesta al servicio de empleo en 72 países realizada por el BID, la OIT, la Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo (Wapes, por sus siglas en inglés), la Comisión Europea, y Socieux+, un proyecto de la Unión Europea que busca mejorar las capacidades de la protección social en países de ingreso medio y bajo, muestra que los servicios de empleo se adaptaron para seguir prestando sus servicios durante el confinamiento, se readecuaron y ampliaron para responder a las necesidades prioritarias, por ejemplo, del seguro de desempleo, de subsidios para la retención del empleo o de programas de empleo de emergencia, y para reclutamiento de trabajadores en sectores prioritarios. Algunos también fortalecieron la recapacitación para desempleados con escasos recursos a través de programas virtuales, e implementaron y fortalecieron políticas inclusivas, por ejemplo, cuidado de los niños atados a la acción de búsqueda de empleo. En Colombia, es necesario fortalecer el papel protagónico del servicio de empleo. En el corto plazo, unificando las políticas de empleo para enfrentar la crisis, y, en el largo, para la formación para el trabajo y la creación de trabajo formal.

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Seguiremos en 2020 hasta junio, columna de Econometría

Seguiremos en 2020 hasta junio

Autor: Julián Roa Rozo

Hace cinco meses Econometría Consultores esperaba una caída de 7% en 2020 y una recuperación cercana a 3,5% en 2021. Según la encuesta de expectativas económicas de junio de 2020 realizada por el Banco de la República, algunos analistas esperaban una caída de 10%. Por su parte, el Ministerio de Hacienda esperaba una caída de 5,5% (ver columna ¿Curva V?). Como se puede ver, no había un consenso sobre lo que pasaría con la economía colombiana.

En cuanto a la incertidumbre, 2021 se parece a 2020. Actualmente la mayoría de los analistas espera un crecimiento entre 4,5% y 5,3% para 2021, según la encuesta mensual de expectativas de enero de 2021. Algunos contemplan la posibilidad de que la economía haya caído cerca de 8% en 2020 y tengamos una recuperación débil cercana a 0,8% en 2021. Otros, más optimistas, esperan que la economía haya caído 6% en 2020 y tenga una recuperación cercana a 8%. Por su parte, Econometría Consultores conserva su pronóstico de una caída de 7% en 2020 y ajusta su pronóstico para 2021 con un crecimiento de 4,5%.

Esta expectativa de mejoría se sustenta en las vacunas. Desde el lado externo, los países desarrollados han empezado a vacunar a sus ciudadanos. Lo anterior ha aumentado las expectativas de un alto crecimiento económico para estos países y esto incidirá en el precio del petróleo el cual se espera que aumente en un rango entre US$55 y US$60 por barril. La recuperación de la demanda externa y del precio del petróleo incidirán de manera positiva en el crecimiento económico colombiano.

Sin embargo, Colombia enfrenta una alta incertidumbre. El gobierno colombiano anunció un plan de vacunación sin fechas claras. Por otra parte, las noticias de retraso de las vacunas a nivel mundial hacen pensar que Colombia empezará más tarde de lo previsto. Siguiendo el calendario proyectado de dosis, Colombia tendría una dosificación promedio de 146.000 dosis por día. Lo anterior es un número alto y, a priori, difícil de creer. En estos momentos, de los 54 países que han empezado los programas de vacunación solo ocho han logrado dosificaciones diarias por encima de 100.000 dosis (Estados Unidos, China, Turquía, Reino Unido, India, Israel y Emiratos Árabes Unidos). De los países latinoamericanos, México ha impuesto el récord pues ha logrado 50.000 dosis diarias. También es importante recordar el alto rechazo que tienen las vacunas. Según la Encuesta del Pulso Social del Dane, solo 60% de los colombianos se aplicaría la vacuna.

El reto que tiene el plan de vacunación colombiano es alto. Dentro de las poblaciones prioritarias para vacunar están los docentes pues su vacunación permitirá la reapertura de los colegios públicos y de esta manera se puede dar una reactivación real. Si se cumple el plan del Gobierno a mediados del mes de mayo los docentes empezarían su vacunación. En contraparte, si se da una situación similar a la de México, la vacunación de los docentes empezaría en agosto.

Por lo anterior es de esperar que 2021 tendrá un primer semestre similar al final de 2020. Es decir, se tendrá un esquema de autocuidado con la posibilidad de cuarentenas sectoriales no esperadas después de febrero en algunas ciudades del país, y sin la reapertura de colegios públicos. Bajo este supuesto, la economía se mantendrá estancada durante el primer semestre de 2021. Se esperaría una reactivación importante en el segundo semestre. La razón es que una vez se vacunen las personas de alto riesgo, se puede permitir una mayor movilidad de los ciudadanos.

Si bien, esta mayor movilidad implicará un aumento en los contagios, la vacunación podría reducir la mortalidad de manera importante. Así, se puede dar una recuperación sostenible epidemiológicamente en el segundo semestre de 2021.

