Emprendedoras Bavaria: una historia para compartir

Emprendedoras Bavaria: una historia para compartir

Autores: Arturo García, Cristhian Contreras y María Paula Rivera

Econometría Consultores evaluó el programa Emprendedoras Bavaria 2021, ejecutado por Fenalco y PNUD, en alianza con programa Mujeres más productivas del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) y con la cooperación de la Unión Europea. La experiencia fue enriquecedora y la queremos compartir; en particular sus resultados y la forma de trabajo.

Comencemos con una breve descripción del programa tal como se ejecutó en 2021. La población participante fueron 15.177 tenderas, todas con alguna vulnerabilidad; además, 46% estaba en el Registro Único de Víctimas. A las tenderas se les capacitó y acompañó de manera mixta (presencial y/o virtual) para cubrir nueve módulos de formación (Mujer emprendedora, Bioseguridad, Formalización, Apropiación digital, Hagamos cuentas, Precio y competencia, Así se ve mi negocio, Servicio al cliente y Plan de negocios), los seis primeros con acompañamiento y los tres últimos para desarrollo autónomo. Este grupo de tenderas se atendió en ocho ciclos de seis semanas, incluyendo la graduación. El programa tuvo una cobertura de 518 municipios en 27 departamentos.

Sobre los resultados cuatro aspectos valen la pena mencionar: Lo primero, son los impactos en las tenderas. A los dos meses de concluidos los ciclos se ven resultados en variables claves como implementación de domicilios, promoción y/o venta digital, pagos virtuales, registros contables; e impactos en ingresos (29% en promedio). Si el seguimiento se hace a los tres meses el aumento de los ingresos es de 38%. Son impactos buenos y crecientes.

Lo segundo, es que conforme los ciclos se van repitiendo los resultados son cada vez más consistentes. Los aumentos de ingresos de las tenderas son cada vez más parecidos independientemente de quien haga el acompañamiento. Se ha logrado un alto nivel de estandarización, que abre las puertas a lo que podría ser el escalamiento.

Lo tercero, es que el programa es costo eficiente. Los costos por tendera han decrecido algo más de 10% desde 2019, al tiempo que los ingresos adicionales de las tenderas, atribuidos al Programa, han crecido 34%; logrando tasas internas de retorno superiores a 28%.

Estos resultados, buenos en sí mismos, son más significativos al compararlos con otros programas sociales. Sin hacer referencia a programas en particular, desde la experiencia de Econometría Consultores, donde en 45 años hemos hecho más de 800 trabajos en más de 25 países, los tres anteriores resultados no son buenos, son muy buenos.

Lo cuarto es el empoderamiento de las tenderas. Las tenderas tienen capacidades y buenas ideas; lo que logra el programa es darles confianza que las empodera y les permite hacer lo que tenían en mente para lograr los resultados e impactos antes mencionados. Esto es aún más valioso porque todas las mujeres hacen parte de poblaciones vulnerables y 46% es víctima del conflicto armado. Lo anterior muestra que es factible trabajar con la población más necesitada, logrando resultados sobresalientes.

El segundo tema es la forma en que se trabajó. No fue un trabajo puntual; se viene trabajando con el Programa desde finales de 2019. Sin excluir evaluaciones de impacto (se hicieron tres), la novedad fue el uso del modelo de “Investigación en la implementación”, complementado con: un Call Center para semanalmente resolver inquietudes; y un grupo de consulta para dar un debate a fondo de los resultados. A partir de estrecha articulación de la operación y la evaluación, que fue un enorme reto, se logró: a) tener información en tiempo real; b) ejecutar el programa como estaba previsto; c) identificar los aportes de los distintos componentes; d) generar procesos de retroalimentación en el camino, sin necesidad de esperar al final; e) ajustar el programa entre ciclos; y f) mejorar los resultados conforme se avanzaba en los ciclos.

