Hace un año, pronosticábamos que en 2024 Colombia viviría una desinflación indolora. El pronóstico se cumplió a grandes rasgos. Puntualmente, se pronosticó una tasa de crecimiento entre 1,5% y 2% y una inflación del orden de 5 y 6% para 2024. Hoy, las estimaciones hechas por varios analistas sugieren que la economía colombiana creció entre 1,8% y 2% en 2024, y ya sabemos que la inflación cerró en 5,2%. Por su parte, desde Econometría sugeríamos un leve aumento en el desempleo, con una tasa entre 10,5% y 11,5%, pero ésta se mantuvo en 10,2% en 2024. Esta desviación refleja el fenómeno del trabajador desanimado, donde parte de los desempleados dejan de buscar empleo y salen de la fuerza laboral. Con una participación constante respecto a 2023, la tasa habría sido 10,6%, alineada con las previsiones originales.

Con lo anterior se puede ver que, en materia de proyecciones de la economía colombiana, se acertó. En dicha columna, sugeríamos que la reactivación de 2024-2025 iba a estar jalonada por las reducciones de la tasa de interés por parte del Banco de la República y que, si bien en 2023 hubo una fuerte tormenta y en 2024 seguiría lloviendo, ya se avizoraban nubes más amigables en 2025. Así que la pregunta es: ¿Ya escampó?

En muchos aspectos el cielo está despejado. Se proyecta un crecimiento del PIB en el rango de 2,5% a 3%. Gran parte de la recuperación de la cifra de crecimiento se debe a un efecto de nivel, puesto que el inicio de 2024 fue muy bajo, de tal manera que la simple comparación aritmética ya sube la tasa de crecimiento. Este es el caso de un rubro como la formación bruta de capital. Por otra parte, rubros como el consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo (inversión) pueden verse beneficiados por unas menores tasas de interés. Pero las incertidumbres fiscales, regulatorias y políticas pueden incidir negativamente en las expectativas de los empresarios y atentar contra la recuperación de la inversión. Por su parte, las exportaciones, con particular énfasis en el turismo, podrán verse beneficiadas por la devaluación reciente de nuestra moneda.

Por el lado de la inflación, el cielo también está relativamente despejado. Se prevé una tasa de inflación en el rango de 3,5% y 4% para finales de 2025 y finalmente, luego de cuatro años, el Banco de la República cumplirá la meta de inflación. Sin embargo, hay tres nubes grises en el panorama. Por un lado, hace falta cerrar la brecha del precio del diésel en cerca de $4.000, y el efecto en precios puede ser relevante. Por otro lado, el alto incremento del salario mínimo contribuirá a una mayor persistencia de la inflación en la medida que varios productos están indexados al salario mínimo. Adicionalmente, los efectos de la reciente devaluación vista a finales de 2024 podrían afectar la inflación de 2025. Finalmente, si se materializan ciertos riesgos en el sector externo y fiscal, la tasa de cambio podría devaluarse aún más. Estas amenazas podrían ser consideradas por la Junta Directiva del Banco de la República. Aún con la nueva composición de ésta, en la que los designados por el gobierno pasan a ser mayoría, un incremento en las expectativas de inflación obligaría responsablemente a suspender, o por lo menos aplazar, la senda de reducción de las tasas de interés.

En el sector externo, ciertas nubes grises amenazan el panorama. El déficit corriente se corrigió significativamente en 2024, pasando de 2,4% del PIB en 2023 a menos de 2% según datos preliminares. Esto, impulsado por una balanza comercial menos deficitaria, parece positivo, pero revela mayor vulnerabilidad económica. Antes, Colombia podía tener un déficit en cuenta corriente en niveles relativamente altos (3 – 4% del PIB), pero no era problemático pues con el alto nivel de inversión extranjera directa dicho nivel era sostenible. No obstante, el colapso de la inversión extranjera directa en los últimos años, especialmente dirigido hacia actividades minero-energéticas, hace que el nivel de déficit en cuenta corriente sostenible sea menor. Así, en tiempos anteriores, un déficit en cuenta corriente de 2,4% junto con una alta inversión extranjera directa motivaría una apreciación de la tasa de cambio; hoy, a lo sumo, brinda una leve estabilidad. De momento, estamos lejos de una crisis en este balance, pero si continúa la caída en la inversión directa, especialmente en sectores minero-energéticos, podríamos tener serios problemas para financiar nuestra cuenta corriente.

