2025 fue un año con un desempeño relativamente bueno, particularmente si se le compara con los dos años inmediatamente anteriores. El PIB tiene una alta probabilidad de terminar alrededor de 2,8% e incluso en 3%, lo que estuvo ligeramente por encima de lo que esperaban los analistas hace un año (2,5%) y concuerda dentro del rango que esperábamos en Econometría hace un año (2,5-3%). En cuanto al mercado laboral, sus indicadores sorprendieron bastante a los analistas: mientras que hace un año esperaban en promedio una tasa de desempleo de 10%, ésta muy posiblemente cierre alrededor de 9%. Sin embargo, a estos buenos números, se les antepone una inflación que no se disminuyó durante 2025 y, en consecuencia, unas tasas de interés aún más altas. Lo anterior tiene una explicación: el alto déficit fiscal que el Gobierno ha generado. Por su parte, 2026 es un año que continuará, en gran medida, con esta dinámica de crecimiento inflacionario jalonado por la política fiscal. Esperamos que el crecimiento del PIB esté en un rango entre 2,5% y 3,0%, por debajo de su potencial, y una inflación que cerraría alrededor del 6%-7% pero con un sesgo más alcista que bajista. Pero además de esta dinámica, existen otros fenómenos que tendrán gran relevancia en este año.

Según la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Como Vamos, en el año 2025 solamente el 14,91% de los ciudadanos se siente satisfecho con el cuidado del espacio público de su barrio, y el 35,9% con el estado de los andenes. Históricamente, los bogotanos tienen una satisfacción con su vivienda entre el 75% y 80%, mientras que respecto a los espacios públicos, la satisfacción oscila entre el 35% y 40% (Encuestas Bogotá Como Vamos 2023, 2024 y 2025).

Simultáneamente, Bogotá recibió 524.000 metros cuadrados de espacio público por cesión de urbanizadores y constructores (Dadpep, 2025), y en la anterior administración se recuperaron 4 millones de metros cuadrados mediante procesos de restitución, acciones judiciales y entregas voluntarias.

Estos datos revelan dos paradojas: por un lado, la administración despliega enormes esfuerzos institucionales, logísticos y operativos para producir y recuperar sus espacios públicos, pero la ciudadanía percibe que su estado es insatisfactorio. Y por otro lado, las personas aprecian más su espacio privado que el espacio público de la ciudad. Cuando esto sucede, una ciudad no es una ciudad plena, es solo una aglomeración.

Por definición, lo público es aquello que no está oculto. En términos urbanísticos, este concepto se expresa en los espacios públicos, que se pueden definir como el conjunto de lugares, infraestructuras, elementos naturales y construidos que son accesibles para todos, sin distinción de su condición individual. Se puede decir que una ciudad es tan democrática, diversa e incluyente como lo son sus espacios públicos. Como lo señala Jünger Habermas “La ciudad es el espacio público donde la sociedad se fotografía, el poder se hace visible y se materializa el simbolismo colectivo”.

Ayudar a comprender estos fenómenos, en los que la realidad percibida no coincide con la realidad institucional, es uno de los retos de la evaluación de políticas públicas, cuyos métodos y orientaciones no tienen correspondencia inmediata con las percepciones colectivas y no tienen suficiente aprecio y legitimidad.

Ese es uno de los retos que se derivan del análisis de sistemas complejos como las ciudades y la necesidad de tener enfoques comprensivos de la realidad y sus problemas emergentes.

En el caso del espacio público, un estudio realizado por Econometría para la Secretaría Distrital de Planeación sobre la política de recuperación del espacio público en Bogotá, ha permitido comprender que nuestras ciudades han tenido avances valiosos en la conceptualización y desarrollo de políticas y modelos de gestión integral del espacio público. En Bogotá, las primeras políticas se enunciaron en el marco del plan estratégico realizado en la década de los noventa, bajo iniciativa de la Cámara de Comercio y universidades, con un enfoque orientado a la competitividad urbana. Posteriormente, se consolidó un marco institucional, presente en el POT de Bogotá de 1997, políticas e instrumentos que permitieron conformar un esquema complejo de acciones, con énfasis en la generación, recuperación y sostenibilidad.

