Tal como se plantea desde el gobierno nacional, dentro de los objetivos del plan de reactivación económica, se encuentra el mejoramiento de las condiciones de la población en las regiones, para lo cual, se han gestionado proyectos con empresas privadas para generar sinergias que aporten al crecimiento económico del país.

En esa línea, Econometría ha documentado en estas páginas varias experiencias (por ejemplo, los de Alpina y Bavaria) en las cuáles se muestra la conveniencia de consolidar alianzas público-privadas para escalar proyectos exitosos de generación de capacidades de desarrollo para la población, combinando adecuadamente recursos del estado y del sector privado. lo que ha permitido a los habitantes de los municipios intervenidos el acceso a bienes públicos. Por su parte, se trata también de una apuesta de transmisión de conocimientos apoyada en el monitoreo, el seguimiento y la documentación, para generar evidencias que permitan servir de ejemplo sobre la manera de abordar problemas de manera estratégica y con resultados medibles.

Particularmente, cuando se combinan las experiencias de iniciativas privadas y los laboratorios de v, se pueden obtener beneficios significativos para la sociedad, ya que se cuenta con información muy útil sobre la situación social de las comunidades intervenidas, tales como niveles de pobreza, de educación, de salud, y de problemáticas ambientales, entre otros temas. Respecto a este último punto, vale la pena recordar que las Naciones Unidas afirman que el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 necesita un nivel de acción colectiva sin precedentes, y un mayor compromiso de todos los actores no estatales relevantes, entre los que se encuentran las empresas del sector privado.

Considerando lo anterior, un reto importante por parte de las empresas privadas es el de visibilizar todos los esfuerzos hechos para que de esa manera se puedan establecer líneas de trabajo conjunta con el gobierno en los temas más relevantes para la sociedad. Por ejemplo, Econometría Consultores ha desarrollado varios estudios en los que se cuantifica el aporte del sector privado a la sociedad a partir de la medición del Valor Compartido; sin embargo, los clientes no se han articulado de manera idónea con canales de difusión existentes para que compartan sus experiencias, lo que permitiría la escalabilidad y un mayor aprovechamiento de sus resultados.

Estos y otros estudios pueden proporcionar información valiosa para la sociedad, por lo que es importante resaltar los esfuerzos realizados para su difusión. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá desarrolló una iniciativa denominada “Red de Valor Compartido”, a partir de la cual se visibilizan algunas buenas prácticas empresariales bajo el concepto de valor compartido. Además, con esta red se busca generar valor agregado para el sector privado ya que promueve el aprendizaje continuo para que las empresas adquieran un mayor nivel de competitividad. En el marco de esta iniciativa se hizo entrega de premios a empresas que se destacaron por su experiencia exitosa en la generación de valor para la sociedad, dentro de las cuales se resaltan Corona, Colcerámica, Securitas Colombia, Daviplata, Nestle, Cafam y Cine Colombia.

Un cálculo reciente realizado por Econometría Consultores para una firma colombiana evidencia que el aporte a la sociedad por parte de esta ronda 0,3% del PIB de 2023, con un aporte a la población más vulnerable equivalente a 0,06 puntos del PIB. Sobre este último aporte, se resalta el efecto de los programas de inclusión productiva mediante la generación de ingresos a través del desarrollo de emprendimientos, que, como menciona Econometría Consultores en su libro “Colombia después de la pandemia, la urgencia de lo estructural”, tiene un aporte fundamental en la inclusión social. Es importante resaltar que la inclusión social en sí misma no es suficiente para garantizar la inclusión productiva, por el contrario, esta última genera las condiciones para una inclusión social adecuada; y que, históricamente, el gasto público ha tenido una concentración en acciones de inclusión social pero no de inclusión productiva.

Otro de los programas de la evaluación realizada mostró un efecto importante sobre el acceso de la población vulnerable al micro-financiamiento. El acceso a recursos financieros por parte de población vulnerable se ha caracterizado por cobros excesivos de tasas de interés que los enfrascan en una trampa de pobreza, por lo que la medición hecha por Econometría evidencia un ahorro de recursos importante. Sobre este aspecto, el gobierno nacional ha tratado de generar mecanismos de acceso a créditos con tasas de interés adecuadas a través de Bancóldex y Banco Agrario, Otras entidades privadas han dado pasos significativos en esa dirección. Tanto las entidades estatales como las privadas pueden beneficiarse al compartir sus experiencias y mejores prácticas.