Las mayores preocupaciones están en nuestras cuentas fiscales. El déficit fiscal del gobierno central en 2024 se estima por encima de 5% del PIB, un nivel históricamente alto sin una crisis económica evidente como antecedente. Esta situación se atribuye a decisiones tomadas durante la pandemia, tales como la negativa a subir los precios de los combustibles, que generó un importante déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, y la llamada “opción tarifaria” en servicios públicos. El actual gobierno exacerbó estos problemas con gastos récord, la congelación de peajes en 2023 y sobreestimaciones considerables en las proyecciones de ingresos tributarios.

La brecha significativa entre los ingresos proyectados y lo efectivamente recaudado redundó en una crisis de caja. De momento, el gobierno ha decidido enfrentarla con baja ejecución y un “aplazamiento” de gastos contemplados en el presupuesto de 2025. Por otra parte, la alta carga tributaria sobre personas y empresas hace políticamente imposible una nueva reforma fiscal. Así, al ministro de Hacienda, Diego Guevara, le corresponde una tarea compleja en 2025: sanear las cuentas fiscales corrigiendo errores del pasado y reduciendo el gasto del gobierno. No es opción incumplir la regla fiscal.

Lamentablemente, bastan unas pocas nubes negras para desatar un diluvio. La improvisación en política fiscal puede ser costosa, y en esta coyuntura, la flexibilidad es limitada. La llamada “heterodoxia económica” podría tener un alto precio.

Se estima que la vinculación de productos financieros por parte de personas Lgbti+ podría incrementarse en 47%. Los cálculos de un estudio reciente en Colombia permiten establecer que se podrían vincular 3,6 millones a productos por clientes adicionales y generar ingresos totales anuales de US$633 millones.

Las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el sector financiero colombiano han sido fundamentales para responder de manera diferencial a diversos grupos poblacionales. Un estudio reciente realizado por Econometría Consultores y Marulanda & Consultores para la Corporación Financiera Internacional (IFC, parte del Grupo Banco Mundial) y Asobancaria destaca la importancia de atender las necesidades financieras de la población Lgbti+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales y demás expresiones diversas).

Este estudio pionero en Latinoamérica revela que la inclusión financiera de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (Osigd) no solo es un imperativo de derechos humanos, sino también es una oportunidad económica significativa y un mercado potencial por explorar aún desconocido que requiere toda atención.

Una profesora de música que enseña violín a las niñas y niños, una profesional en belleza que da trabajo a otras y enseña el oficio, un abogado que organiza con otros una fundación, son unos pocos ejemplos de las personas emprendedoras, empresarias, profesionales o conocedoras de oficios que llegaron a Colombia provenientes de Venezuela. Ante la migración, una sociedad tiene una oportunidad para crecer, enriquecerse y diversificarse. Para Colombia es indispensable continuar en la senda de la inclusión de la población migrante venezolana.

En 2024, según cifras de Migración Colombia, 2,86 millones de migrantes venezolanos y venezolanas viven en el país, lo que en perspectiva es equivalente a la población de Medellín y su Área Metropolitana. Esta población se ha distribuido en las zonas urbanas del país, que en orden descendente serían Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta y Riohacha. Para cada una de estas ciudades la situación es diferente. Por ejemplo, en Cúcuta y Riohacha, puntos de entrada claves, se enfrentan desafíos para ofrecer oportunidades de empleo e infraestructura social. En estas ciudades se presentan tasas de pobreza de la población migrante de 85% y 78% respectivamente. Bogotá y Medellín, en contraste, ofrecen un mejor acceso al empleo formal, aunque con desafíos en otros aspectos como vivienda y atención médica.

En términos de política pública se ha recorrido un camino sobresaliente, tanto desde lo nacional como desde lo local, con un fuerte apoyo de la cooperación internacional. Desde una primera etapa de atención de emergencia entre 2015 y 2018, se pasó entre 2018 y 2021 a una política de mediano plazo con propósitos más inclusivos Luego con el Conpes 4100 de 2022 se evolucionó a una política de largo plazo que retoma las brechas de política pública y análisis institucional, pero formulada a 10 años vista, con vocación de permanencia. Estos esfuerzos se han complementado con campañas y directrices para combatir la xenofobia.

Un paso indispensable para la inclusión fue la expedición del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes y la oportunidad de contar con un Permiso de Protección Temporal (PPT), con 10 años de vigencia, que le permite al migrante permanecer en el país y acceder al mercado laboral formal, así como a los servicios de bienestar social del Estado. En lo local, por ejemplo, los Centros Intégrate ofrecen un espacio de orientación y asesoría, así como de protección.

