Los Beps y algunas alternativas del sistema pensional

Por: Mauricio Olivera

Las presiones que vive el sistema pensional colombiano la viven también en mayor o menor grado la mayoría de países del mundo. En Colombia pesa más la baja cobertura que la presión financiera, pero en el mundo el envejecimiento poblacional y la robotización están generando grandes retos financieros en los sistemas. A medida que pasa el tiempo, habrá menos personas trabajando por cada adulto mayor. Por esto, más allá de la discusión sobre los diferentes sistemas pensionales, como el de capitalización pura que administran los fondos privados en Colombia vs. los sistemas de ahorro intergeneracional que administra Colpensiones, varios países han diseñado esquemas alternativos adicionales y complementarios.

Tuve el placer de participar en el seminario de Pensiones seguras, sostenibles y adecuadas de la Universidad de Louvain, en Bélgica, en un panel en el cual se presentaron diferentes esquemas que complementan la construcción de la pensión. En Bélgica, además del primer pilar, basado en el sistema de pensión intergeneracional -como el de Colpensiones- existe un segundo pilar, de pensiones profesionales. Es un pilar de contribución definida, como lo son los sistemas de capitalización. Es decir, la pensión depende de lo ahorrado, como ocurre en los fondos privados de pensiones en Colombia. Las diferencias radican en que son diseñados por las empresas y los sectores, financiados por los empleadores, con una tasa de cotización que varía entre 0,6% y 4,2% del salario, y el incentivo para los empleadores es que las contribuciones son deducibles de impuestos. Es un esquema que empezó a crecer desde inicios del presente ciclo, y pasó de una baja cobertura de 30% en 1999 a una cobertura de 61% en 2019.

Existe otro esquema, denominado “save more tomorrow”, que traducido quiere decir algo así como “ahorre más mañana”. Es un esquema que es aplicado en varias empresas de Estados Unidos. Basado en la teoría del comportamiento, este esquema busca que el trabajador aumente su tasa de ahorro para la pensión de la siguiente manera. Como los seres humanos preferimos el corto sobre el largo plazo, es decir, preferimos tener los recursos ahora que guardarlos para el futuro, a los trabajadores no se les pregunta cuánto más de su ingreso actual estarían dispuestos a ahorrar. Se les pregunta, y se les compromete a ahorrar, un porcentaje del aumento salarial del próximo año. Está demostrado que como aún no tenemos esos recursos -el aumento salarial se da en el futuro- el porcentaje de ahorro es mayor que el porcentaje de ahorro del ingreso presente. De esa manera, los trabajadores ahorran más para su vejez.

Sobre Colombia se habló del programa Beneficios Económicos Periódicos (Beps). Este programa puede clasificarse dentro de los nuevos programas de “Contribución Definida Equivalente” para la pensión (en inglés, Matching Defined Contributions-MDC). Las características de este tipo de programas incluyen tener una cuenta individual, hacer parte de los sistemas de contribución definida, y tener un patrocinador que aporte un monto adicional al monto ahorrado por el trabajador. La característica de contribución definida es importante porque hace más tangible el incentivo para ahorrar para la vejez. En Beps, por cada peso ahorrado, el Estado aporta un 20% adicional. Si el incentivo se diera en el sistema de prestación definida, se daría en el futuro, sobre la pensión, y sería menos tangible. Dar incentivos sobre el ahorro se considera un mejor “empujón” -utilizando la terminología de la teoría del comportamiento- para ahorrar que dar incentivos sobre la pensión, por ejemplo, con un programa prometiendo que dependiendo del monto ahorrado su pensión sería un 20% más alta. Y aportar un monto adicional al ahorrado por el trabajador busca incentivar el hábito de ahorro de las personas.

Estos programas han sido creados con dos objetivos específicos: por un lado, aumentar la cobertura de los sistemas pensionales y reducir la informalidad, y, por otro, reducir la presión fiscal para la protección para la vejez. La cobertura debe aumentar y la informalidad debe reducirse con un costo fiscal menor que el que incurriría el Estado con un sistema no contributivo -como Colombia Mayor, programa existente en Colombia.

Existen pocos en el mundo, y la mayoría fueron creados hace poco tiempo, pero las evaluaciones hasta ahora han mostrado un efecto moderado en el aumento de la participación de las personas, pero un efecto bajo en aumentar la pensión. Es necesario señalar que varios de estos programas, los creados en países desarrollados, fueron creados para complementar la pensión. Las evaluaciones también han mostrado que incentivos de este tipo, es decir, una contribución adicional a lo aportado por los trabajadores, son más efectivos que otro tipo de incentivos, como hacer deducible de los impuestos las contribuciones, o hacerlas obligatorias.

En Colombia, este programa ha aumentado la participación en más de un millón de personas, y, dado que fue creado hace pocos años, gozan de un Beneficio Económico Periódico (BEP) cerca de 35.000 personas. Que otros países estén buscando complementar su sistema pensional con este y otro tipo de esquemas alternativos a los tradicionales es señal de que son necesarios, y que vamos por el camino correcto. Es importante fortalecer el programa Beps. Una decisión del gobierno que crea alguna preocupación es haberlo convertido para algunos casos en obligatorio y con un porcentaje específico. La característica inicial era la flexibilidad. Ahorre lo que pueda, cuando pueda. La invitación es evaluar este cambio y ver su efectividad.

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Entre la curva Nike y la curva W, columna de Econometría

Escrito por: Julián Roa Rozo

En la versión más reciente de las perspectivas económicas globales el FMI muestra que la recuperación económica a nivel global va a ser lenta. La economía colombiana decrecerá en -8,1% y -8,2% en 2020 y crecerá 4% en 2021. Lo anterior indica que el FMI no contempla una recuperación en forma de V para Colombia, sino algo más cercano a una curva NIKE.

