Dilemas de un nuevo gobierno, columna de Econometría

Publicada el abril 22, 2022mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

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Dilemas de un nuevo gobierno

Autor: Arturo García

Columna en El Diario La República

Colombia enfrenta una situación compleja en muchos frentes: déficit fiscal, alto endeudamiento, financiamiento de las pensiones, balanza comercial deficitaria, desempleo y empleo precario, y en lo rural grandes brechas respecto a zonas urbanas, baja utilización del suelo disponible, procesos sistemáticos de deforestación, cultivos ilícitos y la minería ilegal, y violencia persistente. Esto nos obliga a enfrentar los problemas, salvo que se gaste de manera irresponsable la bonanza pasajera asociada a los precios del petróleo y el carbón. El próximo gobierno más vale no confíe en esta bonanza, porque tendrá un riesgo alto de tener problemas aún más graves antes de que termine su mandato.

En el escenario de lo que sería la formulación del plan de desarrollo se tienen dos grandes dilemas. El primero apunta a cómo lograr una mejora significativa del bienestar (objetivo último del Estado), que se puede aproximar con la doble inclusión, social y productiva. Hasta ahora el énfasis de programas públicos ha estado en la inclusión social como vía para lograr la inclusión productiva. Sin embargo, el libro de Econometría Consultores “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural” muestra que esto no se da en el corto o mediano plazo (10 años). En cambio, la alternativa de dar prioridad a la inclusión productiva ha tenido resultados importantes, por ejemplo en pequeños productores rurales, manteniendo el apoyo humanitario para la población en vulnerabilidad extrema.

El segundo, en particular si la apuesta es por la inclusión productiva, ha sido planteado desde el comienzo de la economía del desarrollo. La tendencia dominante es apoyar a múltiples sectores para que a partir de economías de escala y externalidades pecuniarias lograr un salto en el desarrollo; se conoce como equilibrio balanceado planteado por Rosenstein-Rodan y posteriormente modelado por Paul Krugman. La alternativa es la apuesta por un equilibrio desbalanceado, donde unos pocos sectores se estimulan, los cuales a su vez jalonan a los demás sectores vía encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, como lo proponía Hirschman. La decisión dependerá de las capacidades y las posibilidades de financiación. Cuando hay abundancia de recursos, las primeras opciones son factibles; las segundas priman en un escenario donde las capacidades y los recursos son limitados, como el actual de Colombia.

Asumiendo que se opta por las segundas opciones, quedan dos aspectos a resolver: ¿Cuáles serían esos sectores? Y ¿cómo hacerlo? Más que una escogencia a dedo, debemos concentrarnos donde tenemos ventajas comparativas, que podrían llegar a ser competitivas. El mayor reto es desmitificar el concepto de que el desarrollo es equivalente a contar con sectores de punta. Eso sería desconocer las ventajas de la división del trabajo. Lin en “Economic Development and Transition” muestra como los países logran su desarrollo en la medida que aprovechan sus ventajas comparativas, y cuando se va en contra de esas ventajas comparativas se padecen efectos negativos, como los mencionados en el primer párrafo.

En el capítulo “Una ventana de oportunidad en el sector agropecuario” del libro se plantea que Colombia solo tiene dos factores de producción en los que tiene una ventaja comparativa: tierra y agua. En tal sentido, el sector agropecuario es estratégico. Si bien no todos los productos son competitivos, muchos tienen el potencial de serlo. Tomando como base la información de la Encuesta Nacional Agropecuaria, las posibilidades de mejora de productividad son enormes en prácticamente todos los productos, sin el requerimiento de inversiones muy grandes. Se trata de transferir adecuadamente a los productores las posibilidades tecnológicas ya existentes.

El trabajo que viene haciendo la Fundación Alpina como laboratorio social permite mostrar que se trata de una posibilidad factible. Distintos proyectos validan esas mejoras teóricas de productividad en la práctica. Más importante, muestran cómo lograr esos resultados gracias a la gestión de conocimiento. Promover el desarrollo agropecuario por parte de los más pequeños productores no se logrará por arte de magia. Es necesario recorrer un camino que inicia con la validación de pilotos con potencial de escalamiento; luego debe constatarse que los pilotos pueden replicarse en distintas condiciones, y por último, se llega al escalamiento.

Los pilotos están un tanto desprestigiados porque se tiende a pasar de validarlos a escalar, lo que es casi una garantía de fracaso. Evaluar la replicabilidad y las condiciones de escalabilidad de los pilotos son pasos que no pueden saltarse. No sea el camino más rápido, pero si es más seguro. No haber hecho este trabajo se refleja en las múltiples políticas que el país ha tenido para el sector agropecuario sin mayores resultados en los últimos 30 años.

Un comentario final, una apuesta técnica, además debe ser política. La propuesta que se propone (pilotos, réplicas y escalamiento) es factible realizarla en cuatro años, pero requiere que sea una apuesta desde el primer día de gobierno.

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Al oído del nuevo gobierno, columna de Econometría

Publicada el abril 8, 2022mayo 13, 2023 por aprendiz econometria

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Al oído del nuevo gobierno

Autor: Diego Sandoval

Columna en El Diario La República

En tres meses y medio ya se conocerá el nombre del próximo presidente. Independientemente de quién resulte ganador, el país necesita políticas efectivas que logren una inclusión productiva amplia de la población, que conduzca a lo que hemos denominado en Econometría el “gran empujón” de la economía colombiana en la etapa pospandemia.

Esta columna trata de presentar algunas ideas al oído del nuevo gobierno, quienquiera que lo conforme, con el propósito de plantear alternativas para lograr un crecimiento económico sensiblemente superior al de los últimos años y que este crecimiento se refleje en una mayor equidad social. La mayoría de los programas de desarrollo que se han implementado en el país no han logrado superar un umbral mínimo para que puedan garantizar una economía diversificada y con empleos formales.

Lo primero que se debe buscar es un balance equilibrado entre las políticas de inclusión social y las de inclusión productiva. Colombia ha avanzado en la inclusión social en algunos frentes como la salud y la cobertura en educación básica y en vivienda, aunque está muy atrasada en otros como la atención integral a la primera infancia, la calidad de la educación y la protección de los adultos mayores.