Diversas consultas realizadas muestran que los migrantes en ciudades como Medellín y Barranquilla sienten un mayor sentido de inclusión, gracias tanto a los esfuerzos comunitarios como en parte a las políticas locales. En comparación, en Cúcuta sienten prejuicios arraigados, debidos a la escasez de recursos y la abrumadora magnitud de la migración. En Bogotá, también se percibe xenofobia. La población local siente que la afluencia de migrantes compite por empleos y servicios. En 2022, un estudio reveló que 12% de los migrantes denunciaron incidentes xenófobos, y algunas voces se pronuncian en medios de comunicación y narrativas políticas enmarcando a los migrantes venezolanos como contribuyentes a la delincuencia, lo que amplía los estereotipos negativos que aumentan los prejuicios sociales.

Un espacio altamente vulnerable es el educativo, en donde, a pesar de los esfuerzos realizados, aún se presenta xenofobia hacia los migrantes venezolanos. Las niñas y niños venezolanos se enfrentan a veces a intimidación, aislamiento social o a comentarios discriminatorios por parte de sus compañeros, y algunos profesores también contribuyen a ese ambiente hostil. Se debe avanzar hacia la empatía, el reconocer y visibilizar al otro, resaltar las narrativas sobre las contribuciones de los migrantes venezolanos es un camino hacia la construcción de una sociedad en donde todos tenemos cabida y en donde se aprovechan los beneficios potenciales de la migración.

La desinformación alimenta la estigmatización de las personas migrantes. La gran mayoría de los migrantes venezolanos se está integrando de forma pacífica y productiva, pero, por ejemplo, las noticias sobre la nacionalidad de delincuentes llevan a una percepción equivocada que vincula el aumento en delincuencia con la migración venezolana. Pensar que los migrantes venezolanos quitan empleos a los colombianos es un error, diversos estudios muestran que los migrantes ocupan puestos en sectores con alta demanda de mano de obra, como construcción, servicios domésticos y comercio informal.

La mayoría de los migrantes buscan adaptarse a la cultura, seguir las normas y valores, pero igualmente enriquecen la diversidad cultural del país. Los migrantes venezolanos han estimulado las economías locales, han aumentado la demanda de bienes y servicios, han aportado creatividad. El 90% de los migrantes en edad de trabajar se encuentran empleados aportando al crecimiento de las empresas. Estimaciones recientes muestran que en 2022 aportaron 2% del ingreso fiscal del país, con un potencial de contribución del doble en la medida que aumenta la inclusión.

Los desafíos siguen siendo importantes para la población migrante venezolana, que es en promedio más joven que la colombiana, y con un nivel educativo promedio similar. Tal vez el mayor reto es la generación de ingresos. El acceso a empleos formales tiene barreras a derrumbar en el reconocimiento de títulos académicos o certificaciones laborales, en la carencia de referencias laborales y antecedentes, en el acceso a crédito, y por supuesto, en las situaciones de discriminación.

La misión de cada colombiano es reconocer, acoger y proteger a Ana, Pablo, Karina, Juan, Manuel, Nelly, Maria y tantos otros migrantes, y que al final del día estas personas sientan que Colombia es su nuevo hogar, que se enriquece al saber un poco a hallacas y a arepa rellena, al bailar un poco más de joropo y tratarse como panas.

En estos días, la descentralización está en el centro del debate en el país y prácticamente en el mundo. Se trata de un debate aplazado, pero ignorar los temas no los resuelve, por el contrario, pueden terminar saliendo abruptamente en momentos imprevistos. Lo hacen de forma un tanto extrema y con gran ímpetu, lo que los hace más difíciles de manejar. Luego, la parte “responsable” del país busca canalizarlos y atenuar sus efectos negativos. La experiencia de la Asamblea Constituyente de 1991 es un antecedente relevante.

¿Qué hizo emerger el tema de la descentralización del letargo en el que estaba? No es una coincidencia que surja en las actuales circunstancias, en donde se tiene una sociedad polarizada y un gobierno que busca hacer cambios estructurales en la orientación del país, sin que la mayoría de la población los acoja. Similares situaciones han existido en otros momentos, pero la discrecionalidad en la ejecución actualmente es mayor y los entes territoriales que están en la oposición se sienten negativamente afectados en su autonomía. Algunos no consideran la opción de trabajar con el Gobierno Nacional, lo cual ha llevado a resaltar la importancia de una mayor descentralización.

