En la actualidad, en la economía colombiana, las tasas de crecimiento del PIB son insuficientes debido a un aumento nulo en la productividad de los factores, una baja absorción de tecnología, y unas reducidas tasas de crecimiento tanto de la inversión como de los empleos formales y de calidad. Esto ha llevado a una baja competitividad, que se refleja en un lánguido aumento de las exportaciones y un elevado déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 trazó estrategias para implementar una política de reindustrialización, con el propósito de diversificar la producción mediante la adición de valor agregado, así como para incrementar la atracción y participación de la Inversión Extranjera Directa (IED) de manera sostenible, con un enfoque regional.

Dos fuentes cruciales para solucionar este relativo estancamiento de la economía son las exportaciones de servicios y la IED.  Hablamos de las exportaciones de servicios, pues a pesar de que se logre reindustrializar la economía, como lo argumentan profesores como Dani Rodrick, la industria cada vez será más automatizada y no será la gran generadora de empleo en el futuro, sino un catalizador de nuevas tecnologías y demanda derivadas hacia los servicios.  

El comercio de servicios ha sido el componente más dinámico del comercio mundial en los últimos 15 años. Los servicios generan el 67% del PIB mundial, en contraste con el 16% y el 34% de los sectores agropecuario e industrial, respectivamente (OMC y Banco Mundial, 2023). Este dinamismo ofrece a Colombia oportunidades significativas para un crecimiento impulsado por las exportaciones.

La exportación de servicios en Colombia es baja por un escaso desarrollo de la oferta exportable diferente al turismo. Existen servicios que pueden acelerar la transformación económica, los cuales se suministran en mayor medida utilizando tecnologías digitales y son valiosos por derecho propio dada su capacidad de generar empleo, exportar más, atraer más inversión extranjera y reinvertir en innovación. Los servicios profesionales, los financieros, las TIC, el transporte y la logística articulan diversos eslabones de una cadena de suministro, agregan valor, impulsan la innovación digital y contribuyen a la competitividad global.

Para ello, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo decidió contratar una línea de crédito con el BID para estimular las exportaciones de servicios y de la IED de eficiencia. En cuanto a las exportaciones de servicios, la estrategia se concentró en financiar el fortalecimiento de empresas de servicios favoreciendo su crecimiento y el fortalecimiento de su gestión gerencial para atender el mercado nacional, compitiendo con la oferta internacional, y generando una oferta exportable para los segmentos más dinámicos de crecimiento del comercio de bienes y servicios en el mundo. Los temas claves abordados son: el conocimiento de la normatividad fiscal nacional e internacional de servicios, la reglamentación cambiaria, la tecnología, y la formación de capacidades laborales, que son cada vez más competidas a nivel internacional por la facilidad del trabajo remoto y por la escasez de oferta a nivel nacional.

Para mejorar la disponibilidad de información sobre el comercio de servicios y soportar adecuadamente la formulación de políticas públicas que lo promuevan, Colombia, en el marco de la citada operación de crédito con el BID, ha avanzado en el mejoramiento metodológico y generación de información mensual de las variables principales del sector servicios.

En cuanto a la atracción de IED, hay un propósito nacional para diversificar y atraer empresas en sectores con mayor agregación de valor, buscando contribuir a la diversificación de la economía colombiana. Lo anterior para evitar una dependencia de la exportación de energéticos cuyos precios son altamente volátiles y además están en proceso de sustitución por fuentes menos contaminantes. Para ello se identificó la necesidad de facilitar el aterrizaje de empresas en Colombia por la vía de una ventanilla única de inversión (VUI) con el mismo espíritu de la ventanilla única de exportaciones: facilitar la llegada de la IED de manera eficiente, integrando no solo los trámites a nivel nacional, sino también a nivel regional mediante procesos de mapeo y simplificación del ciclo de inversión. Adicionalmente, se decidió establecer la oficina del ombudsman (Servicio de Facilitación de la Inversión Extranjera Directa), concebida como una herramienta facilitadora cuyo objetivo es no solo prevenir controversias entre inversionistas y el Estado, sino también mejorar de manera sistemática el clima de inversión.

Esta oficina debe tener la capacidad de apoyar a los inversionistas no solo en su etapa de establecimiento en el país sino también acompañarlos para facilitar su retención y expansión en el territorio nacional. Para lograrlo, el ombudsman debe poder tener una alta capacidad de convocatoria y coordinación con las demás entidades del Gobierno Nacional, actuando como un mecanismo de control y supervisión del poder público, para resolver de manera efectiva situaciones que afecten al inversionista y en lo posible evitar que se conviertan en litigios en contra del Estado.

Hasta el momento, y gracias a un gran y efectivo esfuerzo del equipo del Ministerio de Comercio se ha logrado una adecuada ejecución del crédito que debe terminar a más tardar al finalizar el primer semestre del 2025. El gran reto ahora será garantizar la sostenibilidad de los dos componentes del programa: el de las exportaciones de servicios y el de la atracción de la IED.  Estas iniciativas, en conjunto, no solo fomentan un clima propicio para la inversión en Colombia, sino que también promueven un crecimiento económico sostenible y equitativo. Para ello se requiere mantener una adecuada financiación del presupuesto nacional para el programa de fábricas de productividad e internacionalización, poner en funcionamiento la ventanilla única de la inversión (VUI) con los recursos requeridos para su permanencia e institucionalizar la figura del ombudsman o defensor del inversionista. Así mismo, a partir de este impulso, el país deberá seguir avanzando hacia el levantamiento de información más representativa, que visibilice el valor agregado y la diversidad ofrecida de los servicios modernos.

Los invitamos a conocer la nueva documentación de la firma, con el cambio a Sociedad por Acciones Simplificada. Encontrará el certificado de cámara de comercio y RUT de Econometría S.A.S.

El Cambio Climático (CC) requiere acciones globales y locales diferenciadas. En Colombia se deben priorizar medidas conjuntas y articuladas de adaptación a los eventos extremos, incluyendo especialmente: protección de bosques, restauración de ecosistemas naturales y transformación productiva agropecuaria. Todo, por supuesto, de manera consistente con el compromiso de Colombia de reducir en 2030 el 51% de las emisiones de CO₂ proyectadas para ese año, si no se tomaran medidas de mitigación.

