Se estima que la vinculación de productos financieros por parte de personas Lgbti+ podría incrementarse en 47%. Los cálculos de un estudio reciente en Colombia permiten establecer que se podrían vincular 3,6 millones a productos por clientes adicionales y generar ingresos totales anuales de US$633 millones.

Las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el sector financiero colombiano han sido fundamentales para responder de manera diferencial a diversos grupos poblacionales. Un estudio reciente realizado por Econometría Consultores y Marulanda & Consultores para la Corporación Financiera Internacional (IFC, parte del Grupo Banco Mundial) y Asobancaria destaca la importancia de atender las necesidades financieras de la población Lgbti+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales y demás expresiones diversas).

Este estudio pionero en Latinoamérica revela que la inclusión financiera de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (Osigd) no solo es un imperativo de derechos humanos, sino también es una oportunidad económica significativa y un mercado potencial por explorar aún desconocido que requiere toda atención.

Una profesora de música que enseña violín a las niñas y niños, una profesional en belleza que da trabajo a otras y enseña el oficio, un abogado que organiza con otros una fundación, son unos pocos ejemplos de las personas emprendedoras, empresarias, profesionales o conocedoras de oficios que llegaron a Colombia provenientes de Venezuela. Ante la migración, una sociedad tiene una oportunidad para crecer, enriquecerse y diversificarse. Para Colombia es indispensable continuar en la senda de la inclusión de la población migrante venezolana.

En 2024, según cifras de Migración Colombia, 2,86 millones de migrantes venezolanos y venezolanas viven en el país, lo que en perspectiva es equivalente a la población de Medellín y su Área Metropolitana. Esta población se ha distribuido en las zonas urbanas del país, que en orden descendente serían Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta y Riohacha. Para cada una de estas ciudades la situación es diferente. Por ejemplo, en Cúcuta y Riohacha, puntos de entrada claves, se enfrentan desafíos para ofrecer oportunidades de empleo e infraestructura social. En estas ciudades se presentan tasas de pobreza de la población migrante de 85% y 78% respectivamente. Bogotá y Medellín, en contraste, ofrecen un mejor acceso al empleo formal, aunque con desafíos en otros aspectos como vivienda y atención médica.

En términos de política pública se ha recorrido un camino sobresaliente, tanto desde lo nacional como desde lo local, con un fuerte apoyo de la cooperación internacional. Desde una primera etapa de atención de emergencia entre 2015 y 2018, se pasó entre 2018 y 2021 a una política de mediano plazo con propósitos más inclusivos Luego con el Conpes 4100 de 2022 se evolucionó a una política de largo plazo que retoma las brechas de política pública y análisis institucional, pero formulada a 10 años vista, con vocación de permanencia. Estos esfuerzos se han complementado con campañas y directrices para combatir la xenofobia.

Un paso indispensable para la inclusión fue la expedición del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes y la oportunidad de contar con un Permiso de Protección Temporal (PPT), con 10 años de vigencia, que le permite al migrante permanecer en el país y acceder al mercado laboral formal, así como a los servicios de bienestar social del Estado. En lo local, por ejemplo, los Centros Intégrate ofrecen un espacio de orientación y asesoría, así como de protección.

Diversas consultas realizadas muestran que los migrantes en ciudades como Medellín y Barranquilla sienten un mayor sentido de inclusión, gracias tanto a los esfuerzos comunitarios como en parte a las políticas locales. En comparación, en Cúcuta sienten prejuicios arraigados, debidos a la escasez de recursos y la abrumadora magnitud de la migración. En Bogotá, también se percibe xenofobia. La población local siente que la afluencia de migrantes compite por empleos y servicios. En 2022, un estudio reveló que 12% de los migrantes denunciaron incidentes xenófobos, y algunas voces se pronuncian en medios de comunicación y narrativas políticas enmarcando a los migrantes venezolanos como contribuyentes a la delincuencia, lo que amplía los estereotipos negativos que aumentan los prejuicios sociales.