Algunos argumentos apoyan la descentralización. El primero, es la cercanía de los gobernantes territoriales a las necesidades de los territorios. En muchos temas efectivamente es así, pero en otros como en las vías primarias, tener un enfoque nacional es más pertinente. Es necesario definir mejor esas competencias en la ley.

Un segundo argumento, es que con una mayor descentralización se evitaría la discrecionalidad del Gobierno Nacional en las apuestas que quieren hacer las entidades territoriales. Este es un tema de fondo en la medida que se refiere a la dinámica política de Colombia, donde la gestión de recursos va desde las regiones hacia el nivel central pasando por una mediación clientelista de instancias intermedias que cubren todo el espectro (concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y ministros o directores de las entidades nacionales).

La tercera son los riesgos de corrupción. A priori no hay elementos para asumir que unos u otros son más corruptos, pero sí que en el proceso debe haber consideraciones que propicien la transparencia.

El debate ha derivado en dos hechos: un proyecto de acto legislativo para definir el monto de las transferencias de la nación a los entes territoriales y la propuesta de un proyecto de ley para definir las competencias de gasto. El presupuesto nacional junto a los presupuestos de las entidades territoriales, conforman el total de recursos disponibles para atender las necesidades de todo el país. En lo que se ha venido planteando, no hay mayor referencia a aspectos que deben estar asociados al gasto como: los efectos en el bienestar de la población, la posibilidad de convergencia regional y la generación de riqueza. El debate no solo debe ser de gasto; se debe plantear un debate sobre las bases para el desarrollo; me atrevería a decir: el más importante que debemos dar.

En este contexto, tres trabajos realizados por Econometría Consultores pueden dar insumos. El primero fue el que se hizo para la Misión Rural (Econometría, 2014), donde se pudo constatar que en el país existe una dinámica perversa de ocupación territorial. La falta de un adecuado marco regulatorio sobre el uso de la tierra permite la especulación y no da opciones a potenciales productores agropecuarios para adquirir tierras en torno a las ciudades. Por el contrario, crea los estímulos para irse hacia las regiones más apartadas, donde los precios de la tierra lo permiten. Este proceso, que es muy racional se refuerza con la posibilidad de tala de bosques (da flujo de caja) así sea ilegal y la valorización futura de la tierra en buena medida por la acción del Estado (ante todo seguridad e infraestructura), lo que se podría considerar una apropiación privada de bienes y servicios públicos. El problema es que los terrenos, en el momento que se llega, están apartados de los principales mercados y no cuentan con la infraestructura física y social necesaria. Esto hace que las actividades productivas a desarrollar sean poco competitivas y dependientes de los apoyos del Estado, creando presión fiscal. El ejemplo más recurrente son las vías. Esta dinámica perversa no se evita con las iniciativas legislativas mencionadas.

Esta dinámica lleva a lo que se encontró en otro estudio (Econometría, 2015). La convergencia regional es un propósito que debe buscarse para propiciar el cierre de brechas entre las regiones más ricas y las más pobres. Sin embargo, lo que el país tiene son clubes de convergencia, donde las ciudades más grandes jalonan a los municipios colindantes, mientras las regiones más apartadas convergen a bajos niveles de desarrollo (ver mapa). Se trata de una situación tipo centro/periferia, que por cierto, marcaría las elecciones presidenciales de 2022. De nuevo, se trata de un resultado al cual poco le aportan las iniciativas legislativas.

Para unos “biodiversidad” representa un concepto complejo, mientras que para otros resulta muy simple, porque es el entendimiento de la cantidad y diversidad de especies que nos rodean. Ambos tienen razón.

Un ejemplo de esto en el caso de Colombia es la deforestación. Parece sencillo detenerla, pero tiene muchos impulsores complejos y diferentes estrategias de control. Para frenar los cultivos ilícitos, se requiere capacidad policiva y judicial en regiones con baja presencia institucional. Para la expansión agropecuaria extensiva, se plantean cambios tecnológicos como los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Para la apropiación de baldíos y la especulación con los precios de la tierra, se busca cohesionar a las comunidades y brindarles incentivos para la protección del bosque con pagos por sus servicios ambientales. Las estrategias son costosas, por la extensión de los territorios y porque el riesgo de deforestación es permanente y requiere recursos continuos para su sostenibilidad.

