Sostenibilidad y valor compartido en las empresas…

Sostenibilidad y valor compartido en las empresas de servicios

Escrita por: Carolina Murgueitio, directora general.

La sostenibilidad empresarial se ha convertido en un tema de suma importancia en los últimos años y se refiere a la capacidad de una empresa para operar de manera rentable a largo plazo, teniendo en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales de su negocio.

Generalmente se asocia con empresas productoras de bienes, en especial por el impacto ambiental y la huella de carbono que producen. Sin embargo, vale la pena incluir a las empresas de servicios porque no son ajenas a la responsabilidad con el planeta.

La medición de la huella de carbono en una empresa de bienes puede variar ampliamente según varios factores, como el tipo de bienes que produce, el tamaño de la empresa, los procesos de producción utilizados y la cadena de suministro involucrada.

Al igual que en el caso de una empresa de servicios, es difícil proporcionar un valor específico para la medición típica debido a la diversidad de la industria y las empresas dentro de ella. Por ejemplo, las industrias intensivas en energía como la producción de acero, cemento o químicos suelen tener una huella de carbono más alta en comparación con las industrias de bienes de consumo como la fabricación de textiles o productos electrónicos.

En cambio, la medición típica de la huella de carbono de una empresa de servicios puede variar considerablemente según varios factores, como el tamaño de la empresa, las actividades y operaciones específicas de la empresa, y la disponibilidad y calidad de los datos.

La huella de carbono de una empresa de servicios generalmente se expresa en toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) por año. Esta medida incluye no solo las emisiones de dióxido de carbono (CO2), sino también otras emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), que se convierten en “equivalentes de dióxido de carbono” para facilitar las comparaciones.

Algunos estudios han calculado la huella de carbono promedio por empleado en diferentes sectores. Por ejemplo, según el estudio “The Carbon Footprint of Everything” realizado por Mike Berners-Lee, la huella de carbono promedio de un empleado en una oficina de servicios puede oscilar entre 2 y 10 toneladas de CO2e por año, dependiendo de diversos factores, como el consumo de energía, el transporte y los viajes de negocios.

En el contexto de las empresas de servicios como la consultoría, la sostenibilidad implica la adopción de prácticas y políticas que minimicen el impacto ambiental y por ende su huella de carbono, promuevan la equidad social y generen valor económico.

Por ejemplo, este tipo de empresas pueden reducir su consumo de energía y su huella de carbono mediante la implementación de medidas de eficiencia energética. Esto puede incluir la optimización de los sistemas de iluminación, calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como la adopción de tecnologías más eficientes y el fomento del uso responsable de la energía por parte de los empleados.

La correcta gestión de los residuos es fundamental para minimizar el impacto ambiental de las empresas de servicios. Esto implica la implementación de prácticas de reciclaje, la reducción del consumo de materiales desechables y la promoción de la reutilización.

Además, las empresas pueden colaborar con proveedores que también adopten prácticas sostenibles en la gestión de residuos. También pueden contribuir con el fomento del uso compartido de vehículos entre los empleados y la planificación de rutas eficientes para reducir las emisiones de carbono y el uso de la bicicleta para lo cual puede proveer los espacios para su estacionamiento.

Las empresas de servicios pueden promover la sostenibilidad a través de la responsabilidad social corporativa. Esto implica adoptar un enfoque ético y transparente en todas las prácticas comerciales, incluyendo el respeto a los derechos humanos, el fomento de la diversidad y la inclusión, y la contribución positiva a la comunidad local a través de programas de voluntariado y apoyo a organizaciones sin fines de lucro.

Igualmente, la adopción de tecnologías innovadoras puede ayudar a las empresas de servicios a ser más eficientes y sostenibles. Por ejemplo, el uso de herramientas digitales puede reducir el consumo de papel y facilitar la comunicación y colaboración interna.

Además, quienes proveen servicios pueden educar a sus clientes sobre la importancia de la sostenibilidad y cómo pueden contribuir a través de sus elecciones y comportamientos. Esto puede incluir la promoción de servicios sostenibles, la comunicación clara sobre las prácticas sostenibles de la empresa y el fomento de la participación de los clientes en iniciativas de sostenibilidad, como la reducción de residuos o el uso responsable de los recursos.

Por su parte, el concepto de valor compartido en las empresas de servicios se refiere a la creación de valor económico al mismo tiempo que se abordan los desafíos sociales y ambientales. En lugar de ver la responsabilidad social como un gasto adicional o una actividad filantrópica separada, el enfoque de valor compartido busca integrar el impacto social y ambiental positivo en la estrategia central de negocio de una empresa.

Las empresas de servicios pueden generar valor compartido de varias maneras. Por ejemplo, el análisis de los desafíos sociales y ambientales puede revelar oportunidades de negocio para las empresas de servicios. Por otro lado, identificar una demanda creciente de servicios sostenibles o la posibilidad de ofrecer soluciones innovadoras para abordar problemas sociales específicos puede generar nuevos mercados y clientes.

