Necesidad y posibilidad de reformas

Necesidad y posibilidad de reformas

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

El libro que Econometría lanzó hace unas semanas, “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural”, se basa en dos planteamientos complementarios. Por un lado, plantea que para salir de la crisis económica y social generada por la pandemia, es necesario hacer grandes reformas. Y, por otro, plantea que la crisis abre la posibilidad de estas reformas.

Sobre el primer planteamiento, es evidente que la pandemia vino acompañada de una fuerte crisis económica y social. El 2020 fue el año con la mayor caída de la economía en la historia moderna de Colombia. El PIB se contrajo en 6,8%. Los efectos económicos y sociales han sido devastadores. En el peor momento de la pandemia, cuando la economía debió cerrarse casi que completamente para frenar la expansión del virus, el desempleo se duplicó, pasando de 10% a 20%, cifra que de lejos fue la más alta al compararla con los demás países de la Ocde. La pobreza también creció, haciendo retroceder casi una década los avances de las políticas públicas encaminadas a eliminarla. Aunque no hay una medición clara de los efectos en el sector privado, un número importante de empresas desapareció. Y el Estado, garante de última instancia en medio de una economía paralizada, a pesar de que ha hecho grandes esfuerzos para frenar los devastadores efectos económicos y sociales, estos no han sido suficiente para contrarrestarlos completamente. Esto se ha traducido en un descontento social que se ha visto reflejado en las protestas y el paro a principios de este año. Las encuestas que se realizaron en ese momento mostraron que la mayor preocupación de los jóvenes es la falta de empleo.

Ahora bien, también es claro que muchos de los efectos económicos y sociales generados por la pandemia son la profundización de problemas estructurales que ya sufría el país. El desempleo se duplicó, pero ya venía con una senda creciente. La recuperación del empleo después de la crisis económica de 1999 se había demorado un poco más de una década para que la tasa de desempleo llegara a un dígito. Más de 10 años. Y esta se mantuvo unos pocos años en un dígito. En 2019, antes de la pandemia, la tasa de desempleo había retornado a dos dígitos, alcanzado la cifra anual de 10,5%. Por su parte, la ineficiencia del Estado en responder a las necesidades de los ciudadanos estaba reflejada en la desconfianza que los ciudadanos le tienen.

Por estas razones, Econometría plantea en su libro que la visión de retornar a la normalidad simplemente levantando las restricciones de las cuarentenas es errónea. Es necesario pensar en grandes reformas para que la economía colombiana y la sociedad salgan fortalecidas de esta crisis. Son necesarias grandes reformas para resolver los problemas estructurales que la pandemia profundizó. Y va un paso más allá. Plantea que aunque la crisis tiene efectos devastadores, también puede verse como una oportunidad para hacer estas reformas. Se basa en la teoría del comportamiento y en el planteamiento del premio Nobel de Economía Daniel Kahneman cuyo trabajo demostró que los cambios son más factibles en crisis que en tiempos normales. La razón es que, en general, los efectos de cualquier reforma son inciertos. Aunque el objetivo es que sean positivos, también pueden traer efectos negativos. Y si la economía está creciendo y es estable -dos características importantes de la economía colombiana- esta incertidumbre dificulta la disposición para hacer grandes reformas. Sin embargo, en una crisis, es necesario hacer cambios para salir de ella. La disposición para hacer cambios se amplía.

Y una crisis económica tan fuerte y tan generalizada como la que está viviendo el mundo entero por la pandemia, abre más estas posibilidades. No se trata de una crisis sectorial, como en general se originan las crisis económicas, cuyos efectos se transfieren a otros sectores y el papel del Estado es buscar frenar esta transmisión. En este caso es una crisis generalizada, que ha afectado a empresarios y trabajadores, a empresa grandes y pequeñas, a trabajadores formales e informales, a todos los sectores económicos, y ha generado una presión enorme en el Estado, que también sufre problemas estructurales.