Bajo este escenario, Econometría Consultores espera que la economía crezca 4,5% este año. Se espera que la tasa de cambio se disminuya a $3.250 a finales de 2021. Los factores detrás de esta revaluación son un aumento en el precio del petróleo generado por una mayor demanda global y el impulso monetario por parte de Estados Unidos.

Esto puede incidir en variables como la inflación, la cual se espera termine 2021 cerca de 2,6%. Una revaluación acompañada de una demanda débil en el primer semestre de 2021 permitirá que la inflación se mantenga baja durante el primer semestre y de esta manera, su incremento se dará en el segundo semestre de 2021 una vez la economía vuelva a reactivarse. En cuanto al desempleo, esta a va a tener un repunte importante en el mes de enero y luego caerá cerca de 11% a finales de 2021. Los riesgos que tiene la economía son altos y además su probabilidad de materializarse no es baja. Es probable que el pronóstico brindado hoy cambie a la baja en los próximos meses.

Por ello se sugiere al Gobierno colombiano ser más claro en cuanto la celeridad del plan de vacunación para así brindar certidumbre a los empresarios y que de esta manera se puedan tomar decisiones informadas.

Esta información también es útil para el Ministerio de Hacienda, ya sea para prepararse para un nivel mayor de gasto o para ajustar las proyecciones de ingresos tributarios. Naturalmente, un plan de vacunación de esta naturaleza es inédito y es probable que se den contratiempos en el camino. Sin embargo, un plan con una mayor claridad sobre las fechas de inicio de cada fase es una herramienta útil para todos los colombianos.

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Comunidades incluyentes: cómo se aplican políticas públicas…

Comunidades incluyentes: cómo se aplican políticas públicas eficaces

Autores: Orazio Attanasio, Cowles Professor de Economía de Yale - Carolina Murgueitio, Subdirectora de Econometría

Los individuos reciben muchos mensajes: desde políticos, funcionarios y científicos, hasta de chamanes, y muchas veces no tienen los instrumentos para apropiar los mensajes ‘buenos’, especialmente si vienen desde instituciones en las que no confían.

En la pasada entrega de esta columna nos referíamos a cómo las políticas de primera infancia durante el confinamiento requieren de un apoyo sustancial de la apropiación por parte de la comunidad como trampolín para su escalabilidad. En esta oportunidad reflexionamos sobre cuatro puntos fundamentales, acerca de la necesidad de la comunidad para que unas políticas sean efectivas, no solo en el ámbito de una emergencia como la vivida durante ya casi todo el 2020 sino en épocas “normales”.

La primera reflexión se refiere a que las intervenciones no solo deben ser escalables desde el punto de vista de los costos y recursos disponibles, sino desde la difusión que se logre a través de la participación de la comunidad. Generalmente se considera a la participación comunitaria como un resultado, pero muchas veces es un medio potencialmente muy poderoso. En efecto, es un resultado y un proceso dinámico al mismo tiempo, y para que sea exitosa, los esfuerzos de participación comunitaria deben sustentarse en la solidaridad y colaboración. Ejemplos de escalabilidad a través de la participación comunitaria se han demostrado en el sector salud, por ejemplo, en intervenciones para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el trabajo mancomunado entre profesionales de servicios sociales y promotores de salud se ha evidenciado en diferentes países.

Otro ejemplo que se ha divulgado por ONU Mujeres es la escalabilidad efectiva que se ha dado a través de grupos de mujeres y de organizaciones comunitarias que han funcionado como enlaces entre el personal de seguridad y las comunidades locales. Se han establecido mecanismos de consulta y colaboración con estos grupos que contribuyen a mejorar la respuesta de la policía a la violencia contra las mujeres, con aportes específicos de organizaciones comunitarias. Un caso de este tipo fue evidenciado, por ejemplo, por Econometría en la construcción de la línea de base de la iniciativa Spotlight en Honduras.

La segunda reflexión es que la comunidad es clave cuando las intervenciones de política buscan modificar comportamientos sociales. Las normas sociales son reglas y expectativas de cómo se deben comportar las personas para evitar conductas que, aunque sean aceptadas puedan afectar negativamente a ciertos grupos poblacionales.

Tanto los factores individuales, circunstancias familiares, como los factores del entorno (movilización política, cambios económicos, leyes y políticas) influyen en cómo cambian las normas de comportamiento. Algunas normas que buscan ser cambiadas son por ejemplo relacionadas con equidad de género, la ablación femenina o el matrimonio infantil. Los factores que han ayudado a cambiar las normas entorno a este último incluyen: apoyo económico para ayudar a las niñas a asistir a la escuela, educación, medios de comunicación, campañas de concientización de gobiernos y organizaciones sobre el impacto en la salud del matrimonio infantil, alternativas para las niñas y sanciones legales, entre otros.

El objetivo final, sin embargo, para que estas intervenciones sean sostenibles, es cambiar las perspectivas individuales y las normas sociales. Econometría identificó que una intervención en Afghanistan, donde la incidencia del matrimonio infantil es muy alta, definitivamente requería de la apropiación de la comunidad para cambiar la norma ampliamente aceptada.