También pueden colaborar con diferentes partes interesadas, como gobiernos, organizaciones no gubernamentales o comunidades locales, para abordar desafíos sociales y ambientales de manera conjunta. Esta colaboración puede generar beneficios mutuos, como el acceso a nuevos conocimientos, recursos y oportunidades de mercado.

Otra forma es promover prácticas sostenibles en su cadena de suministro, trabajando con proveedores que compartan los mismos valores y estén comprometidos con la responsabilidad social y ambiental. Esto puede incluir la evaluación y selección de proveedores éticos, la promoción de estándares laborales justos y la reducción del impacto ambiental en toda la cadena de valor de su negocio.

En suma, la sostenibilidad es una responsabilidad de cualquier empresa sin importar en el sector que esté y el cálculo de valor compartido es una oportunidad para potenciarla.

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Parques eólicos y comunidades wayuu

Parques eólicos y comunidades wayuu

Escrita por: Arturo García, socio y director de proyectos; y César Arismendi, de Fundación Alpina.

El 9 de octubre pasado el parque eólico Jepírachi en la Alta Guajira dejó de operar. La opción de transferirlo a las comunidades wayuu, que se anunció con bombos y platillos, no se dio y por el contrario se está en el proceso de desmonte. Fue el primer parque eólico en Colombia. Una experiencia de 20 años que vale la pena valorar, particularmente por los planes de energía eólica que está contemplando el país.

La nación contempla como una política pública estratégica la transición energética. La Guajira está llamada a tener un rol protagónico, dado que allí soplan vientos con velocidades cercanas a 11 m/s que doblan el promedio global y se tiene la opción de producción de energía eólica en tierra y costa afuera. A ello se le suman las capacidades para producir energía solar (irradiación solar de 6 kw/m2/día mientras que el promedio global es 3,9); energía mareomotriz (aprovechamiento de las mareas), energía azul (energía que se obtiene por la diferencia en la concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de río) e hidrógeno verde (relacionado con las reservas potenciales de energía eólica, solar y disponibilidad del agua).

Si el objetivo de desarrollo es la gente, los resultados financieros y ambientales de este proyecto eólico contrastan con los resultados sociales a nivel de las comunidades. Desde una perspectiva de desarrollo, deben resaltarse aportes positivos como vías, jagüeyes, plantas desalinizadoras de agua, gestión de capacidades de mujeres tejedoras, tendidos de redes eléctrica, un pequeño muelle para la pesca artesanal y recursos entregados a las comunidades por compensaciones; sin embargo, es crítico que estos resultados poco cambiaron las condiciones de vida de las comunidades donde se ubica el proyecto o sus alrededores; la incidencia de la pobreza multidimensional según el Censo Nacional Agropecuario de 2014 en el área rural dispersa de comunidades étnicas en Uribia era de 89,5%, cuando a nivel nacional en áreas dispersas era de 45,7 (la mitad). Los resultados positivos en lo energético no generan los impactos sociales que se esperaban ex ante. Por tanto, en términos de desarrollo es una inversión cuestionable.

¿Qué explica que los apoyos brindados a las comunidades no hayan conllevado mayores cambios? Los efectos negativos del proceso de consulta en buena medida están asociado a dos aspectos: los procesos de participación y los proyectos de vida. Los wayuu se organizan social y políticamente en grupos familiares, que no siempre se reconocen entre sí, incluso si cuentan con el mismo eirruko o casta. Solo el tío materno mayor o t’alaüla tiene la capacidad de convocar y persuadir al grupo sobre una iniciativa, nadie más los representa dentro del orden establecido desde los tiempos referenciales del pasado denominado wayuu sumaiwa.

Por ello, casi siempre los actores del gobierno y los consultores que actualmente recorren el territorio haciendo estudios y consultas previas para el montaje de diferentes plantas generadoras de energía eólica, señalan que los wayuu viven divididos y es imposible lograr la unificación de las comunidades de la etnia. Por otro lado, los wayuu esperan que las relaciones consideren plenamente la organización social y política ancestral, es decir, al apushii de origen materno que habita un territorio en el que se puede demostrar su prexistencia y la sobrevivencia. Por otro lado, los procesos de consulta no tienen en cuenta los proyectos de vida de las comunidades y el final se crea una dependencia respecto a las compensaciones, que atentan contra la cultura wayuu. Los apoyos que reciben no crean las condiciones para cambiar la vida en las rancherías, en particular en un escenario post proyecto.

Por evaluaciones en que ha trabajado Econometría, se encuentra que la experiencia de la Fundación Alpina en la misma Alta Guajira podría dar insumos para una respuesta. La Fundación, actuando como un laboratorio social, luego de 10 años de trabajo muestra como una intervención que inicia con procesos de consultas a las comunidades puede llevar a buenos resultados; en concreto se generan impactos en variables como desarrollo de capital social, ingresos y seguridad alimentaria, al tiempo que las inversiones son positivas al analizarse en términos de beneficios y costos.

