In 2024, GDP grew 1.7% with inflation of 5.2%, but fiscal deficit reached 6.8% of GDP and debt reached 60%. The government projects to reduce the deficit to 5.1% in 2025 with a 23% increase in revenues, which is not feasible without reform and spending cuts. On the other hand, tensions with Trump provoked the resignation of Chancellor Murillo. A Council of Ministers evidenced fractures in the government, causing the departure of five ministers and anticipating a recomposition of the left for 2026.
Autor: aprendiz econometria
Buenas cifras de crecimiento pero mala noticias con Trump
Publicada el por aprendiz econometria

En 2024, el PIB creció 1.7% con inflación de 5.2%, pero el déficit fiscal alcanzó 6.8% del PIB y la deuda llegó al 60%. El gobierno proyecta reducir el déficit al 5.1% en 2025 con un alza del 23% en el recaudo, algo poco viable sin una reforma y recorte del gasto. Por otra parte, las tensiones con Trump provocaron la renuncia del canciller Murillo. Un Consejo de Ministros evidenció fracturas en el gobierno, causando la salida de cinco ministros y anticipando una recomposición de la izquierda para 2026.
¿Cómo incluir a los excluidos por la tecnología?
Publicada el por aprendiz econometria

¿Cómo incluir a los excluidos por la tecnología?

- enero 31, 2025
- Colombia
- Artículos de prensa
Escrita por: Carolina Latorre, socia - directora de proyectos.
Vivimos en la era de la revolución tecnológica con economías y sociedades cada vez más digitalizadas. La conectividad representa una alternativa para hacer más eficientes e inclusivos los procesos de los mercados y las comunidades, beneficiando a diferentes sectores y reduciendo brechas gracias al acceso a información. Ahora, ¿es esto real y factible para el total de la población en América Latina?
De acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica para América Latina, Cepal, 74% de los hogares rurales del quintil más pobre de los países de la región en 2023 no tenía acceso a internet, y en la zona urbana el porcentaje era de 38%. Para el total de los hogares en zonas rurales de América Latina, solo 40% contaba con acceso a internet, y en las zonas urbanas solo 62%.
Además de las limitaciones de conectividad por la falta de cobertura en áreas aisladas de los países, el costo de acceder al servicio es una barrera adicional que enfrentan los hogares en América Latina.
Según estudios del Banco Mundial, 38% de la población en la región elige no acceder a internet a pesar de vivir en zonas de cobertura. La falta de recursos económicos es el primer motivo por el que las familias latinoamericanas toman esa decisión, lo cual afecta principalmente a la población más vulnerable, quien podrían obtener grandes beneficios de una mejor conectividad.
La revolución tecnológica ha reinventado procesos, transacciones y formas de comunicación. Para quienes buscan trabajo o quieren aplicar para obtener un cupo en una educación educativa, la conectividad y el entendimiento de las plataformas digitales es un requisito imperante. Métodos alternativos como entregar una hoja de vida en una oficina o diligenciar un formulario en papel, son obsoletos en un mundo donde la población analfabeta digital queda excluida de las dinámicas de los mercados.
