En estos días, la descentralización está en el centro del debate en el país y prácticamente en el mundo. Se trata de un debate aplazado, pero ignorar los temas no los resuelve, por el contrario, pueden terminar saliendo abruptamente en momentos imprevistos. Lo hacen de forma un tanto extrema y con gran ímpetu, lo que los hace más difíciles de manejar. Luego, la parte “responsable” del país busca canalizarlos y atenuar sus efectos negativos. La experiencia de la Asamblea Constituyente de 1991 es un antecedente relevante.

¿Qué hizo emerger el tema de la descentralización del letargo en el que estaba? No es una coincidencia que surja en las actuales circunstancias, en donde se tiene una sociedad polarizada y un gobierno que busca hacer cambios estructurales en la orientación del país, sin que la mayoría de la población los acoja. Similares situaciones han existido en otros momentos, pero la discrecionalidad en la ejecución actualmente es mayor y los entes territoriales que están en la oposición se sienten negativamente afectados en su autonomía. Algunos no consideran la opción de trabajar con el Gobierno Nacional, lo cual ha llevado a resaltar la importancia de una mayor descentralización.

Algunos argumentos apoyan la descentralización. El primero, es la cercanía de los gobernantes territoriales a las necesidades de los territorios. En muchos temas efectivamente es así, pero en otros como en las vías primarias, tener un enfoque nacional es más pertinente. Es necesario definir mejor esas competencias en la ley.

Un segundo argumento, es que con una mayor descentralización se evitaría la discrecionalidad del Gobierno Nacional en las apuestas que quieren hacer las entidades territoriales. Este es un tema de fondo en la medida que se refiere a la dinámica política de Colombia, donde la gestión de recursos va desde las regiones hacia el nivel central pasando por una mediación clientelista de instancias intermedias que cubren todo el espectro (concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y ministros o directores de las entidades nacionales).

La tercera son los riesgos de corrupción. A priori no hay elementos para asumir que unos u otros son más corruptos, pero sí que en el proceso debe haber consideraciones que propicien la transparencia.

El debate ha derivado en dos hechos: un proyecto de acto legislativo para definir el monto de las transferencias de la nación a los entes territoriales y la propuesta de un proyecto de ley para definir las competencias de gasto. El presupuesto nacional junto a los presupuestos de las entidades territoriales, conforman el total de recursos disponibles para atender las necesidades de todo el país. En lo que se ha venido planteando, no hay mayor referencia a aspectos que deben estar asociados al gasto como: los efectos en el bienestar de la población, la posibilidad de convergencia regional y la generación de riqueza. El debate no solo debe ser de gasto; se debe plantear un debate sobre las bases para el desarrollo; me atrevería a decir: el más importante que debemos dar.

En este contexto, tres trabajos realizados por Econometría Consultores pueden dar insumos. El primero fue el que se hizo para la Misión Rural (Econometría, 2014), donde se pudo constatar que en el país existe una dinámica perversa de ocupación territorial. La falta de un adecuado marco regulatorio sobre el uso de la tierra permite la especulación y no da opciones a potenciales productores agropecuarios para adquirir tierras en torno a las ciudades. Por el contrario, crea los estímulos para irse hacia las regiones más apartadas, donde los precios de la tierra lo permiten. Este proceso, que es muy racional se refuerza con la posibilidad de tala de bosques (da flujo de caja) así sea ilegal y la valorización futura de la tierra en buena medida por la acción del Estado (ante todo seguridad e infraestructura), lo que se podría considerar una apropiación privada de bienes y servicios públicos. El problema es que los terrenos, en el momento que se llega, están apartados de los principales mercados y no cuentan con la infraestructura física y social necesaria. Esto hace que las actividades productivas a desarrollar sean poco competitivas y dependientes de los apoyos del Estado, creando presión fiscal. El ejemplo más recurrente son las vías. Esta dinámica perversa no se evita con las iniciativas legislativas mencionadas.

Esta dinámica lleva a lo que se encontró en otro estudio (Econometría, 2015). La convergencia regional es un propósito que debe buscarse para propiciar el cierre de brechas entre las regiones más ricas y las más pobres. Sin embargo, lo que el país tiene son clubes de convergencia, donde las ciudades más grandes jalonan a los municipios colindantes, mientras las regiones más apartadas convergen a bajos niveles de desarrollo (ver mapa). Se trata de una situación tipo centro/periferia, que por cierto, marcaría las elecciones presidenciales de 2022. De nuevo, se trata de un resultado al cual poco le aportan las iniciativas legislativas.

