La importancia de la reapertura segura en la educación inicial

La importancia de la reapertura segura en la educación inicial

Autor: Econometría Consultores

El pasado 28 de mayo se presentaron en esta columna los resultados de la evaluación de las estrategias “Aprender en Casa” y “Mis Manos te Enseñan” como alternativas de atención remota a la primera infancia, en el contexto de las cuarentenas derivadas del covid-19.

Si bien los resultados de estas estrategias fueron positivos y han tenido un efecto importante en el fortalecimiento de los vínculos entre maestros y familias, vale la pena reflexionar sobre la importancia de superar esta atención coyuntural, aprender de ella y apostarle a la apertura gradual y segura de los servicios de atención a la primera infancia de manera presencial.

La primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo, no solo cognitivo sino socioafectivo de los seres humanos. En este periodo, que va desde la gestación hasta los 5 años, la garantía de los derechos a la salud, la nutrición, la educación, el cuidado y la protección, son claves para el bienestar presente y de los futuros adultos, por lo que no en vano se han hecho importantes esfuerzos en la consolidación de políticas de primera infancia y en la priorización del gasto público para este momento del curso de la vida. Esta realidad está constatada por numerosos estudios longitudinales en todo el mundo realizados por varios premios Nobel de economía.

Sin embargo, en términos de desarrollo, no solo la provisión de servicios de calidad es importante. Las interacciones con los pares, con los padres, con los miembros de la familia, con otros adultos y con la comunidad, son determinantes en la construcción de habilidades sociales y emocionales, aspectos que también afectan las capacidades de aprendizaje y las habilidades necesarias para el resto de sus vidas. Todo ello repercute en su salud mental.

El desarrollo en la primera infancia es, por lo tanto, un proceso cultural, puesto que no solo cuenta las dinámicas individuales, sino que son fundamentales las relaciones y las interacciones con el entorno social, especialmente para los mayores de dos años. En la medida en que estás experiencias de vida sean saludables y enriquecedoras, se tienen efectos positivos sobre el aprendizaje y la retención en el sistema escolar, en la reducción de las brechas de género, en la inclusión social y una mayor probabilidad de éxito en sus vidas futuras.

Bajo esta perspectiva del desarrollo, el cierre de los servicios de atención inicial ya está causando efectos en las niñas y los niños, puesto que han visto limitadas sus interacciones, han perdido espacios de juego, y se han restringido sus posibilidades de exploración y de socialización. Nada de ello puede ser suplido por las estrategias remotas.

A esto se suman dos factores generadores de estrés que afectan al hogar como entorno inmediato de desarrollo, y que pueden dificultar la creación de un ambiente seguro, protector y enriquecedor para niñas y niños. De un lado, es necesario tener en cuenta el incremento de la pobreza como efecto de la pandemia y sus consecuencias sobre el acceso a bienes y servicios, y por otro, la sobrecarga de los cuidadores, que son principalmente mujeres. Ambas son situaciones que afectan particularmente a las personas más vulnerables, lo que profundizará las brechas en el desarrollo entre los diversos niveles socioeconómicos.

En contextos vulnerables los centros de atención a la primera infancia son mucho más que simples servicios de aprendizaje que pudieran ser sustituidos con herramientas tecnológicas. Además de ser espacios que promueven las interacciones enriquecedoras, son entornos protectores y proveedores de servicios básicos, por lo que sus cierres también han mostrado repercusiones en el aumento del maltrato, el abuso y la violencia, y efectos negativos en la salud, la nutrición y el bienestar tanto de las niñas y los niños como de sus familias.

Ante esta realidad, a finales de 2020 el Icbf inició un Piloto de Apertura Presencial Excepcional en algunas unidades de atención a la primera infancia del país, con el fin de organizar y flexibilizar los servicios y dar continuidad a la atención presencial bajo el esquema de alternancia definido por el Ministerio de Educación. Estos pilotos fueron evaluados por Econometría Consultores. Gracias a esta evaluación se pudieron apreciar los resultados positivos en relación con la continuidad de la prestación de los servicios con calidad, evidenciaron una importante capacidad de adaptación de lo pedagógico a las nuevas realidades sin renunciar a la exploración y a la interacción, y demostraron la viabilidad de poner en marcha un retorno seguro para las niñas y los niños en Colombia con la participación activa de sus familias.

