Descentralización y calidad educativa

Descentralización y calidad educativa

Autor: Econometría Consultores

Hace unos tres años, dos investigadores afiliados a la Universidad de Oxford y al Instituto Mundial para la Investigación de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-Wider), publicaron un artículo titulado ¿Qué funciona para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes en los países en desarrollo? Las ideas discutidas en el texto, fundamentadas en el análisis de 38 publicaciones académicas, son de gran relevancia para nuestro país.

Parafraseando a los autores del estudio, pese a la importancia de intervenciones específicas para incentivar la oferta y la demanda educativa, la revisión de la evidencia disponible sugiere que resulta crucial mejorar, de forma paralela, la infraestructura y las capacidades administrativas de los sistemas educativos locales. La intuición detrás de esta idea es relativamente simple: la diversidad cultural propia de los estados modernos es tal, que se requieren esfuerzos institucionales regionales para adaptar políticas nacionales a las necesidades y preferencias territoriales. Como sugiere el historiador Jorge Orlando Melo, Colombia no es una nación, sino un conglomerado de pequeñas naciones, dictamen que ayuda a aterrizar ese debate a nuestra realidad política, económica y social.

Ahora bien, sería injusto desconocer los grandes esfuerzos que ha venido liderando el Ministerio de Educación Nacional, y sus aliados, para fomentar el salto educativo que necesita el país. A la fecha, por ejemplo, cerca de 15% de los estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales son beneficiados por el programa Jornada Única.

El programa Becas para la Excelencia Docente otorga créditos 100% condonables a docentes y directivos para financiar posgrados en Instituciones de Educación Superior acreditadas. A su vez, a finales del año pasado el Gobierno Nacional anunció que en 2019 se contaría con un total de 4.500 tutores del programa Todos a Aprender, con el fin de ampliar, gradualmente, su presencia en colegios públicos. Esto, quizás, en respuesta a una evaluación de impacto publicada en 2018 en la prestigiosa revista Economics of Education Review que concluía que dicha intervención no mostraba impactos causales en rendimiento académico, repitencia o deserción escolar.

Otros estudios sugieren que estas inversiones sociales enfrentan grandes barreras estructurales inherentes a nuestro sistema político y administrativo. La tesis doctoral de Julián López Murcia, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad Tadeo Lozano, indica que Colombia vive un proceso de re-centralización que inició hace al menos dos décadas, con afectaciones evidentes en sectores como salud y educación.

Mi propio trabajo académico publicado en revistas de ciencia política e historia analiza cómo las dificultades técnicas y humanas en algunas autoridades locales del Caribe colombiano, sumadas a avances muy tímidos en la generación de arreglos institucionales nación-territorio para coordinar esfuerzos en el diseño, la planeación y la implementación de políticas educativas, son factores explicativos a la persistencia de inequidades educativas territoriales.

Mientras escribía esta columna recordaba la intervención de la Directora de Educación Básica de la Ciudad de Helsinki, en 2015, en la presentación de un estudio de Naciones Unidas sobre los retos de la calidad educativa en Bogotá. Ella dijo al auditorio, algo sorprendida, que sentía que teníamos una fijación con los exámenes y las pruebas estandarizadas, a diferencia de lo que ocurría en su país. Interpreté en su momento esa crítica como una invitación a reflexionar sobre qué tan eficientista -o de búsqueda de resultados en el muy corto plazo- es nuestra visión del cambio educativo, y hasta qué punto ello puede incidir negativamente en la construcción de capacidades educativas regionales necesarias para gestarlo.

Al respecto, valdría la pena volver a repasar el caso del éxito de Finlandia donde la creación de entornos institucionales que favorecieran el aprendizaje mutuo de colegios y oficinas de gobierno municipales fue un factor definitivo para la innovación pedagógica y curricular.

En síntesis, las ideas expuestas arriba indican la importancia de incluir el debate de la descentralización como un eje central de la calidad educativa en Colombia. Más allá de un simple tema de autonomía escolar, descentralizar implica construir capacidades regionales de acompañamiento para que los diferentes programas que lleguen a colegios y escuelas logren generar un balance entre metas nacionales y necesidades territoriales. También involucra, como lo resaltaba alguna vez un antiguo Secretario de Educación de Bogotá, integrar más a los colegios a la vida económica y política de sus municipios y regiones.

