Las medidas extremas para tiempos extremos

Elaborado por: Julián Roa Rozo

Hoy es claro que el coronavirus no solo es una pandemia viral sino también económica. El FMI espera un decrecimiento de 3% en el PIB mundial. En cuanto a Colombia, el FMI pronostica un crecimiento del PIB de -2,4%, una inflación de 3,2% a fin de año, una tasa de desempleo del 12,2% y un déficit en cuenta corriente de -4,6%.

Por parte de Econometría Consultores, se espera una caída en el crecimiento económico entre -2,5% y 3,9%, un déficit en cuenta corriente de -5,5%. Respecto a los otros indicadores no hay discrepancias importantes pues se espera una inflación de 3,5% a fin de año y una tasa de desempleo de al menos 12,6%. Colombia está más cerca de la crisis de 1998 que de la crisis del 2008.

En el mundo, la respuesta convencional en política monetaria ha sido la reducción de tasas de interés y la ampliación del quantitative easing, expandiendo la oferta de dinero mediante la compra de activos financieros. Por su parte, la Reserva Federal ha permitido operaciones swap para otros bancos centrales proveyendo así dólares a las economías emergentes con el fin de evitar devaluaciones aún más pronunciadas asociadas a la incertidumbre generada por el coronavirus.

Si bien estas medidas son útiles, son insuficientes. En particular, los canales normales de transmisión de la política monetaria se bloquean en tiempos de cuarentena y de incertidumbre. El mayor nivel de riesgo hace que los bancos comerciales otorguen menos créditos que en situaciones normales. Lo anterior hace que la política monetaria sea menos efectiva.

Es por esto mismo que el Banco de la República ha bajado incluso el encaje bancario, para proveer más liquidez a la economía. En estos momentos, la efectividad de la política monetaria estaría dada por sus efectos en el endeudamiento de los gobiernos, los cuáles podrían acceder a recursos de los bancos centrales a un menor costo.

Por lo anterior, se han dado respuestas fiscales extremas. Las respuestas en los países desarrollados han sido de aproximadamente un 7% del PIB, mientras que, en los países latinoamericanos, esta respuesta es cercana al 3% del PIB, en promedio. Hay una serie de políticas fiscales y monetarias que podría ser de utilidad en esta coyuntura: subsidios a la nómina; garantías para endeudamiento; transferencias monetarias a los hogares; y lo que se ha denominado el dinero helicóptero.

Respecto a la primera medida, la propuesta de Botero y Lora consiste en subsidiar totalmente el primer salario mínimo de todos los trabajadores de sectores inhabilitados por el aislamiento obligatorio, por la duración de este mismo, siempre y cuando mantengan el empleo. La forma de financiación de este gasto por parte del gobierno colombiana requeriría el uso de liquidez por parte del Banco de la República. Esta medida, sin embargo, solo es útil para los trabajadores formales pues es sobre ellos que se puede hacer vigilancia de si continuaron trabajando o no, mediante PILA.

Otra medida alternativa que ha planteado el Gobierno es el cubrimiento por parte del Fondo Nacional de Garantías de los préstamos empresariales para pago de nómina, lo cual ayuda a las que no tienen la solvencia, pero les difiere el problema.

Las medidas anteriores son útiles, pero solo afectan a la población formal, lo que hace necesario pensar en los informales. En este aspecto, el gobierno colombiano mediante el programa de Ingreso Solidario está entregando $160.000 a tres millones de hogares pobres y vulnerables colombianos.

Sin embargo, se requieren acciones para toda la población, particularmente para los informales no pobres, quienes están altamente afectados, pero no son parte del programa de Ingreso Solidario. En este sentido, Econometría plantea una transferencia de $120.000 para el resto de los hogares (aproximadamente 10 millones de hogares, según el censo de 2018) lo que implicaría un gasto adicional del 0,1% del PIB de 2019 (una sola transferencia). Algo factible.

El dinero helicóptero es el nombre que se le da a la financiación del gasto público mediante emisión de dinero por parte del banco central. Vale la pena recordar que el precio del petróleo hoy se encuentra a niveles de US$25 por barril (aunque puede subir por los acuerdos recientes de la OPEP, pero difícilmente supere los US$35 por barril) y que el gasto gubernamental de 2020 se planeó con US$60 por barril, razón por la cual el gobierno colombiano cuenta con una seria restricción en sus ingresos.

En vez de que el gobierno financie el incremento del déficit fiscal con una reforma tributaria, el Banco de la República podría financiar parte de los recursos del gobierno durante esta coyuntura, de forma que no sea necesaria una reforma tributaria.

Sin embargo, el dinero helicóptero podría genera un riesgo de mayor inflación, aunque esto no parece ser un problema para Colombia, pues se trataría de algo temporal que no afectaría las expectativas de los agentes económicos y al estar en recesión se esperarían presiones deflacionarias. Finalmente, el Banco de la Republica ha demostrado ser una entidad lo suficientemente independiente como para que este tipo de medidas no comprometan su credibilidad en el futuro.

Ahora bien, antes de llegar a esta medida de dinero helicóptero se hace necesario, desde lo monetario, agotar otras medidas. En estos momentos la tasa de interés es relativamente alta y se podría disminuir de forma importante, a un terreno de 2-2,5% a fin de 2020, o incluso más en caso de ser necesario.

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Cadena alimentaria: base para una nueva apuesta de desarrollo

Elaborado por: Arturo García, Nury Bejarano y Jimena Iguavita

La urgencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, no debe impedirnos ir pensando en el futuro. La atención hospitalaria es como una carrera de 100 metros; la reconstrucción social y económica será una maratón. Anticipar los escenarios que enfrentaremos, nos permitirá identificar oportunidades a trabajar y no ser simples espectadores al vaivén de los acontecimientos. En este contexto, la apuesta por la cadena alimentaria es la mejor alternativa del país para salir de la crisis actual y para sentar las bases de una nueva estrategia de desarrollo.

En este momento la prioridad es salvar vidas. Por ello, el énfasis es la salud, que debe tener todo el respaldo de la sociedad. En las ciudades grandes y medianas, donde están los focos de la pandemia, se apuesta por aplanar la curva de contagios para no saturar la capacidad de manejo sanitario, mientras se amplía. El distanciamiento físico, expresado en la cuarentena, a corto plazo es prácticamente la única opción; no obstante, tienen un gran costo económico al implicar el freno de la mayoría de las actividades económicas.

