A pesar de los choques económicos y políticos presentados en el primer trimestre del año, se espera una mejora en el crecimiento económico de la economía colombiana para 2021 y una menor devaluación del peso respecto a la del 2020. No obstante, este comportamiento vendrá acompañado de un incremento en la inflación.
Autor: aprendiz econometria
Positive forecasts for Colombia in 2021
Publicada el por aprendiz econometria

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Jóvenes y empleo, columna de Econometría
Publicada el por aprendiz econometria

Jóvenes y empleo

- mayo 14, 2021
- Colombia
- Artículos de prensa
Autor: Econometría Consultores
La encuesta sobre sentimientos, expectativas y percepciones de los jóvenes sobre el paro nacional realizada hace unos días por el Centro Nacional de Consultoría y CM& muestra que en el primer lugar de los temas más urgentes que el actual gobierno debe resolver se encuentra el empleo para jóvenes, seguido muy de cerca por la diminución de la pobreza. Las cifras corroboran este sentimiento. Mientras en 2020 la tasa de desempleo total alcanzó 15,9%, en la población joven fue mucho más alta, llegando a 24,2%. Casi uno de cada cuatro jóvenes cayó en desempleo. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el desempleo juvenil fue de 28%, alcanzando niveles funestos en ciudades como Ibagué y Neiva, con tasas de desempleo juvenil de 37,6% y 36,3% respectivamente, y con 12 de las 23 ciudades con desempleo juvenil por encima de 30% y ninguna por debajo de 20%.

El desempleo juvenil enfrenta barreras estructurales. En el 2019, antes de la pandemia, la tasa de desempleo total fue de 10,5%, pero la de los jóvenes alcanzó 17,7%, y para el período 2011-2019 el desempleo juvenil en promedio fue 17,3%. Es decir, la pandemia no creó un problema que no existía; al revés, profundizó un problema que ya era estructural en Colombia. Y esto indica que se debe resolver de manera urgente y estructural.
Esta debacle no se da solo en Colombia. Una encuesta realizada por la Fundación Forge al inicio de la pandemia en Argentina, México, Chile, Perú y Uruguay a cerca de 10.000 jóvenes muestra que aportaron casi el doble de la tasa de despidos, con mayor participación de los jóvenes con menor nivel educativo, y que mientras 76,8% afirma que su principal contención para enfrentar el desempleo la encontró en su familia, solo 9% la encontró en alguna acción del Estado.
Las expectativas sobre el empleo en el futuro también son preocupantes. Para 41% la perspectiva en los próximos seis meses es el desempleo. Otra encuesta a cerca de 6.500 jóvenes en los mismos países realizada al final del año pasado comprobó que las expectativas son bajas, con 61% de los jóvenes avizorando un inicio de contratación lento, y con un desencuentro en el tipo de contratación. El 51% de las empresas ofrecerá contratos full time, mientras solo 34% de las personas jóvenes prefiere esta opción, y 27% de las empresas ofrecerá turnos rotativos, mientras solo 12% de las personas jóvenes busca esta opción.
Un análisis de la OIT identifica otros choques relacionados con el mercado laboral que los jóvenes pueden sufrir de manera desproporcionada por la pandemia, en particular, la interrupción de sus programas educativos o de formación y el descalabro de sus emprendimientos además de la caída de sus ingresos y la perspectiva de enfrentar mayores dificultades para encontrar una ocupación en el futuro. Se puede llegar a efectos persistentes en la “generación del confinamiento”. Un estudio longitudinal en Suecia muestra que los efectos en la salud mental de las personas que sufren episodios de desempleo mayores a seis meses en su juventud pueden extenderse hasta 14 años después con episodios de depresión y ansiedad.
En suma, el país está enfrentando un reto estructural que puede tener efectos a largo plazo sobre los jóvenes. Por esto, es urgente diseñar una política integral para generar empleo para los jóvenes. Entre las políticas aplicadas en varios países para enfrentar el desempleo juvenil se encuentran el apoyo a las empresas de los sectores más afectados proporcionando ayuda tanto a los trabajadores jóvenes como a los empresarios, programas de subsidios salariales que incluyen a los jóvenes, y programas de empleo público dirigidos específicamente a los jóvenes.
Desde la institucionalidad laboral, y en particular los servicios de empleo, asistir a los jóvenes en la búsqueda de empleo y apoyar a los jóvenes emprendedores. Dos políticas muy importantes deben centrarse en la formación para el trabajo garantizando que los sistemas de educación y formación respondan mejor a la demanda del mercado laboral en los sectores y ocupaciones en crecimiento en consonancia con las políticas de recuperación.
En Colombia se han diseñado otras políticas para impulsar el empleo juvenil que pueden revisarse y aumentar su escala y su cobertura. Entre ellas, los programas Jóvenes en Acción y 40.000 primeros empleos, y la ley de Primer Empleo (Ley 1780 de 2016) a la cual se suman las disposiciones tributarias de la Ley 2010 de 2019. Sobre Jóvenes en Acción, la evaluación realizada por Econometría encontró un gran impacto en los jóvenes, pero especialmente en aquellos que contaron con un componente denominado Habilidades para la Vida basado en el desarrollo de competencias blandas. Su probabilidad de emplearse se incrementó en alrededor de 20 puntos porcentuales.
Sobre el programa de 40.000 primeros empleos Econometría encontró en la evaluación de impacto que un tercio de los jóvenes siguió vinculado a su trabajo después del salir del programa. Por su parte, las dos leyes incluyen esquemas de subsidio al empleo de carácter temporal, y la Ley de Primer Empleo tuvo efectos positivos en la formalización laboral. Otra política implementada recientemente busca enfrentar la barrera que enfrentan los jóvenes para ingresar al mercado laboral por su falta de experiencia abriendo la posibilidad de prácticas en el sector público. La evaluación, adaptación de las mejores prácticas y escalamiento de estas políticas pueden ayudar a enfrentar este gran reto.
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La economía política de la reforma tributaria
Publicada el por aprendiz econometria