Contempla un escenario similar para Latinoamérica. En el caso de Econometría Consultores el escenario es menos pesimista con un crecimiento de -7% en 2020 y entre 3,5% y 4,3% en 2021. Los anteriores pronósticos distan bastante de la curva V contemplada por el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo (-5,5% en 2021 y 6,6% en 2021).

Desde Econometría Consultores se considera que hay razones para pensar que la crisis será un poco menos profunda que como lo plantea el FMI. Por un lado, el mercado laboral colombiano tuvo en agosto una recuperación con una reducción de la tasa de desempleo de 3,4 puntos porcentuales con respecto a julio (20,2%) llegando a 16,8%. Lo anterior es una recuperación importante, y que además se dio en el mes de agosto cuando aún Bogotá continuaba con cuarentenas sectorizadas.

Así, se espera que durante los meses de septiembre y octubre en donde las restricciones de movilidad han sido menores, la tasa de desempleo descienda con cierta celeridad y se ubique en niveles cercanos a 15% para finales de año. Así, en promedio la tasa de desempleo de 2020 estaría cerca del 16,5% en promedio, número que es inferior al pronosticado por el FMI, de 17,3%. La velocidad de esta recuperación se debe al hecho que el sector más afectado por las cuarentenas es el sector informal, y dados los bajos costos de entrada de este sector, su retorno a la actividad puede ser rápido.

De forma similar, la inflación sorprendió al alza en el mes de septiembre ubicándose en 1,97% (interanual), número superior al pronosticado por el FMI para diciembre de 2020 de 1,3%. Teniendo en cuenta que el mes de septiembre tuvo menos restricciones de movilidad, esta sorpresa en la inflación puede ser interpretada como un repunte en la demanda que se esperaría continúe durante el último trimestre. Así, se pronostica que a final de año la inflación estaría entre 1,8% y el 2%. Tomando estos datos en su conjunto, en los meses de agosto y septiembre se recuperó parte del terreno perdido en materia económica gracias al relajamiento de las restricciones de movilidad con el fin de la cuarentena obligatoria.

Lo anterior lleva a pensar en la sostenibilidad epidemiológica de la recuperación económica. En la medida que las personas retoman las actividades diarias se hace más propicio el contagio de covid-19 y se presiona al sistema de salud. Es por esto por lo que en países como Francia y España se están volviendo a decretar cuarentenas a nivel nacional con el fin de disminuir la segunda ola de contagios. A esto también se está sumando Suecia, país famoso por su enfoque laissez-faire ante el covid-19, quien está endureciendo sus medidas e implementando cuarentenas localizadas en Uppsala, ciudad en dónde hay un crecimiento importante en los casos.

En Colombia se puede ver como una segunda ola es un escenario factible con un pico a final de año. Ciudades como Bogotá y Medellín están registrando ascensos preocupantes en los casos que si no son controlados con medidas de autocuidado eficaces pueden desembocar en una segunda ola y potencialmente en nuevas cuarentenas.

El escenario de una segunda ola plantea la posibilidad de una curva W en la cual hay dos caídas en la actividad económica asociadas a cada ola. La pregunta que surge es si es posible evitar una segunda caída en la actividad económica. Por un lado, la crisis económica actual está totalmente jalonada por las cuarentenas: los datos validan esta afirmación. Así, la curva W parece ser evitable en la ausencia de cuarentenas. Sin embargo, es importante notar que aún sin mayores restricciones de movilidad Suecia va a tener una crisis profunda (crecimiento de -4,7% en 2020, según el FMI).

La crisis económica en Suecia, aún sin cuarentenas, muestra que las personas deciden aislarse con el fin de evitar contagiarse y por esto la actividad económica cae. Así, si se llega a un segundo pico, la respuesta esperable de los colombianos, incluso si no se decreta una nueva cuarentena nacional, es evitar los contactos y una caída en la actividad económica. En resumen, una crisis económica asociada a una segunda ola parece inevitable. Lo anterior pone hincapié en la necesidad de cuidarse hoy para poder disfrutar del mañana. Si las medidas de autocuidado por parte de los colombianos no se implementan será inevitable una segunda ola y, por lo tanto, será inevitable una segunda caída en la actividad económica que puede echar a perder la recuperación que se ha dado en estos meses.

En síntesis, el relajamiento de las cuarentenas ha permitido que la economía puede recuperarse y reducir la magnitud de la crisis. Sin embargo, esto abre la posibilidad de una segunda ola de contagios que puede llevar una segunda caída pronunciada en la actividad económica. Así, Colombia se encuentra entre una curva Nike o una curva W. Para evitar la curva W se hace necesario, por parte de los ciudadanos, intensificar las medidas de autocuidado para así evitar una segunda ola de contagios. Con o sin cuarentenas va a existir una caída en la actividad si hay una segunda ola. Por su parte, el gobierno debe implementar las reformas necesarias e iniciar medidas de reactivación con el fin de poder mitigar las pérdidas de empleo generadas por esta crisis.

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Webinar: ¿Qué podemos esperar del empleo en Colombia?

¿Qué podemos esperar del empleo en Colombia?

Participación de nuestro director Mauricio Olivera como expositor y nuestra directora de proyectos - socia María Carolina Latorre López como moderadora.

Evento de Economía Uniandinos de la mano de expertos que te compartirán su conocimiento y experiencia en el sector.

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La innovación en la Gestión Pública

Escrito por: Carolina Murgueitio, Subdirectora de Econometría; Jorge Hernán Cárdenas, Director de Oportunidad Estratégica

Las innovaciones por lo general siempre se le atribuyen al sector productivo. La Ocde define a la innovación como la implementación de un producto, proceso, método nuevo, organizacional o mejorado en las prácticas. Más allá de un emprendimiento, de un prototipo, las innovaciones deben generar valor y como lo menciona Ruta N de Medellín, a mayor impacto social mayor es la innovación.