En las zonas rurales la cosa es bien distinta. No es el foco de la pandemia y prácticamente por definición se da el distanciamiento físico. Sin embargo, en caso de verse afectado no existen posibilidades de atención hospitalaria especializada. Esta situación explica lo que las comunidades están haciendo por iniciativa propia: el aislamiento. Las juntas de acción comunal están estableciendo controles de circulación. Los gobiernos nacionales y locales deben apoyar esta medida, centrando el control en el transporte que sería lo único que debe circular. Preservar las zonas rurales es fundamental para la seguridad alimentaria y para lo que será la reconstrucción de la economía.

En el momento actual, la dinámica económica se ha limitado básicamente a cinco sectores: salud, servicios públicos, bancos, logística (transporte y comunicaciones) y la cadena alimenticia, que incluye la producción básica agropecuaria, las industrias procesadoras de alimentos y las redes de distribución, que van desde las grandes cadenas de supermercados hasta las pequeñas tiendas de barrio.

Por su parte, el Estado está haciendo transferencias a la población vulnerable para garantizar un ingreso básico, que les permita al menos su seguridad alimentaria y hacer viable la cuarentena. No hacerlo conllevaría un gran estallido social y perder lo que pueda haberse logrado con las medidas preventivas, cayendo en el riesgo de rebrotes de la pandemia con costos en salud y económicos aún mayores. Recordemos que la gripa española duró dos años y tuvo tres rebrotes.

Mientras no exista vacuna (expertos estiman puede tomar un año), no se tendrán las condiciones para una recuperación plena. De todas formas, es necesario ir pensando en el futuro. El retorno a la “normalidad” será gradual por la enorme pérdida de activos, que no permitirán una recuperación inmediata de los ingresos. En este escenario, debemos identificar las oportunidades económicas que puedan volverse motores de la economía, lo cual pasa por valorar lo que se tiene en medio de la crisis e identificar las posibilidades futuras.

La provisión de alimentos ha sido una prioridad en la actual emergencia. Es una actividad que se ha visto afectada, pero sigue funcionando. Este será el punto de partida, en especial cuando existen riesgos de seguridad alimentaria, como ya lo anunció la FAO. Los flujos de comercio internacional se han visto seriamente afectados y los países exportadores de alimentos están reteniendo sus producciones como una forma de garantizar su propia seguridad alimentaria en un escenario incierto.

Por otro lado, esta coyuntura da la posibilidad de repensar el país. Vale la pena identificar las actividades en las que podríamos llegar a ser competitivo. En muchos aspectos, Colombia es deficiente en comparación con los demás países, incluso comparándonos con la región. La mano de obra no tiene altos niveles de educación, ni es barata. En ciencia y tecnología tenemos una muy baja inversión. La disponibilidad de capital es limitada y en muchos sectores dependemos de la inversión extranjera. Sin embargo, Colombia si tiene una ventaja comparativa en cuanto a la dotación de tierra y agua, que por la variada topografía del país se refleja en una gran biodiversidad.

También debe hacerse explícito que Colombia no es un país petrolero, si se le compara internacionalmente en término de las reservas disponibles; sin embargo, nuestras cuentas fiscales dependen demasiado de los recursos que allí se generan. La pandemia llevó a la caída de la demanda de petróleo y el desplome de su precio. Esta situación pone al descubierto las débiles bases del crecimiento del país, que necesitan replantearse.

En este contexto, la apuesta por la cadena alimentaria, que no se ha frenado y donde tenemos ventajas comparativas, favorecida por la devaluación y la escasez de alimentos a nivel mundial, es estratégica. Si el país asume esta opción, debería hacerlo seriamente con una perspectiva de mediano y largo plazo; no como una respuesta a la coyuntura de la crisis.

Hacerlo implica una apuesta de tipo estructural que conllevaría: Primero, el desarrollo de producciones competitivas. No se debe depender del peso devaluado, porque en el futuro se dará una corrección. Esto implica un gran énfasis en la provisión de bienes públicos donde aspectos como la asistencia técnica de calidad, las vías terciarias, la adecuación de tierras y el acceso a crédito, son fundamentales. Esta apuesta debe tener la imperiosa perspectiva de exportar.

Segundo, en el proceso debemos conservar el agua y los recursos naturales, si queremos que la apuesta sea de largo plazo y sostenible, con mayor razón en un escenario de cambio climático. Acá hay una oportunidad que se debe aprovechar. Colombia ha avanzado en los procesos de ordenamiento territorial. Iniciativas como el catastro multipropósito y los planes de ordenamiento de los principales productos, que viene trabajando la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, son la base para ese desarrollo agropecuario competitivo que se podría lograr. En este marco, la tierra rural no es para engordar capitales, es para ponerla a producir invirtiendo.

Tercero, la inclusión social es un tema pendiente. La inequidad en Colombia es inaceptable y debe ser tenida en cuenta en cualquier apuesta que se haga. Pero no debe darse en un marco de un ejercicio de suma cero, donde darle a los pobres pasa por quitarle a los ricos. Más viable desde una perspectiva de economía política es propiciar una mayor generación de riqueza, donde la población pobre pueda mejorar en términos absolutos y relativos. Esto es factible por las enormes brechas de productividad que se dan en la gran mayoría de los productos agropecuarios, según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria.

En este proceso no se debe caer en la dualidad de contraponer un sector contra otro; se debe trabajar con el conjunto de la cadena incluyendo las actividades agropecuarias, agroindustriales y comerciales, teniendo una perspectiva clara hacia un desarrollo competitivo que sea una fuente de generación de riqueza y genere inclusión. Aumentos significativos de productividad deben permitir acuerdos entre actores donde todos deben ganar.

Tampoco debe haber dualismos entre grandes y pequeños. Se debe apoyar a todos, sin olvidar que la inclusión es un objetivo central. En el proceso se deben contemplar programas especiales con las asociaciones de productores, las pequeñas industrias procesadoras y las redes de las tiendas de barrio.

En la actual emergencia debemos proteger al campo; es la base de la seguridad alimentaria y será la base de la recuperación económica. En el camino debemos hacer los ajustes de política para que la actividad agropecuaria y agroindustrial tomen el liderazgo del desarrollo, como lo propuso la Misión Rural. Paralelamente se debe apostar por la recuperación de la actividad petrolera, porque esta será una fuente fundamental para la financiación de esta nueva estrategia de desarrollo.

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Reflexiones sobre el coronavirus y sus efectos económicos

Por: Mauricio Olivera

Esta columna se escribe el noveno día de aislamiento. Aunque hay un poco más de claridad, los hechos están cambiando de manera vertiginosa, y tal vez las mayores claridades que existen hoy son que el tiempo de aislamiento puede ser mayor y que los efectos económicos pueden ser enormes. Mañana los hechos pueden ser diferentes. Esta columna quiere aportar con tres reflexiones un poco más estructurales.