La velocidad de la digitalización de las economías y de las sociedades de América Latina es mucho mayor a la de las iniciativas de alfabetización digital y aumento de cobertura de la conectividad en la región. La tecnología genera brechas en países que se destacan por su inequidad y desigualdad entre zonas urbanas y rurales, y entre diferentes niveles de ingreso. Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, muestran que, en América Latina, en promedio, 74% de los hogares urbanos tiene acceso a conexiones fijas de Internet, mientras que para las contrapartes rurales el acceso es para solo 42%. Entre países, la desigualdad es aún mayor: en Haití donde solo 6% de los hogares cuenta con conexión fija a internet, mientras en Brasil ese porcentaje es de 77%.
La tecnología parece no solo incide en la desigualdad de América Latina sino que hace más difícil para los excluidos romper esas brechas. En una evaluación realizada recientemente por Econometría Consultores se evidenció que internet es la principal fuente de información de la Organizaciones de la Sociedad Civil, OSCs, que buscan acceder a donaciones y financiación para implementar proyectos sociales y comunitarios. Las OSCs con buena conectividad, conocimientos de tecnología, y staff y tiempo suficiente, logran gestionar recursos, fortalecer sus capacidades y perdurar en el tiempo. Por el contrario, las OSCs que no cumplen con esos requisitos, ya sea porque están en zonas más aisladas o representan grupos aún más vulnerables, son totalmente excluidas de los procesos.
La evaluación también muestra que la adecuada focalización de los grupos objetivo, el acompañamiento y asistencia técnica, y los procesos de retroalimentación son fundamentales para eliminar las barreras generadas por restricciones de conectividad y analfabetismo digital. Para lograr la inclusión de los grupos marginados por la tecnología es necesario desarrollar material didáctico que facilite el entendimiento de los procesos y plataformas, los cuáles deben ser coherentes con los contextos de cada país y grupo poblacional.
Evitar la exclusión de población vulnerable a causa de la tecnología requiere ajustar los procesos que actualmente demandan el uso de plataformas digitales, para que sean adaptables a las restricciones de conectividad. Se pueden, por ejemplo, incluir alternativas de apoyo para la digitación de información en las plataformas, o diseñar alternativas para que la información llegue a quienes no tienen la facilidad o el conocimiento para hacer búsquedas en internet o diligenciar formularios online.
Se ha dado por sentado que la tecnología es un aliado del desarrollo inclusivo. Si bien la digitalización y la conectividad han contribuido de manera importante al crecimiento de las economías, a facilitar las comunicaciones, al acceso de la información, a la productividad, entre muchas otras cosas, en regiones como América Latina persisten barreras estructurales que excluyen de raíz a grupos poblacionales con gran potencial de beneficiarse de las ventajas del mundo digital. Son numerosas las iniciativas de apoyo al fortalecimiento de capacidades, a las mejoras en eficiencia y a la generación de redes sociales y comunitarias, pero escasos los esfuerzos para llegar a quienes no están conectados o no entienden de procesos virtuales.
Estar preparado para la tecnología es una necesidad que se debe satisfacer para lograr una región digital y equitativa. ¿No es hora de que considerar el acceso a internet un servicio público indispensable, lo mismo que el acceso a acueducto, alcantarillado y electricidad?
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2025: Un cielo despejado que se puede tornar oscuro
Publicada el por aprendiz econometria

