Webinar: Efecto diferencial del COVID-19

Efecto diferencial del COVID-19, en el mercado laboral de las principales ciudades del país

Video de la participación de nuestro director Mauricio Olivera.

Reflexión en torno al impacto diferencial que ha tenido el COVID-19 en la economía del país, en especial en el mercado laboral.

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Comunidades incluyentes: cómo se aplican políticas públicas…

Por: Orazio Attanasio, Cowles Professor de Economía de Yale - Carolina Murgueitio, Sub directora de Econometría

Los individuos reciben muchos mensajes: desde políticos, funcionarios y científicos, hasta de chamanes, y muchas veces no tienen los instrumentos para apropiar los mensajes ‘buenos’, especialmente si vienen desde instituciones en las que no confían.

En la pasada entrega de esta columna nos referíamos a cómo las políticas de primera infancia durante el confinamiento requieren de un apoyo sustancial de la apropiación por parte de la comunidad como trampolín para su escalabilidad. En esta oportunidad reflexionamos sobre cuatro puntos fundamentales, acerca de la necesidad de la comunidad para que unas políticas sean efectivas, no solo en el ámbito de una emergencia como la vivida durante ya casi todo el 2020 sino en épocas “normales”.

La primera reflexión se refiere a que las intervenciones no solo deben ser escalables desde el punto de vista de los costos y recursos disponibles, sino desde la difusión que se logre a través de la participación de la comunidad. Generalmente se considera a la participación comunitaria como un resultado, pero muchas veces es un medio potencialmente muy poderoso. En efecto, es un resultado y un proceso dinámico al mismo tiempo, y para que sea exitosa, los esfuerzos de participación comunitaria deben sustentarse en la solidaridad y colaboración. Ejemplos de escalabilidad a través de la participación comunitaria se han demostrado en el sector salud, por ejemplo, en intervenciones para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el trabajo mancomunado entre profesionales de servicios sociales y promotores de salud se ha evidenciado en diferentes países.

Otro ejemplo que se ha divulgado por ONU Mujeres es la escalabilidad efectiva que se ha dado a través de grupos de mujeres y de organizaciones comunitarias que han funcionado como enlaces entre el personal de seguridad y las comunidades locales. Se han establecido mecanismos de consulta y colaboración con estos grupos que contribuyen a mejorar la respuesta de la policía a la violencia contra las mujeres, con aportes específicos de organizaciones comunitarias. Un caso de este tipo fue evidenciado, por ejemplo, por Econometría en la construcción de la línea de base de la iniciativa Spotlight en Honduras.

La segunda reflexión es que la comunidad es clave cuando las intervenciones de política buscan modificar comportamientos sociales. Las normas sociales son reglas y expectativas de cómo se deben comportar las personas para evitar conductas que, aunque sean aceptadas puedan afectar negativamente a ciertos grupos poblacionales.

Tanto los factores individuales, circunstancias familiares, como los factores del entorno (movilización política, cambios económicos, leyes y políticas) influyen en cómo cambian las normas de comportamiento. Algunas normas que buscan ser cambiadas son por ejemplo relacionadas con equidad de género, la ablación femenina o el matrimonio infantil. Los factores que han ayudado a cambiar las normas entorno a este último incluyen: apoyo económico para ayudar a las niñas a asistir a la escuela, educación, medios de comunicación, campañas de concientización de gobiernos y organizaciones sobre el impacto en la salud del matrimonio infantil, alternativas para las niñas y sanciones legales, entre otros.

El objetivo final, sin embargo, para que estas intervenciones sean sostenibles, es cambiar las perspectivas individuales y las normas sociales. Econometría identificó que una intervención en Afghanistan, donde la incidencia del matrimonio infantil es muy alta, definitivamente requería de la apropiación de la comunidad para cambiar la norma ampliamente aceptada.