Los efectos del CC se expresan, entre otros indicadores, en elevados costos del daño derivado de eventos climáticos extremos. Tomando como referencia cifras de la CEPAL (CepalStat, Costo económico de los desastres) y expresándolas en unidades de paridad de poder adquisitivo (PPP, por su sigla en inglés), para América Latina y el Caribe, estos costos ascendieron en 2010-2011 a US$ 25.000 millones y en 2017 a US$ 89.620 millones (respectivamente 0,14% y 1,53% del PIB anual de la región). Según esta fuente, en Colombia los costos respectivos ascendieron en 2010-2011 a US$ 3.320 millones y en 2020 a US$ 160 millones (0,53% y 0,06% del PIB anual del país), con numerosas pérdidas de vidas humanas y efectos irreparables sobre las poblaciones más vulnerables.

Según el Banco Mundial, Colombia aporta marginalmente a las emisiones mundiales de gases efecto invernadero (GEI). Entre 2015 y 2020, Estados Unidos, Rusia y China emitían respectivamente 15,  11 y 7 toneladas anuales de CO₂ por habitante, aportando el 44% del total de las emisiones planetarias. En el mismo período, Colombia emitía apenas 1,6 toneladas por habitante-año, que representaban apenas el 0,36% del total. Según cifras de Naciones Unidas, 67% de las emisiones mundiales provienen de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) mientras que, según el inventario de emisiones reportado por Colombia, en el país, 51,9% se originan en usos del suelo rural, así: 34,6% en pastizales y ganadería; 16,4% en deforestación y bosques naturales; y 8,1% en cultivos, plantaciones y otros usos del suelo. Menos de la cuarta parte (23,6% el total) provienen de sectores asociados a combustibles fósiles (transporte, generación termoeléctrica y refinación de combustibles).

La adaptación requerida para atenuar los efectos negativos del CC sobre la población vulnerable, rural y urbana en alto riesgo, así como en general sobre la economía, tiene importantes coincidencias con el cumplimiento de metas de reducción de emisiones. Las inversiones en promoción del cambio tecnológico agropecuario se deben orientar tanto a adaptarse a los riesgos derivados del CC, como a disminuir una porción importante de las emisiones del país. Esto es más evidente en la interacción entre el control de la deforestación, la adaptación al CC y la reducción de emisiones. Al respecto, es claro que una sequía generada por fenómenos como El Niño produce serios problemas en las fuentes de abastecimiento de acueductos e hidroeléctricas. Pero como lo plantea el especialista en recursos hídricos Germán Poveda en el libro Colombia País de Bosques (Rodríguez y Valdés, 2022), esta escasez de agua puede volverse estructural con las altas tasas de deforestación amazónica. Esta deforestación afecta los denominados “ríos voladores” y amenaza irreversiblemente la disponibilidad de agua en Bogotá, Quito, La Paz e incluso Lima.

En las medidas de adaptación al CC relacionadas directamente con la reducción de emisiones de GEI, Colombia se encuentra bastante rezagada frente a las metas que se han fijado en el mundo. Se han generado importantes normas y regulaciones, así como diversos programas y proyectos; pero es muy baja su ejecutoria, debido principalmente a poca capacidad técnica, institucional y financiera, así como una muy débil medición de resultados. De todas formas, con apoyo de la cooperación internacional se adelantan esfuerzos locales, algunos con amplia cobertura subregional, orientados principalmente hacia el pago al país por los resultados en la reducción de emisiones de CO₂. Uno de estos programas es Visión Amazonía, orientado a disminuir las emisiones mediante la eliminación de la deforestación en esa región en los próximos años y, complementariamente, desarrollando sistemas productivos agropecuarios amigables con la naturaleza. Otra iniciativa es el Programa de Reducción de Emisiones (PRE) Biocarbono Orinoquia, concebido igualmente bajo el esquema de pago por resultados en la reducción de emisiones. Este programa busca desarrollar cadenas productivas agropecuarias bajas en carbono, combinándolas con procesos de restauración de bosques y control de la deforestación.

En su diseño, las dos iniciativas plantean una relación adecuada entre la reducción de las emisiones de GEI, con acciones asociadas con la adaptación al CC, tales como el control de la deforestación y el desarrollo los sistemas productivos amigables con el medio ambiente. Así, en la Amazonía se privilegia la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente; y en la Orinoquia se enfatiza en los sistemas productivos bajos en carbono, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura. Esta concepción formal es adecuada; pero, en la práctica, la articulación entre estos dos enfoques genera grandes retos que son difíciles de asumir exitosamente.   Econometría ha desarrollado estudios para ambos programas.  El próximo 30 de mayo en el Hotel Estelar de Villavicencio estaremos presentando las curvas de costos de abatimiento para el PRE Biocarbono (información en info@biocarbono.org)

De las anteriores reflexiones se derivan al menos tres conclusiones centrales: (1) un país como Colombia debe privilegiar la acción climática en medidas de adaptación y focalizarse en aquellas que generan mayores efectos sobre la reducción de emisiones, es decir en las áreas rurales y urbanas de alto riesgo; (2) controlar la deforestación solo será posible si se brinda alternativas de producción e ingreso a la población cercana a bosques y áreas de actividades ilícitas; (3) sistemas productivos bajos en carbono deben adelantarse siempre con estrategias efectivas de protección de los ecosistemas naturales. Estos tres elementos requieren una fuerte y efectiva visión de adaptación al CC, con efectos positivos sobre la reducción de emisiones y focalizados en el sector rural. Y todo ello con una institucionalidad pública fuertemente articulada entre sí y asociada con los distintos sectores productivos.

Según el Ministerio de Vivienda, 80,2% de los municipios del país en 2023 tenían vencidos sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Como plantee en una columna anterior, “Sin ordenamiento territorial no hay desarrollo posible” (La República, 2024), el no actualizar los POT es equivalente a estar desaprovechando posibilidades de desarrollo, estar incurriendo en gastos superiores a los previstos y poniéndonos a nosotros y a nuestras propiedades en riesgo de emergencias, respecto a opciones donde el ordenamiento propicia la cooperación (uso de una infraestructura por más gente) o evita situaciones de riego (que generarán costos cuando ocurran los eventos). Si el ordenamiento es tan importante y es un tema central en el actual Plan Nacional de Desarrollo, ¿por qué ese retraso?