Un espacio altamente vulnerable es el educativo, en donde, a pesar de los esfuerzos realizados, aún se presenta xenofobia hacia los migrantes venezolanos. Las niñas y niños venezolanos se enfrentan a veces a intimidación, aislamiento social o a comentarios discriminatorios por parte de sus compañeros, y algunos profesores también contribuyen a ese ambiente hostil. Se debe avanzar hacia la empatía, el reconocer y visibilizar al otro, resaltar las narrativas sobre las contribuciones de los migrantes venezolanos es un camino hacia la construcción de una sociedad en donde todos tenemos cabida y en donde se aprovechan los beneficios potenciales de la migración.

La desinformación alimenta la estigmatización de las personas migrantes. La gran mayoría de los migrantes venezolanos se está integrando de forma pacífica y productiva, pero, por ejemplo, las noticias sobre la nacionalidad de delincuentes llevan a una percepción equivocada que vincula el aumento en delincuencia con la migración venezolana. Pensar que los migrantes venezolanos quitan empleos a los colombianos es un error, diversos estudios muestran que los migrantes ocupan puestos en sectores con alta demanda de mano de obra, como construcción, servicios domésticos y comercio informal.

La mayoría de los migrantes buscan adaptarse a la cultura, seguir las normas y valores, pero igualmente enriquecen la diversidad cultural del país. Los migrantes venezolanos han estimulado las economías locales, han aumentado la demanda de bienes y servicios, han aportado creatividad. El 90% de los migrantes en edad de trabajar se encuentran empleados aportando al crecimiento de las empresas. Estimaciones recientes muestran que en 2022 aportaron 2% del ingreso fiscal del país, con un potencial de contribución del doble en la medida que aumenta la inclusión.

Los desafíos siguen siendo importantes para la población migrante venezolana, que es en promedio más joven que la colombiana, y con un nivel educativo promedio similar. Tal vez el mayor reto es la generación de ingresos. El acceso a empleos formales tiene barreras a derrumbar en el reconocimiento de títulos académicos o certificaciones laborales, en la carencia de referencias laborales y antecedentes, en el acceso a crédito, y por supuesto, en las situaciones de discriminación.

La misión de cada colombiano es reconocer, acoger y proteger a Ana, Pablo, Karina, Juan, Manuel, Nelly, Maria y tantos otros migrantes, y que al final del día estas personas sientan que Colombia es su nuevo hogar, que se enriquece al saber un poco a hallacas y a arepa rellena, al bailar un poco más de joropo y tratarse como panas.

En estos días, la descentralización está en el centro del debate en el país y prácticamente en el mundo. Se trata de un debate aplazado, pero ignorar los temas no los resuelve, por el contrario, pueden terminar saliendo abruptamente en momentos imprevistos. Lo hacen de forma un tanto extrema y con gran ímpetu, lo que los hace más difíciles de manejar. Luego, la parte “responsable” del país busca canalizarlos y atenuar sus efectos negativos. La experiencia de la Asamblea Constituyente de 1991 es un antecedente relevante.

¿Qué hizo emerger el tema de la descentralización del letargo en el que estaba? No es una coincidencia que surja en las actuales circunstancias, en donde se tiene una sociedad polarizada y un gobierno que busca hacer cambios estructurales en la orientación del país, sin que la mayoría de la población los acoja. Similares situaciones han existido en otros momentos, pero la discrecionalidad en la ejecución actualmente es mayor y los entes territoriales que están en la oposición se sienten negativamente afectados en su autonomía. Algunos no consideran la opción de trabajar con el Gobierno Nacional, lo cual ha llevado a resaltar la importancia de una mayor descentralización.

Algunos argumentos apoyan la descentralización. El primero, es la cercanía de los gobernantes territoriales a las necesidades de los territorios. En muchos temas efectivamente es así, pero en otros como en las vías primarias, tener un enfoque nacional es más pertinente. Es necesario definir mejor esas competencias en la ley.

Un segundo argumento, es que con una mayor descentralización se evitaría la discrecionalidad del Gobierno Nacional en las apuestas que quieren hacer las entidades territoriales. Este es un tema de fondo en la medida que se refiere a la dinámica política de Colombia, donde la gestión de recursos va desde las regiones hacia el nivel central pasando por una mediación clientelista de instancias intermedias que cubren todo el espectro (concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y ministros o directores de las entidades nacionales).