Para financiar estas acciones, el Estado suele recaudar impuestos de quienes generan afectaciones, como es el caso del impuesto al carbono aplicado al consumo de combustibles. Otro instrumento que se ha usado internacionalmente es el sistema de comercio de emisiones (SCE), en el cual se van limitando gradualmente las emisiones máximas permitidas y se subastan cupos o permisos de emisión que serán comprados por las empresas que tienen altas emisiones y altos costos para reducirlas. A otras, con costos menores, les puede resultar más viable implementar medidas de reducción de sus emisiones que pagar por los cupos. A medida que se expiden menos cupos, para que el país pueda cumplir con las metas de reducción, el precio de los cupos sube y puede ser menos costoso para los emisores implementar las medidas directas de mitigación.

Otra opción es que sea la comunidad económica internacional, como responsable histórica del calentamiento global quién aporte recursos a los países en donde aún se pueden proteger y restaurar los bosques. Para esto, se han implementado diferentes esquemas de cooperación internacional. En unos casos, los resultados de mitigación se trasladan de un país a otro, a cambio de un precio determinado en el mercado, para que el país comprador abone a su meta y el país que transfiere debe hacer los ajustes correspondientes en su contabilidad de carbono, para no generar una doble contabilización. En otros casos, un(os) país(es) u organismos multilaterales o privados (de manera voluntaria) puede establecer un convenio de “pago por resultados” de mitigación, sin exigir ese “ajuste correspondiente” y sin usar esos resultados para sus propias metas u obligaciones de mitigación. En estos casos se reconoce un precio inferior al del mercado internacional.

También se han establecido mercados de carbono internos, voluntarios o de cumplimento. En estos últimos, se imponen obligaciones a quienes contaminan y se les permite compensar sus emisiones si compran “bonos”, o “certificados” de carbono, a proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (Redd+). La expedición de estos certificados es compleja porque, además de los certificadores, deben existir organismos independientes que validen cuál habrían sido las eventuales emisiones que existirían si no se hubiera implementado el proyecto y que, además, verifiquen que las actividades de mitigación sí se llevaron a cabo. Estos mecanismos han sido muy cuestionados y existe gran desconfianza en el mercado, porque aunque existen métodos de proyección de las tendencias de la deforestación, estos métodos tienen mayor validez para extensiones amplias de territorio y no para áreas de proyectos pequeños, por lo que es difícil establecer con certeza esas emisiones evitadas a nivel de proyecto.

Para mejorar la calidad de la estimación de los resultados de mitigación, en los últimos años se han propuesto los Programas Redd+ Jurisdiccionales (Jredd+), que son de carácter público y que pueden anidar a su interior proyectos privados de mitigación con menor tamaño. El cálculo de la reducción de emisiones a nivel jurisdiccional (una gran región, un estado federal o un país entero) es más confiable y genera mejor disposición en los mercados internacionales para llevar a cabo programas de pago por resultados o transacciones en los mercados de carbono.

Todas las fuentes de recursos mencionadas pueden utilizarse para la operación de programas Jredd+ de gran escala, como Visión Amazonía y Biocarbono Orinoquía en Colombia. El país desde 2018 viene diseñando un sistema de comercio de emisiones de donde podrían asignarse recursos a estos programas Jredd+ en proporción a sus resultados de mitigación. Con ambos programas mencionados, la banca multilateral y diferentes países han desarrollado programas de pago por resultados. La opción de vender resultados en el mercado voluntario internacional o de transferencias de resultados con el “ajuste correspondiente” podrían ser también opciones interesantes.

El Centro de Estudios Manuel Ramírez, Uniandes y Environmental Defense Fund (EDF), han desarrollado un modelo de simulación financiera que permite combinar y secuenciar estos tipos de financiación en presencia de un potencial SCE y teniendo en cuenta la curva los costos de mitigación en el sector agropecuario y forestal. El modelo muestra que la mejor estrategia es la combinación de fuentes de financiación con un aporte inicial de presupuesto público y que el programa genere sus propios recursos, a través de compensaciones obtenidas por sus propios resultados.

Estamos presentes en la COP16 y hoy, primero de noviembre a las 9:00 a.m., estaremos presentando el modelo en la Sala Múltiple 2 de la Cámara de Comercio de Cali. Realizaremos una simulación participativa con los asistentes al evento. También se podrá participar vía web.
Más información sobre este evento se puede encontrar en el sitio web del Centro de Estudios Manuel Ramírez o en el siguiente código QR.

