Entre la curva Nike y la curva W, columna de Econometría

Entre la curva Nike y la curva W

Escrito por: Julián Roa Rozo

En la versión más reciente de las perspectivas económicas globales el FMI muestra que la recuperación económica a nivel global va a ser lenta. La economía colombiana decrecerá en -8,1% y -8,2% en 2020 y crecerá 4% en 2021. Lo anterior indica que el FMI no contempla una recuperación en forma de V para Colombia, sino algo más cercano a una curva NIKE.

Contempla un escenario similar para Latinoamérica. En el caso de Econometría Consultores el escenario es menos pesimista con un crecimiento de -7% en 2020 y entre 3,5% y 4,3% en 2021. Los anteriores pronósticos distan bastante de la curva V contemplada por el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo (-5,5% en 2021 y 6,6% en 2021).

Desde Econometría Consultores se considera que hay razones para pensar que la crisis será un poco menos profunda que como lo plantea el FMI. Por un lado, el mercado laboral colombiano tuvo en agosto una recuperación con una reducción de la tasa de desempleo de 3,4 puntos porcentuales con respecto a julio (20,2%) llegando a 16,8%. Lo anterior es una recuperación importante, y que además se dio en el mes de agosto cuando aún Bogotá continuaba con cuarentenas sectorizadas.

Así, se espera que durante los meses de septiembre y octubre en donde las restricciones de movilidad han sido menores, la tasa de desempleo descienda con cierta celeridad y se ubique en niveles cercanos a 15% para finales de año. Así, en promedio la tasa de desempleo de 2020 estaría cerca del 16,5% en promedio, número que es inferior al pronosticado por el FMI, de 17,3%. La velocidad de esta recuperación se debe al hecho que el sector más afectado por las cuarentenas es el sector informal, y dados los bajos costos de entrada de este sector, su retorno a la actividad puede ser rápido.

De forma similar, la inflación sorprendió al alza en el mes de septiembre ubicándose en 1,97% (interanual), número superior al pronosticado por el FMI para diciembre de 2020 de 1,3%. Teniendo en cuenta que el mes de septiembre tuvo menos restricciones de movilidad, esta sorpresa en la inflación puede ser interpretada como un repunte en la demanda que se esperaría continúe durante el último trimestre. Así, se pronostica que a final de año la inflación estaría entre 1,8% y el 2%. Tomando estos datos en su conjunto, en los meses de agosto y septiembre se recuperó parte del terreno perdido en materia económica gracias al relajamiento de las restricciones de movilidad con el fin de la cuarentena obligatoria.

Lo anterior lleva a pensar en la sostenibilidad epidemiológica de la recuperación económica. En la medida que las personas retoman las actividades diarias se hace más propicio el contagio de covid-19 y se presiona al sistema de salud. Es por esto por lo que en países como Francia y España se están volviendo a decretar cuarentenas a nivel nacional con el fin de disminuir la segunda ola de contagios. A esto también se está sumando Suecia, país famoso por su enfoque laissez-faire ante el covid-19, quien está endureciendo sus medidas e implementando cuarentenas localizadas en Uppsala, ciudad en dónde hay un crecimiento importante en los casos.

En Colombia se puede ver como una segunda ola es un escenario factible con un pico a final de año. Ciudades como Bogotá y Medellín están registrando ascensos preocupantes en los casos que si no son controlados con medidas de autocuidado eficaces pueden desembocar en una segunda ola y potencialmente en nuevas cuarentenas.

El escenario de una segunda ola plantea la posibilidad de una curva W en la cual hay dos caídas en la actividad económica asociadas a cada ola. La pregunta que surge es si es posible evitar una segunda caída en la actividad económica. Por un lado, la crisis económica actual está totalmente jalonada por las cuarentenas: los datos validan esta afirmación. Así, la curva W parece ser evitable en la ausencia de cuarentenas. Sin embargo, es importante notar que aún sin mayores restricciones de movilidad Suecia va a tener una crisis profunda (crecimiento de -4,7% en 2020, según el FMI).