La economía política de la reforma tributaria

- abril 30, 2021
- Colombia
- Artículos de prensa
Escrita por: Mauricio Olivera - Director
El país se encuentra en una enorme encrucijada, en medio del tercer pico de la pandemia que está frenando la recuperación de la economía y con la necesidad de ajustar sus finanzas públicas para evitar poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Colombia, junto con México, Panamá, Uruguay, Perú, y Chile, se incluye entre los seis países de América Latina que cuentan con grado de inversión. La pandemia generó un aumento de gastos cercano a 4% del PIB y de la deuda a un nivel histórico de 60% del PIB.
Estructuralmente, mientras los países de la Ocde recaudan 34% del PIB, y los países latinoamericanos 23% del PIB, Colombia recauda 19%. Perder este grado de inversión puede afectar mucho más a la economía colombiana. Para enfrentar esta situación el Gobierno presentó una propuesta de reforma tributaria que ha generado un gran debate y el rechazo en algunos sectores.

Entre los elementos de esta propuesta se encuentran dos decisiones fundamentales que el Gobierno debe tomar. Por un lado, proponer simplemente un aumento en las tasas de tributación a la renta y en el IVA, o irse por la vía de cambios estructurales en el sistema tributario que permitan un mayor recaudo con las mismas tasas. Por otro, decidir a quién gravar, las personas o las empresas. Las decisiones del Gobierno fueron proponer una reforma estructural, eliminando algunas exenciones, sin aumentar las tasas, y gravar más a las personas que a las empresas, basándose en un desbarajuste estructural de la estructura tributaria que grava más a los agentes económicos que generan el valor agregado de la economía y el empleo -las empresas- que a quienes acumulan la riqueza -las personas.
Sobre la primera decisión, varios analistas han afirmado que una reforma estructural es conveniente y necesaria. La evasión y las exenciones y descuentos reducen el recaudo en cerca de 43%. Sin embargo, políticamente es una reforma difícil. Un estudio de Olivera, Pachón y Perry de 2010, ya citado por Econometría en este espacio, mostró que ahora, después de la reforma constitucional de 1991, es más complejo hacer una reforma estructural. La razón es que la buena intención de la reforma constitucional de 1991 de aumentar la participación política tuvo una consecuencia imprevista: la fragmentación política obliga a los gobiernos a discutir una reforma con más actores, lo que hace más difícil su tránsito de discusión y aprobación en el Congreso. Por eso, frente a la necesidad de recursos para ajustar las finanzas públicas, en el presente siglo los gobiernos han optado por aumentar alguna de las tasas impositivas sin proponer cambios estructurales en la estructura tributaria.
Sobre la segunda decisión, los datos muestran que mientras que en los países de la Ocde de los 11,3% del PIB de recaudo por sujeto gravado, 8,3 puntos porcentuales vienen de personas naturales y 3 de las empresas, y en América Latina de los 5,8% de PIB recaudados, 2,3 vienen de personas naturales y 3,5 de empresas, en Colombia de los 6,2% recaudados, 5 vienen de empresas y 1,2 de personas. Es decir, un análisis comparativo muestra que las empresas son más gravadas que las personas.