Según la experiencia en Nazareth, en una zona semidesértica el contar con agua lo es todo y fue por donde se inició. A partir de pozos artesanales, bombas electrosumergibles, paneles solares y tanques elevados para el almacenamiento, se garantizó agua permanente. Se usó primero para el consumo humano, pero también para el desarrollo de actividades agropecuarias que complementan los ingresos de las tradicionales artesanías, que son la base para la seguridad alimentaria, más en una perspectiva de soberanía y autonomía alimentaria. Ya se cuentan con producción agrícola que es competitiva y que permite abastecer parte del mercado.

Lo más relevante y pertinente para los proyectos eólicos u otros que se desarrollen en la Alta Guajira es que el trabajo de Fundación Alpina muestra un camino para relacionamiento y desarrollo sostenible. Lo que se ha hecho ya se ha validado y se ha replicado en distintas comunidades, que es uno de los requisitos para poderlos escalar, como bien se podría lograr jalonados por los proyectos eólicos y las comunidades.

Las consultas, por donde debe iniciar todo el proceso, se terminan convirtiendo en el “pecado original”. Propician la división de las familias, para que partes de una familia busquen tener reconocimientos de áreas del territorio más como líderes territoriales que como líderes ancestrales, para negociar con las empresas y no se tienen en cuenta sus proyectos de vida. Quienes lideran las consultas actúan como siguiendo el principio de “divide y vencerás”, cuando lo que tienen es un escenario de “divide y multiplicarás los problemas”. Un cambio en las consultas que pase por entender a fondo la cultura wayuu puede llevar a un escenario distinto al actual de disputas, conflictos, tensiones, desgaste, paros y pérdidas, para pasar a un escenario de desarrollo mutuamente conveniente para las empresas y las comunidades.

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Tomar decisiones… ¿Con o sin información?

Tomar decisiones… ¿Con o sin información?

Escrita por: Carolina Suárez, gerente técnica y directora de proyectos.

Todo el tiempo las personas estamos tomando decisiones; algunas sencillas, como lo que voy a comer ese día, y otras más complejas, como hacer una inversión, cambiar de trabajo o establecerse en otra ciudad. Si bien algunas de estas decisiones, sobre todo las más simples, parecen tomarse de manera desprevenida, hay detrás de ellas procesos cognitivos que toman en cuenta información (objetiva o subjetiva) que nos hace valorar las alternativas y optar por una de ellas.

La mayoría de las decisiones individuales, o al menos aquellas que no se toman en emergencia o en crisis, pasan por un proceso reflexivo en el cual las personas identificamos las opciones, nos informamos, analizamos las alternativas en función de la información que tenemos disponible, y elegimos. Esto es un proceso perfectamente claro cuando hacemos, por ejemplo, una inversión.

Sin duda este mismo proceso lo hacemos constantemente para tomar decisiones personales o familiares, incluso de negocio; pero ¿qué pasa en la toma de decisiones públicas? Las políticas públicas son la intervención del Estado para atender temas específicos que redunden en la protección y bienestar de los ciudadanos (y también en el sostenimiento del orden público), éstas se consolidaron luego de la Segunda Guerra Mundial y, con las variaciones de enfoque que se han ido dando desde ese momento de la historia, se mantiene como la forma de acción pública.

Esta acción, su alcance, magnitud y calidad, está naturalmente restringida por la disponibilidad de recursos, aunque también por otros factores como la aceptación ciudadana o de otras fuerzas o poderes políticos, por el contexto o por la geopolítica. Si nos vamos a lo simple y pensamos que por muy grande que sea un Estado sus recursos son limitados, se hace evidente que su uso debe ser eficiente, relevante y pertinente y, por tanto, el proceso cognitivo de tomar decisiones se vuelve también un asunto clave en la gestión pública, y en él, la información objetiva se constituye en un aspecto central para la toma de decisiones.

¿Se están logrando los efectos esperados con una acción gubernamental? ¿Esa acción es costo-efectiva? ¿Se está implementando una operación adecuada para lograr los resultados? ¿Está siendo pertinente la focalización de las acciones? Estas preguntas son obvias si se hace el parangón de las decisiones públicas con las individuales, pero son aún más importantes si se piensa que los recursos de los gobiernos son escasos (o al menos limitados), que son bienes públicos y por tanto su uso no se puede fundamentar en intereses o decisiones particulares, y que tienen una función social.

Tanto en el ámbito individual como el público, actuar teniendo información permite tomar mejores decisiones en la medida en que se reducen las probabilidades de errores al estar respaldadas por análisis objetivos; se reducen los sesgos y se incrementa la credibilidad por basarse en evidencia y no en opiniones, emociones o prejuicios; se puede llegar a acciones más eficientes y que toman en consideración experiencias y aprendizajes previos; permite identificar y gestionar los riesgos; y contribuye a la innovación en la medida en que está siendo un proceso analítico y crítico.