En primer lugar, la coyuntura proviene de hechos inesperados e inciertos y el mundo está aprendiendo. Y de esta realidad surge la primera reflexión: como lo afirma la teoría del comportamiento los hombres no somos tan racionales como creemos que somos. Existe el sesgo retrospectivo, o como dice el dicho, “cinco minutos después todos somos más inteligentes”. Los gobernantes del mundo están tomando sobre la marcha decisiones frente a un hecho inesperado, desconocido, y cuya evolución es incierta. Técnicamente, están tomando decisiones con información incompleta. Y, cinco minutos después, la sociedad juzga, afirmando, por ejemplo, que las decisiones debieron tomarse con mayor anticipación.

Este sesgo es complejo porque, debido a la pérdida de confianza en las decisiones, puede debilitar, más que a los gobernantes y los gobiernos, la institucionalidad y la democracia. Una aproximación para analizar las decisiones del Gobierno colombiano respecto al aislamiento es la comparación internacional, y muestra que las decisiones se han tomado de manera adecuada. Frente a comportamientos erráticos de los presidentes de Brasil, México y Estados Unidos, e inclusive frente a la tardanza en las decisiones de algunos gobiernos europeos, el Gobierno ha actuado en la dirección correcta. Aunque la descentralización define tres diferentes niveles de gobierno, y al inicio se dieron discusiones fuertes principalmente entre los alcaldes y el Presidente, se observa cada vez más alineación y llegada a consensos. La exigencia que la sociedad debería hacer a los gobernantes es aún más coordinación e información transparente. Y la exigencia que los gobernantes deberían hacerle a la sociedad es de apoyo, entendiendo que están tomando decisiones sobre la marcha en una situación incierta.

Una segunda reflexión es sobre la actuación de las entidades públicas y de los organismos de control, en esta pandemia. Basado en el artículo 215 de la Constitución, el presidente Duque tomó la decisión de declarar el estado de emergencia. Bajo este estado, el ejecutivo puede dictar decretos con fuerza de ley, que de todas maneras serán revisados por el Congreso y por la Corte Constitucional. Tal como lo dice la motivación del Decreto 444 de 2020, dentro del marco de la emergencia económica es necesario contar con recursos adicionales a los disponibles, y poderlos ejecutar de forma ágil e inmediata. También realizar traslados, distribuciones, modificaciones y desagregaciones del Presupuesto General de la Nación. Creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), con recursos proveniente del ahorro de las regalías y del Fonpet. Aunque esto generó polémica, especialmente el uso del ahorro de las pensiones territoriales, detrás de esta decisión existe una línea clara: antes de aumentar el endeudamiento público frente a esta situación incierta en su duración y en su magnitud, es mejor utilizar recursos ahorrados, obviamente respetando ciertos límites. Esto ayuda a preservar uno de los activos más importantes del país, que, como no ha estado en crisis continua, tal vez excepto la crisis de 1999, muchos colombianos no lo valoramos lo suficiente: la estabilidad macroeconómica. Frente a choques extremos, medidas extremas, pero con la prudencia que dicta la estabilidad macroeconómica. Bajo esta visión la decisión es correcta. Adicionalmente, frente a estas actuaciones debería darse un lineamiento más claro por parte de los organismos de control. Así las grandes directrices estén dadas, los funcionarios públicos deben estar blindados, obviamente sin sobrepasar los límites, frente a evaluaciones ex-post. Va a ser muy fácil para un organismo de control decir posteriormente algo así como: se ha debido hacer esto o aquello, no se ha debido optar por esta opción, etc. Los organismos de control deben bajar en estos momentos de urgencia el “síndrome de las ías” que tanto paraliza a los funcionarios en épocas normales. Obviamente, si hay corrupción, hay que castigarla, pero se debe ser claro en separar casos en los que hubo dolo de los que no.

Finalmente, en esta coyuntura incierta, el Gobierno ha tomado las medidas de apoyo adecuadas. La política pública debe enfocarse en los más vulnerables. Existen actores vulnerables estructuralmente, como las personas que están debajo de la línea de pobreza, pero también puede haber actores vulnerables dependiendo de las circunstancias. El coronavirus es un choque exógeno, inesperado, y afecta a todos por igual. A todas las personas, a las empresas, pequeñas, medianas y grandes, al sector salud, sin ninguna distinción. Aunque muchas personas, pueden juzgar como incorrecta la ayuda a las empresas, entender que este choque es generalizado ayuda a comprender que se hace necesario que todos los sectores sean apoyados. Además, si uno de los objetivos es mantener el empleo, la carga no puede dejarse solo en manos de las empresas privadas. Es en este momento en el cual las políticas fiscal y monetaria deben apoyar a todos los actores de la economía. Adicionalmente, en la medida en que se va a generar un gran gasto fiscal, que eventualmente generará la necesidad de una reforma tributaria, esta será mejor aceptada por toda la sociedad si todos, las personas y las empresas, reciben apoyo en esta pandemia, obviamente con las debidas prioridades. El Gobierno ya actuó en este sentido capitalizando el Fondo Nacional de Garantías.

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El coronavirus ataca el pulmón de la economía colombiana

Por: Econometría Consultores

La pandemia del Covid-29 está produciendo una gran incertidumbre y fuertes choques económicos cuyos efectos aún son difíciles de cuantificar. El coronavirus empezó afectando más la oferta que la demanda. Para contener la transmisión del virus, China, Italia, Francia y España han tomado medidas de cuarentena que han llevado a un freno súbito de la producción. El cierre de fronteras está afectando el comercio internacional. Frente a choques de oferta las políticas fiscales y monetarias convencionales no son suficientes.

La demanda también se ha afectado. Las políticas de contención del virus frenan el gasto de los hogares. Además, el pánico, la incertidumbre y la sensación de pesimismo pueden generar una profecía auto-cumplida. Lo más probable es que se llegue a una recesión mundial.

A este fenómeno mundial se suma para Colombia el efecto de la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, que ha hecho que el precio haya caído a niveles por debajo de los US$30 por barril. Este es un choque importante en términos porcentuales, muy similar al vivido a finales de 2014 e inicios de 2015, cuando el precio cayó en unos pocos meses de US$110 a US$50 por barril. Además, el coronavirus hace poco factible un repunte de este precio por factores de demanda.

En Colombia hasta ahora el mayor efecto ha sido una fuerte devaluación de la moneda, rompiendo techos históricos. No obstante, esta devaluación no implicará un aumento en el valor de las exportaciones, pues cayó el precio del principal producto de exportación y la demanda externa también está cayendo. Frente a estos choques a la economía colombiana surge la pregunta de cómo responder.