Lo primero es que los potenciales beneficios del ordenamiento son percibidos por la ciudadanía como un tanto remotos e hipotéticos, mientras que los costos, expresados en aumentos de los impuestos prediales, son reales y anualmente recurrentes. La mezcla de falta de pedagogía sobre beneficios, muchos de ellos colectivos, y temor a que un aumento en los ingresos para las administraciones locales no derive en mayores obras y servicios (sea por ineptitud o por corrupción), hacen que no se perciba los beneficios netos.

En segundo lugar, falta claridad conceptual sobre los aportes del ordenamiento territorial. Los POT contemplan la estimación de más de 40 indicadores para su formulación y para luego hacerle seguimiento a su aplicación (expediente municipal). Indicadores bastante complejos. Al punto de que, cuando el Programa POT Modernos fue a hacer un seguimiento a los mismos, la mayoría de los municipios no fueron capaces de estimarlos y fue necesario contratar una consultoría (!).

Sin embargo, si se analiza en detalle la esencia de los POT, como hicimos en un informe para el DNP con financiación de MSI (Econometría, 2018), ordenar un territorio en esencia implica tres cosas. Primero, conservar y proteger el agua, cosa que, como evidencia la crisis que vive Bogotá, es más urgente que nunca. Segundo, identificar las áreas que enfrentan conflictos de uso del suelo. Es decir, que son usadas con fines diferentes a su vocación, como cultivos en zonas de páramo o áreas de vocación agrícola que no se usan. Y tercero, buscar minimizar el tiempo de acceso a los bienes y servicios públicos a través de las inversiones y acciones del Estado. A falta de claridad, la formulación de los POT se va por lo procedimental y la prioridad termina siendo la estimación de más de 40 indicadores.

En tercer lugar, como si con lo ilustrado en el párrafo anterior no fuese suficiente, estamos quedados a la hora de formular los POT porque no diferenciamos entre POT, Planes Básicos (Pbot) y Esquemas (EOT). La idea, en principio, era que el esfuerzo asociado a municipio de distinto tamaño fuese diferencial. En la práctica, las tres figuras de ordenamiento terminan siendo una sola. En la medida en que no hay claridad conceptual y al final tienen que estimar una gran cantidad de indicadores, la gran mayoría de los municipios terminan contratando empresas consultoras para este trabajo, las cuales llegan con una “plantilla” que, en una muestra ilustrativa del “copy & paste”, terminan aplicando a todos los municipios independientemente de su categoría, e incluso diciendo a los municipios más pequeños que les están dando un plus respecto a lo que requieren.

Un cuarto tema es el costo de los estudios que deben dar insumos para la formulación de los POT, como los levantamientos de la cartografía o el análisis de riesgos. Estos son viables para grandes municipios con amplias fuentes de financiación, pero prohibitivos para los pequeños. En este campo, lo crítico es lo comentado en el punto anterior: la falta de discriminación. Una gran ciudad debe hacer un levantamiento cartográfico detallado, pero los municipios a quienes corresponde elaborar un esquema de ordenamiento territorial deberían tomar como base la cartografía con la que cuente el Igac. Y luego, en temas como la vocación de uso del suelo o la identificación de riesgos, debería trabajarse con cartografía social, involucrando a la comunidad sobre la información que se disponga del Igac y otras entidades públicas.

Finalmente, hay un tema normativo que deja un tremendo vacío en este país santanderista. De acuerdo con el concepto de una firma jurídica “aunque la revisión del POT es un mandato legal, no existe sanción a los alcaldes por no realizarla”. Absurdo.

Este es un escenario donde no se perciben los beneficios, pero si los costos; no hay claridad conceptual sobre lo que realmente es importante de los POT y lo que queda es la necesidad de estimar muchos indicadores; no se discrimina el trabajo que se debe hacer en los municipios según les corresponda POT, Pbot o EOT; y los municipios pequeños no cuentan con los recursos para hacer los estudios que corresponden a las grandes ciudades. No extraña que 80,2% de los municipios no haya actualizado sus ordenamientos territoriales ya vencidos.

Acá se aplica la frase de Voltaire: “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. El ordenamiento territorial es absolutamente necesario para organizar las funciones del Estado en el territorio, y es razonable actualizarlo con la periodicidad que plantea la ley (cada 12 años). Pero la institucionalidad y las prácticas crean todos los incentivos para no hacerlo. Ello es terriblemente costoso en términos de bienestar para la población y racionalización de las finanzas públicas, que al final se refleja en posibilidades de desarrollo.

Los municipios de mayor población, y en menor medida los intermedios, cuentan con capacidades y recursos con los que pueden trabajar. La prioridad son los municipios a los que les corresponde los EOT. Todas las entidades públicas con objetivos espaciales deben verter su información en los mapas del Igac (Econometría, 2023) y sobre esa base, a partir de consultas municipales y cartografía social, deben elaborarse esos esquemas. Es mucho mejor tener algo actualizado, que viejas pautas de ordenamiento territorial que no se vayan ajustando a las cambiantes necesidades del país.

En este espacio queremos desde Econometría Consultores, celebrar un hito en nuestra historia, la celebración por la contratación del proyecto 1.000. Este número coincidió con el contrato por parte del Programa Mundial de Alimentos para evaluar los resultados de su programa estratégico en Guatemala. Llegar a este número, ha sido un camino que inició en 1977 cuando se fundó por Manuel Ramírez, Alejandro Vivas, Álvaro Reyes, Bernardo Kugler, Rodolfo Heredia y Diego Sandoval y más adelante cuando se vinculó la primera mujer Martha Isabel Gutiérrez. Hoy cuenta con socios 15 más, Arturo García, Carolina Murgueitio, María Gloria Cano, Oscar Rodríguez, Juan Manuel García, Gelcy Díaz, Marisol Rodríguez, Carolina Latorre, Carolina Suárez, Nury Bejarano, Benjamín Venegas, Claudia Peñaranda, Jaime Millán y Mauricio Olivera, que han logrado junto con sus colaboradores y consultores asociados, consolidarse como una firma de consultoría especializada en análisis económico que hoy se reconoce por la evaluación de políticas públicas y proyectos sociales, análisis regulatorio, estudios de demanda, entre otros. Los estudios, análisis, evaluaciones se realizan con un enfoque multidisciplinario y enfoques cuantitativos y cualitativos aportados por la antropología, la ciencia política, la psicología, la ingeniería, por mencionar algunas.

