La importancia de la reapertura segura en la educación inicial

Columna de Econometría

El pasado 28 de mayo se presentaron en esta columna los resultados de la evaluación de las estrategias “Aprender en Casa” y “Mis Manos te Enseñan” como alternativas de atención remota a la primera infancia, en el contexto de las cuarentenas derivadas del covid-19.

Si bien los resultados de estas estrategias fueron positivos y han tenido un efecto importante en el fortalecimiento de los vínculos entre maestros y familias, vale la pena reflexionar sobre la importancia de superar esta atención coyuntural, aprender de ella y apostarle a la apertura gradual y segura de los servicios de atención a la primera infancia de manera presencial.

La primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo, no solo cognitivo sino socioafectivo de los seres humanos. En este periodo, que va desde la gestación hasta los 5 años, la garantía de los derechos a la salud, la nutrición, la educación, el cuidado y la protección, son claves para el bienestar presente y de los futuros adultos, por lo que no en vano se han hecho importantes esfuerzos en la consolidación de políticas de primera infancia y en la priorización del gasto público para este momento del curso de la vida. Esta realidad está constatada por numerosos estudios longitudinales en todo el mundo realizados por varios premios Nobel de economía.

Sin embargo, en términos de desarrollo, no solo la provisión de servicios de calidad es importante. Las interacciones con los pares, con los padres, con los miembros de la familia, con otros adultos y con la comunidad, son determinantes en la construcción de habilidades sociales y emocionales, aspectos que también afectan las capacidades de aprendizaje y las habilidades necesarias para el resto de sus vidas. Todo ello repercute en su salud mental.

El desarrollo en la primera infancia es, por lo tanto, un proceso cultural, puesto que no solo cuenta las dinámicas individuales, sino que son fundamentales las relaciones y las interacciones con el entorno social, especialmente para los mayores de dos años. En la medida en que estás experiencias de vida sean saludables y enriquecedoras, se tienen efectos positivos sobre el aprendizaje y la retención en el sistema escolar, en la reducción de las brechas de género, en la inclusión social y una mayor probabilidad de éxito en sus vidas futuras.

Bajo esta perspectiva del desarrollo, el cierre de los servicios de atención inicial ya está causando efectos en las niñas y los niños, puesto que han visto limitadas sus interacciones, han perdido espacios de juego, y se han restringido sus posibilidades de exploración y de socialización. Nada de ello puede ser suplido por las estrategias remotas.

A esto se suman dos factores generadores de estrés que afectan al hogar como entorno inmediato de desarrollo, y que pueden dificultar la creación de un ambiente seguro, protector y enriquecedor para niñas y niños. De un lado, es necesario tener en cuenta el incremento de la pobreza como efecto de la pandemia y sus consecuencias sobre el acceso a bienes y servicios, y por otro, la sobrecarga de los cuidadores, que son principalmente mujeres. Ambas son situaciones que afectan particularmente a las personas más vulnerables, lo que profundizará las brechas en el desarrollo entre los diversos niveles socioeconómicos.

En contextos vulnerables los centros de atención a la primera infancia son mucho más que simples servicios de aprendizaje que pudieran ser sustituidos con herramientas tecnológicas. Además de ser espacios que promueven las interacciones enriquecedoras, son entornos protectores y proveedores de servicios básicos, por lo que sus cierres también han mostrado repercusiones en el aumento del maltrato, el abuso y la violencia, y efectos negativos en la salud, la nutrición y el bienestar tanto de las niñas y los niños como de sus familias.

Ante esta realidad, a finales de 2020 el Icbf inició un Piloto de Apertura Presencial Excepcional en algunas unidades de atención a la primera infancia del país, con el fin de organizar y flexibilizar los servicios y dar continuidad a la atención presencial bajo el esquema de alternancia definido por el Ministerio de Educación. Estos pilotos fueron evaluados por Econometría Consultores. Gracias a esta evaluación se pudieron apreciar los resultados positivos en relación con la continuidad de la prestación de los servicios con calidad, evidenciaron una importante capacidad de adaptación de lo pedagógico a las nuevas realidades sin renunciar a la exploración y a la interacción, y demostraron la viabilidad de poner en marcha un retorno seguro para las niñas y los niños en Colombia con la participación activa de sus familias

Son comprensibles los temores hacia la apertura en una realidad en la que las condiciones de prevención frente al virus no están plenamente dadas, pero la apuesta de política debería poner en la balanza elementos diferenciales para este tipo de población y para este tipo de educación. Se debe promover la apertura gradual y segura, apoyándose en la experiencia piloto de Icbf, de tal manera que se aumente la cobertura de la presencialidad en los servicios a la mayor cantidad de niños y niñas.

Esta decisión debe tomar en cuenta elementos claves como la incidencia del virus en la primera infancia, el comportamiento de los contagios dentro de los centros de atención y los efectos positivos que tiene la vacunación del personal que trabaja en ellos. Pero, sobre todo, debe incluir una perspectiva de futuro que analice los efectos que las decisiones que se tomen hoy tienen en el largo plazo en las niñas, los niños y la sociedad. Queda por delante una importante tarea de evaluar los impactos que los cierres de los centros de atención a la primera infancia y las estrategias de atención remota tendrán sobre el desarrollo, la educación, la inclusión, las brechas de género y el bienestar, así como las medidas correctivas que será necesario tomar para tratar de recuperar el tiempo perdido.

Artículos Relacionados

Comparte este articulo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Atención remota para la primera infancia

Columna de Econometría

La pandemia condujo a medidas de aislamiento social conocidas por todos, entre ellas el cierre de la atención presencial a la primera infancia. Esto empujó al Gobierno a reaccionar rápidamente cambiando la manera de prestar servicios hacia la modalidad remota. Dos estrategias que surgieron en este contexto fueron Aprender en Casa, del sector educativo colombiano liderado por el Ministerio de Educación (MEN) y Mis Manos Te Enseñan, del Icbf. En el país, la política de desarrollo integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre se coordina desde la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI), institucionalidad que solicitó se evaluaran las estrategias mencionadas. Por ello, entre finales de 2020 e inicios de 2021, Econometría Consultores en alianza con EASE de México, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo evaluó el diseño, la eficiencia y efectividad de las dos estrategias de educación inicial y preescolar. En esta columna se destacan algunos de los principales hallazgos y aprendizajes de la evaluación.

