Ingreso Solidario y la necesidad de reformas del Estado

Ingreso Solidario y la necesidad de reformas del Estado

Autor: Mauricio Olivera

Para enfrentar la pandemia, y en particular el aislamiento que frena la economía, el Gobierno está haciendo grandes esfuerzos para hacer llegar los alivios a las personas y a las empresas. Dos programas bandera centrados en las personas son la Compensación del IVA, programa que ya había sido anunciado antes de la llegada del covid-19, y el programa Ingreso Solidario.

Este último es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas (Tmnc) que busca mitigar los impactos del aislamiento a tres millones de familias que no pertenecen a Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o Compensación de IVA, y se encuentran en situación de pobreza extrema, moderada o de vulnerabilidad.

Revisando la historia, la crisis económica de 1999, la más grande que Colombia ha sufrido en la época moderna, llevó al Estado a crear la Red de Apoyo Social (RAS), y dentro de esta el programa Familias en Acción, un programa de Transferencias Monetarias Condicionadas que se inició con 300.000 familias. Después de varias evaluaciones de impacto -de hecho, Econometría fue quien primero evaluó el programa y después ha hecho varias actualizaciones- a lo largo de 19 años llegó a cubrir 2,6 millones de familias.

Esta revisión es importante porque el programa Ingreso Solidario, creado para enfrentar la crisis actual, debió implementarse en dos semanas, definiendo tres millones de familias como potenciales beneficiarios. Esto muestra un gran esfuerzo del Estado, y en particular del Departamento Nacional de Planeación.

Sin embargo, la creación de este programa revela la necesidad de reformar el Estado, en por lo menos dos grandes líneas.

Por un lado, contar con la información suficiente para identificar a los beneficiarios de los diferentes programas, y, por otro, ser más efectivo en la entrega de los subsidios. Sobre la primera línea, para Ingreso Solidario el Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (Sisben), junto con la base de datos de hogares bancarizados, permitió identificar cerca de 1,2 millones de familias que no se encuentran en los programas sociales existentes como Familias en Acción. El Sisben existe desde 1995, y es la herramienta que permite clasificar a los hogares de acuerdo a su condición económica.

Sin embargo, ha sido necesario identificar 1,8 millones de familias más. Especialmente personas y hogares vulnerables que no se encuentran en las bases de datos, no bancarizados, pero que también están fuertemente afectados por la pandemia. Peluqueros, vendedores ambulantes, personas muy mayores, mendigos, conductores de taxi, recicladores, migrantes venezolanos, trabajadores independientes en otras actividades que no están cubiertos por los programas actuales, son algunos de los ejemplos de grupos poblacionales que es necesario identificar para que reciban las ayudas del Estado, sin olvidar la población rural.

Esto muestra que, más allá de los esfuerzos actuales, el Estado colombiano debería contar con una base de datos más sólida que permita identificar en lo posible a la totalidad de las personas en pobreza extrema, pobreza y aquellas con probabilidad alta de caer en la pobreza. Es un trabajo de mediano plazo, en el cual entidades como el DNP y el Dane, e instrumentos como el Sisben IV, son actores esenciales.

Sobre la segunda línea, los esfuerzos del Estado en las últimas décadas para reducir la pobreza han tenido resultados positivos. Una medida estándar del Banco Mundial muestra que después de la crisis de 1999 la pobreza ha bajado casi 26 puntos porcentuales. Es una reducción de cerca de 50%. Muchos hogares han salido de la pobreza y la clase media ha crecido. Ahora bien, muchos de estos hogares tienen alta probabilidad de volver a caer en la pobreza, y son más exigentes con los servicios que presta el Estado.

En términos prácticos, el tiempo entre la alocución presidencial anunciando una decisión, y el momento en que esta decisión llega finalmente a los beneficiarios, puede ser muy largo, o inclusive no ocurrir. Esto muestra otra de las debilidades del Estado colombiano. A la falta de información se suma la dificultad de la coordinación entre diferentes agencias y entidades del Estado, y la falta de una cultura y una estructura claras de servicio al ciudadano.

No es un tema menor. Desafortunadamente los colombianos confiamos poco en las acciones del Estado, y gran parte de esta desconfianza nace de la falta de un buen servicio del Estado. Mientras en el sector privado se ven grandes esfuerzos por reforzar la cultura de servicio al cliente, en el Estado la cultura es casi inexistente. Las solicitudes se demoran, los procesos se pierden entre diferentes áreas, y las expectativas no se cumplen.