En el corto plazo las políticas deben estar concentradas en contener la propagación del virus y los efectos negativos de estas medidas. Acciones de política pública que se han tomado en estos días como el cierre de fronteras, evitar reuniones de más de 50 personas, entre otras, resultan efectivas para aplanar la curva de contagios mediante el distanciamiento social. Si bien el costo económico de estas es alto, desde el punto de vista de política pública son la mejor alternativa que se ha encontrado para disminuir los contagios.

Estas medidas son socialmente costosas. Es por ello que la política fiscal de alivios anunciada por el presidente Duque el día miércoles está dirigida a disminuir los costos para la población, especialmente la más vulnerable. Por ejemplo, continuar las transferencias de Familias en Acción e implementar la devolución del IVA ayuda a la población vulnerable en estos momentos.

Adicionalmente, destinar recursos al sector salud es esencial. Aunque ya se abrió el debate político sobre estas medidas, pueden tener un costo fiscal alto y están bien encaminadas. Además, la declaración de estado de emergencia podría permitir llevar a cabo medidas más.

Desde la academia, Jordi Gali ha propuesto algo incluso más osado que consiste en que los bancos centrales hagan emisión monetaria no reembolsable para el financiamiento del creciente gasto fiscal, de forma temporal. En otros países, como Francia, ya se congelaron los cobros de los servicios públicos, lo que es una reducción importante de los ingresos fiscales. Este tipo de medidas deberían formar parte del arsenal del gobierno colombiano.

En el marco de la política monetaria una tasa de cambio tan alta hace más vulnerable al país. La devaluación pronunciada de la moneda en estos momentos puede ser compleja e indeseable. Aunque el Banco de la República ha tomado acciones encaminadas a aumentar la liquidez en pesos mediante la ampliación de los plazos de las operaciones de liquidez y también ha aumentado la liquidez en dólares mediante el uso de subastas, podría contemplar la posibilidad de usar las reservas internacionales para contener la tasa de cambio, no solo para brindar liquidez.

Las anteriores políticas están pensadas para la etapa de contención del coronavirus. Sin embargo, las medidas de distanciamiento social disminuyen el crecimiento económico y minan la confianza de los inversionistas, lo que dificulta la recuperación económica una vez se haya superado esta fase. Es por ello que luego que se controle el virus se deberá contar con políticas fiscales y monetarias que permitan una recuperación veloz de la economía. Esto significaría una revisión de la regla fiscal. Para la Unión Europea, varios analistas europeos han afirmado que los límites de gasto son insuficientes.

En resumen, para 2020 es necesario relajar tanto la política fiscal como monetaria con el fin de hacer frente al choque del coronavirus y las medidas de aislamiento social. Luego, se hará necesaria un política fiscal y monetaria activa con el fin de acelerar el crecimiento económico una vez se haya superado el coronavirus. Este conjunto de medidas puede resultar extremo, sin embargo, la situación que se enfrenta no es normal y no se soluciona con las medidas convencionales. Son medidas extremas para tiempos extremos.

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Avances y desafíos de la prevención del embarazo…

Escrito por: Carolina Murgueitio

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo temprano es aquel que se da durante la adolescencia, que es el período de crecimiento y desarrollo humano después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Según esta misma organización, alrededor de 16 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medios. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo, y los hijos de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años.

Más allá de una situación en que las mujeres adolescentes tienen derecho a vivir su sexualidad de manera responsable y que existen connotaciones sociológicas en las que una chica no está preparada para hacerse cargo de un hijo o hija, según lo establece Save the Children, el embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y económicas negativas, ya que muchas adolescentes que se convierten en madres se ven obligadas a dejar de estudiar.

Una adolescente con escasa o ninguna educación tiene menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo y ello puede generar un costo económico para el país, debido a que se dejan de percibir ingresos anuales que una mujer joven hubiera ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo temprano.

Es decir, el fenómeno es materia de atención de políticas públicas porque también se ha demostrado que es un vehículo para perpetuar la pobreza de generación en generación. En efecto, a escala mundial el embarazo temprano es reconocido como uno de los principales obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Colombia no es ajena a la problemática; en 2015 en la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en países de desarrollo, según datos del Banco Mundial, ocupaba el décimo puesto entre 30 países por debajo de Chile y Perú y muy por encima de México o Argentina. Si bien nuestro país ha tenido avances en la prevención y aunque se tienen indicadores esperanzadores, ya que se ha identificado una tendencia decreciente en las tasas de fecundidad en el grupo de mujeres de 15 a 19 años, según Profamilia, existe una gran preocupación pues en el grupo de niñas de 10 a 14 años el fenómeno ha venido aumentando.

Recientemente, las Universidades de Los Andes y del Rosario publicaron el libro “Embarazo temprano, Evidencia de la Investigación en Colombia”, edición académica de las profesoras, ambas doctoras (PhD) Carmen Elisa Flórez y Elvia Vargas Trujillo con la colaboración del también doctor en economía Darwin Cortés y la psicóloga María Carolina Ibarra (http:// dx.doi.org/10.30778/2019.20). El libro es una muy completa recopilación de evidencia y análisis de la problemática en el país desde diferentes dimensiones y disciplinas y en el mismo se presentan de manera soportada y sustentada las tendencias del fenómeno en el país en las últimas dos décadas, la evidencia disponible para prevenirlo y los principales retos de cara al futuro.

Parte de la evidencia de la prevención del embarazo temprano fue aportada en el libro por investigadores de Econometría Consultores quienes tuvieron a su cargo la escritura de “Una estrategia del sector salud para la prevención del embarazo temprano: los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes en Colombia” cuya base fue la evaluación de estos servicios y que en 2014 fue reconocida como una de las 10 mejores evaluaciones a escala mundial; y, “Una iniciativa intersectorial para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos: el Conpes 147 del 2012 como estrategia para la prevención del embarazo temprano”.

Con las evaluaciones Econometría Consultores contribuyó a evidenciar, entre otros temas, que se si bien en el país los servicios amigables para jóvenes son altamente pertinentes, se requiere incrementar la cobertura de servicios de salud y modificar las barreras financieras y socioculturales para la población más joven; en particular, aquellas que están relacionadas con la calidad del cuidado que se ofrece y los sesgos de género por parte del personal que lo provee.

También se evidenció en la línea de base del Conpes 147 que la mitad de los adolescentes han iniciado su actividad sexual penetrativa y apenas la mitad de ellos utiliza siempre métodos anticonceptivos y un porcentaje menor utiliza siempre condón por lo cual es imperativo fortalecer la educación y fomentar competencias para la toma de decisiones autónomas y responsables.

Si bien en la publicación existen más resultados de investigaciones, el país debe seguir generando evidencia incluso a través de evaluaciones de impacto con métodos recientes desarrollados por la teoría económica, por ejemplo, ejercicios experimentales aleatorizados controlados que permitan establecer de manera rigurosa las relaciones de causalidad de las políticas públicas.