Un tercer punto de reflexión es que para que la comunidad pueda ejercer su poder de cambio es importante y necesario utilizar las redes preexistentes, en muchos casos vinculados a los programas sociales existentes. Un ejemplo importante, que se olvida con demasiada frecuencia, es el de la transferencia condicional de dinero. Muchos de estos programas, como Progresa/Oportunidades en México y Familias en Acción en Colombia, crearon nuevas e importantes figuras sociales en las comunidades, con el propósito de ayudar al funcionamiento del programa. Las ‘madres promotoras’ en México y las madres líderes en Colombia, en muchas situaciones se convirtieron en importantes actores reconocidos por las comunidades locales y un elemento fundamental de estos programas.

En las varias evaluaciones realizadas entre otras entidades por Econometría, se encontró que la red conformada por estas líderes ha permitido potenciar el programa de transferencias condicionadas a través de la difusión de prácticas de crianza, pautas nutricionales e incluso negocios de producción y comercialización de alimentos que han permitido generar ingresos adicionales a las familias. Otras cifras podrían incluir a las madres comunitarias del ICBF en Colombia o a los trabajadores Anganwadi en la India.

El cuarto aspecto que merece la pena destacar es cómo la comunidad puede permitir desarrollar de manera eficiente y efectiva la provisión de bienes y servicios de manera remota. A través de servicios comunitarios es posible, por ejemplo, prestar servicios de salud, educativos y de crianza a distancia. En Honduras, por ejemplo, Econometría evidenció como organizaciones de corte comunitario acompañan a familias en medio de la pandemia a llevar a cabo prácticas de crianza, seguimientos de desarrollo infantil y acompañamiento a madres gestantes. Una vez más, es importante identificar los agentes de las comunidades que pueden desempeñar este tipo de papel y utilizar sus capacidades.

El poder de la comunidad es entonces un mecanismo para lograr resultados e impactos de políticas e intervenciones, ya que a través de sinergias se produce un resultado superior a la suma de los logros que cada individuo hubiese logrado por su cuenta y es allí donde la apropiación de las intervenciones logra efectividad.

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La apropiación de la comunidad para políticas efectivas

La apropiación de la comunidad para políticas efectivas

Autor: Econometría Consultores

La realidad del covid 19, a la que ha sido necesario adaptarse por todos los agentes de la sociedad, ha retado a unos más que otros pues las condiciones no son iguales para todos. Uno de los sectores con mayores retos es la atención a la primera infancia, y en particular los niños de familias pobres.

Múltiples estudios han demostrado que las inversiones en la primera infancia son fundamentales: lo que pasa en los primeros años tiene efectos en el largo plazo y puede ser influenciado de manera contundente por choques severos.

Estas inversiones y la implementación de las políticas públicas, que son particularmente importantes en estos tiempos de crisis, se han visto afectadas por el confinamiento pues los niños y niñas no han podido asistir a los establecimientos de educación inicial en donde reciben estimulación, relacionamiento con sus pares a través de juegos y enseñanzas.

Estas pautas se han trasladado a casa en donde los padres también atienden sus trabajos, y requieren de apoyo para poder llevar a cabo estrategias que impidan que el desarrollo temprano se vea truncado. En estos tiempos, es importante involucrar a los niños en actividades que disminuyan el estrés y se creé gradualmente un ambiente donde el aprendizaje pueda continuar.

La pandemia y la nueva normalidad han hecho aún más evidente la necesidad de involucrar a las comunidades en la realización y aplicación de las intervenciones dirigidas a los primeros años. Las intervenciones que tratan de cambiar el comportamiento individual, como las prácticas de crianza, tienen que encontrar los canales adecuados para enviar la señal correcta.

La confianza y el sentido de propiedad de la comunidad son fundamentales para su éxito. Esto se requiere siempre, pero es particularmente esencial durante la pandemia, que ha hecho más difícil la realización de muchas intervenciones.

De manera acelerada, los gobiernos y organizaciones han implementado estrategias de base comunitaria para la educación inicial en casa, por ejemplo, en la India la Fundación Pratham ha contribuido con diversas innovaciones al gobierno de su país con actividades diarias que prepara a los padres para continuar el proceso de aprendizaje de sus hijos incluso durante el cierre de la escuela.

A través de una serie de mensajes SMS y de WhatsApp, comparten contenidos centrados en actividades de aprendizaje práctico. Se involucran a los estudiantes en el arte, la música y el teatro, idiomas, matemáticas, y ciencias.

Otro importante punto de referencia es el programa Reach Up and Learn, que ha sido desarrollado por un grupo de investigadores con sede en Jamaica; a través de un paquete de capacitación que lo convierte en un programa eficaz y adaptable para entornos de bajos recursos, la intervención ha sido adaptada y evaluada con éxito en Bangladesh y Colombia, y fue adaptada y aplicada en gran escala en Perú. El Manual para padres, fue rápidamente adaptado a las condiciones de confinamiento y se ha valido de innovaciones remotas.