Adicionalmente, esta metodología busca escalar programas y/o políticas; en nuestro concepto uno de los principales problemas del país. Un piloto es un buen punto de partida para validar un programa, eso fue lo que se hizo en 2020 con 3.000 tenderas en dos ciclos de formación. Luego, es necesario analizar las condiciones en que se pueden dar réplicas (paso que suele no hacerse), fue lo que se hizo en 2021 con 15.000 tenderas en 8 ciclos. Ahora se está en condiciones para trabajarle al escalamiento, el cual podría tomar dos vías alternativas no excluyentes: a) vía articulación con las áreas misionales de Bavaria, en particular con el área de ventas; y b) con programas públicos de atención a pequeños negocios, como es el caso del programa “Mujeres más productivas” del MinCIT.

Lo más interesante de esta forma de trabajar es que la Fundación Bavaria, más allá de su labor filantrópica, termina siendo un Laboratorio Social y abre las puertas para un relacionamiento un tanto distinto entre empresas y gobierno en lo que bien podría llegar a ser un nuevo esquema de Asociaciones Público-Privadas, donde lo productivo es la base para la inclusión social.

En resumen, Emprendedoras Bavaria por los resultados y la forma de trabajar debe tomarse como referente para otros programas, que apuesten por la inclusión productiva y social. Es una historia que bien vale la pena compartir.

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Inflación e incertidumbre política

La inflación cerró 2021 cerca del 5.6%, muy por encima de las meta de inflación lo que obligará al Banco de la República a realizar alzas en la tasa de interés de política monetaria. El contexto político es incierto y Colombia enfrenta riesgos de entrar en extremos como el de Chile o Perú que pueden perjudicar el futuro de la economía.

Misión de empleo y generación de empleo

Misión de empleo y generación de empleo

Autor: Mauricio Olivera

Hace unos días, la Misión de Empleo liderada por los economistas Santiago Levy y Darío Maldonado presentó su diagnóstico y recomendaciones. Analizó varias realidades del mercado laboral que, vistas en conjunto, arrojan un diagnóstico complejo pero adecuado. El mercado laboral colombiano es disfuncional. Las recomendaciones, basadas en análisis rigurosos hechos por varios analistas, plantean muchos puntos para discutir y encontrar el mejor camino para volver funcional el mercado laboral. Esta columna se dedica a un punto en particular que es de gran importancia: la generación de empleo.

La misión plantea que la disfuncionalidad del mercado laboral tiene efectos negativos en dos grandes dimensiones: la de bienestar social y la de crecimiento económico y productividad. Hace una serie de recomendaciones que se centran principalmente en los costos laborales, proponiendo separar de estos costos gran parte de la financiación a la seguridad social. Así se logrará mejorar el bienestar de los trabajadores a lo largo de su vida productiva independientemente de su situación laboral -empleados o desempleados y con ingresos por encima o por debajo del salario mínimo. La informalidad desaparece casi que por definición, en la medida que si son informales quienes no cotizan a salud y pensiones y con la reforma estos programas se financian con impuestos y no con costos a la nómina, no existiría esta informalidad. La misión también afirma que con costos bajos las empresas, que en su mayoría son pequeñas, pueden crecer y se generaría más empleo. Cuando hace referencia a la adquisición de habilidades en el trabajo y capacitación laboral recomienda un uso más eficiente de los recursos destinados a estas políticas y una mejor coordinación institucional.

Conceptualmente, es imperativo diferenciar los efectos que distintas reformas pueden tener sobre variables del mercado laboral. En particular, en dos dimensiones: la reducción de la informalidad y la generación de empleo -o la reducción del desempleo. Un ejemplo es la reforma tributaria de 2012. Se redujeron los costos sobre la nómina al sustituir las contribuciones parafiscales para ICBF y Sena por un impuesto sobre la renta-impuesto de la equidad llamado CREE. El efecto de esta reforma fue una disminución paulatina de la informalidad laboral, pero no la generación de nuevos empleos.