En Aprender en Casa, el MEN creó materiales educativos y lineamientos que puso a disposición de docentes para llevar a cabo educación inicial y preescolar durante la contingencia, aprovechando actividades cotidianas de niñas y niños en sus hogares. Esto se consolidó en la plataforma “Aprender Digital: contenidos para todos”. A partir de ello, los docentes adecuan el material a su necesidad y realidad local y lo aplican de manera remota, junto con cartillas y kits pedagógicos que se envían a los hogares, enlazándose con las familias de sus estudiantes vía telefónica o virtual. Esta estrategia se complementó con el diseño y realización de programas educativos emitidos en medios de comunicación masiva, principalmente, televisión y radio. De otro lado, la estrategia Mis Manos Te Enseñan se creó con el propósito de dar continuidad a los servicios a la primera infancia que brindaban los centros o unidades de servicio del Icbf. El propósito entonces es acompañar a las familias en el cuidado, crianza y educación inicial de sus hijos, mediante pautas y prácticas apoyadas con contactos telefónicos continuos, cartillas y kits pedagógicos. La estrategia también contempla el suministro de una canasta nutricional de alimentos para preparar, buscando preservar la nutrición brindada a las niñas y los niños. El Icbf acogió un enfoque de fortalecimiento a los vínculos familiares en torno de la crianza, convivencia y aprendizaje de los más pequeños del hogar.

Para esta investigación se realizaron multiplicidad de actividades innovadoras iniciando por el levantamiento de información remota cuantitativa (encuestas) y cualitativa (etnografías digitales, talleres delphos y entrevistas semiestructuradas) que cubrieron a los hogares beneficiarios y al talento humano y coordinadores regionales de la operación de las estrategias. A partir de ello y la información secundaria disponible, se realizaron evaluaciones de diseño de las intervenciones, caracterizaciones de la población objetivo, de procesos, de resultados y recomendaciones. En general, se encontró que las estrategias presentan un diseño sólido basado en modelos de intervención con evidencia documentada y con premisas claras sobre el problema a resolver, la población a la que buscan beneficiar y los medios para lograrlo. Puntualmente se resalta que se ha logrado, como nunca antes, unas fluidas y sólidas comunicaciones entre profesores y familias. Dado que los hijos no vienen con un manual de instrucciones, contar con el acompañamiento de expertos ha resultado ser un elemento muy valioso para los padres, que ahora se muestran más interesados en cómo interactuar y educar a sus hijos. La clave aquí es evitar saturar a las familias que, en condiciones de aislamiento completo, deben dedicar mucho tiempo y esfuerzo a la educación de sus hijos. En línea con lo anterior, un hallazgo muy sólido es que las familias apreciaron la atención psicosocial brindada por el Icbf para el manejo de las emociones y el estrés propio del aislamiento y la convivencia familiar continua. Contar con pautas de esta naturaleza les permitió a los hogares mejorar su convivencia, según su propio reporte.

Se evidenció que las estrategias fueron bien recibidas por familias y profesores, que las consideran iguales o mejores que sus versiones anteriores. Su percepción es que niñas y niños han avanzado en el desarrollo desde sus casas y, aunque al inicio hubo dificultades, se valora positivamente los materiales, kits pedagógicos, guías o cartillas a las que tuvieron acceso. De todas formas, hay actividades que requieren de la presencialidad como la enseñanza formal de la lectoescritura, cómo sostener un lápiz, entre otras, sobre las cuales la educación remota aún no da respuesta, además, esta educación implica que algunos procesos requieren mayor seguimiento en desarrollo y aprendizaje y en condiciones nutricionales y de salud de niñas y niños.

Otro gran reto de las estrategias de atención remota a la primera infancia en Colombia es la articulación. De una parte, se podrían potenciar los resultados logrados con una mayor coordinación entre el Icbf y el sector educativo tradicional. Hay sinergias importantes en su accionar que se dejan de lado cuando se opera en paralelo como se hace en su mayoría. De otra parte, la articulación dentro del sector educativo, liderada por el MEN, es un factor clave para fortalecer la estrategia Aprender en Casa. La cantidad de actores hace determinante trabajar sobre la comunicación clara y fluida entre ellos para asegurar el mejor uso de los recursos e incrementar el impacto sobre los beneficiarios.

Artículos Relacionados

Comparte este articulo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jóvenes y empleo, columna de Econometría

Columna de Econometría

La encuesta sobre sentimientos, expectativas y percepciones de los jóvenes sobre el paro nacional realizada hace unos días por el Centro Nacional de Consultoría y CM& muestra que en el primer lugar de los temas más urgentes que el actual gobierno debe resolver se encuentra el empleo para jóvenes, seguido muy de cerca por la diminución de la pobreza. Las cifras corroboran este sentimiento. Mientras en 2020 la tasa de desempleo total alcanzó 15,9%, en la población joven fue mucho más alta, llegando a 24,2%. Casi uno de cada cuatro jóvenes cayó en desempleo. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el desempleo juvenil fue de 28%, alcanzando niveles funestos en ciudades como Ibagué y Neiva, con tasas de desempleo juvenil de 37,6% y 36,3% respectivamente, y con 12 de las 23 ciudades con desempleo juvenil por encima de 30% y ninguna por debajo de 20%.

El desempleo juvenil enfrenta barreras estructurales. En el 2019, antes de la pandemia, la tasa de desempleo total fue de 10,5%, pero la de los jóvenes alcanzó 17,7%, y para el período 2011-2019 el desempleo juvenil en promedio fue 17,3%. Es decir, la pandemia no creó un problema que no existía; al revés, profundizó un problema que ya era estructural en Colombia. Y esto indica que se debe resolver de manera urgente y estructural.

Esta debacle no se da solo en Colombia. Una encuesta realizada por la Fundación Forge al inicio de la pandemia en Argentina, México, Chile, Perú y Uruguay a cerca de 10.000 jóvenes muestra que aportaron casi el doble de la tasa de despidos, con mayor participación de los jóvenes con menor nivel educativo, y que mientras 76,8% afirma que su principal contención para enfrentar el desempleo la encontró en su familia, solo 9% la encontró en alguna acción del Estado.

Las expectativas sobre el empleo en el futuro también son preocupantes. Para 41% la perspectiva en los próximos seis meses es el desempleo. Otra encuesta a cerca de 6.500 jóvenes en los mismos países realizada al final del año pasado comprobó que las expectativas son bajas, con 61% de los jóvenes avizorando un inicio de contratación lento, y con un desencuentro en el tipo de contratación. El 51% de las empresas ofrecerá contratos full time, mientras solo 34% de las personas jóvenes prefiere esta opción, y 27% de las empresas ofrecerá turnos rotativos, mientras solo 12% de las personas jóvenes busca esta opción.

