Tal y como lo planteó Econometría en su libro “Colombia después de la pandemia, la urgencia de lo estructural”, la formación para el trabajo es columna vertebral para la generación de empleo. La reducción de costos tiene efectos positivos sobre la informalidad, pero sus efectos sobre la generación de empleo son marginales. Ejemplo de esto es la reforma tributaria del 2012, que al trasladar algunos parafiscales de la nómina (SENA, ICBF, salud) al impuesto de renta (el CREE) tuvo efectos importantes en la informalidad, pero no en el empleo.

La generación de empleo está más relacionada con la productividad laboral, que a su vez está atada a la formación del trabajo pertinente y con calidad. El libro muestra que la diferencia más importante entre la oferta laboral (quienes ofrecen su trabajo buscando empleo) y la demanda laboral (las empresas que necesitan trabajadores) está en la formación técnica y tecnológica. El gráfico muestra que mientras para la educación secundaria y universitaria hay más personas buscando trabajo que vacantes, es decir, hay desempleo, en la educación técnica y tecnológica ocurre al revés: hay vacantes que no se pueden cubrir por falta de competencias de los trabajadores.

Este diagnóstico se relaciona con el estudio de la OCDE del 2019, que plantea que una de las trampas del desarrollo en América latina es la baja productividad laboral. Un trabajador latinoamericano produce alrededor de 35% de lo que produce un trabajador de la Unión Europea, y Colombia es de los países con menor productividad laboral. No es un juicio de valor respecto a los trabajadores colombianos, es más bien una necesidad desde la política de formación para el trabajo, que debe ser pertinente y con calidad. Para esta política, el país cuenta con el SENA, entidad pública que recibe una cantidad importante de recursos. Antes de la reforma tributaria del 2012, este ingreso era el 2% de la nómina formal del país, y hoy está relacionado con el crecimiento de la economía. Colombia es entre los países en América Latina el que más cuenta con recursos para la formación para el trabajo.

Sin embargo, es necesario evaluar la pertinencia de su formación. El objetivo del SENA debe ser la empleabilidad de sus egresados. La actual administración del SENA entendió muy bien esa necesidad. Está recopilando información sobre la calidad de su formación por parte de los empresarios, haciendo un seguimiento continuo a la tasa de vinculación de sus egresados, y generó mecanismos de relacionamiento eficiente con los empresarios.

Sobre el primer punto, la segunda encuesta de calidad de la formación de los trabajadores, que ya lleva dos ediciones, una en 2021 y otra en 2022, muestra que para cerca de 92 mil empresas el 85% de ellas está dispuesto a contratar un aprendiz del SENA. Por sector económico, esta disposición varía entre el 96% en servicios públicos básicos y el 79% en actividades financieras y de seguros, y regionalmente entre el 91% en Bolívar y San Andrés, y 79% en Nariño y Putumayo. Sobre el segundo punto, la vinculación laboral de egresados del SENA muestra que a junio del 2022 6 de cada 10 egresados (el 60,2%) están empleados gracias a la formación recibida en el SENA y esta tasa ha crecido de manera constante.

Sobre el tercer punto, creó la Unidad de Atención Integral al Empresario, con gestores empresariales que ha atendido 125 mil empresas entre el 2018 y el 2021 y ha firmado convenios que buscan aumentar la competitividad del recurso humano a través de la capacitación o la trasferencia de conocimiento con grandes empresas con Frisby, Corona y Renault. El modelo busca no solo llevar el portafolio de servicios a las empresas, sino también entender cuáles son las necesidades de talento que requieren, para ir adaptando los diseños curriculares y así hacerlos más pertinentes.

Estás acciones recientes van en la dirección correcta. Primero, la identificación de brechas de capital humano se debe hacer con los empresarios. Es el aparato productivo el protagonista, y las entidades de formación como el SENA deben adaptar sus programas a estas necesidades, especialmente ahora en un mundo cambiante después de la pandemia. La unión SENA y las empresas, utilizando también otros mecanismos que ya existen como el Servicio Público de Empleo, ayuda a responder de manera más efectiva a las necesidades de capital humano con pertinencia y calidad. Segundo, el enfoque regional es esencial. Colombia es un país de regiones, y cada región tiene un aparato productivo diferente, con unas necesidades de capital humano diferentes. El análisis regional de la encuesta es importante para adaptar la formación a estas necesidades de capital humano específicas, pero el SENA debe seguir avanzando para dar respuestas más efectivas a las regiones. Por ejemplo, el Consejo Directivo está compuesto por representantes de entes nacionales y le responde al gobierno nacional más que a los territorios.

Es la dirección correcta y entendiendo la formación como una política de Estado, se debe construir sobre lo construido. Es importante que se institucionalice la encuesta de calidad de la formación, que ya tiene dos puntos en el tiempo, 2021 y 2022, y se hagan revisiones y mejoras continuas para fortalecerla. La Unidad de Atención Integral al Empresario debe hacer parte de la institucionalidad del SENA, y se debe revisar el desempeño de las mesas sectoriales, más dedicadas hoy al Marco Nacional de Cualificaciones.