Esta definición abarca al sector público a quien debe llamarse cada vez más a la creatividad, a la generación de nuevos procesos, servicios y productos cada vez ser más eficientes. En la entrega anterior de esta columna, se planteaban algunas recomendaciones para mejorar el servicio al ciudadano donde cobra gran valor la innovación.

La pandemia del covid-19, ha impuesto retos que conducen a la innovación. Mucho se ha estudiado sobre cómo las crisis y catástrofes son fuentes muy poderosas de innovación pues permiten aprovechar las oportunidades de ambientes riesgo, incertidumbre, y mitigar su impacto.

Las catástrofes obligan a poner la gestión pública en unas nuevas coordenadas y el reto es mayor en lo pues debe atender en emergencia al ciudadano y superar grandes barreras que enfrenta con o sin pandemia: trámites burocráticos, limitaciones presupuestales y el cuidado especial a no transgredir lo que la ley impone al que hacer público.

En ese sentido, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 de 2020, con el fin de establecer nuevas medidas que protejan el empleo y la atención de los ciudadanos, superando las restricciones logísticas y permitiendo también nuevas formas de atención desde el teletrabajo.

Algunas organizaciones en el sector público colombiano han iniciado un fuerte proceso de innovación en la gestión pública. Varios de los lineamientos se han promovido por la hoja de ruta del Departamento Administrativo de la Función Pública para modernizar la arquitectura institucional, el marco regulatorio, los incentivos y las relaciones entre actores para el fomento de la innovación como estrategia que garantice la eficiencia y productividad de la gestión pública. También es un tema que el DNP puso en el Plan de Desarrollo.

Una de las entidades que viene trabajando a pasos agigantados en la innovación de su función es la Procuraduría General de la República (PGN) como parte de su proceso de modernización que inició desde 2008. Por ejemplo, viene utilizando herramientas muy poderosas e innovadoras como es la intervención y prevención tempranas usando la predicción analítica, analizando las tendencias de lo que sucedió en el pasado, por qué sucedió y qué es probable que vuelva a suceder, para tomar pronto medidas para reducir los riesgos y los costos. Además de una planeación estratégica basada en riesgos.

En el anterior sentido, la PGN tiene múltiples formas de contribuir a la gestión pública. La Constitución adoptó en el artículo 277 un marco misional supremamente importante. Su ámbito de acción es grande y puede ocuparse de los riesgos que afecten, degraden, o limitan la función pública y los intereses de la sociedad.

Su trabajo se ocupa de salvaguardar: (i) las funciones administrativas, (ii) el patrimonio público, (iii) la prevalencia de los derechos humanos, (iv) el ambiente, (v) la adecuada conducta oficial de los funcionarios, (vi) el cumplimiento de las normas, (vii) los intereses de la sociedad, etc.

El marco que se tiene para la innovación tanto en la función misional preventiva, la de intervención y la disciplinaria es muy grande, pues ofrece un marco amplio y estimular el mejor desempeño de toda la administración pública. En este marco de funciones está, entre otras, la función preventiva, que nunca será entendida como la coadministración, pero si la del análisis técnico de la gestión pública, identificando riesgos, vulneración de derechos, mal uso de recursos públicos, y la defensa del interés general. El marco que se tiene para promover más la innovación pública multisectorial, y contribuir a mejorar la gestión es grande.

Un ejemplo concreto es las grandes inversiones públicas, donde un análisis preventivo, puede identificar de antemano riesgos latentes, ámbitos donde cabe mejoramiento, y acción pública. La PGN no deben hacer estas gestiones directas que son de las entidades, pero si identificar ámbitos que reclaman más esfuerzos en la órbita pública y espacio para innovaciones en gestión, y abriendo conversaciones que pueden estimular a toda la administración pública.

Otras entidades del sector público han sido reconocidas también por implementar procesos innovadores en especial en materia de uso de tecnologías digitales tales como el DNP con Terridata, el Ministerio de Relaciones Exteriores con el uso de datos abiertos y varias administraciones de entidades territoriales, reconocidas por el Ministerio de las Tecnologías.

Las innovaciones en el sector público trascienden el poder utilizar plataformas para teletrabajo y deben conducir a un cambio en las habilidades de los funcionarios públicos, ya no centrados solamente en la provisión de bienes y servicios sino más a un papel de facilitadores de nuevas soluciones.

Así como en el sector privado las innovaciones son connaturales, en el caso del sector público no es la excepción, las actuaciones públicas son fundamentales en la sociedad, y tienen que ver con la gestión, la atención de la comunidad, y son igualmente susceptibles de un amplio proceso de innovación, si bien pueden ser motivadas por una crisis, estas deben darse con o sin ésta.

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El servicio al ciudadano: una reforma pendiente del Estado

Escrito por: Mauricio Olivera

Cuando los economistas pensamos en al gasto público, nos preocupamos en general por la focalización y la distribución, es decir, destinar al gasto a los más necesitados; en la eficiencia y la eficacia, es decir, lograr las metas al menor costo posible; y en la rendición de cuentas, mostrarle a la ciudadanía los resultados del gasto.

Sin embargo, olvidamos un tema esencial: el servicio al ciudadano. Este último elemento hace parte de la vida diaria y del seguimiento en el desempeño de las empresas del sector privado -servicio al cliente- pero en el sector público es un factor casi completamente olvidado.

Antes de la pandemia el Estado había hecho un gran esfuerzo para reducir la pobreza. Entre la crisis económica de 1999, la más fuerte de la historia moderna colombiana, y la actual, la pobreza se había reducido casi a la mitad. La reacción del Estado frente a esa crisis fue crear grandes programas en la Red de Apoyo Social (RAS) como Familias en Acción y entidades como la Agencia Presidencial para la Acción Social, convertida en 2011 en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Gracias a este esfuerzo la pobreza ha disminuido y las clases vulnerable y media han crecido. Los datos de Fundesarrollo muestran que las clases vulnerable y media crecieron entre 2008 y 2017 de 32,7% a 36,2% y de 21,2% a 40,1%, respectivamente, mientras que la clase pobre había caído de 44,3% a 19,5% en el mismo período.