Un análisis de la OIT identifica otros choques relacionados con el mercado laboral que los jóvenes pueden sufrir de manera desproporcionada por la pandemia, en particular, la interrupción de sus programas educativos o de formación y el descalabro de sus emprendimientos además de la caída de sus ingresos y la perspectiva de enfrentar mayores dificultades para encontrar una ocupación en el futuro. Se puede llegar a efectos persistentes en la “generación del confinamiento”. Un estudio longitudinal en Suecia muestra que los efectos en la salud mental de las personas que sufren episodios de desempleo mayores a seis meses en su juventud pueden extenderse hasta 14 años después con episodios de depresión y ansiedad.

En suma, el país está enfrentando un reto estructural que puede tener efectos a largo plazo sobre los jóvenes. Por esto, es urgente diseñar una política integral para generar empleo para los jóvenes. Entre las políticas aplicadas en varios países para enfrentar el desempleo juvenil se encuentran el apoyo a las empresas de los sectores más afectados proporcionando ayuda tanto a los trabajadores jóvenes como a los empresarios, programas de subsidios salariales que incluyen a los jóvenes, y programas de empleo público dirigidos específicamente a los jóvenes.

Desde la institucionalidad laboral, y en particular los servicios de empleo, asistir a los jóvenes en la búsqueda de empleo y apoyar a los jóvenes emprendedores. Dos políticas muy importantes deben centrarse en la formación para el trabajo garantizando que los sistemas de educación y formación respondan mejor a la demanda del mercado laboral en los sectores y ocupaciones en crecimiento en consonancia con las políticas de recuperación.

En Colombia se han diseñado otras políticas para impulsar el empleo juvenil que pueden revisarse y aumentar su escala y su cobertura. Entre ellas, los programas Jóvenes en Acción y 40.000 primeros empleos, y la ley de Primer Empleo (Ley 1780 de 2016) a la cual se suman las disposiciones tributarias de la Ley 2010 de 2019. Sobre Jóvenes en Acción, la evaluación realizada por Econometría encontró un gran impacto en los jóvenes, pero especialmente en aquellos que contaron con un componente denominado Habilidades para la Vida basado en el desarrollo de competencias blandas. Su probabilidad de emplearse se incrementó en alrededor de 20 puntos porcentuales.

Sobre el programa de 40.000 primeros empleos Econometría encontró en la evaluación de impacto que un tercio de los jóvenes siguió vinculado a su trabajo después del salir del programa. Por su parte, las dos leyes incluyen esquemas de subsidio al empleo de carácter temporal, y la Ley de Primer Empleo tuvo efectos positivos en la formalización laboral. Otra política implementada recientemente busca enfrentar la barrera que enfrentan los jóvenes para ingresar al mercado laboral por su falta de experiencia abriendo la posibilidad de prácticas en el sector público. La evaluación, adaptación de las mejores prácticas y escalamiento de estas políticas pueden ayudar a enfrentar este gran reto.

Artículos Relacionados

Comparte este articulo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

La economía política de la reforma tributaria

Escrita por: Mauricio Olivera - Director

El país se encuentra en una enorme encrucijada, en medio del tercer pico de la pandemia que está frenando la recuperación de la economía y con la necesidad de ajustar sus finanzas públicas para evitar poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Colombia, junto con México, Panamá, Uruguay, Perú, y Chile, se incluye entre los seis países de América Latina que cuentan con grado de inversión. La pandemia generó un aumento de gastos cercano a 4% del PIB y de la deuda a un nivel histórico de 60% del PIB.

Estructuralmente, mientras los países de la Ocde recaudan 34% del PIB, y los países latinoamericanos 23% del PIB, Colombia recauda 19%. Perder este grado de inversión puede afectar mucho más a la economía colombiana. Para enfrentar esta situación el Gobierno presentó una propuesta de reforma tributaria que ha generado un gran debate y el rechazo en algunos sectores.

Entre los elementos de esta propuesta se encuentran dos decisiones fundamentales que el Gobierno debe tomar. Por un lado, proponer simplemente un aumento en las tasas de tributación a la renta y en el IVA, o irse por la vía de cambios estructurales en el sistema tributario que permitan un mayor recaudo con las mismas tasas. Por otro, decidir a quién gravar, las personas o las empresas. Las decisiones del Gobierno fueron proponer una reforma estructural, eliminando algunas exenciones, sin aumentar las tasas, y gravar más a las personas que a las empresas, basándose en un desbarajuste estructural de la estructura tributaria que grava más a los agentes económicos que generan el valor agregado de la economía y el empleo -las empresas- que a quienes acumulan la riqueza -las personas.

Sobre la primera decisión, varios analistas han afirmado que una reforma estructural es conveniente y necesaria. La evasión y las exenciones y descuentos reducen el recaudo en cerca de 43%. Sin embargo, políticamente es una reforma difícil. Un estudio de Olivera, Pachón y Perry de 2010, ya citado por Econometría en este espacio, mostró que ahora, después de la reforma constitucional de 1991, es más complejo hacer una reforma estructural. La razón es que la buena intención de la reforma constitucional de 1991 de aumentar la participación política tuvo una consecuencia imprevista: la fragmentación política obliga a los gobiernos a discutir una reforma con más actores, lo que hace más difícil su tránsito de discusión y aprobación en el Congreso. Por eso, frente a la necesidad de recursos para ajustar las finanzas públicas, en el presente siglo los gobiernos han optado por aumentar alguna de las tasas impositivas sin proponer cambios estructurales en la estructura tributaria.

Sobre la segunda decisión, los datos muestran que mientras que en los países de la Ocde de los 11,3% del PIB de recaudo por sujeto gravado, 8,3 puntos porcentuales vienen de personas naturales y 3 de las empresas, y en América Latina de los 5,8% de PIB recaudados, 2,3 vienen de personas naturales y 3,5 de empresas, en Colombia de los 6,2% recaudados, 5 vienen de empresas y 1,2 de personas. Es decir, un análisis comparativo muestra que las empresas son más gravadas que las personas.

La mezcla de estas dos decisiones terminó siendo explosiva para la discusión de la reforma. La propuesta de eliminar las exenciones del IVA, que empezó a discutirse sobre los bienes de la canasta familiar, y la propuesta de ampliar la base tributaria del impuesto de renta personal, que creó la sensación de que el propósito era el de gravar más a la clase media, empezaron a generar un gran descontento. Aunque el Gobierno ya había lanzado el programa de Compensación de IVA, que devuelve recursos del pago de IVA a los hogares más vulnerables, y el objetivo de la reforma era gravar efectivamente a los ingresos altos -solo 5% de los hogares colombianos tiene ingresos per cápita mayores a $4 millones- la reforma terminó en grandes protestas. La iniciativa de unir a la reforma tributaria propuesta de gasto social para enfrentar la pandemia, dando incentivos al empleo y extendiendo el programa Ingreso Solidario hacia un programa de renta básica, no fue suficiente para aceptar, por ejemplo, el IVA a los servicios públicos, así este IVA no se aplicará a los estratos más bajos.