Los gobiernos deberían utilizar la infraestructura y las intervenciones existentes para determinar los canales adecuados para realizar intervenciones eficaces que lleguen a los hogares y a las comunidades en que viven. En Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Educación (MEN) han generado también estrategias cuyos resultados están en proceso de evaluación.

El MEN ha puesto a disposición de todos los docentes, directivos docentes, padres de familia y cuidadores una serie de guías imprimibles para trabajar en educación inicial. A su vez, Mis Manos te Enseñan del ICBF, es un espacio de aprendizaje donde los cuidadores encuentran prácticas de crianza positiva para interactuar con niños, niñas de acuerdo con su edad, así como consejos, orientaciones y recomendaciones de cuidados, prevención de riesgos, resolución de conflictos y sana convivencia en el hogar.

Estas estrategias en medio del confinamiento requieren de prácticas de cuidado colectivo, que hacen posible la sostenibilidad de la vida cotidiana, con estrategias de abajo hacia arriba, que buscan producir respuestas colaborativas, descentralizadas y solidarias.

Mas allá de la provisión de servicios que puedan brindar los gobiernos, o escalar una política pública, la clave es lograr actuar e incidir sobre la cotidianidad de las familias a través de la apropiación que tenga la misma comunidad y para ello se hace necesario utilizar los canales existentes.

Es allí, donde la gran infraestructura comunitaria con que cuenta nuestro país desde hace muchos años como las madres líderes del Programa Familias en Acción a través de quienes se ha establecido una fuerte red y madres comunitarias del ICBF cobran gran preponderancia.

En el caso de las madres comunitarias que son las encargadas de administrar y cuidar los hogares del ICBF, existen alrededor 58 mil madres comunitarias que atienden a 750 mil niños en los distintos hogares del instituto. Esta inmensa cantidad de niños y niñas que cuidan son de hogares de bajos recursos que deben dejar a sus hijos en estos hogares para poder trabajar.

La diferencia es que, en pandemia, ellas no reciben a los niños en el hogar comunitario, y ya no juegan con ellos, ni les da desayuno, almuerzo y refrigerio, sino que ahora su trabajo consiste en llamar todos los días a los padres familia de los niños y niñas que tienen a su cargo, preguntarles cómo se sienten, cómo están creciendo, como se encuentran de salud y si están comiendo bien.

Ello exige que las madres comunitarias tengan todos los medios económicos, técnicos y de formación para que a través de sus llamadas puedan ejercer su poder comunitario de acompañamiento, solidaridad y apoyo a las familias. Si bien el ICBF a través del Icetex, ha lanzado un desarrollo de las convocatorias para efectuar programas para cualificar al talento humano que se encarga de la educación inicial, entre ellas las madres comunitarias, aun no se conoce la magnitud y el resultado de este programa.

De otro lado, los desafíos estructurales del país como las barreras de conectividad afectan la labor en pandemia de las madres comunitarias. En un estudio de Telesemana se encuentra también que, para 2019, había 66,3 millones de líneas de telefonía móvil y de estas el 78,9% de las líneas eran pre pago. Ello antepone la necesidad de prever que las madres comunitarias puedan contar con estos medios para ejercer su labor.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recientemente ha publicado un completo análisis de las diferentes estrategias y retos de la atención a la primera infancia identificando además oportunidades de transformar los servicios, buscando que sean más costo efectivos equitativos y resilientes. Algunas de estas estrategias e innovaciones y en particular en el entorno colombiano, serán tratadas en una siguiente entrega de esta columna.

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Los Beps y algunas alternativas del sistema pensional

Los Beps y algunas alternativas del sistema pensional

Autor: Mauricio Olivera

Las presiones que vive el sistema pensional colombiano la viven también en mayor o menor grado la mayoría de países del mundo. En Colombia pesa más la baja cobertura que la presión financiera, pero en el mundo el envejecimiento poblacional y la robotización están generando grandes retos financieros en los sistemas. A medida que pasa el tiempo, habrá menos personas trabajando por cada adulto mayor. Por esto, más allá de la discusión sobre los diferentes sistemas pensionales, como el de capitalización pura que administran los fondos privados en Colombia vs. los sistemas de ahorro intergeneracional que administra Colpensiones, varios países han diseñado esquemas alternativos adicionales y complementarios.

Tuve el placer de participar en el seminario de Pensiones seguras, sostenibles y adecuadas de la Universidad de Louvain, en Bélgica, en un panel en el cual se presentaron diferentes esquemas que complementan la construcción de la pensión. En Bélgica, además del primer pilar, basado en el sistema de pensión intergeneracional -como el de Colpensiones- existe un segundo pilar, de pensiones profesionales. Es un pilar de contribución definida, como lo son los sistemas de capitalización. Es decir, la pensión depende de lo ahorrado, como ocurre en los fondos privados de pensiones en Colombia. Las diferencias radican en que son diseñados por las empresas y los sectores, financiados por los empleadores, con una tasa de cotización que varía entre 0,6% y 4,2% del salario, y el incentivo para los empleadores es que las contribuciones son deducibles de impuestos. Es un esquema que empezó a crecer desde inicios del presente ciclo, y pasó de una baja cobertura de 30% en 1999 a una cobertura de 61% en 2019.

