Las actividades productivas, como la ganadería, la industria y el transporte emiten gases nocivos al aire. Al hacerlo, generan altísimos costos en vidas humanas, en la operación de los sistemas de salud y en la atención de desastres naturales derivados de dicha contaminación. Los costos, de las medidas necesarias para evitar esas emisiones, son en general menores que los costos sociales de sus consecuencias, pero no son siempre financieramente viables para los privados. Por esto debe existir una intervención estatal.

Los países hoy industrializados lograron buena parte de su desarrollo al no incorporar esos costos sociales dentro de los precios de los productos que generaban ese daño ambiental. Actualmente, las consecuencias del cambio climático han hecho que el interés de las economías desarrolladas esté en reducir a futuro el impacto de la actividad económica sobre la atmósfera. Sin embargo, las acciones que se tomarán no revertirán, ni tan siquiera detendrán, el calentamiento global. Solamente podrán hacer más lento el incremento de las temperaturas medias, mientras se encuentra una solución tecnológica que permita detener este gran problema.

Los países desarrollados tienen poco margen de acción para reducir emisiones y han generado compromisos para la financiación de países en desarrollo, con el fin de ayudarles a lograr sus metas. Esto ha dinamizado los mercados internacionales en donde unos países pueden pagar a otros por ceder sus logros en reducción de emisiones o en remoción (captura) de carbono.

Colombia tiene una gran oportunidad, tanto atrayendo recursos de cooperación para cumplir sus metas, como vendiendo a otros países remociones y reducciones de emisiones de carbono, mediante labores de reforestación y de protección del bosque para evitar la deforestación. Aunque las emisiones por temas energéticos o industriales no son tan altas como las de otros países, sí tenemos una proporción alta de emisiones debidas a la deforestación y la ganadería extensiva. Sembrar árboles ayuda a remover CO2 de la atmósfera, pero su efecto es lento. La deforestación, especialmente la que se realiza por medio de quemas, genera unas emisiones muy grandes en muy poco tiempo, por lo tanto, establecer medidas para evitarla tiene un efecto inmediato.

Los incendios que se presentaron este año en la Amazonía, y que algunos medios indican que pueden cubrir alrededor de 500.000 hectáreas, expulsaron a la atmósfera entre 50 y 100 millones de toneladas de CO2 en unas pocas semanas mientras que, por ejemplo, la meta colombiana es llegar a reducir sus emisiones entre 66 y 99 millones de toneladas en el año 2030. Gran parte de esa meta -alrededor de 32 millones de toneladas- se lograría bajando nuestra deforestación en alrededor de un 40%, es decir evitando nuestros propios incendios forestales y demás formas de tala ilegal de bosques. Otros países que Econometría Consultores ha asesorado, como Guatemala o República Dominicana, tienen metas de alrededor de 10 a 15 millones de toneladas para un periodo de cinco años.

En 2015, Cdkn y Econometría propusimos un marco de trabajo que se tradujo en la expedición de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Dicha estrategia contempla instrumentos económicos y mecanismos de mercado que servirán al país para la compatibilización de la oferta y la demanda de recursos financieros para enfrentar el cambio climático.

Un primer paso fue el establecimiento del impuesto al carbono y la posibilidad de no causar su pago cuando se financian proyectos de remoción o reducción de emisiones de carbono. Esto ha servido para direccionar recursos hacia labores de conservación, protección y restauración de bosques casi por medio billón de pesos. Aún hace falta poder dar un uso adecuado del resto de los recaudos, que se pueden invertir en mitigación y adaptación al cambio climático.

La próxima meta es ayudar a establecer un sistema de comercio de emisiones que permita determinar el precio de mercado para el carbono en Colombia. Para esto se avanzó con la expedición de la ley de cambio climático, la cual crea la figura de los cupos transables de emisión y le da la facultad al Gobierno para establecer quiénes deberán comprar dichos cupos si no reducen sus emisiones. Eso permitirá al mismo tiempo establecer incentivos para la transformación tecnológica del aparato productivo y recaudar recursos para incentivar y financiar otras medidas de mitigación y adaptación.

Finalmente, estos avances se deben complementar con una mayor capacidad de financiamiento de iniciativas verdes a través del desarrollo de un sistema de banca verde, proceso en el cual también hemos podido acompañar a la banca de desarrollo colombiana.