La historia de Colombia ha estado marcada por los riesgos de seguridad a los que se enfrentan diferentes grupos poblacionales. Persecuciones a grupos étnicos, población víctima de desplazamiento forzado, víctimas de minas antipersonales y amenazas a líderes sociales, o incluso atracos callejeros, son algunos ejemplos de poblaciones afectadas por diversos tipos de inseguridad: física, emocional, social, laboral, comunitaria, entre otros.

La Persona Defensora de Derechos Humanos (Pddh) es definida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como aquella que “individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos”. En la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos promulgada en 1998, se estableció que “la persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Los derechos que abordan las Pddh no se enmarcan únicamente en el ámbito de la seguridad personal. Por el contrario, abarcan derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. También defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales.

Así como las Pddh promueven, promulgan y vigilan el goce de una gama amplia de derechos humanos, el garantizar su seguridad va más allá de proveer seguridad física frente a posibles amenazas violentas contra su vida. Las agencias de las Naciones Unidas en Colombia, particularmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), han integrado objetivos de transformación territorial para lograr un real ejercicio libre y seguro de los liderazgos en el país, que contribuya de manera sostenible a la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.

Econometría Consultores recientemente realizó una evaluación de los programas de estas dos agencias, constatando que la garantía de la seguridad de las Pddh requiere de tres elementos claves: i) la construcción de escenarios habilitantes para el diálogo social, la identificación y mitigación de riesgos; ii) la veeduría, iii) la afectación de organizaciones criminales y sus rentas, y iv) la generación de oportunidades económicas lícitas para los líderes y defensores.

En un contexto como el de Colombia, las Pddh enfrentan diferentes riesgos según la región donde habitan, el grupo al que pertenecen y la causa por la que abogan. Es por esto que políticas y programas para garantizar su seguridad deben ser construidos de manera conjunta y con la participación de autoridades locales que respondan a sus necesidades particulares. Los espacios de diálogo deben materializarse en acciones concretas, no solo para los individuos, sino también para las comunidades, mediante las cuáles se implementen y financien los programas y las políticas que los Pddh identifiquen como prioritarios para la garantía de sus recursos y se hagan efectivas las medidas de protección que debe garantizar el Estado Colombiano.

De igual forma, las Pddh deben por otra parte ser capaces, en la medida de sus posibilidades, de contribuir a identificar y autogestionar sus riesgos. Los programas de acompañamiento de las agencias de Nnuu han demostrado que es posible fortalecer las habilidades de las Pddh para reconocer riesgos potenciales y advertir los mecanismos de denuncia y protección existentes, tanto a las autoridades locales como a las nacionales. A través de procesos participativos, las Pddh pueden identificar medidas para mitigar los riesgos que generan factores como el acceso a redes sociales, y la necesidad de desplazarse de un lugar a otro. La evidencia muestra que pequeñas acciones pueden contribuir a proveer garantías para ejercer un rol de veedores de manera más segura y eficaz.

El fortalecimiento de las Pddh y las garantías para ejercer su libre liderazgo son fundamentales para los procesos de veeduría, que contribuyen a denunciar la vulneración de los derechos humanos por parte de organizaciones criminales en busca de sus rentas. Dejar de lado este proceso de empoderamiento, capacitación, generación de habilidades y protección, trae como consecuencia el debilitamiento de los espacios de rendición de cuentas y vigilancia, que son claves para el proceso de consolidación de la paz y la convivencia.

Finalmente, la estigmatización y amenazas de las que son víctimas las Pddh en Colombia afectan la generación de oportunidades económicas y, en regiones con mercados y economías limitadas, se incrementa el riesgo de participar en cultivos ilícitos.

En este sentido, las condiciones para garantizar un ejercicio libre y seguro de los liderazgos deben también contemplar programas para generar fuentes de recursos sostenibles para las Pddh, que sean acordes con las economías locales y que tengan una visión de comercialización que permita su sostenibilidad en el tiempo. Existe un gran potencial de producción en las zonas más afectadas, como por ejemplo el cultivo de cacao en Tumaco, de pimienta en Putumayo y de miel en la región caribe, que pueden llegar a mercados tanto nacionales como internacionales.