Para unos “biodiversidad” representa un concepto complejo, mientras que para otros resulta muy simple, porque es el entendimiento de la cantidad y diversidad de especies que nos rodean. Ambos tienen razón.

Un ejemplo de esto en el caso de Colombia es la deforestación. Parece sencillo detenerla, pero tiene muchos impulsores complejos y diferentes estrategias de control. Para frenar los cultivos ilícitos, se requiere capacidad policiva y judicial en regiones con baja presencia institucional. Para la expansión agropecuaria extensiva, se plantean cambios tecnológicos como los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Para la apropiación de baldíos y la especulación con los precios de la tierra, se busca cohesionar a las comunidades y brindarles incentivos para la protección del bosque con pagos por sus servicios ambientales. Las estrategias son costosas, por la extensión de los territorios y porque el riesgo de deforestación es permanente y requiere recursos continuos para su sostenibilidad.

Para financiar estas acciones, el Estado suele recaudar impuestos de quienes generan afectaciones, como es el caso del impuesto al carbono aplicado al consumo de combustibles. Otro instrumento que se ha usado internacionalmente es el sistema de comercio de emisiones (SCE), en el cual se van limitando gradualmente las emisiones máximas permitidas y se subastan cupos o permisos de emisión que serán comprados por las empresas que tienen altas emisiones y altos costos para reducirlas. A otras, con costos menores, les puede resultar más viable implementar medidas de reducción de sus emisiones que pagar por los cupos. A medida que se expiden menos cupos, para que el país pueda cumplir con las metas de reducción, el precio de los cupos sube y puede ser menos costoso para los emisores implementar las medidas directas de mitigación.

Otra opción es que sea la comunidad económica internacional, como responsable histórica del calentamiento global quién aporte recursos a los países en donde aún se pueden proteger y restaurar los bosques. Para esto, se han implementado diferentes esquemas de cooperación internacional. En unos casos, los resultados de mitigación se trasladan de un país a otro, a cambio de un precio determinado en el mercado, para que el país comprador abone a su meta y el país que transfiere debe hacer los ajustes correspondientes en su contabilidad de carbono, para no generar una doble contabilización. En otros casos, un(os) país(es) u organismos multilaterales o privados (de manera voluntaria) puede establecer un convenio de “pago por resultados” de mitigación, sin exigir ese “ajuste correspondiente” y sin usar esos resultados para sus propias metas u obligaciones de mitigación. En estos casos se reconoce un precio inferior al del mercado internacional.

También se han establecido mercados de carbono internos, voluntarios o de cumplimento. En estos últimos, se imponen obligaciones a quienes contaminan y se les permite compensar sus emisiones si compran “bonos”, o “certificados” de carbono, a proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (Redd+). La expedición de estos certificados es compleja porque, además de los certificadores, deben existir organismos independientes que validen cuál habrían sido las eventuales emisiones que existirían si no se hubiera implementado el proyecto y que, además, verifiquen que las actividades de mitigación sí se llevaron a cabo. Estos mecanismos han sido muy cuestionados y existe gran desconfianza en el mercado, porque aunque existen métodos de proyección de las tendencias de la deforestación, estos métodos tienen mayor validez para extensiones amplias de territorio y no para áreas de proyectos pequeños, por lo que es difícil establecer con certeza esas emisiones evitadas a nivel de proyecto.

Para mejorar la calidad de la estimación de los resultados de mitigación, en los últimos años se han propuesto los Programas Redd+ Jurisdiccionales (Jredd+), que son de carácter público y que pueden anidar a su interior proyectos privados de mitigación con menor tamaño. El cálculo de la reducción de emisiones a nivel jurisdiccional (una gran región, un estado federal o un país entero) es más confiable y genera mejor disposición en los mercados internacionales para llevar a cabo programas de pago por resultados o transacciones en los mercados de carbono.