La crisis económica en Suecia, aún sin cuarentenas, muestra que las personas deciden aislarse con el fin de evitar contagiarse y por esto la actividad económica cae. Así, si se llega a un segundo pico, la respuesta esperable de los colombianos, incluso si no se decreta una nueva cuarentena nacional, es evitar los contactos y una caída en la actividad económica. En resumen, una crisis económica asociada a una segunda ola parece inevitable. Lo anterior pone hincapié en la necesidad de cuidarse hoy para poder disfrutar del mañana. Si las medidas de autocuidado por parte de los colombianos no se implementan será inevitable una segunda ola y, por lo tanto, será inevitable una segunda caída en la actividad económica que puede echar a perder la recuperación que se ha dado en estos meses.

En síntesis, el relajamiento de las cuarentenas ha permitido que la economía puede recuperarse y reducir la magnitud de la crisis. Sin embargo, esto abre la posibilidad de una segunda ola de contagios que puede llevar una segunda caída pronunciada en la actividad económica. Así, Colombia se encuentra entre una curva Nike o una curva W. Para evitar la curva W se hace necesario, por parte de los ciudadanos, intensificar las medidas de autocuidado para así evitar una segunda ola de contagios. Con o sin cuarentenas va a existir una caída en la actividad si hay una segunda ola. Por su parte, el gobierno debe implementar las reformas necesarias e iniciar medidas de reactivación con el fin de poder mitigar las pérdidas de empleo generadas por esta crisis.

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Webinar: ¿Qué podemos esperar del empleo en Colombia?

¿Qué podemos esperar del empleo en Colombia?

Participación de nuestro director Mauricio Olivera como expositor y nuestra directora de proyectos - socia María Carolina Latorre López como moderadora.

Evento de Economía Uniandinos de la mano de expertos que te compartirán su conocimiento y experiencia en el sector.

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La innovación en la Gestión Pública

La innovación en la Gestión Pública

Autores: Carolina Murgueitio, Subdirectora de Econometría; Jorge Hernán Cárdenas, Director de Oportunidad Estratégica

Las innovaciones por lo general siempre se le atribuyen al sector productivo. La Ocde define a la innovación como la implementación de un producto, proceso, método nuevo, organizacional o mejorado en las prácticas. Más allá de un emprendimiento, de un prototipo, las innovaciones deben generar valor y como lo menciona Ruta N de Medellín, a mayor impacto social mayor es la innovación.

Esta definición abarca al sector público a quien debe llamarse cada vez más a la creatividad, a la generación de nuevos procesos, servicios y productos cada vez ser más eficientes. En la entrega anterior de esta columna, se planteaban algunas recomendaciones para mejorar el servicio al ciudadano donde cobra gran valor la innovación.

La pandemia del covid-19, ha impuesto retos que conducen a la innovación. Mucho se ha estudiado sobre cómo las crisis y catástrofes son fuentes muy poderosas de innovación pues permiten aprovechar las oportunidades de ambientes riesgo, incertidumbre, y mitigar su impacto.

Las catástrofes obligan a poner la gestión pública en unas nuevas coordenadas y el reto es mayor en lo pues debe atender en emergencia al ciudadano y superar grandes barreras que enfrenta con o sin pandemia: trámites burocráticos, limitaciones presupuestales y el cuidado especial a no transgredir lo que la ley impone al que hacer público.

En ese sentido, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 de 2020, con el fin de establecer nuevas medidas que protejan el empleo y la atención de los ciudadanos, superando las restricciones logísticas y permitiendo también nuevas formas de atención desde el teletrabajo.

Algunas organizaciones en el sector público colombiano han iniciado un fuerte proceso de innovación en la gestión pública. Varios de los lineamientos se han promovido por la hoja de ruta del Departamento Administrativo de la Función Pública para modernizar la arquitectura institucional, el marco regulatorio, los incentivos y las relaciones entre actores para el fomento de la innovación como estrategia que garantice la eficiencia y productividad de la gestión pública. También es un tema que el DNP puso en el Plan de Desarrollo.

Una de las entidades que viene trabajando a pasos agigantados en la innovación de su función es la Procuraduría General de la República (PGN) como parte de su proceso de modernización que inició desde 2008. Por ejemplo, viene utilizando herramientas muy poderosas e innovadoras como es la intervención y prevención tempranas usando la predicción analítica, analizando las tendencias de lo que sucedió en el pasado, por qué sucedió y qué es probable que vuelva a suceder, para tomar pronto medidas para reducir los riesgos y los costos. Además de una planeación estratégica basada en riesgos.