La historia de Colombia ha estado marcada por los riesgos de seguridad a los que se enfrentan diferentes grupos poblacionales. Persecuciones a grupos étnicos, población víctima de desplazamiento forzado, víctimas de minas antipersonales y amenazas a líderes sociales, o incluso atracos callejeros, son algunos ejemplos de poblaciones afectadas por diversos tipos de inseguridad: física, emocional, social, laboral, comunitaria, entre otros.

La Persona Defensora de Derechos Humanos (Pddh) es definida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como aquella que “individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos”. En la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos promulgada en 1998, se estableció que “la persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Los derechos que abordan las Pddh no se enmarcan únicamente en el ámbito de la seguridad personal. Por el contrario, abarcan derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. También defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales.

Así como las Pddh promueven, promulgan y vigilan el goce de una gama amplia de derechos humanos, el garantizar su seguridad va más allá de proveer seguridad física frente a posibles amenazas violentas contra su vida. Las agencias de las Naciones Unidas en Colombia, particularmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), han integrado objetivos de transformación territorial para lograr un real ejercicio libre y seguro de los liderazgos en el país, que contribuya de manera sostenible a la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.

Econometría Consultores recientemente realizó una evaluación de los programas de estas dos agencias, constatando que la garantía de la seguridad de las Pddh requiere de tres elementos claves: i) la construcción de escenarios habilitantes para el diálogo social, la identificación y mitigación de riesgos; ii) la veeduría, iii) la afectación de organizaciones criminales y sus rentas, y iv) la generación de oportunidades económicas lícitas para los líderes y defensores.

En un contexto como el de Colombia, las Pddh enfrentan diferentes riesgos según la región donde habitan, el grupo al que pertenecen y la causa por la que abogan. Es por esto que políticas y programas para garantizar su seguridad deben ser construidos de manera conjunta y con la participación de autoridades locales que respondan a sus necesidades particulares. Los espacios de diálogo deben materializarse en acciones concretas, no solo para los individuos, sino también para las comunidades, mediante las cuáles se implementen y financien los programas y las políticas que los Pddh identifiquen como prioritarios para la garantía de sus recursos y se hagan efectivas las medidas de protección que debe garantizar el Estado Colombiano.

De igual forma, las Pddh deben por otra parte ser capaces, en la medida de sus posibilidades, de contribuir a identificar y autogestionar sus riesgos. Los programas de acompañamiento de las agencias de Nnuu han demostrado que es posible fortalecer las habilidades de las Pddh para reconocer riesgos potenciales y advertir los mecanismos de denuncia y protección existentes, tanto a las autoridades locales como a las nacionales. A través de procesos participativos, las Pddh pueden identificar medidas para mitigar los riesgos que generan factores como el acceso a redes sociales, y la necesidad de desplazarse de un lugar a otro. La evidencia muestra que pequeñas acciones pueden contribuir a proveer garantías para ejercer un rol de veedores de manera más segura y eficaz.

El fortalecimiento de las Pddh y las garantías para ejercer su libre liderazgo son fundamentales para los procesos de veeduría, que contribuyen a denunciar la vulneración de los derechos humanos por parte de organizaciones criminales en busca de sus rentas. Dejar de lado este proceso de empoderamiento, capacitación, generación de habilidades y protección, trae como consecuencia el debilitamiento de los espacios de rendición de cuentas y vigilancia, que son claves para el proceso de consolidación de la paz y la convivencia.

Finalmente, la estigmatización y amenazas de las que son víctimas las Pddh en Colombia afectan la generación de oportunidades económicas y, en regiones con mercados y economías limitadas, se incrementa el riesgo de participar en cultivos ilícitos.

En este sentido, las condiciones para garantizar un ejercicio libre y seguro de los liderazgos deben también contemplar programas para generar fuentes de recursos sostenibles para las Pddh, que sean acordes con las economías locales y que tengan una visión de comercialización que permita su sostenibilidad en el tiempo. Existe un gran potencial de producción en las zonas más afectadas, como por ejemplo el cultivo de cacao en Tumaco, de pimienta en Putumayo y de miel en la región caribe, que pueden llegar a mercados tanto nacionales como internacionales.