En Colombia la generación de información y evidencia para la gestión pública está establecida desde la Constitución (artículo 343), lo que ha hecho que en el país se haya desarrollado una estructura normativa, de política e institucional que hoy en día es referente en la región y que ha ido fortaleciendo cada vez más la capacidad técnica para generar evidencia de calidad. Sin embargo, aún hay desafíos importantes relacionadas con el uso de la información, la capacidad subnacional para generar evidencia y con el rol que tiene la información en la rendición de cuentas y la veeduría ciudadana.

Frente al primer desafío, en 2022 la Ocde emitió un documento de recomendaciones orientado a robustecer la institucionalidad para promover el uso de las evaluaciones en torno a tres pilares: i) la institucionalización de la evaluación como un proceso sistemático, ii) la promoción de la calidad de las evaluaciones, y iii) el desarrollo de evaluaciones que sean utilizadas en la toma de decisiones, y que sean difundidas y publicadas. En esta línea el Conpes 4083 DE 2022 busca fortalecer el uso de los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones en la toma de decisiones, y promover en el país una cultura de la evaluación.

Esta última intención del Conpes trae a colación el segundo desafío planteado, relacionado con la capacidad subnacional de hacer evaluaciones. Al respecto en un reciente panel organizado por la Universidad Externado al que fue invitado Econometría sobre “El uso de la evaluación en la gestión pública” se abrió una discusión en torno a la capacidad financiera y técnica de las entidades territoriales en el país para hacer evaluaciones y tomar decisiones basadas en evidencia.

Al respecto, es claro que hay una estructura político-administrativa en Colombia que puede marcar la centralización de la evaluación, pero que no desconoce que las políticas se implementan en los territorios; sin embargo, también es claro que hay otros elementos de generación de evidencia diferentes a la evaluación que tienen un alto potencial para ser desarrollados a nivel subnacional, como pueden ser los diagnósticos participativos o los observatorios, en donde actores como la academia pueden ser cruciales.

El tercer desafío que se tiene es el uso de la evidencia como un mecanismo de transparencia. La generación de información en el ámbito de lo público no se agota en la toma de buenas decisiones por parte de los gestores de política, sino que tiene un importante potencial en la rendición de cuentas y en la veeduría ciudadana. En la medida en que la información que se genera desde las evaluaciones tenga difusión, sea conocida por la ciudadanía y sus datos estén disponibles para ser replicados o utilizados en otras investigaciones, se tendrá un control social más cualificado y por ende una mejor gestión pública.

En definitiva, siempre será mejor tomar decisiones teniendo información, y en el ámbito de lo público esto no es un deseable sino un mandato relacionado con la eficiencia, la rendición de cuentas y la gestión de recursos.

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Inflación a la colombiana, columna para La República

Inflación a la colombiana

Escrita por: Julián Roa, coordinador de proyectos.

Hace cerca de dos años se argumentaba en este espacio que el boom de la economía colombiana, que en 2021 creció 11%, tenía muy poco que ver con las decisiones del Banco de la República y los paquetes de reactivación económica, sino que más bien sus raíces se encontraban en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual no fue ajustado durante 2021 pues las protestas que surgieron como respuesta a la reforma tributaria del exministro Carrasquilla mostraron al gobierno de aquel entonces, el poco espacio político que se tenía para aplicar la formula tarifaria de los combustibles, que llevaría a subir su precio.

A pesar de su inconveniencia en términos fiscales, los efectos directos de este subsidio son políticamente atractivos. Por un lado, “disminuyen” las presiones inflacionarias y estimulan el crecimiento económico pues, al subsidiar un insumo intermedio, se estimula a toda la cadena productiva. Los efectos negativos directos, a saber, un mayor déficit fiscal además de los efectos ambientales por la mayor quema de combustibles fósiles, no se hacían tan notorios puesto que, como proporción del PIB, el alto crecimiento económico lo hacía sostenible. Aun así, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal lanzó advertencias que en su momento no fueron atendidas. Así, el gobierno de turno pasó de agache al respecto y le cedió una bomba de tiempo la presente administración.

Sin embargo, los efectos indirectos de esta medida son supremamente fuertes y poco deseables. Al subsidiar el precio de los combustibles, los ingresos de los hogares se destinaron a otros bienes y servicios, así, mientras en el resto del mundo la historia de la inflación estaba dominada por la inflación de energía (ver gráfica 2), en Colombia, se empezaba a incrementar la inflación básica, a un ritmo mayor que el visto en los otros países de la Ocde.

Como se observa en la gráfica 2, la inflación básica de Colombia, durante 2021, creció mucho más rápido durante 2022 y pasó de ser una inflación cercana a la mediana a superar con creces el rango intercuartil.