Este logro del proyecto número 1.000, no solo representa una cifra importante en términos de proyectos completados, sino que también simboliza el compromiso, la excelencia y la dedicación que han caracterizado a quienes han aportado en cada uno de los proyectos de Econometría. Desde sus inicios, la firma se ha esforzado por ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas a sus clientes, ayudándoles a tomar decisiones informadas y basadas en evidencia. El conocimiento adquirido a lo largo de tantos años, también se transmite actualmente a través del Centro de Estudios Manuel Ramírez que se fundó con el apoyo de Econometría Consultores a finales de 2019, por un grupo de 30 destacados investigadores, muchos de ellos alumnos, amigos, familiares, y compañeros de trabajo de Manuel Ramírez.

El proyecto 1.000 al ser internacional, simboliza el camino que ha ido recorriendo la firma en mercados internacionales llegando a países de América y el Caribe, Asia y África. La primera experiencia en el ámbito internacional fue en 1994 para la Superintendencia General del El Salvador para quienes se estimó la demanda de servicios de electricidad. En 1997 se apoyó a Aladi para la identificación de Iniciando el milenio, la alianza con el Estudio de Estudios Fiscales de la Universidad de Londres marcó un hito en la consolidación de Econometría como uno de los referentes en evaluación de impacto de programas de subsidios condicionados Familias, Jóvenes y Empleo en Acción. Esta experiencia catapultó a Econometría para llevar a cabo la evaluación de programas similares en Honduras y Bahamas.

En 2013 se firmó el primer contrato de largo plazo con el Programa Mundial de Alimentos para servicios de evaluación y en la actualidad se ha ratificado ese mismo contrato en tres oportunidades y la figura se expandió a otras organizaciones de Naciones Unidas, Unicef, la FAO, OIT y Ocha. La exportación de nuestros servicios también se ha expandido con entidades multilaterales y de cooperación internacional. De la mano de esos contratos de largo plazo el talento de Econometría ha llegado a países como Bután, Bangladesh, Etiopía, Ghana, Cuba, Nicaragua, Guyana, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Haití, Honduras, República Dominicana, Bahamas, Zambia, Nepal, Afganistán, Gambia, Bangladesh, Guinea Bissau, Georgia, por solo mencionar algunos.

Econometría además hace parte de la Alianza Latinoamericana de Consultorías Económicas (Laeco), que elabora mensualmente análisis macroeconómicos de cada país de la región, lo que ayuda a consolidar la red de la firma en la región.

El trascender fronteras no habría sido posible sin la experiencia adquirida en Colombia a través de evaluaciones contratadas por entidades como Sinergia del Departamento Nacional de Planeación que es un referente a escala mundial en el ámbito de la evaluación de políticas públicas, así como de entidades territoriales, comisiones de regulación, entidades del gobierno nacional, organizaciones vinculadas a cambio climático, desarrollo sostenible y en el sector privado empresas que buscan un aliado para medir el impacto de su inversión social, de su valor compartido así como la estructuración de sus inversiones o estimación de la demanda. También ha sido aliada de varios operadores de Usaid en cada una de sus intervenciones en el país, así como de la cooperación de otros países como Alemania, Suiza, Suecia, Noruega, España, Holanda, la Unión Europea, Canadá, India, Francia, entre otros.

El camino hacia el proyecto 1.000 no ha sido fácil para Econometría Consultores. Ha implicado años de arduo trabajo, aprendizaje continuo y adaptación a un entorno empresarial en constante cambio. Sin embargo, la empresa ha sabido enfrentar los desafíos con determinación y visión estratégica, lo que le ha permitido crecer de manera sostenida y consolidar su reputación como un referente en el campo de la consultoría y evaluación de políticas públicas e inversiones sociales.

Uno de los pilares del éxito de Econometría Consultores ha sido su equipo humano. Compuesto por profesionales altamente calificados y apasionados por su trabajo, el equipo de la empresa ha sido clave en la consecución del proyecto 1.000 y en la satisfacción de los clientes a lo largo de los años. La cultura de colaboración, el espíritu de equipo y el compromiso con la excelencia son valores fundamentales que han guiado el trabajo de cada miembro de Econometría Consultores en cada proyecto que emprenden.

A medida que Econometría Consultores celebra este escalón está preparada para afrontar nuevos retos y seguir creciendo en el futuro. En especial, hacemos un reconocimiento de gratitud a nuestros clientes nacionales e internacionales que han confiado en nuestros servicios, así como a nuestras firmas, organizaciones y universidades aliadas que nos han acompañado en este camino como Soluciones Estratégicas de Información SEI y tantas otras que nos han aportado aprendizajes y sus capacidades. Igualmente, a nuestra competencia a quienes agradecemos por construir día a día la consultoría colombiana.

Sin lugar a duda, marzo es un mes para conmemorar la lucha por garantizar la equidad social, económica, cultural y política de las mujeres. Desde inicios del siglo XX, tiempo al que se atribuye el inicio de este movimiento, se han realizado muchos avances en términos de igualdad de oportunidades. Sin embargo, hoy en día persisten grandes factores que afectan la equidad entre hombres y mujeres, especialmente si se reside en la ruralidad colombiana.