A pesar de esta realidad social, si se examina el panorama de políticas públicas en favor de la inclusión productiva, el panorama es aún más crítico. Un estudio del DNP, de poco antes de la pandemia, mostraba que la oferta de programas de generación de ingresos de Prosperidad Social había atendido en los últimos cinco años a cerca de 100.000 hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Esto es insignificante frente a programas como Familias en Acción, que beneficia a cerca de 2,5 millones de hogares. En los programas de inclusión productiva rural, como es el de Alianzas Productivas, después de 20 años de operación, los resultados de escalamiento a niveles competitivos son casi nulos. El DNP indicaba que en el gasto social, solo 2,5% se dedica a actividades de generación de ingresos.

La falta de inclusión productiva se refleja en que actualmente la pobreza monetaria es sensiblemente superior a la Pobreza Multidimensional (IPM), cubriendo la segunda un 18.5% de la población y el de pobreza 42,5%. En que existan 6,8 millones de microempresas informales de menos de tres trabajadores, con barreras casi infranqueables para salir de la informalidad y de una muy baja productividad. En que casi 60% de la población esté en la informalidad laboral y que Colombia siga exportando casi la misma canasta de bienes básicos desde hace más de 40 años.

Las políticas públicas deben tener como objetivo la generación de ingresos que propicien capacidades competitivas en las empresas, personas, hogares y comunidades. No existe una sola política que garantice esto. Son varias las acciones que en forma coherente y complementaria pueden lograr este objetivo. A continuación algunas que van en esta dirección.

Unas políticas deben ser transversales a toda la actividad económica y otras deben tener un enfoque territorial. Con relación a las primeras se deben priorizar aquellas que luchen contra la informalidad y la baja productividad. La informalidad se reduciría con la modificación de varias disposiciones legales en favor de las empresas micro. Esto se lograría, en gran medida, con algo tan sencillo como modificar el Régimen tributario denominado SIMPLE, que no ha funcionado. Se debería tomar el ejemplo de Brasil que fijó una tarifa plana anual muy pequeña (menos de US$20 en un solo trámite anual) para microempresas. Esto llevó a una masiva formalización tributaría, en registros mercantiles, pago de prestaciones y acceso a crédito y tecnologías, a estas pequeñas microempresas, que en Colombia pueden representar cerca de 12 millones de trabajadores.

Esta medida debe complementarse con otras ya de tono general para todas las empresas, como es la eliminación de las contribuciones de salud, al menos para los salarios hasta tres salarios mínimos, las cuales deben ser cubiertas por el presupuesto nacional, lo mismo para las Cajas de Compensación, cuya afiliación debería ser voluntaria. Estas medidas, acompañadas de una efectiva formación para el trabajo y masificación del mundo digital, tendrían un claro efecto en formalización y mejor productividad en el conjunto de empresas y personas.

El complemento de estas políticas transversales son las territoriales. En el caso de las grandes ciudades y conglomerados urbanos, la clave es avanzar en una mayor complejidad y diversificación inteligente en bienes y servicios en cada uno de estos grandes centros urbanos del país. Colombia es un país de ciudades con oportunidades diferentes. Lo que haga competitiva a Barranquilla es muy diferente a lo que en Bogotá sea efectivo.

En la agricultura no se han logrado encadenamientos productivos de escala entre el ámbito urbano y el rural y con el comercio exterior. Se deben propiciar mejoras significativas en los ingresos de los productores campesinos y agroindustriales centradas en aumentos grandes y escalables de la productividad, una mayor conexión con los mercados, con vías terciarias de calidad y titularización de las propiedades. Existen varias experiencias piloto exitosas en agricultura, ya desarrolladas en el país, que deben ser escaladas.

En síntesis, es la hora de actuar en función de la inclusión productiva y el nuevo gobierno tendrá una gran oportunidad para ello.

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El debate pensional y elementos para la reforma

Publicada el marzo 25, 2022mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

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El debate pensional y elementos para la reforma

Autor: Mauricio Olivera

Columna en El Diario La República

El debate presidencial de la semana pasada generó una gran discusión sobre la reforma pensional. Se centró en dónde deberían estar los recursos para pensiones – en los fondos privados o en Colpensiones- y en la fuente de recursos para financiar un programa no contributivo como Colombia Mayor, ampliado en monto. Un elemento adicional del debate es el desempeño de los fondos privados en el sistema pensional, y especialmente la comisión y los recursos cotizados que efectivamente son utilizados para la pensión.

Estas discusiones, aunque importantes, desviaron el debate del principal objetivo que debe tener la reforma pensional: la baja cobertura. Solo uno de cada cuatro adultos mayores tiene pensión (25%) y solo uno de cada tres trabajadores cotiza. Colombia tiene un sistema pensional con una cobertura extremadamente baja.

También tiene retos financieros y fiscales, en la medida en que el Estado gasta 4% de PIB en pensiones, aunque siempre es necesario recordar que de estos 4 puntos solo 1 es para Colpensiones, entidad que paga cerca de dos terceras partes de todas las pensiones del país. Por su parte, la regresividad del Régimen de Prima Media (RPM) ha sido bastante ilustrada. Por su diseño, que también puede llamarse de Prestación Definida, el RPM calcula la pensión basándose en el salario del cotizante, no en lo ahorrado, y como la diferencia entre los dos es grande (se cotiza 16% del salario y la pensión empieza en 65%), son necesarios recursos adicionales. La regresividad se encuentra en que para completar la pensión se otorgan más recursos a las personas que más capacidad de ahorro tienen, y como el RPM no tiene reservas para pagar las pensiones, el Estado debe poner recursos adicionales provenientes de los impuestos. Si hubiese reservas, el monto adicional de los trabajadores vendría de los trabajadores que cotizaron, no de los impuestos.

Si el debate se centra en la cobertura, es casi que indiferente que la persona esté en un fondo privado o en Colpensiones. Algunos argumentan que no es indiferente porque en el Rais (fondos privados) si se llega a la edad de pensión y se han logrado cotizar 1.150 semanas es posible acceder a una pensión de salario mínimo a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm). El requisito generar para obtener la pensión es cotizar 1.300 semanas, alrededor de 25 años, y 1.150 semanas son tres años menos. Sin embargo, un trabajador colombiano promedio, debido a la rotación en el mercado laboral entre formalidad, informalidad y desempleo, alcanza a cotizar 14 años. Por otro lado, poder acceder a la pensión de salario mínimo a través del Fgpm cotizando tres años menos no quiere decir que el Régimen de Ahorro Individual sea mejor para aumentar la cobertura. El Fgpm es un elemento de solidaridad que también se podrían mejorar en el RPM.