Las Pqrs no se responden a tiempo, o se responden sin claridad, e inclusive fue necesario llegar a la creación de las tutelas, que ponen en riesgo la libertad de los funcionarios públicos, buscando que las solicitudes y los derechos de los ciudadanos se cumplan.

El camino debería ser diferente. Al interior del Estado debe crearse una cultura de servicio en donde el ciudadano es el centro. Y para soportar la cultura, es necesario crear también la infraestructura y los procesos. Es una gran reforma, en donde entidades como la Función Pública y el mismo Departamento Nacional de Planeación son actores claves.

Tal y como Econometría escribió en columnas pasadas, la crisis generada por el covid-19 está dejando en evidencia muchos de los retos estructurales que enfrenta el país, y puede ser una oportunidad para sentar a todos los actores a diseñar e implementar las grandes reformas y salir fortalecidos de esta crisis.

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Toda crisis genera reforma, columna de Econometría

Toda crisis genera reforma

Autor: Mauricio Olivera

Estamos en la mitad de la pandemia, aun pensando cuánto durará y cómo enfrentarla, casi que sobreviviendo. Sin embargo, es necesario pensar en el futuro. Una de las lecciones que está dejando este inesperado choque es la necesidad de cambiar muchas cosas, en la vida personal, en la vida laboral y en el funcionamiento del Estado.

De hecho, un sicólogo y matemático, Daniel Kahneman, fue galardonado en 2002 con el Premio Nobel de Economía en parte por añadir a la teoría económica del comportamiento la premisa que dice que toda crisis genera reforma. Demostró que es más fácil cambiar el statu quo en tiempos de crisis que en tiempos normales. En crisis los afectados buscan cualquier cambio para salir de ella, lo que facilita las reformas, mientras que en tiempos normales hay una “zona de confort” en la cual no es necesario cambiar el statu quo, así éste conviva con problemas estructurales (como la desigualdad en Colombia).

En este momento estamos enfrentando una crisis inesperada y sin precedentes. Es una crisis de oferta, en la cual las economías del mundo están detenidas, y las políticas monetaria y fiscal tradicionales no son suficientes para enfrentarla. Además, la crisis puede tener un enorme impacto.

Después de ocho días de aislamiento, entre el 23 y el 31 de marzo, el desempleo aumentó de 10,8% a 12,6% comparado con el mismo mes del año anterior. Es decir, se sumaron 287.000 desempleados más. Pero las personas que pasaron a no buscar empleo son alrededor de 1.500.000. El efecto puede ser mayor.

Es también sin precedentes porque nos afecta a todos. A las personas y las empresas, los trabajadores y los empleadores, las empresas micro, pequeñas y medianas, y también las grandes, el sector urbano y el sector rural, los ricos y los pobres, los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo, los trabajadores formales y los informales, los sindicalizados y los no sindicalizados, y las finanzas del Gobierno.

Regresar a la normalidad anterior va a ser difícil y va a tomar mucho tiempo, sobre todo si no se hacen los cambios. Siguiendo con el ejemplo del mercado laboral, si no se hace una revisión profunda del mercado laboral tal y como existe, y de la normatividad que lo regula, la recuperación puede ser más lenta y más costosa. El tránsito hacia la formalidad va a ser más duro si la legislación de formalidad es para aquellos que trabajan de 8 a 6 y cotizan mensualmente a la seguridad social con un ingreso estable.

Mirando hacia el futuro, la crisis también puede verse como una oportunidad para realizar grandes reformas. Siguiendo la teoría de Kahneman, estamos todos afectados y es la oportunidad para sentarnos a pensar en los cambios necesarios para salir fortalecidos, y esto implica reformar. Esta columna cita por lo menos dos reformas -la eficiencia del estado y la laboral.

Sobre la primera, uno de los problemas estructurales que sufre Colombia es la baja credibilidad que tenemos los colombianos en nuestras instituciones. Aunque la tasa de pobreza ha disminuido, y la clase media ha crecido, muchas personas se encuentran en vulnerabilidad con alta posibilidad de regresar a la pobreza, lo que las hace más exigentes por respuestas efectivas del Estado.

Si no resolvemos este problema, cada vez estaremos más descontentos y el Estado seguirá debilitándose, en perjuicio de todos. Los programas de alivio durante el aislamiento han puesto a prueba esta eficiencia, y es claro que debe mejorarse. Esto pasa por uno de los males que más afecta a Colombia, la corrupción, que necesita una gran revisión de la probabilidad de ser castigado de manera efectiva por este flagelo, es decir, una reforma a la justicia, pasando por el sistema carcelario.