Todas las fuentes de recursos mencionadas pueden utilizarse para la operación de programas Jredd+ de gran escala, como Visión Amazonía y Biocarbono Orinoquía en Colombia. El país desde 2018 viene diseñando un sistema de comercio de emisiones de donde podrían asignarse recursos a estos programas Jredd+ en proporción a sus resultados de mitigación. Con ambos programas mencionados, la banca multilateral y diferentes países han desarrollado programas de pago por resultados. La opción de vender resultados en el mercado voluntario internacional o de transferencias de resultados con el “ajuste correspondiente” podrían ser también opciones interesantes.

El Centro de Estudios Manuel Ramírez, Uniandes y Environmental Defense Fund (EDF), han desarrollado un modelo de simulación financiera que permite combinar y secuenciar estos tipos de financiación en presencia de un potencial SCE y teniendo en cuenta la curva los costos de mitigación en el sector agropecuario y forestal. El modelo muestra que la mejor estrategia es la combinación de fuentes de financiación con un aporte inicial de presupuesto público y que el programa genere sus propios recursos, a través de compensaciones obtenidas por sus propios resultados.

Estamos presentes en la COP16 y hoy, primero de noviembre a las 9:00 a.m., estaremos presentando el modelo en la Sala Múltiple 2 de la Cámara de Comercio de Cali. Realizaremos una simulación participativa con los asistentes al evento. También se podrá participar vía web.
Más información sobre este evento se puede encontrar en el sitio web del Centro de Estudios Manuel Ramírez o en el siguiente código QR.

La historia de Colombia ha estado marcada por los riesgos de seguridad a los que se enfrentan diferentes grupos poblacionales. Persecuciones a grupos étnicos, población víctima de desplazamiento forzado, víctimas de minas antipersonales y amenazas a líderes sociales, o incluso atracos callejeros, son algunos ejemplos de poblaciones afectadas por diversos tipos de inseguridad: física, emocional, social, laboral, comunitaria, entre otros.

La Persona Defensora de Derechos Humanos (Pddh) es definida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como aquella que “individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos”. En la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos promulgada en 1998, se estableció que “la persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Los derechos que abordan las Pddh no se enmarcan únicamente en el ámbito de la seguridad personal. Por el contrario, abarcan derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. También defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales.

Así como las Pddh promueven, promulgan y vigilan el goce de una gama amplia de derechos humanos, el garantizar su seguridad va más allá de proveer seguridad física frente a posibles amenazas violentas contra su vida. Las agencias de las Naciones Unidas en Colombia, particularmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), han integrado objetivos de transformación territorial para lograr un real ejercicio libre y seguro de los liderazgos en el país, que contribuya de manera sostenible a la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.

Econometría Consultores recientemente realizó una evaluación de los programas de estas dos agencias, constatando que la garantía de la seguridad de las Pddh requiere de tres elementos claves: i) la construcción de escenarios habilitantes para el diálogo social, la identificación y mitigación de riesgos; ii) la veeduría, iii) la afectación de organizaciones criminales y sus rentas, y iv) la generación de oportunidades económicas lícitas para los líderes y defensores.

En un contexto como el de Colombia, las Pddh enfrentan diferentes riesgos según la región donde habitan, el grupo al que pertenecen y la causa por la que abogan. Es por esto que políticas y programas para garantizar su seguridad deben ser construidos de manera conjunta y con la participación de autoridades locales que respondan a sus necesidades particulares. Los espacios de diálogo deben materializarse en acciones concretas, no solo para los individuos, sino también para las comunidades, mediante las cuáles se implementen y financien los programas y las políticas que los Pddh identifiquen como prioritarios para la garantía de sus recursos y se hagan efectivas las medidas de protección que debe garantizar el Estado Colombiano.

De igual forma, las Pddh deben por otra parte ser capaces, en la medida de sus posibilidades, de contribuir a identificar y autogestionar sus riesgos. Los programas de acompañamiento de las agencias de Nnuu han demostrado que es posible fortalecer las habilidades de las Pddh para reconocer riesgos potenciales y advertir los mecanismos de denuncia y protección existentes, tanto a las autoridades locales como a las nacionales. A través de procesos participativos, las Pddh pueden identificar medidas para mitigar los riesgos que generan factores como el acceso a redes sociales, y la necesidad de desplazarse de un lugar a otro. La evidencia muestra que pequeñas acciones pueden contribuir a proveer garantías para ejercer un rol de veedores de manera más segura y eficaz.