Para salir de esta crisis es necesario hacer grandes reformas, y que la crisis puede también identificarse como una oportunidad para hacerlas son los que llevan a Econometría a presentar una propuesta de reformas con una visión integral, aunque no pretende ser exhaustiva.

Propone que como las empresas, los trabajadores y el Estado, es decir, todos los actores de la sociedad, han sido afectados por la crisis, es necesario pensar reformas para todos estos actores. Acompañar y apoyar a las empresas a hacer sus transformaciones para crecer en la nueva realidad, reformar el mercado laboral para que con el trabajo se contribuya a estas transformaciones y a su vez los trabajadores se vean beneficiados, y reformar al Estado para responder de manera eficiente a las nuevas necesidades.

Sugiere que como visión general para las políticas públicas y las transformaciones es necesario utilizar como premisa la inclusión productiva. Aunque los subsidios para atacar la pobreza son importantes, la recuperación sostenible se logra con la inclusión productiva; con empleo formal.

Como se está dando la trasformación en muchas empresas, es necesario adaptar a los trabajadores para que contribuyan a esta en medio de la revolución tecnológica y la robotización que el mundo está viviendo, y esto se logra enfocando gran parte de los esfuerzos en la formación para el trabajo. Y como estos esfuerzos vienen en gran parte del Estado, este debe también adaptarse a esta nueva realidad. Las reformas tributaria y pensional pueden ayudar a equilibrar las finanzas públicas, pero el gran objetivo debe ser ganarse la confianza de la ciudadanía. Y esto a su vez se logra con grandes reformas.

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Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo…

Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

Buscando contribuir a la discusión sobre cómo enfrentar la crisis económica y social generada por la pandemia, Econometría Consultores lanzó la semana pasada el libro ‘Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural’. Se basa en la premisa que afirma que “toda crisis genera reformas” para plantear una serie de reformas con una visión integral. Propone reformas en tras grandes áreas: el aparato productivo, el mercado laboral, y el Estado. Para salir de la crisis el enfoque más importante que plantea Econometría es la inclusión productiva, inclusión que genera empleo productivo y hace crecer a las empresas, enfrentando uno de los golpes sociales más duros que trajo la pandemia, el desempleo. Sin olvidar la inclusión social para enfrentar la pobreza, tema que también discute el libro.
Ahora bien, para la generación de empleo y la transformación del aparato productivo, el papel del Estado es esencial. Un Estado eficiente, que no llegue a desbalances insostenibles en sus finanzas, cuidando la estabilidad macroeconómica, y que también responda efectivamente a los retos productivos y sociales que enfrenta el país.

La primera parte del libro se concentra entonces en el aparato productivo. Se inicia con un corto diagnóstico sobre las serias barreras que tiene Colombia para tener una economía competitiva y diversificada. A continuación, y como una estrategia para lograr superar esta situación, se plantea un conjunto de propuestas para lograr la transformación productiva, basadas fundamentalmente en la inclusión moderna y formal de núcleos crecientes y sostenidos de población y empresas, tanto en áreas urbanas como rurales.
Un eje importante de discusión es que la mayor productividad debe estar basada en la innovación, y para que esta logre una escala relevante y que genere movilidad social, se requiere la inclusión a dicha transformación no solo de los empresarios, sino de sectores poblacionales de acuerdo con su nivel socioeconómico. Para la población que convive con barreras muy fuertes del entorno que limitan su inclusión, dada su condición de marginalidad estructural, condición de desplazamiento por el conflicto interno o de receptor importante de migrantes venezolanos el libro propone crear una ruta hacia su progresiva inclusión productiva y social a través de una estrategia denominada ‘Soluciones duraderas’.

La segunda parte del libro se concentra en uno de los mercados más duramente afectados por la pandemia: el mercado laboral. Propone un cambio de enfoque en las políticas de mercado laboral y en especial de la reforma laboral para recuperar el empleo perdido. Considera que el reto más importante de ese mercado es elevar la productividad laboral. Para lograrlo, gran parte de la política pública debe centrarse en la formación para el trabajo, buscando preparar el capital humano que necesitan las empresas, y con una visión prospectiva en la medida en que la nueva normalidad después de la pandemia generará nuevos empleos y nuevas formas de producción. Para esto es preciso una reorganización institucional en la cual las autoridades locales -gobernaciones y alcaldías- jueguen un papel protagónico.