La razón es sencilla: más que por los costos, los empleadores contratan a los trabajadores porque estos cuentan con las competencias y habilidades necesarias. Y existe una brecha enorme entre la formación para el trabajo que necesitan los empresarios y la que tienen las personas que están buscando trabajo, especialmente en la formación técnica y tecnológica. En otras palabras, existen vacantes de trabajo que no se pueden llenar porque las empresas no consiguen los trabajadores con las competencias y habilidades necesarias, como lo constató la más reciente encuesta del Ministerio del Trabajo y Acrip sobre las necesidades de talento humano de las empresas colombianas. Desde un punto de vista complementario, una de las grandes fallas del mercado laboral colombiano es la baja productividad laboral. Esto no se da por culpa de los trabajadores sino por la falta de una política de formación para el trabajo pertinente y con calidad. Además de un buen diagnóstico es necesario tener una buena receta para curar la enfermedad. Así se eliminen todos los costos sobre la nómina, eliminando de tajo la informalidad, difícilmente se generarían suficientes empleos si la formación para el trabajo no es pertinente. Antes de la pandemia el desempleo estaba por encima del 10%. La pandemia destruyó cerca de 4,5 millones de empleos, y aunque muchos se han recuperado, el desempleo todavía persiste en dos dígitos.

El crecimiento de la economía no se ha dado acompasado con un crecimiento del empleo y es esperable que la nueva normalidad traiga consigo la necesidad de nuevas competencias y habilidades. Una de las grandes políticas que es necesario profundizar más, es la generación de empleo, y para esto se debe centrar gran parte de los esfuerzos en adecuar la formación para el trabajo a la necesidad de las empresas. Trabajadores mejor preparados son más productivos, las empresas pueden crecer, y la productividad de los trabajadores puede hacer subir sus salarios.

Esta propuesta de reforma debe contar con al menos tres elementos. Primero, para identificar las necesidades del aparato productivo los empresarios deben ser protagonistas. Segundo, Colombia es un país de regiones, y los aparatos productivos de cada ciudad y cada región son diferentes. No se produce lo mismo en Bogotá que en Neiva o en Sincelejo. Por lo mismo, las necesidades de formación para el trabajo también son diferentes. Instituciones como el Ministerio del Trabajo no cuentan con la capacidad suficiente para identificar las necesidades de cada región. Por eso las autoridades locales -alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, cajas de compensación- deben hacer parte de esta política de formación para el trabajo. Tercero, el Sena debe responder de manera más pertinente a las necesidades de las regiones, sus metas deben ir más allá de la cobertura en formación; deben enfocarse en la empleabilidad y la productividad de sus egresados.

Finalmente, centrar los esfuerzos en la formación para el trabajo puede generar más consenso que una reforma a los costos. No es necesario discutir esta reforma en el Congreso, y les otorgaría oportunidades laborales a muchos jóvenes cuya mayor preocupación es la falta de empleo.

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Inflation and political uncertainty

La inflación cerró 2021 cerca del 5.6%, muy por encima de las meta de inflación lo que obligará al Banco de la República a realizar alzas en la tasa de interés de política monetaria. El contexto político es incierto y Colombia enfrenta riesgos de entrar en extremos como el de Chile o Perú que pueden perjudicar el futuro de la economía.

Hacia un presupuesto público programático

Hacia un presupuesto público programático

Autor: Francisco Azuero - Profesor Asociado de la Universidad de los Andes

Es condición indispensable para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos que se garantice, además de la sostenibilidad fiscal en el largo plazo, una gestión eficiente del gasto público, y transparencia hacia la ciudadanía, de tal manera que ésta pueda tanto incidir en el destino de los recursos públicos, como evaluar la acción de los encargados de administrarlos.