El momento de la discusión también es complejo. El riesgo de perder el grado de inversión y la estabilidad macroeconómica, con un déficit fiscal que puede llegar a 8,6% del PIB en el 2021, es alto. Sin embargo, la economía colombiana solo ha dado leves indicios de recuperación, y la tercera ola de contagios que está viviendo el país, y que ha llevado a las autoridades a decretar cuarentenas nuevamente, ha ahondado el descontento, a lo que se suma una vacunación que se encuentra muy lejos de llegar a la inmunidad de rebaño. El desempleo continúa alto, afectando a muchos hogares. Pero esperar al próximo año puede dificultar más la discusión: se trata de un año electoral.

Más importante aún, el descontento con la reforma puede estar dando señales más profundas. Por un lado, la desconfianza en las acciones del Estado, y por otro, la insatisfacción con la desigualdad y en general con el estado de cosas en que se encuentra el país. Si estas señales no son tenidas en cuenta, esta crisis puede ahondarse llevando al país a cambios extremos en el modelo económico. La crisis indica que son necesarias grandes reformas. No solo la tributaria. Econometría seguirá contribuyendo a la discusión en las siguientes columnas.

Artículos Relacionados

Comparte este articulo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Por un futuro promisorio para el sector lácteo

Escrita por: Arturo García, Socio de Econometría Consultores

Colombia cuenta con condiciones excepcionales para el desarrollo de muchas actividades agropecuarias; la producción de leche y sus derivados es una de esas actividades. La dotación de tierras, la disponibilidad de agua y la ubicación en el trópico, que permite producir todo el año en los distintos pisos térmicos, le dan al país una gran ventaja comparativa. Sin embargo, es necesario volverla una ventaja competitiva; se cuenta con las condiciones necesarias, pero aprovecharlas es un gran reto.

El tema es relevante en la medida que a comienzo de la década del 2010 Colombia firmó acuerdos comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales prevén una desgravación arancelaria láctea total en 2026 y en 2028, respectivamente. El acuerdo con la Unión Europea contempló una cooperación en la forma de apoyo presupuestario (recursos que entran al presupuesto nacional) por un valor de 30 millones de euros, que unidos a los recursos nacionales permitió contar con un presupuesto en promedio cercano de $100.000 millones por año en el periodo 2010-2017. Para enfrentar este gran reto, en 2010 se formularon los documentos Conpes (3675 y 3676) que establecieron la política para preparar al país, la cual se acompañó con un acuerdo de competitividad para la cadena láctea.

El tema es aún más relevante, cuando la lechería es una actividad que genera empleo para unas 700.000 personas en sus distintos eslabones. Esta actividad se desarrolla en prácticamente todos los municipios del país, con una participación muy significativa en el empleo rural. Además, la leche y sus derivados son un componente fundamental de la dieta de los colombianos para garantizar su seguridad alimentaria. Esto, muestra los potenciales costos que se asumirían al no tener un sector competitivo.

En este contexto, recientemente, contratada por la Unión Europea, Econometría Consultores ha concluido una evaluación independiente de dicho apoyo presupuestario y de la política láctea durante el periodo 2010-2018. La evaluación contó con la activa participación del Consejo Nacional Lácteo (CNL), donde se encuentra el gobierno nacional y los gremios del sector. Vale la pena resaltar los principales resultados y recomendaciones.

Respecto a las metas establecidas en las políticas, los resultados de la evaluación muestran que se han tenido avances en aspectos como: aumentos en producción y productividad, mejoras en el nivel de proteína en la leche, la inversión prevista en genética, una mayor formalización de actores de la cadena, el aumento en los ingresos de los productores, la mejora en el estatus sanitario y el fortalecimiento de los clústeres lácteos.

Todo esto es muy positivo; sin embargo, algunas metas de política no se cumplieron y en otros casos fueron bajas respecto al desafío existente. Al final se tiene que el sector aún no se encuentra preparado para competir, en buena medida porque las experiencias exitosas tienden a ser puntuales y no se han escalado para el conjunto del sector. Lo grave es que el tiempo se está acabando. Ya han pasado más de diez años de cuando se inició el proceso y restan algo menos de seis para el momento que se tendrá plena desgravación.

Si bien la fecha límite se aproxima, se puede hacer un cambio estructural. La evaluación recomienda centrarse en unos pocos temas estratégicos, con capacidad para desencadenar otros cambios. Lo primero, es mejorar la productividad y la calidad de la leche y sus derivados. Tomando como referente a productores líderes y a proyectos piloto, existe un gran potencial para mejorar la productividad, que es la base para un escenario gana-gana del conjunto de actores de la cadena. Este es el pilar fundamental sobre el cual se debe montar la transformación del sector lácteo.

Luego se debería contemplar un estímulo a la demanda que incluye promover: el consumo en la población de bajos ingresos, la diversificación de productos, sustitución competitiva de importaciones y un programa agresivo de promoción de exportaciones. Por otro lado, la eficiencia individual, que se logra en hatos y fábricas, debe complementarse con una eficiencia colectiva que se da en las regiones donde interactúan los actores. Con este objetivo sería fundamental apoyar: programas de pasturas, que tienen diferencias según pisos térmicos y regiones; el desarrollo y fortalecimiento de los clústeres; y los centros de acopio, que presuponen a su vez promover la asociatividad.

Estos pocos cambios son importantes y deben desencadenar muchos más; sin embargo, nada de esto se logra si no hay cambios institucionales y operativos. En lo institucional es necesario fortalecer el CNL para que actúe como una junta directiva del sector; contar con un observatorio que vaya más allá de trabajo pionero realizado por la Unidad de Seguimiento de Precios; fortalecer instancias públicas, en particular las encargadas del control sanitario; y abordar en la instancia del CNL el sistema de precios, que debería incluir ajustes. Por su parte en lo operativo, los avances mencionados pueden tomarse como experiencias piloto validadas, que pueden pasar a una segunda fase, donde se deben analizar las condiciones de replicabilidad para lograr por último su escalamiento; este es el cambio más significativo que debe hacerse.

En resumen, se ha recorrido un camino para mejorar la competitividad de la cadena láctea; ahora es el momento de consolidar los avances para estar preparados en el 2026.