En el anterior sentido, la PGN tiene múltiples formas de contribuir a la gestión pública. La Constitución adoptó en el artículo 277 un marco misional supremamente importante. Su ámbito de acción es grande y puede ocuparse de los riesgos que afecten, degraden, o limitan la función pública y los intereses de la sociedad.

Su trabajo se ocupa de salvaguardar: (i) las funciones administrativas, (ii) el patrimonio público, (iii) la prevalencia de los derechos humanos, (iv) el ambiente, (v) la adecuada conducta oficial de los funcionarios, (vi) el cumplimiento de las normas, (vii) los intereses de la sociedad, etc.

El marco que se tiene para la innovación tanto en la función misional preventiva, la de intervención y la disciplinaria es muy grande, pues ofrece un marco amplio y estimular el mejor desempeño de toda la administración pública. En este marco de funciones está, entre otras, la función preventiva, que nunca será entendida como la coadministración, pero si la del análisis técnico de la gestión pública, identificando riesgos, vulneración de derechos, mal uso de recursos públicos, y la defensa del interés general. El marco que se tiene para promover más la innovación pública multisectorial, y contribuir a mejorar la gestión es grande.

Un ejemplo concreto es las grandes inversiones públicas, donde un análisis preventivo, puede identificar de antemano riesgos latentes, ámbitos donde cabe mejoramiento, y acción pública. La PGN no deben hacer estas gestiones directas que son de las entidades, pero si identificar ámbitos que reclaman más esfuerzos en la órbita pública y espacio para innovaciones en gestión, y abriendo conversaciones que pueden estimular a toda la administración pública.

Otras entidades del sector público han sido reconocidas también por implementar procesos innovadores en especial en materia de uso de tecnologías digitales tales como el DNP con Terridata, el Ministerio de Relaciones Exteriores con el uso de datos abiertos y varias administraciones de entidades territoriales, reconocidas por el Ministerio de las Tecnologías.

Las innovaciones en el sector público trascienden el poder utilizar plataformas para teletrabajo y deben conducir a un cambio en las habilidades de los funcionarios públicos, ya no centrados solamente en la provisión de bienes y servicios sino más a un papel de facilitadores de nuevas soluciones.

Así como en el sector privado las innovaciones son connaturales, en el caso del sector público no es la excepción, las actuaciones públicas son fundamentales en la sociedad, y tienen que ver con la gestión, la atención de la comunidad, y son igualmente susceptibles de un amplio proceso de innovación, si bien pueden ser motivadas por una crisis, estas deben darse con o sin ésta.

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El servicio al ciudadano: una reforma pendiente del Estado

El servicio al ciudadano: una reforma pendiente del Estado

Autor: Mauricio Olivera

Cuando los economistas pensamos en al gasto público, nos preocupamos en general por la focalización y la distribución, es decir, destinar al gasto a los más necesitados; en la eficiencia y la eficacia, es decir, lograr las metas al menor costo posible; y en la rendición de cuentas, mostrarle a la ciudadanía los resultados del gasto.

Sin embargo, olvidamos un tema esencial: el servicio al ciudadano. Este último elemento hace parte de la vida diaria y del seguimiento en el desempeño de las empresas del sector privado -servicio al cliente- pero en el sector público es un factor casi completamente olvidado.

Antes de la pandemia el Estado había hecho un gran esfuerzo para reducir la pobreza. Entre la crisis económica de 1999, la más fuerte de la historia moderna colombiana, y la actual, la pobreza se había reducido casi a la mitad. La reacción del Estado frente a esa crisis fue crear grandes programas en la Red de Apoyo Social (RAS) como Familias en Acción y entidades como la Agencia Presidencial para la Acción Social, convertida en 2011 en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Gracias a este esfuerzo la pobreza ha disminuido y las clases vulnerable y media han crecido. Los datos de Fundesarrollo muestran que las clases vulnerable y media crecieron entre 2008 y 2017 de 32,7% a 36,2% y de 21,2% a 40,1%, respectivamente, mientras que la clase pobre había caído de 44,3% a 19,5% en el mismo período.

El objetivo de lograr un país de clase media se estaba logrando. Muchos hogares salieron de la pobreza, pero muchos de ellos llegaron a un estado de vulnerabilidad con alta probabilidad de volver a caer en la pobreza. Y como lo han mostrado varios estudios, los efectos de la actual crisis pueden hacer retroceder estos esfuerzos casi al inicio de este siglo, aunque esta semana se dio un dato alentador, con la reducción de la tasa de desempleo de 20,2% en julio a 16,8% en agosto.