La razón se encuentra en que cada ciudad y cada región tienen un entramado empresarial diferente y la formación para el trabajo debe responder a estas necesidades locales. La discusión de los costos laborales es importante, pero más por sus efectos en la transición entre informalidad y formalidad que para generar nuevos empleos. Y esta discusión debe tener en cuenta dos elementos: el nivel de los sobre costos salariales y los nuevos tipos de empleo y sus nuevas formas de contratación.

La tercera parte del libro se ocupa de la gestión estatal, particularmente en lo relacionado con las finanzas públicas. Se analiza esto bajo cuatro ópticas: el de la economía política, el de la estructura tributaria, el de la gestión financiera pública, y el de las finanzas territoriales. Cualquier reforma que se proponga, especialmente en el terreno de las finanzas públicas, corre el riesgo de no poder realizarse si no se tienen en cuenta las restricciones determinadas por la economía política.

En lugar de renunciar a las reformas, lo que se necesita es enfrentar las imperfecciones del sistema político que impiden que las decisiones de los poderes públicos se aproximen más al interés general de la sociedad: se necesitan entonces reformas políticas. El libro también analiza y propone reformas al sistema tributario, y ahonda en temas relacionados con la gestión propiamente financiera de los recursos públicos, los cuales no han recibido la atención que merecen en la discusión pública. Analiza las deficiencias de los sistemas de presupuestación, de los mecanismos de evaluación oportuna del gasto público, de los sistemas de rendición de cuentas a la ciudadanía y de la manera como operan los organismos de control.

Todo eso incide de una manera negativa en la eficacia y eficiencia del gasto público. También se presenta la agenda de reformas que el país debe adelantar en este frente. Finalmente, las entidades territoriales son protagonistas importantes de la acción del Estado colombiano con responsabilidades cruciales en la provisión de educación y salud, así como de bienes públicos de naturaleza local, y por eso el libro analiza las finanzas territoriales y propone reformas para su fortalecimiento.

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Devaluation expectations for 2022

As predicted in previous months, inflation has continued to rise. As of March, monthly inflation was 1%, and annual inflation reached 8.5%. In response, Banco de la República raised its benchmark interest rate by 100 basis points at its March meeting. On the positive side, the labor market is recovering.

¿Va a contratar a alguien? ¿Qué tal contratar un joven sin…

¿Va a contratar a alguien? ¿Qué tal contratar un joven sin experiencia?

Escrita por: Maria Gloria Cano - Directora de Proyectos

“Los jóvenes son personas con mayor flexibilidad, que quieren trascender y estar en proyectos que permitan apoyar a sus comunidades… las empresas no entienden eso y deben aprender a conocerlo para poder aprovechar y captar el gran potencial de flexibilidad y de intereses con los que llegan los jóvenes al mundo laboral”.

(Entrevista, Caja de Compensación Familiar, 2019).

¿Qué sucede cuando un joven sin experiencia sale a buscar trabajo? La posibilidad de encontrarlo es mínima. La barrera de acceso a un trabajo formal se vuelve insalvable si se exige experiencia para trabajar, ¿cómo tener dicha experiencia si no se tiene la oportunidad de trabajar? El empleador por su parte diría “¿cómo dar trabajo a una persona que no tiene la experiencia para desempeñar la labor que necesito que realice? Es muy costoso entrenar a esa persona desde cero y quien sabe cuál será su productividad”. En estas condiciones resulta muy frustrante la búsqueda de trabajo, más aún tras una inversión previa en educación.

Nueve de cada diez vacantes registradas en el Servicio Público de Empleo exigen experiencia laboral previa y cinco de cada diez exigían que está fuera por lo menos de un año. Numerosos estudios y encuestas coinciden en que para casi la mitad de los jóvenes la principal barrera para encontrar trabajo es la falta de experiencia previa.

