Violencia basada en género: una carga económica y social

Violencia basada en género: una carga económica y social insostenible

Escrita por: Carolina Murgueitio, directora general.

Esta semana, el caso de una colombiana víctima de feminicidio en México nos conmovió. No es la primera vez y no dejará de serlo hasta cuando la sociedad mida, no solo el costo emocional sino el altísimo precio para la sociedad. Esta medición sí que apoyaría a movimientos como “Ni una más” a lograr su cometido.

La violencia basada en género (VBG) se refiere a cualquier tipo de violencia, abuso o trato injusto hacia una persona debido a su género o su identidad de género. Esta forma de violencia se dirige específicamente hacia las mujeres y las personas que no se adhieren a los paradigmas de género tradicionales, como las personas de las comunidades agrupados para bajo la sigla Lgbtq+.

No se limita solo a la violencia física, sino que abarca un espectro más amplio de comportamientos y actitudes, que refuerzan la desigualdad de género y perpetúan la discriminación. Puede manifestarse de diversas maneras, como la violencia doméstica, el acoso sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, entre otras formas de violencia específicas hacia las mujeres y las personas de género no binario.

La temática ha sido abordada por Econometría en varias de sus evaluaciones y estudios, como por ejemplo en la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas en Honduras; en el análisis de las narrativas de mujeres excombatientes; en la caracterización sociodemográfica y de condiciones de calidad de vida de las actividades sexuales pagas en el Distrito; en el diseño de estrategias de alcance nacional y local para la transformación de las normas sociales que perpetúan la violencia sexual y el castigo físico para Unicef; así como en la evaluación de impacto de programas para mitigar la VBG en México, Perú y Colombia.

La VBG es un problema arraigado en Colombia. Al año se presentan miles de casos. Tan solo los feminicidios, que son aquellos asesinatos de mujeres por el hecho de serlo, bordean los 700 casos al año en el país. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, a julio de 2023 ya se registraron 302 casos. Estas son cifras preocupantes que resaltan la urgencia de abordar la violencia basada en género, así como promover la igualdad y el respeto hacia las mujeres.

El país ha enfrentado durante mucho tiempo altos niveles de violencia basada en género. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, en 2022 se registraron más de 79.000 casos de violencia intrafamiliar y cerca de 26.000 casos de violencia sexual. Estas cifras son alarmantes y reflejan la magnitud del problema en nuestro entorno.

Además de ser una violación grave de los derechos humanos, esta forma de violencia tiene implicaciones significativas para la sociedad en su conjunto. Más allá del sufrimiento humano que causa, que debe ser la primera razón para combatirla, la violencia de género también tiene un componente económico.

Determinar el costo exacto de la VBG en Colombia es un desafío debido a la naturaleza multifacética del problema y a la falta de datos detallados y actualizados. Sin embargo, es ampliamente reconocido que este tipo de violencia tiene un impacto significativo en la sociedad y genera costos económicos y sociales considerables.

Este tipo de violencia conduce a lesiones físicas y problemas de salud mental a largo plazo, lo que resulta en costos significativos en atención médica. Las víctimas requieren servicios médicos urgentes y a largo plazo para tratar las consecuencias de la violencia, incluyendo cirugías, medicamentos y terapias. Además, los servicios sociales como refugio, asesoramiento psicológico y asistencia legal son necesarios para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas.

Estos costos recaen tanto en los sistemas de salud públicos como en los privados, y representan una carga financiera para la sociedad en su conjunto.

El fenómeno en cuestión tiene un impacto directo en la fuerza laboral. Las víctimas pueden perder días de trabajo debido a las lesiones o la necesidad de buscar seguridad. Además, la violencia puede llevar a la pérdida de empleo o a la incapacidad de mantener un empleo estable. Las personas que sufren VBG pueden necesitar tiempo libre para recuperarse de las lesiones, asistir a citas médicas, buscar refugio seguro o protegerse a sí mismas y a sus hijos.

Esto puede resultar en una disminución de la productividad económica a nivel individual y también a nivel nacional si se considera el número de personas afectadas. Esto no solo tiene un impacto en los ingresos individuales de las víctimas, sino también en la economía en general. La disminución de la productividad económica y el desempleo resultante generan una carga adicional para los sistemas de bienestar social y pueden afectar el crecimiento y desarrollo económico del país.

También tiene un impacto significativo en la educación. Las víctimas, especialmente mujeres y niñas, pueden perder días de formación debido a la violencia o incluso abandonar la educación por completo. Esto perpetúa un ciclo de desigualdad y limita las oportunidades futuras de empleo y desarrollo económico. Además, una educación deficiente tiene un impacto negativo en el desarrollo social y la cohesión de la sociedad en su conjunto.

Las víctimas a menudo necesitan servicios sociales para ayudarles a recuperarse y reconstruir sus vidas. Esto puede incluir refugio y alojamiento temporal, asesoramiento y apoyo psicológico, asistencia legal, programas de rehabilitación y orientación profesional. Estos servicios sociales tienen un costo y requieren recursos adicionales por parte de la sociedad.

Más allá de los costos económicos directos, la violencia basada en género también tiene consecuencias sociales y emocionales perjudiciales. Genera miedo, inseguridad y desconfianza en la sociedad, lo que afecta la calidad de vida y la convivencia no solo de las víctimas sino de sus familias. Este tipo de violencia socava los valores fundamentales de igualdad y respeto, y debilita la cohesión social necesaria para el progreso y el bienestar.

El gobierno colombiano, organizaciones de la sociedad civil y activistas han estado trabajando para abordar esta problemática. Han surgido leyes y políticas para proteger los derechos de las mujeres y prevenir la violencia de género, pero aún se necesitan mayores esfuerzos para garantizar la seguridad y la igualdad para todas las víctimas de este tipo de violencia en Colombia.

Sin embargo, abordar la violencia basada en género requiere un enfoque integral que incluya la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la implementación de políticas y leyes que protejan los derechos de todas las personas, independientemente de su género.

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Polémico debate: subsidiar el transporte

Polémico debate: subsidiar el transporte

Escrita por: Carolina Murgueitio, directora general.

Hace pocos días el presidente Petro propuso subsidiar el transporte con el servicio de energía. La idea ha suscitado fuertes debates en medios de comunicación, sin embargo, han concurrido en torno a la propuesta tres enérgicos contrincantes como el mismo presidente, la actual alcaldesa Claudia López y el exalcalde Enrique Peñalosa. Los tres coinciden en que es una medida de justicia social y que el transporte es un bien público que debe ser subsidiado. En donde no han coincidido es en el cómo y en las cuentas de lo que implica la medida. Por supuesto es tan reciente la propuesta que se necesita tiempo y estimaciones para realizar un análisis de impacto y de beneficio costo de la medida. En Colombia no es nuevo incluir en la factura de servicios públicos un cobro para subsidiar otro servicio. Por ejemplo, el aseo ya se cobra con la energía.