La tercera son los riesgos de corrupción. A priori no hay elementos para asumir que unos u otros son más corruptos, pero sí que en el proceso debe haber consideraciones que propicien la transparencia.

El debate ha derivado en dos hechos: un proyecto de acto legislativo para definir el monto de las transferencias de la nación a los entes territoriales y la propuesta de un proyecto de ley para definir las competencias de gasto. El presupuesto nacional junto a los presupuestos de las entidades territoriales, conforman el total de recursos disponibles para atender las necesidades de todo el país. En lo que se ha venido planteando, no hay mayor referencia a aspectos que deben estar asociados al gasto como: los efectos en el bienestar de la población, la posibilidad de convergencia regional y la generación de riqueza. El debate no solo debe ser de gasto; se debe plantear un debate sobre las bases para el desarrollo; me atrevería a decir: el más importante que debemos dar.

En este contexto, tres trabajos realizados por Econometría Consultores pueden dar insumos. El primero fue el que se hizo para la Misión Rural (Econometría, 2014), donde se pudo constatar que en el país existe una dinámica perversa de ocupación territorial. La falta de un adecuado marco regulatorio sobre el uso de la tierra permite la especulación y no da opciones a potenciales productores agropecuarios para adquirir tierras en torno a las ciudades. Por el contrario, crea los estímulos para irse hacia las regiones más apartadas, donde los precios de la tierra lo permiten. Este proceso, que es muy racional se refuerza con la posibilidad de tala de bosques (da flujo de caja) así sea ilegal y la valorización futura de la tierra en buena medida por la acción del Estado (ante todo seguridad e infraestructura), lo que se podría considerar una apropiación privada de bienes y servicios públicos. El problema es que los terrenos, en el momento que se llega, están apartados de los principales mercados y no cuentan con la infraestructura física y social necesaria. Esto hace que las actividades productivas a desarrollar sean poco competitivas y dependientes de los apoyos del Estado, creando presión fiscal. El ejemplo más recurrente son las vías. Esta dinámica perversa no se evita con las iniciativas legislativas mencionadas.

Esta dinámica lleva a lo que se encontró en otro estudio (Econometría, 2015). La convergencia regional es un propósito que debe buscarse para propiciar el cierre de brechas entre las regiones más ricas y las más pobres. Sin embargo, lo que el país tiene son clubes de convergencia, donde las ciudades más grandes jalonan a los municipios colindantes, mientras las regiones más apartadas convergen a bajos niveles de desarrollo (ver mapa). Se trata de una situación tipo centro/periferia, que por cierto, marcaría las elecciones presidenciales de 2022. De nuevo, se trata de un resultado al cual poco le aportan las iniciativas legislativas.

Para unos “biodiversidad” representa un concepto complejo, mientras que para otros resulta muy simple, porque es el entendimiento de la cantidad y diversidad de especies que nos rodean. Ambos tienen razón.

Un ejemplo de esto en el caso de Colombia es la deforestación. Parece sencillo detenerla, pero tiene muchos impulsores complejos y diferentes estrategias de control. Para frenar los cultivos ilícitos, se requiere capacidad policiva y judicial en regiones con baja presencia institucional. Para la expansión agropecuaria extensiva, se plantean cambios tecnológicos como los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Para la apropiación de baldíos y la especulación con los precios de la tierra, se busca cohesionar a las comunidades y brindarles incentivos para la protección del bosque con pagos por sus servicios ambientales. Las estrategias son costosas, por la extensión de los territorios y porque el riesgo de deforestación es permanente y requiere recursos continuos para su sostenibilidad.

Para financiar estas acciones, el Estado suele recaudar impuestos de quienes generan afectaciones, como es el caso del impuesto al carbono aplicado al consumo de combustibles. Otro instrumento que se ha usado internacionalmente es el sistema de comercio de emisiones (SCE), en el cual se van limitando gradualmente las emisiones máximas permitidas y se subastan cupos o permisos de emisión que serán comprados por las empresas que tienen altas emisiones y altos costos para reducirlas. A otras, con costos menores, les puede resultar más viable implementar medidas de reducción de sus emisiones que pagar por los cupos. A medida que se expiden menos cupos, para que el país pueda cumplir con las metas de reducción, el precio de los cupos sube y puede ser menos costoso para los emisores implementar las medidas directas de mitigación.