Otros argumentos plantean que otorgar una transferencia monetaria a los adultos mayores que no tienen pensión aumenta la cobertura. Aunque es importante y necesario, es inadecuado pensar que la cobertura se puede aumentar solo con programas no contributivos. Una propuesta adicional, algo similar, de la Misión de empleo, es una pensión ciudadana universal financiada con la tributación general. Esta reforma implicaría la necesidad de muchos más recursos del presupuesto nacional provenientes de una reforma tributaria, y no utilizaría la premisa de focalización de las políticas públicas hacia los más vulnerables porque todos los colombianos recibiríamos el mismo monto. Adicionalmente, se necesitaría una reforma constitucional para cambiar el artículo 48 de la Constitución que afirma que la pensión no puede ser inferior al salario mínimo. Por esto, el régimen no contributivo puede ser más viable.

Cuestión diferente es destinar recursos del sistema de pensiones para el pago de este régimen no contributivo. Para ver la viabilidad de esto es necesario revisar los elementos de solidaridad del sistema, que están en el Rais con el Fgpm, pero también en el RPM con el Fondo de Solidaridad Pensional que financia a Colombia Mayor.
La reforma debe enfocarse en aumentar la cobertura. Aunque la presión fiscal no es tan alta porque hay pocos pensionados, la reforma debe enfocarse en un aumento de cobertura desde la etapa de cotización. Que todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral, puedan cotizar es un elemento importante. Es necesario acercar la normatividad laboral a la realidad laboral de muchos trabajadores. En segundo lugar, comparativamente hablando, las edades de pensión son bajas.

Por eso, permitir que los trabajadores sigan cotizando con algún subsidio por meses cotizados (una semana adicional por cada mes cotizado, por ejemplo), o que después de llegar a la edad de pensión se les pueda pagar la pensión descontando lo que no se cotizó mes a mes, o que puedan pagar las semanas por lo no cotizado y no por el cálculo actuarial, son algunas medidas que pueden ayudar a aumentar la cobertura. Otra opción muy valiosa con enfoque de género, contabiliza semanas por hijo para las mujeres. El peor escenario es el que afirma a los trabajadores que no se van a pensionar, que permanezcan en el fondo privado porque reciben el saldo con intereses. El objetivo de la política pública debe ser que todos los colombianos tengan una pensión.

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Implicaciones de la guerra Rusia – Ucrania

Publicada el marzo 11, 2022mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

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Implicaciones de la guerra Rusia - Ucrania

Autor: Julián Roa

Columna en El Diario La República

La coyuntura actual hace difícil pensar, como Cándido, que nos encontramos en el mejor de los mundos. En el contexto global, la guerra Rusia-Ucrania es un hecho que ya tiene efectos negativos en la economía global. Lo anterior, a pesar de que dicho conflicto, no ha desembocado en el peor de sus escenarios: una tercera guerra mundial. Como es bien sabido, la economía rusa es una de las grandes productoras de petróleo y gas. Por lo anterior, la guerra afecta de manera negativa la producción de petróleo y gas, generando presiones al alza en los precios de estas materias primas.

Por su parte, Ucrania es una gran exportadora de productos agrícolas como el maíz y el trigo, así como de fertilizantes como la urea. Todo lo anterior da combustible a la inflación, la cual, a nivel global, se parece cada vez más al escenario de los setenta. Al ser el petróleo un insumo esencial en la producción actual, un alza en su precio afecta negativamente el crecimiento potencial que pueden tener las economías importadoras del combustible. La combinación de estancamiento e inflación alta es un escenario cada vez más probable.

Colombia claramente se verá afectada de manera negativa por esta guerra, los efectos se harán notorios en la inflación. Es difícil imaginar que la de alimentos baje de 15% en lo que lleva del año. La importancia de las importaciones de urea en Colombia es alta y ello incidirá en todos los precios agrícolas. Con esto en mente, resulta muy difícil imaginar una inflación total inferior a 7% al finalizar 2022.

Para hacernos una idea, si la inflación mensual se estabiliza en 0,29% (su promedio de 2018-2019, periodo de inflación estable) de marzo a diciembre de 2022, la inflación anual de 2022 sería de 6,45%. En enero y febrero la inflación mensual fue de 1,67% y 1,63%, respectivamente. En marzo y abril, se deberían sentir los efectos completos del incremento en los precios de la urea, maíz y trigo y la inflación mensual debería ser por lo menos igual la vista en los dos primeros meses del año.

Por esto mismo, es altamente probable que las expectativas de inflación se desanclen y sea necesario que el Banco de la República actúe subiendo las tasas de política monetaria de manera más acelerada y más alta a lo previsto hace unas semanas. En una entrevista reciente, Leonardo Villar mencionaba a la necesidad de tener tasas de interés reales positivas a final de año. Así, con el escenario actual, las tasas de interés de política monetaria a final de este año deberían ser superiores a 7%. Aunque puede ser un choque negativo para el crecimiento, es necesario para controlar la inflación, que puede tener un efecto lesivo, especialmente en los más pobres. También es importante recordar que la confianza en el emisor depende en que este cumpla con su mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda colombiana.

Ahora bien, no todo es negativo y hay ciertos elementos que benefician al país. Desde el estallido de la guerra (22 de febrero) la moneda colombiana se ha revaluado cerca de 150 pesos, a pesar de que la incertidumbre electoral es cada vez más relevante. Lo anterior tiene varias explicaciones. Por un lado, el precio del petróleo se ha incrementado más de 30% en el último mes, lo que podría generar presiones a la baja en la tasa de cambio. Adicional a esto, se puede ver en Latinoamérica una especie de refugio en estos momentos. Se trata de economías que están tratando de subir sus tasas de interés de la manera más rápida posible y que no tienen una conexión directa con el conflicto ruso-ucraniano, como si lo tienen Europa y Estados Unidos. Lo anterior hace que las economías latinoamericanas puedan ofrecer una mayor rentabilidad a los inversionistas en comparación con otras regiones del mundo en donde o las tasas de interés están muy bajas o el riesgo es muy alto. Como se puede ver, a pesar de que la coyuntura es negativa, la región y Colombia tienen ciertos elementos que mitigan los efectos negativos de esta guerra.