Un tercer punto de reflexión es que para que la comunidad pueda ejercer su poder de cambio es importante y necesario utilizar las redes preexistentes, en muchos casos vinculados a los programas sociales existentes. Un ejemplo importante, que se olvida con demasiada frecuencia, es el de la transferencia condicional de dinero. Muchos de estos programas, como Progresa/Oportunidades en México y Familias en Acción en Colombia, crearon nuevas e importantes figuras sociales en las comunidades, con el propósito de ayudar al funcionamiento del programa. Las ‘madres promotoras’ en México y las madres líderes en Colombia, en muchas situaciones se convirtieron en importantes actores reconocidos por las comunidades locales y un elemento fundamental de estos programas.

En las varias evaluaciones realizadas entre otras entidades por Econometría, se encontró que la red conformada por estas líderes ha permitido potenciar el programa de transferencias condicionadas a través de la difusión de prácticas de crianza, pautas nutricionales e incluso negocios de producción y comercialización de alimentos que han permitido generar ingresos adicionales a las familias. Otras cifras podrían incluir a las madres comunitarias del ICBF en Colombia o a los trabajadores Anganwadi en la India.

El cuarto aspecto que merece la pena destacar es cómo la comunidad puede permitir desarrollar de manera eficiente y efectiva la provisión de bienes y servicios de manera remota. A través de servicios comunitarios es posible, por ejemplo, prestar servicios de salud, educativos y de crianza a distancia. En Honduras, por ejemplo, Econometría evidenció como organizaciones de corte comunitario acompañan a familias en medio de la pandemia a llevar a cabo prácticas de crianza, seguimientos de desarrollo infantil y acompañamiento a madres gestantes. Una vez más, es importante identificar los agentes de las comunidades que pueden desempeñar este tipo de papel y utilizar sus capacidades.

El poder de la comunidad es entonces un mecanismo para lograr resultados e impactos de políticas e intervenciones, ya que a través de sinergias se produce un resultado superior a la suma de los logros que cada individuo hubiese logrado por su cuenta y es allí donde la apropiación de las intervenciones logra efectividad.

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La apropiación de la comunidad para políticas efectivas

Por: Econometría Consultores

La realidad del covid 19, a la que ha sido necesario adaptarse por todos los agentes de la sociedad, ha retado a unos más que otros pues las condiciones no son iguales para todos. Uno de los sectores con mayores retos es la atención a la primera infancia, y en particular los niños de familias pobres.

Múltiples estudios han demostrado que las inversiones en la primera infancia son fundamentales: lo que pasa en los primeros años tiene efectos en el largo plazo y puede ser influenciado de manera contundente por choques severos.

Estas inversiones y la implementación de las políticas públicas, que son particularmente importantes en estos tiempos de crisis, se han visto afectadas por el confinamiento pues los niños y niñas no han podido asistir a los establecimientos de educación inicial en donde reciben estimulación, relacionamiento con sus pares a través de juegos y enseñanzas.

Estas pautas se han trasladado a casa en donde los padres también atienden sus trabajos, y requieren de apoyo para poder llevar a cabo estrategias que impidan que el desarrollo temprano se vea truncado. En estos tiempos, es importante involucrar a los niños en actividades que disminuyan el estrés y se creé gradualmente un ambiente donde el aprendizaje pueda continuar.

La pandemia y la nueva normalidad han hecho aún más evidente la necesidad de involucrar a las comunidades en la realización y aplicación de las intervenciones dirigidas a los primeros años. Las intervenciones que tratan de cambiar el comportamiento individual, como las prácticas de crianza, tienen que encontrar los canales adecuados para enviar la señal correcta.

La confianza y el sentido de propiedad de la comunidad son fundamentales para su éxito. Esto se requiere siempre, pero es particularmente esencial durante la pandemia, que ha hecho más difícil la realización de muchas intervenciones.