Finalmente, en el estudio realizado para medir el valor agregado, se identifica el aporte fundamental de los programas de formación para el trabajo, con lo cual se generan mejores oportunidades económicas para la población beneficiada. En el libro citado, Econometría resalta la dificultad por parte del sector productivo por encontrar personal con habilidades necesarias, por lo que es necesario fortalecer la conexión entre el sector productivo, las entidades de formación y el Estado. Por su parte, se requiere la coordinación de recursos entre el gobierno central y los gobiernos locales, de tal manera que la distribución de recursos se haga considerando variables objetivo como la tasa de desempleo o su reducción en las diferentes ciudades, o la generación de nuevos empleos formales.

En síntesis, es claro que Colombia hoy en día aún atraviesa por problemáticas que requieren de una reforma estructural, pero se ha tenido un aporte importante en la generación de valor por parte de las empresas privadas, con lo cual se evidencia mejorías en las condiciones de vida de la población beneficiada. Sin embargo, potenciar la generación de valor compartido requiere de una mayor y mejor visibilización de las acciones desarrolladas por el sector privado, de una articulación estrecha a través de alianzas público – privadas y de la generación de evidencia que fomente la puesta en marcha de programas basados en evidencias a partir de datos. Econometría Consultores puede apoyar a las empresas que quieran participar en el esfuerzo de medir y de difundir los resultados positivos de esas acciones de valor compartido.

El número de homicidios intencionales en el Ecuador se multiplicó por ocho en los últimos cinco años, pasó de 996 en 2018 a 8.012 en 2023, lo que representa un crecimiento sin par entre los países de la región. En estos años también crecieron las menciones e historias sobre organizaciones criminales como Los Choneros, Los Lobos, los Tiguerones, Los Lagartos y los Chone killers, que están cada vez más presentes en las noticias y en las redes sociales, cada una con su mitología y su panteón lleno de personajes con alias carcelarios como Rasquiña, Doble A o Fito, y sus bandas sonoras que incluyen desde corridos hasta baladas pop.

Ecuador ha sido un punto estratégico para el tráfico de narcóticos. Varios de sus puertos sobre el Pacífico -como Guayaquil- mueven miles de contenedores al día y están conectados por autopistas de quinta generación con el resto del país y, en especial, con algunas de las principales zonas cocaleras de Colombia. Esta ubicación estratégica, claro, lleva existiendo desde el nacimiento del mercado ilegal de cocaína, y no es un fenómeno que haya cambiado en estos años.

Las condiciones socioeconómicas del Ecuador en ese mismo periodo tampoco han cambiado de forma sustancial a la de sus países vecinos. En toda la comunidad andina la situación es similar y, salvo por la pandemia que afectó a todos y no solo a Ecuador, el progreso social en la región es lento, pero sin sobresaltos. La mayoría de los colombianos, ecuatorianos y peruanos en estos años han recorrido una senda similar de progreso social y económico.

A pesar de estas similitudes, a diferencia de Perú o Colombia, la violencia letal explotó en Ecuador, alcanzando una tasa de homicidios intencionales de 44,5 por 100.000 habitantes en el año 2023. Las causas pueden ser múltiples, pero una revisión detallada de la relación del homicidio con variables como la educación, la pobreza, la desigualdad o los ingresos parece apuntar a que la explicación principal no está ahí, y que es necesario explorar otras hipótesis.

Una de ellas es que la violencia letal en Ecuador ha aumentado por la interacción de tres factores principalmente: (i) un cambio en las características del crimen organizado que a su turno ha llevado no solo a diferentes estrategias de control social y territorial, sino también a un aumento de las disputas violentas, internas y externas; (ii) un desborde de la capacidad de las autoridades del Estado para contrarrestar dicha violencia; (iii) un consecuente deterioro de las relaciones de confianza al interior de las comunidades y un aumento de la permisividad y de las personas con conductas ilegales y violentas. Esto último, a su vez, puede llevar a una exacerbación de los comportamientos violentos, incluso aquellos no relacionados directamente con el crimen organizado.