Un aspecto adicional detrás de la revaluación de la moneda colombiana es la percepción del riesgo fiscal. El alto crecimiento en 2021 llevó a una reducción importante en la deuda del gobierno sobre el PIB, así como el déficit fiscal. Lo anterior, unido con los altos precios del petróleo, podría dar mayores ingresos fiscales y podrían contribuir a cerrar el déficit fiscal, con la condición de que esos recursos no se traduzcan en un mayor gasto por el subsidio a los precios internos de la gasolina y del Acpm. Algo similar ocurre en la cuenta corriente, en donde los altos precios del petróleo contribuirían a un incremento en el valor de las exportaciones petroleras que podría ayudar a cerrar el déficit en cuenta corriente. Ahora bien, las exportaciones no tradicionales podrían ser menos atractivas en el mercado externo ante una moneda revaluada.

Así, la coyuntura actual es compleja. Por un lado, nos llevará a niveles de inflación muy altos que obligaran al banco central a bajar la velocidad de recuperación de la economía. Por otro lado, y dentro lo positivo, se podrían mejorar los indicadores fiscales y de cuenta corriente, los cuales son de los grandes retos de la economía colombiana. Sin embargo, es importante recordar que esta situación excepcional en los precios del petróleo no debe ser excusa para olvidar temas pendientes en la estructura tributaria del país, así como la diversificación de la canasta exportadora.

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Economía circular: enfoque que genera rentabilidad

Publicada el febrero 25, 2022mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

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Economía circular: enfoque que genera rentabilidad

febrero 25, 2022
Colombia
Artículos de prensa

Autores: Oscar Rodríguez, Guillermo Rudas, Erika Nieves, Julián Roa y Maria Paula Rivera.

Columna en El Diario La República

La economía circular busca, entre otros objetivos, mejorar la eficiencia en producción y consumo para disminuir la extracción de materiales de la naturaleza y evitar impactos sobre los ecosistemas. Se espera que el tránsito hacia una economía circular introduzca transformaciones tanto en la estructura productiva como en las transacciones entre los agentes económicos.

El Estado puede motivar a las empresas a que inviertan y apliquen medidas para evitar desperdicios y prevengan impactos ambientales negativos mediante impuestos, tasas o multas que trasladen el costo de la contaminación a quien la genera, incentivando acciones preventivas y correctivas que eviten esos desperdicios e ineficiencias. La literatura clasifica estas medidas gráficamente con 10 R: Rechazar, Repensar, Reducir, Reutilizar, Reparar, Reacondicionar, Remanufacturar, Readaptar, Reciclar y Recuperar.

A nivel macro es clave entender si la transición a una economía circular tiene altos costos para un país, afectando su crecimiento y el empleo; o, si al contrario, puede impulsar dinámicas positivas y generar excedentes mayores a los empresarios y trabajadores.

Con el apoyo de la Unión Europea y Euroclima, y en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente de Chile y de la Cepal, Econometría construyó un modelo macroeconómico de consistencia dinámica para examinar los efectos económicos de reducir el uso de cuatro materias primas: plástico, metales, materiales de construcción y combustibles. Para implementar el modelo se usaron datos de los Sistemas de Cuentas Nacionales de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), con acompañamiento y asesoría de las principales instituciones ambientales y estadísticas de cada país. El próximo 2 de marzo se ha programado un Webinar sobre el tema.

Webinar: Efectos macroeconómicos de la transición a la Economía Circular.

En otros modelos similares implementados principalmente en Europa se ha encontrado que la política de economía circular causa un aumento entre 0,1% y 2% en el PIB, entre 0,1.% y 1,6% en el empleo y una disminución entre 4% y 24% en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

En los países analizados se ha venido avanzando en legislación e implementación de instrumentos de política que permiten una transición hacia esquemas de economía circular, principalmente con la implementación de estrategias de fomento a la producción y consumo responsable y a la reincorporación de materiales a los ciclos productivos, entre otros.

Los resultados de las simulaciones de Econometría muestran que, en todos los casos, el efecto sobre el PIB y el empleo es positivo y creciente. En términos generales se reducen las emisiones GEI, excepto cuando hay un crecimiento muy alto del PIB. Sin embargo, no todos los sectores tienen el mismo comportamiento. En los que se busca reducir el uso, hay un decrecimiento del PIB y el empleo, aunque en menor proporción que la disminución simulada del uso del material. Esto se debe a que bajan las compras de estos materiales por parte de otros sectores, pero el crecimiento de estos últimos y los vínculos intersectoriales hacen que haya cierta recuperación de su dinamismo.

En un escenario conservador, en donde se reduce el uso de plástico en 8% y el uso de cemento, materiales metálicos y la energía en un 5% para 2030 se obtienen beneficios económicamente relevantes tales como incrementos en el PIB entre 0,8% y 2,4%, así como incrementos en el empleo entre 1,1% y 1,9% y unos cambios en las emisiones de GEI, desde incremento de 0,5% en Perú hasta reducciones de 6,7% en Chile. Como la mayor actividad económica de todas maneras genera más emisiones de GEI, cuando los efectos sobre el PIB son altos estas emisiones pueden reducirse menos o incluso aumentar.

Para que se presente este mayor crecimiento en los sectores que reducen el uso de materiales, es indispensable que el ahorro obtenido se destine a cubrir tanto los mayores costos de mano de obra como la inversión tecnológica requeridos para hacer perdurables estas economías. Además, el flujo de ahorros puede tener una estructura diferente a la de los costos de la transformación tecnológica.

Por tanto, cada país debe profundizar en los análisis financieros necesarios para determinar en qué casos es necesario establecer esquemas de financiación o incentivos directos (como beneficios tributarios o transferencias condicionadas) para lograr que estas inversiones se lleven a cabo. Esto, unido al impulso de mecanismos de responsabilidad extendida del productor y de investigación tecnológica, servirá para viabilizar el logro de las metas de reducción y los beneficios económicos de la economía circular.

También se requiere una reducción en el uso de materiales por parte de los hogares, en particular en el caso de plásticos y combustibles. Por ello es importante que los países latinoamericanos impulsen medidas para reducir los plásticos de un solo uso, e implementen políticas urbanas de movilidad activa o beneficios tributarios a los vehículos eléctricos, además de establecer los gravámenes e incentivos a la producción más limpia y responsable. Así, la economía circular es una alternativa interesante para lograr recuperaciones verdes, en donde se logre un mayor crecimiento contribuyendo al medio ambiente.