Por esta razón el presupuesto es una institución clave en una democracia. Es mediante él como los representantes legítimos de una sociedad, el Poder Legislativo, deciden la orientación de los recursos públicos. Un sistema presupuestal debe caracterizarse por tener la suficiente capacidad de responder a los cambios normales que se presentan en las preferencias de la ciudadanía por bienes y servicios públicos, que se expresan a través de los programas del gobernante elegido. También debe responder a nuevas condiciones del entorno internacional o nacional, que pueden traducirse en un cambio en los recursos disponibles o en nuevas necesidades de gasto. En fin, los gobiernos deben estar en capacidad de rendirles cuentas a los ciudadanos, sobre la manera como gastaron los recursos públicos y sobre la calidad de los bienes y servicios producidos con ellos.

Estos propósitos chocan en el caso colombiano con la manera como se presenta la información presupuestal. Los gastos se clasifican según los ministerios o entidades ejecutoras, y según el objeto del gasto: pago de salarios, gastos generales, servicio de la deuda, inversión.

Este tipo de organización y clasificación presupuestal, aun cuando útil desde un punto de vista contable, impide conocer en detalle la relación entre los programas de Gobierno y la acción de las entidades oficiales, y dificulta por tanto una adecuada planeación financiera de la acción pública, así como la discusión y participación ciudadanas, y la adecuada rendición de cuentas.

Lo anterior ha determinado que, en muchos países, especialmente desarrollados, se hayan adelantado reformas en los sistemas presupuestales que se centran, más que en los insumos o medios, en los resultados a lograr. Son los presupuestos programáticos. Este enfoque parte de la base de que la sociedad, a través del documento presupuestal, pone a disposición del Gobierno unos recursos financieros, y éste se compromete a entregar a cambio bienes, servicios y transferencias en cantidades y estándares de calidad acordados. Es decir, la sociedad ‘compra’ y el Gobierno, a través de sus entidades, ‘vende’ esos productos de la acción pública. Como cualquier contrato, este exige una adecuada claridad sobre las mutuas obligaciones de las partes.

Una de las mayores dificultades para la implantación, así sea parcial, de un presupuesto programático, consiste en la dualidad en la preparación presupuestal entre los gastos de funcionamiento (que agrupan los gastos de personal y generales, las transferencias, y el servicio de la deuda) a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Minhacienda), y los gastos de inversión, responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación. En este último concepto se agrupa tanto el incremento en los activos fijos de la Nación, los programas considerados como de inversión social, como otros programas y proyectos, especial, pero no exclusivamente, los contenidos en el Plan de Inversiones del PND.

Esta visión choca con una realidad económica: la producción de bienes públicos requiere la combinación, ojalá en proporciones óptimas, de capital (activos fijos resultantes de la inversión de años anteriores) y del trabajo. Los insumos o materias primas necesarias (combustibles, papelería, pagos por arrendamiento, etc.), si bien no hacen parte del valor agregado generado por el Estado, deben tenerse en cuenta en la planeación financiera de cualquier programa o proyecto público. La combinación óptima entre capital, trabajo e insumos debería ser aquella que logre el monto del producto programado con menor costo, o alternativamente la que logre un máximo de producto con los recursos disponibles. Esta combinación dependerá de variables tecnológicas, administrativas, e incluso institucionales. En la propuesta del plan de desarrollo 2018-2002, el gobierno incluyó un artículo destinado a acabar con esta dualidad, pero desafortunadamente no fue aprobado.

Otro obstáculo para la integración presupuestal consiste en que los recursos del Sistema General de Regalías, por disposición constitucional no hacen parte del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni están integrados con los presupuestos de las entidades territoriales. Como estos recursos solo pueden orientarse hacia la inversión, se manifiesta también la inconveniente separación funcional con los gastos de funcionamiento. Como lo señaló en su momento el Informe Final de la Comisión de Gasto y la Inversión Pública, esta inversión requerirá en el futuro, para su operación y mantenimiento, de gastos recurrentes que al no ser debidamente programados, afectará negativamente la vida útil de los activos así financiados. Por otra parte, como lo dice el mismo informe, “está desconexión también impide la agregación de recursos y la priorización de los mismos hacía proyectos más grandes, de mayor impacto y cobertura”.