Lo anterior es problemático como se puede ven en las gráficas; en efecto, la inflación básica es mucho menos volátil que la inflación de energía, y, de hecho, la inflación básica tiende a contener elementos como la inflación de servicios que son altamente persistentes y difíciles de bajar. Así, mientras en el resto del mundo la inflación crecía en componentes que son altamente volátiles y tienden a bajar rápidamente, una vez se solucionan los cuellos de botella, en Colombia se incrementó de manera más rápida la inflación básica. Ello hace que la naturaleza de la inflación colombiana sea más persistente que la inflación en otros países.

A este problema de persistencia, se le sumaran otros problemas: el incremento del precio del diésel, el fenómeno de El Niño y la indexación. Si bien el gobierno ha hecho frente al déficit del Fepc al incrementar los precios de la gasolina, medida fiscalmente responsable, el verdadero problema es el Diesel, pues los efectos multiplicadores de este en la inflación son mucho más amplios puesto que afectan los precios del transporte de carga. De igual manera, al tratarse de un insumo intermedio, sus efectos en la producción son relevantes y le quitan dinamismo a la economía colombiana. Así, si se incrementa el precio del Diesel, la inflación de energía estaría lejos de tocar su techo y añadiría presiones al alza en los precios. El fenómeno de El Niño también causará estragos puesto que incrementará los precios de la inflación de alimentos, único rubro en el que la inflación tuvo verdadero progreso en la economía colombiana.

La indexación, por su parte, añade fuego a la situación. Dado que el incremento del salario mínimo y de los arrendamientos tiene como piso la inflación causada, es de esperar que el incremento del salario mínimo y de los arrendamientos supere los dos dígitos.

De esta manera, el escenario de inflación en Colombia no se vislumbra optimista, puesto que los riesgos son al alza. Por lo anterior, la propuesta de algunos miembros del gobierno de bajar la tasa de interés no tiene mayor justificación, y si se llega a dar dicha disminución, se debería empezar en 2024 y empezar de manera lenta. Esto puede resultar problemático pues ya se ven desempeños negativos en la generación de crédito y en la cartera vencida, que deben ser tenidos en cuenta en estas decisiones.

Sin embargo, la constitución es clara en que el deber del Banco de la República es la preservación del poder adquisitivo de la moneda colombiana.

¿Qué hacer? Lamentablemente en el corto plazo no hay medidas que nos ayuden a acelerar la reducción en las tasas de interés, por cuenta de una alta inflación. En el mediano plazo, se deberían impulsar medidas que disminuyan la dependencia de la economía a los combustibles fósiles: Se trata de fuertes incentivos para acelerar la renovación del parque automotor con camiones, buses y automóviles eléctricos, o al menos híbridos, que disminuyan la dependencia de la economía a los combustibles fósiles, tal como lo ha recomendado Econometría en diferentes escenarios. Esto es viable aprovechando los recursos de la reducción del Déficit del Fepc y el superávit existente en Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor de Carga (Fompacarga).

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Violencia basada en género: una carga económica y social

Violencia basada en género: una carga económica y social insostenible

Escrita por: Carolina Murgueitio, directora general.

Esta semana, el caso de una colombiana víctima de feminicidio en México nos conmovió. No es la primera vez y no dejará de serlo hasta cuando la sociedad mida, no solo el costo emocional sino el altísimo precio para la sociedad. Esta medición sí que apoyaría a movimientos como “Ni una más” a lograr su cometido.

La violencia basada en género (VBG) se refiere a cualquier tipo de violencia, abuso o trato injusto hacia una persona debido a su género o su identidad de género. Esta forma de violencia se dirige específicamente hacia las mujeres y las personas que no se adhieren a los paradigmas de género tradicionales, como las personas de las comunidades agrupados para bajo la sigla Lgbtq+.

No se limita solo a la violencia física, sino que abarca un espectro más amplio de comportamientos y actitudes, que refuerzan la desigualdad de género y perpetúan la discriminación. Puede manifestarse de diversas maneras, como la violencia doméstica, el acoso sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, entre otras formas de violencia específicas hacia las mujeres y las personas de género no binario.

La temática ha sido abordada por Econometría en varias de sus evaluaciones y estudios, como por ejemplo en la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas en Honduras; en el análisis de las narrativas de mujeres excombatientes; en la caracterización sociodemográfica y de condiciones de calidad de vida de las actividades sexuales pagas en el Distrito; en el diseño de estrategias de alcance nacional y local para la transformación de las normas sociales que perpetúan la violencia sexual y el castigo físico para Unicef; así como en la evaluación de impacto de programas para mitigar la VBG en México, Perú y Colombia.

La VBG es un problema arraigado en Colombia. Al año se presentan miles de casos. Tan solo los feminicidios, que son aquellos asesinatos de mujeres por el hecho de serlo, bordean los 700 casos al año en el país. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, a julio de 2023 ya se registraron 302 casos. Estas son cifras preocupantes que resaltan la urgencia de abordar la violencia basada en género, así como promover la igualdad y el respeto hacia las mujeres.