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Emprendedoras Bavaria: una historia para compartir

Publicada el febrero 11, 2022mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

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Emprendedoras Bavaria: una historia para compartir

febrero 11, 2022
Colombia
Artículos de prensa

Autores: Arturo García, Cristhian Contreras y María Paula Rivera

Columna en El Diario La República

Econometría Consultores evaluó el programa Emprendedoras Bavaria 2021, ejecutado por Fenalco y PNUD, en alianza con programa Mujeres más productivas del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) y con la cooperación de la Unión Europea. La experiencia fue enriquecedora y la queremos compartir; en particular sus resultados y la forma de trabajo.

Comencemos con una breve descripción del programa tal como se ejecutó en 2021. La población participante fueron 15.177 tenderas, todas con alguna vulnerabilidad; además, 46% estaba en el Registro Único de Víctimas. A las tenderas se les capacitó y acompañó de manera mixta (presencial y/o virtual) para cubrir nueve módulos de formación (Mujer emprendedora, Bioseguridad, Formalización, Apropiación digital, Hagamos cuentas, Precio y competencia, Así se ve mi negocio, Servicio al cliente y Plan de negocios), los seis primeros con acompañamiento y los tres últimos para desarrollo autónomo. Este grupo de tenderas se atendió en ocho ciclos de seis semanas, incluyendo la graduación. El programa tuvo una cobertura de 518 municipios en 27 departamentos.

Sobre los resultados cuatro aspectos valen la pena mencionar: Lo primero, son los impactos en las tenderas. A los dos meses de concluidos los ciclos se ven resultados en variables claves como implementación de domicilios, promoción y/o venta digital, pagos virtuales, registros contables; e impactos en ingresos (29% en promedio). Si el seguimiento se hace a los tres meses el aumento de los ingresos es de 38%. Son impactos buenos y crecientes.

Lo segundo, es que conforme los ciclos se van repitiendo los resultados son cada vez más consistentes. Los aumentos de ingresos de las tenderas son cada vez más parecidos independientemente de quien haga el acompañamiento. Se ha logrado un alto nivel de estandarización, que abre las puertas a lo que podría ser el escalamiento.

Lo tercero, es que el programa es costo eficiente. Los costos por tendera han decrecido algo más de 10% desde 2019, al tiempo que los ingresos adicionales de las tenderas, atribuidos al Programa, han crecido 34%; logrando tasas internas de retorno superiores a 28%.

Estos resultados, buenos en sí mismos, son más significativos al compararlos con otros programas sociales. Sin hacer referencia a programas en particular, desde la experiencia de Econometría Consultores, donde en 45 años hemos hecho más de 800 trabajos en más de 25 países, los tres anteriores resultados no son buenos, son muy buenos.

Lo cuarto es el empoderamiento de las tenderas. Las tenderas tienen capacidades y buenas ideas; lo que logra el programa es darles confianza que las empodera y les permite hacer lo que tenían en mente para lograr los resultados e impactos antes mencionados. Esto es aún más valioso porque todas las mujeres hacen parte de poblaciones vulnerables y 46% es víctima del conflicto armado. Lo anterior muestra que es factible trabajar con la población más necesitada, logrando resultados sobresalientes.

El segundo tema es la forma en que se trabajó. No fue un trabajo puntual; se viene trabajando con el Programa desde finales de 2019. Sin excluir evaluaciones de impacto (se hicieron tres), la novedad fue el uso del modelo de “Investigación en la implementación”, complementado con: un Call Center para semanalmente resolver inquietudes; y un grupo de consulta para dar un debate a fondo de los resultados. A partir de estrecha articulación de la operación y la evaluación, que fue un enorme reto, se logró: a) tener información en tiempo real; b) ejecutar el programa como estaba previsto; c) identificar los aportes de los distintos componentes; d) generar procesos de retroalimentación en el camino, sin necesidad de esperar al final; e) ajustar el programa entre ciclos; y f) mejorar los resultados conforme se avanzaba en los ciclos.

Adicionalmente, esta metodología busca escalar programas y/o políticas; en nuestro concepto uno de los principales problemas del país. Un piloto es un buen punto de partida para validar un programa, eso fue lo que se hizo en 2020 con 3.000 tenderas en dos ciclos de formación. Luego, es necesario analizar las condiciones en que se pueden dar réplicas (paso que suele no hacerse), fue lo que se hizo en 2021 con 15.000 tenderas en 8 ciclos. Ahora se está en condiciones para trabajarle al escalamiento, el cual podría tomar dos vías alternativas no excluyentes: a) vía articulación con las áreas misionales de Bavaria, en particular con el área de ventas; y b) con programas públicos de atención a pequeños negocios, como es el caso del programa “Mujeres más productivas” del MinCIT.

Lo más interesante de esta forma de trabajar es que la Fundación Bavaria, más allá de su labor filantrópica, termina siendo un Laboratorio Social y abre las puertas para un relacionamiento un tanto distinto entre empresas y gobierno en lo que bien podría llegar a ser un nuevo esquema de Asociaciones Público-Privadas, donde lo productivo es la base para la inclusión social.

En resumen, Emprendedoras Bavaria por los resultados y la forma de trabajar debe tomarse como referente para otros programas, que apuesten por la inclusión productiva y social. Es una historia que bien vale la pena compartir.

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Misión de empleo y generación de empleo

Publicada el enero 28, 2022mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

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Misión de empleo y generación de empleo

Autor: Mauricio Olivera

Columna en El Diario La República

Hace unos días, la Misión de Empleo liderada por los economistas Santiago Levy y Darío Maldonado presentó su diagnóstico y recomendaciones. Analizó varias realidades del mercado laboral que, vistas en conjunto, arrojan un diagnóstico complejo pero adecuado. El mercado laboral colombiano es disfuncional. Las recomendaciones, basadas en análisis rigurosos hechos por varios analistas, plantean muchos puntos para discutir y encontrar el mejor camino para volver funcional el mercado laboral. Esta columna se dedica a un punto en particular que es de gran importancia: la generación de empleo.

La misión plantea que la disfuncionalidad del mercado laboral tiene efectos negativos en dos grandes dimensiones: la de bienestar social y la de crecimiento económico y productividad. Hace una serie de recomendaciones que se centran principalmente en los costos laborales, proponiendo separar de estos costos gran parte de la financiación a la seguridad social. Así se logrará mejorar el bienestar de los trabajadores a lo largo de su vida productiva independientemente de su situación laboral -empleados o desempleados y con ingresos por encima o por debajo del salario mínimo. La informalidad desaparece casi que por definición, en la medida que si son informales quienes no cotizan a salud y pensiones y con la reforma estos programas se financian con impuestos y no con costos a la nómina, no existiría esta informalidad. La misión también afirma que con costos bajos las empresas, que en su mayoría son pequeñas, pueden crecer y se generaría más empleo. Cuando hace referencia a la adquisición de habilidades en el trabajo y capacitación laboral recomienda un uso más eficiente de los recursos destinados a estas políticas y una mejor coordinación institucional.

