Ahora bien, sería injusto desconocer los grandes esfuerzos que ha venido liderando el Ministerio de Educación Nacional, y sus aliados, para fomentar el salto educativo que necesita el país. A la fecha, por ejemplo, cerca de 15% de los estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales son beneficiados por el programa Jornada Única.

El programa Becas para la Excelencia Docente otorga créditos 100% condonables a docentes y directivos para financiar posgrados en Instituciones de Educación Superior acreditadas. A su vez, a finales del año pasado el Gobierno Nacional anunció que en 2019 se contaría con un total de 4.500 tutores del programa Todos a Aprender, con el fin de ampliar, gradualmente, su presencia en colegios públicos. Esto, quizás, en respuesta a una evaluación de impacto publicada en 2018 en la prestigiosa revista Economics of Education Review que concluía que dicha intervención no mostraba impactos causales en rendimiento académico, repitencia o deserción escolar.

Otros estudios sugieren que estas inversiones sociales enfrentan grandes barreras estructurales inherentes a nuestro sistema político y administrativo. La tesis doctoral de Julián López Murcia, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad Tadeo Lozano, indica que Colombia vive un proceso de re-centralización que inició hace al menos dos décadas, con afectaciones evidentes en sectores como salud y educación.

Mi propio trabajo académico publicado en revistas de ciencia política e historia analiza cómo las dificultades técnicas y humanas en algunas autoridades locales del Caribe colombiano, sumadas a avances muy tímidos en la generación de arreglos institucionales nación-territorio para coordinar esfuerzos en el diseño, la planeación y la implementación de políticas educativas, son factores explicativos a la persistencia de inequidades educativas territoriales.

Mientras escribía esta columna recordaba la intervención de la Directora de Educación Básica de la Ciudad de Helsinki, en 2015, en la presentación de un estudio de Naciones Unidas sobre los retos de la calidad educativa en Bogotá. Ella dijo al auditorio, algo sorprendida, que sentía que teníamos una fijación con los exámenes y las pruebas estandarizadas, a diferencia de lo que ocurría en su país. Interpreté en su momento esa crítica como una invitación a reflexionar sobre qué tan eficientista -o de búsqueda de resultados en el muy corto plazo- es nuestra visión del cambio educativo, y hasta qué punto ello puede incidir negativamente en la construcción de capacidades educativas regionales necesarias para gestarlo.

Al respecto, valdría la pena volver a repasar el caso del éxito de Finlandia donde la creación de entornos institucionales que favorecieran el aprendizaje mutuo de colegios y oficinas de gobierno municipales fue un factor definitivo para la innovación pedagógica y curricular.

En síntesis, las ideas expuestas arriba indican la importancia de incluir el debate de la descentralización como un eje central de la calidad educativa en Colombia. Más allá de un simple tema de autonomía escolar, descentralizar implica construir capacidades regionales de acompañamiento para que los diferentes programas que lleguen a colegios y escuelas logren generar un balance entre metas nacionales y necesidades territoriales. También involucra, como lo resaltaba alguna vez un antiguo Secretario de Educación de Bogotá, integrar más a los colegios a la vida económica y política de sus municipios y regiones.

En tal medida, si bien el Ministerio de Educación tiene la batuta, el éxito de la política educativa requerirá de compromisos y esfuerzos mucho más locales e intersectoriales de lo que ocurre en la actualidad. A propósito de las iniciativas vigentes del Gobierno Nacional para hacer una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, y la oportunidad que de ello se depende para adelantar transformaciones necesarias en el sector educación.