Especial atención deberá prestarse a la evidencia del impacto de políticas integrales e intersectoriales dirigidas a fortalecer la educación, la toma de decisiones y en evitar la deserción escolar de los adolescentes. Al respecto en la publicación la doctora Vargas presenta la evaluación del Programa de educación sexual del sistema educativo colombiano y evidencia las grandes falencias y desafíos que aún persisten.

Otros grandes desafíos son aquellos relacionados con la cobertura en salud, la información adecuada y para lo que es de aún mayor imperatividad, la construcción y realización de proyectos de vida que garanticen los derechos de la población joven de Colombia.

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Hacia dónde deben encaminarse las políticas para mejorar la…

Por: Econometría Consultores

Es bien sabido que la nutrición es algo fundamental para la vida de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Para cumplir con la garantía de estos derechos, se han desarrollado políticas y programas a nivel mundial, regional y de país, en los que se busca mejorar la nutrición de la población.

De hecho, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS adoptados por líderes mundiales en 2015 es el ‘Hambre Zero’, que tiene como objetivos para el año 2030 no solo poner fin al hambre y a todas las formas de desnutrición, sino también promover la productividad agrícola y la sostenibilidad de sus sistemas de producción. Estos objetivos establecidos como metas para ser cumplidas en los próximos 10 años evidencian que mejorar la nutrición no solo se refiere a proveer suficientes alimentos a la población, sino también mejorar su acceso, calidad y la eficiencia y sostenibilidad de su producción.

Si comenzamos con la condición básica de nutrición, podemos hablar de la seguridad alimentaria de los hogares, que, de acuerdo con la definición del ICBF, es entendida como el acceso seguro y permanente de los hogares a alimentos suficientes en cantidad y calidad, para una vida sana y activa.

En Colombia, según información de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN), 5 de cada 10 hogares (54,2% en el 2015) se encuentra en inseguridad alimentaria, siendo mayor en las zonas rurales, grupos étnicos y hogares donde la mujer es cabeza de hogar. El país se sitúa en el número 44 entre 113 países en el ranking de seguridad alimentaria estimado por The Economist Intelligence Unit, índice que comprende cuatro categorías: asequibilidad, disponibilidad, calidad de los alimentos y, recursos naturales y sostenibilidad de la producción.

Evaluaciones realizadas por Econometría Consultores muestran que la inseguridad alimentaria va acompañada de dietas no diversas y de baja calidad en los hogares, y una muy limitada actividad física como hábito no saludable. De igual forma, la sostenibilidad de la producción agrícola se ve afectada por factores de infraestructura rural y falta de cubrimiento a los riesgos que generan las variaciones climáticas.

Dada esta perspectiva y la complejidad de la problemática, surge la pregunta de ¿Hacia dónde deben encaminarse las políticas para mejorar la nutrición? Aunque son muchos los esfuerzos realizados por los gobiernos y entidades de cooperación, todavía no hay una respuesta única a esta pregunta, en parte porque los programas promovidos generalmente se enfocan hacia combatir una parte específica de la problemática general.

Por ejemplo, en países del Asia en los que ha trabajado Econometría como Nepal, las Naciones Unidas han enfocado sus programas a reducir la desnutrición y mejorar los indicadores de peso y talla para la edad de los niños y mujeres, mientras que en países del África y Centro América como Guinea Bissau y Honduras se realizan programas de alimentación escolar.

Econometría ha participado en las evaluaciones de algunos de estos programas encontrando que aquellos que se enfocan en proveer alimentos y suplementos alimenticios tienen un mayor impacto sobre la desnutrición y el desarrollo de la primera infancia, comparados con los que enfatizan en actividades de sensibilización respecto a las dietas adecuadas y prácticas de limpieza y preparación de los alimentos.

Si bien estos resultados parecerían evidentes, generan una gran preocupación para los implementadores de los programas, dado que uno de sus objetivos es crear capacidad en las comunidades para mejorar sus prácticas alimenticias y que estas no dependan exclusivamente de la provisión física de alimentos.

En la misma línea, evaluaciones realizadas por la firma de programas enfocados hacia la asistencia humanitaria a la población desplazada, encontraron que la provisión de alimentos sin el acompañamiento de programas de sensibilización y de actividad física, puede resultar en el incremento del número de niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad.

Esto es particularmente importante en la población cuyo desplazamiento tiene un efecto sobre sus prácticas alimenticias, como es el caso de la población indígena, afrocolombiana y los hogares que se movilizaron de la zona rural a la urbana.

En el caso de los programas de alimentación escolar, se encuentran resultados positivos en la asistencia al centro educativo y la disminución de la retención. No obstante, cuando los programas buscan incidir en la alimentación fuera de la jornada escolar, no en todos los casos se obtienen impactos en la toma de raciones alimenticias antes y después de asistir al centro educativo.

También se encuentra que la institucionalidad, no solo de los gobiernos, sino también a nivel comunitario, es clave para el adecuado desarrollo de los programas. Dado que la intervención de las entidades busca ser por un periodo limitado y crear capacidades en los territorios, la corresponsabilidad de los gobiernos regionales y el empoderamiento de la comunidad es esencial para lograr la continuidad de los programas y potencializar su alcance.

En conclusión, mejorar la nutrición incluye garantizar el acceso y la variedad de los alimentos, prácticas de vida saludable y la producción sostenible en el agro. Esto requiere de programas y políticas integrales y complementarias que contribuyan a avanzar en cada uno de los temas que deben ser considerados cuando se habla de nutrición, generando también capacidades en las comunidades y corresponsabilidades en los gobiernos para garantizar la continuidad y la optimización de los resultados en el largo plazo.

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Reflexiones sobre los debates laborales y pensional

Por: Econometría Consultores

El 2020 empezó con dos debates que afectan el futuro de la mayoría de colombianos: el laboral y el pensional. Aunque todavía no son muy claros los objetivos de estas reformas, y no se conoce el articulado que piensa proponer el Gobierno, este ya ha dado las primeras señales. Sobre el mercado laboral, el mensaje más claro, y más polémico, ha sido la contratación por horas. Sobre el sistema pensional, aunque se ha discutido durante más tiempo, el Gobierno no ha presentado una estructura coherente de la reforma, y las señales más claras son no aumentar la edad de pensión, defender a Colpensiones y eliminar los subsidios a las pensiones altas. Estas señales compartimentadas, a lo que se suma la interpretación en las redes sociales, han generado confusión, lo que explica en gran parte un rechazo. Sin embargo, es necesario entender el contexto en el que se discuten y sus objetivos.