El sector público ha avanzado con acciones concretas. Por ejemplo, el Decreto 2365 de 2019 anuncia que jóvenes entre 18 y 28 años que no acrediten experiencia laboral, podrán vincularse a las entidades del Estado, igualmente, 10 % de los nuevos empleos de las entidades públicas no deberán exigir experiencia profesional. Pero, el principal empleador del país, que es el sector privado, responde a incentivos diferentes. El tema está en lograr demostrar que este joven, sin experiencia, genera una productividad adecuada frente al salario que se le reconozca, de tal forma que para el empleador sea “rentable” contratarlo.

Recientemente el Gobierno anunció la creación de un programa de empleo juvenil con subsidios de 25% del salario de los jóvenes, el cual puede aprender de la experiencia del Programa 40.000 primeros empleos, evaluado por Econometría para el Departamento Nacional de Planeación en 2019. Este programa, del Ministerio del Trabajo, operó entre 2015 y 2019, otorgando subsidios a las empresas que contratasen jóvenes (18-28 años) sin experiencia o con menos de seis meses de experiencia. El subsidio era equivalente, como mínimo, a 50% de los costos laborales derivados de la contratación de los jóvenes hasta por un año. Alcanzó a cubrir 54.000 jóvenes con una inversión de $413.000 millones, $7,6 millones por joven. El programa buscó aumentar la empleabilidad, el nivel de ingresos, la continuidad en la formación y la calidad de la vida de los jóvenes, mejorar el proceso de determinación de las vacantes y la percepción que las empresas tienen sobre la productividad de los jóvenes.

Dentro de los resultados, el programa fue efectivo, pero su escalabilidad tiene retos en sus costos. Sí logró romper la barrera del primer empleo para los jóvenes participantes, donde los jóvenes que fueron beneficiarios presentan una empleabilidad superior a los jóvenes no beneficiarios, mejoraron su autoestima y proyecto de vida. De los jóvenes beneficiarios, 68 % estaba trabajando tras terminado el programa, 44 % de los que eran bachilleres y 16 % de los que eran técnicos y tecnólogos al inicio del programa tienen hoy un diploma de estudios más avanzado y en la actualidad 35% de los jóvenes estaba estudiando.

¿Se logró romper el “muro” impuesto por los empleadores en la contratación de jóvenes sin experiencia? La respuesta es sí. Las empresas participantes calificaron como “muy positivo” el desempeño de los jóvenes vinculados y la gran mayoría seguirán contratando jóvenes sin experiencia.

Obviamente es importante el impacto sobre los 54.000 jóvenes que fueron beneficiados por el programa, pero, en términos de sostenibilidad, el principal resultado fue el cambio en los imaginarios de los empleadores y el hecho que estos ahora consideren que “si paga” contratar un joven sin experiencia.

Las empresas participantes valoran de los jóvenes el interés, la disposición para aprender y dejarse guiar, en donde sin duda los jóvenes participantes hicieron bien su tarea. El haber aceptado a estos trabajadores sin experiencia les permitió “amoldarlos” más fácilmente a los procesos, principios y valores de la empresa. En voz de un empresario, “estos jóvenes jalonan procesos de actualización y modernización para no quedarse en la era del uga-uga” (de las cavernas) y adicionalmente que vienen “con mente abierta”. Estos resultados están en línea con lo enunciado por Sennet en donde en el contexto del capitalismo flexible, el mundo laboral se caracteriza por relaciones de corto plazo y transformaciones constantes en la tecnología. En este mundo, los jóvenes son los que oxigenan las empresas.

“Ojos frescos vienen con cosas que ya con el tiempo aquí no se ven. Es una buena oportunidad”

(Entrevista, Empresa participante, 2019).