De manera acelerada, los gobiernos y organizaciones han implementado estrategias de base comunitaria para la educación inicial en casa, por ejemplo, en la India la Fundación Pratham ha contribuido con diversas innovaciones al gobierno de su país con actividades diarias que prepara a los padres para continuar el proceso de aprendizaje de sus hijos incluso durante el cierre de la escuela.

A través de una serie de mensajes SMS y de WhatsApp, comparten contenidos centrados en actividades de aprendizaje práctico. Se involucran a los estudiantes en el arte, la música y el teatro, idiomas, matemáticas, y ciencias.

Otro importante punto de referencia es el programa Reach Up and Learn, que ha sido desarrollado por un grupo de investigadores con sede en Jamaica; a través de un paquete de capacitación que lo convierte en un programa eficaz y adaptable para entornos de bajos recursos, la intervención ha sido adaptada y evaluada con éxito en Bangladesh y Colombia, y fue adaptada y aplicada en gran escala en Perú. El Manual para padres, fue rápidamente adaptado a las condiciones de confinamiento y se ha valido de innovaciones remotas.

Los gobiernos deberían utilizar la infraestructura y las intervenciones existentes para determinar los canales adecuados para realizar intervenciones eficaces que lleguen a los hogares y a las comunidades en que viven. En Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Educación (MEN) han generado también estrategias cuyos resultados están en proceso de evaluación.

El MEN ha puesto a disposición de todos los docentes, directivos docentes, padres de familia y cuidadores una serie de guías imprimibles para trabajar en educación inicial. A su vez, Mis Manos te Enseñan del ICBF, es un espacio de aprendizaje donde los cuidadores encuentran prácticas de crianza positiva para interactuar con niños, niñas de acuerdo con su edad, así como consejos, orientaciones y recomendaciones de cuidados, prevención de riesgos, resolución de conflictos y sana convivencia en el hogar.

Estas estrategias en medio del confinamiento requieren de prácticas de cuidado colectivo, que hacen posible la sostenibilidad de la vida cotidiana, con estrategias de abajo hacia arriba, que buscan producir respuestas colaborativas, descentralizadas y solidarias.

Mas allá de la provisión de servicios que puedan brindar los gobiernos, o escalar una política pública, la clave es lograr actuar e incidir sobre la cotidianidad de las familias a través de la apropiación que tenga la misma comunidad y para ello se hace necesario utilizar los canales existentes.

Es allí, donde la gran infraestructura comunitaria con que cuenta nuestro país desde hace muchos años como las madres líderes del Programa Familias en Acción a través de quienes se ha establecido una fuerte red y madres comunitarias del ICBF cobran gran preponderancia.

En el caso de las madres comunitarias que son las encargadas de administrar y cuidar los hogares del ICBF, existen alrededor 58 mil madres comunitarias que atienden a 750 mil niños en los distintos hogares del instituto. Esta inmensa cantidad de niños y niñas que cuidan son de hogares de bajos recursos que deben dejar a sus hijos en estos hogares para poder trabajar.

La diferencia es que, en pandemia, ellas no reciben a los niños en el hogar comunitario, y ya no juegan con ellos, ni les da desayuno, almuerzo y refrigerio, sino que ahora su trabajo consiste en llamar todos los días a los padres familia de los niños y niñas que tienen a su cargo, preguntarles cómo se sienten, cómo están creciendo, como se encuentran de salud y si están comiendo bien.

Ello exige que las madres comunitarias tengan todos los medios económicos, técnicos y de formación para que a través de sus llamadas puedan ejercer su poder comunitario de acompañamiento, solidaridad y apoyo a las familias. Si bien el ICBF a través del Icetex, ha lanzado un desarrollo de las convocatorias para efectuar programas para cualificar al talento humano que se encarga de la educación inicial, entre ellas las madres comunitarias, aun no se conoce la magnitud y el resultado de este programa.