Es claro que son necesarias. Por un lado, el mercado laboral sufre de una alta informalidad y un alto desempleo. Este último regresó a los dos dígitos después de ocho años. Por otro, el sistema pensional sufre de baja cobertura; menos de un tercio de los adultos mayores disfrutan de pensión. Y este rápido diagnóstico implica que la reforma laboral debería enfocarse en atacar informalidad y desempleo, y la pensional en subir cobertura.

Sobre la primera, es necesario recordar que el mercado laboral está cambiando de manera acelerada, y que nuevas formas de trabajo y contratación están naciendo. La idea que todos los colombianos trabajemos de 8 a 6 en una empresa en la cual el empleador cotice una parte a pensiones y a salud, es cada vez más remota. Ejemplos, algunos recientes, otros más estructurales, lo demuestran. La reciente polémica de Uber y los taxistas tiene por detrás un contexto importante. Ni los conductores de Uber, ni los de taxi, tienen una relación laboral con la empresa. Adicionalmente, ni los ingresos ni las horas trabajadas son fijos, dependen del tiempo que trabajen y de las carreras que efectúen. Frente a esta realidad, la legislación colombiana, que obliga a cotizar para pensión 16% de un ingreso mensual, es difícil de aplicar. Otro ejemplo importante, más estructural, se relaciona con el mercado laboral rural. En el campo la mayoría de los trabajos depende de variables como la estacionalidad de las cosechas, y se trabaja a destajo, o por días o inclusive horas. Una legislación que obligue a los trabajadores del campo a cotizar 16% del ingreso mensual ha hecho que la informalidad laboral en el campo esté cercana a 90%, o, lo que es lo mismo, que muy pocos trabajadores del campo tengan una pensión.

Estos ejemplos demuestran que, frente a la realidad laboral de muchos colombianos, la legislación laboral es muy rígida. Con una buena intención, que es que todos los colombianos tengan un trabajo estable, con un ingreso mensual fijo y asegurado, se llega al peor de los mundos. De los 22 millones de trabajadores, cerca de 16 millones están en la informalidad, desprotegidos de la seguridad social, y la legislación, rígida, no les permite buscar protección. Por esto es necesario adaptar la legislación.

Muchas voces afirman que la reforma busca proteger a los empleadores. Y ese no puede ser el objetivo. No debe permitirse que cambien el contrato laboral de tiempo completo a término indefinido por un contrato por horas. Pero si es necesario que los trabajadores que no tengan ese tipo de contrato, sean cobijados por la seguridad social con una nueva legislación. Visto de otra manera, la reforma no debe desproteger a los protegidos, pero si debe buscar proteger a los desprotegidos, teniendo en cuenta su realidad laboral. No olvidando el objetivo principal, que debe ser el trabajo formal, estable, decente. Pero aceptando que cambiar la realidad es complejo, y por eso no pueden estar desprotegidos. Este sería un primer paso para aumentar la cobertura del sistema pensional, buscando que todos los trabajadores colombianos tengan la posibilidad de cotizar para su pensión.

Sobre la reforma pensional, el debate debería centrarse en el mismo objetivo, aumentar la cobertura. Sin embargo, se ha desviado hacia otros temas, como marchitar el régimen de prima media que administra Colpensiones, y, en el otro bando, eliminar los fondos privados. Además de que este debate desvía la atención de lo importante -la baja cobertura- cualquiera de los dos extremos es peligroso. Si solo existe Colpensiones, el alto pago de pensiones, una gran parte con altos subsidios, hace financieramente insostenible el sistema. Y si solo existen los fondos privados, las bajas pensiones dejan insatisfecha a la población. Por eso, los dos regímenes son necesarios, no compitiendo entre ellos, sino complementándose.

Adicionalmente, el régimen público, como en general debería ser la política pública, debería concentrarse en la población más vulnerable, complementando el esfuerzo de ahorro que hacen las personas que no cuentan con un contrato laboral de tiempo completo, pero que con la nueva legislación laboral contarían con mecanismos de ahorro, pagados en parte por sus empleadores. Y no concentrarse en pagar subsidios altos a las altas pensiones.

Aunque ya se han dado pasos para aumentar la cobertura, creando un sistema de protección para la vejez, del cual ya hacen parte los Beps, es necesario diseñar y discutir más iniciativas. Por ejemplo, la compra de semanas, mecanismo que consistiría en que si la persona llega a la edad de pensión, pero no cumple con el número de semanas para obtener su pensión, pueda pagarlas de una sola vez, o pueda pagarlas mensualmente, pero incluyendo un subsidio por parte del Estado para que se pensione (cotizando cada mes tres semanas y que el Estado cotice una), o que le sea otorgada la pensión y se le descuente mensualmente una o dos semanas que no cotizó, puede ser un mecanismo que permita aumentar la cobertura.

En suma, las dos reformas son necesarias, buscando proteger a los más desprotegidos por la seguridad social. Es importante que el Gobierno muestre sus propuestas rápida y claramente. De esta manera, se evitaría la incertidumbre, que genera en parte el rechazo, y se podrían tener discusiones más constructivas.

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2020: ¿Más de lo mismo?, columna de Econometría

Escrito por: Julián Roa Rozo

2019 no fue un año bueno para la economía global. Según el World Economic Outlook de octubre de 2019, mientras que en 2018, 99 de 194 países presentaron un incremento en su tasa de crecimiento; en 2019, este número disminuyó a 64.

Más preocupante aún es que solo 11% del PIB mundial presentó un incremento en su tasa de crecimiento en 2019. Algunas fuentes de incertidumbre como el brexit y el conflicto comercial entre Estados Unidos y China afectaron el comercio internacional y las cadenas de valor, incidiendo negativamente en la demanda global.

En un contexto local, múltiples países de la región enfrentaron en 2019 situaciones complejas. Argentina enfrentó su segundo año consecutivo de crisis económica. México y Paraguay finalizarían 2019 con un crecimiento nulo y economías como Bolivia y Chile perdieron su ritmo por la incertidumbre política.

El bajo crecimiento económico en Latinoamérica agudizó los problemas sociales ya existentes en la región y se llevaron a cabo múltiples manifestaciones ciudadanas principalmente en Chile, Ecuador y Colombia.
Colombia no ha sido ajena a este contexto.

Si bien la economía colombiana se destaca en la región, con un pronóstico de 3,2% para 2019, su comportamiento macroeconómico está lejos de satisfacer las expectativas de los colombianos. Por un lado, la tasa de desempleo superó la barrera de 10% y finalizará 2019 alrededor de 10,6%.

Por otro lado, la incertidumbre global generó una volatilidad importante en la tasa de cambio, la cual fluctuó entre los $3.070 y $3.520. Lo anterior, junto con choques en los precios de alimentos, incidió en la inflación, la cual cerró 2019 en 3,8% dentro del rango meta, pero cerca del límite superior.