El fortalecimiento de las Pddh y las garantías para ejercer su libre liderazgo son fundamentales para los procesos de veeduría, que contribuyen a denunciar la vulneración de los derechos humanos por parte de organizaciones criminales en busca de sus rentas. Dejar de lado este proceso de empoderamiento, capacitación, generación de habilidades y protección, trae como consecuencia el debilitamiento de los espacios de rendición de cuentas y vigilancia, que son claves para el proceso de consolidación de la paz y la convivencia.

Finalmente, la estigmatización y amenazas de las que son víctimas las Pddh en Colombia afectan la generación de oportunidades económicas y, en regiones con mercados y economías limitadas, se incrementa el riesgo de participar en cultivos ilícitos.

En este sentido, las condiciones para garantizar un ejercicio libre y seguro de los liderazgos deben también contemplar programas para generar fuentes de recursos sostenibles para las Pddh, que sean acordes con las economías locales y que tengan una visión de comercialización que permita su sostenibilidad en el tiempo. Existe un gran potencial de producción en las zonas más afectadas, como por ejemplo el cultivo de cacao en Tumaco, de pimienta en Putumayo y de miel en la región caribe, que pueden llegar a mercados tanto nacionales como internacionales.

La seguridad de las Pddh es un compromiso de todos. De las autoridades nacionales y locales para garantizar su protección y la generación de medios de vida dignos y sostenibles en el tiempo, del sector privado, contribuyendo a lograr el acceso a mercados y oportunidades económicas, y de la sociedad en general, valorando las acciones que ellos y ellas realizan, evitando su estigmatización y comprometiéndonos con ser veedoras y veedores de las vulneraciones de derechos en nuestro país. Las Pddh no son solo los líderes y lideresas que viven en las zonas marginadas de Colombia. Si bien ellos son quienes más protección necesitan, nosotros también podemos esforzarnos en promover y proteger nuestros derechos, los de nuestra comunidad, los de nuestro país y los de nuestro planeta.

La COP que se llevará a cabo en octubre de 2024 en Cali, se denomina COP16 porque es la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) en el contexto del convenio de Diversidad Biológica. La COP16 tendrá el lema “Paz con la Naturaleza” y uno de sus objetivos es “mejorar la relación que tenemos con el ambiente, repensar un modelo de económico que no priorice la extracción, sobreexplotación y contaminación de la naturaleza”. Por su parte, las COP se refieren a las reuniones anuales de los países que han ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que se firmó en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. La COP es el máximo órgano del CDB y como tal dirige, supervisa y decide sobre el proceso de implementación y futuro desarrollo del Convenio.

Los efectos de estas conferencias se pueden medir por los resultados de los acuerdos y por los impactos que tengan en el país o en la ciudad anfitriona. Sobre este último tema, se ha venido discutiendo mucho últimamente. Más allá de las rivalidades, que podrían sugerir algunos medios de comunicación, sobre si el beneficio de hacer el evento es para Cali, si es para el país o si para las comunidades, en esta columna invitamos a que se realice una medición rigurosa y seria una vez culmine. Para ello, se pueden tomar ejemplos de metodologías que ya se han utilizado y publicado, como es el caso de la propuesta que se hace en el Economic Developmet Journal (2017) en donde su autor, Loftsgaarden presenta una metodología de medición de impacto de eventos mayores.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración Panameña, el total de personas en movilidad por el Darién pasó de 6.465 en 2020 a 520.085 en 2023. En lo que va corrido de este año, se han registrado 238.185 personas transitando por esta área de frontera , de los cuales 21% son niños, niñas y adolescentes, provenientes de 36 países localizados en América del Sur (principalmente Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Camerún y Brasil), el Caribe (Haití y Cuba), Asia (China, Vietnam, Bangladesh, Afganistán) y África (Angola, Ghana, Etiopía, entre otros).

La diversidad geográfica del país de origen de la población en movilidad muestra que son muchos los factores que los motivan a salir de su patria para aventurarse a un viaje con varias escalas y donde una de ellas implica cruzar la selva del Darién. Lo que sí comparten estas personas es el alto riesgo de vulneración de sus derechos a la vida, la seguridad, la dignidad, y a acceder a servicios básicos para su subsistencia.