Según el DANE, en el 2023, aproximadamente el 23% de los habitantes del país residía en zonas rurales, del cual el 48% eran mujeres. En diversos estudios adelantados recientemente por Econometría Consultores (evaluaciones al Proyecto Alianzas Productivas, el Campo Emprende, Programa de Alianzas Comerciales y el diagnóstico de la Actividad de Agricultura Sostenible), se ha encontrado que la mujer rural se ve enfrentada a un sin número de barreras, que al final, afectan severamente su autonomía económica, personal y profesional. Dentro de estas barreras, se han identificado factores como estereotipos frente al trabajo que “deberían” desempeñar, lo cual generalmente está asociado con actividades del cuidado y economía del hogar, por ejemplo, preparar los alimentos para el hogar y los trabajadores y/o cuidar a los hijos, a los adultos mayores o a personas con discapacidad. Un segundo factor identificado, es el acceso desigual a los recursos productivos, en donde, en comparación con los hombres, la mujer tiene una menor tenencia de tierra y un menor acceso al sistema financiero. Particularmente la solicitud y otorgamiento de créditos está limitado dada la falta de garantías, al no tener un título que respalde la solicitud.

Un tercer factor que afecta la equidad de oportunidades entre hombres y mujeres es la dificultad de obtener un empleo de calidad. Mientras la tasa de ocupación de los hombres en el área rural es del 70,7%, en las mujeres es del 29,3% (datos del DANE-GEIH, 2022). Esta brecha es explicada en parte por las actividades de cuidado y economía del hogar que tienen a cargo las mujeres y por barreras a su contratación en las empresas; en este último caso (barreras a contratación), la brecha se acentúa dada la combinación de tiempo limitado y menor nivel educativo alcanzado en comparación a los hombres. Por último, se ha evidenciado por Econometría que las mujeres rurales son más susceptibles de ser víctimas de violencia doméstica o ser afectadas por el conflicto armado.  

Estos cuatro grandes factores llevan a que se amplíe la brecha de género, afectando severamente la toma de decisiones en espacios comunitarios, dificultando acciones de liderazgo, empoderamiento y uso del tiempo, con todas las consecuencias sobre la salud y bienestar de la mujer.

En este orden de ideas, las estrategias para contrarrestar los efectos de los factores que afectan la equidad y por consiguiente cerrar las brechas de género identificadas, deben iniciar por un proceso formativo, no solo en las mujeres mismas, sino en su entorno cercano, abordando en primera medida a su familia, luego su círculo personal y en paralelo el ámbito productivo. El objetivo de esta etapa es desmitificar creencias innatas en la cultura rural colombiana. Una vez consolidado el proceso formativo, es indispensable apostar por una dinámica transformadora que suministre herramientas para que el cambio sea permanente. Sin lugar a duda, esta etapa, en la que se busca cambiar comportamientos, demanda tiempo. Sin embargo, para obtener resultados en el corto plazo, es necesario propiciar la autonomía económica de las mujeres, vía proyectos productivos sostenibles y rentables, tal que se conviertan en un factor que apalanque la transformación.

Dos ejemplos de ello los encontró Econometría en las evaluaciones a las intervenciones que realizó la Fundación Alpina. En el primer caso, con una intervención que buscaba mejorar la autonomía económica de las mujeres rurales en cinco municipios del departamento del Cauca. A través de un paquete integral, que no solo combinaba formación a todos los miembros del hogar en temáticas asociadas a la Violencia Basada en Género (VBG) sino que se articulaba con la entrega de insumos productivos y su conexión con el mercado, se lograron cambios en los niveles de conocimiento, ingresos, participación y toma de decisiones. Se empoderó económicamente o a las mujeres. Si bien ellas incrementaron sensiblemente sus conocimientos en VBG, lo que más jalonó la autonomía económica fue la conexión con el mercado. Cuando no se cuenta con elementos para llegar a una comercialización exitosa, no es posible generar la transformación, pues no se dispone de una fuente de ingresos. Eso se evidenció en otra intervención desarrollada en territorios vulnerables de Nariño, Puerto Carreño y la Guajira. Si bien se encontró un mejoramiento en conocimiento y toma de decisiones, factores externos como el conflicto armado y las características culturales de la región se han convertido en obstáculos para el desarrollo individual de las mujeres.

Con estos ejemplos sobre la mesa, la agenda pública dispone de buenos elementos que pueden ser rescatados de estas iniciativas, que pueden ser incorporados dentro de sus líneas estratégicas. Como se mencionó previamente, es indispensable iniciar con una estrategia formativa, en donde se trabaje no solo con la mujer, sino también con su entorno cercano, con el objeto de desmitificar los estereotipos existentes y normalizar la equidad en tareas, acceso a bienes y oportunidades de desarrollo personal y profesional. En segundo lugar, para consolidar el cambio formativo y lograr resultados en el corto plazo, se debe propiciar la transformación vía empoderamiento económico. En el sector rural ello se puede garantizar con proyecto productivos robustos, lo cual exige su consecuente articulación con el mercado.

Si bien, como se mencionó anteriormente, existen grandes factores que afectan la equidad de género, rescatando las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas de diferentes iniciativas desarrolladas en el país, es posible diseñar acciones para dar garantías a la mujer rural, empezando por apostarle al logro de una mayor autonomía económica.

El debate en el sector de salud de Colombia en los últimos meses se ha centrado en las reformas propuestas por el Gobierno para hacer cambios en el sistema de prestación del servicio. No obstante, independientemente del debate político sobre el funcionamiento del sistema, la prevalencia de enfermedades que requieren de mecanismos eficientes para la atención continúa en aumento, como es el caso del cáncer.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en las Américas. En 2022, causó 1,4 millones de muertes, 45,1% de ellas en personas menores de 69 años. En el caso de Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social, el cáncer es considerado un problema importante de salud pública, con un número de enfermos que ha aumentado en los últimos años y un estimado de cerca de 96 personas que mueren cada día en el país a causa de esta enfermedad.

El Gobierno colombiano ha hecho esfuerzos en mejorar la planeación para el control del cáncer en el país, siendo pionero en proponer una mirada integral que considere, no solo la atención, sino aspectos de prevención, detección temprana, mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y sobrevivientes del cáncer, gestión del conocimiento y tecnología, así como formación y desarrollo del talento humano.