A nivel mundial la inflación se ha disminuido de manera importante. No obstante, todavía no se puede cantar victoria. De hecho, en varios países la reducción de la inflación se ha desacelerado, o se está estabilizando en niveles mayores a los vistos antes de la pandemia. En esta columna se proponen dos razones que permiten suponer un posible escenario de convergencia a una inflación más alta.
Por un lado, factores como la desglobalización y el envejecimiento de la población sugieren que la inflación será mayor en los próximos años.

Con la guerra de Ucrania, el conflicto en Israel y la potencial invasión de China a Taiwán, se ha hecho claro que el equilibrio de poderes ha cambiado. Esto ha reavivado los aranceles como un mecanismo de guerra económica. Poco a poco se ve cómo Estados Unidos ha vuelto a medidas proteccionistas, que, en la medida en que materialicen. Si dichas medidas se materializan, como respuesta, no tardarán en ser emuladas en el resto del mundo. De esta manera, se configurará un nuevo equilibrio en donde el comercio internacional tendrá un menor rol y los precios tenderán a ser mas altos pues la competencia internacional tendrá un menor poder.

En contextos rurales en los cuales no hay posibilidades de acceso a la educación o zonas que se enfrentan a sequías prolongadas, se ha evidenciado que algunas de las innovaciones educativas han traspasado las fronteras. Dichas metodologías son estrategias que se han llevado a cabo en Colombia y Perú y se han replicado con éxito en Honduras. Si bien atienden a una problemática similar, el contexto es diferente.

Econometría Consultores en una visita realizada en 2023, a instituciones educativas en algunos municipios de Honduras, encontró que se reconoce la influencia que han tenido Perú y Colombia en la implementación de algunas de las estrategias adaptadas a la escuela en contextos de crisis, para garantizar acceso al agua, como lo ha sido el sistema de bombeo llamado Emas (Escuela Móvil de Agua y Saneamiento) o la metodología llamada Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT).

El mecanismo de las bombas EMA consiste en un sistema de bombeo de agua manual que busca extraer agua de un pozo a la superficie. La innovación es usar como motor el popular juego infantil sube-baja. Mientras las niñas y niños se divierten, se eleva el agua a los tanques de almacenamiento aprovechando la energía que se produce. Se recomienda que este tipo de bombas se instalen en colegios en los que se encuentren una amplia cantidad de niños, ya que se requiere del movimiento repetitivo que genera el juego.

La descentralización en Colombia puede entenderse como un proceso que tiene al menos tres dimensiones: la política, la administrativa y la fiscal. La primera alude principalmente a la elección de mandatarios locales (alcaldes y gobernadores); la segunda, se relaciona con las facultades y competencias de las entidades territoriales frente a las políticas sectoriales; y la tercera, atañe a la transferencia de recursos del nivel central a las entidades territoriales (municipios y departamentos).

Desde los años 80 del siglo pasado, se ha buscado generar un marco normativo alrededor de tales dimensiones de la descentralización, empezando por la Ley 14 de 1983 que buscaba el fortalecimiento de la capacidad impositiva local, al incrementar las transferencias del Gobierno Nacional hacia las entidades territoriales; pasando por el Decreto Ley 77 de 1987 conocido como el Estatuto de Descentralización; y desde luego, por la Constitución Política de 1991. Posteriormente, han sido establecidas otras normas importantes en esta materia y, recientemente, se ha enfatizado en los planes nacionales de desarrollo 2018-2022 y 2022-2026 en la necesidad de ahondar en la descentralización como mecanismo de equidad territorial.

Lo anterior muestra un amplio acervo normativo que, sin embargo, no siempre resulta preciso ni suficiente para asegurar el desarrollo de la descentralización desde sus tres dimensiones. En este contexto, se creó en 2021 la Misión de Descentralización (Decreto 1665 – 2021) como una “Iniciativa participativa, independiente y transparente que recoge ideas y recomendaciones de diversos actores a lo largo y ancho del país para evaluar el modelo actual de descentralización y presentar propuestas constitucionales y legislativas para definir y ordenar la distribución de competencias y fuentes de financiación entre la Nación y las entidades territoriales” (DNP, 2024).