Existe otro esquema, denominado “save more tomorrow”, que traducido quiere decir algo así como “ahorre más mañana”. Es un esquema que es aplicado en varias empresas de Estados Unidos. Basado en la teoría del comportamiento, este esquema busca que el trabajador aumente su tasa de ahorro para la pensión de la siguiente manera. Como los seres humanos preferimos el corto sobre el largo plazo, es decir, preferimos tener los recursos ahora que guardarlos para el futuro, a los trabajadores no se les pregunta cuánto más de su ingreso actual estarían dispuestos a ahorrar. Se les pregunta, y se les compromete a ahorrar, un porcentaje del aumento salarial del próximo año. Está demostrado que como aún no tenemos esos recursos -el aumento salarial se da en el futuro- el porcentaje de ahorro es mayor que el porcentaje de ahorro del ingreso presente. De esa manera, los trabajadores ahorran más para su vejez.

Sobre Colombia se habló del programa Beneficios Económicos Periódicos (Beps). Este programa puede clasificarse dentro de los nuevos programas de “Contribución Definida Equivalente” para la pensión (en inglés, Matching Defined Contributions-MDC). Las características de este tipo de programas incluyen tener una cuenta individual, hacer parte de los sistemas de contribución definida, y tener un patrocinador que aporte un monto adicional al monto ahorrado por el trabajador. La característica de contribución definida es importante porque hace más tangible el incentivo para ahorrar para la vejez. En Beps, por cada peso ahorrado, el Estado aporta un 20% adicional. Si el incentivo se diera en el sistema de prestación definida, se daría en el futuro, sobre la pensión, y sería menos tangible. Dar incentivos sobre el ahorro se considera un mejor “empujón” -utilizando la terminología de la teoría del comportamiento- para ahorrar que dar incentivos sobre la pensión, por ejemplo, con un programa prometiendo que dependiendo del monto ahorrado su pensión sería un 20% más alta. Y aportar un monto adicional al ahorrado por el trabajador busca incentivar el hábito de ahorro de las personas.

Estos programas han sido creados con dos objetivos específicos: por un lado, aumentar la cobertura de los sistemas pensionales y reducir la informalidad, y, por otro, reducir la presión fiscal para la protección para la vejez. La cobertura debe aumentar y la informalidad debe reducirse con un costo fiscal menor que el que incurriría el Estado con un sistema no contributivo -como Colombia Mayor, programa existente en Colombia.

Existen pocos en el mundo, y la mayoría fueron creados hace poco tiempo, pero las evaluaciones hasta ahora han mostrado un efecto moderado en el aumento de la participación de las personas, pero un efecto bajo en aumentar la pensión. Es necesario señalar que varios de estos programas, los creados en países desarrollados, fueron creados para complementar la pensión. Las evaluaciones también han mostrado que incentivos de este tipo, es decir, una contribución adicional a lo aportado por los trabajadores, son más efectivos que otro tipo de incentivos, como hacer deducible de los impuestos las contribuciones, o hacerlas obligatorias.

En Colombia, este programa ha aumentado la participación en más de un millón de personas, y, dado que fue creado hace pocos años, gozan de un Beneficio Económico Periódico (BEP) cerca de 35.000 personas. Que otros países estén buscando complementar su sistema pensional con este y otro tipo de esquemas alternativos a los tradicionales es señal de que son necesarios, y que vamos por el camino correcto. Es importante fortalecer el programa Beps. Una decisión del gobierno que crea alguna preocupación es haberlo convertido para algunos casos en obligatorio y con un porcentaje específico. La característica inicial era la flexibilidad. Ahorre lo que pueda, cuando pueda. La invitación es evaluar este cambio y ver su efectividad.

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Entre la curva Nike y la curva W, columna de Econometría

Entre la curva Nike y la curva W

Escrito por: Julián Roa Rozo

En la versión más reciente de las perspectivas económicas globales el FMI muestra que la recuperación económica a nivel global va a ser lenta. La economía colombiana decrecerá en -8,1% y -8,2% en 2020 y crecerá 4% en 2021. Lo anterior indica que el FMI no contempla una recuperación en forma de V para Colombia, sino algo más cercano a una curva NIKE.

Contempla un escenario similar para Latinoamérica. En el caso de Econometría Consultores el escenario es menos pesimista con un crecimiento de -7% en 2020 y entre 3,5% y 4,3% en 2021. Los anteriores pronósticos distan bastante de la curva V contemplada por el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo (-5,5% en 2021 y 6,6% en 2021).

Desde Econometría Consultores se considera que hay razones para pensar que la crisis será un poco menos profunda que como lo plantea el FMI. Por un lado, el mercado laboral colombiano tuvo en agosto una recuperación con una reducción de la tasa de desempleo de 3,4 puntos porcentuales con respecto a julio (20,2%) llegando a 16,8%. Lo anterior es una recuperación importante, y que además se dio en el mes de agosto cuando aún Bogotá continuaba con cuarentenas sectorizadas.