El objetivo de lograr un país de clase media se estaba logrando. Muchos hogares salieron de la pobreza, pero muchos de ellos llegaron a un estado de vulnerabilidad con alta probabilidad de volver a caer en la pobreza. Y como lo han mostrado varios estudios, los efectos de la actual crisis pueden hacer retroceder estos esfuerzos casi al inicio de este siglo, aunque esta semana se dio un dato alentador, con la reducción de la tasa de desempleo de 20,2% en julio a 16,8% en agosto.

De todas maneras, uno de los resultados del crecimiento de las clases vulnerable y media es que Colombia tiene una sociedad más exigente en los resultados de las acciones del Estado y del gasto público. Y ahí es donde la cultura de servicio al ciudadano se convierte en un factor esencial.

Desafortunadamente la mayoría de los ciudadanos no confía en el Estado porque no ve sus requerimientos atendidos. Aunque con los esfuerzos técnicos del gobierno, con la creación de programas como Ingreso Solidario, se ha logrado contrarrestar en parte los efectos negativos de la pandemia, entre el anuncio del Presidente y la llegada de los alivios pueden pasar meses, o simplemente no llegar.

En muchos casos, y en algunos sectores como la salud, la cultura del servicio al ciudadano es la tutela. Esta figura se creó con la Constitución de 1991 como un mecanismo expedito para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos, protegiendo sus derechos fundamentales. Pero la tutela no puede ser el mecanismo por excelencia para que el Estado cumpla con las necesidades de los ciudadanos. Un ejemplo de cómo se puede transformar el servicio es Colpensiones.

Abrió sus puertas en 2012, remplazando al Instituto del Seguro Social (ISS) para la administración del Régimen de Prima Media en pensiones, y desde su inicio uno de sus grandes esfuerzos, avalados por la Corte Constitucional, fue eliminar los atrasos en la liquidación y otorgamiento de pensiones, logrando superar por primera vez un Estado de Cosas Inconstitucional.

Sin embargo, su accionar fue más allá. Entendió que eliminar los atrasos era esencial para minimizar la tutela como único mecanismo a través del cual se cumplía el requerimiento del ciudadano, pero también se enfocó en acompañar al ciudadano a construir su pensión.

Parte de su labor, centrada en un buen servicio al ciudadano, la llevó a diseñar políticas de historia laboral. Está demostrado que los seres humanos tenemos dificultad para sopesar el largo plazo contra el corto plazo, y la cotización para la pensión es esencialmente una decisión de largo plazo; es para la vejez. Colpensiones identificó que los ciudadanos le ponían atención a la historia laboral muy cerca a la edad de la pensión, descubriendo que años atrás una empresa no había cotizado, y por eso podría perder su pensión.

Ya es demasiado tarde. La campaña de revisar constantemente la historia laboral es una de las políticas de servicio al ciudadano que ha acercado a la entidad al ciudadano, mejorando su aceptación. Esto lo muestra la medición del Top of Mind, que ubica a Colpensiones en el primer lugar, por encima de los fondos privados.

El servicio al ciudadano necesita una política y una reforma más amplias y profundas. El Estado debe tener como objetivo ganar la confianza de los ciudadanos, y los funcionarios públicos tener en su cabeza su labor que, como su nombre lo indica, funcionan para el público. Esto no indica que muchos no lo hagan, pero sí que hace falta una reforma para crear la cultura del servicio al ciudadano en el Estado.

Esfuerzos como la simplificación de trámites es fundamental. Una evaluación de Econometría recomienda fortalecer el Programa Nacional de Eficiencia del Servicio al Ciudadano, programa liderado por el DNP desde el 2014 y que busca unificar la oferta de servicios del Estado en un solo lugar; programa similar a las casas de justicia.

La reforma debe fomentar esta cultura, y entidades del Estado como el Departamento Administrativo de la Función Pública pueden jugar un papel protagónico. Econometría ha afirmado en varias de sus columnas que la crisis del covid-19 puede verse como una oportunidad para implementar grandes reformas. Esta es una de ellas, para salir fortalecidos de la crisis.

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Nueva realidad para evaluar políticas públicas…

Elaborado por: Econometría Consultores

Como es de conocimiento general, a finales de 2019 se identificó la existencia del covid-19 y, para ese entonces, se desconocía la magnitud del impacto que tendría a nivel mundial. La rápida propagación y la gravedad de la situación llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la covid-19 como una pandemia el 11 de marzo.

Bajo este escenario, y con el fin de proteger la salud de los colombianos y prevenir el colapso del sistema de salud, se declaró el 12 de marzo la emergencia sanitaria. En el marco de esta emergencia, una serie de medidas para la contención del virus, dentro de las cuales el aislamiento y el distanciamiento social se consideran las más efectivas.

La larga experiencia de Econometría Consultores en el diseño de evaluaciones de políticas públicas, y de herramientas de recolección de información cuantitativa y cualitativa, permitió a sus consultores dar respuesta rápida a los retos generados por el aislamiento y el distanciamiento social. La respuesta se sustentó en un estudio riguroso de las experiencias internacionales, las alternativas de recolección remota y de la realidad de conectividad del país.

También influyó la capacidad de adaptación metodológica adquirida como resultado de la diversidad de estudios y contextos en los que ha trabajado la firma presencial y remotamente.