En materia externa, el déficit de cuenta corriente cerrará 2019 cerca de -4% del PIB lo cual no es una buena noticia. Luego de una devaluación en los últimos años, las exportaciones no han crecido lo suficiente para cerrar el déficit en cuenta corriente, reflejando los problemas en la estructura productiva de la economía colombiana. El factor positivo de 2019 fue el comportamiento del consumo y la inversión las cuales lideraron el crecimiento económico.

Con este escenario base: ¿Qué nos espera en 2020? Econometría Consultores considera que 2020 no será muy distinto de 2019. Colombia tendrá un crecimiento económico alrededor de 3,3% que seguramente será mejor que el de la región, pero que seguirá estando por debajo de su potencial.

Se proyecta que la tasa de desempleo siga por encima de 10%, la tasa de interés se mantendrá estable y, si el clima no genera sorpresas, la inflación nuevamente estará cerca del rango superior. A continuación, se explica el por qué.

Según el FMI, el crecimiento del PIB mundial sería de 3,4% superior al crecimiento de 2019, pronosticado en 2,9%. Sin embargo, hay varios factores de incertidumbre para 2020 como el brexit, el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la posibilidad de un impeachment a Donald Trump. Parece que el conflicto entre Estados Unidos e Irán no se escalará a una confrontación directa, pero es previsible que se den enfrentamientos en zonas de influencia.

Esto podría incidir en el precio del petróleo el cual se supone tendrá un precio alrededor de US$65 por barril Brent para 2020. Bajo este escenario, un crecimiento del PIB mundial de 3,4% es optimista.

Según Laeco, alianza de consultoras económicas latinoamericanas de la cual hace parte Econometría Consultores, Latinoamérica recuperaría en alguna medida su ritmo de crecimiento en 2020. En particular, en 2019 se cerraría con un crecimiento del PIB, sin incluir Venezuela, de 0,7%, el cual es bastante débil, y 2020 tendría una tasa de crecimiento de 1,4%.

Para Laeco, el crecimiento estaría liderado por Paraguay quien crecería a una tasa superior a 4%, y la segunda economía sería Colombia. La perspectiva de riesgo político en México, Brasil, Argentina, Chile y Bolivia podrían empeorar los prospectos que tienen los inversionistas sobre la región.

Ante este escenario se espera un año 2020 para Colombia bastante similar a 2019. La ligera recuperación de demanda en la economía mundial y los países vecinos podría incidir positivamente en el crecimiento económico, pero la principal fuente de crecimiento será el consumo interno.

Es por ello que Econometría Consultores prevé un crecimiento de 3,3% para 2020. Se espera una leve revaluación del peso colombiano para 2020 debido al incremento del precio del petróleo. La inflación total se proyecta que estará alrededor de 3,6% pues habrá una menor presión en los bienes transables, pero los choques en los precios de alimentos generados por el clima incidirán positivamente en la inflación. La tasa de desempleo se pronostica en 10,7%.

En materia de política económica, sobre el Banco de la República operan dos presiones diferentes: la debilidad del crecimiento económico podría llevarlo a disminuir las tasas, pero un eventual incremento de la inflación lo obligaría a aumentarlas. En principio, creemos que esa tasa se mantendrá constante.

El contexto fiscal no es mejor, pues ante una reforma tributaria que posiblemente desfinancie al Estado colombiano, aumentar la demanda mediante gasto público no será una opción. Finalmente, la continuación de las protestas puede generar una incertidumbre lo suficientemente fuerte para afectar la inversión y por esa vía el crecimiento.

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La economía del cambio climático en Colombia

Por: Óscar Rodríguez Nieto

Por estos días, en los cuales los países se dan cita en la Conferencia de las Partes (COP) en Madrid para hablar de comercio de carbono y transferencias de resultados de mitigación entre países, es un buen momento para reflexionar sobre las expectativas de Colombia dentro de la economía del cambio climático. Nuestro país tiene un enorme capital ambiental y eso debería ponernos en una posición preferencial en un mundo cuya principal preocupación será la escasez de recursos naturales y el cambio global. Sin embargo si el país no se prepara adecuadamente, esta puede ser otra de esas oportunidades que vemos pasar y desaprovechamos.

Las actividades productivas, como la ganadería, la industria y el transporte emiten gases nocivos al aire. Al hacerlo, generan altísimos costos en vidas humanas, en la operación de los sistemas de salud y en la atención de desastres naturales derivados de dicha contaminación. Los costos, de las medidas necesarias para evitar esas emisiones, son en general menores que los costos sociales de sus consecuencias, pero no son siempre financieramente viables para los privados. Por esto debe existir una intervención estatal.

Los países hoy industrializados lograron buena parte de su desarrollo al no incorporar esos costos sociales dentro de los precios de los productos que generaban ese daño ambiental. Actualmente, las consecuencias del cambio climático han hecho que el interés de las economías desarrolladas esté en reducir a futuro el impacto de la actividad económica sobre la atmósfera. Sin embargo, las acciones que se tomarán no revertirán, ni tan siquiera detendrán, el calentamiento global. Solamente podrán hacer más lento el incremento de las temperaturas medias, mientras se encuentra una solución tecnológica que permita detener este gran problema.

Los países desarrollados tienen poco margen de acción para reducir emisiones y han generado compromisos para la financiación de países en desarrollo, con el fin de ayudarles a lograr sus metas. Esto ha dinamizado los mercados internacionales en donde unos países pueden pagar a otros por ceder sus logros en reducción de emisiones o en remoción (captura) de carbono.

Colombia tiene una gran oportunidad, tanto atrayendo recursos de cooperación para cumplir sus metas, como vendiendo a otros países remociones y reducciones de emisiones de carbono, mediante labores de reforestación y de protección del bosque para evitar la deforestación. Aunque las emisiones por temas energéticos o industriales no son tan altas como las de otros países, sí tenemos una proporción alta de emisiones debidas a la deforestación y la ganadería extensiva. Sembrar árboles ayuda a remover CO2 de la atmósfera, pero su efecto es lento. La deforestación, especialmente la que se realiza por medio de quemas, genera unas emisiones muy grandes en muy poco tiempo, por lo tanto, establecer medidas para evitarla tiene un efecto inmediato.