Conceptualmente, es imperativo diferenciar los efectos que distintas reformas pueden tener sobre variables del mercado laboral. En particular, en dos dimensiones: la reducción de la informalidad y la generación de empleo -o la reducción del desempleo. Un ejemplo es la reforma tributaria de 2012. Se redujeron los costos sobre la nómina al sustituir las contribuciones parafiscales para ICBF y Sena por un impuesto sobre la renta-impuesto de la equidad llamado CREE. El efecto de esta reforma fue una disminución paulatina de la informalidad laboral, pero no la generación de nuevos empleos.

La razón es sencilla: más que por los costos, los empleadores contratan a los trabajadores porque estos cuentan con las competencias y habilidades necesarias. Y existe una brecha enorme entre la formación para el trabajo que necesitan los empresarios y la que tienen las personas que están buscando trabajo, especialmente en la formación técnica y tecnológica. En otras palabras, existen vacantes de trabajo que no se pueden llenar porque las empresas no consiguen los trabajadores con las competencias y habilidades necesarias, como lo constató la más reciente encuesta del Ministerio del Trabajo y Acrip sobre las necesidades de talento humano de las empresas colombianas. Desde un punto de vista complementario, una de las grandes fallas del mercado laboral colombiano es la baja productividad laboral. Esto no se da por culpa de los trabajadores sino por la falta de una política de formación para el trabajo pertinente y con calidad. Además de un buen diagnóstico es necesario tener una buena receta para curar la enfermedad. Así se eliminen todos los costos sobre la nómina, eliminando de tajo la informalidad, difícilmente se generarían suficientes empleos si la formación para el trabajo no es pertinente. Antes de la pandemia el desempleo estaba por encima del 10%. La pandemia destruyó cerca de 4,5 millones de empleos, y aunque muchos se han recuperado, el desempleo todavía persiste en dos dígitos.

El crecimiento de la economía no se ha dado acompasado con un crecimiento del empleo y es esperable que la nueva normalidad traiga consigo la necesidad de nuevas competencias y habilidades. Una de las grandes políticas que es necesario profundizar más, es la generación de empleo, y para esto se debe centrar gran parte de los esfuerzos en adecuar la formación para el trabajo a la necesidad de las empresas. Trabajadores mejor preparados son más productivos, las empresas pueden crecer, y la productividad de los trabajadores puede hacer subir sus salarios.

Esta propuesta de reforma debe contar con al menos tres elementos. Primero, para identificar las necesidades del aparato productivo los empresarios deben ser protagonistas. Segundo, Colombia es un país de regiones, y los aparatos productivos de cada ciudad y cada región son diferentes. No se produce lo mismo en Bogotá que en Neiva o en Sincelejo. Por lo mismo, las necesidades de formación para el trabajo también son diferentes. Instituciones como el Ministerio del Trabajo no cuentan con la capacidad suficiente para identificar las necesidades de cada región. Por eso las autoridades locales -alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, cajas de compensación- deben hacer parte de esta política de formación para el trabajo. Tercero, el Sena debe responder de manera más pertinente a las necesidades de las regiones, sus metas deben ir más allá de la cobertura en formación; deben enfocarse en la empleabilidad y la productividad de sus egresados.

Finalmente, centrar los esfuerzos en la formación para el trabajo puede generar más consenso que una reforma a los costos. No es necesario discutir esta reforma en el Congreso, y les otorgaría oportunidades laborales a muchos jóvenes cuya mayor preocupación es la falta de empleo.

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Hacia un presupuesto público programático

Publicada el enero 14, 2022mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

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Hacia un presupuesto público programático

Autor: Francisco Azuero - Profesor Asociado de la Universidad de los Andes

Columna en El Diario La República

Es condición indispensable para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos que se garantice, además de la sostenibilidad fiscal en el largo plazo, una gestión eficiente del gasto público, y transparencia hacia la ciudadanía, de tal manera que ésta pueda tanto incidir en el destino de los recursos públicos, como evaluar la acción de los encargados de administrarlos.

Por esta razón el presupuesto es una institución clave en una democracia. Es mediante él como los representantes legítimos de una sociedad, el Poder Legislativo, deciden la orientación de los recursos públicos. Un sistema presupuestal debe caracterizarse por tener la suficiente capacidad de responder a los cambios normales que se presentan en las preferencias de la ciudadanía por bienes y servicios públicos, que se expresan a través de los programas del gobernante elegido. También debe responder a nuevas condiciones del entorno internacional o nacional, que pueden traducirse en un cambio en los recursos disponibles o en nuevas necesidades de gasto. En fin, los gobiernos deben estar en capacidad de rendirles cuentas a los ciudadanos, sobre la manera como gastaron los recursos públicos y sobre la calidad de los bienes y servicios producidos con ellos.

Estos propósitos chocan en el caso colombiano con la manera como se presenta la información presupuestal. Los gastos se clasifican según los ministerios o entidades ejecutoras, y según el objeto del gasto: pago de salarios, gastos generales, servicio de la deuda, inversión.

Este tipo de organización y clasificación presupuestal, aun cuando útil desde un punto de vista contable, impide conocer en detalle la relación entre los programas de Gobierno y la acción de las entidades oficiales, y dificulta por tanto una adecuada planeación financiera de la acción pública, así como la discusión y participación ciudadanas, y la adecuada rendición de cuentas.

Lo anterior ha determinado que, en muchos países, especialmente desarrollados, se hayan adelantado reformas en los sistemas presupuestales que se centran, más que en los insumos o medios, en los resultados a lograr. Son los presupuestos programáticos. Este enfoque parte de la base de que la sociedad, a través del documento presupuestal, pone a disposición del Gobierno unos recursos financieros, y éste se compromete a entregar a cambio bienes, servicios y transferencias en cantidades y estándares de calidad acordados. Es decir, la sociedad ‘compra’ y el Gobierno, a través de sus entidades, ‘vende’ esos productos de la acción pública. Como cualquier contrato, este exige una adecuada claridad sobre las mutuas obligaciones de las partes.