Las adaptaciones en las metodologías de recolección de encuestas consistieron en una migración del modo presencial al modo telefónico o web, que requirió la revisión de los formularios de recolección en campo, con el fin de hacerlos más sencillos y puntuales, para reducir los tiempos de recolección y garantizar una mayor tasa de respuesta. Por otro lado, las adaptaciones en la recolección de información cualitativa tuvieron una reflexión profunda, pues muchos de los diseños metodológicos implicaban una relación presencial entre el informante y el consultor.

En términos generales, la recolección de información cualitativa en estudios de consultoría se basa principalmente en: entrevistas semi-estructuradas y los ejercicios grupales como los grupos focales. En los últimos años, ha adquirido mayor relevancia la mirada etnográfica, para entender los efectos de la intervención de política pública en las interacciones sociales.
Dentro de las adaptaciones realizadas se pueden identificar tres grados de complejidad.

Estudios que por sus características de diseño recogen información cualitativa mediante una sola técnica, en general, entrevistas semi-estructuradas. En estos casos, se flexibilizaron las entrevistas no presenciales para que se acomodaran a la conectividad del entrevistado.
Estudios con ejercicios grupales. Por ejemplo, en una evaluación con productores agrícolas, debido a las dificultades de conectividad de los participantes, un taller participativo se transformó en una serie de entrevistas semi-estructuradas, con diferentes momentos que se triangulan en la etapa de análisis.

Estudios utilizan con gran diversidad de técnicas, incluyendo aproximaciones etnográficas. Como ejemplo, está una evaluación que recogió información de personas con discapacidad. En este caso, se adaptaron los instrumentos para garantizar la accesibilidad a videollamadas, un contacto local sirvió de enlace con los participantes, y la etnografía virtual se realizó dando un rol más activo a las personas con discapacidad.

Estos desarrollos han sido documentados por Econometría Consultores (www.econometria.com) y el Centro de Estudios Manuel Ramírez (www.ce-mr.org). Se construyó un documento que recoge experiencias propias y externas, para crear un conocimiento de uso permanente e integral sobre los desarrollos metodológicos resultantes de la coyuntura actual. Sin embargo, es necesario mencionar que la discusión es joven y este proceso de creación se acaba de iniciar. Surgen entonces algunas reflexiones que queremos compartir:

Se debe ser cauto al momento de implementar un proceso de recolección de información remoto, ya que la selección de la población objetivo puede implicar un sesgo de no cobertura, por para la población apartada, sin acceso a internet o señal celular, para quienes. Para ellos quedar representados en los resultados el único medio son las encuestas presenciales. Junto a esto, surge una segunda reflexión en torno a los retos éticos que la transición hacia lo remoto implica en una investigación o estudio.

Finalmente, surge la oportunidad de otorgar un rol más activo a los informantes e implementar evaluaciones más participativas. En el proceso tradicional de evaluación de política pública, el investigador tenía un rol activo con el que, por un lado, traducía las experiencias vividas por grupo social, y además de ello construía las teorías que permitían entender la repercusión de dichas políticas.

Esto implicaba en muchos casos ubicar en un rol pasivo de “objeto de estudio” a los grupos sociales. Sin embargo, la no gracias apresencialidad el rol de éstos se ha ido transformando pues se están convirtiendo en actores centrales en los procesos de evaluación y cambio de las políticas públicas.

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Transferencias no condicionadas contra la desnutrición

Elaborado por: Econometría Consultores

Durante los últimos años Colombia ha tenido una importante caída en los niveles de desnutrición de la población en general, en 20 años se redujo en casi la mitad la prevalencia de desnutrición (Figura 1). Sin embargo, este logro se ha puesto en riesgo con la crisis económica que ha traído consigo la lucha contra el covid-19.

Entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han llamado la atención por el riesgo que implican las medidas tomadas de confinamiento sobre el crecimiento del hambre en el mundo. El riesgo es aún mayor en la población infantil, para Unicef 6,7 millones de niños en Colombia, están en peligro de desnutrición.

Como suele suceder, la situación ha provocado mayores dificultades en las poblaciones más vulnerables quienes tienen trabajos informales y dependen netamente del “día a día”. Además, en este caso particular, la crisis también ha afectado sectores formales quienes han tenido que despedir sus empleados ya sea por el cierre de sus negocios o por reducción de costos. Sin ingresos o con ingresos mínimos los hogares se quedaron sin una forma de abastecerse de alimentos y dependen en gran medida de apoyos gubernamentales y no gubernamentales.

El gobierno colombiano ha empleado diferentes mecanismos para mitigar la vulnerabilidad y la agudización de la pobreza en el país durante la crisis económica, ingreso solidario es uno de estos mecanismos, y consiste en transferir $480.000 colombianos (diferidos en tres pagos de $160.000) a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad que no hacen parte de otros programas como Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción.
A la fecha, han sido beneficiados 2.616.744 colombianos, quedando un tercer giro por $160.000 pendiente a realizarse en las próximas semanas.

Teniendo en cuenta lo anterior y la complejidad de la problemática, vale la pena cuestionarse si las transferencias en efectivo pueden ser un mecanismo para mitigar los choques del covid-19 en la nutrición de la población vulnerable del país. Estudios realizados por Econometría Consultores del impacto de programas nacionales y de otros países de Centroamérica y Europa, han reflejado que las transferencias en efectivo son una herramienta útil para mejorar los índices de nutrición en contextos de familias vulnerables, y se han convertido en la principal herramienta para canalizar recursos hacia los hogares más pobres.

Lo anterior, gracias a que los hogares gastan el ingreso recibido en la compra de alimentos, que incluso suelen ser de mejor calidad.

Además de los beneficios que trae sobre la nutrición de los hogares más pobres, las transferencias de efectivo contribuyen a que las familias vulnerables accedan a bienes y servicios que no podían acceder antes, y en el caso de una crisis económica como la desatada por el covid-19, pueden movilizar recursos a las economías locales, quienes se han visto afectadas por la caída en sus ventas. Por ejemplo, tiendas de barrio y supermercados.