Hoy sin embargo, estas acciones se perciben como insuficientes frente a dinámicas de ocupación, uso y conflictos en el espacio público, que desbordan capacidades institucionales y cuya comprensión obliga a estudiar opciones alternativas a las tradicionales actividades de recuperación y gestión defensiva de nuestros lugares comunes.

La primera condición es aceptar que con el espacio público pasa algo parecido a ciertas enfermedades dermatológicas, que se manifiestan en la piel, pero su origen y causas provienen de disfuncionalidades internas del organismo, en este caso, la ciudad y la sociedad. La congestión, la contaminación, la informalidad, la desigualdad, la presencia de basuras, la intolerancia son patologías que se manifiestan en el exterior, pero su tratamiento amerita intervenciones profundas en aspectos como economía informal, cultura ciudadana, modelos de negocio sin economía circular, dependencia del transporte particular, regionalización y ausencia de gobernanza urbana.

En segundo término, conviene revisar las políticas públicas, tanto nacionales como locales, que se han concentrado en resolver un déficit cuantitativo de espacio público material y la recuperación centrada en la acción policiva, mediante operativos de restitución con altos costos logísticos, conflictos sociales y juegos del gato y el ratón entre autoridades e infractores. La calidad del espacio público y la diversidad de sus usos, son criterios que aún requieren ser desarrollados en mecanismos de gobernanza que recojan iniciativas y prácticas sociales, privadas y comunitarias.

Es hora de revisar la meta recurrente de llegar a tener entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. En los casos más exitosos, se ha llegado a un estándar de 4 metros cuadrados por habitante, con altos costos en inversión pública y sin resultados en calidad del espacio público. Además, esta meta se mide por población residente, y la tendencia de nuestras ciudades es tener cada vez más población flotante, que demanda y ocupa temporalmente los espacios públicos con alta intensidad e impacto en los entornos, sin mecanismos de gestión responsables y sostenibles.

Gran parte de los problemas en el espacio público se dan por externalidades de los usos del suelo en los espacios privados: establecimientos que atraen visitantes sin solucionar sus estacionamientos, locales que generan ruido, publicidad y desperdicios. Eventos que usan calles y ciclovías sin planes de manejo de impactos o riesgos.

Los Planes de Ordenamiento Territorial, la reciente ley contra el ruido y numerosas iniciativas ciudadanas en temas como arte, cultura, innovación o renaturalización urbana tienen posibilidades de enriquecer las formas de gestionar y controlar nuestros entornos, para lo cual los modelos de gestión institucional deben abrirse a sistemas cooperativos que permitan mayor corresponsabilidad y gestión urbana compartida.

Ha sido bastante estudiado y demostrado el impacto social que tiene la inversión pública en primera infancia, incluso en columnas previas hemos analizado los efectos de las políticas hacia esta población. Este artículo presentará los efectos de estas políticas en el Distrito Capital y los beneficios sociales que los jardines infantiles tienen sobre las cuidadoras.

Colombia es uno de los países referentes en la región en la discusión, definición y concreción política en relación con el desarrollo integral infantil, la garantía de derechos y la prestación de servicios a la primera infancia. Si bien aún hay temas por trabajar, como los relacionados con la medición del desarrollo integral, que contiene aspectos filosóficos y conceptuales que complejizan las decisiones relacionadas con los instrumentos a utilizar, así como variables e indicadores para medir el impacto sobre niñas y niños, las evaluaciones en el país han evidenciado resultados positivos.

En el caso de Bogotá, el Plan de Desarrollo Distrital ‘Bogotá Camina segura’ 2024-2027 se puso como meta incrementar la cobertura de servicios de atención integral y la construcción de un sistema de aseguramiento de calidad para los servicios de primera infancia. Durante 2025 Econometría, contratada por la Secretaría Distrital de Planeación, realizó una evaluación de operaciones y resultados de los jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (Sdis). Esta evaluación demostró resultados positivos y puntualizó algunos aspectos que deben servir a la Administración Distrital para lograr, de mejor manera, las metas y compromisos que adquirió.