Una de las mayores dificultades para la implantación, así sea parcial, de un presupuesto programático, consiste en la dualidad en la preparación presupuestal entre los gastos de funcionamiento (que agrupan los gastos de personal y generales, las transferencias, y el servicio de la deuda) a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Minhacienda), y los gastos de inversión, responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación. En este último concepto se agrupa tanto el incremento en los activos fijos de la Nación, los programas considerados como de inversión social, como otros programas y proyectos, especial, pero no exclusivamente, los contenidos en el Plan de Inversiones del PND.

Esta visión choca con una realidad económica: la producción de bienes públicos requiere la combinación, ojalá en proporciones óptimas, de capital (activos fijos resultantes de la inversión de años anteriores) y del trabajo. Los insumos o materias primas necesarias (combustibles, papelería, pagos por arrendamiento, etc.), si bien no hacen parte del valor agregado generado por el Estado, deben tenerse en cuenta en la planeación financiera de cualquier programa o proyecto público. La combinación óptima entre capital, trabajo e insumos debería ser aquella que logre el monto del producto programado con menor costo, o alternativamente la que logre un máximo de producto con los recursos disponibles. Esta combinación dependerá de variables tecnológicas, administrativas, e incluso institucionales. En la propuesta del plan de desarrollo 2018-2002, el gobierno incluyó un artículo destinado a acabar con esta dualidad, pero desafortunadamente no fue aprobado.

Otro obstáculo para la integración presupuestal consiste en que los recursos del Sistema General de Regalías, por disposición constitucional no hacen parte del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni están integrados con los presupuestos de las entidades territoriales. Como estos recursos solo pueden orientarse hacia la inversión, se manifiesta también la inconveniente separación funcional con los gastos de funcionamiento. Como lo señaló en su momento el Informe Final de la Comisión de Gasto y la Inversión Pública, esta inversión requerirá en el futuro, para su operación y mantenimiento, de gastos recurrentes que al no ser debidamente programados, afectará negativamente la vida útil de los activos así financiados. Por otra parte, como lo dice el mismo informe, “está desconexión también impide la agregación de recursos y la priorización de los mismos hacía proyectos más grandes, de mayor impacto y cobertura”.

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Calidad de las reformas fiscales, columna de Econometría

Publicada el diciembre 11, 2021mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

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Calidad de las reformas fiscales

diciembre 11, 2021
Colombia
Artículos de prensa

Autor: Alejandro Vivas

Columna en El Diario La República

Para aprovechar la crisis generada por la pandemia del covid-19, ¿el país aprobará e implementará reformas de fondo en gastos e ingresos públicos? La pregunta es si el país aprobará e implementará unas reformas tanto en gastos como en ingresos de tal manera que se avance en eficiencia económica y social, se refuerce el funcionamiento de los mercados, el bienestar de los diferentes grupos de la población y una mayor equidad y transparencia. Se trata de una eficiencia en la asignación de recursos, escogiendo gastos en sectores o personas priorizadas de acuerdo con criterios de valor; una eficiencia en la administración de los recursos por parte de las agencias del gobierno; y una eficiencia en la provisión de los bienes y servicios producidos por las entidades públicas.

Otra manera de formular la pregunta es si las reformas que se propongan van a correr la misma suerte de numerosas propuestas anteriores, de las cuales se implementaron solo aspectos parciales, y no precisamente los más importantes. La historia reciente deja dudas. Baste mencionar que entre 2006 y 2021 ha habido 11 reformas.

Las decisiones sobre temas fiscales son actos políticos. No obstante, la realidad política de las decisiones fiscales no siempre es tenida en cuenta de manera cabal por los técnicos que diseñan las reformas.

Al considerar las relaciones entre política y economía, conviene recordar que la construcción de confianza es fundamental en las relaciones entre los agentes involucrados. En el caso de las finanzas públicas, estos agentes incluyen a los hogares y los empresarios, a los gobiernos, que son los encargados de plantear iniciativas sobre impuestos y gastos, al poder legislativo, que debe aprobar las reformas, y aun a las calificadoras de riesgo internacionales. Con frecuencia, para afianzar sus propuestas, o para combatir iniciativas que consideran inconvenientes, los ministros de Hacienda han recurrido a advertirles a los demás miembros del gabinete, al legislativo y a la sociedad sobre las disminuciones de valoración del país por parte de las calificadoras de riesgo. También los intereses de los diversos actores dentro del gobierno y los grupos de interés privado (stakeholders) buscarán incidir en el contenido de las propuestas, así como en su discusión en los procesos legislativos. Por otra parte, no hay que olvidar el papel protagónico que ha adquirido en años recientes el poder judicial, que en ocasiones ha tenido la última palabra para decidir la suerte de reformas relacionadas con los temas fiscales.

Una condición necesaria para que una reforma sea aprobada en el Congreso de la República y reciba el apoyo de la ciudadanía es la calidad que tenga su diseño. La propuesta debe mostrar de manera inequívoca que es un “gana – gana” para los congresistas, los ciudadanos que ellos representan, y el Gobierno.

Ahora bien, la calidad de una reforma provendrá de cuatro aspectos. En importante medida, tendrá mayor solidez si está dotada de una concepción sistémica en la que estén recogidas, de manera explícita y “seriamente” (Winer, 2016), las interacciones entre el gasto y los impuestos, de las finanzas públicas con otras políticas macroeconómicas y microeconómicas (regulatorias), con el funcionamiento de los mercados.

Las reformas de ingresos y gastos tendrán que mostrar cómo ellas son consistentes con los incentivos a la inversión privada, con la generación de infraestructura física y la acumulación de conocimiento y capital humano. Al país debe garantizársele que el enfoque fiscal propuesto es coherente en temas estratégicos de crecimiento y equidad, control de la inflación y desempleo, políticas industriales y globalización, descentralización regional de decisiones y niveles crecientes de bienestar.

La calidad de las propuestas de reforma requiere, segundo, que en sus diseños se reconozcan inevitables contraprestaciones: el equilibrio fiscal exige que, para abrirles espacio a programas prioritarios, tengan que sacrificarse otros. Esta tarea debe enfrentar que no siempre los intereses de los distintos ministerios y agencias de la rama ejecutiva coinciden.

Un tercer aspecto de calidad tiene que ver con la necesidad de prever evaluaciones de los resultados y los impactos de las reformas sobre los diferentes agentes sociales. Una evaluación oportuna y que vaya comunicándose genera transparencia y confianza. Conviene resaltar que las reformas deberán ir construyendo confianza entre los diversos estamentos de la sociedad. Este propósito implica redoblar el combate a las corrupciones pública y privada, que con frecuencia van de la mano y se fortalecen entre sí.