El país ha enfrentado durante mucho tiempo altos niveles de violencia basada en género. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, en 2022 se registraron más de 79.000 casos de violencia intrafamiliar y cerca de 26.000 casos de violencia sexual. Estas cifras son alarmantes y reflejan la magnitud del problema en nuestro entorno.

Además de ser una violación grave de los derechos humanos, esta forma de violencia tiene implicaciones significativas para la sociedad en su conjunto. Más allá del sufrimiento humano que causa, que debe ser la primera razón para combatirla, la violencia de género también tiene un componente económico.

Determinar el costo exacto de la VBG en Colombia es un desafío debido a la naturaleza multifacética del problema y a la falta de datos detallados y actualizados. Sin embargo, es ampliamente reconocido que este tipo de violencia tiene un impacto significativo en la sociedad y genera costos económicos y sociales considerables.

Este tipo de violencia conduce a lesiones físicas y problemas de salud mental a largo plazo, lo que resulta en costos significativos en atención médica. Las víctimas requieren servicios médicos urgentes y a largo plazo para tratar las consecuencias de la violencia, incluyendo cirugías, medicamentos y terapias. Además, los servicios sociales como refugio, asesoramiento psicológico y asistencia legal son necesarios para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas.

Estos costos recaen tanto en los sistemas de salud públicos como en los privados, y representan una carga financiera para la sociedad en su conjunto.

El fenómeno en cuestión tiene un impacto directo en la fuerza laboral. Las víctimas pueden perder días de trabajo debido a las lesiones o la necesidad de buscar seguridad. Además, la violencia puede llevar a la pérdida de empleo o a la incapacidad de mantener un empleo estable. Las personas que sufren VBG pueden necesitar tiempo libre para recuperarse de las lesiones, asistir a citas médicas, buscar refugio seguro o protegerse a sí mismas y a sus hijos.

Esto puede resultar en una disminución de la productividad económica a nivel individual y también a nivel nacional si se considera el número de personas afectadas. Esto no solo tiene un impacto en los ingresos individuales de las víctimas, sino también en la economía en general. La disminución de la productividad económica y el desempleo resultante generan una carga adicional para los sistemas de bienestar social y pueden afectar el crecimiento y desarrollo económico del país.

También tiene un impacto significativo en la educación. Las víctimas, especialmente mujeres y niñas, pueden perder días de formación debido a la violencia o incluso abandonar la educación por completo. Esto perpetúa un ciclo de desigualdad y limita las oportunidades futuras de empleo y desarrollo económico. Además, una educación deficiente tiene un impacto negativo en el desarrollo social y la cohesión de la sociedad en su conjunto.

Las víctimas a menudo necesitan servicios sociales para ayudarles a recuperarse y reconstruir sus vidas. Esto puede incluir refugio y alojamiento temporal, asesoramiento y apoyo psicológico, asistencia legal, programas de rehabilitación y orientación profesional. Estos servicios sociales tienen un costo y requieren recursos adicionales por parte de la sociedad.

Más allá de los costos económicos directos, la violencia basada en género también tiene consecuencias sociales y emocionales perjudiciales. Genera miedo, inseguridad y desconfianza en la sociedad, lo que afecta la calidad de vida y la convivencia no solo de las víctimas sino de sus familias. Este tipo de violencia socava los valores fundamentales de igualdad y respeto, y debilita la cohesión social necesaria para el progreso y el bienestar.

El gobierno colombiano, organizaciones de la sociedad civil y activistas han estado trabajando para abordar esta problemática. Han surgido leyes y políticas para proteger los derechos de las mujeres y prevenir la violencia de género, pero aún se necesitan mayores esfuerzos para garantizar la seguridad y la igualdad para todas las víctimas de este tipo de violencia en Colombia.

Sin embargo, abordar la violencia basada en género requiere un enfoque integral que incluya la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la implementación de políticas y leyes que protejan los derechos de todas las personas, independientemente de su género.

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Polémico debate: subsidiar el transporte

Polémico debate: subsidiar el transporte

Escrita por: Carolina Murgueitio, directora general.

Hace pocos días el presidente Petro propuso subsidiar el transporte con el servicio de energía. La idea ha suscitado fuertes debates en medios de comunicación, sin embargo, han concurrido en torno a la propuesta tres enérgicos contrincantes como el mismo presidente, la actual alcaldesa Claudia López y el exalcalde Enrique Peñalosa. Los tres coinciden en que es una medida de justicia social y que el transporte es un bien público que debe ser subsidiado. En donde no han coincidido es en el cómo y en las cuentas de lo que implica la medida. Por supuesto es tan reciente la propuesta que se necesita tiempo y estimaciones para realizar un análisis de impacto y de beneficio costo de la medida. En Colombia no es nuevo incluir en la factura de servicios públicos un cobro para subsidiar otro servicio. Por ejemplo, el aseo ya se cobra con la energía.