De otro lado, los desafíos estructurales del país como las barreras de conectividad afectan la labor en pandemia de las madres comunitarias. En un estudio de Telesemana se encuentra también que, para 2019, había 66,3 millones de líneas de telefonía móvil y de estas el 78,9% de las líneas eran pre pago. Ello antepone la necesidad de prever que las madres comunitarias puedan contar con estos medios para ejercer su labor.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recientemente ha publicado un completo análisis de las diferentes estrategias y retos de la atención a la primera infancia identificando además oportunidades de transformar los servicios, buscando que sean más costo efectivos equitativos y resilientes. Algunas de estas estrategias e innovaciones y en particular en el entorno colombiano, serán tratadas en una siguiente entrega de esta columna.

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Los Beps y algunas alternativas del sistema pensional

Por: Mauricio Olivera

Las presiones que vive el sistema pensional colombiano la viven también en mayor o menor grado la mayoría de países del mundo. En Colombia pesa más la baja cobertura que la presión financiera, pero en el mundo el envejecimiento poblacional y la robotización están generando grandes retos financieros en los sistemas. A medida que pasa el tiempo, habrá menos personas trabajando por cada adulto mayor. Por esto, más allá de la discusión sobre los diferentes sistemas pensionales, como el de capitalización pura que administran los fondos privados en Colombia vs. los sistemas de ahorro intergeneracional que administra Colpensiones, varios países han diseñado esquemas alternativos adicionales y complementarios.

Tuve el placer de participar en el seminario de Pensiones seguras, sostenibles y adecuadas de la Universidad de Louvain, en Bélgica, en un panel en el cual se presentaron diferentes esquemas que complementan la construcción de la pensión. En Bélgica, además del primer pilar, basado en el sistema de pensión intergeneracional -como el de Colpensiones- existe un segundo pilar, de pensiones profesionales. Es un pilar de contribución definida, como lo son los sistemas de capitalización. Es decir, la pensión depende de lo ahorrado, como ocurre en los fondos privados de pensiones en Colombia. Las diferencias radican en que son diseñados por las empresas y los sectores, financiados por los empleadores, con una tasa de cotización que varía entre 0,6% y 4,2% del salario, y el incentivo para los empleadores es que las contribuciones son deducibles de impuestos. Es un esquema que empezó a crecer desde inicios del presente ciclo, y pasó de una baja cobertura de 30% en 1999 a una cobertura de 61% en 2019.

Existe otro esquema, denominado “save more tomorrow”, que traducido quiere decir algo así como “ahorre más mañana”. Es un esquema que es aplicado en varias empresas de Estados Unidos. Basado en la teoría del comportamiento, este esquema busca que el trabajador aumente su tasa de ahorro para la pensión de la siguiente manera. Como los seres humanos preferimos el corto sobre el largo plazo, es decir, preferimos tener los recursos ahora que guardarlos para el futuro, a los trabajadores no se les pregunta cuánto más de su ingreso actual estarían dispuestos a ahorrar. Se les pregunta, y se les compromete a ahorrar, un porcentaje del aumento salarial del próximo año. Está demostrado que como aún no tenemos esos recursos -el aumento salarial se da en el futuro- el porcentaje de ahorro es mayor que el porcentaje de ahorro del ingreso presente. De esa manera, los trabajadores ahorran más para su vejez.

Sobre Colombia se habló del programa Beneficios Económicos Periódicos (Beps). Este programa puede clasificarse dentro de los nuevos programas de “Contribución Definida Equivalente” para la pensión (en inglés, Matching Defined Contributions-MDC). Las características de este tipo de programas incluyen tener una cuenta individual, hacer parte de los sistemas de contribución definida, y tener un patrocinador que aporte un monto adicional al monto ahorrado por el trabajador. La característica de contribución definida es importante porque hace más tangible el incentivo para ahorrar para la vejez. En Beps, por cada peso ahorrado, el Estado aporta un 20% adicional. Si el incentivo se diera en el sistema de prestación definida, se daría en el futuro, sobre la pensión, y sería menos tangible. Dar incentivos sobre el ahorro se considera un mejor “empujón” -utilizando la terminología de la teoría del comportamiento- para ahorrar que dar incentivos sobre la pensión, por ejemplo, con un programa prometiendo que dependiendo del monto ahorrado su pensión sería un 20% más alta. Y aportar un monto adicional al ahorrado por el trabajador busca incentivar el hábito de ahorro de las personas.