Si bien en el mundo hay innumerables experiencias en las que se subsidia el transporte público, no es común que sea con el servicio de energía. Hay si, algunas experiencias piloto como en la ciudad de Utrecht en Holanda, en donde se ha llevado a cabo un proyecto piloto llamado “We Drive Solar” (Conducimos con Energía Solar) en el que se utilizan autobuses eléctricos y paneles solares para generar y almacenar energía. Los usuarios pueden cargar sus vehículos eléctricos en las estaciones de carga solares y, a cambio, reciben créditos que pueden utilizar para viajar en los autobuses eléctricos.

En algunas ciudades chinas, como Shenzhen y Zhuhai, se han implementado sistemas de autobuses eléctricos que se cargan a través de estaciones de carga solar. Estos sistemas están diseñados para generar y almacenar energía solar durante el día y utilizarla para cargar los autobuses durante la noche. Aunque los pasajeros no pagan directamente con energía, el sistema se financia en parte con los ahorros de energía generados por la generación solar. En algunas ciudades de Estados Unidos, como San Francisco, se están llevando a cabo proyectos piloto donde se instalan paneles solares en las estaciones de carga de vehículos eléctricos. Estos paneles solares generan energía renovable que se utiliza para cargar los vehículos eléctricos, incluyendo aquellos utilizados en el transporte público.

La idea de subsidiar el transporte con el servicio de energía plantea una serie de interrogantes y desafíos que deben ser cuidadosamente considerados antes de su implementación. Si bien existen posibles beneficios en términos de reducción de costos para los usuarios y promoción de la movilidad sostenible, también se deben abordar las preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad financiera y la equidad en la distribución del subsidio. Es necesario un análisis exhaustivo y un debate amplio que involucre a expertos, actores gubernamentales y ciudadanos para evaluar adecuadamente los pros y los contras de esta propuesta y tomar decisiones informadas que beneficien a la sociedad en su conjunto.

Si se fuese a realizar un análisis beneficio costo, se podría empezar por valorizar las ventajas de subsidiar el transporte con el servicio de energía. Tradicionalmente, se debe iniciar por identificar los costos y beneficios relevantes. Los costos podrían incluir la inversión inicial en infraestructura, los costos operativos y de mantenimiento, así como los posibles costos de oportunidad. Por otro lado, los beneficios podrían abarcar la reducción del costo del transporte para los usuarios, la disminución de la congestión vehicular, los beneficios ambientales asociados con la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire, entre otros.

Quizás una de las ventajas que implicarían un desafío en la medición es la reducción de costos para los usuarios ya que la implementación de este subsidio proporcionaría un alivio financiero para los ciudadanos, especialmente aquellos de bajos ingresos, al reducir el costo de transporte diario. Esto podría contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aumentar su acceso a oportunidades laborales y educativas.

Por otro lado, al vincular el subsidio del transporte con el servicio de energía, el gobierno podría incentivar el uso del transporte público en lugar de los vehículos privados. Esto podría resultar en una disminución de la congestión vehicular, la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo así una mayor sostenibilidad ambiental.

En cuanto a los desafíos que se convierten en costos que deben ser cuantificados, están, por ejemplo, la sostenibilidad financiera. Una de las principales preocupaciones relacionadas con esta propuesta es la viabilidad económica a largo plazo. La implementación de un subsidio de transporte mediante el servicio de energía requeriría una cuidadosa planificación y evaluación de costos, ya que el sistema energético también tiene sus propias demandas y necesidades de inversión.

De igual manera, existe el riesgo de que este tipo de subsidio beneficie desproporcionadamente a ciertos grupos de la sociedad, mientras que otros podrían no recibir los mismos beneficios. Sería fundamental garantizar que el subsidio sea equitativo y llegue a aquellos que más lo necesitan, evitando así aumentar las brechas sociales y económicas. Para evitar esto, podría darse el subsidio directamente a quienes lo necesitan, tal como se hizo con la compensación del IVA y cuya evaluación se realizó por la alianza Universidad de Los Andes y Econometría en 2021.

Finalmente, algunos aspectos cualitativos tendrán que considerarse como los efectos sociales, ambientales y políticos de la propuesta. Estos aspectos cualitativos pueden ser difíciles de cuantificar, pero deben tenerse en cuenta al tomar una decisión informada.

Una vez cuantificados los costos y los beneficios, se deberá calcular el valor actual neto que es una medida utilizada para evaluar la rentabilidad de una inversión o proyecto. Se calcula restando los costos presentes del proyecto de los beneficios presentes, ajustados por el valor del dinero en el tiempo. Si el VAN es positivo, indica que los beneficios superan a los costos y que la propuesta podría considerarse beneficiosa desde una perspectiva financiera. Solo en esta situación la medida del presidente tendría todo el sentido y muy seguramente alrededor de los resultados, de la evidencia, tendrían mayores elementos los tres fuertes contrincantes para ponerse de acuerdo.

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¿Crisis de confianza?, columna para La República

¿Crisis de confianza?

Escrita por: Julián Roa, coordinador de proyectos.

Los datos de crecimiento del segundo trimestre muestran que la economía está convergiendo a su tendencia previa más rápido de lo esperado, bajando las presiones inflacionarias. Sin embargo, al revisar el componente de inversión (formación bruta de capital fijo) se prenden las alarmas pues recientemente ha caído cerca de 10% relativo al nivel prepandemia, como se ve en la primera gráfica. En esta misma gráfica, se ve que esta problemática es de carácter nacional y no global. En Colombia, la caída en la inversión (relativa al promedio de 2019) ha estado liderada por el rubro de “Otros edificios y estructuras” (-33,8%) y el rubro de “Vivienda” (-4,6%).

El presidente de la República trinó al respecto: “¿De qué depende la inversión?: en primer lugar, de la tasa de interés.” La interpretación del presidente no es equívoca, aunque no pareciera ser la principal explicación. A manera de ilustración, países de la región como Brasil tuvieron políticas monetarias incluso más restrictivas que la colombiana, y la inversión está por encima del nivel prepandemia, como se ve en la gráfica 1.

La inversión está determinada, en gran medida, por las expectativas de ganancia de los empresarios. Expectativas en donde la subjetividad prima puesto que el empresario tiene que trabajar en clima de alta incertidumbre. Así, la inversión esta más motivada por aspectos como la confianza en el futuro próximo.

La gráfica 2 es un intento de cuantificar dicha confianza en el futuro próximo. En ella se muestra la volatilidad de los mercados bursátiles. En la gráfica se destaca la pandemia que fue un momento de alta incertidumbre. En Colombia, el índice de incertidumbre subió luego de 2020 y se quedó arriba del resto de países. Así, esta variable sugiere que Colombia está viviendo un periodo de alta incertidumbre, lo que con seguridad ha incidido en la caída en la inversión. Una confirmación de esto se ve en el índice de confianza tanto comercial como industrial publicado por Fedesarrollo el cual continúa en terreno negativo (son más los pesimistas que los optimistas).