La mezcla de estas dos decisiones terminó siendo explosiva para la discusión de la reforma. La propuesta de eliminar las exenciones del IVA, que empezó a discutirse sobre los bienes de la canasta familiar, y la propuesta de ampliar la base tributaria del impuesto de renta personal, que creó la sensación de que el propósito era el de gravar más a la clase media, empezaron a generar un gran descontento. Aunque el Gobierno ya había lanzado el programa de Compensación de IVA, que devuelve recursos del pago de IVA a los hogares más vulnerables, y el objetivo de la reforma era gravar efectivamente a los ingresos altos -solo 5% de los hogares colombianos tiene ingresos per cápita mayores a $4 millones- la reforma terminó en grandes protestas. La iniciativa de unir a la reforma tributaria propuesta de gasto social para enfrentar la pandemia, dando incentivos al empleo y extendiendo el programa Ingreso Solidario hacia un programa de renta básica, no fue suficiente para aceptar, por ejemplo, el IVA a los servicios públicos, así este IVA no se aplicará a los estratos más bajos.
El momento de la discusión también es complejo. El riesgo de perder el grado de inversión y la estabilidad macroeconómica, con un déficit fiscal que puede llegar a 8,6% del PIB en el 2021, es alto. Sin embargo, la economía colombiana solo ha dado leves indicios de recuperación, y la tercera ola de contagios que está viviendo el país, y que ha llevado a las autoridades a decretar cuarentenas nuevamente, ha ahondado el descontento, a lo que se suma una vacunación que se encuentra muy lejos de llegar a la inmunidad de rebaño. El desempleo continúa alto, afectando a muchos hogares. Pero esperar al próximo año puede dificultar más la discusión: se trata de un año electoral.
Más importante aún, el descontento con la reforma puede estar dando señales más profundas. Por un lado, la desconfianza en las acciones del Estado, y por otro, la insatisfacción con la desigualdad y en general con el estado de cosas en que se encuentra el país. Si estas señales no son tenidas en cuenta, esta crisis puede ahondarse llevando al país a cambios extremos en el modelo económico. La crisis indica que son necesarias grandes reformas. No solo la tributaria. Econometría seguirá contribuyendo a la discusión en las siguientes columnas.
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Devaluation and revaluation expected for 2021
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Devaluación y revaluación esperada para 2021
Publicada el por aprendiz econometria

Las proyecciones de tasa de cambio para 2021 de los países de la Alianza LAECO es diversa, variando en estimaciones de revaluación del peso chileno, el peso colombiano y el sol peruano, a estimaciones de devaluación en otras monedas como el real brasilero, el peso mexicano y el colón costarricense.
Por un futuro promisorio para el sector lácteo
Publicada el por aprendiz econometria

Por un futuro promisorio para el sector lácteo

- abril 16, 2021
- Colombia
- Artículos de prensa
Escrita por: Arturo García, Socio de Econometría Consultores
Colombia cuenta con condiciones excepcionales para el desarrollo de muchas actividades agropecuarias; la producción de leche y sus derivados es una de esas actividades. La dotación de tierras, la disponibilidad de agua y la ubicación en el trópico, que permite producir todo el año en los distintos pisos térmicos, le dan al país una gran ventaja comparativa. Sin embargo, es necesario volverla una ventaja competitiva; se cuenta con las condiciones necesarias, pero aprovecharlas es un gran reto.

