Lo anterior nos motivó a proponer una descomposición de la tendencia y el ciclo que permitiera la existencia de choques que afectaran simultáneamente a la tendencia y al ciclo y los resultados se encuentran en el estudio titulado ‘A trend cycle decomposition with hysteresis’, publicado como Borrador de Economía del Banco de la República. En dicho documento se hizo un análisis sobre la evolución del PIB y el potencial en varios periodos históricos como la crisis de 1929, la crisis de 2008 y la actual crisis del covid-19. En el caso de las últimas dos crisis, el análisis está disponible para más de 80 países. A continuación, mostramos algunos aspectos generales que se encontraron para la crisis del covid-19.

En lo que concierne a la economía global, la crisis del covid-19 tuvo su mayor profundidad en el segundo trimestre de 2020, cuando tanto el PIB como el potencial se desplomaron de manera importante respecto a la tendencia previa. Luego del ascenso del tercer trimestre de 2020, el potencial se estabilizó para la mayoría de los países. Lo anterior permite una medición de las pérdidas de largo plazo que generó la crisis del covid, la cual en la mayoría de los países fluctúa entre pérdidas de 1% y de 4% respecto a la estimación de largo plazo previa.

De igual forma, se observa una heterogeneidad importante entre países. El país mediano parece haber convergido al nuevo nivel de potencial, más de la mitad de los países tiene un PIB observado por encima de su potencial, lo que muestra que una parte importante de la inflación actual está asociada a un exceso de demanda.

En Latinoamérica hay dos países que sobresalieron en el estudio: Colombia y México. Ambos tuvieron caídas similares durante el segundo trimestre de 2020, sin embargo, luego de 2021 el comportamiento de estos países empezó a diferenciarse de manera importante. Las estimaciones para Colombia sugieren que el PIB colombiano ya superó la tendencia previa y el potencial está muy cerca de recuperar el nivel previo a la crisis económica, con una pérdida cercana a 1%. Por su parte, México empezó a diferenciarse de manera importante.

Por un lado, la economía se encuentra cinco puntos porcentuales por debajo de la tendencia previa y el potencial se encuentra a un nivel cercano. Así, vale la pena preguntarse cuales fueron las diferencias entre estos países: ¿se trató de diferencias en las políticas de vacunación o en la política de reactivación económica por parte de los gobiernos?

De lo anterior se desprende que la metodología propuesta no solo permite estimar un PIB tendencial que ante crisis puede quebrarse, mostrando efectos de desgarramiento propios de las crisis económicas, sino que también permite dar mejores respuestas a otros tipos de interrogantes al hacer una mejor medición de la brecha del producto.

*Las opiniones expresadas en esta columna no representan la visión del Banco de la República ni de Econometría Consultores ni las visiones de sus juntas directivas.

Las alternativas sostenibles dependen en buena medida de aprovechar las ventajas comparativas con que se cuentan, volviéndolas ventajas competitivas. Tierra y agua es donde Colombia tiene esas ventajas. Sobre esa base, los sectores posibles son el turístico (asociado a paisajes) y el agropecuario. Sin embargo, en lo que respecta al turismo, mientras no mejoren los problemas de infraestructura y de violencia e inseguridad, será una opción limitada. Queda el desarrollo agropecuario donde el país tiene una mejor dotación relativa de factores, lo cual brinda una ventaja comparativa. El reto será volverla competitiva.

Esa ventana en el horizonte está cada vez más cerca de poder abrirse. Por un lado, desde hace algo más de una década se tiene una base conceptual importante sobre el desarrollo rural. Los principales trabajos han sido: a) el Proyecto de ley de tierras y desarrollo rural (2011), que si bien no se convirtió en ley, fue la base con la que el gobierno negoció los temas rurales en La Habana, b) la Misión para la Transformación del Campo (2015), el trabajo más sistemático e integral sobre el desarrollo rural, convertido en el principal referente; c) el Acuerdo de paz con las Farc (2016), en particular el punto 1 sobre Reforma Rural Integral; d) el documento Conpes 3958 (2019) donde se aborda la política de catastro multipropósito”, fundamental para la reforma rural integral; y e) por último, lo que plantea la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo (2023) sobre el ordenamiento territorial en torno al agua y la propuesta de un Sistema de Administración del Territorio. Lo que tiene que hacer el estado, tanto en el nivel nacional como territorial, es poner en marcha esas recomendaciones.

Lo anterior, se complementa con un excelente equipo, que cuenta con una larga experiencia. Quien dirigió la Misión para la Transformación del Campo es el Ministro de Hacienda. El Departamento Nacional de Planeación se tiene claridad sobre los retos del desarrollo y la transición energética. Y a la cabeza del sector agropecuario y desarrollo rural está Cecilia López, quien ya fue ministra del sector, ministra de ambiente y directora del Departamento Nacional de Planeación. Además, los viceministros tienen experiencia en sus campos y en entidades claves como en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria se tienen personas de primer nivel. Sin temor a exagerar, podría decirse que se cuenta con un Dream Team.

Un desarrollo agropecuario que aproveche las ventajas comparativas, la claridad sobre lo que hay que hacer y el excelente equipo con el que se cuenta hacen que la ventana de oportunidad en el sector agropecuario está abierta y lista para aprovecharla. Que se aproveche o no dependerá en buena medida de la capacidad de ejecución. Algo nada fácil, pues parodiando el popular refrán, “el diablo está en la implementación”.