El ejemplo de Brasil es interesante pues muestra la dominancia de la incertidumbre sobre la política monetaria. En Brasil, el nivel de incertidumbre está por debajo del colombiano y la inversión no ha colapsado a pesar de que la política monetaria fue incluso más restrictiva que la colombiana.

La situación colombiana es compleja porque puede que ya estemos en una crisis de confianza, y los datos de inversión que estamos viendo sean la materialización de una incertidumbre que empezó tiempo atrás. Estos episodios empiezan con la sensación de que las cosas no irán bien en el futuro, ello hace que los inversionistas prefieran poner su dinero en activos seguros y no se embarquen en proyectos de la economía real, la demanda cae y se confirma el mal presagio. Se trata de una sensación que se puede retroalimentar, y por eso es peligrosa. Por lo anterior, vale la pena preguntarse por los factores detrás de esta y que se puede hacer para revertir esta tendencia.

¿Qué causó esta situación? En lo externo, la perspectiva de una posible crisis global, aunque este factor se ha atenuado bastante. En el frente interno, las reformas planteadas por el gobierno generaron incertidumbre al considerarse lesivas para la economía. Por otra parte, el incremento de la inseguridad genera miedo y desconfianza en la población civil. A nivel de políticas públicas, los cambios en algunas de ellas han generado confusión y retrasos. Por su parte, la baja ejecución presupuestal genera restricciones de liquidez. Todo ello contribuye a que no haya confianza.

¿Qué hacer? A nivel de política macroeconómica, se debe responder con ímpetu desde la política fiscal. En este sentido, las recomendaciones dadas por Jorge Iván González en su columna ‘Inversión total’ van en el sentido adecuado. También se hace necesaria una mayor ejecución del presupuesto por parte del gobierno.

En lo político, el país requiere reformas, pero estas deben ser concertadas con los actores relevantes. Esta concertación dará legitimidad al proceso y mitigará las prevenciones de los sectores afectados.

En las regiones, el gobierno debe combatir la inseguridad, lo que tiene varios frentes de ataque. Por un lado, debe haber una mayor cooperación con las fuerzas armadas. Por otro lado, las negociaciones de paz deben hacerse con protocolos claros y de manera ordenada. Finalmente, una reforma a la justicia que frene la impunidad y descongestione el sistema judicial es vital.

A nivel de políticas públicas, se hace necesario retomar el programa de Mi Casa Ya, puesto que parte de la caída en la inversión se deba a la reducción de las VIS. También es fundamental recuperar la inversión en infraestructura y agricultura.

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Laboratorios de inversión para políticas eficientes

Laboratorios de inversión para políticas eficientes

Escrita por: Carolina Murgueitio, directora general y Arturo García, socio - director de proyectos.

En la búsqueda de soluciones efectivas y eficientes para los desafíos sociales y económicos, las políticas públicas basadas en evidencia han ganado reconocimiento en todo el mundo. Estas políticas se fundamentan en la investigación y el análisis riguroso de datos empíricos, lo que les permite abordar problemas de manera estratégica y con resultados medibles.

En este contexto, los laboratorios de inversión también podrían considerarse como una forma de ahorro de recursos que en caso contrario se hubieran perdido en políticas que no responden a las necesidades reales.

Las políticas públicas basadas en evidencia se caracterizan por utilizar datos y análisis rigurosos de experiencias reales para informar la toma de decisiones, en lugar de depender únicamente de suposiciones o ideologías. Al basarse en la evidencia, se espera que estas políticas sean más efectivas y eficientes ya que se toman decisiones informadas y se ajustan según los resultados observados.

En este contexto, los laboratorios de inversión se han vuelto cada vez más populares. Estos laboratorios, también conocidos como “labs”, son espacios donde se diseñan, prueban y evalúan políticas públicas utilizando un enfoque experimental.

Funcionan como un puente entre los investigadores y los encargados de formular políticas, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos entre ambos grupos. Bien pueden considerarse una versión más desarrollada de lo que antes se denominaba pilotos, un tanto desprestigiados por los problemas que enfrentaron al ser escalados.

Ahora bien, los laboratorios de inversión permiten a los responsables de la toma de decisiones probar diferentes enfoques en un entorno controlado antes de implementar una política a gran escala. Esto ayuda a reducir los riesgos asociados con la implementación de políticas no probadas, a tener en cuenta los entornos y permite una evaluación temprana de su efectividad.

Además, los laboratorios de inversión fomentan la iteración y la mejora continua, ya que los resultados y las lecciones aprendidas se utilizan para ajustar y perfeccionar las políticas antes de su adopción generalizada.

Un ejemplo destacado de un laboratorio de inversión es el Laboratorio de Innovación del Gobierno de los Estados Unidos (US Government Innovation Lab). Este laboratorio trabaja en estrecha colaboración con agencias gubernamentales para diseñar y probar intervenciones piloto en áreas como la educación, el empleo y la salud. En el Reino Unido, los laboratorios de política, conocidos como “policy labs” o “policy innovation labs”, desempeñan un papel importante en el diseño y la implementación de políticas basadas en evidencia.

Estos laboratorios se centran en la experimentación, la colaboración y la aplicación de enfoques innovadores para abordar los desafíos sociales y económicos.

En América Latina, Chile ha sido pionero en la implementación de laboratorios de política. El Laboratorio de Gobierno es una entidad que se dedica a promover la innovación en el sector público y desarrollar soluciones basadas en evidencia para los desafíos sociales.

En Colombia también existen laboratorios de política que buscan promover la innovación y el diseño basado en evidencia en la formulación de políticas públicas. El Laboratorio de Innovación Pública (LIP) es una iniciativa del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. El LIP tiene como objetivo fomentar la innovación en el sector público y promover la colaboración entre diferentes actores para el desarrollo de políticas públicas.

La ciudad de Medellín cuenta con su propio laboratorio de gobierno que se enfoca en el diseño y la implementación de políticas públicas innovadoras. Este laboratorio trabaja en colaboración con diferentes entidades gubernamentales y la ciudadanía para desarrollar soluciones basadas en evidencia que aborden los desafíos locales.

Precisamente por las restricciones de recursos en países en desarrollo, invertir en laboratorios de política puede ser una estrategia valiosa y rentable. Si bien invertir en laboratorios de política implica un costo inicial, pueden generar ahorros significativos a largo plazo al ayudar a identificar intervenciones más efectivas y evitar gastos innecesarios en políticas ineficientes.

Al invertir en estos laboratorios, los países en desarrollo pueden promover la experimentación y el desarrollo de soluciones creativas y adaptadas a sus contextos específicos, aspecto prácticamente prohibido por el temor al “detrimento patrimonial”.

Los laboratorios de política promueven la colaboración entre investigadores, encargados de formular políticas y otros actores relevantes. Esto facilita el intercambio de conocimientos y la transferencia de buenas prácticas. En este contexto es muy importante el aporte que podría hacer el sector privado, en particular por medio de las fundaciones empresariales, que tiene una mayor flexibilidad para innovar.