Hace dos semanas, ya con el telón abajo de los Juegos Olímpicos de París, en este mismo espacio se documentó por qué es importante una inversión inteligente en el deporte. Resulta que el telón de las justas paralímpicas se abrió y con mucho mayor fulgor para el deporte colombiano. No se han terminado las competencias y en el momento de redacción de esta columna la delegación colombiana nacional ya cuenta con cuatro oros, seis platas, nueve bronces y 21 diplomas, de lejos, mejores resultados que en los juegos que les precedieron. No obstante, ya no está el mismo número de personalidades acompañando a los deportistas, ya no está la primera dama y el séquito presidencial animándolos y tampoco se tiene el mismo seguimiento por parte de la audiencia.

En la evaluación que realizó Econometría sobre el Plan Decenal de Deporte (PDD) 2002-2022 se evidenció que la inversión en deportes paralímpicos es menos de 1% de lo que se destina al deporte convencional. En general, según datos del Ministerio del Deporte, la inversión anual por atleta olímpico es entre los $20 y $30 millones mientras que para los paralímpicos es la mitad. De otro lado, si bien el enfoque de inclusión ha sido reconocido como lineamiento del PDD, se presentan brechas en la implementación que demandan ser superadas, en especial en los entes territoriales.

Si es tan baja la inversión y la implementación presenta tantos retos, ¿Por qué nos va mejor en términos de resultados medidos en medallas? En efecto, Colombia ha ganado reconocimiento internacional por su destacado desempeño en los Juegos Paralímpicos, superando las expectativas y logrando medallas en diversas disciplinas.

El sobresaliente desempeño de los deportistas paralímpicos en Colombia se debe a una combinación de factores que incluyen un enfoque en el talento específico, la preparación y entrenamiento especializados, la gestión del Comité Paralímpico Colombiano (CPC) y el apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil y empresas patrocinadoras como Priority Pass, la motivación personal, así como oportunidades más accesibles en competiciones.

Uno de los aspectos más destacados es el enfoque en identificar y desarrollar talentos específicos en deportes donde Colombia ha demostrado ser competitiva. En disciplinas como el levantamiento de pesas, el atletismo y el ciclismo, se han creado programas de detección de talentos que permiten a los atletas paralímpicos recibir atención y recursos desde una edad temprana. Este enfoque selectivo no solo ayuda a los atletas a perfeccionar sus habilidades, sino que también fomenta un ambiente de competencia saludable y motivador.

Por el contrario, en el ámbito olímpico, aunque también se trabaja en la identificación de talentos, la diversidad de disciplinas y la gran cantidad de atletas compitiendo hacen que el enfoque sea menos personalizado. Esto puede resultar en una dispersión de recursos y una menor atención a los atletas en deportes menos populares, lo que afecta su rendimiento general.

La calidad del entrenamiento es otro factor clave. Los programas de preparación para deportistas paralímpicos han evolucionado significativamente, incorporando entrenadores especializados que entienden las necesidades únicas de cada atleta. Estos entrenadores no solo se enfocan en la técnica y en la estrategia, sino que también consideran las adaptaciones necesarias para cada deportista, lo que maximiza su potencial.

En el ámbito olímpico, aunque existe un alto nivel de preparación, la competencia es más intensa y las expectativas son elevadas. Esto puede llevar a una presión adicional sobre los atletas que termina afectando su rendimiento. La personalización del entrenamiento en el deporte paralímpico puede ser un factor que contribuye a la obtención de mejores resultados en competencias internacionales.
En comparación, el deporte olímpico en Colombia a menudo recibe más atención y recursos, pero esto no siempre se traduce en un apoyo equitativo para todas las disciplinas. Algunas áreas del deporte olímpico pueden quedar relegadas, lo que limita las oportunidades de medalla en esas categorías.

Otro aspecto para considerar es que, en algunos deportes paralímpicos, el número de competidores es menor en comparación con las categorías olímpicas. Esto puede facilitar la obtención de medallas para los atletas paralímpicos, ya que compiten en campos donde pueden tener una ventaja competitiva. Sin embargo, esto no resta valor al esfuerzo y dedicación que cada atleta pone en su preparación.