Cuarto, la administración deberá preocuparse por aumentar la legitimidad de los tributos. La Ocde (2015) ha venido trabajando a este respecto el criterio de “valor a cambio de dinero”, según el cual se les garantiza a los contribuyentes que sus aportes se invertirán en las obras que ellos valoran. En otras palabras, las reformas deberán alinear los recursos entregados a los administradores públicos (los tributos) con la cantidad y la calidad de los productos que la administración obtiene con ellos. Se trata de conseguir el mejor balance entre cuatro “Es”: economía, eficiencia, efectividad y equidad (Jackson, 2012). Se podrá, así, contrarrestar que los ciudadanos están más listos a demandar y consumir programas públicos que a pagar por ellos, realidad que ha sido constatada desde la formación misma del Estado y expresada de manera clara por ejemplo por Citrin (1979).

El alcance y los logros de las reformas fiscales estructurales también pasan por reformas al sistema electoral y al funcionamiento de los partidos, de las bancadas y de las reglas de decisión en el congreso, que serán el contenido de una próxima columna.

Considerar los aspectos aquí señalados contribuirá a que deje de ser válida en el futuro conclusiones como las de Junguito y Rincón en 2004: “las reformas de los últimos años han creado una estructura tributaria inadecuada e ineficiente… no han tenido el éxito esperado…”.

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Soluciones duraderas como enfoque de intervención

Publicada el noviembre 26, 2021mayo 12, 2023 por aprendiz econometria

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Soluciones duraderas como enfoque de intervención

noviembre 26, 2021
Colombia
Artículos de prensa

Autor: María Gloria Cano

Columna en El Diario La República

Hacer una radiografía de la extrema pobreza en Colombia conlleva encontrar entornos carentes de bienes públicos, cooptados por economías ilegales, personas con exclusión económica y social condicionada por analfabetismo o un bajo nivel educativo, sin mayores activos y con informalidad laboral. Así mismo, hogares marginados en los cuales predomina la jefatura femenina, con presencia de personas con discapacidad y embarazo adolescente, y adicionalmente con traumas sin cerrar relacionados con situaciones de violencia, desplazamiento o migración forzada, que generan autoexclusión.

Todo lo anterior reproduce el ciclo vicioso de la extrema pobreza, de generación en generación.

En este contexto adverso pareciera que las intervenciones centralmente planificadas en donde los sujetos son los hogares y/o las personas de manera individual, no logran romper las trampas de la pobreza. Por ejemplo, esfuerzos por lograr la inclusión laboral de personas en situación de pobreza extrema y de desplazamiento forzoso a través de rutas de empleabilidad se ven frustrados ante la imposibilidad de ellas para transportarse en los horarios exigidos o de solucionar el cuidado de sus niños y niñas menores de cinco años.

Por otra parte, la focalización individual impuesta sobre las personas víctimas del desplazamiento forzado o migrantes y refugiados, sin integrarlas con la población de acogida, donde las comunidades comparten carencias similares, genera fragmentación, xenofobia y estigmatización, impide la consolidación del tejido social y el camino hacia la inclusión. En la mayoría de los casos, las soluciones son traídas por terceros, diseñadas a nivel técnico e impuestas sobre las comunidades, y no son apropiadas por estas. Los individuos son receptores pasivos de las ayudas, sin generarse sostenibilidad en las soluciones.

Frente a esta situación es necesario un nuevo enfoque, el de soluciones duraderas, como se expone en el Libro ‘Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural’, de Econometría, en donde se reconoce el entorno como condicionante en la calidad de vida de las comunidades. Se busca el restablecimiento de la ciudadanía y la dignificación a través de procesos participativos.

Ello implica un cambio profundo en la forma de trabajar con la población, pasar de un enfoque individual a uno comunitario, en el cual las comunidades construyen sus soluciones con las autoridades municipales a partir de un esquema facilitado por actores que tengan reconocimiento en la comunidad. Estos actores se pueden interpretar como nodos articuladores, o “enablers”.

Las experiencias que se han vivido en el país han demostrado que estos ‘nodos articuladores’ pueden ser diversos. En algunos casos han sido agencias de cooperación con fuerte presencia en el territorio que han servido de facilitadores en procesos de alianzas público-privadas en torno a una comunidad y han logrado avanzar en romper barreras del entorno que replicaban las condiciones de pobreza extrema. Se cuenta con ejemplos replicables como las experiencias en Cúcuta en el barrio Las Delicias, que en 2016 fue reconocido legalmente por el municipio, logrando con ello acceso a servicios esenciales, mejoramiento de vías, transporte público y un proceso de mejoramiento significativo del entorno y de la integración local urbana.

En el ámbito rural, igualmente existen ejemplos que involucran soluciones duraderas con la titulación de tierras acompañada con proyectos productivos que han transformado la calidad de vida de toda comunidad. En todos los casos, se acompañó con una institucionalidad multiactor con la comunidad como protagonista, en donde se implementó un proceso que parte de la construcción de confianza y de dignificación, diálogo, reconocimiento, liderazgos jóvenes y femeninos, construcción de comunidad y atención psicosocial.

Romper las trampas impuestas por el entorno debe acompañarse con un portafolio de oferta de servicios por parte del estado, que reconozca las situaciones diferenciales de los hogares, pero trabajada desde el diálogo con la comunidad, en donde sea esta misma la que aporte elementos para la focalización. En la medida que es la misma comunidad la que reconoce las brechas por cerrar, las acciones afirmativas serán acciones sin daño que viabilizan la posibilidad de integración y generan soluciones compartidas.

Estas acciones afirmativas deben dirigirse al cierre de brechas culturales, de formación para el trabajo en los nuevos ámbitos de residencia, de mejoramiento de los niveles educativos y de atención psicosocial para evitar círculos viciosos de estrés, ansiedad, aversión exagerada al riesgo, entre otros.

La construcción de estas soluciones duraderas debe ser un propósito que trascienda las intervenciones puntuales de corto plazo, impuestas, independientes y desarticuladas. Parte del reconocimiento de los contextos como condicionantes de la realidad que enfrenta cada una de las personas que habita una comunidad, y en la medida en que exista el compromiso de los diferentes actores, pero principalmente de las autoridades locales y nacionales, se podrán transformar estas realidades, y avanzar en la integración social y económica de las poblaciones hasta ahora excluidas, con plena participación de las bases comunitarias.

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