Estos programas han sido creados con dos objetivos específicos: por un lado, aumentar la cobertura de los sistemas pensionales y reducir la informalidad, y, por otro, reducir la presión fiscal para la protección para la vejez. La cobertura debe aumentar y la informalidad debe reducirse con un costo fiscal menor que el que incurriría el Estado con un sistema no contributivo -como Colombia Mayor, programa existente en Colombia.

Existen pocos en el mundo, y la mayoría fueron creados hace poco tiempo, pero las evaluaciones hasta ahora han mostrado un efecto moderado en el aumento de la participación de las personas, pero un efecto bajo en aumentar la pensión. Es necesario señalar que varios de estos programas, los creados en países desarrollados, fueron creados para complementar la pensión. Las evaluaciones también han mostrado que incentivos de este tipo, es decir, una contribución adicional a lo aportado por los trabajadores, son más efectivos que otro tipo de incentivos, como hacer deducible de los impuestos las contribuciones, o hacerlas obligatorias.

En Colombia, este programa ha aumentado la participación en más de un millón de personas, y, dado que fue creado hace pocos años, gozan de un Beneficio Económico Periódico (BEP) cerca de 35.000 personas. Que otros países estén buscando complementar su sistema pensional con este y otro tipo de esquemas alternativos a los tradicionales es señal de que son necesarios, y que vamos por el camino correcto. Es importante fortalecer el programa Beps. Una decisión del gobierno que crea alguna preocupación es haberlo convertido para algunos casos en obligatorio y con un porcentaje específico. La característica inicial era la flexibilidad. Ahorre lo que pueda, cuando pueda. La invitación es evaluar este cambio y ver su efectividad.

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Entre la curva Nike y la curva W, columna de Econometría

Escrito por: Julián Roa Rozo

En la versión más reciente de las perspectivas económicas globales el FMI muestra que la recuperación económica a nivel global va a ser lenta. La economía colombiana decrecerá en -8,1% y -8,2% en 2020 y crecerá 4% en 2021. Lo anterior indica que el FMI no contempla una recuperación en forma de V para Colombia, sino algo más cercano a una curva NIKE.

Contempla un escenario similar para Latinoamérica. En el caso de Econometría Consultores el escenario es menos pesimista con un crecimiento de -7% en 2020 y entre 3,5% y 4,3% en 2021. Los anteriores pronósticos distan bastante de la curva V contemplada por el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo (-5,5% en 2021 y 6,6% en 2021).

Desde Econometría Consultores se considera que hay razones para pensar que la crisis será un poco menos profunda que como lo plantea el FMI. Por un lado, el mercado laboral colombiano tuvo en agosto una recuperación con una reducción de la tasa de desempleo de 3,4 puntos porcentuales con respecto a julio (20,2%) llegando a 16,8%. Lo anterior es una recuperación importante, y que además se dio en el mes de agosto cuando aún Bogotá continuaba con cuarentenas sectorizadas.

Así, se espera que durante los meses de septiembre y octubre en donde las restricciones de movilidad han sido menores, la tasa de desempleo descienda con cierta celeridad y se ubique en niveles cercanos a 15% para finales de año. Así, en promedio la tasa de desempleo de 2020 estaría cerca del 16,5% en promedio, número que es inferior al pronosticado por el FMI, de 17,3%. La velocidad de esta recuperación se debe al hecho que el sector más afectado por las cuarentenas es el sector informal, y dados los bajos costos de entrada de este sector, su retorno a la actividad puede ser rápido.