La seguridad de las Pddh es un compromiso de todos. De las autoridades nacionales y locales para garantizar su protección y la generación de medios de vida dignos y sostenibles en el tiempo, del sector privado, contribuyendo a lograr el acceso a mercados y oportunidades económicas, y de la sociedad en general, valorando las acciones que ellos y ellas realizan, evitando su estigmatización y comprometiéndonos con ser veedoras y veedores de las vulneraciones de derechos en nuestro país. Las Pddh no son solo los líderes y lideresas que viven en las zonas marginadas de Colombia. Si bien ellos son quienes más protección necesitan, nosotros también podemos esforzarnos en promover y proteger nuestros derechos, los de nuestra comunidad, los de nuestro país y los de nuestro planeta.

La COP que se llevará a cabo en octubre de 2024 en Cali, se denomina COP16 porque es la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) en el contexto del convenio de Diversidad Biológica. La COP16 tendrá el lema “Paz con la Naturaleza” y uno de sus objetivos es “mejorar la relación que tenemos con el ambiente, repensar un modelo de económico que no priorice la extracción, sobreexplotación y contaminación de la naturaleza”. Por su parte, las COP se refieren a las reuniones anuales de los países que han ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que se firmó en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. La COP es el máximo órgano del CDB y como tal dirige, supervisa y decide sobre el proceso de implementación y futuro desarrollo del Convenio.

Los efectos de estas conferencias se pueden medir por los resultados de los acuerdos y por los impactos que tengan en el país o en la ciudad anfitriona. Sobre este último tema, se ha venido discutiendo mucho últimamente. Más allá de las rivalidades, que podrían sugerir algunos medios de comunicación, sobre si el beneficio de hacer el evento es para Cali, si es para el país o si para las comunidades, en esta columna invitamos a que se realice una medición rigurosa y seria una vez culmine. Para ello, se pueden tomar ejemplos de metodologías que ya se han utilizado y publicado, como es el caso de la propuesta que se hace en el Economic Developmet Journal (2017) en donde su autor, Loftsgaarden presenta una metodología de medición de impacto de eventos mayores.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración Panameña, el total de personas en movilidad por el Darién pasó de 6.465 en 2020 a 520.085 en 2023. En lo que va corrido de este año, se han registrado 238.185 personas transitando por esta área de frontera , de los cuales 21% son niños, niñas y adolescentes, provenientes de 36 países localizados en América del Sur (principalmente Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Camerún y Brasil), el Caribe (Haití y Cuba), Asia (China, Vietnam, Bangladesh, Afganistán) y África (Angola, Ghana, Etiopía, entre otros).

La diversidad geográfica del país de origen de la población en movilidad muestra que son muchos los factores que los motivan a salir de su patria para aventurarse a un viaje con varias escalas y donde una de ellas implica cruzar la selva del Darién. Lo que sí comparten estas personas es el alto riesgo de vulneración de sus derechos a la vida, la seguridad, la dignidad, y a acceder a servicios básicos para su subsistencia.

Hace dos semanas, ya con el telón abajo de los Juegos Olímpicos de París, en este mismo espacio se documentó por qué es importante una inversión inteligente en el deporte. Resulta que el telón de las justas paralímpicas se abrió y con mucho mayor fulgor para el deporte colombiano. No se han terminado las competencias y en el momento de redacción de esta columna la delegación colombiana nacional ya cuenta con cuatro oros, seis platas, nueve bronces y 21 diplomas, de lejos, mejores resultados que en los juegos que les precedieron. No obstante, ya no está el mismo número de personalidades acompañando a los deportistas, ya no está la primera dama y el séquito presidencial animándolos y tampoco se tiene el mismo seguimiento por parte de la audiencia.

En la evaluación que realizó Econometría sobre el Plan Decenal de Deporte (PDD) 2002-2022 se evidenció que la inversión en deportes paralímpicos es menos de 1% de lo que se destina al deporte convencional. En general, según datos del Ministerio del Deporte, la inversión anual por atleta olímpico es entre los $20 y $30 millones mientras que para los paralímpicos es la mitad. De otro lado, si bien el enfoque de inclusión ha sido reconocido como lineamiento del PDD, se presentan brechas en la implementación que demandan ser superadas, en especial en los entes territoriales.

Si es tan baja la inversión y la implementación presenta tantos retos, ¿Por qué nos va mejor en términos de resultados medidos en medallas? En efecto, Colombia ha ganado reconocimiento internacional por su destacado desempeño en los Juegos Paralímpicos, superando las expectativas y logrando medallas en diversas disciplinas.

El sobresaliente desempeño de los deportistas paralímpicos en Colombia se debe a una combinación de factores que incluyen un enfoque en el talento específico, la preparación y entrenamiento especializados, la gestión del Comité Paralímpico Colombiano (CPC) y el apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil y empresas patrocinadoras como Priority Pass, la motivación personal, así como oportunidades más accesibles en competiciones.