Estas líneas estratégicas se incluyeron en el Plan Decenal del Control del Cáncer en Colombia, implementado entre 2012 y 2021, el cual fue evaluado recientemente por Econometría Consultores. El plan logró reunir todos los elementos relevantes para reducir la prevalencia del cáncer, identificando las responsabilidades que todos tenemos en este propósito, que van desde alimentarnos saludablemente, hacer ejercicio, evitar contacto con sustancias tóxicas y asistir a chequeos médicos, hasta el rol que cumplen entidades de los gobiernos nacionales, territoriales y del sector salud en remisión de casos, mejoramiento de los sistemas de información, articulación de la atención y capacitación del talento humano, para prestar servicios integrales y de calidad en todas las etapas del proceso de asistencia a los pacientes y sus familiares.
En el caso de las estrategias para la detección temprana de la enfermedad, el plan priorizó el cáncer de cuello uterino, de mama, de próstata, colorrectal e infantil (leucemias agudas pediátricas), por ser los de mayor incidencia, y mayor facilidad para la realización de tamizajes que permitan obtener un diagnóstico oportuno y la remisión a tiempo de los pacientes.

Así mismo, en las actividades de prevención, el plan propuso actividades para el control del riesgo de consumo y exposición a productos de tabaco y sus derivados, control del riesgo del consumo nocivo de alcohol, promoción del consumo de frutas, verduras y la alimentación saludable, promoción de la actividad física, control del riesgo frente a carcinógenos ocupacionales (asbesto, sílice, benceno, plomo compuesto inorgánico, radiación ionizante), control del riesgo frente a la exposición a radiación solar ultravioleta y protección específica a virus relacionados con cáncer (como la Hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano).

El plan también constituyó una herramienta para el posicionamiento del control y la atención integral del cáncer en los temas en la agenda nacional y territorial, la asistencia y acompañamiento técnico y la articulación entre entidades. Gracias a él, se lograron avances en la normatividad como la prohibición del uso del asbesto. Sin embargo, como muchas de las iniciativas promovidas desde el Gobierno Nacional, se identificaron limitantes para su implementación, principalmente en los territorios donde el acceso a tecnología y recursos para la atención es menor que en las grandes ciudades.

Las oportunidades de mejora que se evidenciaron en la evaluación son aspectos fundamentales a tener en cuenta en la planeación nacional y territorial en materia de salud pública. Para continuar avanzando en estrategias que permitan reducir la prevalencia del cáncer en Colombia, es necesario priorizar estas áreas de trabajo en planes locales como los planes decenales de salud pública, y demás instrumentos del orden nacional y regional que permitan dar continuidad a las acciones realizadas y al posicionamiento logrado gracias al Plan Decenal.

El caso particular del cáncer además es un ejemplo de los procesos urgentes que se deben promover para evitar el aumento de casos, dado que el énfasis no necesariamente debe darse en la atención, sino en las acciones de control y prevención que las personas pueden tomar y que contribuirían a disminuir la probabilidad de tener que someterse a un tratamiento.

Los problemas del sistema de salud son generalmente vistos como las prácticas que no funcionan entre las entidades que prestan la atención, sin hacer un llamado a la responsabilidad que tenemos todos de mejorar nuestros hábitos de vida, procurar que el ambiente donde vivimos sea saludable y ser conscientes de la importancia de los diagnósticos oportunos.

Está comprobado que el tabaco, la dieta, la obesidad, las infecciones y el alcohol, son los principales factores causales de las muertes por cáncer, con mayor fracción atribuible que la historia familiar y los aspectos genéticos. Todos estos aspectos son controlables por el ser humano, y un adecuado monitoreo de los hábitos y de demás aspectos relacionados con ellos, pueden reducir significativamente el riesgo de padecer la enfermedad.

Las mejoras prioritarias para avanzar en la salud de la población no dan espera a las decisiones que se tomen respecto a las reformas de sistema. Los nuevos gobiernos regionales deben considerar los retos existentes para garantizar el control de enfermedades en sus territorios, tomando en cuenta lecciones aprendidas de experiencias anteriores y planeando respuestas integrales que generen cambios en el corto y en el mediano plazo.

Así mismo, las personas de todas las edades, sexo y regiones, debemos cumplir con nuestras responsabilidades de cuidado, para contribuir en lo necesario para lograr reducir la prevalencia de este tipo de enfermedades, que requieren, no solo del fortalecimiento institucional nacional y local, sino del cambio de conciencia en las prácticas de vida.

Un gran aporte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia potencia mundial de la vida” fue haberle dado importancia central al ordenamiento territorial. En términos económicos no basta definir qué se produce o se consume, también es necesario definir dónde. Eso hace la diferencia.

Dónde se ubique un agente (hogar o productor) es importante tanto a nivel individual, como colectivo. Miremos primero lo individual. Un hogar que construye una vivienda en una zona inundable o con riesgo de deslizamiento está incurriendo en una inversión con alta probabilidad de perderse. En el caso de productores es frecuente ver siembras en zonas de ladera en tierras que tienen una vocación más forestal o de conservación. En terrenos sin vocación agropecuaria no se van a lograr productividades mínimamente aceptables.

Existen muchos otros ejemplos, pero estos dos sirven para ilustrar los problemas de ubicarse en terrenos no adecuados. El primer problema es que el esfuerzo individual es demasiado alto y poco fructífero. Si la tierra no es adecuada, se va a tener una menor producción respecto a lo que se tendría en una buena tierra con el mismo esfuerzo. Construir viviendas en terrenos de riesgo de derrumbe no solo implica mayores costos en tanto se requieren muros o cimentaciones. Además, el acceso a los servicios es más complejo en cuanto no se traten de zonas planeadas para urbanizarse; también está la posibilidad de perderlo todo ante eventos de deslizamientos, ahora cada vez más posibles y frecuentes con el cambio climático. Esto conlleva menores productividades (a un mismo esfuerzo, los resultados son menores), uno de los grandes problemas del país.

El segundo problema va más allá del productor o el hogar directamente afectado. Aparte de los costos individuales, los derrumbes nos terminan costando a todos, porque el Estado tiene que entrar a atender la emergencia y dar alternativas a los afectados. En el caso del productor que siembre en tierras no adecuadas, algo similar. Con un pobre desempeño productivo, se van a demandar del Estado apoyos para cubrir necesidades básicas, que en principio no necesitaría (o las necesitaría en menor medida) si el mismo esfuerzo se hiciera en una buena tierra.