En el ámbito olímpico, la competencia es feroz y el número de atletas por disciplina puede ser abrumador. Esto, combinado con la alta calidad de los competidores internacionales, puede hacer que obtener una medalla sea un desafío aún mayor para los atletas olímpicos colombianos.

La historia de los atletas paralímpicos a menudo está marcada por la superación de desafíos personales significativos. Muchos de ellos han enfrentado adversidades que van más allá de las lesiones físicas, como la discriminación y la falta de oportunidades. Esta lucha no solo les proporciona una fuente de motivación poderosa, sino que también genera una mentalidad de resiliencia que se traduce en un rendimiento sobresaliente en la competencia. Tristemente se encuentran cifras escandalosas proporcionadas por el CPC como que el conflicto armado ha producido alrededor de 300 deportistas víctimas de minas antipersonal y hasta la fecha, 27 han ganado medallas en los Juegos Paralímpicos.

También hay historias de superación de personas con discapacidad cognitiva que en el deporte han encontrado su propósito de vida, como es el caso de Juan Pablo Naranjo en atletismo y Tatiana Calderón en deportes adaptados, que han sido referentes en la promoción del deporte para personas con discapacidad cognitiva. Y el famoso Crispín, nuestro “Michael Phelps paralímpico” para quien la acondroplasia, una enfermedad que afecta el crecimiento, no ha sido impedimento.

El deporte paralímpico necesita un apoyo muy superior al que actualmente tiene tanto desde lo institucional, así como desde los patrocinadores. Por ejemplo, se debería hacer algo como lo que hizo con el Decreto 941 de 2022 en que se tomaron varias medidas en pro del deporte femenino, entre otras se fijó que como mínimo se le debía destinar 30% de los recursos de cofinanciación destinados a Federaciones. Otras acciones pueden ser la promoción y visibilidad, la inversión en infraestructura accesible, voluntariados, así como un apoyo decidido a través del presupuesto nacional. Si el presupuesto para los deportistas colombianos se reduciría el próximo año en unos $848.000 millones, pasando de $1,312 billones en 2024 a $464.000 millones, ¿se imaginan para el deporte paralímpico?

Después de bajar el telón de los juegos olímpicos de París 2024, en Colombia se ha hablado mucho del exiguo desempeño de nuestra representación, que en justas anteriores definitivamente fue mejor. Sin desconocer el gran logro personal de las cuatro medallas y los 14 diplomas olímpicos, para nadie es un secreto que los deportistas se hacen gracias a su tenacidad, pero sus éxitos requieren de un apoyo constante de sus patrocinadores, y sobre todo de una política pública firme y con músculo financiero.

Un deportista se hace a través de la persistencia, la impulsada por sus padres durante la niñez y la estimulada por el sistema público que lo cobija cuando se profesionaliza. Un modelo de gestión pública de estímulos conocido es el norteamericano, en el que los estudios de las personas se financian a través de becas otorgadas por sus potencialidades deportivas. Otro sistema interesante es el chino, en el que desde muy temprana edad se identifica al individuo con potencial deportivo y durante toda la vida el Estado patrocina su camino, incluso de una manera autoritaria.

Tal como se plantea desde el gobierno nacional, dentro de los objetivos del plan de reactivación económica, se encuentra el mejoramiento de las condiciones de la población en las regiones, para lo cual, se han gestionado proyectos con empresas privadas para generar sinergias que aporten al crecimiento económico del país.

En esa línea, Econometría ha documentado en estas páginas varias experiencias (por ejemplo, los de Alpina y Bavaria) en las cuáles se muestra la conveniencia de consolidar alianzas público-privadas para escalar proyectos exitosos de generación de capacidades de desarrollo para la población, combinando adecuadamente recursos del estado y del sector privado. lo que ha permitido a los habitantes de los municipios intervenidos el acceso a bienes públicos. Por su parte, se trata también de una apuesta de transmisión de conocimientos apoyada en el monitoreo, el seguimiento y la documentación, para generar evidencias que permitan servir de ejemplo sobre la manera de abordar problemas de manera estratégica y con resultados medibles.