Pero también implica una gran reforma del Estado, exigiendo mayor eficiencia en el desempeño de las entidades públicas, por ejemplo, asignando el presupuesto basándose en indicadores de desempeño y en la satisfacción del ciudadano. Aquí el papel de la Función Pública es esencial. Y será necesario hablar con los sindicatos del sector público, los contratistas, y el Congreso, entre muchos otros actores.

Sobre la reforma laboral, inclusive antes de la llegada de la pandemia ya era claro que el mercado laboral está cambiando a pasos agigantados. El contrato laboral está cambiando, el emprendimiento y la independencia son cada vez más importantes, y la rigidez de la legislación laboral, con buenas intenciones, termina excluyendo a muchos trabajadores, dejándolos en la informalidad.

La mayoría de personas ya no trabajan todo el mes en una oficina, ni con un ingreso estable; trabajan por días o por horas, y sus ingresos son volátiles y dependen del esfuerzo. Por eso es necesario adaptar la normatividad a la realidad laboral, buscando cubrir a más personas con la seguridad social. Y esto significa una gran reforma.

Adicionalmente, está la formación para el trabajo. Recordemos que la baja productividad, especialmente la laboral, es uno de los grandes retos de América Latina. Es necesario revisar qué tipo de educación y formación están recibiendo los jóvenes para contribuir al aparato productivo. Esta reforma podría crear un círculo virtuoso: técnicos o tecnólogos más productivos y con formación más pertinente, generando crecimiento en las empresas, lo que aumentaría su demanda y sus salarios, y la economía crecería.

La crisis afecta a todos los trabajadores y todas las empresas. De acuerdo con datos de Planeación Nacional, de 23 millones de trabajadores, por lo menos 15 se verán afectados, tanto en el sector formal como en el sector informal. Este choque puede ser la oportunidad para que todos, trabajadores, sindicatos, desempleados, empresarios y gobierno, formales e informales, abran el espacio para discutir la reforma de un mercado laboral más incluyente y productivo. Otro actor importante es el Sena, y obviamente la participación de sus sindicatos.

Muchas otras reformas pueden ser necesarias para salir de esta pandemia. Por ejemplo, la agrícola, pensando en la seguridad alimentaria como objetivo, y la pensional, para no seguir poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Varias reformas son necesarias para salir fortalecidos de esta crisis.

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Projections of the effect of the COVID-19 crisis on the economies

As predicted in previous months, inflation has continued to rise. As of March, monthly inflation was 1%, and annual inflation reached 8.5%. In response, Banco de la República raised its benchmark interest rate by 100 basis points at its March meeting. On the positive side, the labor market is recovering.

Proyecciones del efecto de la crisis del COVID-19 sobre las economías

La Alianza LAECO publica sus pronósticos de crecimiento, inflación, desempleo y de otras variables macroeconómicas de las economías de América Latina para el mes de Mayo de 2020. Se pronostica una importante contracción en todos los países a causa de la crisis generada por el COVID-19, que en algunas economías se acentúa por la disminución de los precios del petróleo y de otros commodities. Para el caso Colombiano, Econometría Consultores pronostica una variación del PIB de -3,0% para el presente año. Para obtener más información sobre este análisis, solicite su suscripción al Boletín Mensual de LAECO.

Webinar: ¿Salvamos a Avianca o a las pymes mipymes?

¿Salvamos a Avianca o a las pymes mipymes?

Video de la participación de nuestro director Mauricio Olivera.

Webinar de AlCENTRO, sobre el análisis económico de las empresas frente a el impacto del Covid-19, con la participación de nuestro director Mauricio Olivera y Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

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Actitud positiva frente al coronavirus

Actitud positiva frente al coronavirus

Autores: Benjamín Venegas

Como cualquier otro problema de la vida, parte de la solución ante la difícil situación que atraviesa nuestro país con motivo de la pandemia del covid-19 pasa por adoptar una actitud positiva. Y aunque resulte curioso, un planteamiento tan simple logre ser un motor de cambio que permite no solo afrontar la situación de corto plazo sino también de largo plazo. En una concepción amplia del término, una actitud implica tres elementos fundamentales: conocimientos, sentimientos y comportamientos (conocido como modelo tripartito), todos ellos enmarcados dentro de la interacción con un entorno. Cada uno de los elementos está interrelacionado con los otros de tal manera que permean en últimas las acciones.