Por un lado, se evidenció una contribución positiva al desarrollo integral de niñas y niños en relación con la seguridad en sí mismos y en el mundo que les rodea, con la comunicación a través del lenguaje y el movimiento y con la experimentación y el pensamiento lógico, visto desde la perspectiva de sus cuidadores. Este resultado se incrementa por cada mes de asistencia y alcanza su máximo alrededor del cuarto o quinto mes, donde luego la relación empieza a perder fuerza; esto pone sobre la mesa la necesidad de garantizar no sólo el acceso, sino sobre todo la permanencia de las niñas y niños en los servicios.

En cuanto al goce de derechos, debe ser un resultado fundamental que niñas y niños crezcan en contextos que garanticen sus derechos, en materia de cuidado, protección, nutrición y salud. En el estudio se evidenciaron prácticas de crianza cálidas y amorosas por parte de las personas cuidadoras, que evidencian el apoyo brindado a ellas en el fortalecimiento de las pautas de crianza y cuidado.

En cuanto a la nutrición, la evaluación encontró que la asistencia a los jardines genera tendencias positivas en la relación peso/talla por cada mes adicional de asistencia de las niñas y niños, por lo que se pudo concluir que existe un retorno positivo a la inversión realizada en salud pública preventiva. En relación con la salud, se constató que el servicio de jardines actúa como un vehículo eficiente para garantizar derechos básicos de salud, lo que puede traducirse en el futuro en menores costos sociales y sanitarios.

Pero además de los efectos sobre niñas y niños, hay un efecto muy poderoso sobre las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres, ya que los jardines habilitan la autonomía personal y económica de ellas. Casi cuatro de cada cinco cuidadoras (79.1%) reportan tener más tiempo disponible para su cuidado personal y el 71.9% para actividades de descanso y recreación gracias a la asistencia de sus hijas e hijos a los jardines sociales.

En contraste, solo un tercio de las cuidadoras tiene más tiempo para buscar trabajo o para trabajar más horas. Es claro que el tiempo liberado es una condición necesaria pero no suficiente para la inclusión laboral, por lo que se requiere abordarlo de una manera más articulada institucionalmente desde las iniciativas y estrategias de inclusión laboral de las mujeres que tiene la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Frente a este último aspecto, los jardines nocturnos se constituyen en una alternativa crucial para apoyar las necesidades laborales específicas de algunas mujeres, que sin este servicio no podrían realizar sus actividades.

Si bien estos resultados son positivos, la salud mental de las cuidadoras es un punto clave a trabajar, tanto por sus efectos en el desarrollo y cuidado de las niñas y niños, como en variables sociales, económicas de salud pública. Sobre esto, el estudio encontró una alta prevalencia de estrés y agotamiento en las cuidadoras (cercano al 60%), lo que puede limitar los efectos positivos sobre uso del tiempo, y que indican a la Administración Distrital una necesidad de articular su oferta y focalizarla a este grupo de mujeres, utilizando los jardines como una plataforma para su difusión y promoción. Estos resultados son aún más preocupantes en los jardines nocturnos, por lo que si bien, como se dijo anteriormente, los servicios son necesarios para ciertas trabajadoras, también hay en ellas una necesidad mayor de atención por sus niveles de tristeza y de depresión.

La evaluación también hizo un análisis de costos-efectividad de los jardines que permitió concluir que, si bien hay modalidades más costo eficientes en términos de la relación costo vs logros en desarrollo, como son los Jardines diurnos y los Jardines Nocturnos operados directamente por la Sdis en sus respectivos grupos de análisis, hay otros tipos de jardines que, a pesar de tener costos unitarios más altos, pueden ser la mejor, y a veces la única alternativa para las necesidades de ciertos grupos en la ciudad. En consecuencia, la provisión de estos servicios es fundamental para garantizar los derechos de poblaciones vulnerables y culturalmente diversas.