Así mismo, se ha encontrado que intervenciones de este tipo podría traer consigo resultados positivos sobre el acceso a la educación, aumento en el tiempo de calidad con los hijos y hábitos más saludables en los niños. En algunos casos en los cuales se ha condicionado el uso del dinero para la compra de alimentos, no se ha percibido que se tenga impactos positivos en un mayor gasto en comida o una mejor dieta, pero sí mayores costos administrativos.

Estos resultados generan una base para que el gobierno colombiano continúe fortaleciendo mecanismos de transferencias no condicionadas como ingreso solidario, incluso podría pensarse en extender su aplicación. Lo anterior, teniendo en cuenta que se prevé que la economía colombiana se contraiga entre 5,5% y 7,9% en 2020, y según la Ocde el desempleo cerraría 2020 con 21,1%. Las perspectivas de recuperación para 2021, son aún modestas, de manera que el próximo año la economía podría crecer 3,6% según Banco Mundial, una magnitud que no lograría recuperar a la situación pre-covid 19.

Las estadísticas anteriores llevarían a pensar que la generación de ingresos en los hogares colombianos seguirá estando limitada, con un riesgo importante en el crecimiento de la desnutrición incluso en los niños. Esta problemática trae consecuencias en el mediano y largo plazo en el desarrollo de capital humano, tanto en niños como en adultos.

En el caso de los menores de 5 años, malos niveles de nutrición se ven reflejados en un bajo desarrollo cognitivo y un limitante para sus posibilidades de aprendizaje. Adicionalmente, tener malos niveles de nutrición tiene un efecto negativo sobre el sistema inmunológico de los niños y adultos, lo que aumenta la vulnerabilidad de sufrir de enfermedades como el mismo covid-19.

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Aprender jugando a los mercados de carbono

Elaborado por: Angélica Méndez y Óscar Rodríguez

Participar en un mercado de carbono o en sistema de comercio de emisiones (SCE), como también se le conoce, parecería una experiencia compleja. Sin embargo, en muchos países, cientos de empresas, compran y venden rutinariamente derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Una vez se comprenden los conceptos y reglas básicas del sistema, el resto es muy parecido a un juego en el cual se busca cuidar al planeta y enfrentar el cambio climático.

Pero ¿Qué es un SCE? ¿Qué son los derechos de emisión? y ¿Por qué comerciar esos derechos ayuda a reducir las emisiones?

Colombia tiene la meta de reducir entre 67 y 99 millones de toneladas de CO2 para 2030 y es importante saber cómo se podría cumplir distribuyendo los costos de una manera justa. Sin duda se requiere un esfuerzo de quienes emiten CO2 u otros gases equivalentes, mediante medidas de mitigación como la transformación de procesos productivos, cambios de insumos e inversiones en nuevos equipos. Pero, como hay unas medidas más costosas que otras, se deben adelantar las que garanticen el logro de la meta al menor costo posible. A ese costo, se le llama precio del carbono y a la forma de determinarlo, carbon pricing. Conocer el precio del carbono permite decidir cuándo una medida de mitigación se justifica y cuándo es ineficiente.

En general, existen dos formas de carbon pricing: (i) un impuesto al carbono, para estimular las medidas de mitigación que cuesten menos que el impuesto y (ii) un SCE (o mecanismo de cap and trade) que fije un tope de emisiones y se vendan derechos de emisión hasta ese tope; así las empresas revelan cuánto es lo máximo que están dispuestas a pagar y el mercado determina el precio del carbono que es compatible con la meta del país. También pueden utilizarse los dos instrumentos de manera complementaria si se garantiza que no haya un doble pago por el mismo concepto.

Colombia cuenta con un impuesto al carbono sobre los principales combustibles fósiles que incluye la posibilidad de no ser causado si se financian proyectos voluntarios de remoción o reducción de emisiones de carbono. Esto ha permitido aprendizajes en el desarrollo del mercado de reducciones voluntarias; ha creado demanda de las empresas por certificados de reducción de emisiones (compensaciones); y ha financiado la capacidad de quienes realizan actividades de protección del bosque.

Además del impuesto al carbono, Colombia se prepara para la puesta en marcha de su SCE, el cual se estableció en la Ley de Cambio Climático de 2018 como Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión. Así, el Gobierno definiría el máximo de toneladas de CO2eq que el país deberá emitir en los sectores cubiertos por el programa, las cuales estarían representadas por un número igual de cupos o derechos transables de emisión. Estos se subastarían, y también se podrían comerciar entre particulares. De esta manera el mercado definiría el precio del carbono en Colombia.

Aprender a negociar este tipo de derechos y saber cómo operar bajo este nuevo esquema de mercado, es un reto para el sector público y privado. El Gobierno Nacional, con el apoyo del Banco Mundial, ha venido coordinando los estudios para el diseño de este sistema, en los cuales consultores e investigadores nacionales e internacionales hemos tenido la oportunidad de participar. Se ha identificado que antes de poner en marcha el SCE se deben mejorar las capacidades de los actores potencialmente involucrados, tanto para entender el SCE como para actuar en él de una manera óptima. En particular, para la reglamentación de la Ley de Cambio Climático, los actores involucrados necesitan mejorar sus conocimientos sobre el SCE y las transacciones de mercado, de cara a las discusiones sobre la futura operación del sistema.

Una herramienta efectiva para esto son los juegos interactivos de simulación. Son mercados ficticios que permiten de manera intuitiva desenvolverse en un ambiente transaccional y crear estrategias para gestionar un portafolio de carbono de una empresa virtual, con unos recursos iniciales y con la posibilidad de generar ganancias o pérdidas en la moneda del juego. A nivel operativo, las simulaciones permiten conocer las alternativas para cumplir las obligaciones, manejar un capital para invertir en opciones de mitigación (p.e. energías más limpias), negociar derechos de emisión tanto en las subastas como en un mercado secundario o incluso adquirir compensaciones si así se establece. También presentan indicadores de mercado que se van descubriendo a medida que avanza el juego.

