Colombia, no dejemos de ser la Meca de datos y la evaluación en América Latina

Recientemente, Econometría Consultores participó en la evaluación de impacto del Programa de Innovación en Empresas (Proinnova) en Paraguay, donde, con orgullo, constatamos que Colombia es referenciada como la “meca de los datos y la evaluación” en América Latina.

En la revisión de la información pública disponible sobre variables clave para medir mejoras en productividad empresarial, identificamos que no todos los países de la región cuentan con información tan nutrida y actualizada como la de Colombia y que, además, buena parte de estos datos se presenta en sistemas eficientes y de fácil acceso.

Colombia, a través de su principal entidad de información oficial, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), produce datos en 22 temas diferentes que abarcan mercados de bienes y servicios -crecimiento económico, construcción, industria, servicios, agricultura, comercio y precios-, el mercado laboral y estadísticas de innovación, tecnología y variables sociodemográficas, incluidos indicadores de pobreza, salud y educación.

A esto se suma el Banco de la República, (sus estudios técnicos) que ofrece series históricas de variables del mercado monetario como tasas de interés, agregados monetarios y crediticios, operaciones de mercado y deuda pública.

En particular, los datos de inflación y del índice de precios al consumidor están disponibles desde 1955.
Esta buena práctica de recolección, sistematización, uso y presentación de la información ha permeado a otras entidades del nivel local y regional, así como a la academia y a organizaciones de la sociedad civil.

Además, la Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, realiza un monitoreo trimestral de la actividad económica de la ciudad con datos satelitales y de movilidad a través del Observatorio de Desarrollo Económico.
La Alcaldía de Medellín cuenta con observatorios de políticas públicas y con el Observatorio Turístico de Medellín (Otm), que recopila y analiza datos de alojamiento, transporte y eventos para avanzar hacia un modelo de destino turístico inteligente.

En la misma línea, entidades mixtas y organizaciones de la sociedad civil no solo recolectan información, sino que han estructurado áreas de investigación que producen datos, generan evidencia y documentan fenómenos sociales.

Es el caso de Profamilia, que analiza variables relacionadas con la salud sexual y reproductiva en contextos nacional e internacional, y de la Fundación Plan Internacional Colombia, que desarrolló el “Observatorio: Contando lo invisible”, con información estadística e investigaciones sobre embarazo infantil forzado, embarazo adolescente, violencia contra la niñez, adolescencia y juventud, así como matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas, entre otros.

La relevancia de la información y de su actualización periódica radica en su capacidad para visibilizar problemáticas, generar evidencia y sustentar decisiones estratégicas en el diseño, planeación y ajuste de políticas y programas que mejoran la calidad de vida y promueven el crecimiento económico inclusivo y sostenible. En Colombia, la evaluación de iniciativas públicas es un mandato constitucional y una buena práctica impulsada por los gobiernos.

La oficina de Sinergia del Departamento Nacional de Planeación, encargada del seguimiento y evaluación de políticas públicas estratégicas, cuenta con un repositorio de 347 evaluaciones en 23 sectores, que van desde inclusión social y reconciliación hasta ciencia, tecnología e innovación, pasando por salud, educación, defensa, cultura, comercio, vivienda y agricultura.

Estas evaluaciones se realizan desde 1997, con un promedio de 13 por año.

Sin embargo, preocupa la tendencia reciente: mientras entre 2010 y 2013 se realizaron 106 evaluaciones, y entre 2018 y 2021 se hicieron 60, en el periodo 2022-2025 la cifra cayó a 32.
De igual forma, otras entidades del Gobierno, como el Icbf, Minciencias y varios ministerios, han reducido de manera significativa sus procesos evaluativos en los últimos años.

Las prácticas de recolección de información y evaluación deben mantenerse y fortalecerse, especialmente en un país como Colombia, que ha acumulado una experiencia valiosa con impacto no solo en entidades del Gobierno nacional, sino también en gobiernos locales y en otros países de América Latina.

La continuidad de estos procesos de evidencia, análisis y reflexión es fundamental para garantizar la calidad, pertinencia, adecuada focalización y eficiencia de las intervenciones públicas y privadas, más aún en un contexto de reducción de recursos de cooperación internacional y alta volatilidad económica.
La evaluación no solo debe continuar, sino profundizarse. Persisten vacíos en el monitoreo de temas sociales, ambientales y económicos, así como de poblaciones aisladas o con baja visibilidad, cuyas necesidades no siempre están suficientemente diagnosticadas para diseñar programas eficaces. Además, existe información valiosa que, por razones administrativas o legales, no está disponible para la evaluación, lo que limita su potencial de uso. Un ejemplo es la información tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que permitiría evaluar el impacto de beneficios tributarios para empresas y personas naturales.

En conclusión, la generación de evidencia y las buenas prácticas de evaluación deben ser una prioridad para el próximo gobierno.

En un contexto en el que las cifras de deuda pública de Colombia sugieren la necesidad de recortes de gasto y prudencia fiscal, la evaluación puede ser una aliada clave para mejorar eficiencia y efectividad.
Los procesos evaluativos y los datos son una inversión, no un gasto: permiten mejores diagnósticos, optimizar la implementación, tomar decisiones más acertadas y de mayor impacto, y construir sobre los aprendizajes del pasado.