2025: Un cielo despejado que se puede tornar oscuro

- enero 17, 2025
- Colombia
- Artículos de prensa
Escrita por: Julián Roa, coordinador de proyectos.
Hace un año, pronosticábamos que en 2024 Colombia viviría una desinflación indolora. El pronóstico se cumplió a grandes rasgos. Puntualmente, se pronosticó una tasa de crecimiento entre 1,5% y 2% y una inflación del orden de 5 y 6% para 2024. Hoy, las estimaciones hechas por varios analistas sugieren que la economía colombiana creció entre 1,8% y 2% en 2024, y ya sabemos que la inflación cerró en 5,2%. Por su parte, desde Econometría sugeríamos un leve aumento en el desempleo, con una tasa entre 10,5% y 11,5%, pero ésta se mantuvo en 10,2% en 2024. Esta desviación refleja el fenómeno del trabajador desanimado, donde parte de los desempleados dejan de buscar empleo y salen de la fuerza laboral. Con una participación constante respecto a 2023, la tasa habría sido 10,6%, alineada con las previsiones originales.
Con lo anterior se puede ver que, en materia de proyecciones de la economía colombiana, se acertó. En dicha columna, sugeríamos que la reactivación de 2024-2025 iba a estar jalonada por las reducciones de la tasa de interés por parte del Banco de la República y que, si bien en 2023 hubo una fuerte tormenta y en 2024 seguiría lloviendo, ya se avizoraban nubes más amigables en 2025. Así que la pregunta es: ¿Ya escampó?
En muchos aspectos el cielo está despejado. Se proyecta un crecimiento del PIB en el rango de 2,5% a 3%. Gran parte de la recuperación de la cifra de crecimiento se debe a un efecto de nivel, puesto que el inicio de 2024 fue muy bajo, de tal manera que la simple comparación aritmética ya sube la tasa de crecimiento. Este es el caso de un rubro como la formación bruta de capital. Por otra parte, rubros como el consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo (inversión) pueden verse beneficiados por unas menores tasas de interés. Pero las incertidumbres fiscales, regulatorias y políticas pueden incidir negativamente en las expectativas de los empresarios y atentar contra la recuperación de la inversión. Por su parte, las exportaciones, con particular énfasis en el turismo, podrán verse beneficiadas por la devaluación reciente de nuestra moneda.
Por el lado de la inflación, el cielo también está relativamente despejado. Se prevé una tasa de inflación en el rango de 3,5% y 4% para finales de 2025 y finalmente, luego de cuatro años, el Banco de la República cumplirá la meta de inflación. Sin embargo, hay tres nubes grises en el panorama. Por un lado, hace falta cerrar la brecha del precio del diésel en cerca de $4.000, y el efecto en precios puede ser relevante. Por otro lado, el alto incremento del salario mínimo contribuirá a una mayor persistencia de la inflación en la medida que varios productos están indexados al salario mínimo. Adicionalmente, los efectos de la reciente devaluación vista a finales de 2024 podrían afectar la inflación de 2025. Finalmente, si se materializan ciertos riesgos en el sector externo y fiscal, la tasa de cambio podría devaluarse aún más. Estas amenazas podrían ser consideradas por la Junta Directiva del Banco de la República. Aún con la nueva composición de ésta, en la que los designados por el gobierno pasan a ser mayoría, un incremento en las expectativas de inflación obligaría responsablemente a suspender, o por lo menos aplazar, la senda de reducción de las tasas de interés.