Cuando se combinan la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los laboratorios de políticas públicas, se pueden obtener beneficios significativos para la sociedad. Algunos ejemplos de cómo la RSE puede contribuir a los laboratorios de políticas públicas se da cuando las fundaciones empresariales llevan a cabo investigaciones y análisis exhaustivos sobre temas de interés social, como la pobreza, la educación, el medio ambiente, la salud, entre otros.

Estos estudios pueden proporcionar información valiosa al sector público sobre los desafíos y oportunidades en estas áreas, lo que les permite adaptar estrategias y prácticas de programas públicos para abordar estos problemas de manera más efectiva. En este sentido, los laboratorios de políticas públicas fomentan la colaboración entre diferentes actores, como empresas, organizaciones no gubernamentales, gobierno y sociedad civil.

Una nota final, trabajar en laboratorios no implica que se descarte hacer evaluaciones de impacto. De hecho, son indispensables para contar con evidencia a través de los mismos labs. La complementariedad de análisis permite contar con mejor información para formular políticas públicas y programas sociales eficientes y efectivas.

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Actividades sexuales pagas: ¿qué sabemos y qué se recomienda?

Actividades sexuales pagas: ¿qué sabemos y qué se recomienda?

Escrita por: Manuel José Herrera Galindo, consultor.

La Secretaría Distrital de la Mujer (SDM) consolidó información actualizada que le permite conocer características de las personas que realizan actividades sexuales pagas (Prasp), con el fin de abordar de manera integral la política pública dirigida a esa población. En el segundo semestre de 2022, Econometría adelantó la actualización de la caracterización de las Prasp a través de factores sociodemográficos y de calidad de vida, el desarrollo de esas actividades, la exposición a la violencia y la afectación por el covid-19. Desarrolló adicionalmente un sondeo de opinión en las zonas donde se ejercen tales actividades

Las Actividades Sexuales Pagas (ASP) reconocen debates y distintas posturas de intervenciones sociales tales como: el abolicionismo, el prohibicionismo y el modelo legalista. El primero de estos busca proteger a quienes realizan compra-venta de sexo voluntariamente y penalizar la explotación sexual y laboral. Por su parte, el prohibicionismo pretende sancionar a todos los agentes que participen en la oferta o demanda de ASP. Por último, el modelo legalista defiende el ejercicio de ASP como un trabajo que debe enmarcarse en la regulación correspondiente de derechos laborales.

 

Desde el punto de vista demográfico se trata de una población bastante joven, pues 73,4% está entre los 18 y los 35 años. En lo económico, la mayoría vive en estratos 1 y 2 (18,8% y 38,4% respectivamente) y en arriendo (91,5%). De igual forma, que 12,9% señala haber sido víctima del conflicto, y 3,9% expresa ser una persona con discapacidad.

Las Actividades Sexuales Pagas (ASP) reconocen debates

Unos datos que llamaron la atención han sido que sólo la mitad (50,6%) es cotizante, beneficiaria o afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, y que únicamente 4,9% de las Prasp señalan estar afiliadas al sistema de pensiones. Del grupo de personas afiliadas, la mayoría pertenece al régimen subsidiado (80,9%), este porcentaje incrementa a 89,7% si se toma solamente la población extranjera.

Al desagregar la información por lugar de nacimiento y por el autorreconocimiento como víctima del conflicto armado, se puede ver que la distribución de la población extranjera que se dedica a ASP es más joven que la nacional; de forma similar, la distribución de la población que no se autorreconoce como víctima del conflicto armado y se dedica a ASP es más joven que aquella que se reconoce como víctima del conflicto armado y se dedica a ASP como se puede observar en la siguiente figura:

Por otro lado, al indagar por aspectos asociados con la actividad económica, se encontró que 92,6% de las Prasp ocupan la mayor parte de su tiempo laboral en ASP, y sólo 1,4% en otra activad generadora de ingresos. La mitad de las personas (49%) reciben en una semana ingresos promedio que están en están en promedio entre $233.000 y $500.000, y sólo 6% recibe más $1 millón. Son muy pocas las que reciben ingresos por otros conceptos como incentivos o bonificaciones de la clientela (7,64%) o que reciban otras formas de pago (11,2%). En la medida que aumenta la edad de la persona, el monto recibido se reduce ya que tres de cada cuatro personas mayores de 60 años (73,6%) recibe menos de $30.000, además de ser el grupo etario que en más proporción presta sus servicios en calle.

Las Prasp están expuestas a la vivencia de distintas situaciones de violencia. Un 42,2% señala haberla experimentado en los últimos dos años, siendo la violencia verbal o psicológica por parte de los clientes la de mayor frecuencia (30%), seguida por la violencia física (16%) y el abuso policial (12,7%). Más de la mitad (57,1%) se siente insegura mientras realiza la ASP, a pesar de las prácticas que desarrollan como tener informadas a personas amigas dónde van a estar, el ir a sitios de confianza, o tener conocimiento de defensa personal (50,4%), entre otros comportamientos preventivos.

Entre los aspectos más relevantes que arrojó el análisis, fue el aumento de Prasp extranjeras principalmente de Venezuela, pues pasaron de ser 32,7% en 2017 a 40% en 2022. Estas personas manifestaron en la encuesta que son víctimas de xenofobia, experimentan mayor inestabilidad en la vivienda, por lo que han optado por vivir en alojamientos pagados diariamente. Es relevante anotar que este grupo poblacional tienen mayores niveles educativos que las Prasp nacidas en Colombia.

De los datos anteriores se derivan varios retos para la política pública, especialmente en cuanto a aseguramiento de la vejez, la situación migratoria y la violencia que viven la Prasp.

Estas personas manifestaron en la encuesta ser víctimas de xenofobia

En lo relacionado con el aseguramiento de la vejez, las dinámicas propias de la actividad suelen dejar en desprotección a las personas de mayor edad, puesto que las ASP suelen ser mejor remuneradas durante la juventud en comparación con las edades más avanzadas. Lo anterior, unido con los bajos niveles de cotización pensional, sugiere que las Prasp van a tener muchas dificultades para poder enfrentar su vejez, dado que los ingresos serán cada vez más bajos y muy posiblemente no logren pensionarse. Por ende se requieren campañas focalizadas a esta población que fomenten las cotizaciones voluntarias.

En lo relacionado con la migración (interna/externa), es importante poder aproximarse con acciones que reconozcan sus motivaciones para realizar ASP y que promuevan su desarrollo personal. Para el caso de las Prasp provenientes de Venezuela, se debe trabajar en procesos de regulación de su estatus migratorio, con el objetivo de abrir sus opciones laborales.

Por otra parte, el hecho de que las Prasp sean víctimas de abuso policial es particularmente problemático puesto que le resta legitimidad a dicha institución y además impide que las Prasp denuncien la violencia ejercida por sus clientes. Por lo anterior, se hace necesario formar a la policía en el manejo de este tipo de población, así como, un seguimiento por parte de la SDM de este tipo de situaciones para poder hacer frente a esta problemática.