Si bien en el mundo hay innumerables experiencias en las que se subsidia el transporte público, no es común que sea con el servicio de energía. Hay si, algunas experiencias piloto como en la ciudad de Utrecht en Holanda, en donde se ha llevado a cabo un proyecto piloto llamado “We Drive Solar” (Conducimos con Energía Solar) en el que se utilizan autobuses eléctricos y paneles solares para generar y almacenar energía. Los usuarios pueden cargar sus vehículos eléctricos en las estaciones de carga solares y, a cambio, reciben créditos que pueden utilizar para viajar en los autobuses eléctricos.

En algunas ciudades chinas, como Shenzhen y Zhuhai, se han implementado sistemas de autobuses eléctricos que se cargan a través de estaciones de carga solar. Estos sistemas están diseñados para generar y almacenar energía solar durante el día y utilizarla para cargar los autobuses durante la noche. Aunque los pasajeros no pagan directamente con energía, el sistema se financia en parte con los ahorros de energía generados por la generación solar. En algunas ciudades de Estados Unidos, como San Francisco, se están llevando a cabo proyectos piloto donde se instalan paneles solares en las estaciones de carga de vehículos eléctricos. Estos paneles solares generan energía renovable que se utiliza para cargar los vehículos eléctricos, incluyendo aquellos utilizados en el transporte público.

La idea de subsidiar el transporte con el servicio de energía plantea una serie de interrogantes y desafíos que deben ser cuidadosamente considerados antes de su implementación. Si bien existen posibles beneficios en términos de reducción de costos para los usuarios y promoción de la movilidad sostenible, también se deben abordar las preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad financiera y la equidad en la distribución del subsidio. Es necesario un análisis exhaustivo y un debate amplio que involucre a expertos, actores gubernamentales y ciudadanos para evaluar adecuadamente los pros y los contras de esta propuesta y tomar decisiones informadas que beneficien a la sociedad en su conjunto.

Si se fuese a realizar un análisis beneficio costo, se podría empezar por valorizar las ventajas de subsidiar el transporte con el servicio de energía. Tradicionalmente, se debe iniciar por identificar los costos y beneficios relevantes. Los costos podrían incluir la inversión inicial en infraestructura, los costos operativos y de mantenimiento, así como los posibles costos de oportunidad. Por otro lado, los beneficios podrían abarcar la reducción del costo del transporte para los usuarios, la disminución de la congestión vehicular, los beneficios ambientales asociados con la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire, entre otros.

Quizás una de las ventajas que implicarían un desafío en la medición es la reducción de costos para los usuarios ya que la implementación de este subsidio proporcionaría un alivio financiero para los ciudadanos, especialmente aquellos de bajos ingresos, al reducir el costo de transporte diario. Esto podría contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aumentar su acceso a oportunidades laborales y educativas.

Por otro lado, al vincular el subsidio del transporte con el servicio de energía, el gobierno podría incentivar el uso del transporte público en lugar de los vehículos privados. Esto podría resultar en una disminución de la congestión vehicular, la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo así una mayor sostenibilidad ambiental.

En cuanto a los desafíos que se convierten en costos que deben ser cuantificados, están, por ejemplo, la sostenibilidad financiera. Una de las principales preocupaciones relacionadas con esta propuesta es la viabilidad económica a largo plazo. La implementación de un subsidio de transporte mediante el servicio de energía requeriría una cuidadosa planificación y evaluación de costos, ya que el sistema energético también tiene sus propias demandas y necesidades de inversión.

De igual manera, existe el riesgo de que este tipo de subsidio beneficie desproporcionadamente a ciertos grupos de la sociedad, mientras que otros podrían no recibir los mismos beneficios. Sería fundamental garantizar que el subsidio sea equitativo y llegue a aquellos que más lo necesitan, evitando así aumentar las brechas sociales y económicas. Para evitar esto, podría darse el subsidio directamente a quienes lo necesitan, tal como se hizo con la compensación del IVA y cuya evaluación se realizó por la alianza Universidad de Los Andes y Econometría en 2021.

Finalmente, algunos aspectos cualitativos tendrán que considerarse como los efectos sociales, ambientales y políticos de la propuesta. Estos aspectos cualitativos pueden ser difíciles de cuantificar, pero deben tenerse en cuenta al tomar una decisión informada.

Una vez cuantificados los costos y los beneficios, se deberá calcular el valor actual neto que es una medida utilizada para evaluar la rentabilidad de una inversión o proyecto. Se calcula restando los costos presentes del proyecto de los beneficios presentes, ajustados por el valor del dinero en el tiempo. Si el VAN es positivo, indica que los beneficios superan a los costos y que la propuesta podría considerarse beneficiosa desde una perspectiva financiera. Solo en esta situación la medida del presidente tendría todo el sentido y muy seguramente alrededor de los resultados, de la evidencia, tendrían mayores elementos los tres fuertes contrincantes para ponerse de acuerdo.