En el sector externo, ciertas nubes grises amenazan el panorama. El déficit corriente se corrigió significativamente en 2024, pasando de 2,4% del PIB en 2023 a menos de 2% según datos preliminares. Esto, impulsado por una balanza comercial menos deficitaria, parece positivo, pero revela mayor vulnerabilidad económica. Antes, Colombia podía tener un déficit en cuenta corriente en niveles relativamente altos (3 – 4% del PIB), pero no era problemático pues con el alto nivel de inversión extranjera directa dicho nivel era sostenible. No obstante, el colapso de la inversión extranjera directa en los últimos años, especialmente dirigido hacia actividades minero-energéticas, hace que el nivel de déficit en cuenta corriente sostenible sea menor. Así, en tiempos anteriores, un déficit en cuenta corriente de 2,4% junto con una alta inversión extranjera directa motivaría una apreciación de la tasa de cambio; hoy, a lo sumo, brinda una leve estabilidad. De momento, estamos lejos de una crisis en este balance, pero si continúa la caída en la inversión directa, especialmente en sectores minero-energéticos, podríamos tener serios problemas para financiar nuestra cuenta corriente.
Las mayores preocupaciones están en nuestras cuentas fiscales. El déficit fiscal del gobierno central en 2024 se estima por encima de 5% del PIB, un nivel históricamente alto sin una crisis económica evidente como antecedente. Esta situación se atribuye a decisiones tomadas durante la pandemia, tales como la negativa a subir los precios de los combustibles, que generó un importante déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, y la llamada “opción tarifaria” en servicios públicos. El actual gobierno exacerbó estos problemas con gastos récord, la congelación de peajes en 2023 y sobreestimaciones considerables en las proyecciones de ingresos tributarios.
La brecha significativa entre los ingresos proyectados y lo efectivamente recaudado redundó en una crisis de caja. De momento, el gobierno ha decidido enfrentarla con baja ejecución y un “aplazamiento” de gastos contemplados en el presupuesto de 2025. Por otra parte, la alta carga tributaria sobre personas y empresas hace políticamente imposible una nueva reforma fiscal. Así, al ministro de Hacienda, Diego Guevara, le corresponde una tarea compleja en 2025: sanear las cuentas fiscales corrigiendo errores del pasado y reduciendo el gasto del gobierno. No es opción incumplir la regla fiscal.
Lamentablemente, bastan unas pocas nubes negras para desatar un diluvio. La improvisación en política fiscal puede ser costosa, y en esta coyuntura, la flexibilidad es limitada. La llamada “heterodoxia económica” podría tener un alto precio.
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Fiscal problems persist and problems with ELN are added
Publicada el por aprendiz econometria

