El acuerdo de punto final desde su impacto Social

El acuerdo de punto final desde su impacto Social

Autor: Econometría Consultores

El acuerdo de punto final lanzado por el Gobierno hace unas semanas ha sido criticado por su manejo contable. El artículo 237 del Plan Nacional de Desarrollo anunció el tratamiento de la deuda que el gobierno tiene con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por los servicios prestados en el No PBS (servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud) como deuda pública que será pagada a través de operaciones de crédito público y no a través de una operación presupuestal.

Varias voces han afirmado que, en la medida en que este mecanismo no hace explícito en el presupuesto el gasto del gobierno en salud, no es el adecuado. Aunque esta crítica puede ser razonable, y más adelante volvemos a este punto, es necesario analizar esta decisión desde un impacto positivo que puede ser incluso más importante. El pago de esta deuda debe verse reflejado en un mejor servicio, cuestión que los usuarios del sistema reclaman todos los días. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han aguantado la presión de una deuda del Estado con las IPS, y aunque puede haber una responsabilidad de parte y parte, esta presión en muchas ocasiones se ha visto reflejada en la disminución de la calidad de los servicios que prestan las IPS a los usuarios, y en algunos casos en el cierre de los mismos.

Aunque es claro que las EPS tienen como su principal responsabilidad administrar el riesgo en salud y garantizar el mejor servicio a sus afiliados, un faltante de varios billones de pesos dificulta esta labor.

El sistema está diseñado para que el Plan de Beneficios de Salud (PBS, antes llamado Plan Obligatorio de Salud, o POS) sea sostenible, y, de hecho, de acuerdo con datos del gobierno, en 2018 se pagó 99% de este plan. Sin embargo, la deuda del No PBS se ha venido acumulando en un promedio anual cercano a los $570.000 millones, para un total de casi $7,5 billones entre 2006 y 2013, de los cuales $5,29 billones son del Régimen Contributivo y $1,45 billones del Subsidiado, cifras del Gobierno que de todas maneras tanto EPS como IPS ven baja.

Aunque es necesario un trabajo de conciliación de estas cifras, que el Gobierno esté dispuesto a pagar una gran suma genera un alivio financiero en el sistema de salud que debe reflejarse en una mejor atención a los usuarios. Los acuerdos de pago deberían condicionarse a este resultado y el Gobierno debería verificar su cumplimiento. De esta manera los actores más importantes del sistema, los usuarios, se benefician, y con esta acción el gobierno logra un impacto social significativo.

Hasta ahora se ha pagado cerca de 10% de este gran total, $736.000 millones de pesos, de los cuales la mayoría, $514.000 millones, se dedicaron a la deuda de Caprecom. Las proyecciones del Gobierno muestran que los recursos llegarán a 1.361 IPS (50,84%) y hospitales públicos (49,16%) de todo el país. Entre los más beneficiados se encuentran el Hospital Departamental de Villavicencio, el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’, el Hospital Universitario Erasmo Meoz, de Cúcuta, y el Hospital Universitario La Samaritana, de Bogotá. Pero todas las IPS y hospitales deberían mejorar sustancialmente sus servicios en pro del usuario, y el Gobierno debería hacer seguimiento.

Por su parte, otras voces han dicho que el pago de la deuda no es suficiente. Sin profundas reformas al sistema, parte de ellas controlando el gasto, en unos años se llegaría a la misma situación de iliquidez. Los últimos intentos de controlar el gasto en el No PBS, por ejemplo a través de Mipres (o Mi Prescripción, mecanismo a través del cual el Ministerio de Salud hace explícitos y transparentes los reportes de los profesionales de salud de los servicios o tecnologías que no son cubiertos por el plan obligatorio), no han dado los frutos esperados. Por eso, nuevas iniciativas del Gobierno, como los techos o los presupuestos y valores máximos de recobro -VMR- así como la continuación de políticas exitosas como la farmacéutica, son bienvenidas y pueden resultar en efectos más importantes que el mismo pago de la deuda en la medida en que controlen el gasto y no afecten la calidad del servicio. Es necesario evitar el desangre financiero del sistema, desangre que en últimas, se ve reflejado en calidad. Y si se controla el gasto, el manejo contable de la deuda actual propuesto puede ser más adecuado.

Ahora bien, el sistema de salud colombiano tiene muchas bondades que pocos reconocemos. Más de 95% de los colombianos están afiliados, el gasto de bolsillo de los colombianos en salud representa 16% del gasto total, siendo el segundo menor gasto en América Latina después de Cuba. En países como Ecuador, México, Chile, y Perú, este gasto está por encima de 30%. Y parte de este desconocimiento hace que de una u otra manera todos los actores abusemos del sistema. Una buena estrategia de comunicación del Gobierno, explicando las reformas, partiendo de lo construido, y haciendo entender que las políticas de salud son de Estado y no de un Gobierno, pueden ayudar a que tengamos cada vez más un mejor sistema de salud.

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Latinoamérica no crecerá en 2019, columna de Econometría

Latinoamérica no crecerá en 2019

Autores: Julián Roa y LAECO

En una economía global, cada día más interconectada e interdependiente, se hace necesario un análisis económico con enfoque internacional, sin perder de vista el contexto local. Bajo esta premisa surgió en 2015 la Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas (LAECO, por sus iniciales en inglés). Mensualmente, LAECO produce de manera integrada un análisis de las economías latinoamericanas, que permite a los tomadores de decisiones tener en cuenta las múltiples interacciones existentes entre los países latinoamericanos y de estos con el resto del mundo.