Son comprensibles los temores hacia la apertura en una realidad en la que las condiciones de prevención frente al virus no están plenamente dadas, pero la apuesta de política debería poner en la balanza elementos diferenciales para este tipo de población y para este tipo de educación. Se debe promover la apertura gradual y segura, apoyándose en la experiencia piloto de Icbf, de tal manera que se aumente la cobertura de la presencialidad en los servicios a la mayor cantidad de niños y niñas.

Esta decisión debe tomar en cuenta elementos claves como la incidencia del virus en la primera infancia, el comportamiento de los contagios dentro de los centros de atención y los efectos positivos que tiene la vacunación del personal que trabaja en ellos. Pero, sobre todo, debe incluir una perspectiva de futuro que analice los efectos que las decisiones que se tomen hoy tienen en el largo plazo en las niñas, los niños y la sociedad. Queda por delante una importante tarea de evaluar los impactos que los cierres de los centros de atención a la primera infancia y las estrategias de atención remota tendrán sobre el desarrollo, la educación, la inclusión, las brechas de género y el bienestar, así como las medidas correctivas que será necesario tomar para tratar de recuperar el tiempo perdido.

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Atención remota para la primera infancia

Atención remota para la primera infancia

Autor: Econometría Consultores

La pandemia condujo a medidas de aislamiento social conocidas por todos, entre ellas el cierre de la atención presencial a la primera infancia. Esto empujó al Gobierno a reaccionar rápidamente cambiando la manera de prestar servicios hacia la modalidad remota. Dos estrategias que surgieron en este contexto fueron Aprender en Casa, del sector educativo colombiano liderado por el Ministerio de Educación (MEN) y Mis Manos Te Enseñan, del Icbf.

En el país, la política de desarrollo integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre se coordina desde la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI), institucionalidad que solicitó se evaluaran las estrategias mencionadas. Por ello, entre finales de 2020 e inicios de 2021, Econometría Consultores en alianza con EASE de México, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo evaluó el diseño, la eficiencia y efectividad de las dos estrategias de educación inicial y preescolar. En esta columna se destacan algunos de los principales hallazgos y aprendizajes de la evaluación.

En Aprender en Casa, el MEN creó materiales educativos y lineamientos que puso a disposición de docentes para llevar a cabo educación inicial y preescolar durante la contingencia, aprovechando actividades cotidianas de niñas y niños en sus hogares. Esto se consolidó en la plataforma “Aprender Digital: contenidos para todos”. A partir de ello, los docentes adecuan el material a su necesidad y realidad local y lo aplican de manera remota, junto con cartillas y kits pedagógicos que se envían a los hogares, enlazándose con las familias de sus estudiantes vía telefónica o virtual. Esta estrategia se complementó con el diseño y realización de programas educativos emitidos en medios de comunicación masiva, principalmente, televisión y radio.

De otro lado, la estrategia Mis Manos Te Enseñan se creó con el propósito de dar continuidad a los servicios a la primera infancia que brindaban los centros o unidades de servicio del Icbf. El propósito entonces es acompañar a las familias en el cuidado, crianza y educación inicial de sus hijos, mediante pautas y prácticas apoyadas con contactos telefónicos continuos, cartillas y kits pedagógicos. La estrategia también contempla el suministro de una canasta nutricional de alimentos para preparar, buscando preservar la nutrición brindada a las niñas y los niños. El Icbf acogió un enfoque de fortalecimiento a los vínculos familiares en torno de la crianza, convivencia y aprendizaje de los más pequeños del hogar.