2023 was not a good year. The economy will barely grow by 1%, inflation closed at 9.2%, and the labor market shows signs of slowing down. The year 2024 is likely to be a year we will remember more fondly. In fact, if things go well, it will be the year in which Colombia will overcome the inflationary outbreak without major social costs.
Persisten los problemas fiscales y se suman problemas con el ELN
Publicada el por aprendiz econometria

2023 no fue un buen año. La economía apenas crecerá un 1%, la inflación cerro en 9.2% y el mercado laboral muestra señales de desaceleración. El año 2024 posiblemente sea un año al que recordemos con mayor cariño. De hecho, si las cosas salen bien, será el año en el que Colombia vencerá el brote inflacionario sin mayores costos sociales.
Inclusión financiera de la población LGBTI
Publicada el por aprendiz econometria

Inclusión financiera de la población LGBTI

- diciembre 13, 2024
- Colombia
- Artículos de prensa
Escrita por: Claudia Peñaranda, socia - directora de proyectos.
Se estima que la vinculación de productos financieros por parte de personas Lgbti+ podría incrementarse en 47%. Los cálculos de un estudio reciente en Colombia permiten establecer que se podrían vincular 3,6 millones a productos por clientes adicionales y generar ingresos totales anuales de US$633 millones.
Las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el sector financiero colombiano han sido fundamentales para responder de manera diferencial a diversos grupos poblacionales. Un estudio reciente realizado por Econometría Consultores y Marulanda & Consultores para la Corporación Financiera Internacional (IFC, parte del Grupo Banco Mundial) y Asobancaria destaca la importancia de atender las necesidades financieras de la población Lgbti+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales y demás expresiones diversas).
Este estudio pionero en Latinoamérica revela que la inclusión financiera de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (Osigd) no solo es un imperativo de derechos humanos, sino también es una oportunidad económica significativa y un mercado potencial por explorar aún desconocido que requiere toda atención.
A nivel mundial, se estima que hasta 10% de la población es Lgbti+, lo que representa un poder adquisitivo anual de US$3,9 billones, suficiente para ser la tercera economía mundial (Ipsos, 2023). En Colombia, aunque no existe un consenso, se calcula que hay al menos 4M2 millones de personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas (Osigd). Aunque nuestro país presenta avances importantes en la protección y atención de sus derechos, las personas Lgbti+ aún enfrentan estigma social, discriminación y violencia, lo que se traduce en una percepción de complejidad en los trámites financieros y una brecha de 20% en el acceso a servicios financieros en comparación con la población general.
El estudio revela que, aunque existe interés en el sector financiero por incluir a los distintos sectores con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, persisten desconocimiento y sesgos negativos que dificultan su plena inclusión. Este estudio proporciona un mayor conocimiento sobre quién es la población y cuáles son sus necesidades financieras. Con los datos cuantitativos y cualitativos recopilados en 17 ciudades principales del país durante ocho meses, encontramos una realidad diferente a los estereotipos negativos que generalmente se manejan sobre los distintos sectores Lgbti+. Por ejemplo, se encuentra que las personas Lgbti+ tienen un nivel de ocupación ligeramente superior al promedio nacional, presentan ingresos más elevados (aunque con variaciones entre sectores) y niveles educativos más altos en comparación con la población colombiana en general, particularmente en el nivel de postgrado. Sin embargo, en su distribución tienden a estar en estratos socioeconómicos bajos y enfrentan dificultades para acceder a crédito y, en general, a productos y servicios financieros.
Se estima que la vinculación de productos financieros por parte de personas Lgbti+ podría incrementarse en 47%. Los cálculos permiten establecer que se podrían vincular 3,6 millones a productos por clientes adicionales y generar ingresos totales anuales de US$633 millones, con un potencial de 800.000 nuevos productos de depósito y 1,1 millones de nuevas pólizas de seguros. Para el crédito, el potencial es mayor, estimándose ingresos por productos de US$278 millones.
Todo lo anterior puede ser atendido con los productos y servicios con los que cuenta actualmente el sector financiero. Si bien es importante hacer ajustes en los protocolos de atención, las recomendaciones del estudio incluyen alinear los productos financieros con las necesidades y preferencias de la población Lgbti+, implementar protocolos de atención inclusivos y diseñar ofertas que incentiven la digitalización de pagos y la ampliación de la red de aceptación para sectores informales. Además, se sugiere impulsar programas de colaboración entre el sector financiero y organizaciones Lgbti+ para fomentar una inclusión más efectiva.
Es crucial que el sector financiero colombiano reconozca la diversidad de la población Lgbti+ y trabaje activamente para eliminar los sesgos y barreras que impiden su plena inclusión. La implementación de políticas inclusivas y el desarrollo de productos financieros adaptados a las necesidades específicas de la población Lgbti+ pueden generar un impacto positivo tanto en términos económicos como sociales. Este enfoque no solo beneficia a las personas Lgbti+, sino también a las entidades financieras y a la sociedad en general, bajo el principio de que “una marea creciente levanta todos los barcos”. En este sentido, se promueven beneficios que repercuten favorablemente en el país en su conjunto.
En conclusión, la inclusión financiera de la población Lgbti+ en Colombia no solo es una cuestión de justicia social, sino también una estrategia económica inteligente. Al atender las necesidades de este grupo, el sector financiero puede contribuir al crecimiento económico y a la creación de una sociedad más equitativa y próspera para quienes habitamos este país, reconociendo nuestra diversidad. La adopción de medidas inclusivas y la colaboración con organizaciones Lgbti+ son pasos esenciales para lograr una verdadera equidad y aprovechar el potencial económico de esta población.
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Fiscal Crisis and Defeats for the Government
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Colombia, con sabor a hallaca, columna para La República
Publicada el por aprendiz econometria