El tema es relevante en la medida que a comienzo de la década del 2010 Colombia firmó acuerdos comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales prevén una desgravación arancelaria láctea total en 2026 y en 2028, respectivamente. El acuerdo con la Unión Europea contempló una cooperación en la forma de apoyo presupuestario (recursos que entran al presupuesto nacional) por un valor de 30 millones de euros, que unidos a los recursos nacionales permitió contar con un presupuesto en promedio cercano de $100.000 millones por año en el periodo 2010-2017. Para enfrentar este gran reto, en 2010 se formularon los documentos Conpes (3675 y 3676) que establecieron la política para preparar al país, la cual se acompañó con un acuerdo de competitividad para la cadena láctea.
El tema es aún más relevante, cuando la lechería es una actividad que genera empleo para unas 700.000 personas en sus distintos eslabones. Esta actividad se desarrolla en prácticamente todos los municipios del país, con una participación muy significativa en el empleo rural. Además, la leche y sus derivados son un componente fundamental de la dieta de los colombianos para garantizar su seguridad alimentaria. Esto, muestra los potenciales costos que se asumirían al no tener un sector competitivo.
En este contexto, recientemente, contratada por la Unión Europea, Econometría Consultores ha concluido una evaluación independiente de dicho apoyo presupuestario y de la política láctea durante el periodo 2010-2018. La evaluación contó con la activa participación del Consejo Nacional Lácteo (CNL), donde se encuentra el gobierno nacional y los gremios del sector. Vale la pena resaltar los principales resultados y recomendaciones.
Respecto a las metas establecidas en las políticas, los resultados de la evaluación muestran que se han tenido avances en aspectos como: aumentos en producción y productividad, mejoras en el nivel de proteína en la leche, la inversión prevista en genética, una mayor formalización de actores de la cadena, el aumento en los ingresos de los productores, la mejora en el estatus sanitario y el fortalecimiento de los clústeres lácteos.
Todo esto es muy positivo; sin embargo, algunas metas de política no se cumplieron y en otros casos fueron bajas respecto al desafío existente. Al final se tiene que el sector aún no se encuentra preparado para competir, en buena medida porque las experiencias exitosas tienden a ser puntuales y no se han escalado para el conjunto del sector. Lo grave es que el tiempo se está acabando. Ya han pasado más de diez años de cuando se inició el proceso y restan algo menos de seis para el momento que se tendrá plena desgravación.
Si bien la fecha límite se aproxima, se puede hacer un cambio estructural. La evaluación recomienda centrarse en unos pocos temas estratégicos, con capacidad para desencadenar otros cambios. Lo primero, es mejorar la productividad y la calidad de la leche y sus derivados. Tomando como referente a productores líderes y a proyectos piloto, existe un gran potencial para mejorar la productividad, que es la base para un escenario gana-gana del conjunto de actores de la cadena. Este es el pilar fundamental sobre el cual se debe montar la transformación del sector lácteo.
Luego se debería contemplar un estímulo a la demanda que incluye promover: el consumo en la población de bajos ingresos, la diversificación de productos, sustitución competitiva de importaciones y un programa agresivo de promoción de exportaciones. Por otro lado, la eficiencia individual, que se logra en hatos y fábricas, debe complementarse con una eficiencia colectiva que se da en las regiones donde interactúan los actores. Con este objetivo sería fundamental apoyar: programas de pasturas, que tienen diferencias según pisos térmicos y regiones; el desarrollo y fortalecimiento de los clústeres; y los centros de acopio, que presuponen a su vez promover la asociatividad.
Estos pocos cambios son importantes y deben desencadenar muchos más; sin embargo, nada de esto se logra si no hay cambios institucionales y operativos. En lo institucional es necesario fortalecer el CNL para que actúe como una junta directiva del sector; contar con un observatorio que vaya más allá de trabajo pionero realizado por la Unidad de Seguimiento de Precios; fortalecer instancias públicas, en particular las encargadas del control sanitario; y abordar en la instancia del CNL el sistema de precios, que debería incluir ajustes. Por su parte en lo operativo, los avances mencionados pueden tomarse como experiencias piloto validadas, que pueden pasar a una segunda fase, donde se deben analizar las condiciones de replicabilidad para lograr por último su escalamiento; este es el cambio más significativo que debe hacerse.
En resumen, se ha recorrido un camino para mejorar la competitividad de la cadena láctea; ahora es el momento de consolidar los avances para estar preparados en el 2026.
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¿Crecerá más el PIB que la inflación en América Latina en 2021?
Publicada el por aprendiz econometria

La mayoría de los países de la Alianza LAECO estiman niveles de crecimiento del PIB e inflación similares en el 2021. En países como Uruguay se estima una inflación mucho mayor que el crecimiento económico, mientras que en Perú la relación es inversa.
Will GDP grow more than inflation in Latin America in 2021?
Publicada el por aprendiz econometria

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Sisbén IV: una mejora en la focalización de la población
Publicada el por aprendiz econometria

Sisbén IV: una mejora en la focalización de la población vulnerable

- marzo 19, 2021
- Colombia
- Artículos de prensa
Escrita por: Jhon Jairo Romero
Una importante preocupación de expertos y de la población en general ha sido que los recursos que se destinan para programas sociales lleguen efectivamente a la población más vulnerable del país. Con este objetivo, en 1995 se diseñó y se empezó a aplicar el instrumento de focalización de programas sociales llamado Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales mejor conocido como Sisbén. Entre sus finalidades está permitirle al Estado contar con información de las familias más vulnerables del país, generando un puntaje o calificación de las necesidades de los hogares a partir de sus condiciones socioeconómicas.