El tercer problema es la forma en que los ejemplos anteriores, repercuten en terceros. Con frecuencia, los pequeños productores están en las montañas, a las orillas de los ríos o incluso en los páramos, afectando. Esto afecta negativamente las fuentes hídricas en detrimento de productores y poblaciones ubicadas aguas abajo. Ejemplo típico de lo que en economía se denomina “externalidades negativas”.

Un trabajo realizado para el Pnud (Reyes, A. y García, A., 2008) ilustra este círculo vicioso. Vía compra de tierras y violencia, pequeños productores que estaban en la parte central y plana del Cesar terminaron ubicados en la serranía de El Perijá, en donde no se cuenta con mayores bienes públicos (seguridad, vías, acueductos, alcantarillados, comunicaciones, etc.). Para garantizar su provisión de agua, ubican sus viviendas cerca de los ríos o quebradas afectando las rondas y contaminándolas. Al final, quienes están en la serranía no tienen como pueden mejorar sus condiciones de vida y quienes están en la parte baja enfrentan problemas de acceso al agua, lo que incide tanto en la calidad de la vida de la gente como en su productividad. Es lo que en el trabajo presentado a la Misión Rural (Econometría, 2014) se denominaba “dinámicas perversas de ocupación territorial”.

El cuarto problema, y tal vez el más grave en términos de desarrollo, es el de no poder lograr eficiencia colectiva, que junto con la eficiencia individual determinan los niveles de desarrollo (Lucas, R., 2005). El uso más inadecuado de la tierra se da cuando se usa con el propósito de generar rentas asociadas a la su valorización por la inversión de bienes públicos en las zonas adyacentes. Eso, en la práctica equivale a no usar la tierra y obtener rentabilidad simplemente con el “engorde” de la misma. Tierras que al momento de la compra tenían un valor bajo se valorizan con inversiones públicas o por cambios en las normas de uso de estas y luego se venden a precios muy superiores. Es lo que en el trabajo anteriormente mencionado se considera como una forma de “apropiación privada de bienes públicos”. Esta dinámica, que se presenta en todo el país, propicia la dispersión, cuando la eficiencia colectiva necesita procesos de concentración, gracias a la cual los agentes económicos interactúen más, se pueden generar mecanismos asociativos, y así pueden lograr economías de escala, como mayores facilidades logísticas y sinergias.

En ese contexto, un ordenamiento territorial debe tener como prioridad buscar el uso adecuado de la tierra, o lo que es lo mismo, evitar los conflictos en el uso del suelo. No se trata de un esquema en el que centralizadamente se defina qué se debe hacer y qué no. Colombia tiene una institucionalidad (normas, instrumentos, entidades encargadas de las funciones y posibilidades de sanción) bastante adecuada. Lo que falta es aplicarla. Sin embargo, resulta muy ilustrativo que en la actualidad el 87,2% de los municipios del país tienen vencido el plan de ordenamiento territorial, que tienen vigencia de 12 años (Ministerio de Vivienda, 2023).

Al final, un ordenamiento territorial debe propiciar la eficiencia individual y la eficiencia colectiva, que sería la base para que del lado productivo se logren mayores productividades y del lado de los hogares el mayor bienestar posible. La gente con condiciones adecuadas puede desarrollarse autónomamente, lo que se ahorra en subsidios podría liberar recursos al Estado para invertir en bienes y servicios públicos.

En síntesis, se está ante una gran contradicción. Nada más relevante en el desempeño de los agentes económicos que la decisión de dónde ubicarse; pero a la vez nada más ignorado en los planteamientos económicos, que la dimensión espacial. El PND puso el ordenamiento territorial en el centro del debate, pero todavía no se ha avanzado en su implementación. El ingreso de nuevas administraciones territoriales es la oportunidad para avanzar en esta tarea pendiente. No vaya a pasar lo del dicho que se “mata al tigre y le tiene miedo al cuero”.

En estos primeros días de gobiernos locales, han tenido visibilidad de noticias como las medidas contra la explotación sexual en el centro de Cartagena; operativos en Chía contra Andrés Carne de Res por ocupar el espacio público con mesas y sillas; anuncios de Medellín para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en parques; limpieza de andenes, fachadas y monumentos del alcalde de Bogotá y su equipo en el centro de Bogotá.

¿Qué tienen en común estas acciones? Que se desarrollan en los espacios públicos de las ciudades y que son percibidos positivamente por los medios y la ciudadanía. Si bien, estos ejercicios pueden efectistas y algunos posiblemente no tengan sostenibilidad, son señales de la diversidad de situaciones que pueden ser gestionadas mediante la apropiación del espacio público como territorio de gobierno.
La seguridad, la congestión, la contaminación, la discriminación, la salubridad, el turismo, la conectividad, la informalidad, el cambio climático, la memoria colectiva, son entre otros, retos a los que se enfrentan ciudades y que se manifiestan en el espacio público y uno de los aspectos que los próximos planes de desarrollo pueden incorporar en su formulación y plan de inversiones.

El espacio público está definido por la Ley 9 de 1989 y la Constitución Política Nacional les confiere una condición jurídica prevalente frente a otros tipos de lugares. Además de diferentes leyes que lo regulan en aspectos como convivencia, movilidad, ambiente y urbanismo, existe una política nacional -que merece ser revisada y actualizada en su integridad- adoptada por el Conpes 3718 de 2012. Esta política establece como principal problema del espacio público, el déficit cuantitativo, que se determina teniendo como referencia un estándar de 15 m2 por habitante, de los cuales, solo disponíamos para 2012, 4 m2; rezago que al día de hoy se mantiene prácticamente igual a pesar de notables proyectos, planes e inversiones.