Uno de los aspectos más destacados es el enfoque en identificar y desarrollar talentos específicos en deportes donde Colombia ha demostrado ser competitiva. En disciplinas como el levantamiento de pesas, el atletismo y el ciclismo, se han creado programas de detección de talentos que permiten a los atletas paralímpicos recibir atención y recursos desde una edad temprana. Este enfoque selectivo no solo ayuda a los atletas a perfeccionar sus habilidades, sino que también fomenta un ambiente de competencia saludable y motivador.

Por el contrario, en el ámbito olímpico, aunque también se trabaja en la identificación de talentos, la diversidad de disciplinas y la gran cantidad de atletas compitiendo hacen que el enfoque sea menos personalizado. Esto puede resultar en una dispersión de recursos y una menor atención a los atletas en deportes menos populares, lo que afecta su rendimiento general.

La calidad del entrenamiento es otro factor clave. Los programas de preparación para deportistas paralímpicos han evolucionado significativamente, incorporando entrenadores especializados que entienden las necesidades únicas de cada atleta. Estos entrenadores no solo se enfocan en la técnica y en la estrategia, sino que también consideran las adaptaciones necesarias para cada deportista, lo que maximiza su potencial.

En el ámbito olímpico, aunque existe un alto nivel de preparación, la competencia es más intensa y las expectativas son elevadas. Esto puede llevar a una presión adicional sobre los atletas que termina afectando su rendimiento. La personalización del entrenamiento en el deporte paralímpico puede ser un factor que contribuye a la obtención de mejores resultados en competencias internacionales.
En comparación, el deporte olímpico en Colombia a menudo recibe más atención y recursos, pero esto no siempre se traduce en un apoyo equitativo para todas las disciplinas. Algunas áreas del deporte olímpico pueden quedar relegadas, lo que limita las oportunidades de medalla en esas categorías.

Otro aspecto para considerar es que, en algunos deportes paralímpicos, el número de competidores es menor en comparación con las categorías olímpicas. Esto puede facilitar la obtención de medallas para los atletas paralímpicos, ya que compiten en campos donde pueden tener una ventaja competitiva. Sin embargo, esto no resta valor al esfuerzo y dedicación que cada atleta pone en su preparación.

En el ámbito olímpico, la competencia es feroz y el número de atletas por disciplina puede ser abrumador. Esto, combinado con la alta calidad de los competidores internacionales, puede hacer que obtener una medalla sea un desafío aún mayor para los atletas olímpicos colombianos.

La historia de los atletas paralímpicos a menudo está marcada por la superación de desafíos personales significativos. Muchos de ellos han enfrentado adversidades que van más allá de las lesiones físicas, como la discriminación y la falta de oportunidades. Esta lucha no solo les proporciona una fuente de motivación poderosa, sino que también genera una mentalidad de resiliencia que se traduce en un rendimiento sobresaliente en la competencia. Tristemente se encuentran cifras escandalosas proporcionadas por el CPC como que el conflicto armado ha producido alrededor de 300 deportistas víctimas de minas antipersonal y hasta la fecha, 27 han ganado medallas en los Juegos Paralímpicos.

También hay historias de superación de personas con discapacidad cognitiva que en el deporte han encontrado su propósito de vida, como es el caso de Juan Pablo Naranjo en atletismo y Tatiana Calderón en deportes adaptados, que han sido referentes en la promoción del deporte para personas con discapacidad cognitiva. Y el famoso Crispín, nuestro “Michael Phelps paralímpico” para quien la acondroplasia, una enfermedad que afecta el crecimiento, no ha sido impedimento.

El deporte paralímpico necesita un apoyo muy superior al que actualmente tiene tanto desde lo institucional, así como desde los patrocinadores. Por ejemplo, se debería hacer algo como lo que hizo con el Decreto 941 de 2022 en que se tomaron varias medidas en pro del deporte femenino, entre otras se fijó que como mínimo se le debía destinar 30% de los recursos de cofinanciación destinados a Federaciones. Otras acciones pueden ser la promoción y visibilidad, la inversión en infraestructura accesible, voluntariados, así como un apoyo decidido a través del presupuesto nacional. Si el presupuesto para los deportistas colombianos se reduciría el próximo año en unos $848.000 millones, pasando de $1,312 billones en 2024 a $464.000 millones, ¿se imaginan para el deporte paralímpico?