De todas maneras, uno de los resultados del crecimiento de las clases vulnerable y media es que Colombia tiene una sociedad más exigente en los resultados de las acciones del Estado y del gasto público. Y ahí es donde la cultura de servicio al ciudadano se convierte en un factor esencial.

Desafortunadamente la mayoría de los ciudadanos no confía en el Estado porque no ve sus requerimientos atendidos. Aunque con los esfuerzos técnicos del gobierno, con la creación de programas como Ingreso Solidario, se ha logrado contrarrestar en parte los efectos negativos de la pandemia, entre el anuncio del Presidente y la llegada de los alivios pueden pasar meses, o simplemente no llegar.

En muchos casos, y en algunos sectores como la salud, la cultura del servicio al ciudadano es la tutela. Esta figura se creó con la Constitución de 1991 como un mecanismo expedito para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos, protegiendo sus derechos fundamentales. Pero la tutela no puede ser el mecanismo por excelencia para que el Estado cumpla con las necesidades de los ciudadanos. Un ejemplo de cómo se puede transformar el servicio es Colpensiones.

Abrió sus puertas en 2012, remplazando al Instituto del Seguro Social (ISS) para la administración del Régimen de Prima Media en pensiones, y desde su inicio uno de sus grandes esfuerzos, avalados por la Corte Constitucional, fue eliminar los atrasos en la liquidación y otorgamiento de pensiones, logrando superar por primera vez un Estado de Cosas Inconstitucional.

Sin embargo, su accionar fue más allá. Entendió que eliminar los atrasos era esencial para minimizar la tutela como único mecanismo a través del cual se cumplía el requerimiento del ciudadano, pero también se enfocó en acompañar al ciudadano a construir su pensión.

Parte de su labor, centrada en un buen servicio al ciudadano, la llevó a diseñar políticas de historia laboral. Está demostrado que los seres humanos tenemos dificultad para sopesar el largo plazo contra el corto plazo, y la cotización para la pensión es esencialmente una decisión de largo plazo; es para la vejez. Colpensiones identificó que los ciudadanos le ponían atención a la historia laboral muy cerca a la edad de la pensión, descubriendo que años atrás una empresa no había cotizado, y por eso podría perder su pensión.

Ya es demasiado tarde. La campaña de revisar constantemente la historia laboral es una de las políticas de servicio al ciudadano que ha acercado a la entidad al ciudadano, mejorando su aceptación. Esto lo muestra la medición del Top of Mind, que ubica a Colpensiones en el primer lugar, por encima de los fondos privados.

El servicio al ciudadano necesita una política y una reforma más amplias y profundas. El Estado debe tener como objetivo ganar la confianza de los ciudadanos, y los funcionarios públicos tener en su cabeza su labor que, como su nombre lo indica, funcionan para el público. Esto no indica que muchos no lo hagan, pero sí que hace falta una reforma para crear la cultura del servicio al ciudadano en el Estado.

Esfuerzos como la simplificación de trámites es fundamental. Una evaluación de Econometría recomienda fortalecer el Programa Nacional de Eficiencia del Servicio al Ciudadano, programa liderado por el DNP desde el 2014 y que busca unificar la oferta de servicios del Estado en un solo lugar; programa similar a las casas de justicia.

La reforma debe fomentar esta cultura, y entidades del Estado como el Departamento Administrativo de la Función Pública pueden jugar un papel protagónico. Econometría ha afirmado en varias de sus columnas que la crisis del covid-19 puede verse como una oportunidad para implementar grandes reformas. Esta es una de ellas, para salir fortalecidos de la crisis.

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Katherinne Alvarado
Fieldwork Manager
Katherinne Alvarado Acevedo is an Industrial Engineer, with experience in management and coordination of quantitative data collection, she is linked to Econometría since 2019 and has participated in more than 12 consultancies with the firm. Her areas of interest are mainly: Social inclusion, logistics, health, public policy, territorial, urban and rural development, among others.
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Katherinne Alvarado Acevedo is an Industrial Engineer, with experience in management and coordination of quantitative data collection, she is linked to Econometría since 2019 and has participated in more than 12 consultancies with the firm. Her areas of interest are mainly: Social inclusion, logistics, health, public policy, territorial, urban and rural development, among others.