Aun así, e independientemente de las modalidades en la prestación de los servicios, la evaluación encontró que aumentar la cobertura y optimizar la ocupación de cupos puede maximizar la eficiencia de la inversión actual, en la medida en que se alcance una cobertura cercana a los cupos máximos definidos. El Distrito debe tener en cuenta, no solo los costos unitarios, sino también las capacidades de infraestructura, la atención efectiva a las necesidades particulares de los entornos, y la composición poblacional en las localidades atendidas. La evaluación demuestra que los Jardines Infantiles son una inversión estratégica con alto retorno social, lo que aporta sustento a la apuesta del Plan Distrital de Desarrollo de aumentar cupos para la atención de niñas y niños entre los 0 y los 5 años, pero también aporta a la decisión política luces sobre aspectos que, no siendo directos de los servicios, deben ser reconocidos y abordados para garantizar dicho retorno. La alta prevalencia de estrés y agotamiento en cuidadoras, por ejemplo, exige atención para que la transformación del tiempo liberado se constituya en un verdadero acceso a la autonomía económica.

Nota: si quiere conocer los resultados de la evaluación, los puede consultar en el siguiente link: https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/evaluacion-politicas-publicas/evaluaciones/evaluacion-de-operaciones-resultados-y-costo-efectividad-de-jardines-infantiles-sdis

A comienzos de 2025, los analistas consultados por el Banco de la República anticipaban una inflación cercana al 4% y un desempleo alrededor del 10%. Sin embargo, la realidad fue distinta: hacia octubre, la inflación superó el 5% y el desempleo se ubica cerca del 9%. Este desajuste entre lo proyectado y lo observado plantea una pregunta central: ¿qué explica esta diferencia en los pronósticos?

En enero de 2024, se publicó en este espacio una columna titulada “2024: desinflación sin dolor” en donde se presentó una estimación sencilla de la curva de Phillips en Colombia, que es una relación no lineal entre la brecha del desempleo diferencia entre la tasa de desempleo y la tasa de desempleo no inflacionaria y la inflación. Para referencia, el Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República estima que la tasa de desempleo no inflacionaria en 2025 se ubica alrededor del 10%. En esa columna, se argumentó que, durante 2024, Colombia bajaría la inflación sin mayor costo en el desempleo puesto que Colombia se encontraba en la parte empinada de la curva. En la siguiente gráfica se presenta una versión actualizada.

En febrero de este año, el Gobierno Nacional expidió el documento Conpes 4143 en donde presentó la Política Nacional del Cuidado que busca transformar la organización social del cuidado en Colombia con un horizonte hasta 2034, que busca garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas cuidadoras, incluyendo el derecho a cuidar en condiciones dignas, así como el derecho a recibir cuidado, apoyo o asistencia. Esta política tiene una visión amplia del cuidado, puesto que lo reconoce como un derecho fundamental y un pilar para el sostenimiento de la vida en interdependencia.

El documento reconoce que los escenarios sociales (que son esos espacios geográficos, temporales e ideológicos donde las personas interactúan, creando y reconstruyendo la realidad social) de las personas cuidadoras se reducen debido al tiempo dedicado a esa actividad, especialmente cuando la persona cuidada tiene un alto grado de dependencia. Reconoce, además, que la población cuidadora no remunerada enfrenta una falta de acceso a servicios especializados en salud mental y apoyo psicosocial, así como de espacios de respiro, todo lo cual limita su bienestar integral.

Por lo anterior, una de las estrategias de la Política Nacional del Cuidado es la de reconocer y proteger las prácticas de cuidado comunitario y colectivo, como las propias de comunidades campesinas y pueblos étnicos. En línea con lo anterior, uno de sus objetivos es el de promover y fortalecer la asociatividad solidaria en las poblaciones relacionadas con el cuidado.

No es un secreto que la mayor parte de estas actividades de cuidado recae sobre las mujeres, ya que, según las cifras del Dane citadas en el documento citado, entre septiembre de 2020 y agosto de 2021 las personas cuidadoras no remuneradas de tiempo completo ascendieron a 6,8 millones, de las cuales 85,7% eran mujeres. También se afirma que la dedicación promedio diaria al cuidado no remunerado es de 7 horas y 44 minutos entre las mujeres, y de 3 horas y 6 minutos para los hombres.