Lo anterior son solo unas ideas que surgen del ejercicio de caracterización. Se recomienda el uso de estos resultados por parte de la SDM y de otras entidades, que hoy cuentan, gracias al trabajo adelantado por Econometría, con información actualizada que le permitirá implementar las políticas recomendadas de manera integral.

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Sobre la propuesta de reforma laboral…

Sobre la propuesta de reforma laboral…

Escrita por: Yanira Oviedo, directora de proyectos y Manuel Herrera, consultor.

El Gobierno Nacional ha anunciado que insistirá en su propuesta de reforma laboral. Dentro de esa propuesta hay multiplicidad de iniciativas, pues va más allá de modificar el recargo nocturno, dominical y festivo. El proyecto de ley radicado en la anterior legislatura contenía 13 títulos que podrían agruparse en cinco grandes temáticas. La primera, estabilidad laboral y modelos de contratación. La segunda, restricción a la tercerización. La tercera, cambios en los costos del trabajo. La cuarta, colectivos especiales de trabajadores. La quinta, derecho colectivo y asuntos sindicales.

Econometría realizó un análisis de la propuesta de reforma para Acrip que incluyó un sondeo a empresas afiliadas al gremio. El estudio encuentra que, para este colectivo de empresas, las iniciativas relativas a (i) crear modalidades especiales de contratación para trabajadores agropecuarios, y (ii) aclarar relaciones laborales entre plataformas tecnológicas y trabajadores que laboran con ellas, resultan ser bien valoradas. Se considera que estas iniciativas pueden aportar para el desarrollo del país y, simultáneamente, son viables para la continuidad de empresas en esta agremiación, aunque haya de por medio un esfuerzo del sector privado.

De una parte, la iniciativa relativa a trabajadores agropecuarios es un avance hacia la dirección correcta, siempre y cuando proporcione herramientas contractuales y de seguridad social a la medida del sector. Reconocer las características propias del campo y adaptar la normatividad a ellas fomentará su desarrollo y formalidad. De otra parte, la propuesta asociada a plataformas tecnológicas y trabajadores que laboran con ellas busca transparentar relaciones labores. Allí lo clave es identificar cuándo efectivamente se configura una relación laboral y, en ese caso, hacerla explícita. Lo cual no necesariamente es el caso de todos o de la mayoría de quienes trabajan con una plataforma.

En contraste, hay iniciativas de reforma tales como la restricción de la tercerización, la prohibición de pactos colectivos y el incremento en costos de despido e indemnizaciones que las empresas que contestaron al sondeo perciben afectarán su continuidad y permanencia en el mercado. La restricción de la tercerización reduce el margen de maniobra de las empresas ante las variantes condiciones de los mercados. La Misión del Empleo de 2021 señala que ante inflexibilidades en la contratación, empresas y trabajadores buscarán estrategias alternativas informales para trabajar juntos, luego “El resultado es que solo una minoría de trabajadores disfruta de estabilidad, se reduce el empleo formal en las empresas y se induce arreglos contractuales que, si bien tienen sentido a la luz de las regulaciones vigentes, deprimen la productividad del país” (Misión de Empleo, 2021, págs. 15-16).

Adicionalmente, expertos laborales consultados indican que una fracción de lo tercerizado se incorporaría a las empresas, aumentando levemente el empleo asalariado, pero simultáneamente haría más difícil la generación de empleo al hacerla más costosa, entonces, también reduciría el empleo formal. También se advierte sobre la dificultad práctica de vigilar y controlar si las actividades contratadas mediante tercerización corresponden o no al objeto social de las empresas. Se incrementaría la tramitomanía.

Respecto a la prohibición de pactos colectivos es menester aclarar que al ser un derecho que tienen trabajadores y empleadores de llegar libremente a acuerdos que consideren beneficiosos para ambas partes, no resulta conveniente eliminar ese derecho en favor de un grupo que, aunque importante, es minoritario, como lo son las asociaciones sindicales. Según un reporte de la Escuela Nacional Sindical, la tasa de sindicalización en Colombia es menos de 5%. Luego, en vez de limitar las opciones de diálogo y negociación, se deberían ampliar.

En lo relativo al incremento en costos de despido e indemnizaciones, hay consenso en la región y en el mundo señalando que este tipo de políticas hacen más difícil la generación de empleo. Además, aunque un aumento en los costos reduciría la rotación de personal, ello incrementaría el tiempo de búsqueda de empleo y empleados, pues las empresas serían más selectivas y estrictas para contratar. En ese sentido, lo que hace falta es mejorar el sistema de seguro al desempleo, ampliándolo a toda la población trabajadora, incluyendo informales, y fortaleciendo sus beneficios.

El incremento en costos puede ocasionar múltiples efectos no deseados. Las empresas agremiadas en Acrip participantes del sondeo indicaron potenciales reacciones ante incrementos en costos de 15% y 30% (ver gráfica). El 88,9% de las empresas manifestó que reduciría el número de empleados si se incrementaran los costos en 30%, el porcentaje sería 81,0%, si el incremento en costos fuese de 15%. El 79,4% restringiría planes de crecimiento o inversión ante incrementos de 30% y 73,0% si el escenario es aumento es 15%. Las reacciones potenciales menos citadas son retirar inversión extranjera y dejar de operar. No obstante, ante un incremento en los costos laborales, estas reacciones se darían en más de 30% de las empresas, lo cual es muy sensible.

Si bien hay elementos interesantes en la propuesta de reforma laboral, es necesario advertir sobre iniciativas con impactos no deseados. Invitamos a compartir los análisis rigurosos respecto a las propuestas y dialogar para seguir construyendo país.

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Potenciar la exportación de servicios desde Colombia

Potenciar la exportación de servicios desde Colombia

Escrita por: Carolina Murgueitio

Las exportaciones de servicios significan brindar trabajo especializado a personas naturales o jurídicas residentes en otros países y recibir como de ellos divisas que mejoran la balanza comercial del país. Varias naciones han sido exitosas en promover las exportaciones de servicios. Algunos recientes son el de la India, que se ha convertido en un importante jugador en la exportación de servicios de tecnología de la información y de outsourcing. Australia es reconocida por sus exportaciones de servicios educativos, especialmente en el sector de la educación superior. Además, exporta servicios turísticos, de consultoría y de tecnología de la información. China ha experimentado un crecimiento significativo en la exportación de servicios en los últimos años, particularmente tecnología de la información, software y servicios de telecomunicaciones.

En América Latina, recientemente Panamá, Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica han aumentado sus exportaciones de servicios financieros, tecnológicos, ingeniería, software, turismo, entre otros. Según datos del Banco de la República de Colombia, entre los años 2010 y 2021, las exportaciones de servicios de Colombia venían creciendo a una tasa promedio anual del america latina8,4% en dólares. Este crecimiento venía siendo impulsado por varios factores. En primer lugar, la inversión del país en el desarrollo de infraestructura digital y tecnológica, lo que ha mejorado la capacidad del país para ofrecer servicios de calidad a nivel internacional. Además, de la implementación de políticas y programas para fomentar la internacionalización de las empresas proveedoras de algunos de los servicios. Además, la creciente demanda global de servicios y la apertura de mercados internacionales han creado oportunidades para las empresas colombianas. La calidad de los servicios, la competitividad de los costos y la ubicación geográfica estratégica de Colombia, que permite una fácil conectividad con los mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa, también han contribuido a este crecimiento.