Artículos Relacionados

Comparte este articulo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sisbén IV: una mejora en la focalización de la población

Escrita por: Jhon Jairo Romero

Una importante preocupación de expertos y de la población en general ha sido que los recursos que se destinan para programas sociales lleguen efectivamente a la población más vulnerable del país. Con este objetivo, en 1995 se diseñó y se empezó a aplicar el instrumento de focalización de programas sociales llamado Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales mejor conocido como Sisbén. Entre sus finalidades está permitirle al Estado contar con información de las familias más vulnerables del país, generando un puntaje o calificación de las necesidades de los hogares a partir de sus condiciones socioeconómicas.

En el imaginario de muchas personas el Sisbén es un programa social que brinda recursos en dinero, y para otras un servicio de salud para las personas más vulnerables económicamente. Pero nada más alejado de la realidad, pues la finalidad del Sisbén es lograr la identificación de la población más vulnerable. El hogar al que se le aplica la ficha socioeconómica del Sisbén no le garantiza el acceso a ningún programa social. Para acceder a los beneficios y subsidios de alguno de los programas, aparte de estar en el Sisbén, el hogar deberá conocer y cumplir todos los requisitos que establece la entidad responsable del programa.

En los 26 años que han pasado desde que se inició el Sisbén el país ha contado con cuatro versiones del Sistema; en su evolución se ha conseguido mejorar la clasificación de las familias, controlando errores de inclusión o exclusión y blindando el Sistema para evitar una posible manipulación de sus condiciones para cambiar su clasificación.

La cuarta versión del Sisbén tuvo varios cambios importantes frente a las anteriores versiones, y además, los adelantos tecnológicos con los que se cuenta ahora permiten una captura y consolidación de la información más eficiente frente a las anteriores versiones. El cambio más importante en esta nueva versión es el enfoque de inclusión productiva e inclusión social midiendo la ocupación y el ingreso de los hogares, lo que ha permitido mejorar la identificación de las familias vulnerables. Para que un hogar pueda obtener la clasificación en el Sisbén IV se debe reportar información de las condiciones de la vivienda y servicios públicos, educación, salud, ocupación e ingresos y antecedentes sociodemográficos. El Sisbén IV da un paso más en la forma de medir pobreza, usando la ocupación y el ingreso de las personas.

Otro cambio importante es la forma de clasificación de las familias; se migró del puntaje de un índice cuantitativo que tenía un rango de 0 (más pobre) a 100 (más rico) a una clasificación por categorías que se estructura en cuatro grupos que se identifican con letras, las cuales definen el nivel de pobreza de los hogares, clasificando la población en pobreza extrema (grupo A), hogares pobres (grupo B), población vulnerable o en riesgo (grupo C) y población no pobre o no vulnerable (grupo D).

Al interior de estos grupos se subdividen los hogares en subgrupos con los que se puede tener una mejor clasificación de las personas hasta en 51 grupos en total, según la capacidad de generación de ingresos. Se debe tener presente que las familias que venían siendo clasificadas con el puntaje en el Sisbén III deberá ser clasificadas a partir los lineamientos del Sisbén IV. No existe una tabla de homologación que permita determinar la clasificación del Sisbén IV conociendo la clasificación del Sisbén III. El reto actual está a cargo de los responsables de cada programa; se deberán definir los nuevos límites en los que deberá estar la población beneficiaria, haciendo que la transición sea lo menos compleja para las partes.

Otra modificación importante es la forma en la que se recogerá la información de los hogares y sus integrantes. La captura por DMC (Dispositivos Móviles de Captura) hará que la información se recolecte con mayores controles y esta pueda ser transmitida a la base central de una manera más eficiente y con mejor calidad, haciendo que una modificación de alguna característica o condición del hogar tarde menos tiempo en ser aplicada en el Sistema.

Con esta nueva versión, el Sisbén IV le permitirá a las entidades de Gobierno responsables de asignar los beneficios de los Programas Sociales contar con información más ágil y actualizada de las familias que aplicaron la encuesta, teniendo una mayor seguridad que el beneficio asignado llegará a la población definida en el marco de cada programa. Además, el Sisbén IV cuenta con información de contacto la cual incluye el número de teléfono/celular de los hogares, lo que facilitará el contacto oportuno con los potenciales beneficiarios. Las personas que quieran actualizar su información o que quieran aplicar la encuesta del Sisbén deberán hacer la solicitud en la oficina del Sisbén del municipio de residencia, donde podrán agendar la visita para que les sea aplicada la encuesta en su vivienda. La inclusión en el Sisbén no representará ningún costo para los hogares y tampoco garantiza la entrada a algún programa social.

Artículos Relacionados

Comparte este articulo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Crecimiento económico y el Conpes

Escrita por: Julián Roa

La crisis económica derivada de las medidas de confinamiento por la pandemia del covid-19 ha sido profunda. En el caso de Colombia la crisis llevó a una caída del PIB en 6,8%, una inflación de 1,6%, que es el menor registro desde 1955, y una tasa de desempleo del 15,9%, con un promedio de las tasas de desempleo mensuales de 16,1%. Dichos resultados fueron similares a los pronosticados por Econometría Consultores publicados en este diario en las fechas de 7 de agosto y 30 de octubre del año pasado, en donde se esperaba una caída del PIB del 7%, una inflación del 1,8% y una tasa de desempleo del 16,5%. En dichas columnas se mencionaba la necesidad de lograr una senda de crecimiento alta en los próximos años para poder recuperar rápidamente las pérdidas generadas por esta crisis.

De momento, las expectativas de los analistas no son las mejores. Según la última encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, los pronósticos de crecimiento para 2021 fluctúan entre 3,9% y 4,8% con un valor mediano de 4,5%. Por su parte, el FMI y el Banco Mundial ajustaron sus perspectivas de crecimiento en 4,6% y 4,9%, respectivamente. Bajo estos escenarios, se recuperaría el nivel de PIB en 2019 en 2022. El 22 de enero, en este diario, Econometría Consultores pronosticó un crecimiento de 4,5% para 2021. La persistencia de los choques negativos en la tasa de desempleo hace necesario que se den acciones para mejorar el crecimiento económico en el corto plazo, pues de lo contrario los efectos lesivos de la crisis se mantendrán por mucho tiempo.

Es por ello por lo que existían tantas expectativas sobre el Conpes 4023, en el cual se fija la política pública para la reactivación, repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente. En nuestra opinión, el Conpes 4023 tiene múltiples aciertos, pero también genera dudas y se notan algunas ausencias.