Así mismo, según la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, los hogares con jefatura femenina han pasado de 38% en 2019 a 46% en 2024. De estos hogares, en 2024, se estima que 69% son monoparentales; es decir, en 2024 tres de cada diez hogares en Colombia son hogares con jefa mujer sin cónyuge. Esto demuestra la importancia que tiene el diseño de estrategias enfocadas en mujeres cuidadoras y/o jefas de hogar para, además de mejorar su situación económica y sus condiciones materiales, construir y reforzar redes de apoyo o círculos de amistad, especialmente cuando el vínculo entre estos elementos con el bienestar mental y el empoderamiento de las mujeres ha sido ampliamente evidenciado.

Así, por ejemplo, un estudio reciente realizado en Econometría Consultores para evaluar el impacto social que tuvo un programa de capacitación textil sobre las mujeres de un municipio de Boyacá, demostró que los mayores resultados de esta estrategia están relacionados con el mejoramiento de la salud mental, la autoestima y las redes de apoyo de las mujeres participantes. Este programa, diseñado e implementado por una fundación de una empresa carbonera de Boyacá, está orientado principalmente a mujeres dedicadas oficios del hogar (55% de las beneficiarias se dedican a ello). Allí se les imparten diversos cursos de costura y tienen la oportunidad de compartir espacio con otras mujeres estudiantes, supervisoras e instructoras.

En estos espacios las mujeres participantes no solamente tienen la posibilidad de adquirir conocimientos técnicos especializados, también tienen la oportunidad de dialogar, socializar, crear tejido social y compartir con otras mujeres en las cuales también encuentran problemas, sueños y vivencias similares a las suyas. Esto les da la oportunidad de sentirse acompañadas, escuchadas y entendidas. Así lo demuestran los datos, pues 73% de las participantes estuvo de acuerdo en que, gracias a los cursos textiles, se sienten más seguras y capaces de realizar actividades que antes consideraba difíciles, así como de afrontar de una mejor manera situaciones adversas; mientras 71% de ellas concordó en que pertenecer al programa les permitió contar con un grupo de apoyo, conformado por profesoras y compañeras, para obtener consejos y buscar soluciones a problemas de la vida diaria.

Estos hallazgos se traducen en un mejoramiento real y medible de la calidad de vida de las participantes, ya que, una vez monetizados todos los beneficios sociales generados por el programa a través de la metodología del Retorno Social de la Inversión (Sroi por sus siglas en inglés), aproximadamente 84% de estos beneficios monetarios se asocian al mejoramiento de las redes de apoyo de las participantes y de su autoestima.

Iniciativas como esta brindan excelentes antecedentes y casos de estudio, con resultados evaluados, para que el Gobierno trace estrategias y líneas de acción que apunten a mejorar la calidad de vida de las mujeres cuidadoras y/o jefas de hogar, principalmente en aspectos a los que, generalmente no se les da especial importancia, como lo son su autoestima o su dimensión social.

Así pues, la expedición Política Nacional del Cuidado es una oportunidad única para reconocer y mejorar la calidad de vida de las mujeres que a diario se esfuerzan por sacar adelante su hogar y que, con su trabajo no remunerado, contribuyen al crecimiento económico del país, pues su esfuerzo ha sido determinante para que gran parte de la población aprenda a hacer actividades tan importantes como leer, socializar y cuidar, sin lo cual, la producción e intercambio de bienes y servicios no sería posible.

Y no solo se trata de crear programas orientados a otorgar subsidios o salarios, que son muy merecidos, sino también de cuidar otras dimensiones de sus seres, como facilitar y crear espacios en donde puedan construir comunidad, para que, viéndose reflejadas en sus pares, puedan compartir experiencias, socializar y sanar heridas que normalmente ocultan en su interior para no incomodar o preocupar a quienes cuidan y que, por lo tanto, dependen de ellas.