La seguridad de las Pddh es un compromiso de todos. De las autoridades nacionales y locales para garantizar su protección y la generación de medios de vida dignos y sostenibles en el tiempo, del sector privado, contribuyendo a lograr el acceso a mercados y oportunidades económicas, y de la sociedad en general, valorando las acciones que ellos y ellas realizan, evitando su estigmatización y comprometiéndonos con ser veedoras y veedores de las vulneraciones de derechos en nuestro país. Las Pddh no son solo los líderes y lideresas que viven en las zonas marginadas de Colombia. Si bien ellos son quienes más protección necesitan, nosotros también podemos esforzarnos en promover y proteger nuestros derechos, los de nuestra comunidad, los de nuestro país y los de nuestro planeta.

La COP que se llevará a cabo en octubre de 2024 en Cali, se denomina COP16 porque es la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) en el contexto del convenio de Diversidad Biológica. La COP16 tendrá el lema “Paz con la Naturaleza” y uno de sus objetivos es “mejorar la relación que tenemos con el ambiente, repensar un modelo de económico que no priorice la extracción, sobreexplotación y contaminación de la naturaleza”. Por su parte, las COP se refieren a las reuniones anuales de los países que han ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que se firmó en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. La COP es el máximo órgano del CDB y como tal dirige, supervisa y decide sobre el proceso de implementación y futuro desarrollo del Convenio.

Los efectos de estas conferencias se pueden medir por los resultados de los acuerdos y por los impactos que tengan en el país o en la ciudad anfitriona. Sobre este último tema, se ha venido discutiendo mucho últimamente. Más allá de las rivalidades, que podrían sugerir algunos medios de comunicación, sobre si el beneficio de hacer el evento es para Cali, si es para el país o si para las comunidades, en esta columna invitamos a que se realice una medición rigurosa y seria una vez culmine. Para ello, se pueden tomar ejemplos de metodologías que ya se han utilizado y publicado, como es el caso de la propuesta que se hace en el Economic Developmet Journal (2017) en donde su autor, Loftsgaarden presenta una metodología de medición de impacto de eventos mayores.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración Panameña, el total de personas en movilidad por el Darién pasó de 6.465 en 2020 a 520.085 en 2023. En lo que va corrido de este año, se han registrado 238.185 personas transitando por esta área de frontera , de los cuales 21% son niños, niñas y adolescentes, provenientes de 36 países localizados en América del Sur (principalmente Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Camerún y Brasil), el Caribe (Haití y Cuba), Asia (China, Vietnam, Bangladesh, Afganistán) y África (Angola, Ghana, Etiopía, entre otros).

La diversidad geográfica del país de origen de la población en movilidad muestra que son muchos los factores que los motivan a salir de su patria para aventurarse a un viaje con varias escalas y donde una de ellas implica cruzar la selva del Darién. Lo que sí comparten estas personas es el alto riesgo de vulneración de sus derechos a la vida, la seguridad, la dignidad, y a acceder a servicios básicos para su subsistencia.

Hace dos semanas, ya con el telón abajo de los Juegos Olímpicos de París, en este mismo espacio se documentó por qué es importante una inversión inteligente en el deporte. Resulta que el telón de las justas paralímpicas se abrió y con mucho mayor fulgor para el deporte colombiano. No se han terminado las competencias y en el momento de redacción de esta columna la delegación colombiana nacional ya cuenta con cuatro oros, seis platas, nueve bronces y 21 diplomas, de lejos, mejores resultados que en los juegos que les precedieron. No obstante, ya no está el mismo número de personalidades acompañando a los deportistas, ya no está la primera dama y el séquito presidencial animándolos y tampoco se tiene el mismo seguimiento por parte de la audiencia.

En la evaluación que realizó Econometría sobre el Plan Decenal de Deporte (PDD) 2002-2022 se evidenció que la inversión en deportes paralímpicos es menos de 1% de lo que se destina al deporte convencional. En general, según datos del Ministerio del Deporte, la inversión anual por atleta olímpico es entre los $20 y $30 millones mientras que para los paralímpicos es la mitad. De otro lado, si bien el enfoque de inclusión ha sido reconocido como lineamiento del PDD, se presentan brechas en la implementación que demandan ser superadas, en especial en los entes territoriales.

Si es tan baja la inversión y la implementación presenta tantos retos, ¿Por qué nos va mejor en términos de resultados medidos en medallas? En efecto, Colombia ha ganado reconocimiento internacional por su destacado desempeño en los Juegos Paralímpicos, superando las expectativas y logrando medallas en diversas disciplinas.

El sobresaliente desempeño de los deportistas paralímpicos en Colombia se debe a una combinación de factores que incluyen un enfoque en el talento específico, la preparación y entrenamiento especializados, la gestión del Comité Paralímpico Colombiano (CPC) y el apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil y empresas patrocinadoras como Priority Pass, la motivación personal, así como oportunidades más accesibles en competiciones.