Así, se espera que durante los meses de septiembre y octubre en donde las restricciones de movilidad han sido menores, la tasa de desempleo descienda con cierta celeridad y se ubique en niveles cercanos a 15% para finales de año. Así, en promedio la tasa de desempleo de 2020 estaría cerca del 16,5% en promedio, número que es inferior al pronosticado por el FMI, de 17,3%. La velocidad de esta recuperación se debe al hecho que el sector más afectado por las cuarentenas es el sector informal, y dados los bajos costos de entrada de este sector, su retorno a la actividad puede ser rápido.

De forma similar, la inflación sorprendió al alza en el mes de septiembre ubicándose en 1,97% (interanual), número superior al pronosticado por el FMI para diciembre de 2020 de 1,3%. Teniendo en cuenta que el mes de septiembre tuvo menos restricciones de movilidad, esta sorpresa en la inflación puede ser interpretada como un repunte en la demanda que se esperaría continúe durante el último trimestre. Así, se pronostica que a final de año la inflación estaría entre 1,8% y el 2%. Tomando estos datos en su conjunto, en los meses de agosto y septiembre se recuperó parte del terreno perdido en materia económica gracias al relajamiento de las restricciones de movilidad con el fin de la cuarentena obligatoria.

Lo anterior lleva a pensar en la sostenibilidad epidemiológica de la recuperación económica. En la medida que las personas retoman las actividades diarias se hace más propicio el contagio de covid-19 y se presiona al sistema de salud. Es por esto por lo que en países como Francia y España se están volviendo a decretar cuarentenas a nivel nacional con el fin de disminuir la segunda ola de contagios. A esto también se está sumando Suecia, país famoso por su enfoque laissez-faire ante el covid-19, quien está endureciendo sus medidas e implementando cuarentenas localizadas en Uppsala, ciudad en dónde hay un crecimiento importante en los casos.

En Colombia se puede ver como una segunda ola es un escenario factible con un pico a final de año. Ciudades como Bogotá y Medellín están registrando ascensos preocupantes en los casos que si no son controlados con medidas de autocuidado eficaces pueden desembocar en una segunda ola y potencialmente en nuevas cuarentenas.

El escenario de una segunda ola plantea la posibilidad de una curva W en la cual hay dos caídas en la actividad económica asociadas a cada ola. La pregunta que surge es si es posible evitar una segunda caída en la actividad económica. Por un lado, la crisis económica actual está totalmente jalonada por las cuarentenas: los datos validan esta afirmación. Así, la curva W parece ser evitable en la ausencia de cuarentenas. Sin embargo, es importante notar que aún sin mayores restricciones de movilidad Suecia va a tener una crisis profunda (crecimiento de -4,7% en 2020, según el FMI).

La crisis económica en Suecia, aún sin cuarentenas, muestra que las personas deciden aislarse con el fin de evitar contagiarse y por esto la actividad económica cae. Así, si se llega a un segundo pico, la respuesta esperable de los colombianos, incluso si no se decreta una nueva cuarentena nacional, es evitar los contactos y una caída en la actividad económica. En resumen, una crisis económica asociada a una segunda ola parece inevitable. Lo anterior pone hincapié en la necesidad de cuidarse hoy para poder disfrutar del mañana. Si las medidas de autocuidado por parte de los colombianos no se implementan será inevitable una segunda ola y, por lo tanto, será inevitable una segunda caída en la actividad económica que puede echar a perder la recuperación que se ha dado en estos meses.

En síntesis, el relajamiento de las cuarentenas ha permitido que la economía puede recuperarse y reducir la magnitud de la crisis. Sin embargo, esto abre la posibilidad de una segunda ola de contagios que puede llevar una segunda caída pronunciada en la actividad económica. Así, Colombia se encuentra entre una curva Nike o una curva W. Para evitar la curva W se hace necesario, por parte de los ciudadanos, intensificar las medidas de autocuidado para así evitar una segunda ola de contagios. Con o sin cuarentenas va a existir una caída en la actividad si hay una segunda ola. Por su parte, el gobierno debe implementar las reformas necesarias e iniciar medidas de reactivación con el fin de poder mitigar las pérdidas de empleo generadas por esta crisis.

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La innovación en la Gestión Pública

La innovación en la Gestión Pública

Autores: Carolina Murgueitio, Subdirectora de Econometría; Jorge Hernán Cárdenas, Director de Oportunidad Estratégica

Las innovaciones por lo general siempre se le atribuyen al sector productivo. La Ocde define a la innovación como la implementación de un producto, proceso, método nuevo, organizacional o mejorado en las prácticas. Más allá de un emprendimiento, de un prototipo, las innovaciones deben generar valor y como lo menciona Ruta N de Medellín, a mayor impacto social mayor es la innovación.

Esta definición abarca al sector público a quien debe llamarse cada vez más a la creatividad, a la generación de nuevos procesos, servicios y productos cada vez ser más eficientes. En la entrega anterior de esta columna, se planteaban algunas recomendaciones para mejorar el servicio al ciudadano donde cobra gran valor la innovación.