Cuando pensamos en el colegio, muchas veces imaginamos una jornada completa: clases en la mañana, recreo, almuerzo, y más clases en la tarde. Pero esa no es la realidad para todos los niños, niñas y jóvenes en América Latina. En la región, millones de niños estudian solo 5 horas al día en promedio, 27,5 horas a la semana, frente a un promedio de 32 horas a la semana para países de la Ocde (ver https://blogs.worldbank.org/en/latinamerica/educacion-el-poder-de-las-escuelas-de-tiempo-completo). A los bajos niveles de tiempo escolar se suman brechas en la calidad del aprendizaje. Los resultados más recientes de las pruebas Pisa (2022) revelan que tres de cada cuatro estudiantes en América Latina y el Caribe no alcanzan el nivel mínimo de competencias en matemáticas, y en lectura, más de 55% se ubica también por debajo del umbral básico de comprensión lectora. Tanto Colombia como Paraguay obtuvieron resultados inferiores al promedio de la Ocde en Pisa 2022: el puntaje promedio en matemáticas fue de 383 puntos para Colombia frente a 475 puntos en los países Ocde, y Paraguay (junto con República Dominicana) se ubicó entre los más rezagados con alrededor de 338 puntos. Según estimativos del BID y Banco Mundial (Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial (2024)) estos puntajes equivalen a entre 5 y 7 años de diferencia en escolaridad comparados con los estándares de la Ocde. Estas cifras muestran que no solo estamos enseñando menos tiempo, sino también con menor efectividad (Arias, E., Giambruno, C., Morduchowicz, A., & Pineda, B. (2024)). Las brechas en el tiempo que pasan en el colegio y en la calidad de la educación afectan las oportunidades futuras de niños, niñas y jóvenes ¿Qué se puede hacer al respecto?

Una de las propuestas que ha tomado fuerza en la región para reducir estas desigualdades es una jornada ampliada en colegios oficiales, denominada Jornada Escolar Extendida, JEE, en algunos países o jornada única en Colombia. La idea es que los estudiantes permanezcan más horas en el colegio, idealmente con acceso a más horas de clase en áreas básicas, tiempo para el desarrollo de actividades artísticas, deportivas o de apoyo escolar, con los materiales, equipos y docentes con los perfiles adecuados, buscando siempre un balance entre las diferentes asignaturas que mejore el bienestar y motivación de los estudiantes.

La lógica es simple: si el tiempo en el colegio es una oportunidad para aprender, ampliar esa jornada puede ser una herramienta poderosa para cerrar brechas. Una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, (Gamberini, Gambi, & Vinacur, 2025) analiza experiencias internacionales y regionales de la JEE, destacando su potencial para mejorar aprendizajes, reducir desigualdades y fomentar el desarrollo integral. De igual forma, se resalta que la JEE puede adoptar diversas formas, según las necesidades educativas y los contextos específicos: extensión moderada del horario escolar, Jornada Escolar Completa, escuelas en tiempo integral con currículo diversificado y actividades extracurriculares obligatorias. Pero la clave está en los detalles: ¿cómo se implementa?, ¿con qué recursos?, ¿para qué se usa ese tiempo adicional?

La evidencia muestra una asociación positiva entre el aumento del tiempo escolar y el rendimiento académico, aunque con matices importantes. La gráfica muestra que para la mayoría de los países de América Latina existen mejoras moderadas en el desempeño académico con la extensión de la jornada escolar, a pesar de las diferencias en las modalidades de extensión. Se identificó también que este efecto es usualmente mayor para las poblaciones más vulnerables, lo que evidencia que la JEE puede ayudar a cerrar brechas. Específicamente, una evaluación del Programa de Jornada Extendida en Paraguay, realizada en 2024 por Econometría Consultores con apoyo de Equilibrium, mostró que los estudiantes que participaron en la jornada extendida mejoraron su rendimiento académico, especialmente en matemáticas en tercero de primaria.

El empleo es la principal fuente de generación de ingresos de la población, luego, es una herramienta poderosa para impulsar la prosperidad y crecimiento económico. En 2024 la principal actividad económica en la ruralidad colombiana continuaba siendo la agropecuaria, que generó 53,2% de la totalidad de los puestos de trabajo, seguida de lejos por el comercio con 9,1%. Además, en la ruralidad el comercio y otras actividades dependen en buena medida de la dinámica de la actividad agropecuaria. También es relevante mencionar que, según el Ministerio de Agricultura, el sector agrícola que más había crecido en la última década había sido la palma de aceite con casi 600.000 hectáreas y cerca de 7.000 productores, de los cuales 72% eran a pequeña escala y 31% eran mujeres.