En 2022, según cifras del Dane, Colombia exportó US$3.700 millones con un decrecimiento leve frente a 2021 de 0.4%. Entre los principales servicios exportados por Colombia se encuentran los de tecnología de la información y comunicaciones (TIC), servicios empresariales, animación, servicios de salud y turismo. Los servicios de BPO (Business Process Outsourcing) y software han mostrado un crecimiento notable en los últimos años, atrayendo inversiones y generando empleo en el país. Es notable también el crecimiento en servicios audiovisuales que han tenido un apoyo efectivo del gobierno. En el primer semestre de 2023, el decrecimiento de las exportaciones en general para bienes y servicios ha sido de 30% frente al mismo período del año anterior.

Si bien muchos son los factores no controlables que explican el dinamismo de las exportaciones, si existen varios instrumentos que pueden promoverse por parte de los gobiernos. Por ejemplo, es necesario impulsar programas de capacitación y asesoramiento que brinden a las empresas las habilidades y conocimientos necesarios para competir en el ámbito global.

La exportación de servicios depende en gran medida de la infraestructura digital. Es necesario invertir en la mejora de la conectividad y la velocidad de Internet en todo el país, especialmente en las zonas rurales. Además, se deben implementar políticas que promuevan la adopción de tecnologías digitales en las empresas de servicios, como el uso de plataformas en línea, el desarrollo de aplicaciones móviles y la implementación de sistemas de seguridad informática robustos.

El capital humano es un factor determinante para el éxito de la exportación de servicios. Es fundamental invertir en la formación y capacitación de profesionales en áreas clave, como tecnología de la información, ingeniería, diseño gráfico, marketing digital, bilingüismo, entre otros. Además, se pueden establecer alianzas entre el sector educativo y las empresas de servicios para desarrollar programas académicos que se ajusten a las necesidades y demandas del mercado internacional.

Hace 15 años, Econometría Consultores ha venido exportando servicios de consultoría a países de Asia, África, América Latina y el Caribe, y ha ido aprendiendo en el camino que podría mostrar mejores resultados en este frente si encontrara apoyo del gobierno en actividades más allá de las que hoy ofrece Procolombia. De hecho, en la evaluación que hizo de esta entidad nuestra firma, se encontró altos niveles de efectividad y eficiencia en la promoción de exportaciones de bienes. En servicios hay todavía un trecho por recorrer, probablemente porque las características particulares de estos mercados exigen una mayor sofisticación en el diseño e implementación de las labores de promoción.

Por ejemplo, antes de expandir los servicios a nivel internacional, es fundamental realizar una investigación exhaustiva de los mercados objetivos. Analizar las tendencias, la demanda, los competidores y las regulaciones tanto tecnológicas como tributarios en los países de interés.

Es necesario además apoyar con asesoría técnica para construir una marca sólida y reconocible, ya que ello es esencial para promover los servicios en el extranjero; desarrollar un mensaje claro y convincente que resalte los beneficios y la calidad de los servicios de desarrollados en Colombia; apoyar la participación en las ferias y eventos especializados en los servicios, ya que estos son excelentes oportunidades para promocionarlos y para establecer contactos con potenciales clientes internacionales.

Igualmente, a través de las oficinas en el exterior, Procolombia puede ayudar a identificar posibles alianzas estratégicas y de colaboración, así como potenciales clientes, instituciones educativas, cámaras de comercio y organismos gubernamentales y de cooperación que puedan brindar apoyo y recursos adicionales. Como existen para la exportación de bienes, también son necesarios en los de servicios instrumentos como incentivos fiscales, financiamiento preferencial, programas de capacitación y asesoramiento especializado.

Otro apoyo fundamental es el conocimiento que pueda compartirse con las firmas colombianas acerca de la cultura de cada país que permitan una asimilación rápida de las empresas y de los productos colombianos: grado de formalización empresarial, lenguaje aceptado y no aceptado, normas de cortesía, estrategias de negociación, etc. Agencias de promoción como las japonesas estudian al detalle todos estos temas, y ello explica el gran éxito que tienen al incursionar en nuevos mercados.

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¿Economía jalonada por los beneficios o por los salarios?

¿Economía jalonada por los beneficios o por los salarios?

Escrita por: Julián Roa

La reforma laboral presentada por el gobierno ha sido objeto de un debate fuerte entre economistas. Por un lado, los críticos de la reforma afirman que esta llevará a un incremento en la informalidad y potencialmente reducirá la capacidad de la economía para generar empleo.

Por el otro lado, los que la defienden sugieren que esto no tiene por qué ser así y proponen una visión macro keynesiana en donde el aumento de los salarios incrementa la demanda agregada y ello favorece el ingreso, la producción y el empleo.

Un estudio reciente hecho por investigadores del Banco de la República da la razón a los economistas críticos de la reforma, pues encuentra que la reforma laboral podría llevar a la pérdida de cerca de medio millón de empleos.

El Presidente tuiteó al respecto señalando que, en su criterio, el marco teórico usado por el estudio no era adecuado. De igual forma, criticó a los modelos matemáticos usados por el Banrep que, en su opinión, son construcciones ideológicas del poder.

Finalmente, independiente de la veracidad de las críticas hechas por el presidente, se puede ver en ellas una interpelación a usar diferentes marcos teóricos. En esta columna, damos una respuesta a esa interpelación.

En el modelo marxista de Goodwin, visualizado en un plano cartesiano, el eje X representa la participación de los salarios en el PIB y el eje Y la tasa de empleo. Comienza en un punto de equilibrio con empleo promedio y salarios bajos generando altas ganancias empresariales, lo que impulsa la inversión y la demanda de trabajo.

A medida que aumenta la tasa de empleo y los salarios superan el crecimiento de productividad, las ganancias disminuyen, desacelerando la acumulación de capital y el crecimiento económico.

Luego, la tasa de empleo y los salarios bajan, lo que permite la recuperación de las ganancias y reinicia el ciclo. Este modelo, que refleja una economía impulsada por beneficios, coincide con las predicciones de los críticos de la reforma.

Por otra parte, Badhuri y Marglin mostraron que el modelo de Goodwin genera estos ciclos en el sentido del reloj puesto que asume una especie de juego de suma cero en donde los mayores salarios de los trabajadores generan un freno a la inversión y eventualmente generan una menor acumulación.

Sin embargo, si se reconoce que la demanda tiene un rol determinante en el nivel de producción (la inversa de la ley de Say), los mayores salarios de los trabajadores pueden generar en el total un mayor nivel de inversión como consecuencia de un mayor consumo de los hogares.

En este sentido, cuando las economías son jalonadas por los salarios, el patrón que surge es el de un ciclo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. La predicción en este enfoque es cercana a la de los defensores de la propuesta.