 

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A good 2021 and a challenging 2021

As predicted in previous months, inflation has continued to rise. As of March, monthly inflation was 1%, and annual inflation reached 8.5%. In response, Banco de la República raised its benchmark interest rate by 100 basis points at its March meeting. On the positive side, the labor market is recovering.

Un buen 2021 y un 2022 retador

La economía colombiana finalizará el 2021 con un desempeño bueno y 2022 será un buen año, aunque hay riesgos relevantes. La inflación sigue al alza y generará mayores incrementos en la tasa de interés. La tasa de desempleo continúa por arriba del nivel prepandemia. A pesar de ello se espera que la economía crezca cerca de 5% en 2022. 

Calidad de las reformas fiscales, columna de Econometría

Calidad de las reformas fiscales

Autor: Alejandro Vivas

Para aprovechar la crisis generada por la pandemia del covid-19, ¿el país aprobará e implementará reformas de fondo en gastos e ingresos públicos? La pregunta es si el país aprobará e implementará unas reformas tanto en gastos como en ingresos de tal manera que se avance en eficiencia económica y social, se refuerce el funcionamiento de los mercados, el bienestar de los diferentes grupos de la población y una mayor equidad y transparencia. Se trata de una eficiencia en la asignación de recursos, escogiendo gastos en sectores o personas priorizadas de acuerdo con criterios de valor; una eficiencia en la administración de los recursos por parte de las agencias del gobierno; y una eficiencia en la provisión de los bienes y servicios producidos por las entidades públicas.

Otra manera de formular la pregunta es si las reformas que se propongan van a correr la misma suerte de numerosas propuestas anteriores, de las cuales se implementaron solo aspectos parciales, y no precisamente los más importantes. La historia reciente deja dudas. Baste mencionar que entre 2006 y 2021 ha habido 11 reformas.

 

Las decisiones sobre temas fiscales son actos políticos. No obstante, la realidad política de las decisiones fiscales no siempre es tenida en cuenta de manera cabal por los técnicos que diseñan las reformas.

Al considerar las relaciones entre política y economía, conviene recordar que la construcción de confianza es fundamental en las relaciones entre los agentes involucrados. En el caso de las finanzas públicas, estos agentes incluyen a los hogares y los empresarios, a los gobiernos, que son los encargados de plantear iniciativas sobre impuestos y gastos, al poder legislativo, que debe aprobar las reformas, y aun a las calificadoras de riesgo internacionales. Con frecuencia, para afianzar sus propuestas, o para combatir iniciativas que consideran inconvenientes, los ministros de Hacienda han recurrido a advertirles a los demás miembros del gabinete, al legislativo y a la sociedad sobre las disminuciones de valoración del país por parte de las calificadoras de riesgo. También los intereses de los diversos actores dentro del gobierno y los grupos de interés privado (stakeholders) buscarán incidir en el contenido de las propuestas, así como en su discusión en los procesos legislativos. Por otra parte, no hay que olvidar el papel protagónico que ha adquirido en años recientes el poder judicial, que en ocasiones ha tenido la última palabra para decidir la suerte de reformas relacionadas con los temas fiscales.

Una condición necesaria para que una reforma sea aprobada en el Congreso de la República y reciba el apoyo de la ciudadanía es la calidad que tenga su diseño. La propuesta debe mostrar de manera inequívoca que es un “gana – gana” para los congresistas, los ciudadanos que ellos representan, y el Gobierno.