Adicionalmente, a finales de 2024 la empresa Soluciones Estratégicas de Información, SEI, financiada por Fedepalma, levantó una encuesta muy detallada del empleo directo en el sector de palma de aceite en Colombia durante 2023. De los resultados de la encuesta presentados en la 21a Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite, realizada del 23 al 26 de septiembre de este año, vale la pena resaltar los resultados sobre el nivel de formalidad.

La encuesta permite examinar la evolución laboral en el sector respecto a una primera encuesta que se realizó en 2016 en compañía del Dane, pues son comparables y mantienen la metodología propuesta por el Dane. A partir de esta información un estudio de SEI en el que Econometría hizo análisis se encontró que entre 2016 y 2023 el empleo directo en el sector palmicultor se incrementó en 37,9%, evidenciando la ampliación contundente de esta actividad económica en el país y su importancia como generador de oportunidades laborales.

Ahora bien, el empleo se transa en el mercado laboral con la particularidad de que lo transado (el trabajo realizado) no se puede separar del vendedor (el trabajador). Por ello, la relación entre empleadores y trabajadores cobra especial importancia; la calidad del empleo y las condiciones adecuadas son relevantes para optimizar la productividad y el bienestar. En ese sentido un indicador clave es la formalidad laboral, el cual, especialmente en el sector rural y agropecuario ha sido un asunto rezagado en Colombia. Según cifras del Dane, la formalidad laboral en el trimestre marzo-mayo de 2025 rondaba 44,1%, mientras que esta cifra en el sector rural fue de solo 16,2% y de 15,6% en el agropecuario.

Para analizar la formalidad en el sector palmicultor se preguntó por el tipo de vinculación del personal. Se encuentra que los principales tipos de vinculación en 2023 fueron el contrato a término indefinido (35,5%) y el contrato a término definido (26,6%). En otras palabras, estos dos tipos de vinculación se usaron casi en dos de cada tres vinculaciones. Esta información, contrastada con la obtenida para 2016 exhibe un cambio estructural, pues en ese año la principal forma de vinculación era el contrato por prestación de servicios, obra o labor (23,9%), seguida del contrato a término indefinido (20,7%) y a término fijo (19,3%) (Ver gráfica). Los resultados indican que en la palmicultura colombiana ha habido un fuerte proceso de aceleración de adopción de las prácticas del segmento formal de los mercados laborales.

La globalización ha hecho que no solo se transen bienes y servicios alrededor del planeta, sino también oportunidades. Hemos aprendido que es posible aumentar el bienestar general cuando se diseñan y se ponen en práctica políticas públicas y regulaciones que organizan esas transacciones mediante una institucionalidad sólida, tal como lo han señalado expertos como Stiglitz, Sala-i-Martin, Rodrik y Bhagwati, entre otros.

Ahora bien, la interconexión mundial también ha despertado aún más el interés por atraer mano de obra extranjera para solventar brechas laborales locales. Esto se ha materializado mediante flujos migratorios de trabajadores, con el riesgo de que el país de origen experimente pérdida de personal valioso para su crecimiento económico y social, lo que frecuentemente se conoce como “fuga de cerebros”. Además, cuando los flujos migratorios no son ordenados o regulares, el país de destino puede enfrentarse a retos para aprovechar de manera efectiva el recurso humano que recibe y los trabajadores corren el riesgo de caer en redes de trata o explotación.

Durante las últimas semanas, en el país se han presentado varias discusiones sobre las características de la prestación del servicio de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional, SIN. Por un lado, se ha discutido la posibilidad que el sistema se encuentra bajo cierto nivel de “estrés” debido a la alta dependencia de fuentes hídricas y las posibles dificultades en el suministro de gas. Por otro lado, se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la prestación del servicio, así como disminuir las tarifas al usuario, aspecto fundamental en algunas regiones del país. Sin embargo, si bien estos aspectos son clave para el debate, es igual de importante poner de manifiesto la cobertura y acceso del servicio de energía en las zonas más apartadas del país.