En tal medida, si bien el Ministerio de Educación tiene la batuta, el éxito de la política educativa requerirá de compromisos y esfuerzos mucho más locales e intersectoriales de lo que ocurre en la actualidad. A propósito de las iniciativas vigentes del Gobierno Nacional para hacer una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, y la oportunidad que de ello se depende para adelantar transformaciones necesarias en el sector educación.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

Enfoques diferenciales y su abordaje en política pública

Enfoques diferenciales y su abordaje en política pública

Autor: Econometría Consultores

El enfoque diferencial es una forma de analizar, valorar y actuar a partir del reconocimiento de que la población no es uniforme, sino que dentro de ella hay individuos y grupos con diferencias biológicas, sociales y culturales que suponen respuestas diferentes para la garantía de sus derechos desde una perspectiva de equidad. Pero ¿cómo las políticas públicas pueden responder de una forma pertinente cuando la población de un país es tan diversa y está compuesta por diferentes grupos indígenas, por hombres y mujeres, por niños, jóvenes y adultos, por personas con diferentes tipos de discapacidad y todos ellos son sujetos de los mismos derechos sin discriminación?

El abordaje de los enfoques diferenciales contempla el reconocimiento de la importancia de aspectos como el ciclo vital, la discapacidad, la pertenencia étnica, el territorial y el género, lo que ha implicado un reto para las políticas públicas, no tanto desde la formulación, en donde se han logrado avances conceptuales importantes, sino particularmente en la implementación, que implica la puesta en marcha de acciones concretas que reconozcan la diversidad.

La dificultad en la materialización de estos enfoques para las políticas públicas parte de dos situaciones que están conexas: Por un lado, no hay una única definición de lo que debe ser un enfoque diferencial. En la literatura se pueden encontrar varios puntos de vista, que en general confluyen en la necesidad de reconocer y tener en cuenta las diferencias. No obstante, el abordaje de las diferencias puede darse desde varias perspectivas; algunas conceptualizaciones se centran en las relaciones desiguales que parten de una construcción cultural, y otras en las características biológicas o sociales.

Esta situación ha hecho que los diseñadores de política tengan que construir conceptualizaciones propias para trabajar sobre ellas y poder cumplir con el diseño y aplicación de políticas que reconozcan y atiendan las particularidades de la población desde cada uno de los sectores (tal como lo establece la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional). En este sentido, se encuentran definiciones del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, de Prosperidad Social, de la Unidad para las Víctimas, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y de otras entidades, cada uno de las cuales pone el foco en diferentes aspectos.

En términos institucionales esto ha significado la creación de equipos de enfoque diferencial en las organizaciones, públicas y no gubernamentales, cuya misión es identificar las poblaciones que pueden estar involucradas en sus acciones -decisiones de política, programas, proyectos- y acompañar el desarrollo de ellas desde la sensibilidad que sus efectos puedan tener las características y particularidades de sus grupos de interés.

La segunda situación tiene que ver con que, aunque parezca tautológico, la “diferencia” es diversa, y, por tanto, contiene dentro de ella un universo de características, realidades, situaciones y aspectos que hacen que la respuesta frente a ella no pueda ser uniforme, sino que tengan que darse orientaciones para el análisis, más que recetas estándar para lograr diseños incluyentes.

Lo anterior implica tener un entendimiento comprehensivo de realidades muy diversas, que en la mayoría de los casos no es posible que partan de la vivencia propia de los equipos diseñadores de política, sino que demandan información desagregada por variables como sexo, edad, condiciones particulares o etnia, que permita evidenciar efectos en diferentes poblaciones a partir de los cuales se puedan construir supuestos, riesgos e impactos para la formulación de políticas sensibles a la diferencia.

Ahora bien, ¿cómo se puede abordar este reto? La inclusión del enfoque diferencial puede darse teniendo en cuenta criterios como:

i) la identificación de las características de la población (biológicas, económicas y sociales); ii) la identificación de riesgos específicos de vulneración que se puedan derivar de esas características, y las expectativas y necesidades que en función de ellas puedan tener los individuos o los grupos; iii) la necesidad de explicitar en el diseño a esa población particular; iv) la necesidad de prever la participación de la población con esas características en el ciclo de la política; v) la necesidad de disponer de recursos que sean idóneos para el abordaje de esta población, así como personal capacitado; vi) la necesidad de crear sistemas de información que permitan entender esas características y sus necesidades asociadas; vii) la necesidad de comprender la relación de un grupo específico con el resto de población, ya que el gran sentido del enfoque es la inclusión.