Basta con ver las noticias recientes de cómo algunas personas no respetan las medidas que restringen la movilidad o los casos en los cuales se ataca a los héroes de la salud que están enfrentando la situación de primera mano. Incluso se ha llegado al extremo de atacar a las autoridades que se encuentran realizando acciones en pro de mantener el aislamiento. Precisamente, parte de la explicación a estos comportamientos pasa por ser consientes del efecto que tiene la difusión de la información. En la medida que los medios de comunicación, autoridades, familiares y amigos sean responsables sobre el manejo de los contenidos, se va a generar por tanto en la población sentimientos acordes con dicha información. Miedo, desesperanza, pesimismo pueden ser algunos de los sentimientos que se pueden generar frente a contenidos alarmistas que en ocasiones suelen ser parcialmente falsos o parcialmente correctos sobre la situación del covid-19.

Además, en su relación con el entorno, los comportamientos que tengan otros miembros de la sociedad, sobre todo las autoridades, pueden generar sentimientos negativos. Por ejemplo, las noticias relacionadas presuntos usos inadecuados de los recursos públicos, que se presumen como ciertos antes de ser probados, pueden generar desesperanza en la población, aunque luego no haya condenas o se castigue ejemplarmente a los culpables. La última encuesta de Invamer muestra que hoy en día las personas consideran como el principal problema a la corrupción.

Son precisamente estos sentimientos negativos los que pueden entonces generar comportamientos que no aportan en la solución del problema.

Una encuesta reciente desarrollada por Cifras y Conceptos muestra que 64% de los encuestados expresan sentir incertidumbre, 43% miedo, 26% tristeza y 8% ira. Esto lleva a pensar que el gobierno debe propender por desarrollar acciones que ayuden a mitigar estos sentimientos negativos.

Hoy en día parece haber un consenso en cuanto a que la solución a la difícil situación del covid-19 pasa por adoptar soluciones no convencionales. Pensarse en términos de generar actitudes positivas puede ser una de estas respuestas heterodoxas. Generar todas las posibles medidas que aporten a la divulgación de la información de una manera clara, veraz y concisa, así como políticas públicas para desarrollar espacios de reflexión y concientización sobre comportamientos no deseados debe ser una prioridad del gobierno. Por supuesto, esto pasa por generar la tranquilidad si se hace evidente que en materia económica y de salud pública se están generando todos los mecanismos para asegurar un menor impacto en el corto y largo plazo. Sin embargo, no debe restringirse únicamente a estos aspectos sino también en todos aquellos que afectan a la población más vulnerable como es la educación y la salud. Las acciones de las autoridades pueden acentuar o no las actitudes que tiene la población sobre ellos y sobre otros grupos poblacionales. No en vano en la encuesta de Cifras y Conceptos cerca de 40% de los encuestados no evalúan de forma favorable las acciones emprendidas por el gobierno central para enfrentar la pandemia del covid-19. Estos resultados contrastan con el 18% de los encuestados que considera la labor de la alcaldesa de Bogotá como desfavorable (resultados corroborados en la encuesta de Invamer).

Frente a otros grupos poblacionales, es claro que, en el contexto de la política de aislamiento por motivo de la pandemia, se ha evidenciado un rechazo mayor sobre la población venezolana. Si antes de la emergencia la mayoría de la población tenía reparos sobre la presencia de venezolanos en nuestro país, ahora dicha actitud se acentuó. Además, también se está gestando una actitud de rechazo frente a los ciudadanos Chinos por ser el país originario de la pandemia.

Como se ha mencionado en otros contextos, esta es una oportunidad de oro para generar cambios no solo en términos laborales, educativos o económicos, también se trata de repensarse como sociedad. Adoptar una actitud positiva implica ser agentes activos de cambios en los tres elementos mencionados. Implica ser responsables sobre la información que se adquiere y se comparte, implica repensar los sentimientos y comportamientos frente a la población en general, frente a los grupos específicos como los profesionales de la salud, población vulnerable, extranjeros, entre otros. Además, y considerando el efecto del entorno, implica por parte de las autoridades asumir actitudes adecuadas que generen confianza sobre en la población. Como resultado, se podrán generar las condiciones para el trabajo en equipo que permita superar la situación actual y la reactivación futura, generarán las condiciones de respaldo a las políticas de gobierno y en general cimentarán mayores apoyos a todos los actores que cada día le hace frente a la pandemia.

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Katherinne Alvarado
Fieldwork Manager
Katherinne Alvarado Acevedo is an Industrial Engineer, with experience in management and coordination of quantitative data collection, she is linked to Econometría since 2019 and has participated in more than 12 consultancies with the firm. Her areas of interest are mainly: Social inclusion, logistics, health, public policy, territorial, urban and rural development, among others.
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