Dentro de los aciertos se encuentra la inversión en la infraestructura vial del país, lo cual es importante en la medida en que generaría cerca de dos millones de empleos, aunque la mayoría de estos serían temporales. Además de este efecto en el empleo, este tipo de proyectos permite una mayor competitividad de las exportaciones no tradicionales colombianas pues bajaría el costo de transporte. Dicho compromiso también busca cerrar la brecha digital entre las zonas rurales y el campo, lo que seguramente incidirá de manera positiva en el crecimiento de largo plazo del país y en la calidad de vida de los colombianos.

Otro de los aciertos se encuentra en la expansión del programa Ingreso Solidario hasta junio de 2021, que se traduce en tres giros adicionales para las familias más afectadas por la pandemia. Lo anterior resulta importante puesto que, aún si se cumple el programa de vacunación, el primer semestre de 2021 no será muy dinámico, y los hogares más vulnerables seguirán necesitando apoyo de parte del gobierno. Es recomendable condicionar el fin de este programa a que se logré la inmunidad de rebaño en el país, más aún cuando los riesgos de un retraso en el programa de vacunación son altos. Ahora bien, este programa puede constituir un avance importante en materia de políticas públicas y puede adaptarse después de la pandemia, más en la lógica de un seguro de desempleo que de una transferencia no condicionada.

Una de las dudas que genera la lectura del documento Conpes es la celeridad del programa. ¿Cómo es la temporalidad de la ejecución $135 billones de dicho programa de reactivación? ¿En qué temporalidad se generarían los cerca de 2 millones y medio de empleos nuevos contemplados en dicho documento? Aunque se plantea que es un plan a seis años, en materia de mercado laboral es muy distinto generar 1,5 millones de empleos entre 2021 y 2022 y el millón restante entre 2023 y 2026 a generar cerca de 500.000 empleos cada año entre 2021 y 2026. Esta temporalidad no es clara. Es necesario que sean explícitas en el tiempo las metas de recuperación del mercado laboral. Si bien la inversión prometida puede generar empleos, es necesario que las metas con relación a estos últimos sean más explícitas.

En la misma línea, en el documento Conpes están ausentes políticas activas de empleo. La tasa de desempleo de las mujeres en 2020 se ubicó en 20,6% y a pesar de ello no se evidencia la existencia de estrategias que mitiguen la brecha de género. Se plantea que la inversión en infraestructura generará 2 millones de empleos, y ello está bien, pero serán fundamentalmente masculinos. Así las mujeres, que fueron las más afectadas por la crisis, no estarían beneficiadas de manera directa por esta política de reactivación. Son necesarios planes específicos dirigidos a este grupo social.

Lo mismo sucede con los jóvenes, pues gran parte de las estrategias destinadas a este segmento de la población se enfocan más en la formación de su capital humano, aspecto importante, pero que no garantizan la generación de empleo en este rango de edad. Sería prudente la generación de programas de disminución en los impuestos que hoy castigan la generación de empleo. También debe pensarse en la exención en parafiscales para fomentar el empleo de grupos altamente afectados por la crisis. El crecimiento económico debe ser inclusivo.

Artículos Relacionados

Comparte este articulo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Reflexiones sobre la reforma tributaria

Por: Francisco Azuero

Es clara la necesidad de una reforma tributaria. No solo en Colombia. En todos los países del mundo la única opción que encontraron los estados para frenar la propagación del covid-19 fue frenar súbitamente las economías con cuarentenas y reglas de aislamiento social. Sin la actividad económica funcionando plenamente, el Estado se convirtió en el garante de última instancia de la supervivencia de personas y empresas. El Banco Mundial calcula que en los países emergentes la deuda pública creció 9 puntos porcentuales, y en Colombia los datos del Ministerio de Hacienda muestran que creció 12,8 puntos porcentuales, pasando de 48,6% del PIB en 2019 a 61,4% del PIB en 2020.

Los colombianos contamos con un activo muy importante que, como no lo hemos perdido, no lo valoramos lo suficiente: la estabilidad macroeconómica. Fuimos de los pocos países de América Latina que pasamos invictos la década perdida de los 80, cuando varios de los países de la región declararon la moratoria de la deuda externa debido al aumento desbordado del endeudamiento y al alza histórica de las tasas de interés. Pero el crecimiento del gasto público para enfrentar la pandemia se financió en gran parte con deuda nueva que en algún momento la sociedad deberá pagar.

Econometría anunció en este diario, en una columna del 3 abril del 2020, que el mayor gasto generado por la pandemia iba eventualmente a generar la necesidad de una reforma tributaria. Y que era necesario ser eficiente con este gasto extraordinario y apoyar en su justa medida a agentes económicos, porque todos ellos, los trabajadores, las empresas grandes y pequeñas, los hogares vulnerables y no vulnerables, estaban siendo afectados. Y que mientras más se vieran y valoraran las ayudas, más apoyo iba a tener esa reforma. El gobierno dijo que llegó el momento. Y ha esbozado, a través de entrevistas de prensa, algunos de los que posiblemente sean los elementos esenciales de su propuesta. Vale la pena hacer algunas reflexiones sobre ellos.

En primer lugar, se supone que el proyecto no se va a ocupar solamente de los impuestos, sino también del gasto. Por ello se le llamará “reforma fiscal” (el nombre reforma tributaria tiene cada vez menos atractivo). En cuanto a los impuestos, vale la pena recordar que la reforma tributaria de 2019 creó una “Comisión de Expertos” para estudiar los beneficios tributarios vigentes. Se supone que esa Comisión, compuesta por seis funcionarios públicos y cinco expertos internacionales ya debe estar por entregar su informe final, que supuestamente será la base para el proyecto de “reforma estructural”.

No es la primera vez que funciona una comisión de expertos con ese propósito. La penúltima, cuyo informe se presentó a finales de 2015, incluyó varias propuestas, la mayoría de las cuales no fueron tenidas en cuenta ni por el gobierno ni por el congreso. Esa comisión había señalado la conveniencia de racionalizar los llamados “beneficios tributarios” del impuesto a la renta, y que consisten en tratamientos privilegiados para ciertos contribuyentes, bajo la forma de rentas exentas, deducciones que no tienen relación con la generación de los ingresos, y tarifas preferenciales más bajas o descuentos tributarios. Esos tratamientos le costaron al fisco en el año 2018 (el Gobierno no ha publicado los resultados de 2019) $13,3 billones. Es indudable que una verdadera reforma estructural debe enfrentar ese hueco fiscal, por razones de eficiencia económica y de equidad tributaria.

Las propuestas del gobierno parecen referirse hasta ahora en la eliminación de exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales del IVA, que hoy están centradas especialmente en productos que hacen parte de la canasta familiar. La devolución del IVA a los sectores más pobres de la población, y que se había presentado en proyectos anteriores, es hoy posible gracias al programa Compensación de IVA. No parece factible, ni conveniente, elevar más el impuesto a las sociedades, y mucho menos cobrarles el impuesto a la riqueza. Es posible sin embargo elevar las tarifas de las rentas de capital de las personas naturales, tal como lo propuso la Comisión de Expertos de 2015.