La pandemia del covid-19, ha impuesto retos que conducen a la innovación. Mucho se ha estudiado sobre cómo las crisis y catástrofes son fuentes muy poderosas de innovación pues permiten aprovechar las oportunidades de ambientes riesgo, incertidumbre, y mitigar su impacto.

Las catástrofes obligan a poner la gestión pública en unas nuevas coordenadas y el reto es mayor en lo pues debe atender en emergencia al ciudadano y superar grandes barreras que enfrenta con o sin pandemia: trámites burocráticos, limitaciones presupuestales y el cuidado especial a no transgredir lo que la ley impone al que hacer público.

En ese sentido, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 de 2020, con el fin de establecer nuevas medidas que protejan el empleo y la atención de los ciudadanos, superando las restricciones logísticas y permitiendo también nuevas formas de atención desde el teletrabajo.

Algunas organizaciones en el sector público colombiano han iniciado un fuerte proceso de innovación en la gestión pública. Varios de los lineamientos se han promovido por la hoja de ruta del Departamento Administrativo de la Función Pública para modernizar la arquitectura institucional, el marco regulatorio, los incentivos y las relaciones entre actores para el fomento de la innovación como estrategia que garantice la eficiencia y productividad de la gestión pública. También es un tema que el DNP puso en el Plan de Desarrollo.

Una de las entidades que viene trabajando a pasos agigantados en la innovación de su función es la Procuraduría General de la República (PGN) como parte de su proceso de modernización que inició desde 2008. Por ejemplo, viene utilizando herramientas muy poderosas e innovadoras como es la intervención y prevención tempranas usando la predicción analítica, analizando las tendencias de lo que sucedió en el pasado, por qué sucedió y qué es probable que vuelva a suceder, para tomar pronto medidas para reducir los riesgos y los costos. Además de una planeación estratégica basada en riesgos.

En el anterior sentido, la PGN tiene múltiples formas de contribuir a la gestión pública. La Constitución adoptó en el artículo 277 un marco misional supremamente importante. Su ámbito de acción es grande y puede ocuparse de los riesgos que afecten, degraden, o limitan la función pública y los intereses de la sociedad.

Su trabajo se ocupa de salvaguardar: (i) las funciones administrativas, (ii) el patrimonio público, (iii) la prevalencia de los derechos humanos, (iv) el ambiente, (v) la adecuada conducta oficial de los funcionarios, (vi) el cumplimiento de las normas, (vii) los intereses de la sociedad, etc.

El marco que se tiene para la innovación tanto en la función misional preventiva, la de intervención y la disciplinaria es muy grande, pues ofrece un marco amplio y estimular el mejor desempeño de toda la administración pública. En este marco de funciones está, entre otras, la función preventiva, que nunca será entendida como la coadministración, pero si la del análisis técnico de la gestión pública, identificando riesgos, vulneración de derechos, mal uso de recursos públicos, y la defensa del interés general. El marco que se tiene para promover más la innovación pública multisectorial, y contribuir a mejorar la gestión es grande.

Un ejemplo concreto es las grandes inversiones públicas, donde un análisis preventivo, puede identificar de antemano riesgos latentes, ámbitos donde cabe mejoramiento, y acción pública. La PGN no deben hacer estas gestiones directas que son de las entidades, pero si identificar ámbitos que reclaman más esfuerzos en la órbita pública y espacio para innovaciones en gestión, y abriendo conversaciones que pueden estimular a toda la administración pública.

Otras entidades del sector público han sido reconocidas también por implementar procesos innovadores en especial en materia de uso de tecnologías digitales tales como el DNP con Terridata, el Ministerio de Relaciones Exteriores con el uso de datos abiertos y varias administraciones de entidades territoriales, reconocidas por el Ministerio de las Tecnologías.

Las innovaciones en el sector público trascienden el poder utilizar plataformas para teletrabajo y deben conducir a un cambio en las habilidades de los funcionarios públicos, ya no centrados solamente en la provisión de bienes y servicios sino más a un papel de facilitadores de nuevas soluciones.

Así como en el sector privado las innovaciones son connaturales, en el caso del sector público no es la excepción, las actuaciones públicas son fundamentales en la sociedad, y tienen que ver con la gestión, la atención de la comunidad, y son igualmente susceptibles de un amplio proceso de innovación, si bien pueden ser motivadas por una crisis, estas deben darse con o sin ésta.

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El servicio al ciudadano: una reforma pendiente del Estado

El servicio al ciudadano: una reforma pendiente del Estado

Autor: Mauricio Olivera

Cuando los economistas pensamos en al gasto público, nos preocupamos en general por la focalización y la distribución, es decir, destinar al gasto a los más necesitados; en la eficiencia y la eficacia, es decir, lograr las metas al menor costo posible; y en la rendición de cuentas, mostrarle a la ciudadanía los resultados del gasto.