La seguridad alimentaria es un tema que ha tomado mucha relevancia en los últimos años, sobre todo con la llegada de la pandemia, que magnificó el número de personas en estado de vulnerabilidad con algún tipo de carencia alimenticia, específicamente en países en vía de desarrollo, como Colombia. Expertos de la FAO, aseguran que 828 millones de personas en el mundo padecen de hambre (definida como el consumo insuficiente de energía alimentaria) y para el caso del país, y, según un informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para noviembre de 2022, cerca de 30% de la población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, que se define como la carencia de acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos.

Aunque es irónico que un país como Colombia, con casi 24 millones de hectáreas para cultivar (Según Minagricultura), con una variedad de climas que permite una gran diversidad de producción agrícola, se encuentre entre los 10 países con mayor porcentaje de hambre de América Latina y el Caribe entre 2018 y 2021 según la FAO. Lo anterior, permite entrever que, en la actualidad, una de las mayores causas de la inseguridad alimentaria en Colombia no radica tanto en la escasez de tierras sino en la distribución de su uso. Varios expertos han argumentado que la tierra en Colombia no tiene un fin productivo, sino especulativo, como es el caso de Alejandro Reyes y Darío Fajardo, que manifestaron su preocupación sobre este tema ante la comisión de la verdad.

Diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales han diseñado programas que permiten el acceso físico y económico a alimentos, en las regiones más apartadas del país a través de la entrega de insumos para la producción de alimentos de autoconsumo. Pero ¿qué les ha faltado a estos programas para ser efectivos? Es cierto que en el corto plazo sus intervenciones logran calmar y suplir las necesidades de las personas, pero en el largo plazo no logran cambios significativos cuando no tienen en cuenta las particularidades de cada territorio. Por otro lado, con contadas excepciones, por ejemplo, el Programa Resa con evidencia de buenos resultados, en general, no se realizan, capacitaciones y acompañamientos que permitan un desarrollo integral de las actividades productivas como asociativas. Estos enfoques poco integrados se convierten en grandes pérdidas de recursos al replicar estos programas, además de una pérdida de oportunidad para mejorar las condiciones del país. La consecuencia es que la mayoría de estas regiones (Cauca, Chocó, La Guajira, entre otras) solo tiene en común dos cosas: el hambre y el abandono estatal.

El abandono estatal en estos temas se ha tenido que soportar durante décadas, se hace aún más evidente en las zonas rurales y se agudiza en los municipios ubicados en la periferia del territorio nacional. Según Dejusticia, en la construcción del estado local en Colombia, para 2021 existían 137 municipios que presentaban una incapacidad institucional crítica. Lo anterior, da como resultado un sistema de salud precario, irregularidades en infraestructura, ausencia de instituciones públicas y de educación. Esas desigualdades, según Carpena y Bejarano (2023) han acentuado uno de los mayores detonantes del hambre en el país, el conflicto armado.

El conflicto armado que data de mitad del siglo XX y que ha perdurado, con distintos actores, actualmente subsiste en forma de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, grupos criminales y fuerzas armadas. Este ha perdurado en el tiempo y en la actualidad se evidencia en desplazamiento campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, despojo de tierras, destrucción de cultivos, secuestro, extorsión, reclutamiento forzado, asesinatos. Es un conflicto armado al que somos indiferentes en la ciudad, pero que desangra diariamente al campo.

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, el conflicto armado ha permitido a grupos ilegales el uso de más de 204.000 has de tierra para la siembra de coca, de las cuales 45% se concentra en 10 municipios (especialmente en el suroccidente y en el nororiente del territorio nacional). Esto ha inhabilitado tierras para los cultivos; causando estragos en la agricultura y limitando el comercio, pues algunos de los corredores principales son rutas importantes del narcotráfico. Lo anterior ha implicado un cambio en las prácticas de producción de alimentos, y la sustitución de ellos cultivos ilícitos, que, aunque en el corto plazo pueden generar mejores ingresos, a largo plazo implican un alto costo para el bienestar y la tranquilidad de la población.

Quizá sea hora de dar un nuevo enfoque a las intervenciones en el territorio nacional, de juntar esfuerzos entre los principales actores que tiene el país; el Estado y las empresas privadas. Consolidar alianzas público-privadas, en dónde, por un lado, se escalen los proyectos exitosos, usando los recursos del Estado y a la vez, promoviendo el acceso a bienes públicos para esas poblaciones intervenidas. Con esto, se asegurarían proyectos productivos sostenibles que generen mejoras en las condiciones de vida y un mayor alcance institucional.

Un ejemplo son los proyectos realizados por la Fundación Alpina y evaluados por Econometría Consultores, en donde se evidencia una apuesta productiva que fortalece las capacidades de las familias, y las organizaciones y comunidades rurales desarrollando sistemas agroalimentarios sostenibles. Adicionalmente, se trata de una apuesta de transmisión de conocimientos apoyada con el monitoreo, seguimiento y la documentación, para conocer las características propias del territorio y la población. Esto permite poner en marcha intervenciones focalizadas en las necesidades específicas de la población y su entorno. Por ejemplo, el proyecto “Autonomía económica de mujeres rurales del Cauca se llevó a cabo con 400 mujeres de los municipios de Argelia, Balboa, Mercaderes, Rosas y Sucre y donde por medio de insumos y asistencia técnica se obtuvieron incrementos del ingreso neto y de la productividad de las unidades agropecuarias. También se logró el mejoramiento de la capacidad de toma de decisiones del hogar, y el aumento en el conocimiento de las rutas de atención de Violencia Basada en Género Sumado a lo anterior, se observó crecimiento en la producción y la conformación de circuitos cortos de comercialización conllevando a una mejora en la seguridad y diversificación alimentaria.

El anterior ejemplo es una muestra de que los proyectos enfocados en las características de la población objeto de la intervención, y con un acompañamiento constante, permiten ser sostenibles en el tiempo. No solo proveen insumos productivos, sino que facilitan las herramientas para la creación de espacios en donde la persona beneficiaria puede diversificar sus labores e impactar de manera económica y social a su territorio. Sin embargo, estos proyectos pueden quedarse en buenas intenciones, sin mayor injerencia en el contexto nacional. Ahora bien, con voluntad política (mayores recursos) y la integración con los privados (laboratorio social), esto puede generar posibilidades de desarrollo y enfrentar de verdad el problema de la inseguridad alimentaria.