Tampoco es la primera vez que el gobierno anuncia una reforma “estructural”. Pero hasta ahora siempre los gobiernos se han tropezado con las realidades políticas. De hecho, el ministro Carrasquilla también intentó una en su primer paso por el ministerio. En un documento del 2010, Guillermo Perry, Mauricio Olivera y Mónica Pachón mostraron que desde la Constitución de 1991 es más difícil hacer una reforma tributaria estructural. La fragmentación política, propiciada entre otras por el sistema del voto preferente para cuerpos colegiados, obliga a discutir y sustentar la reforma con varios partidos o fracciones, e incluso con parlamentarios individuales, cada uno defendiendo los intereses de sus votantes o de los grupos de poder que los financian. Por esto los gobiernos, y los parlamentos, reconociendo la necesidad de recursos, terminan aumentando las tasas impositivas de rentas de trabajo o aumentando el IVA. ¿Qué hará que este gobierno si logre, por fin, impulsar esa reforma estructural?

Frente al gasto público, el otro gran componente de la anunciada “reforma fiscal” es muy poco lo que se ha anunciado. Haría bien el gobierno en seguir varias de las recomendaciones de la comisión del Gasto y la Inversión Pública, publicado en 2017.

Artículos Relacionados

Comparte este articulo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

El servicio de empleo y el covid, columna de Econometría

Por: Mauricio Olivera

Las últimas cifras del mercado laboral no son alentadoras. Aunque con la apertura de mitad del año pasado la tasa de desempleo se redujo considerablemente, pasando de 20,3% a 13,8% entre el segundo y el cuarto trimestre del 2020, continúa por encima de los dos dígitos, y este descenso se concentró en empleos informales. En el año se destruyeron 2,4 millones de empleos, a lo que se suman 1,8 millones de personas que pasaron a la inactividad dejando de presionar el mercado laboral. La tasa de desempleo anual fue de 15,9% frente a 10,5% del 2019, creciendo más del 50%. Las comparaciones internacionales también muestran que la pandemia ha tenido efectos devastadores en el empleo. Entre los países de la OECD, desde el inicio de la pandemia Colombia fue el país más afectado, superando el 20% de desempleo, y en diciembre se mantuvo en los tres primeros lugares de más altas tasas de desempleo, acompañada por España y Grecia. A este panorama se suman las medidas que los gobiernos tuvieron que tomar para enfrentar la segunda ola de contagios, y aunque se están haciendo los esfuerzos para un plan de vacunación masivo, la incertidumbre es grande.

El panorama laboral ha llevado al país a discutir y diseñar diversos mecanismos para enfrentar la crisis. El gobierno se ha concentrado en alivianar la reducción del ingreso de las familias con los programas Ingreso Solidario y Compensación de IVA. Destinó recursos importantes a las empresas capitalizando el Fondo Nacional de Garantías. Respecto al mercado laboral creó la Misión de Empleo, y en la Mesa de Concertación Laboral se habló de la necesidad de una reforma laboral. Creó y hace unos días puso en marcha el piso de protección social, buscando atacar la informalidad aumentando la cobertura en seguridad social. Para los trabajadores formales que perdieron su empleo, las cajas de compensación han utilizado los recursos de sus agencias de empleo para subsidiar los ingresos de estos trabajadores por un tiempo limitado. También creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), un programa de subsidio a la nómina, con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), y ejecutado a través de entidades financieras.

Por su parte, basado en la famosa afirmación de John Maynard Keynes sobre la necesidad de abrir huecos para taparlos en su obra “Teoría general del empleo, el interés y el dinero” cuando analiza la desutilidad del desempleo y la necesidad de gasto público para impulsar la economía, un precandidato presidencial propuso como política de choque para enfrentar el desempleo en el corto plazo un programa de empleo de emergencia, ejecutado por los gobiernos regionales y locales, con financiación del gobierno central, y sabiendo que en las regiones existen muchas obras por terminar -los huecos ya están abiertos, es necesario cerrarlos.

En suma, se han discutido varios temas para enfrentar la crisis del mercado laboral. La realidad actual obliga a actuar más rápido, y a buscar mayores efectos. Un tema del que poco se ha hablado es sobre el papel del servicio de empleo para enfrentar la crisis, más allá del subsidio a los trabajadores formales.

Los servicios de empleo tomaron su relevancia después del trabajo seminal de Dale Mortensen y Christopher Pissarides en 1994 en el cual demuestran que una gran ineficiencia en el mercado laboral se encuentra en el emparejamiento entre la oferta y la demanda laboral. Gracias a este trabajo fueron galardonados con el premio nobel de economía, al lado de Peter Diamond, en el 2010. Quienes ofrecen su trabajo no saben en qué empresas son necesitados de acuerdo a su conocimiento, experiencia y habilidades, y las empresas no saben donde encontrar los trabajadores que necesitan. El papel primordial de los servicios de empleo es lograr que las personas que buscan trabajo -la oferta laboral- lo consigan de acuerdo a sus capacidades, y que los empleadores que buscan trabajadores -la demanda laboral- lo consigan de acuerdo a sus necesidades, de manera eficiente. En los países avanzados, el servicio de empleo juega un papel protagónico. El servicio público alemán cuenta con más de 100 mil funcionarios, y más de la mitad trabajan en los centros de empleo, y en el 2020 atendió más de 7,5 millones de personas.

En Colombia se creó el servicio público de empleo en el 2012, atado al mecanismo de protección al cesante, una aproximación al seguro de desempleo. Una evaluación inicial mostró que es una institución en maduración, y entre los retos está la confianza de los empleadores para registrar sus vacantes. A este se suma la unión entre el servicio de empleo y la formación para el trabajo con una perspectiva de mediano plazo. La nueva normalidad traerá nuevos empleos con nuevas habilidades y competencias de los trabajadores.

El servicio de empleo podría jugar un papel más protagónico para enfrentar la crisis del mercado laboral generada por la pandemia. La OIT hace un recuento completo de las respuestas que este ha dado tanto en esta crisis, tanto para las políticas pasivas de empleo (por ejemplo, subsidios al desempleo) como para las políticas activas (Para la demanda laboral, políticas de corta duración para preservar el empleo e incentivos la creación de nuevos empleos, y para la oferta políticas de capacitación e incentivos para buscar activamente empleo, y programas públicos de empleo de emergencia de corta duración, especialmente para trabajadores vulnerables y con bajo nivel educativo).