De acuerdo con datos del índice de Cobertura de Energía Eléctrica, Icee, de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Upme, en ciertas regiones periféricas del país la cobertura del servicio de energía eléctrica no se encuentra garantizado para toda la población. Por mencionar algunos, departamentos como Vichada tienen una cobertura de 55%, La Guajira de 61% y Guainía de 77%.

Las zonas rurales del país tampoco son ajenas a esta situación. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (Dane) a 2023 un 5,2% de los hogares de esas zonas, es decir, 634.000 personas, carecían del servicio de energía eléctrica.

En general, las regiones periféricas, que coinciden con las denominadas Zonas No Interconectadas, ZNI, presentan, al igual que las zonas rurales más alejadas, las menores tasas de cobertura del servicio, con la consecuencia directa de presentar menores niveles de desarrollo tanto económico como social. Sobre este último aspecto, distintos estudios han demostrado que el acceso a la energía eléctrica fomenta el desarrollo humano en tanto que permite mejorar las dimensiones de educación, salud y generación de ingresos.

En esa línea de estudios, Econometría recientemente desarrolló una consultoría para el Departamento Nacional de Planeación, DNP, en el que, entre otros, identificó los resultados para los usuarios del acceso a la energía eléctrica a través de proyectos financiados por los fondos públicos Fazni, Faer y Prone. El primero, el Fondo de Apoyo Financiero para la de las Zonas No Interconectadas, Fazni, centrado en la ampliación de cobertura de las ZNI, el segundo el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales, Faer, enfocado en las zonas rurales sin servicio del SIN y el último el Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone, que busca, como su nombre lo indica, la legalización de redes existentes.

Antiguamente, los navegantes resolvieron el reto de orientarse en mar abierto guiándose por las estrellas, puntos de referencia fijos en un entorno cambiante. La política macroeconómica comparte esa lógica: el destino es la estabilidad de precios, el crecimiento sostenible y, en algunos países, el pleno empleo. Ni los navegantes ni los hacedores de política controlan el entorno, pero sí pueden ajustar el rumbo frente a choques adversos.

Ahora bien, las verdaderas “estrellas” de la política no son las variables visibles -inflación, desempleo, crecimiento y la tasa de cambio-, llenas de ruido e inestabilidad, sino coordenadas más profundas y difíciles de estimar: la tasa de desempleo que no acelera la inflación (Nairu por su nomenclatura común en inglés, U*), el crecimiento potencial (g*) o la tasa de interés neutral (r*), por nombrar solo algunas. Estas no se observan directamente, sino que se infieren con modelos econométricos y supuestos guiados por la teoría económica, y aunque imprecisas y sujetas a revisiones, resultan indispensables para no perder el rumbo en medio del oleaje económico. La presente columna trata sobre la evolución reciente de estas variables y de la información que estos astros nos dan sobre el futuro de la economía colombiana.

En su más reciente informe de política monetaria, el Banco de la República presentó estimaciones oficiales de crecimiento potencial, entendido como aquella tasa que, en ausencia de choques, es consistente con una inflación estable. Esta cifra refleja el nivel de crecimiento sostenible de la economía colombiana con la capacidad instalada y con la fuerza de trabajo con la que se cuenta en el momento de la medición. Antes del choque petrolero de 2015, dicho potencial se ubicaba cerca de 4,5%, pero luego descendió hasta 2,6%.

Durante la pandemia, el choque fue tan severo que el potencial prácticamente no creció, y solo en la recuperación posterior volvió a niveles similares a los previos a 2015, para finalmente estabilizarse en 2,7%. Las implicaciones sociales de esta desaceleración son profundas. Basta aplicar la regla de 70: con un crecimiento de 4,5%, la economía se duplicaba en 15 años y el PIB per cápita en 20 (asumiendo crecimiento poblacional de 1%). Con el potencial actual de 2,7%, la economía tarda 26 años en duplicarse y el PIB per cápita, 41. En términos de bienestar social, la diferencia es enorme.