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Medidas con visión de mediano y largo plazo

Medidas con visión de mediano y largo plazo

Escrita por: Juan Manuel García - Director de Proyectos

El más reciente boletín de Alianza Latinoamericana de Consultorías Económicas (Laeco) muestra como la economía colombiana, a pesar de las altas tasas de contagio y mortalidad que vienen observándose en el país por el covid-19 y de los costos directos e indirectos que han tenido las manifestaciones sociales, ofrece condiciones que permiten tener una expectativa positiva frente a la recuperación económica del país.

Es importante que las medidas que se tomen aprovechen las oportunidades que el entorno ofrece para la recuperación, pero sin olvidar ponderar los efectos que ellas podrían tener en el mediano plazo sobre los hogares y sobre el medio ambiente. Por esta razón se destaca la medida tomada el pasado mes de abril por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 40111, en la que estableció que la mezcla de biodiésel con combustible fósil se incrementará de 10% a 12% en la mayor parte del territorio nacional.

Los biocombustibles son reconocidos en el mundo por ofrecer diferentes tipos de beneficios a mediano plazo dentro de los que se destaca la diversificación en el suministro de los combustibles, el fomento a la conservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo rural. Recientes análisis realizados por Econometría permiten concluir que el incremento de dos puntos en ese porcentaje incentivará el desarrollo de cerca de 50.000 hectáreas de palma de aceite, lo cual le significará al país la generación de 6.500 empleos directos y 16.300 indirectos, empleos formales que representarán salarios por más de $270.000 millones anuales.

A su vez, los mayores cultivos de palma impulsarán el desarrollo a través del encadenamiento con otros sectores. Mediante este mecanismo el incremento en la demanda de biodiésel representará al país un crecimiento cercano a 0,06 puntos del PIB, lo cual corresponderá con un valor agregado adicional cercano a los $750 mil millones anuales. Esto bajo el supuesto de que la mayor producción de esos biocombustibles se dará en el país, lo cual es razonable con las actuales condiciones de competitividad de la producción nacional.

Desde el punto de vista ambiental y de salud los impactos tampoco serán menores. Varios estudios han demostrado que la mezcla de biodiésel en los combustibles reduce la presencia de material particulado en el ambiente, material que a su vez es causante de enfermedades respiratorias y muertes anticipadas. Las estimaciones realizadas por Econometría llevan a concluir que con el incremento de dos puntos en la mezcla se reducirán los costos de atención en salud en $751.000 millones anuales y, más importante aún, que se evitarán cerca de 6.000 muertes anualmente.

En lo ambiental un segundo aporte de los biocombustibles se derivará del incremento en el área sembrada, esto porque una hectárea de palma capta 8,8 toneladas de CO2. El incentivo al incremento de los cultivos que la mayor mezcla genera permitirá captar 433 toneladas de CO2, lo que aportará a los compromisos del país frente a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y disminuirá en $17.000 millones anuales los recursos que Colombia debería destinar para el cumplimiento de la meta que al respecto se ha planteado.

Aunque los beneficios de los biocombustibles son evidentes, se debe considerar que su uso genera algunos riesgos dentro de los que destaca el posible efecto sobre la disponibilidad de alimentos, ya sea por cambios en el uso de la tierra o por la utilización de algunos productos alimenticios para la producción de biocombustibles o la potencial destrucción de bosques para la producción de los insumos agrícolas. Estos riesgos son poco probables en Colombia, puesto que la producción de palma se realiza principalmente recuperando tierras que han sido degradadas por la ganadería o aportando al desarrollo de las cerca de 15 millones de hectáreas disponibles para producción agrícola que hoy no son aprovechadas por el país, el aceite de palma se elabora con excedentes de producción de la palma y además los productores, gremios y el Gobierno Nacional han establecido un acuerdo de cero deforestación con mecanismos de trazabilidad, transparencia y monitoreo.

Internacionalmente, estos riesgos son controlados mediante normas técnicas de habilitación y certificaciones ambientales. En el caso de Colombia se cuenta también con la Comisión Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles (Decreto 2338 de 2008), en la cual participan los ministerios de Agricultura, de Ambiente, de Minas y Energía, de transporte y de comercio, así como, el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Pública-Privada. Esta Comisión analizó la viabilidad de la nueva mezcla lo cual ofrece tranquilidad sobre la no materialización de esos riesgos.