La pregunta que surge es ¿en qué mundo está Colombia? Lo primero que se debe decir es que dar una respuesta adecuada a esta pregunta requiere una serie de metodologías econométricas y pruebas de robustez que exceden el alcance de este texto. Sin embargo, todo análisis econométrico empieza con un análisis gráfico que puede dar grandes ideas al respecto.

En la siguiente gráfica, se muestra la proporción del ingreso de la masa salarial sobre el PIB en el eje X y en el eje Y, la tasa de ocupación de las 13 ciudades desde 2001 hasta 2019. Como se puede ver, la gráfica para Colombia vivió un ciclo de los descrito por la teoría de Goodwin, con un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj. Así, desde el marco propuesto por los modelos de crecimiento dirigido por la demanda, la economía colombiana estaría jalonada por los beneficios.

Naturalmente, la pregunta sobre si Colombia es una economía jalonada por los beneficios no se puede responder con una gráfica. Así, vale la pena preguntarse que se ha encontrado desde la academia. De seis estudios publicados en revistas indexadas, cuatro sugieren que Colombia es una economía jalonada por los beneficios.

Adicionalmente, el estudio más reciente y, en mi opinión, el más robusto sobre el tema es el de Paul Carrillo-Maldonado, publicado este año, y este encuentra que Colombia tiene un régimen de demanda jalonada por los beneficios. Así, no parece ser que el problema sea que los economistas colombianos tengan un marco teórico incorrecto que los lleva a concluir que la reforma es dañina. Más bien pueda que el problema sea de los proponentes de la reforma con la realidad.

¿Se debe retirar la reforma? No necesariamente. El marco teórico nos muestra que los beneficios son relevantes para invertirlos y dinamizar la economía. En este sentido, la reforma laboral debería estar acompañada de una reforma tributaria que baje cargas al empresariado en otros rubros, lo que podría ayudar a conservar los beneficios de las empresas, y así no afectar la inversión.

Fiscalmente, esto podría funcionar si adicionalmente dicha reforma tributaria viene acompañada por un aumento en la tributación de las personas naturales. Otra posibilidad sería volver al tablero, en conjunto con el empresariado y la academia, y proponer una mejor reforma.

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Aportes al desarrollo rural desde la experiencia y la evaluación

Aportes al desarrollo rural desde la experiencia y la evaluación

Camila Aguilar, Directora Fundación Alpina - Arturo García, Director de proyectos Econometría Consultores.

El desarrollo rural es un tema pendiente en la agenda del país y, necesario para la consolidación de la paz. Existen muchos planteamientos teóricos al respecto, pero, muy poco se han tenido en cuenta los estudios y las evaluaciones de las diversas iniciativas que se han desarrollado en los territorios. Ello es particularmente cierto en los casos de agricultura familia y sistemas agroalimentarios sostenibles, a pesar de su importancia, cada vez mayor.

La alianza de cooperación entre la Fundación Alpina y Econometría Consultores, que viene operando desde 2016, puede mostrar aportes concretos. La Fundación Alpina, como lo dice su propuesta de valor, es un “laboratorio social para la inclusión y productividad rural sostenible en Colombia”. Como tal, busca construir y cocrear iniciativas escalables y replicables que se conviertan en sistemas agroalimentarios sostenibles en Colombia a través de procesos e iniciativas orientadas al trabajo con pequeños productores rurales con limitados recursos económicos. Por su parte, Econometría tiene una larga trayectoria de trabajos asociados al desarrollo rural y al desarrollo regional, entre ellos trabajos donde se han evaluado los aportes de diversos programas de apoyo a pequeños productores agropecuarios.

Esta combinación de capacidades, complementada con la invitación a otros actores nacionales, regionales y expertos con quienes se ha interactuado, permitió a finales de 2021 sistematizar experiencias y aprendizajes, con el objetivo de formular propuestas sobre sistemas agroalimentarios sostenibles. Para realizar este trabajo se realizaron cinco encuentros virtuales que abordaron los siguientes temas: i) productividad, ingresos y asociatividad; ii) circuitos cortos y seguridad alimentaria; iii) poblaciones apartadas y perspectiva ambiental; iv) estrategia de desarrollo rural y sistemas agroalimentarios como táctica; y v) forma de trabajo: los “cómos” operativos y procesos de sistematización de los aprendizajes.

Sin desconocer muchas otras experiencias asociadas al desarrollo rural, en estos temas existen aprendizajes, que además de incorporarlos en los nuevos proyectos de la Fundación, pueden proporcionar insumos útiles al Gobierno nacional, quien ya tiene diseñada la política, pero enfrenta el gran reto de su implementación. También servirá para los gobiernos regionales que se elegirán en octubre próximo. A continuación, compartimos algunos de los principales aprendizajes basados en la experiencia, y soportados en las evaluaciones realizadas:

• Para la mayoría de los productos, las brechas en productividad reflejan el gran atraso de los pequeños productores (según información de la Encuesta Nacional Agropecuaria), pero a su vez el gran potencial de crecimiento (el 100% es perfectamente factible) en un corto plazo, siempre y cuando exista el acompañamiento adecuado.

• La apuesta por grandes impactos es fundamental, más que la búsqueda de coberturas. Los primeros son lo que permiten cambios de condiciones de vida y sostenibilidad económica de los proyectos cuando se acaben los apoyos. Además, como ya se ha tenido oportunidad de medir, los grandes impactos generan efectos demostración que propician la propagación. Es una forma eficiente de lograr las coberturas deseadas.

• Lo anterior depende, insistimos, de un buen acompañamiento. Apoyos de menos de un año no logran transformaciones sostenibles; estos deben ser de al menos de dos o tres años, por supuesto condicionados a que se vayan obteniendo resultados en el proceso.

• La asistencia técnica cuando se habla de pequeños productores es insuficiente. El acompañamiento a estos productores debe abordarse desde un servicio de extensión más amplio, y en parte debe poder pagarse con los resultados obtenidos gracias a las mejoras en la productividad.

• Esta mejoras dependen a su vez de eficiencias individuales y colectivas. Por lo tanto, es fundamental complementar los apoyos a pequeños productores con los que se hagan a sus asociaciones, cuando ya existen, o con la promoción de ejercicios colectivos que fomenten la asociatividad. Esto puede darse en torno a los procesos de comercialización o a grupos autogestionados de ahorro y crédito.

• Para qué las mejoras en productividad se traduzcan mejoras en ingresos y condiciones de vida, es indispensable poder llegar a los mercados. La primera opción, hasta ahora poco considerada, son los circuitos cortos (ventas en los entornos más cercanos como veredas, negocios locales, etc.). El énfasis en lo local permite, además, mejoras en la seguridad alimentaria, que no tienden a darse cuando el objetivo son los mercados regionales o el nacional – Estos no deben excluirse en el mediano plazo en la perspectiva de estos pequeños productores. Es una forma de evitar la saturación de los mercados. En ese mediano plazo, las compras de alimentos del Estado (escuelas, fuerzas militares, hospitales, cárceles, etc.) debería dar prioridad a los pequeños productores organizados.