Para esta investigación se realizaron multiplicidad de actividades innovadoras iniciando por el levantamiento de información remota cuantitativa (encuestas) y cualitativa (etnografías digitales, talleres delphos y entrevistas semiestructuradas) que cubrieron a los hogares beneficiarios y al talento humano y coordinadores regionales de la operación de las estrategias. A partir de ello y la información secundaria disponible, se realizaron evaluaciones de diseño de las intervenciones, caracterizaciones de la población objetivo, de procesos, de resultados y recomendaciones. En general, se encontró que las estrategias presentan un diseño sólido basado en modelos de intervención con evidencia documentada y con premisas claras sobre el problema a resolver, la población a la que buscan beneficiar y los medios para lograrlo.

Puntualmente se resalta que se ha logrado, como nunca antes, unas fluidas y sólidas comunicaciones entre profesores y familias. Dado que los hijos no vienen con un manual de instrucciones, contar con el acompañamiento de expertos ha resultado ser un elemento muy valioso para los padres, que ahora se muestran más interesados en cómo interactuar y educar a sus hijos. La clave aquí es evitar saturar a las familias que, en condiciones de aislamiento completo, deben dedicar mucho tiempo y esfuerzo a la educación de sus hijos.
En línea con lo anterior, un hallazgo muy sólido es que las familias apreciaron la atención psicosocial brindada por el Icbf para el manejo de las emociones y el estrés propio del aislamiento y la convivencia familiar continua. Contar con pautas de esta naturaleza les permitió a los hogares mejorar su convivencia, según su propio reporte.

Se evidenció que las estrategias fueron bien recibidas por familias y profesores, que las consideran iguales o mejores que sus versiones anteriores. Su percepción es que niñas y niños han avanzado en el desarrollo desde sus casas y, aunque al inicio hubo dificultades, se valora positivamente los materiales, kits pedagógicos, guías o cartillas a las que tuvieron acceso. De todas formas, hay actividades que requieren de la presencialidad como la enseñanza formal de la lectoescritura, cómo sostener un lápiz, entre otras, sobre las cuales la educación remota aún no da respuesta, además, esta educación implica que algunos procesos requieren mayor seguimiento en desarrollo y aprendizaje y en condiciones nutricionales y de salud de niñas y niños.

Otro gran reto de las estrategias de atención remota a la primera infancia en Colombia es la articulación. De una parte, se podrían potenciar los resultados logrados con una mayor coordinación entre el Icbf y el sector educativo tradicional. Hay sinergias importantes en su accionar que se dejan de lado cuando se opera en paralelo como se hace en su mayoría. De otra parte, la articulación dentro del sector educativo, liderada por el MEN, es un factor clave para fortalecer la estrategia Aprender en Casa. La cantidad de actores hace determinante trabajar sobre la comunicación clara y fluida entre ellos para asegurar el mejor uso de los recursos e incrementar el impacto sobre los beneficiarios.

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Pronósiticos positivos para Colombia en 2021

A pesar de los choques económicos y políticos presentados en el primer trimestre del año, se espera una mejora en el crecimiento económico de la economía colombiana para 2021 y una menor devaluación del peso respecto a la del 2020. No obstante, este comportamiento vendrá acompañado de un incremento en la inflación.

Positive forecasts for Colombia in 2021

As predicted in previous months, inflation has continued to rise. As of March, monthly inflation was 1%, and annual inflation reached 8.5%. In response, Banco de la República raised its benchmark interest rate by 100 basis points at its March meeting. On the positive side, the labor market is recovering.

Jóvenes y empleo, columna de Econometría

Jóvenes y empleo

Autor: Econometría Consultores

La encuesta sobre sentimientos, expectativas y percepciones de los jóvenes sobre el paro nacional realizada hace unos días por el Centro Nacional de Consultoría y CM& muestra que en el primer lugar de los temas más urgentes que el actual gobierno debe resolver se encuentra el empleo para jóvenes, seguido muy de cerca por la diminución de la pobreza. Las cifras corroboran este sentimiento. Mientras en 2020 la tasa de desempleo total alcanzó 15,9%, en la población joven fue mucho más alta, llegando a 24,2%. Casi uno de cada cuatro jóvenes cayó en desempleo. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el desempleo juvenil fue de 28%, alcanzando niveles funestos en ciudades como Ibagué y Neiva, con tasas de desempleo juvenil de 37,6% y 36,3% respectivamente, y con 12 de las 23 ciudades con desempleo juvenil por encima de 30% y ninguna por debajo de 20%.