Este año se desarrollará en Colombia un interesante ejercicio de capacitación mediante esta herramienta. Cualquiera que se interese por conocer más a fondo sobre el funcionamiento de un mercado de comercio de emisiones, puede postularse para participar gratuitamente (https://bit.ly/2PNGKWG), los cupos son limitados y los seleccionados asistirán a un webinar el 3 de septiembre para iniciar su entrenamiento. Esta actividad, coordinada por los Ministerios de Ambiente y Hacienda y por el Departamento Nacional de Planeación, es financiada por el programa Partnership for Market Readiness (PMR) del Banco Mundial y organizada por Environmental Defense Fund (EDF), Iniciativa Climática de México (ICM) y Econometría Consultores. Se usará la Herramienta CarbonSim®, desarrollada por EDF y que ha sumado más de 2500 participantes de al menos 25 nacionalidades, en ejercicios realizados en muy diversos sitios, incluyendo Chile, USA y varias ciudades en China y México.

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¿Curva V?, columna de Econometría consultores

Escrito por: Julián Roa Rozo

Los pronósticos y análisis de perspectivas económicas son importantes tanto para los empresarios como para el Gobierno. Para los primeros, tener información sobre el crecimiento económico, la inflación y la tasa de desempleo les permite hacerse una idea de sus ventas y a partir de ello decidir factores como la contratación de nuevos empleados, la inversión en capital y fijar los salarios de sus empleados. Para el Gobierno, las variables macroeconómicas sirven como guía para la política pública en la medida que estas inciden en el bienestar de los ciudadanos y se reflejan en indicadores de crecimiento, de productividad y de pobreza. También, estos pronósticos sirven al Gobierno para ajustar la política macroeconómica para así lograr las metas propuestas.

Bajo esta premisa, es necesario preguntarse qué tan creíbles son los pronósticos que está utilizando el Ministerio de Hacienda, según los cuales el PIB de Colombia decrecería en 5,5% durante 2020 y creceríamos a una tasa de 6,6%, lo cual sugiere una curva V, como se puede ver en la figura (línea negra). Lo anterior contrasta de forma importante con las curvas que sugieren los analistas locales (línea dorada es el escenario mediano y línea gris es el pronóstico más pesimista), el Banco de la República (línea roja) y de lo que pronosticamos en Econometría Consultores (línea azul).

En general, el consenso entre los analistas es que la economía colombiana decrecería cerca de 7% en 2020 y en 2021, el pronóstico más alto excluyendo el del Ministerio de Hacienda, sería de 4% (Banco de la República, quien pronostica una caída entre el 6,5% y 10% en 2020). Así, la mayoría de los analistas está pensando en una curva nike.

Lo anterior es preocupante pues indica que el Ministerio de Hacienda puede estar subestimando de forma importante el impacto de la crisis. Se podría pensar que esto se debe a que el pronóstico del Ministerio de Hacienda está incluyendo los efectos del estímulo fiscal mientras que el resto de los analistas no lo están haciendo. Lo anterior no parece ser lo que está pensando el Ministerio de Hacienda. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo el principal motor del crecimiento en 2021, año en el cual se presenta la mayor discrepancia con el resto de los analistas, sería el consumo de los hogares el cual aumentaría en 5,2% y contribuiría 4 de los 6,6 puntos porcentuales del crecimiento proyectado para 2021. Luego seguiría la inversión la cual crecería en un 13,2% y contribuiría 2,6 puntos porcentuales. El crecimiento del gasto del gobierno sería de 3% y contribuiría en 0,5 puntos porcentuales de los 6,6. Finalmente, la demanda externa crecería en un 8,7% y contribuirá en -0,6 puntos porcentuales.

El escenario central que plantea el Ministerio de Hacienda es particularmente optimista en lo que se refiere al crecimiento del consumo. Desde un punto de vista histórico, este crecimiento no puede ser tan alto. En el año 2000, luego de la crisis del 99, el crecimiento en el consumo de los hogares fue de 1,4%, y en 2010, luego de la crisis global del 2008-2009, fue de 5%. El hecho de que el mercado laboral se haya deteriorado de forma similar a la crisis del 99 lleva a pensar que el 5,2% de crecimiento pronosticado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo sea exagerado. De forma similar sucede con la inversión.

En el año 2000, la inversión siguió decreciendo, en 1999 había caído en un 35% y en 2000 solo un 1%. En el año 2010, la inversión creció un 10% precedida por un decrecimiento de -6% en 2009. Resulta poco creíble que en 2021 la inversión crezca tanto, salvo que el Gobierno haga un plan de inversión en infraestructura muy fuerte. Si bien, este parece ser el caso, se podría pensar que el crecimiento de 13,2% sea un límite superior del crecimiento, no el escenario central.