Una encuesta al servicio de empleo en 72 países realizada por el BID, la OIT, la Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo (Wapes, por sus siglas en inglés), la Comisión Europea, y Socieux+, un proyecto de la Unión Europea que busca mejorar las capacidades de la protección social en países de ingreso medio y bajo, muestra que los servicios de empleo se adaptaron para seguir prestando sus servicios durante el confinamiento, se readecuaron y ampliaron para responder a las necesidades prioritarias, por ejemplo, del seguro de desempleo, de subsidios para la retención del empleo o de programas de empleo de emergencia, y para reclutamiento de trabajadores en sectores prioritarios. Algunos también fortalecieron la recapacitación para desempleados con escasos recursos a través de programas virtuales, e implementaron y fortalecieron políticas inclusivas, por ejemplo, cuidado de los niños atados a la acción de búsqueda de empleo. En Colombia, es necesario fortalecer el papel protagónico del servicio de empleo. En el corto plazo, unificando las políticas de empleo para enfrentar la crisis, y, en el largo, para la formación para el trabajo y la creación de trabajo formal.

Artículos Relacionados

Comparte este articulo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Seguiremos en 2020 hasta junio, columna de Econometría

Por: Julián Roa Rozo

Hace cinco meses Econometría Consultores esperaba una caída de 7% en 2020 y una recuperación cercana a 3,5% en 2021. Según la encuesta de expectativas económicas de junio de 2020 realizada por el Banco de la República, algunos analistas esperaban una caída de 10%. Por su parte, el Ministerio de Hacienda esperaba una caída de 5,5% (ver columna ¿Curva V?). Como se puede ver, no había un consenso sobre lo que pasaría con la economía colombiana.

En cuanto a la incertidumbre, 2021 se parece a 2020. Actualmente la mayoría de los analistas espera un crecimiento entre 4,5% y 5,3% para 2021, según la encuesta mensual de expectativas de enero de 2021. Algunos contemplan la posibilidad de que la economía haya caído cerca de 8% en 2020 y tengamos una recuperación débil cercana a 0,8% en 2021. Otros, más optimistas, esperan que la economía haya caído 6% en 2020 y tenga una recuperación cercana a 8%. Por su parte, Econometría Consultores conserva su pronóstico de una caída de 7% en 2020 y ajusta su pronóstico para 2021 con un crecimiento de 4,5%.

Esta expectativa de mejoría se sustenta en las vacunas. Desde el lado externo, los países desarrollados han empezado a vacunar a sus ciudadanos. Lo anterior ha aumentado las expectativas de un alto crecimiento económico para estos países y esto incidirá en el precio del petróleo el cual se espera que aumente en un rango entre US$55 y US$60 por barril. La recuperación de la demanda externa y del precio del petróleo incidirán de manera positiva en el crecimiento económico colombiano.

Sin embargo, Colombia enfrenta una alta incertidumbre. El gobierno colombiano anunció un plan de vacunación sin fechas claras. Por otra parte, las noticias de retraso de las vacunas a nivel mundial hacen pensar que Colombia empezará más tarde de lo previsto. Siguiendo el calendario proyectado de dosis, Colombia tendría una dosificación promedio de 146.000 dosis por día. Lo anterior es un número alto y, a priori, difícil de creer. En estos momentos, de los 54 países que han empezado los programas de vacunación solo ocho han logrado dosificaciones diarias por encima de 100.000 dosis (Estados Unidos, China, Turquía, Reino Unido, India, Israel y Emiratos Árabes Unidos). De los países latinoamericanos, México ha impuesto el récord pues ha logrado 50.000 dosis diarias. También es importante recordar el alto rechazo que tienen las vacunas. Según la Encuesta del Pulso Social del Dane, solo 60% de los colombianos se aplicaría la vacuna.

El reto que tiene el plan de vacunación colombiano es alto. Dentro de las poblaciones prioritarias para vacunar están los docentes pues su vacunación permitirá la reapertura de los colegios públicos y de esta manera se puede dar una reactivación real. Si se cumple el plan del Gobierno a mediados del mes de mayo los docentes empezarían su vacunación. En contraparte, si se da una situación similar a la de México, la vacunación de los docentes empezaría en agosto.

Por lo anterior es de esperar que 2021 tendrá un primer semestre similar al final de 2020. Es decir, se tendrá un esquema de autocuidado con la posibilidad de cuarentenas sectoriales no esperadas después de febrero en algunas ciudades del país, y sin la reapertura de colegios públicos. Bajo este supuesto, la economía se mantendrá estancada durante el primer semestre de 2021. Se esperaría una reactivación importante en el segundo semestre. La razón es que una vez se vacunen las personas de alto riesgo, se puede permitir una mayor movilidad de los ciudadanos.

Si bien, esta mayor movilidad implicará un aumento en los contagios, la vacunación podría reducir la mortalidad de manera importante. Así, se puede dar una recuperación sostenible epidemiológicamente en el segundo semestre de 2021.

Bajo este escenario, Econometría Consultores espera que la economía crezca 4,5% este año. Se espera que la tasa de cambio se disminuya a $3.250 a finales de 2021. Los factores detrás de esta revaluación son un aumento en el precio del petróleo generado por una mayor demanda global y el impulso monetario por parte de Estados Unidos.

Esto puede incidir en variables como la inflación, la cual se espera termine 2021 cerca de 2,6%. Una revaluación acompañada de una demanda débil en el primer semestre de 2021 permitirá que la inflación se mantenga baja durante el primer semestre y de esta manera, su incremento se dará en el segundo semestre de 2021 una vez la economía vuelva a reactivarse. En cuanto al desempleo, esta a va a tener un repunte importante en el mes de enero y luego caerá cerca de 11% a finales de 2021. Los riesgos que tiene la economía son altos y además su probabilidad de materializarse no es baja. Es probable que el pronóstico brindado hoy cambie a la baja en los próximos meses.

Por ello se sugiere al Gobierno colombiano ser más claro en cuanto la celeridad del plan de vacunación para así brindar certidumbre a los empresarios y que de esta manera se puedan tomar decisiones informadas.

Esta información también es útil para el Ministerio de Hacienda, ya sea para prepararse para un nivel mayor de gasto o para ajustar las proyecciones de ingresos tributarios. Naturalmente, un plan de vacunación de esta naturaleza es inédito y es probable que se den contratiempos en el camino. Sin embargo, un plan con una mayor claridad sobre las fechas de inicio de cada fase es una herramienta útil para todos los colombianos.

Artículos Relacionados

Comparte este articulo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Page 8 of 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12