El desempleo juvenil enfrenta barreras estructurales. En el 2019, antes de la pandemia, la tasa de desempleo total fue de 10,5%, pero la de los jóvenes alcanzó 17,7%, y para el período 2011-2019 el desempleo juvenil en promedio fue 17,3%. Es decir, la pandemia no creó un problema que no existía; al revés, profundizó un problema que ya era estructural en Colombia. Y esto indica que se debe resolver de manera urgente y estructural.

Esta debacle no se da solo en Colombia. Una encuesta realizada por la Fundación Forge al inicio de la pandemia en Argentina, México, Chile, Perú y Uruguay a cerca de 10.000 jóvenes muestra que aportaron casi el doble de la tasa de despidos, con mayor participación de los jóvenes con menor nivel educativo, y que mientras 76,8% afirma que su principal contención para enfrentar el desempleo la encontró en su familia, solo 9% la encontró en alguna acción del Estado.

Las expectativas sobre el empleo en el futuro también son preocupantes. Para 41% la perspectiva en los próximos seis meses es el desempleo. Otra encuesta a cerca de 6.500 jóvenes en los mismos países realizada al final del año pasado comprobó que las expectativas son bajas, con 61% de los jóvenes avizorando un inicio de contratación lento, y con un desencuentro en el tipo de contratación. El 51% de las empresas ofrecerá contratos full time, mientras solo 34% de las personas jóvenes prefiere esta opción, y 27% de las empresas ofrecerá turnos rotativos, mientras solo 12% de las personas jóvenes busca esta opción.

Un análisis de la OIT identifica otros choques relacionados con el mercado laboral que los jóvenes pueden sufrir de manera desproporcionada por la pandemia, en particular, la interrupción de sus programas educativos o de formación y el descalabro de sus emprendimientos además de la caída de sus ingresos y la perspectiva de enfrentar mayores dificultades para encontrar una ocupación en el futuro. Se puede llegar a efectos persistentes en la “generación del confinamiento”. Un estudio longitudinal en Suecia muestra que los efectos en la salud mental de las personas que sufren episodios de desempleo mayores a seis meses en su juventud pueden extenderse hasta 14 años después con episodios de depresión y ansiedad.

En suma, el país está enfrentando un reto estructural que puede tener efectos a largo plazo sobre los jóvenes. Por esto, es urgente diseñar una política integral para generar empleo para los jóvenes. Entre las políticas aplicadas en varios países para enfrentar el desempleo juvenil se encuentran el apoyo a las empresas de los sectores más afectados proporcionando ayuda tanto a los trabajadores jóvenes como a los empresarios, programas de subsidios salariales que incluyen a los jóvenes, y programas de empleo público dirigidos específicamente a los jóvenes.

Desde la institucionalidad laboral, y en particular los servicios de empleo, asistir a los jóvenes en la búsqueda de empleo y apoyar a los jóvenes emprendedores. Dos políticas muy importantes deben centrarse en la formación para el trabajo garantizando que los sistemas de educación y formación respondan mejor a la demanda del mercado laboral en los sectores y ocupaciones en crecimiento en consonancia con las políticas de recuperación.

En Colombia se han diseñado otras políticas para impulsar el empleo juvenil que pueden revisarse y aumentar su escala y su cobertura. Entre ellas, los programas Jóvenes en Acción y 40.000 primeros empleos, y la ley de Primer Empleo (Ley 1780 de 2016) a la cual se suman las disposiciones tributarias de la Ley 2010 de 2019. Sobre Jóvenes en Acción, la evaluación realizada por Econometría encontró un gran impacto en los jóvenes, pero especialmente en aquellos que contaron con un componente denominado Habilidades para la Vida basado en el desarrollo de competencias blandas. Su probabilidad de emplearse se incrementó en alrededor de 20 puntos porcentuales.