El enfoque diferencial no es un concepto estático; este se ha venido construyendo y ha ido avanzando y complejizándose a partir de los mismos reconocimientos y activismos de los grupos involucrados, poniendo sobre los formuladores de política una responsabilidad frente a la acción pública.

El gran reto está, entonces en hacer que los enfoques trasciendan lo retórico y se vuelquen a lo práctico, lo que supone una planeación y una presupuestación conscientes de la diferencia, y unos mecanismos de seguimiento que faciliten la obtención de información desagregada y de calidad que permita hacer evaluaciones que puedan valorar la inclusión o exclusión de una u otra población y continuar aportando a la construcción de la comprensión de los enfoques.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

Empresas, filantropía y Estado, columna de Econometría

Autor: Econometría Consultores

Los 10 años de la Fundación Alpina son una oportunidad para compartir algunas de las reflexiones que se han dado en su Consejo Directivo, y en cuyas discusiones Econometría ha participado. Se trata de un tema pertinente para todo el sector empresarial.

Para algunos la única responsabilidad de una empresa es desarrollar una actividad productiva generando empleos para sus trabajadores, bienes para la sociedad y utilidades para sus socios. El Estado obtiene de esa actividad ingresos por medio de impuestos, que los usa vía regulación, financiamiento o ejecución directa para proveer los bienes y servicios que necesita la sociedad.

Los impuestos son un ingreso para el Estado, pero un costo para las empresas. El Estado siempre querrá que ellos sean más altos, y las empresas siempre que sean más bajos. Esta contradicción se resuelve con un acuerdo social (Constitución Política), en el que se da el marco para definir el tamaño del estado y el nivel de impuestos necesario para financiarlo.

Ahora bien, cuando el Estado no cumple adecuadamente con sus funciones, no es de extrañar el surgimiento de iniciativas empresariales. Las empresas no son indiferentes a un contexto con problemas y buscan hacer algo al respecto. Las opciones van desde actividades relacionadas con sus entornos (como programas de responsabilidad social o negocios inclusivos) a acciones de tipo filantrópico. La experiencia de la Fundación Alpina como laboratorio social muestra una opción con un gran potencial de cambio estructural, donde la filantropía va mucho más allá de la caridad, con la perspectiva atacar el problema central: un mejor funcionamiento del Estado.

El punto de partida hacia la filantropía empresarial son las utilidades. Corresponde a los socios definir qué hacer: pueden consumirlas, pueden reinvertirlas, o pueden destinarlas a actividades filantrópicas. En este último caso, el gasto puede hacerse individualmente o en grupo, que sería el caso de una fundación empresarial, donde se logran economías de escala y empoderamiento derivado de la reputación de la empresa.

Si ya se ha tomado la decisión de hacer filantropía y hacerlo desde una fundación empresarial, debe definirse en qué área trabajar. Muchas lo hacen en áreas relacionadas con la actividad empresarial. Sin embargo, dado que una cosa es la empresa y otra las actividades filantrópicas, no necesariamente se debería trabajar en lo mismo, particularmente teniendo en cuenta que si las actividades filantrópicas aportan al negocio de la empresa, no deberían hacerse recibiendo descuentos tributarios.

Las fundaciones empresariales, por su propia naturaleza, tienen una cierta inclinación para desarrollar actividades empresariales, como objetivo central o complementario. Lo clave de apoyar el emprendimiento, aparte del resultado esperado que sería una mejora significativa de los ingresos por parte de los participantes, es el cambio que se da en la relación ciudadanos-Estado. De una situación donde los más pobres mendigan los apoyos del Estado, se tiende a pasar a una situación donde lo básico se lo agencia la gente y la relación con el Estado pasa más a la exigencia de derechos. Es un cambio muy profundo. En perspectiva histórica esta fue la experiencia del Eje Cafetero, cuando el café era un producto competitivo para la región.