En el imaginario de muchas personas el Sisbén es un programa social que brinda recursos en dinero, y para otras un servicio de salud para las personas más vulnerables económicamente. Pero nada más alejado de la realidad, pues la finalidad del Sisbén es lograr la identificación de la población más vulnerable. El hogar al que se le aplica la ficha socioeconómica del Sisbén no le garantiza el acceso a ningún programa social. Para acceder a los beneficios y subsidios de alguno de los programas, aparte de estar en el Sisbén, el hogar deberá conocer y cumplir todos los requisitos que establece la entidad responsable del programa.
En los 26 años que han pasado desde que se inició el Sisbén el país ha contado con cuatro versiones del Sistema; en su evolución se ha conseguido mejorar la clasificación de las familias, controlando errores de inclusión o exclusión y blindando el Sistema para evitar una posible manipulación de sus condiciones para cambiar su clasificación.
La cuarta versión del Sisbén tuvo varios cambios importantes frente a las anteriores versiones, y además, los adelantos tecnológicos con los que se cuenta ahora permiten una captura y consolidación de la información más eficiente frente a las anteriores versiones. El cambio más importante en esta nueva versión es el enfoque de inclusión productiva e inclusión social midiendo la ocupación y el ingreso de los hogares, lo que ha permitido mejorar la identificación de las familias vulnerables. Para que un hogar pueda obtener la clasificación en el Sisbén IV se debe reportar información de las condiciones de la vivienda y servicios públicos, educación, salud, ocupación e ingresos y antecedentes sociodemográficos. El Sisbén IV da un paso más en la forma de medir pobreza, usando la ocupación y el ingreso de las personas.
Otro cambio importante es la forma de clasificación de las familias; se migró del puntaje de un índice cuantitativo que tenía un rango de 0 (más pobre) a 100 (más rico) a una clasificación por categorías que se estructura en cuatro grupos que se identifican con letras, las cuales definen el nivel de pobreza de los hogares, clasificando la población en pobreza extrema (grupo A), hogares pobres (grupo B), población vulnerable o en riesgo (grupo C) y población no pobre o no vulnerable (grupo D).
Al interior de estos grupos se subdividen los hogares en subgrupos con los que se puede tener una mejor clasificación de las personas hasta en 51 grupos en total, según la capacidad de generación de ingresos. Se debe tener presente que las familias que venían siendo clasificadas con el puntaje en el Sisbén III deberá ser clasificadas a partir los lineamientos del Sisbén IV. No existe una tabla de homologación que permita determinar la clasificación del Sisbén IV conociendo la clasificación del Sisbén III. El reto actual está a cargo de los responsables de cada programa; se deberán definir los nuevos límites en los que deberá estar la población beneficiaria, haciendo que la transición sea lo menos compleja para las partes.
Otra modificación importante es la forma en la que se recogerá la información de los hogares y sus integrantes. La captura por DMC (Dispositivos Móviles de Captura) hará que la información se recolecte con mayores controles y esta pueda ser transmitida a la base central de una manera más eficiente y con mejor calidad, haciendo que una modificación de alguna característica o condición del hogar tarde menos tiempo en ser aplicada en el Sistema.
Con esta nueva versión, el Sisbén IV le permitirá a las entidades de Gobierno responsables de asignar los beneficios de los Programas Sociales contar con información más ágil y actualizada de las familias que aplicaron la encuesta, teniendo una mayor seguridad que el beneficio asignado llegará a la población definida en el marco de cada programa. Además, el Sisbén IV cuenta con información de contacto la cual incluye el número de teléfono/celular de los hogares, lo que facilitará el contacto oportuno con los potenciales beneficiarios. Las personas que quieran actualizar su información o que quieran aplicar la encuesta del Sisbén deberán hacer la solicitud en la oficina del Sisbén del municipio de residencia, donde podrán agendar la visita para que les sea aplicada la encuesta en su vivienda. La inclusión en el Sisbén no representará ningún costo para los hogares y tampoco garantiza la entrada a algún programa social.
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