Sobre el programa de 40.000 primeros empleos Econometría encontró en la evaluación de impacto que un tercio de los jóvenes siguió vinculado a su trabajo después del salir del programa. Por su parte, las dos leyes incluyen esquemas de subsidio al empleo de carácter temporal, y la Ley de Primer Empleo tuvo efectos positivos en la formalización laboral. Otra política implementada recientemente busca enfrentar la barrera que enfrentan los jóvenes para ingresar al mercado laboral por su falta de experiencia abriendo la posibilidad de prácticas en el sector público. La evaluación, adaptación de las mejores prácticas y escalamiento de estas políticas pueden ayudar a enfrentar este gran reto.

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La economía política de la reforma tributaria

La economía política de la reforma tributaria

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

El país se encuentra en una enorme encrucijada, en medio del tercer pico de la pandemia que está frenando la recuperación de la economía y con la necesidad de ajustar sus finanzas públicas para evitar poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Colombia, junto con México, Panamá, Uruguay, Perú, y Chile, se incluye entre los seis países de América Latina que cuentan con grado de inversión. La pandemia generó un aumento de gastos cercano a 4% del PIB y de la deuda a un nivel histórico de 60% del PIB.

Estructuralmente, mientras los países de la Ocde recaudan 34% del PIB, y los países latinoamericanos 23% del PIB, Colombia recauda 19%. Perder este grado de inversión puede afectar mucho más a la economía colombiana. Para enfrentar esta situación el Gobierno presentó una propuesta de reforma tributaria que ha generado un gran debate y el rechazo en algunos sectores.

Entre los elementos de esta propuesta se encuentran dos decisiones fundamentales que el Gobierno debe tomar. Por un lado, proponer simplemente un aumento en las tasas de tributación a la renta y en el IVA, o irse por la vía de cambios estructurales en el sistema tributario que permitan un mayor recaudo con las mismas tasas. Por otro, decidir a quién gravar, las personas o las empresas. Las decisiones del Gobierno fueron proponer una reforma estructural, eliminando algunas exenciones, sin aumentar las tasas, y gravar más a las personas que a las empresas, basándose en un desbarajuste estructural de la estructura tributaria que grava más a los agentes económicos que generan el valor agregado de la economía y el empleo -las empresas- que a quienes acumulan la riqueza -las personas.

Sobre la primera decisión, varios analistas han afirmado que una reforma estructural es conveniente y necesaria. La evasión y las exenciones y descuentos reducen el recaudo en cerca de 43%. Sin embargo, políticamente es una reforma difícil. Un estudio de Olivera, Pachón y Perry de 2010, ya citado por Econometría en este espacio, mostró que ahora, después de la reforma constitucional de 1991, es más complejo hacer una reforma estructural. La razón es que la buena intención de la reforma constitucional de 1991 de aumentar la participación política tuvo una consecuencia imprevista: la fragmentación política obliga a los gobiernos a discutir una reforma con más actores, lo que hace más difícil su tránsito de discusión y aprobación en el Congreso. Por eso, frente a la necesidad de recursos para ajustar las finanzas públicas, en el presente siglo los gobiernos han optado por aumentar alguna de las tasas impositivas sin proponer cambios estructurales en la estructura tributaria.

Sobre la segunda decisión, los datos muestran que mientras que en los países de la Ocde de los 11,3% del PIB de recaudo por sujeto gravado, 8,3 puntos porcentuales vienen de personas naturales y 3 de las empresas, y en América Latina de los 5,8% de PIB recaudados, 2,3 vienen de personas naturales y 3,5 de empresas, en Colombia de los 6,2% recaudados, 5 vienen de empresas y 1,2 de personas. Es decir, un análisis comparativo muestra que las empresas son más gravadas que las personas.