Habiéndose decidido hacer filantropía, queda la pregunta de cómo ser más efectivo. Lo primero es que una fundación, a diferencia del Estado no tiene ninguna obligación distinta a la que sus fundadores establecieron en los estatutos. Por tanto, cualquier cosa que se haga se valora. Claro que, si se trata de una fundación relacionada con una gran empresa, hacer muy poco podría ser contraproducente para su imagen. En todo caso debe evitarse buscar grandes y crecientes coberturas. Este camino lleva a una trampa. Primero porque es imposible lograr coberturas altas (ni el mismo Estado suele lograrlas); y segundo porque las coberturas suele darse a costa de la calidad. Con menos, pero muy bien hecho, podría una fundación empresarial ser mucho más relevante, en la medida que lo que se haga se vuelva un “ejemplo demostración”. La calidad es una vía para lograr mayores coberturas vía réplicas o influencia en las políticas públicas. Lo central es hacer la diferencia. Evaluaciones que hemos hecho muestran que lograr esos grandes impactos es factible.

En este punto vale la pena volver al punto de partida. La filantropía en buena medida responde a fallas del Estado. ¿Qué tanto se pueden solucionar esas fallas con la filantropía? Existen varias vías factibles en la medida que (i) los resultados se vayan propagando vía réplicas, (ii) los proyectos logren interactuar con las políticas públicas, que es cuando las fundaciones actúan como laboratorios sociales del país. Y (iii) se den procesos de empoderamiento de los beneficiarios (y sus organizaciones) frente al Estado.

Al final la filantropía puede brindar beneficios directos a quienes participan en sus proyectos, pero si además se logran grandes impactos y funciona como un laboratorio social tiene la perspectiva de trascender. Respecto a otras alternativas empresariales de intervención social genera menos resultados “apropiables”, pero aporta más a los cambios estructurales que requiere el país.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

El acuerdo de punto final desde su impacto Social

El acuerdo de punto final desde su impacto Social

Autor: Econometría Consultores

El acuerdo de punto final lanzado por el Gobierno hace unas semanas ha sido criticado por su manejo contable. El artículo 237 del Plan Nacional de Desarrollo anunció el tratamiento de la deuda que el gobierno tiene con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por los servicios prestados en el No PBS (servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud) como deuda pública que será pagada a través de operaciones de crédito público y no a través de una operación presupuestal.

Varias voces han afirmado que, en la medida en que este mecanismo no hace explícito en el presupuesto el gasto del gobierno en salud, no es el adecuado. Aunque esta crítica puede ser razonable, y más adelante volvemos a este punto, es necesario analizar esta decisión desde un impacto positivo que puede ser incluso más importante. El pago de esta deuda debe verse reflejado en un mejor servicio, cuestión que los usuarios del sistema reclaman todos los días. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han aguantado la presión de una deuda del Estado con las IPS, y aunque puede haber una responsabilidad de parte y parte, esta presión en muchas ocasiones se ha visto reflejada en la disminución de la calidad de los servicios que prestan las IPS a los usuarios, y en algunos casos en el cierre de los mismos.

Aunque es claro que las EPS tienen como su principal responsabilidad administrar el riesgo en salud y garantizar el mejor servicio a sus afiliados, un faltante de varios billones de pesos dificulta esta labor.

El sistema está diseñado para que el Plan de Beneficios de Salud (PBS, antes llamado Plan Obligatorio de Salud, o POS) sea sostenible, y, de hecho, de acuerdo con datos del gobierno, en 2018 se pagó 99% de este plan. Sin embargo, la deuda del No PBS se ha venido acumulando en un promedio anual cercano a los $570.000 millones, para un total de casi $7,5 billones entre 2006 y 2013, de los cuales $5,29 billones son del Régimen Contributivo y $1,45 billones del Subsidiado, cifras del Gobierno que de todas maneras tanto EPS como IPS ven baja.

Aunque es necesario un trabajo de conciliación de estas cifras, que el Gobierno esté dispuesto a pagar una gran suma genera un alivio financiero en el sistema de salud que debe reflejarse en una mejor atención a los usuarios. Los acuerdos de pago deberían condicionarse a este resultado y el Gobierno debería verificar su cumplimiento. De esta manera los actores más importantes del sistema, los usuarios, se benefician, y con esta acción el gobierno logra un impacto social significativo.