Tres problemas distintos se enfrentan en el camino: a) Temas estratégicos, diagnosticados y con gran potencial de impacto que no tienen doliente. Por ejemplo, los distritos de adecuación de tierras, donde se tiene diagnósticos y propuestas (financiadas por la CAF), pero sin mayores avances. Los potenciales beneficios son enormes, pero la cobertura es muy baja y los distritos existentes funcionan lejos de su potencial. Es una oportunidad que no se aprovecha; b) Por otro lado, está el caso de programas de gran perspectiva como Alianzas Productivas, que parecen estar decayendo en lugar de proyectarse hacia el futuro. Es un ejemplo de cómo el manejo político puede llevar al traste una buena iniciativa; Alianzas fase 1 y 2 logró mejores resultados e impactos que Alianzas fase 3. Un llamado a no quedarse en el pasado y a cuidar la institucionalidad de aquello que se vaya construyendo; y c) El reto del escalamiento.

Los programa e instrumentos existentes llegan a muy poca población y la perspectiva de acercarse al universo vía aumentos de cobertura, no es fácil dadas las restricciones fiscales. Pareciera se deja la perspectiva del escalamiento al crédito, que es una restricción presupuestaria para el productor, más que un factor determinante del desarrollo. Endeudar a un productor para un proyecto que no sea rentable es condenarlo es crearle un problema adicional. Lo que falta es identificar proyectos que pueden tener potencial de grandes impactos, que generen efectos demostración y que se propaguen, como bien los soportan las evaluaciones que se han adelantado.

Estos ejemplos ilustran la magnitud de los retos en la implementación, que determinarán en últimas si se aprovecha o no la ventana de oportunidad.

El asunto importante es brindar condiciones laborales estables, suavizando o manteniendo el bienestar general ante los movimientos propios del entorno, el mercado laboral y la economía. El objetivo es que los trabajadores estén en el mejor puesto de trabajo posible, esto no es siempre el mismo puesto, haciendo una carrera laboral, no necesariamente en la misma empresa, y que las empresas puedan ir adecuando su plantilla a los cambios de sus entornos para ser más productivas y competitivas, mientras están interesadas en mantener una fuerza de trabajo en la que han invertido en formación a la medida de sus necesidades.

Los países desarrollados han entendido esto. Por ello, como lo ha documentado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Cepal, esos países han creado y fortalecido continuamente sus sistemas de subsidio al desempleo, acompañado de políticas activas que incentivan la creación de empleo y la contratación formal, promueven la formación para el trabajo pertinente y cuentan con robustos servicios de empleo.

Ahora bien, los mejores sistemas de subsidio al desempleo brindan una transferencia de dinero lo suficientemente alta como para facilitarle a una persona que perdió su trabajo que emprenda un proceso de búsqueda de uno nuevo con iguales o mejores condiciones al que perdió. El tiempo de búsqueda subsidiado está ligado a la duración del desempleo promedio, en las economías sólidas esto es aproximadamente tres meses, pero en Colombia, según cálculos que pueden realizarse con las encuestas del Dane, esto debería ser alrededor de un año. Por eso, se debe acompañar a las personas que buscan con un Servicio de Búsqueda de Empleo ágil y con cobertura nacional. La Cepal también resalta que muchos países complementan el seguro al desempleo con una innovación; se trata de cuentas de ahorro individual por desempleo a las que aportan trabajadores y empleadores.

¿Sabe usted si en Colombia existe un sistema de subsidio al desempleo? Pues, sí, sí lo hay, se llama el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC) y este primero de mayo cumple 10 años de su existencia desde que el Ministerio del Trabajo lo inauguró. El MPC se financia por recursos del Sistema de Subsidio Familiar que se operativiza a través de las Cajas de Compensación Familiar. A través del MPC se brindan módicas prestaciones económicas, capacitación al buscador de empleo, fomento empresarial y se articula con el Servicio Público de Empleo.

Además, en Colombia existen las cesantías, las indemnizaciones y los costos de despido. Todos ellos herramientas para facilitar la rotación laboral de los trabajadores entre puestos de trabajo. Hay recursos, pero están dispersos y ni siquiera se conoce su propósito. El colombiano promedio ve las cesantías como una prima extra. La falta de visión de país que articule esas herramientas y las haga potentes para mejorar el bienestar de la población económicamente activa (los que trabajan y los que buscan trabajo) y del empresariado ha generado un mal uso de nuestros recursos y perdida de potencialidades de nuestra principal riqueza, nuestra gente.

Como se puede inferir, el MPC es un paso que Colombia ha dado en la dirección correcta. No obstante, dista de tener la capacidad y fortaleza para brindar condiciones laborales estables. En gran parte porque al ser financiado solo por los recursos en las Cajas de Compensación Familiar, por ley, solo cubren a quienes aportaron, es decir, a los trabajadores formales ¿Y el resto de la población? El Estado colombiano, que somos todos, debe meterse la mano al bolsillo para potenciar el subsidio al desempleo y dado que hay recursos, organizarlos, sumarlos y usarlos eficientemente. Afortunadamente, estamos ante una coyuntura de cambios. Es el momento modificar de manera profunda las condiciones de nuestro mercado laboral, de nuestro país. El impulso que se necesita, aunque importante, luce pequeño frente las reformas que están marcha. Potenciar el sistema de seguro al desempleo es factible, es un sueño posible para Colombia ¿Quién abanderará esta causa?… Es loable, benéfica y está a la mano.