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¿Crisis de confianza?, columna para La República

¿Crisis de confianza?

Escrita por: Julián Roa, coordinador de proyectos.

Los datos de crecimiento del segundo trimestre muestran que la economía está convergiendo a su tendencia previa más rápido de lo esperado, bajando las presiones inflacionarias. Sin embargo, al revisar el componente de inversión (formación bruta de capital fijo) se prenden las alarmas pues recientemente ha caído cerca de 10% relativo al nivel prepandemia, como se ve en la primera gráfica. En esta misma gráfica, se ve que esta problemática es de carácter nacional y no global. En Colombia, la caída en la inversión (relativa al promedio de 2019) ha estado liderada por el rubro de “Otros edificios y estructuras” (-33,8%) y el rubro de “Vivienda” (-4,6%).

El presidente de la República trinó al respecto: “¿De qué depende la inversión?: en primer lugar, de la tasa de interés.” La interpretación del presidente no es equívoca, aunque no pareciera ser la principal explicación. A manera de ilustración, países de la región como Brasil tuvieron políticas monetarias incluso más restrictivas que la colombiana, y la inversión está por encima del nivel prepandemia, como se ve en la gráfica 1.

La inversión está determinada, en gran medida, por las expectativas de ganancia de los empresarios. Expectativas en donde la subjetividad prima puesto que el empresario tiene que trabajar en clima de alta incertidumbre. Así, la inversión esta más motivada por aspectos como la confianza en el futuro próximo.

La gráfica 2 es un intento de cuantificar dicha confianza en el futuro próximo. En ella se muestra la volatilidad de los mercados bursátiles. En la gráfica se destaca la pandemia que fue un momento de alta incertidumbre. En Colombia, el índice de incertidumbre subió luego de 2020 y se quedó arriba del resto de países. Así, esta variable sugiere que Colombia está viviendo un periodo de alta incertidumbre, lo que con seguridad ha incidido en la caída en la inversión. Una confirmación de esto se ve en el índice de confianza tanto comercial como industrial publicado por Fedesarrollo el cual continúa en terreno negativo (son más los pesimistas que los optimistas).

El ejemplo de Brasil es interesante pues muestra la dominancia de la incertidumbre sobre la política monetaria. En Brasil, el nivel de incertidumbre está por debajo del colombiano y la inversión no ha colapsado a pesar de que la política monetaria fue incluso más restrictiva que la colombiana.

La situación colombiana es compleja porque puede que ya estemos en una crisis de confianza, y los datos de inversión que estamos viendo sean la materialización de una incertidumbre que empezó tiempo atrás. Estos episodios empiezan con la sensación de que las cosas no irán bien en el futuro, ello hace que los inversionistas prefieran poner su dinero en activos seguros y no se embarquen en proyectos de la economía real, la demanda cae y se confirma el mal presagio. Se trata de una sensación que se puede retroalimentar, y por eso es peligrosa. Por lo anterior, vale la pena preguntarse por los factores detrás de esta y que se puede hacer para revertir esta tendencia.

¿Qué causó esta situación? En lo externo, la perspectiva de una posible crisis global, aunque este factor se ha atenuado bastante. En el frente interno, las reformas planteadas por el gobierno generaron incertidumbre al considerarse lesivas para la economía. Por otra parte, el incremento de la inseguridad genera miedo y desconfianza en la población civil. A nivel de políticas públicas, los cambios en algunas de ellas han generado confusión y retrasos. Por su parte, la baja ejecución presupuestal genera restricciones de liquidez. Todo ello contribuye a que no haya confianza.

¿Qué hacer? A nivel de política macroeconómica, se debe responder con ímpetu desde la política fiscal. En este sentido, las recomendaciones dadas por Jorge Iván González en su columna ‘Inversión total’ van en el sentido adecuado. También se hace necesaria una mayor ejecución del presupuesto por parte del gobierno.

En lo político, el país requiere reformas, pero estas deben ser concertadas con los actores relevantes. Esta concertación dará legitimidad al proceso y mitigará las prevenciones de los sectores afectados.

En las regiones, el gobierno debe combatir la inseguridad, lo que tiene varios frentes de ataque. Por un lado, debe haber una mayor cooperación con las fuerzas armadas. Por otro lado, las negociaciones de paz deben hacerse con protocolos claros y de manera ordenada. Finalmente, una reforma a la justicia que frene la impunidad y descongestione el sistema judicial es vital.

A nivel de políticas públicas, se hace necesario retomar el programa de Mi Casa Ya, puesto que parte de la caída en la inversión se deba a la reducción de las VIS. También es fundamental recuperar la inversión en infraestructura y agricultura.

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