Con esto en mente hay aspectos que preocupan. Por un lado, puede ser que el paquete de reactivación del Gobierno esté subestimado en la medida de que el Gobierno está pensado en una curva V y no una curva nike. Por otro lado, el tener un escenario tan optimista puede retrasar las acciones del Gobierno en temas de reformas tributaria y laboral en la medida que las hacen parecer innecesarias. Si el covid-19 solo es un bache en el camino, no hay porque cambiar la manera de conducir la economía. Finalmente, las variables que se expresan en proporción al PIB (déficit fiscal, déficit en cuenta corriente, endeudamiento, etc.) pueden estar subestimadas al estar calculadas con un denominador más alto. Esto puede comprometer el cumplimiento de la senda de estas variables según el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Ahora bien, hay factores que permiten creer que lo peor ya pasó. Por un lado, la tasa de desempleo ha dejado de crecer, así se puede pensar que en los próximos meses empezará un descenso en esta variable. Por otra parte, la inflación mensual en el mes de julio fue de 0%, sugiriendo que las presiones deflacionarias están empezando a ceder. De igual forma, el Índice de Producción Manufacturera de Davivienda mostró una recuperación en forma de V. La velocidad de la recuperación depende la velocidad de reapertura de la economía, así como de las acciones de política macroeconómica. Acciones como las reducciones de la tasa de interés por parte del Banco de la República ayudan a esta recuperación. Sin embargo, es posible que las medidas fiscales y monetarias que se han llevado a cabo no sean suficientes y sea necesario ampliarlas.

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El valor compartido como aporte de las empresas a la…

Escrito por: Benjamín Venegas

Datos sobre el comportamiento de las economías de América Latina han mostrado que a pesar de la pandemia del covid-19, los efectos sobre la economía colombiana en el primer trimestre del año fueron menos fuertes de lo esperado. De acuerdo con cifras presentadas por Portafolio, dentro de las economías de la región, Colombia y Chile fueron las únicas que crecieron a cifras positivas en el primer trimestre de 2020: 1,1% y 0,4% respectivamente. Además, las más recientes proyecciones de crecimiento que maneja la Cepal muestran que dentro de los países de la región, Colombia tendría una caída del PIB del 5,6%, menor al promedio de América Latina y el Caribe (-9,1%).

Pero, para hacer que la recuperación sea más sostenible, ¿cuáles deben ser las acciones que se deben implementar? ¿debe el Gobierno Central ser el único agente que dinamice la economía? Sobre esto, se han generado distintas versiones y se ha criticado que en Colombia el presupuesto para atender la crisis sea bajo en comparación con otros países. Sin embargo, poco se ha mencionado sobre el papel que deben tener las empresas privadas en momentos de crisis y para reactivar la economía.

Desarrollos recientes de Porter y Kramer llaman la atención sobre el rol de las empresas para generar valor en la sociedad. Para estos autores, el eje central es la articulación entre los problemas y desafíos de la sociedad y la rentabilidad de las empresas. Esto último, no se debe confundir con iniciativas de responsabilidad social o que solo buscan mejorar la reputación, pues la teoría que ellos plantean, valor compartido, incorpora la generación de valor dentro del mismo proceso de maximización de ganancias de las empresas.

Para Porter y Kramer es indiscutible que para que una compañía sea exitosa requiere de una sociedad saludable, lo cual incluye una provisión adecuada de servicios de educación, salud, igualdad de oportunidades y cuidado del medio ambiente, entre otros.

En dicha línea, la Fundación Andi ha venido desarrollando una iniciativa por reconocer el papel de algunas empresas que desarrollan sus actividades productivas en el territorio nacional, en la generación de impacto social mejorando así la competitividad de sus negocios. Como resultado, en 2019 se incluyeron empresas como Alpina, Alianza Team, Bayer, Cemex, Codensa, Colanta, Corona, entre otras.

¿Cuál es el aporte de dichas iniciativas en la dinamización de la economía? Econometría ha desarrollado recientemente estudios de valor compartido para Promigas y Argos en los que estimó que el valor presente neto del valor compartido para la sociedad de las iniciativas desarrolladas por dichas empresas en el año 2018 alcanzó valores cercanos a 0,6% del PIB. Resultado explicado en gran parte por proyectos educativos, de emprendimiento y en general de promoción del desarrollo local. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo las 5.000 empresas más grandes de Colombia incorporaran el esquema de valor compartido? Si tomamos un escenario conservador en el que cada empresa generase un valor compartido promedio para la sociedad de un centésimo (1/100) de lo estimado para Promigas y Argos, el efecto estimado sería de 15% del PIB de 2018.

Como Econometría ha mencionado en otras columnas, es claro que esta crisis abre una oportunidad para pensar las reformas estructurales necesarias para enfrentar de mejor manera las consecuencias de la pandemia. Por eso, a continuación, se proponen dos alternativas para la reactivación de la economía post covid 19.

En primer lugar, las empresas privadas deben repensar sus actividades en línea con el valor compartido, lo cual implica incorporar dentro de las políticas corporativas iniciativas explícitas que busquen generar valor compartido para la sociedad. Es decir, debe ser un tema estructural en sus líneas de negocio y no simplemente acciones coyunturales de responsabilidad social. Entre otras, esto implica generar estrategias que busquen mejorar las condiciones de vida, no solo de sus empleados y sus familias, sino en general de las comunidades en donde desarrollan sus actividades. Además, implica estrategias de desarrollo sostenible que busquen generar efectos positivos sobre el medio ambiente. Sin embargo, esto debe ir más allá de cumplir con reglamentaciones o criterios definidos por la ley, pues si se incorpora dentro de las estrategias de maximización de beneficios debe abarcar un amplio espectro de beneficiarios y entornos.

En segundo lugar, implica que las iniciativas privadas deberían articularse con las estrategias de largo plazo del Gobierno para la inclusión productiva. Es claro que, al combinar las acciones de estos dos actores, se pueden potenciar los resultados que si se realizarán individualmente. Además, implica establecer líneas específicas de acción en las que las empresas privadas puedan desarrollar sus estrategias para desarrollar valor compartido en aquellos sectores o comunidades que más lo requieran. Por ejemplo, la estrategia de alianzas productivas en las que, a partir de iniciativas, en muchos casos lideradas por empresas privadas, el Gobierno Central apoya el desarrollo de actividades productivas bajo condiciones adecuadas.

Como en otras columnas de Econometría, esto hace parte del tipo de reformas que han sido propuestas para superar los efectos negativos de la actual pandemia.

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