Actualmente, LAECO está compuesta por algunas de las principales firmas de consultoría económica independiente de Latinoamérica, dentro de las cuales se encuentran: Econometría de Colombia, Ecolatina de Argentina, CEBEC de Bolivia, Tendencias de Brasil, Gemines de Chile, Ecoanálisis de Costa Rica, CORDES de Ecuador, Consultores Internacionales S.C. de México, MF Economía de Paraguay, Macroconsult de Perú, Oikos de Uruguay y Ecoanalítica de Venezuela. De esta manera, LAECO incluye el análisis de la mayoría de las economías latinoamericanas que reúnen más del 95% del PIB de la región.

En su análisis más reciente, LAECO proyecta un crecimiento de -0,1% del PIB latinoamericano para el año 2019, reduciendo 1,1 puntos porcentuales la estimación realizada en marzo. Este desempeño sería incluso inferior al registrado el año pasado, cuando la región creció solo 0,4%. El virtual estancamiento produce serios desafíos, ya que aminora la creación de empleo y afecta al ingreso per cápita de los habitantes de la región. En 2019, se repetirían las recesiones en Argentina y en Venezuela, a las que también se sumarían el freno de la expansión en Brasil, México, Ecuador y Uruguay. Las perspectivas de crecimiento del resto de países integrantes no compensarán la pérdida de dinamismo.

El indicador LAECO-12, que mide el PIB de los 12 países señalados, volvería a crecer en 2020, cuando dichas economías presenten un comportamiento más pujante, con excepción de Bolivia que desaceleraría su expansión. Así, se proyecta un crecimiento de 2,0% para Latinoamérica el año próximo.
De acuerdo con las estimaciones de los integrantes de la Alianza LAECO, el crecimiento latinoamericano será menor al que proyectan distintos organismos internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional publicó esta semana que la expansión latinoamericana sería de 0,6% en 2019 y 2,3% en 2020 (versus el indicador LAECO 12 que proyecta una variación de la actividad de -0,1% y 2,0%, respectivamente). El Banco Mundial proyecta que la región aumentaría 1,7% y 2,5% en dichos años, mientras que CEPAL prevé que el PIB regional crecerá 1,3% este año.

El indicador LAECO 12 está afectado por el sensible deterioro económico de Venezuela. Aislando la evolución de este país, el crecimiento regional alcanzaría un ritmo de 1,1% en 2019 y de 2,2% en 2020. La Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas ha expresado su solidaridad y apoyo para la resolución de los problemas que persisten en Venezuela, para así reanudar las relaciones comerciales y de inversión con este país, lo cual será fundamental para el crecimiento conjunto de la región.

Desde una perspectiva global, el FMI disminuyó el pronóstico de crecimiento del PIB mundial de 3,3 a 3,2% para el año 2019. De manera similar redujo el pronóstico de 2020, el cual paso de 3,6% a 3,5%. Dentro de los factores que explican estos cambios se encuentra el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, la incertidumbre generada por el Brexit y la inestabilidad en el precio del petróleo, la cual ha sido consecuencia de las tensiones geopolíticas. Además de estos factores, que ante todo afectan el crecimiento de los países desarrollados, también se presenta un rendimiento regular en las economías emergentes. Dentro de estos, destaca el cambio en el pronóstico de crecimiento de América Latina y el Caribe por parte del FMI, el cual en el mes de abril era de 1,4% y se actualizó a 0,6%, siendo la región que más empeora en sus pronósticos. En el caso colombiano, el FMI pronostica un crecimiento de 3,5% para el año 2019 y de 3,6% para el año 2020, manteniendo así las proyecciones realizadas en el mes de abril. Estos indicadores contrastan con los de Econometría, que son 3,2% para 2019 y 3,5% para 2020.

La comparación del crecimiento económico colombiano con otros países latinoamericanos pone en perspectiva el comportamiento reciente de la economía colombiana. No se está creciendo a las tasas deseadas internamente, pero se está creciendo más que la mayoría de los países con condiciones similares. No obstante, se prevén condiciones económicas menos favorables que podrían justificar ciertas acciones de política para así evitar tasas de crecimiento inferiores y mayores tasas de desempleo. El gasto público eficiente, tal cual lo ha propuesto el gobierno, acompañado de una política monetaria expansiva que ajuste el crecimiento actual al potencial, tal y como lo propone el FMI para los países emergentes, puede ser una combinación ideal para atravesar estos tiempos de tormenta en la región.

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Katherinne Alvarado
Fieldwork Manager
Katherinne Alvarado Acevedo is an Industrial Engineer, with experience in management and coordination of quantitative data collection, she is linked to Econometría since 2019 and has participated in more than 12 consultancies with the firm. Her areas of interest are mainly: Social inclusion, logistics, health, public policy, territorial, urban and rural development, among others.
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Katherinne Alvarado
Líder Trabajo de Campo
Katherinne Alvarado Acevedo es Ingeniera Industrial, con experiencia en gestión y coordinación de recolección de datos cuantitativos, se encuentra vinculada a Econometría desde el 2019 y ha participado en más de 12 consultorías con la firma. Sus áreas de interés son principalmente: Inclusión social, logística, salud, políticas públicas, desarrollo territorial, urbano y rural, entre otros.
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Tomas Hamann
Junior Consultant
Tomas Hamann Sanclemente is an economist from the Universidad de Los Andes with a minor in Business Law and has been part of Econometría since 2023. His areas of interest include macroeconomic analysis, impact evaluation, market analysis, and business planning.
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Tomas Hamann
Consultor Junior
Tomas Hamann Sanclemente es economista de la Universidad de los Andes con opción en Derecho de los Negocios y hace parte del equipo de Econometría desde el año 2023. Sus áreas de interés son el análisis macroeconómico, la evaluación de impacto, análisis de mercado y planes de negocio.