Hasta ahora se ha pagado cerca de 10% de este gran total, $736.000 millones de pesos, de los cuales la mayoría, $514.000 millones, se dedicaron a la deuda de Caprecom. Las proyecciones del Gobierno muestran que los recursos llegarán a 1.361 IPS (50,84%) y hospitales públicos (49,16%) de todo el país. Entre los más beneficiados se encuentran el Hospital Departamental de Villavicencio, el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’, el Hospital Universitario Erasmo Meoz, de Cúcuta, y el Hospital Universitario La Samaritana, de Bogotá. Pero todas las IPS y hospitales deberían mejorar sustancialmente sus servicios en pro del usuario, y el Gobierno debería hacer seguimiento.

Por su parte, otras voces han dicho que el pago de la deuda no es suficiente. Sin profundas reformas al sistema, parte de ellas controlando el gasto, en unos años se llegaría a la misma situación de iliquidez. Los últimos intentos de controlar el gasto en el No PBS, por ejemplo a través de Mipres (o Mi Prescripción, mecanismo a través del cual el Ministerio de Salud hace explícitos y transparentes los reportes de los profesionales de salud de los servicios o tecnologías que no son cubiertos por el plan obligatorio), no han dado los frutos esperados. Por eso, nuevas iniciativas del Gobierno, como los techos o los presupuestos y valores máximos de recobro -VMR- así como la continuación de políticas exitosas como la farmacéutica, son bienvenidas y pueden resultar en efectos más importantes que el mismo pago de la deuda en la medida en que controlen el gasto y no afecten la calidad del servicio. Es necesario evitar el desangre financiero del sistema, desangre que en últimas, se ve reflejado en calidad. Y si se controla el gasto, el manejo contable de la deuda actual propuesto puede ser más adecuado.

Ahora bien, el sistema de salud colombiano tiene muchas bondades que pocos reconocemos. Más de 95% de los colombianos están afiliados, el gasto de bolsillo de los colombianos en salud representa 16% del gasto total, siendo el segundo menor gasto en América Latina después de Cuba. En países como Ecuador, México, Chile, y Perú, este gasto está por encima de 30%. Y parte de este desconocimiento hace que de una u otra manera todos los actores abusemos del sistema. Una buena estrategia de comunicación del Gobierno, explicando las reformas, partiendo de lo construido, y haciendo entender que las políticas de salud son de Estado y no de un Gobierno, pueden ayudar a que tengamos cada vez más un mejor sistema de salud.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

Latinoamérica no crecerá en 2019, columna de Econometría

Latinoamérica no crecerá en 2019

Autores: Julián Roa y LAECO

En una economía global, cada día más interconectada e interdependiente, se hace necesario un análisis económico con enfoque internacional, sin perder de vista el contexto local. Bajo esta premisa surgió en 2015 la Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas (LAECO, por sus iniciales en inglés). Mensualmente, LAECO produce de manera integrada un análisis de las economías latinoamericanas, que permite a los tomadores de decisiones tener en cuenta las múltiples interacciones existentes entre los países latinoamericanos y de estos con el resto del mundo.

Actualmente, LAECO está compuesta por algunas de las principales firmas de consultoría económica independiente de Latinoamérica, dentro de las cuales se encuentran: Econometría de Colombia, Ecolatina de Argentina, CEBEC de Bolivia, Tendencias de Brasil, Gemines de Chile, Ecoanálisis de Costa Rica, CORDES de Ecuador, Consultores Internacionales S.C. de México, MF Economía de Paraguay, Macroconsult de Perú, Oikos de Uruguay y Ecoanalítica de Venezuela. De esta manera, LAECO incluye el análisis de la mayoría de las economías latinoamericanas que reúnen más del 95% del PIB de la región.