Otra opción es que sea la comunidad económica internacional, como responsable histórica del calentamiento global quién aporte recursos a los países en donde aún se pueden proteger y restaurar los bosques. Para esto, se han implementado diferentes esquemas de cooperación internacional. En unos casos, los resultados de mitigación se trasladan de un país a otro, a cambio de un precio determinado en el mercado, para que el país comprador abone a su meta y el país que transfiere debe hacer los ajustes correspondientes en su contabilidad de carbono, para no generar una doble contabilización. En otros casos, un(os) país(es) u organismos multilaterales o privados (de manera voluntaria) puede establecer un convenio de “pago por resultados” de mitigación, sin exigir ese “ajuste correspondiente” y sin usar esos resultados para sus propias metas u obligaciones de mitigación. En estos casos se reconoce un precio inferior al del mercado internacional.

También se han establecido mercados de carbono internos, voluntarios o de cumplimento. En estos últimos, se imponen obligaciones a quienes contaminan y se les permite compensar sus emisiones si compran “bonos”, o “certificados” de carbono, a proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (Redd+). La expedición de estos certificados es compleja porque, además de los certificadores, deben existir organismos independientes que validen cuál habrían sido las eventuales emisiones que existirían si no se hubiera implementado el proyecto y que, además, verifiquen que las actividades de mitigación sí se llevaron a cabo. Estos mecanismos han sido muy cuestionados y existe gran desconfianza en el mercado, porque aunque existen métodos de proyección de las tendencias de la deforestación, estos métodos tienen mayor validez para extensiones amplias de territorio y no para áreas de proyectos pequeños, por lo que es difícil establecer con certeza esas emisiones evitadas a nivel de proyecto.

Para mejorar la calidad de la estimación de los resultados de mitigación, en los últimos años se han propuesto los Programas Redd+ Jurisdiccionales (Jredd+), que son de carácter público y que pueden anidar a su interior proyectos privados de mitigación con menor tamaño. El cálculo de la reducción de emisiones a nivel jurisdiccional (una gran región, un estado federal o un país entero) es más confiable y genera mejor disposición en los mercados internacionales para llevar a cabo programas de pago por resultados o transacciones en los mercados de carbono.

Todas las fuentes de recursos mencionadas pueden utilizarse para la operación de programas Jredd+ de gran escala, como Visión Amazonía y Biocarbono Orinoquía en Colombia. El país desde 2018 viene diseñando un sistema de comercio de emisiones de donde podrían asignarse recursos a estos programas Jredd+ en proporción a sus resultados de mitigación. Con ambos programas mencionados, la banca multilateral y diferentes países han desarrollado programas de pago por resultados. La opción de vender resultados en el mercado voluntario internacional o de transferencias de resultados con el “ajuste correspondiente” podrían ser también opciones interesantes.

El Centro de Estudios Manuel Ramírez, Uniandes y Environmental Defense Fund (EDF), han desarrollado un modelo de simulación financiera que permite combinar y secuenciar estos tipos de financiación en presencia de un potencial SCE y teniendo en cuenta la curva los costos de mitigación en el sector agropecuario y forestal. El modelo muestra que la mejor estrategia es la combinación de fuentes de financiación con un aporte inicial de presupuesto público y que el programa genere sus propios recursos, a través de compensaciones obtenidas por sus propios resultados.

Estamos presentes en la COP16 y hoy, primero de noviembre a las 9:00 a.m., estaremos presentando el modelo en la Sala Múltiple 2 de la Cámara de Comercio de Cali. Realizaremos una simulación participativa con los asistentes al evento. También se podrá participar vía web.
Más información sobre este evento se puede encontrar en el sitio web del Centro de Estudios Manuel Ramírez o en el siguiente código QR.