En tres meses y medio ya se conocerá el nombre del próximo presidente. Independientemente de quién resulte ganador, el país necesita políticas efectivas que logren una inclusión productiva amplia de la población, que conduzca a lo que hemos denominado en Econometría el “gran empujón” de la economía colombiana en la etapa pospandemia.

Esta columna trata de presentar algunas ideas al oído del nuevo gobierno, quienquiera que lo conforme, con el propósito de plantear alternativas para lograr un crecimiento económico sensiblemente superior al de los últimos años y que este crecimiento se refleje en una mayor equidad social. La mayoría de los programas de desarrollo que se han implementado en el país no han logrado superar un umbral mínimo para que puedan garantizar una economía diversificada y con empleos formales.

Lo primero que se debe buscar es un balance equilibrado entre las políticas de inclusión social y las de inclusión productiva. Colombia ha avanzado en la inclusión social en algunos frentes como la salud y la cobertura en educación básica y en vivienda, aunque está muy atrasada en otros como la atención integral a la primera infancia, la calidad de la educación y la protección de los adultos mayores.

A pesar de esta realidad social, si se examina el panorama de políticas públicas en favor de la inclusión productiva, el panorama es aún más crítico. Un estudio del DNP, de poco antes de la pandemia, mostraba que la oferta de programas de generación de ingresos de Prosperidad Social había atendido en los últimos cinco años a cerca de 100.000 hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Esto es insignificante frente a programas como Familias en Acción, que beneficia a cerca de 2,5 millones de hogares. En los programas de inclusión productiva rural, como es el de Alianzas Productivas, después de 20 años de operación, los resultados de escalamiento a niveles competitivos son casi nulos. El DNP indicaba que en el gasto social, solo 2,5% se dedica a actividades de generación de ingresos.

La falta de inclusión productiva se refleja en que actualmente la pobreza monetaria es sensiblemente superior a la Pobreza Multidimensional (IPM), cubriendo la segunda un 18.5% de la población y el de pobreza 42,5%. En que existan 6,8 millones de microempresas informales de menos de tres trabajadores, con barreras casi infranqueables para salir de la informalidad y de una muy baja productividad. En que casi 60% de la población esté en la informalidad laboral y que Colombia siga exportando casi la misma canasta de bienes básicos desde hace más de 40 años.

Las políticas públicas deben tener como objetivo la generación de ingresos que propicien capacidades competitivas en las empresas, personas, hogares y comunidades. No existe una sola política que garantice esto. Son varias las acciones que en forma coherente y complementaria pueden lograr este objetivo. A continuación algunas que van en esta dirección.

Unas políticas deben ser transversales a toda la actividad económica y otras deben tener un enfoque territorial. Con relación a las primeras se deben priorizar aquellas que luchen contra la informalidad y la baja productividad. La informalidad se reduciría con la modificación de varias disposiciones legales en favor de las empresas micro. Esto se lograría, en gran medida, con algo tan sencillo como modificar el Régimen tributario denominado SIMPLE, que no ha funcionado. Se debería tomar el ejemplo de Brasil que fijó una tarifa plana anual muy pequeña (menos de US$20 en un solo trámite anual) para microempresas. Esto llevó a una masiva formalización tributaría, en registros mercantiles, pago de prestaciones y acceso a crédito y tecnologías, a estas pequeñas microempresas, que en Colombia pueden representar cerca de 12 millones de trabajadores.

Esta medida debe complementarse con otras ya de tono general para todas las empresas, como es la eliminación de las contribuciones de salud, al menos para los salarios hasta tres salarios mínimos, las cuales deben ser cubiertas por el presupuesto nacional, lo mismo para las Cajas de Compensación, cuya afiliación debería ser voluntaria. Estas medidas, acompañadas de una efectiva formación para el trabajo y masificación del mundo digital, tendrían un claro efecto en formalización y mejor productividad en el conjunto de empresas y personas.

El complemento de estas políticas transversales son las territoriales. En el caso de las grandes ciudades y conglomerados urbanos, la clave es avanzar en una mayor complejidad y diversificación inteligente en bienes y servicios en cada uno de estos grandes centros urbanos del país. Colombia es un país de ciudades con oportunidades diferentes. Lo que haga competitiva a Barranquilla es muy diferente a lo que en Bogotá sea efectivo.

En la agricultura no se han logrado encadenamientos productivos de escala entre el ámbito urbano y el rural y con el comercio exterior. Se deben propiciar mejoras significativas en los ingresos de los productores campesinos y agroindustriales centradas en aumentos grandes y escalables de la productividad, una mayor conexión con los mercados, con vías terciarias de calidad y titularización de las propiedades. Existen varias experiencias piloto exitosas en agricultura, ya desarrolladas en el país, que deben ser escaladas.

En síntesis, es la hora de actuar en función de la inclusión productiva y el nuevo gobierno tendrá una gran oportunidad para ello.