Colombia, con sabor a hallaca

- noviembre 29, 2024
- Colombia
- Artículos de prensa
Escrita por: María Gloria Cano, socia - directora de proyectos.
Una profesora de música que enseña violín a las niñas y niños, una profesional en belleza que da trabajo a otras y enseña el oficio, un abogado que organiza con otros una fundación, son unos pocos ejemplos de las personas emprendedoras, empresarias, profesionales o conocedoras de oficios que llegaron a Colombia provenientes de Venezuela. Ante la migración, una sociedad tiene una oportunidad para crecer, enriquecerse y diversificarse. Para Colombia es indispensable continuar en la senda de la inclusión de la población migrante venezolana.
En 2024, según cifras de Migración Colombia, 2,86 millones de migrantes venezolanos y venezolanas viven en el país, lo que en perspectiva es equivalente a la población de Medellín y su Área Metropolitana. Esta población se ha distribuido en las zonas urbanas del país, que en orden descendente serían Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta y Riohacha. Para cada una de estas ciudades la situación es diferente. Por ejemplo, en Cúcuta y Riohacha, puntos de entrada claves, se enfrentan desafíos para ofrecer oportunidades de empleo e infraestructura social. En estas ciudades se presentan tasas de pobreza de la población migrante de 85% y 78% respectivamente. Bogotá y Medellín, en contraste, ofrecen un mejor acceso al empleo formal, aunque con desafíos en otros aspectos como vivienda y atención médica.
En términos de política pública se ha recorrido un camino sobresaliente, tanto desde lo nacional como desde lo local, con un fuerte apoyo de la cooperación internacional. Desde una primera etapa de atención de emergencia entre 2015 y 2018, se pasó entre 2018 y 2021 a una política de mediano plazo con propósitos más inclusivos Luego con el Conpes 4100 de 2022 se evolucionó a una política de largo plazo que retoma las brechas de política pública y análisis institucional, pero formulada a 10 años vista, con vocación de permanencia. Estos esfuerzos se han complementado con campañas y directrices para combatir la xenofobia.
Un paso indispensable para la inclusión fue la expedición del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes y la oportunidad de contar con un Permiso de Protección Temporal (PPT), con 10 años de vigencia, que le permite al migrante permanecer en el país y acceder al mercado laboral formal, así como a los servicios de bienestar social del Estado. En lo local, por ejemplo, los Centros Intégrate ofrecen un espacio de orientación y asesoría, así como de protección.
Diversas consultas realizadas muestran que los migrantes en ciudades como Medellín y Barranquilla sienten un mayor sentido de inclusión, gracias tanto a los esfuerzos comunitarios como en parte a las políticas locales. En comparación, en Cúcuta sienten prejuicios arraigados, debidos a la escasez de recursos y la abrumadora magnitud de la migración. En Bogotá, también se percibe xenofobia. La población local siente que la afluencia de migrantes compite por empleos y servicios. En 2022, un estudio reveló que 12% de los migrantes denunciaron incidentes xenófobos, y algunas voces se pronuncian en medios de comunicación y narrativas políticas enmarcando a los migrantes venezolanos como contribuyentes a la delincuencia, lo que amplía los estereotipos negativos que aumentan los prejuicios sociales.
Un espacio altamente vulnerable es el educativo, en donde, a pesar de los esfuerzos realizados, aún se presenta xenofobia hacia los migrantes venezolanos. Las niñas y niños venezolanos se enfrentan a veces a intimidación, aislamiento social o a comentarios discriminatorios por parte de sus compañeros, y algunos profesores también contribuyen a ese ambiente hostil. Se debe avanzar hacia la empatía, el reconocer y visibilizar al otro, resaltar las narrativas sobre las contribuciones de los migrantes venezolanos es un camino hacia la construcción de una sociedad en donde todos tenemos cabida y en donde se aprovechan los beneficios potenciales de la migración.
La desinformación alimenta la estigmatización de las personas migrantes. La gran mayoría de los migrantes venezolanos se está integrando de forma pacífica y productiva, pero, por ejemplo, las noticias sobre la nacionalidad de delincuentes llevan a una percepción equivocada que vincula el aumento en delincuencia con la migración venezolana. Pensar que los migrantes venezolanos quitan empleos a los colombianos es un error, diversos estudios muestran que los migrantes ocupan puestos en sectores con alta demanda de mano de obra, como construcción, servicios domésticos y comercio informal.
La mayoría de los migrantes buscan adaptarse a la cultura, seguir las normas y valores, pero igualmente enriquecen la diversidad cultural del país. Los migrantes venezolanos han estimulado las economías locales, han aumentado la demanda de bienes y servicios, han aportado creatividad. El 90% de los migrantes en edad de trabajar se encuentran empleados aportando al crecimiento de las empresas. Estimaciones recientes muestran que en 2022 aportaron 2% del ingreso fiscal del país, con un potencial de contribución del doble en la medida que aumenta la inclusión.
Los desafíos siguen siendo importantes para la población migrante venezolana, que es en promedio más joven que la colombiana, y con un nivel educativo promedio similar. Tal vez el mayor reto es la generación de ingresos. El acceso a empleos formales tiene barreras a derrumbar en el reconocimiento de títulos académicos o certificaciones laborales, en la carencia de referencias laborales y antecedentes, en el acceso a crédito, y por supuesto, en las situaciones de discriminación.
La misión de cada colombiano es reconocer, acoger y proteger a Ana, Pablo, Karina, Juan, Manuel, Nelly, Maria y tantos otros migrantes, y que al final del día estas personas sientan que Colombia es su nuevo hogar, que se enriquece al saber un poco a hallacas y a arepa rellena, al bailar un poco más de joropo y tratarse como panas.
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