La mezcla de estas dos decisiones terminó siendo explosiva para la discusión de la reforma. La propuesta de eliminar las exenciones del IVA, que empezó a discutirse sobre los bienes de la canasta familiar, y la propuesta de ampliar la base tributaria del impuesto de renta personal, que creó la sensación de que el propósito era el de gravar más a la clase media, empezaron a generar un gran descontento. Aunque el Gobierno ya había lanzado el programa de Compensación de IVA, que devuelve recursos del pago de IVA a los hogares más vulnerables, y el objetivo de la reforma era gravar efectivamente a los ingresos altos -solo 5% de los hogares colombianos tiene ingresos per cápita mayores a $4 millones- la reforma terminó en grandes protestas. La iniciativa de unir a la reforma tributaria propuesta de gasto social para enfrentar la pandemia, dando incentivos al empleo y extendiendo el programa Ingreso Solidario hacia un programa de renta básica, no fue suficiente para aceptar, por ejemplo, el IVA a los servicios públicos, así este IVA no se aplicará a los estratos más bajos.

El momento de la discusión también es complejo. El riesgo de perder el grado de inversión y la estabilidad macroeconómica, con un déficit fiscal que puede llegar a 8,6% del PIB en el 2021, es alto. Sin embargo, la economía colombiana solo ha dado leves indicios de recuperación, y la tercera ola de contagios que está viviendo el país, y que ha llevado a las autoridades a decretar cuarentenas nuevamente, ha ahondado el descontento, a lo que se suma una vacunación que se encuentra muy lejos de llegar a la inmunidad de rebaño. El desempleo continúa alto, afectando a muchos hogares. Pero esperar al próximo año puede dificultar más la discusión: se trata de un año electoral.

Más importante aún, el descontento con la reforma puede estar dando señales más profundas. Por un lado, la desconfianza en las acciones del Estado, y por otro, la insatisfacción con la desigualdad y en general con el estado de cosas en que se encuentra el país. Si estas señales no son tenidas en cuenta, esta crisis puede ahondarse llevando al país a cambios extremos en el modelo económico. La crisis indica que son necesarias grandes reformas. No solo la tributaria. Econometría seguirá contribuyendo a la discusión en las siguientes columnas.

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Devaluation and revaluation expected for 2021

As predicted in previous months, inflation has continued to rise. As of March, monthly inflation was 1%, and annual inflation reached 8.5%. In response, Banco de la República raised its benchmark interest rate by 100 basis points at its March meeting. On the positive side, the labor market is recovering.

Devaluación y revaluación esperada para 2021

Las proyecciones de tasa de cambio para 2021 de los países de la Alianza LAECO es diversa, variando en estimaciones de revaluación del peso chileno, el peso colombiano y el sol peruano, a estimaciones de devaluación en otras monedas como el real brasilero, el peso mexicano y el colón costarricense.

Por un futuro promisorio para el sector lácteo

Por un futuro promisorio para el sector lácteo

Escrita por: Arturo García, Socio de Econometría Consultores

Colombia cuenta con condiciones excepcionales para el desarrollo de muchas actividades agropecuarias; la producción de leche y sus derivados es una de esas actividades. La dotación de tierras, la disponibilidad de agua y la ubicación en el trópico, que permite producir todo el año en los distintos pisos térmicos, le dan al país una gran ventaja comparativa. Sin embargo, es necesario volverla una ventaja competitiva; se cuenta con las condiciones necesarias, pero aprovecharlas es un gran reto.

El tema es relevante en la medida que a comienzo de la década del 2010 Colombia firmó acuerdos comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales prevén una desgravación arancelaria láctea total en 2026 y en 2028, respectivamente. El acuerdo con la Unión Europea contempló una cooperación en la forma de apoyo presupuestario (recursos que entran al presupuesto nacional) por un valor de 30 millones de euros, que unidos a los recursos nacionales permitió contar con un presupuesto en promedio cercano de $100.000 millones por año en el periodo 2010-2017. Para enfrentar este gran reto, en 2010 se formularon los documentos Conpes (3675 y 3676) que establecieron la política para preparar al país, la cual se acompañó con un acuerdo de competitividad para la cadena láctea.