Uno de los aspectos más destacados es el enfoque en identificar y desarrollar talentos específicos en deportes donde Colombia ha demostrado ser competitiva. En disciplinas como el levantamiento de pesas, el atletismo y el ciclismo, se han creado programas de detección de talentos que permiten a los atletas paralímpicos recibir atención y recursos desde una edad temprana. Este enfoque selectivo no solo ayuda a los atletas a perfeccionar sus habilidades, sino que también fomenta un ambiente de competencia saludable y motivador.

Por el contrario, en el ámbito olímpico, aunque también se trabaja en la identificación de talentos, la diversidad de disciplinas y la gran cantidad de atletas compitiendo hacen que el enfoque sea menos personalizado. Esto puede resultar en una dispersión de recursos y una menor atención a los atletas en deportes menos populares, lo que afecta su rendimiento general.

La calidad del entrenamiento es otro factor clave. Los programas de preparación para deportistas paralímpicos han evolucionado significativamente, incorporando entrenadores especializados que entienden las necesidades únicas de cada atleta. Estos entrenadores no solo se enfocan en la técnica y en la estrategia, sino que también consideran las adaptaciones necesarias para cada deportista, lo que maximiza su potencial.

En el ámbito olímpico, aunque existe un alto nivel de preparación, la competencia es más intensa y las expectativas son elevadas. Esto puede llevar a una presión adicional sobre los atletas que termina afectando su rendimiento. La personalización del entrenamiento en el deporte paralímpico puede ser un factor que contribuye a la obtención de mejores resultados en competencias internacionales.
En comparación, el deporte olímpico en Colombia a menudo recibe más atención y recursos, pero esto no siempre se traduce en un apoyo equitativo para todas las disciplinas. Algunas áreas del deporte olímpico pueden quedar relegadas, lo que limita las oportunidades de medalla en esas categorías.

Otro aspecto para considerar es que, en algunos deportes paralímpicos, el número de competidores es menor en comparación con las categorías olímpicas. Esto puede facilitar la obtención de medallas para los atletas paralímpicos, ya que compiten en campos donde pueden tener una ventaja competitiva. Sin embargo, esto no resta valor al esfuerzo y dedicación que cada atleta pone en su preparación.

En el ámbito olímpico, la competencia es feroz y el número de atletas por disciplina puede ser abrumador. Esto, combinado con la alta calidad de los competidores internacionales, puede hacer que obtener una medalla sea un desafío aún mayor para los atletas olímpicos colombianos.

La historia de los atletas paralímpicos a menudo está marcada por la superación de desafíos personales significativos. Muchos de ellos han enfrentado adversidades que van más allá de las lesiones físicas, como la discriminación y la falta de oportunidades. Esta lucha no solo les proporciona una fuente de motivación poderosa, sino que también genera una mentalidad de resiliencia que se traduce en un rendimiento sobresaliente en la competencia. Tristemente se encuentran cifras escandalosas proporcionadas por el CPC como que el conflicto armado ha producido alrededor de 300 deportistas víctimas de minas antipersonal y hasta la fecha, 27 han ganado medallas en los Juegos Paralímpicos.

También hay historias de superación de personas con discapacidad cognitiva que en el deporte han encontrado su propósito de vida, como es el caso de Juan Pablo Naranjo en atletismo y Tatiana Calderón en deportes adaptados, que han sido referentes en la promoción del deporte para personas con discapacidad cognitiva. Y el famoso Crispín, nuestro “Michael Phelps paralímpico” para quien la acondroplasia, una enfermedad que afecta el crecimiento, no ha sido impedimento.

El deporte paralímpico necesita un apoyo muy superior al que actualmente tiene tanto desde lo institucional, así como desde los patrocinadores. Por ejemplo, se debería hacer algo como lo que hizo con el Decreto 941 de 2022 en que se tomaron varias medidas en pro del deporte femenino, entre otras se fijó que como mínimo se le debía destinar 30% de los recursos de cofinanciación destinados a Federaciones. Otras acciones pueden ser la promoción y visibilidad, la inversión en infraestructura accesible, voluntariados, así como un apoyo decidido a través del presupuesto nacional. Si el presupuesto para los deportistas colombianos se reduciría el próximo año en unos $848.000 millones, pasando de $1,312 billones en 2024 a $464.000 millones, ¿se imaginan para el deporte paralímpico?