Particularmente, cuando se combinan las experiencias de iniciativas privadas y los laboratorios de v, se pueden obtener beneficios significativos para la sociedad, ya que se cuenta con información muy útil sobre la situación social de las comunidades intervenidas, tales como niveles de pobreza, de educación, de salud, y de problemáticas ambientales, entre otros temas. Respecto a este último punto, vale la pena recordar que las Naciones Unidas afirman que el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 necesita un nivel de acción colectiva sin precedentes, y un mayor compromiso de todos los actores no estatales relevantes, entre los que se encuentran las empresas del sector privado.

Considerando lo anterior, un reto importante por parte de las empresas privadas es el de visibilizar todos los esfuerzos hechos para que de esa manera se puedan establecer líneas de trabajo conjunta con el gobierno en los temas más relevantes para la sociedad. Por ejemplo, Econometría Consultores ha desarrollado varios estudios en los que se cuantifica el aporte del sector privado a la sociedad a partir de la medición del Valor Compartido; sin embargo, los clientes no se han articulado de manera idónea con canales de difusión existentes para que compartan sus experiencias, lo que permitiría la escalabilidad y un mayor aprovechamiento de sus resultados.

Estos y otros estudios pueden proporcionar información valiosa para la sociedad, por lo que es importante resaltar los esfuerzos realizados para su difusión. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá desarrolló una iniciativa denominada “Red de Valor Compartido”, a partir de la cual se visibilizan algunas buenas prácticas empresariales bajo el concepto de valor compartido. Además, con esta red se busca generar valor agregado para el sector privado ya que promueve el aprendizaje continuo para que las empresas adquieran un mayor nivel de competitividad. En el marco de esta iniciativa se hizo entrega de premios a empresas que se destacaron por su experiencia exitosa en la generación de valor para la sociedad, dentro de las cuales se resaltan Corona, Colcerámica, Securitas Colombia, Daviplata, Nestle, Cafam y Cine Colombia.

Un cálculo reciente realizado por Econometría Consultores para una firma colombiana evidencia que el aporte a la sociedad por parte de esta ronda 0,3% del PIB de 2023, con un aporte a la población más vulnerable equivalente a 0,06 puntos del PIB. Sobre este último aporte, se resalta el efecto de los programas de inclusión productiva mediante la generación de ingresos a través del desarrollo de emprendimientos, que, como menciona Econometría Consultores en su libro “Colombia después de la pandemia, la urgencia de lo estructural”, tiene un aporte fundamental en la inclusión social. Es importante resaltar que la inclusión social en sí misma no es suficiente para garantizar la inclusión productiva, por el contrario, esta última genera las condiciones para una inclusión social adecuada; y que, históricamente, el gasto público ha tenido una concentración en acciones de inclusión social pero no de inclusión productiva.

Otro de los programas de la evaluación realizada mostró un efecto importante sobre el acceso de la población vulnerable al micro-financiamiento. El acceso a recursos financieros por parte de población vulnerable se ha caracterizado por cobros excesivos de tasas de interés que los enfrascan en una trampa de pobreza, por lo que la medición hecha por Econometría evidencia un ahorro de recursos importante. Sobre este aspecto, el gobierno nacional ha tratado de generar mecanismos de acceso a créditos con tasas de interés adecuadas a través de Bancóldex y Banco Agrario, Otras entidades privadas han dado pasos significativos en esa dirección. Tanto las entidades estatales como las privadas pueden beneficiarse al compartir sus experiencias y mejores prácticas.

Finalmente, en el estudio realizado para medir el valor agregado, se identifica el aporte fundamental de los programas de formación para el trabajo, con lo cual se generan mejores oportunidades económicas para la población beneficiada. En el libro citado, Econometría resalta la dificultad por parte del sector productivo por encontrar personal con habilidades necesarias, por lo que es necesario fortalecer la conexión entre el sector productivo, las entidades de formación y el Estado. Por su parte, se requiere la coordinación de recursos entre el gobierno central y los gobiernos locales, de tal manera que la distribución de recursos se haga considerando variables objetivo como la tasa de desempleo o su reducción en las diferentes ciudades, o la generación de nuevos empleos formales.