El tema es aún más relevante, cuando la lechería es una actividad que genera empleo para unas 700.000 personas en sus distintos eslabones. Esta actividad se desarrolla en prácticamente todos los municipios del país, con una participación muy significativa en el empleo rural. Además, la leche y sus derivados son un componente fundamental de la dieta de los colombianos para garantizar su seguridad alimentaria. Esto, muestra los potenciales costos que se asumirían al no tener un sector competitivo.

En este contexto, recientemente, contratada por la Unión Europea, Econometría Consultores ha concluido una evaluación independiente de dicho apoyo presupuestario y de la política láctea durante el periodo 2010-2018. La evaluación contó con la activa participación del Consejo Nacional Lácteo (CNL), donde se encuentra el gobierno nacional y los gremios del sector. Vale la pena resaltar los principales resultados y recomendaciones.

Respecto a las metas establecidas en las políticas, los resultados de la evaluación muestran que se han tenido avances en aspectos como: aumentos en producción y productividad, mejoras en el nivel de proteína en la leche, la inversión prevista en genética, una mayor formalización de actores de la cadena, el aumento en los ingresos de los productores, la mejora en el estatus sanitario y el fortalecimiento de los clústeres lácteos.

Todo esto es muy positivo; sin embargo, algunas metas de política no se cumplieron y en otros casos fueron bajas respecto al desafío existente. Al final se tiene que el sector aún no se encuentra preparado para competir, en buena medida porque las experiencias exitosas tienden a ser puntuales y no se han escalado para el conjunto del sector. Lo grave es que el tiempo se está acabando. Ya han pasado más de diez años de cuando se inició el proceso y restan algo menos de seis para el momento que se tendrá plena desgravación.

Si bien la fecha límite se aproxima, se puede hacer un cambio estructural. La evaluación recomienda centrarse en unos pocos temas estratégicos, con capacidad para desencadenar otros cambios. Lo primero, es mejorar la productividad y la calidad de la leche y sus derivados. Tomando como referente a productores líderes y a proyectos piloto, existe un gran potencial para mejorar la productividad, que es la base para un escenario gana-gana del conjunto de actores de la cadena. Este es el pilar fundamental sobre el cual se debe montar la transformación del sector lácteo.

Luego se debería contemplar un estímulo a la demanda que incluye promover: el consumo en la población de bajos ingresos, la diversificación de productos, sustitución competitiva de importaciones y un programa agresivo de promoción de exportaciones. Por otro lado, la eficiencia individual, que se logra en hatos y fábricas, debe complementarse con una eficiencia colectiva que se da en las regiones donde interactúan los actores. Con este objetivo sería fundamental apoyar: programas de pasturas, que tienen diferencias según pisos térmicos y regiones; el desarrollo y fortalecimiento de los clústeres; y los centros de acopio, que presuponen a su vez promover la asociatividad.

Estos pocos cambios son importantes y deben desencadenar muchos más; sin embargo, nada de esto se logra si no hay cambios institucionales y operativos. En lo institucional es necesario fortalecer el CNL para que actúe como una junta directiva del sector; contar con un observatorio que vaya más allá de trabajo pionero realizado por la Unidad de Seguimiento de Precios; fortalecer instancias públicas, en particular las encargadas del control sanitario; y abordar en la instancia del CNL el sistema de precios, que debería incluir ajustes. Por su parte en lo operativo, los avances mencionados pueden tomarse como experiencias piloto validadas, que pueden pasar a una segunda fase, donde se deben analizar las condiciones de replicabilidad para lograr por último su escalamiento; este es el cambio más significativo que debe hacerse.

En resumen, se ha recorrido un camino para mejorar la competitividad de la cadena láctea; ahora es el momento de consolidar los avances para estar preparados en el 2026.

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