Un último aspecto para mencionar tiene que ver con el posible incremento en el precio final del Acpm. El biocombustible tiene un precio mayor que el diésel fósil, por lo que el incremento de dos puntos porcentuales en la mezcla puede tener un impacto de 2,7% en el precio final de este combustible. Frente a los beneficios que la medida ofrece este es un impacto menor, baste mencionar que ese incremento de precio corresponde a poco menos de la mitad de los costos en atención en salud que se evitarán gracias a la menor presencia de las enfermedades respiratorias.

Para concluir se debe mencionar que buena parte de los beneficios mencionados dependen de que la mayor producción de los biocombustibles se desarrolle en el país y que para ello, como ya se dijo, es importante que las condiciones de competitividad de la producción nacional se mantengan o, incluso, se mejoren. Así, medidas internacionalmente utilizadas, como la no aplicación del IVA al consumo de biocombustibles se deben mantener, y otras, como la creación de incentivos a la investigación y la inversión, se deben fortalecer.

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Positive forecasts for Colombia in 2021

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La importancia de la reapertura segura en la educación inicial

La importancia de la reapertura segura en la educación inicial

Autor: Econometría Consultores

El pasado 28 de mayo se presentaron en esta columna los resultados de la evaluación de las estrategias “Aprender en Casa” y “Mis Manos te Enseñan” como alternativas de atención remota a la primera infancia, en el contexto de las cuarentenas derivadas del covid-19.

Si bien los resultados de estas estrategias fueron positivos y han tenido un efecto importante en el fortalecimiento de los vínculos entre maestros y familias, vale la pena reflexionar sobre la importancia de superar esta atención coyuntural, aprender de ella y apostarle a la apertura gradual y segura de los servicios de atención a la primera infancia de manera presencial.

La primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo, no solo cognitivo sino socioafectivo de los seres humanos. En este periodo, que va desde la gestación hasta los 5 años, la garantía de los derechos a la salud, la nutrición, la educación, el cuidado y la protección, son claves para el bienestar presente y de los futuros adultos, por lo que no en vano se han hecho importantes esfuerzos en la consolidación de políticas de primera infancia y en la priorización del gasto público para este momento del curso de la vida. Esta realidad está constatada por numerosos estudios longitudinales en todo el mundo realizados por varios premios Nobel de economía.

Sin embargo, en términos de desarrollo, no solo la provisión de servicios de calidad es importante. Las interacciones con los pares, con los padres, con los miembros de la familia, con otros adultos y con la comunidad, son determinantes en la construcción de habilidades sociales y emocionales, aspectos que también afectan las capacidades de aprendizaje y las habilidades necesarias para el resto de sus vidas. Todo ello repercute en su salud mental.

El desarrollo en la primera infancia es, por lo tanto, un proceso cultural, puesto que no solo cuenta las dinámicas individuales, sino que son fundamentales las relaciones y las interacciones con el entorno social, especialmente para los mayores de dos años. En la medida en que estás experiencias de vida sean saludables y enriquecedoras, se tienen efectos positivos sobre el aprendizaje y la retención en el sistema escolar, en la reducción de las brechas de género, en la inclusión social y una mayor probabilidad de éxito en sus vidas futuras.

Bajo esta perspectiva del desarrollo, el cierre de los servicios de atención inicial ya está causando efectos en las niñas y los niños, puesto que han visto limitadas sus interacciones, han perdido espacios de juego, y se han restringido sus posibilidades de exploración y de socialización. Nada de ello puede ser suplido por las estrategias remotas.