Ahora bien, la calidad de una reforma provendrá de cuatro aspectos. En importante medida, tendrá mayor solidez si está dotada de una concepción sistémica en la que estén recogidas, de manera explícita y “seriamente” (Winer, 2016), las interacciones entre el gasto y los impuestos, de las finanzas públicas con otras políticas macroeconómicas y microeconómicas (regulatorias), con el funcionamiento de los mercados.

Las reformas de ingresos y gastos tendrán que mostrar cómo ellas son consistentes con los incentivos a la inversión privada, con la generación de infraestructura física y la acumulación de conocimiento y capital humano. Al país debe garantizársele que el enfoque fiscal propuesto es coherente en temas estratégicos de crecimiento y equidad, control de la inflación y desempleo, políticas industriales y globalización, descentralización regional de decisiones y niveles crecientes de bienestar.

La calidad de las propuestas de reforma requiere, segundo, que en sus diseños se reconozcan inevitables contraprestaciones: el equilibrio fiscal exige que, para abrirles espacio a programas prioritarios, tengan que sacrificarse otros. Esta tarea debe enfrentar que no siempre los intereses de los distintos ministerios y agencias de la rama ejecutiva coinciden.

Un tercer aspecto de calidad tiene que ver con la necesidad de prever evaluaciones de los resultados y los impactos de las reformas sobre los diferentes agentes sociales. Una evaluación oportuna y que vaya comunicándose genera transparencia y confianza. Conviene resaltar que las reformas deberán ir construyendo confianza entre los diversos estamentos de la sociedad. Este propósito implica redoblar el combate a las corrupciones pública y privada, que con frecuencia van de la mano y se fortalecen entre sí.

Cuarto, la administración deberá preocuparse por aumentar la legitimidad de los tributos. La Ocde (2015) ha venido trabajando a este respecto el criterio de “valor a cambio de dinero”, según el cual se les garantiza a los contribuyentes que sus aportes se invertirán en las obras que ellos valoran. En otras palabras, las reformas deberán alinear los recursos entregados a los administradores públicos (los tributos) con la cantidad y la calidad de los productos que la administración obtiene con ellos. Se trata de conseguir el mejor balance entre cuatro “Es”: economía, eficiencia, efectividad y equidad (Jackson, 2012). Se podrá, así, contrarrestar que los ciudadanos están más listos a demandar y consumir programas públicos que a pagar por ellos, realidad que ha sido constatada desde la formación misma del Estado y expresada de manera clara por ejemplo por Citrin (1979).

El alcance y los logros de las reformas fiscales estructurales también pasan por reformas al sistema electoral y al funcionamiento de los partidos, de las bancadas y de las reglas de decisión en el congreso, que serán el contenido de una próxima columna.

Considerar los aspectos aquí señalados contribuirá a que deje de ser válida en el futuro conclusiones como las de Junguito y Rincón en 2004: “las reformas de los últimos años han creado una estructura tributaria inadecuada e ineficiente… no han tenido el éxito esperado…”.

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Soluciones duraderas como enfoque de intervención

Soluciones duraderas como enfoque de intervención

Autor: María Gloria Cano

Hacer una radiografía de la extrema pobreza en Colombia conlleva encontrar entornos carentes de bienes públicos, cooptados por economías ilegales, personas con exclusión económica y social condicionada por analfabetismo o un bajo nivel educativo, sin mayores activos y con informalidad laboral. Así mismo, hogares marginados en los cuales predomina la jefatura femenina, con presencia de personas con discapacidad y embarazo adolescente, y adicionalmente con traumas sin cerrar relacionados con situaciones de violencia, desplazamiento o migración forzada, que generan autoexclusión.

Todo lo anterior reproduce el ciclo vicioso de la extrema pobreza, de generación en generación.

En este contexto adverso pareciera que las intervenciones centralmente planificadas en donde los sujetos son los hogares y/o las personas de manera individual, no logran romper las trampas de la pobreza. Por ejemplo, esfuerzos por lograr la inclusión laboral de personas en situación de pobreza extrema y de desplazamiento forzoso a través de rutas de empleabilidad se ven frustrados ante la imposibilidad de ellas para transportarse en los horarios exigidos o de solucionar el cuidado de sus niños y niñas menores de cinco años.