Sin embargo, olvidamos un tema esencial: el servicio al ciudadano. Este último elemento hace parte de la vida diaria y del seguimiento en el desempeño de las empresas del sector privado -servicio al cliente- pero en el sector público es un factor casi completamente olvidado.

Antes de la pandemia el Estado había hecho un gran esfuerzo para reducir la pobreza. Entre la crisis económica de 1999, la más fuerte de la historia moderna colombiana, y la actual, la pobreza se había reducido casi a la mitad. La reacción del Estado frente a esa crisis fue crear grandes programas en la Red de Apoyo Social (RAS) como Familias en Acción y entidades como la Agencia Presidencial para la Acción Social, convertida en 2011 en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Gracias a este esfuerzo la pobreza ha disminuido y las clases vulnerable y media han crecido. Los datos de Fundesarrollo muestran que las clases vulnerable y media crecieron entre 2008 y 2017 de 32,7% a 36,2% y de 21,2% a 40,1%, respectivamente, mientras que la clase pobre había caído de 44,3% a 19,5% en el mismo período.

El objetivo de lograr un país de clase media se estaba logrando. Muchos hogares salieron de la pobreza, pero muchos de ellos llegaron a un estado de vulnerabilidad con alta probabilidad de volver a caer en la pobreza. Y como lo han mostrado varios estudios, los efectos de la actual crisis pueden hacer retroceder estos esfuerzos casi al inicio de este siglo, aunque esta semana se dio un dato alentador, con la reducción de la tasa de desempleo de 20,2% en julio a 16,8% en agosto.

De todas maneras, uno de los resultados del crecimiento de las clases vulnerable y media es que Colombia tiene una sociedad más exigente en los resultados de las acciones del Estado y del gasto público. Y ahí es donde la cultura de servicio al ciudadano se convierte en un factor esencial.

Desafortunadamente la mayoría de los ciudadanos no confía en el Estado porque no ve sus requerimientos atendidos. Aunque con los esfuerzos técnicos del gobierno, con la creación de programas como Ingreso Solidario, se ha logrado contrarrestar en parte los efectos negativos de la pandemia, entre el anuncio del Presidente y la llegada de los alivios pueden pasar meses, o simplemente no llegar.

En muchos casos, y en algunos sectores como la salud, la cultura del servicio al ciudadano es la tutela. Esta figura se creó con la Constitución de 1991 como un mecanismo expedito para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos, protegiendo sus derechos fundamentales. Pero la tutela no puede ser el mecanismo por excelencia para que el Estado cumpla con las necesidades de los ciudadanos. Un ejemplo de cómo se puede transformar el servicio es Colpensiones.

Abrió sus puertas en 2012, remplazando al Instituto del Seguro Social (ISS) para la administración del Régimen de Prima Media en pensiones, y desde su inicio uno de sus grandes esfuerzos, avalados por la Corte Constitucional, fue eliminar los atrasos en la liquidación y otorgamiento de pensiones, logrando superar por primera vez un Estado de Cosas Inconstitucional.

Sin embargo, su accionar fue más allá. Entendió que eliminar los atrasos era esencial para minimizar la tutela como único mecanismo a través del cual se cumplía el requerimiento del ciudadano, pero también se enfocó en acompañar al ciudadano a construir su pensión.

Parte de su labor, centrada en un buen servicio al ciudadano, la llevó a diseñar políticas de historia laboral. Está demostrado que los seres humanos tenemos dificultad para sopesar el largo plazo contra el corto plazo, y la cotización para la pensión es esencialmente una decisión de largo plazo; es para la vejez. Colpensiones identificó que los ciudadanos le ponían atención a la historia laboral muy cerca a la edad de la pensión, descubriendo que años atrás una empresa no había cotizado, y por eso podría perder su pensión.

Ya es demasiado tarde. La campaña de revisar constantemente la historia laboral es una de las políticas de servicio al ciudadano que ha acercado a la entidad al ciudadano, mejorando su aceptación. Esto lo muestra la medición del Top of Mind, que ubica a Colpensiones en el primer lugar, por encima de los fondos privados.

El servicio al ciudadano necesita una política y una reforma más amplias y profundas. El Estado debe tener como objetivo ganar la confianza de los ciudadanos, y los funcionarios públicos tener en su cabeza su labor que, como su nombre lo indica, funcionan para el público. Esto no indica que muchos no lo hagan, pero sí que hace falta una reforma para crear la cultura del servicio al ciudadano en el Estado.

Esfuerzos como la simplificación de trámites es fundamental. Una evaluación de Econometría recomienda fortalecer el Programa Nacional de Eficiencia del Servicio al Ciudadano, programa liderado por el DNP desde el 2014 y que busca unificar la oferta de servicios del Estado en un solo lugar; programa similar a las casas de justicia.

La reforma debe fomentar esta cultura, y entidades del Estado como el Departamento Administrativo de la Función Pública pueden jugar un papel protagónico. Econometría ha afirmado en varias de sus columnas que la crisis del covid-19 puede verse como una oportunidad para implementar grandes reformas. Esta es una de ellas, para salir fortalecidos de la crisis.

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