A esto se suman dos factores generadores de estrés que afectan al hogar como entorno inmediato de desarrollo, y que pueden dificultar la creación de un ambiente seguro, protector y enriquecedor para niñas y niños. De un lado, es necesario tener en cuenta el incremento de la pobreza como efecto de la pandemia y sus consecuencias sobre el acceso a bienes y servicios, y por otro, la sobrecarga de los cuidadores, que son principalmente mujeres. Ambas son situaciones que afectan particularmente a las personas más vulnerables, lo que profundizará las brechas en el desarrollo entre los diversos niveles socioeconómicos.

En contextos vulnerables los centros de atención a la primera infancia son mucho más que simples servicios de aprendizaje que pudieran ser sustituidos con herramientas tecnológicas. Además de ser espacios que promueven las interacciones enriquecedoras, son entornos protectores y proveedores de servicios básicos, por lo que sus cierres también han mostrado repercusiones en el aumento del maltrato, el abuso y la violencia, y efectos negativos en la salud, la nutrición y el bienestar tanto de las niñas y los niños como de sus familias.

Ante esta realidad, a finales de 2020 el Icbf inició un Piloto de Apertura Presencial Excepcional en algunas unidades de atención a la primera infancia del país, con el fin de organizar y flexibilizar los servicios y dar continuidad a la atención presencial bajo el esquema de alternancia definido por el Ministerio de Educación. Estos pilotos fueron evaluados por Econometría Consultores. Gracias a esta evaluación se pudieron apreciar los resultados positivos en relación con la continuidad de la prestación de los servicios con calidad, evidenciaron una importante capacidad de adaptación de lo pedagógico a las nuevas realidades sin renunciar a la exploración y a la interacción, y demostraron la viabilidad de poner en marcha un retorno seguro para las niñas y los niños en Colombia con la participación activa de sus familias.

Son comprensibles los temores hacia la apertura en una realidad en la que las condiciones de prevención frente al virus no están plenamente dadas, pero la apuesta de política debería poner en la balanza elementos diferenciales para este tipo de población y para este tipo de educación. Se debe promover la apertura gradual y segura, apoyándose en la experiencia piloto de Icbf, de tal manera que se aumente la cobertura de la presencialidad en los servicios a la mayor cantidad de niños y niñas.

Esta decisión debe tomar en cuenta elementos claves como la incidencia del virus en la primera infancia, el comportamiento de los contagios dentro de los centros de atención y los efectos positivos que tiene la vacunación del personal que trabaja en ellos. Pero, sobre todo, debe incluir una perspectiva de futuro que analice los efectos que las decisiones que se tomen hoy tienen en el largo plazo en las niñas, los niños y la sociedad. Queda por delante una importante tarea de evaluar los impactos que los cierres de los centros de atención a la primera infancia y las estrategias de atención remota tendrán sobre el desarrollo, la educación, la inclusión, las brechas de género y el bienestar, así como las medidas correctivas que será necesario tomar para tratar de recuperar el tiempo perdido.

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Atención remota para la primera infancia

Atención remota para la primera infancia

Autor: Econometría Consultores

La pandemia condujo a medidas de aislamiento social conocidas por todos, entre ellas el cierre de la atención presencial a la primera infancia. Esto empujó al Gobierno a reaccionar rápidamente cambiando la manera de prestar servicios hacia la modalidad remota. Dos estrategias que surgieron en este contexto fueron Aprender en Casa, del sector educativo colombiano liderado por el Ministerio de Educación (MEN) y Mis Manos Te Enseñan, del Icbf.

En el país, la política de desarrollo integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre se coordina desde la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI), institucionalidad que solicitó se evaluaran las estrategias mencionadas. Por ello, entre finales de 2020 e inicios de 2021, Econometría Consultores en alianza con EASE de México, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo evaluó el diseño, la eficiencia y efectividad de las dos estrategias de educación inicial y preescolar. En esta columna se destacan algunos de los principales hallazgos y aprendizajes de la evaluación.