Por otra parte, la focalización individual impuesta sobre las personas víctimas del desplazamiento forzado o migrantes y refugiados, sin integrarlas con la población de acogida, donde las comunidades comparten carencias similares, genera fragmentación, xenofobia y estigmatización, impide la consolidación del tejido social y el camino hacia la inclusión. En la mayoría de los casos, las soluciones son traídas por terceros, diseñadas a nivel técnico e impuestas sobre las comunidades, y no son apropiadas por estas. Los individuos son receptores pasivos de las ayudas, sin generarse sostenibilidad en las soluciones.

Frente a esta situación es necesario un nuevo enfoque, el de soluciones duraderas, como se expone en el Libro ‘Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural’, de Econometría, en donde se reconoce el entorno como condicionante en la calidad de vida de las comunidades. Se busca el restablecimiento de la ciudadanía y la dignificación a través de procesos participativos.

Ello implica un cambio profundo en la forma de trabajar con la población, pasar de un enfoque individual a uno comunitario, en el cual las comunidades construyen sus soluciones con las autoridades municipales a partir de un esquema facilitado por actores que tengan reconocimiento en la comunidad. Estos actores se pueden interpretar como nodos articuladores, o “enablers”.

Las experiencias que se han vivido en el país han demostrado que estos ‘nodos articuladores’ pueden ser diversos. En algunos casos han sido agencias de cooperación con fuerte presencia en el territorio que han servido de facilitadores en procesos de alianzas público-privadas en torno a una comunidad y han logrado avanzar en romper barreras del entorno que replicaban las condiciones de pobreza extrema. Se cuenta con ejemplos replicables como las experiencias en Cúcuta en el barrio Las Delicias, que en 2016 fue reconocido legalmente por el municipio, logrando con ello acceso a servicios esenciales, mejoramiento de vías, transporte público y un proceso de mejoramiento significativo del entorno y de la integración local urbana.

En el ámbito rural, igualmente existen ejemplos que involucran soluciones duraderas con la titulación de tierras acompañada con proyectos productivos que han transformado la calidad de vida de toda comunidad. En todos los casos, se acompañó con una institucionalidad multiactor con la comunidad como protagonista, en donde se implementó un proceso que parte de la construcción de confianza y de dignificación, diálogo, reconocimiento, liderazgos jóvenes y femeninos, construcción de comunidad y atención psicosocial.

Romper las trampas impuestas por el entorno debe acompañarse con un portafolio de oferta de servicios por parte del estado, que reconozca las situaciones diferenciales de los hogares, pero trabajada desde el diálogo con la comunidad, en donde sea esta misma la que aporte elementos para la focalización. En la medida que es la misma comunidad la que reconoce las brechas por cerrar, las acciones afirmativas serán acciones sin daño que viabilizan la posibilidad de integración y generan soluciones compartidas.

Estas acciones afirmativas deben dirigirse al cierre de brechas culturales, de formación para el trabajo en los nuevos ámbitos de residencia, de mejoramiento de los niveles educativos y de atención psicosocial para evitar círculos viciosos de estrés, ansiedad, aversión exagerada al riesgo, entre otros.

La construcción de estas soluciones duraderas debe ser un propósito que trascienda las intervenciones puntuales de corto plazo, impuestas, independientes y desarticuladas. Parte del reconocimiento de los contextos como condicionantes de la realidad que enfrenta cada una de las personas que habita una comunidad, y en la medida en que exista el compromiso de los diferentes actores, pero principalmente de las autoridades locales y nacionales, se podrán transformar estas realidades, y avanzar en la integración social y económica de las poblaciones hasta ahora excluidas, con plena participación de las bases comunitarias.

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