En síntesis, es claro que Colombia hoy en día aún atraviesa por problemáticas que requieren de una reforma estructural, pero se ha tenido un aporte importante en la generación de valor por parte de las empresas privadas, con lo cual se evidencia mejorías en las condiciones de vida de la población beneficiada. Sin embargo, potenciar la generación de valor compartido requiere de una mayor y mejor visibilización de las acciones desarrolladas por el sector privado, de una articulación estrecha a través de alianzas público – privadas y de la generación de evidencia que fomente la puesta en marcha de programas basados en evidencias a partir de datos. Econometría Consultores puede apoyar a las empresas que quieran participar en el esfuerzo de medir y de difundir los resultados positivos de esas acciones de valor compartido.

El número de homicidios intencionales en el Ecuador se multiplicó por ocho en los últimos cinco años, pasó de 996 en 2018 a 8.012 en 2023, lo que representa un crecimiento sin par entre los países de la región. En estos años también crecieron las menciones e historias sobre organizaciones criminales como Los Choneros, Los Lobos, los Tiguerones, Los Lagartos y los Chone killers, que están cada vez más presentes en las noticias y en las redes sociales, cada una con su mitología y su panteón lleno de personajes con alias carcelarios como Rasquiña, Doble A o Fito, y sus bandas sonoras que incluyen desde corridos hasta baladas pop.

Ecuador ha sido un punto estratégico para el tráfico de narcóticos. Varios de sus puertos sobre el Pacífico -como Guayaquil- mueven miles de contenedores al día y están conectados por autopistas de quinta generación con el resto del país y, en especial, con algunas de las principales zonas cocaleras de Colombia. Esta ubicación estratégica, claro, lleva existiendo desde el nacimiento del mercado ilegal de cocaína, y no es un fenómeno que haya cambiado en estos años.

Las condiciones socioeconómicas del Ecuador en ese mismo periodo tampoco han cambiado de forma sustancial a la de sus países vecinos. En toda la comunidad andina la situación es similar y, salvo por la pandemia que afectó a todos y no solo a Ecuador, el progreso social en la región es lento, pero sin sobresaltos. La mayoría de los colombianos, ecuatorianos y peruanos en estos años han recorrido una senda similar de progreso social y económico.

A pesar de estas similitudes, a diferencia de Perú o Colombia, la violencia letal explotó en Ecuador, alcanzando una tasa de homicidios intencionales de 44,5 por 100.000 habitantes en el año 2023. Las causas pueden ser múltiples, pero una revisión detallada de la relación del homicidio con variables como la educación, la pobreza, la desigualdad o los ingresos parece apuntar a que la explicación principal no está ahí, y que es necesario explorar otras hipótesis.

Una de ellas es que la violencia letal en Ecuador ha aumentado por la interacción de tres factores principalmente: (i) un cambio en las características del crimen organizado que a su turno ha llevado no solo a diferentes estrategias de control social y territorial, sino también a un aumento de las disputas violentas, internas y externas; (ii) un desborde de la capacidad de las autoridades del Estado para contrarrestar dicha violencia; (iii) un consecuente deterioro de las relaciones de confianza al interior de las comunidades y un aumento de la permisividad y de las personas con conductas ilegales y violentas. Esto último, a su vez, puede llevar a una exacerbación de los comportamientos violentos, incluso aquellos no relacionados directamente con el crimen organizado.

A nivel mundial la inflación se ha disminuido de manera importante. No obstante, todavía no se puede cantar victoria. De hecho, en varios países la reducción de la inflación se ha desacelerado, o se está estabilizando en niveles mayores a los vistos antes de la pandemia. En esta columna se proponen dos razones que permiten suponer un posible escenario de convergencia a una inflación más alta.
Por un lado, factores como la desglobalización y el envejecimiento de la población sugieren que la inflación será mayor en los próximos años.

Con la guerra de Ucrania, el conflicto en Israel y la potencial invasión de China a Taiwán, se ha hecho claro que el equilibrio de poderes ha cambiado. Esto ha reavivado los aranceles como un mecanismo de guerra económica. Poco a poco se ve cómo Estados Unidos ha vuelto a medidas proteccionistas, que, en la medida en que materialicen. Si dichas medidas se materializan, como respuesta, no tardarán en ser emuladas en el resto del mundo. De esta manera, se configurará un nuevo equilibrio en donde el comercio internacional tendrá un menor rol y los precios tenderán a ser mas altos pues la competencia internacional tendrá un menor poder.