En su análisis más reciente, LAECO proyecta un crecimiento de -0,1% del PIB latinoamericano para el año 2019, reduciendo 1,1 puntos porcentuales la estimación realizada en marzo. Este desempeño sería incluso inferior al registrado el año pasado, cuando la región creció solo 0,4%. El virtual estancamiento produce serios desafíos, ya que aminora la creación de empleo y afecta al ingreso per cápita de los habitantes de la región. En 2019, se repetirían las recesiones en Argentina y en Venezuela, a las que también se sumarían el freno de la expansión en Brasil, México, Ecuador y Uruguay. Las perspectivas de crecimiento del resto de países integrantes no compensarán la pérdida de dinamismo.

El indicador LAECO-12, que mide el PIB de los 12 países señalados, volvería a crecer en 2020, cuando dichas economías presenten un comportamiento más pujante, con excepción de Bolivia que desaceleraría su expansión. Así, se proyecta un crecimiento de 2,0% para Latinoamérica el año próximo.
De acuerdo con las estimaciones de los integrantes de la Alianza LAECO, el crecimiento latinoamericano será menor al que proyectan distintos organismos internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional publicó esta semana que la expansión latinoamericana sería de 0,6% en 2019 y 2,3% en 2020 (versus el indicador LAECO 12 que proyecta una variación de la actividad de -0,1% y 2,0%, respectivamente). El Banco Mundial proyecta que la región aumentaría 1,7% y 2,5% en dichos años, mientras que CEPAL prevé que el PIB regional crecerá 1,3% este año.

El indicador LAECO 12 está afectado por el sensible deterioro económico de Venezuela. Aislando la evolución de este país, el crecimiento regional alcanzaría un ritmo de 1,1% en 2019 y de 2,2% en 2020. La Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas ha expresado su solidaridad y apoyo para la resolución de los problemas que persisten en Venezuela, para así reanudar las relaciones comerciales y de inversión con este país, lo cual será fundamental para el crecimiento conjunto de la región.

Desde una perspectiva global, el FMI disminuyó el pronóstico de crecimiento del PIB mundial de 3,3 a 3,2% para el año 2019. De manera similar redujo el pronóstico de 2020, el cual paso de 3,6% a 3,5%. Dentro de los factores que explican estos cambios se encuentra el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, la incertidumbre generada por el Brexit y la inestabilidad en el precio del petróleo, la cual ha sido consecuencia de las tensiones geopolíticas. Además de estos factores, que ante todo afectan el crecimiento de los países desarrollados, también se presenta un rendimiento regular en las economías emergentes. Dentro de estos, destaca el cambio en el pronóstico de crecimiento de América Latina y el Caribe por parte del FMI, el cual en el mes de abril era de 1,4% y se actualizó a 0,6%, siendo la región que más empeora en sus pronósticos. En el caso colombiano, el FMI pronostica un crecimiento de 3,5% para el año 2019 y de 3,6% para el año 2020, manteniendo así las proyecciones realizadas en el mes de abril. Estos indicadores contrastan con los de Econometría, que son 3,2% para 2019 y 3,5% para 2020.

La comparación del crecimiento económico colombiano con otros países latinoamericanos pone en perspectiva el comportamiento reciente de la economía colombiana. No se está creciendo a las tasas deseadas internamente, pero se está creciendo más que la mayoría de los países con condiciones similares. No obstante, se prevén condiciones económicas menos favorables que podrían justificar ciertas acciones de política para así evitar tasas de crecimiento inferiores y mayores tasas de desempleo. El gasto público eficiente, tal cual lo ha propuesto el gobierno, acompañado de una política monetaria expansiva que ajuste el crecimiento actual al potencial, tal y como lo propone el FMI para los países emergentes, puede ser una combinación ideal para atravesar estos tiempos de tormenta en la región.

Artículos Relacionados

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio

Page 14 of 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Katherinne Alvarado
Fieldwork Manager
Katherinne Alvarado Acevedo is an Industrial Engineer, with experience in management and coordination of quantitative data collection, she is linked to Econometría since 2019 and has participated in more than 12 consultancies with the firm. Her areas of interest are mainly: Social inclusion, logistics, health, public policy, territorial, urban and rural development, among others.
Katherinne Alvarado
Fieldwork Manager
Katherinne Alvarado Acevedo is an Industrial Engineer, with experience in management and coordination of quantitative data collection, she is linked to Econometría since 2019 and has participated in more than 12 consultancies with the firm. Her areas of interest are mainly: Social inclusion, logistics, health, public policy, territorial, urban and rural development, among others.