En Aprender en Casa, el MEN creó materiales educativos y lineamientos que puso a disposición de docentes para llevar a cabo educación inicial y preescolar durante la contingencia, aprovechando actividades cotidianas de niñas y niños en sus hogares. Esto se consolidó en la plataforma “Aprender Digital: contenidos para todos”. A partir de ello, los docentes adecuan el material a su necesidad y realidad local y lo aplican de manera remota, junto con cartillas y kits pedagógicos que se envían a los hogares, enlazándose con las familias de sus estudiantes vía telefónica o virtual. Esta estrategia se complementó con el diseño y realización de programas educativos emitidos en medios de comunicación masiva, principalmente, televisión y radio.

De otro lado, la estrategia Mis Manos Te Enseñan se creó con el propósito de dar continuidad a los servicios a la primera infancia que brindaban los centros o unidades de servicio del Icbf. El propósito entonces es acompañar a las familias en el cuidado, crianza y educación inicial de sus hijos, mediante pautas y prácticas apoyadas con contactos telefónicos continuos, cartillas y kits pedagógicos. La estrategia también contempla el suministro de una canasta nutricional de alimentos para preparar, buscando preservar la nutrición brindada a las niñas y los niños. El Icbf acogió un enfoque de fortalecimiento a los vínculos familiares en torno de la crianza, convivencia y aprendizaje de los más pequeños del hogar.

Para esta investigación se realizaron multiplicidad de actividades innovadoras iniciando por el levantamiento de información remota cuantitativa (encuestas) y cualitativa (etnografías digitales, talleres delphos y entrevistas semiestructuradas) que cubrieron a los hogares beneficiarios y al talento humano y coordinadores regionales de la operación de las estrategias. A partir de ello y la información secundaria disponible, se realizaron evaluaciones de diseño de las intervenciones, caracterizaciones de la población objetivo, de procesos, de resultados y recomendaciones. En general, se encontró que las estrategias presentan un diseño sólido basado en modelos de intervención con evidencia documentada y con premisas claras sobre el problema a resolver, la población a la que buscan beneficiar y los medios para lograrlo.

Puntualmente se resalta que se ha logrado, como nunca antes, unas fluidas y sólidas comunicaciones entre profesores y familias. Dado que los hijos no vienen con un manual de instrucciones, contar con el acompañamiento de expertos ha resultado ser un elemento muy valioso para los padres, que ahora se muestran más interesados en cómo interactuar y educar a sus hijos. La clave aquí es evitar saturar a las familias que, en condiciones de aislamiento completo, deben dedicar mucho tiempo y esfuerzo a la educación de sus hijos.
En línea con lo anterior, un hallazgo muy sólido es que las familias apreciaron la atención psicosocial brindada por el Icbf para el manejo de las emociones y el estrés propio del aislamiento y la convivencia familiar continua. Contar con pautas de esta naturaleza les permitió a los hogares mejorar su convivencia, según su propio reporte.

Se evidenció que las estrategias fueron bien recibidas por familias y profesores, que las consideran iguales o mejores que sus versiones anteriores. Su percepción es que niñas y niños han avanzado en el desarrollo desde sus casas y, aunque al inicio hubo dificultades, se valora positivamente los materiales, kits pedagógicos, guías o cartillas a las que tuvieron acceso. De todas formas, hay actividades que requieren de la presencialidad como la enseñanza formal de la lectoescritura, cómo sostener un lápiz, entre otras, sobre las cuales la educación remota aún no da respuesta, además, esta educación implica que algunos procesos requieren mayor seguimiento en desarrollo y aprendizaje y en condiciones nutricionales y de salud de niñas y niños.

Otro gran reto de las estrategias de atención remota a la primera infancia en Colombia es la articulación. De una parte, se podrían potenciar los resultados logrados con una mayor coordinación entre el Icbf y el sector educativo tradicional. Hay sinergias importantes en su accionar que se dejan de lado cuando se opera en paralelo como se hace en su mayoría. De otra parte, la articulación dentro del sector educativo, liderada por el MEN, es un factor clave para fortalecer la estrategia Aprender en Casa. La cantidad de actores hace determinante trabajar sobre la comunicación clara y fluida entre ellos para asegurar el mejor uso de los recursos e incrementar el impacto sobre los beneficiarios.

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