Los incendios que se presentaron este año en la Amazonía, y que algunos medios indican que pueden cubrir alrededor de 500.000 hectáreas, expulsaron a la atmósfera entre 50 y 100 millones de toneladas de CO2 en unas pocas semanas mientras que, por ejemplo, la meta colombiana es llegar a reducir sus emisiones entre 66 y 99 millones de toneladas en el año 2030. Gran parte de esa meta -alrededor de 32 millones de toneladas- se lograría bajando nuestra deforestación en alrededor de un 40%, es decir evitando nuestros propios incendios forestales y demás formas de tala ilegal de bosques. Otros países que Econometría Consultores ha asesorado, como Guatemala o República Dominicana, tienen metas de alrededor de 10 a 15 millones de toneladas para un periodo de cinco años.

En 2015, Cdkn y Econometría propusimos un marco de trabajo que se tradujo en la expedición de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Dicha estrategia contempla instrumentos económicos y mecanismos de mercado que servirán al país para la compatibilización de la oferta y la demanda de recursos financieros para enfrentar el cambio climático.

Un primer paso fue el establecimiento del impuesto al carbono y la posibilidad de no causar su pago cuando se financian proyectos de remoción o reducción de emisiones de carbono. Esto ha servido para direccionar recursos hacia labores de conservación, protección y restauración de bosques casi por medio billón de pesos. Aún hace falta poder dar un uso adecuado del resto de los recaudos, que se pueden invertir en mitigación y adaptación al cambio climático.

La próxima meta es ayudar a establecer un sistema de comercio de emisiones que permita determinar el precio de mercado para el carbono en Colombia. Para esto se avanzó con la expedición de la ley de cambio climático, la cual crea la figura de los cupos transables de emisión y le da la facultad al Gobierno para establecer quiénes deberán comprar dichos cupos si no reducen sus emisiones. Eso permitirá al mismo tiempo establecer incentivos para la transformación tecnológica del aparato productivo y recaudar recursos para incentivar y financiar otras medidas de mitigación y adaptación.

Finalmente, estos avances se deben complementar con una mayor capacidad de financiamiento de iniciativas verdes a través del desarrollo de un sistema de banca verde, proceso en el cual también hemos podido acompañar a la banca de desarrollo colombiana.

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Los microcréditos como financiación al desarrollo

Por: Camila Nieto Mejía

La financiación al desarrollo surgió como tema central después de la segunda guerra mundial. Con el plan Marshall vino el planteamiento de la teoría económica del desarrollo, y la erradicación de la pobreza tomó un rol importante en la agenda internacional. Durante la época de la postguerra surgieron bancos como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo que jugaron un papel fundamental en la provisión de financiamiento a largo plazo cubriendo brechas que el sistema financiero tradicional no podía cubrir.

En 1961 se sentaron las bases de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) cuando los miembros del Grupo de Asistencia al Desarrollo reconocieron la necesidad de brindar ayuda económica, y técnica a los países en desarrollo. La AOD surge como un instrumento de financiación al desarrollo que pretende romper con el círculo de la pobreza de los países más necesitados mediante la inyección de capitales externos de carácter oficial con determinado grado de concesionalidad. La AOD es una idea muy coherente con las necesidades actuales de los países en vías de desarrollo, pero genera dependencia de los donantes y no incentiva la capacidad creativa.

Los microcréditos surgen como un instrumento alternativo de financiación que propone un sistema autosostenible de créditos de bajo monto generando incentivos positivos para cortar con el círculo de la pobreza desde un enfoque “bottom-up”, complementando el enfoque de la AOD. Los microcréditos nacen como una respuesta a la falta de acceso al crédito de millones de personas excluidas de los sistemas financieros formales. Estos tienen un enfoque social que pretende generar inclusión financiera y como consecuencia inclusión social mejorando las condiciones de vida de las personas más necesitadas.

Las personas más desfavorecidas por lo general son quienes están excluidas del sistema financiero tradicional, y la dificultad de utilizar sus recursos para el ahorro y la inversión en educación o actividades productivas limitan las posibilidades de salir de la pobreza. La capacidad de ahorro e inversión son determinantes para el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Desafortunadamente en la actualidad millones de personas se encuentran excluidas financieramente. En el caso de América Latina y el caribe 185 millones de personas permanecen sin acceso a los productos y servicios financieros formales, de los cuales 10 millones son colombianos.

Ante lo anterior, economistas y expertos se han preguntado si el microcrédito y las microfinanzas han tenido los resultados esperados y si se debe continuar incentivando su implementación como instrumento de desarrollo, o si, por el contrario, estos han tenido resultados perversos sobre los más necesitados. Históricamente, se ha analizado el impacto del microcrédito sobre diferentes ámbitos como la pobreza, la productividad y la desigualdad entre otros.

La implementación de programas de microcrédito y microfinanzas varían de acuerdo con el contexto específico de cada país, e incluso, en algunos casos, de cada región o ciudad. También cambian con respecto a la metodología de cobro, productos ofrecidos, tasas de interés etc. Por ejemplo, los microcréditos pueden presentarse como préstamos individuales, a través de grupos solidarios, fondos rotatorios y bancos comunales, entre otros.

Con lo anterior se puede decir sobre los microcréditos y las microfinanzas que, así como varían en su implementación, varían en su impacto. Existe evidencia teórica que sustenta tanto impactos positivos como no tan positivos sobre la pobreza y los ingresos.

En cuanto a resultados positivos, estudios han encontrado que el programa de microcrédito del Fondo de Alivio de la Pobreza en Pakistán redujo el nivel de pobreza en 3% para los beneficiarios. En Bangladesh se midió el efecto total y no crediticio de un programa micro financiero del Grameen Bank, encontrando un aumento de 175% de los ingresos mensuales de los beneficiarios.

En Colombia un caso de éxito sería el de Bancamía, la institución tiene una cobertura del 90% de los departamentos siendo uno de los principales actores en la inclusión financiera y el desarrollo social en el país. Bancamía estima que el 48% de sus clientes superan la pobreza después de dos años de acceder al microcrédito. La entidad ha logrado tener una cobertura rural (44%) similar a la cobertura urbana logrando romper con la brecha urbana-rural apuntando a las necesidades del contexto colombiano.

En el país, el Banco de la Mujer ha sido pionero en el sector del microcrédito, con una proyección social que promueve la cultura del ahorro y la educación financiera. El 87% de ellos pertenecen a los estratos 1 y 2 y el 16% fomentan proyectos rurales y agropecuarios. En el caso de resultados no tan positivos, en Indonesia, el impacto del programa de microcrédito de la ONG Yayasan Bina Swadaya no fue significativo.

La fórmula perfecta del microcrédito no existe, la oferta de diferentes productos, las condiciones de préstamo y las modalidades deben ajustarse a las necesidades específicas de cada población, así como al contexto socioeconómico y cultural. Los microcréditos tienen un enfoque innovador al apuntar a un desarrollo “desde adentro y desde abajo” que no debe pasar desapercibido ante quienes trabajan por la inclusión y erradicación de la pobreza.

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