• El reto es mayor cuando se busca trabajar en las regiones apartadas, donde justamente más se requiere. Cualquier trabajo que se realice debe estar articulado al ordenamiento territorial, para evitar afectaciones ambientales negativas, y debe contemplar mercados de proximidad, a los que es factible llegar competitivamente. Además, debe existir la posibilidad de aglomeración para hacer factibles los apoyos, propiciar sinergias entre los pequeños productores y lograr economías de escala en aspectos como la compra de insumos, el transporte, el procesamiento y la comercialización.

• La agricultura familiar es el nicho lógico en donde tiene sentido promover una transición agroecológica en la producción de alimentos. Esto contribuye no solo a la adaptación al cambio climático, sino también a la diversificación productiva.

Estas son solo algunas de las reflexiones y aprendizajes a los que llegamos con el trabajo y que se socializaron en los encuentros realizados. Vale la pena tenerlo en cuenta si el país quiere promover unas mejores condiciones en la agricultura familiar y comunitaria, y obtener resultados validados que puedan escalarse. La implementación es un gran reto, pero aprender sobre las experiencias previas puede facilitarla.

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El momento de las regiones, columna para La República

El momento de las regiones

Escrita por: Leonel Miranda Ruiz - Arquitecto, Ms en Gestión Urbana, Consultor Externo Econometría Consultores

Uno de los objetivos más importantes del ordenamiento y la gestión territorial es reducir las desigualdades entre regiones y municipios. Estas desigualdades, llamadas desequilibrios territoriales, son persistentes y han inspirado políticas y programas de desarrollo en América Latina durante los siglos XX y XXI.

Hasta la década de los 80, la respuesta a estos desequilibrios se definía desde el nivel central, con aparatos de gestión y respuesta operados desde instituciones nacionales. Posteriormente, se hizo la reconfiguración de este sistema, mediante procesos de descentralización y privatización desarrollados en todo el continente, que condujo modelos como el colombiano, con un modelo compartido entre nación y municipios, que otorga a los municipios el carácter de célula básica de la gestión territorial.

Las promesas respecto a una mayor democracia y desarrollo locales, así como proximidad entre gobierno y habitantes, tienen un balance regular. Si bien, hay experiencias exitosas de gobiernos urbanos transformadores, innovaciones locales, proyectos comunitarios de autogestión; el modelo municipalista tiene luces y sombras. Autores como Marcelo Sili señalan que modelos como el jerárquico (nación – departamento – municipio), …debilitaron y en algunos casos desaparecieron estructuras de planificación y gestión territorial que habían sido sumamente importantes durante las décadas de los 50, 60 y 70. El modelo de desarrollo microterritorial, ha favorecido el progreso en algunas localidades, pero también ha producido fragmentación y atomización de recursos.

Según Sili,… los procesos de descentralización han representado una oportunidad para los territorios con niveles medios de desarrollo y dotados de capacidades estratégicas relevantes. Por otro lado, los lugares con graves deficiencias en términos de infraestructura, de calidad de mano de obra, con escasos recursos naturales y con baja capacidad institucional, no pudieron aprovechar las estrategias gubernamentales y las oportunidades generadas por el proceso de globalización (Sili, 2022)

La dualidad nación – municipio está en examen y en esta revisión, la región aparece como una escala con altísimos potenciales. Estudios elaborados en el Departamento Nacional de Planeación para la política del sistema de ciudades (uno de ellos elaborado por Econometría Consultores, referente al impacto de la Ley 388 en el mercado del suelo en 12 ciudades), han identificado que cada vez más municipios se comportan como sistemas territoriales integrados, que las decisiones de localización empresarial se hacen con lógica supramunicipal, que muchas personas viven en un municipio y trabajan en otro (commuters) y que el mercado del suelo no atiende los límites político administrativos y no puede ser regulado exclusivamente desde los instrumentos de planeación municipal.

Frente a estas dinámicas que desbordan las capacidades jurisdiccionales de municipios, los sistemas de administración y gestión territorial están creando figuras complementarias. Varios países de América Latina están implementando esquemas institucionales para ajustar el modelo descentralizado hacía un modelo que Sili denomina “modelo pragmático”.

Este modelo, complementa los niveles tradicionales (Nación – Departamento – Municipio), con figuras territoriales de escalas intermedias como las redes de ciudades, regiones metropolitanas, territorios insulares especiales, micro – regiones y zonas rurales especiales, que se están constituyendo en actualmente en Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Paraguay. En Colombia, se ha creado recientemente la Región Metropolitana Bogotá, Cundinamarca mediante la Ley 2199 de 2021, que entró en funcionamiento desde diciembre de 2022, con la inclusión de algunos municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital.

Además de la Región Metropolitana, que es una figura que tiene un alto potencial para optimizar la gestión integrada y cooperativa entre entidades territoriales, el recién adoptado Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, “Colombia, potencia mundial de la vida”, propone cinco transformaciones, entre ellas dos especialmente relacionadas con este tema: ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, y convergencia regional. En la primera establece la gobernanza multinivel y un sistema de administración del territorio SAT. El plan propone modelos de desarrollo supramunicipales, integración mediante conectividad multimodal, integración de los territorios en apuestas estratégicas de desarrollo regional y una agenda de programas que implica ajustes fuertes en los modelos de gestión territorial vigentes.

La transformación convergencia regional tiene la intención de reducir brechas sociales y económicas, entre hogares y regiones en el país, que se derivan de problemas de conectividad y en los vínculos entre campo y ciudad. En las bases técnicas, se reconoce la existencia de notables disparidades entre municipios, señala, por ejemplo, que los municipios rurales dispersos o los municipios Pdet tienen rezagos notables en sus indicadores de pobreza multidimensional, en capacidades y en desarrollo frente a los promedios de los otros municipios del país.

En términos conceptuales, la apuesta por un modelo de gestión regional, aproximado al concepto de planeación concurrente, es claro y ambicioso; aunque en términos de agendas para las regiones, el Plan solo tiene enunciados generales y no se señalan específicamente proyectos y programas. No obstante, si se construyen modelos de gobernanza colaborativa entre nación, regiones y actores locales que articulen intereses sectoriales y regionales puede construirse una convergencia útil para un desarrollo más equilibrado del territorio.

Afortunadamente, las dinámicas de integración regional tienen una dinámica progresiva y se siguen consolidando de manera endógena por actores gremiales, centros de investigación y organizaciones comunitarias en las diferentes regiones, como se pudo constatar en el proceso de construcción de agendas regionales para construir bases para un sistema de trasferencias realizado para la agencia GIZ por Econometría Consultores en el año 2019. En este ejercicio, mediante talleres realizados en las regiones del Pacífico, Caribe, Central, Gran Santander, Antioquia – Eje cafetero y Orinoquía se identificaron apuestas en temas de infraestructura, sector producto, ordenamiento y sector social y se puede verificar la existencia de un capital social regional valioso y unas agendas que esperan respaldo nacional.

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