De forma similar, la inflación sorprendió al alza en el mes de septiembre ubicándose en 1,97% (interanual), número superior al pronosticado por el FMI para diciembre de 2020 de 1,3%. Teniendo en cuenta que el mes de septiembre tuvo menos restricciones de movilidad, esta sorpresa en la inflación puede ser interpretada como un repunte en la demanda que se esperaría continúe durante el último trimestre. Así, se pronostica que a final de año la inflación estaría entre 1,8% y el 2%. Tomando estos datos en su conjunto, en los meses de agosto y septiembre se recuperó parte del terreno perdido en materia económica gracias al relajamiento de las restricciones de movilidad con el fin de la cuarentena obligatoria.

Lo anterior lleva a pensar en la sostenibilidad epidemiológica de la recuperación económica. En la medida que las personas retoman las actividades diarias se hace más propicio el contagio de covid-19 y se presiona al sistema de salud. Es por esto por lo que en países como Francia y España se están volviendo a decretar cuarentenas a nivel nacional con el fin de disminuir la segunda ola de contagios. A esto también se está sumando Suecia, país famoso por su enfoque laissez-faire ante el covid-19, quien está endureciendo sus medidas e implementando cuarentenas localizadas en Uppsala, ciudad en dónde hay un crecimiento importante en los casos.

En Colombia se puede ver como una segunda ola es un escenario factible con un pico a final de año. Ciudades como Bogotá y Medellín están registrando ascensos preocupantes en los casos que si no son controlados con medidas de autocuidado eficaces pueden desembocar en una segunda ola y potencialmente en nuevas cuarentenas.

El escenario de una segunda ola plantea la posibilidad de una curva W en la cual hay dos caídas en la actividad económica asociadas a cada ola. La pregunta que surge es si es posible evitar una segunda caída en la actividad económica. Por un lado, la crisis económica actual está totalmente jalonada por las cuarentenas: los datos validan esta afirmación. Así, la curva W parece ser evitable en la ausencia de cuarentenas. Sin embargo, es importante notar que aún sin mayores restricciones de movilidad Suecia va a tener una crisis profunda (crecimiento de -4,7% en 2020, según el FMI).

La crisis económica en Suecia, aún sin cuarentenas, muestra que las personas deciden aislarse con el fin de evitar contagiarse y por esto la actividad económica cae. Así, si se llega a un segundo pico, la respuesta esperable de los colombianos, incluso si no se decreta una nueva cuarentena nacional, es evitar los contactos y una caída en la actividad económica. En resumen, una crisis económica asociada a una segunda ola parece inevitable. Lo anterior pone hincapié en la necesidad de cuidarse hoy para poder disfrutar del mañana. Si las medidas de autocuidado por parte de los colombianos no se implementan será inevitable una segunda ola y, por lo tanto, será inevitable una segunda caída en la actividad económica que puede echar a perder la recuperación que se ha dado en estos meses.

En síntesis, el relajamiento de las cuarentenas ha permitido que la economía puede recuperarse y reducir la magnitud de la crisis. Sin embargo, esto abre la posibilidad de una segunda ola de contagios que puede llevar una segunda caída pronunciada en la actividad económica. Así, Colombia se encuentra entre una curva Nike o una curva W. Para evitar la curva W se hace necesario, por parte de los ciudadanos, intensificar las medidas de autocuidado para así evitar una segunda ola de contagios. Con o sin cuarentenas va a existir una caída en la actividad si hay una segunda ola. Por su parte, el gobierno debe implementar las reformas necesarias e iniciar medidas de reactivación con el fin de poder mitigar las pérdidas de empleo generadas por esta crisis.

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Webinar: ¿Qué podemos esperar del empleo en Colombia?

¿Qué podemos esperar del empleo en Colombia?

Participación de nuestro director Mauricio Olivera como expositor y nuestra directora de proyectos - socia María Carolina Latorre López como moderadora.

Evento de Economía Uniandinos de la mano de expertos que te compartirán su conocimiento y experiencia en el sector.

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La innovación en la Gestión Pública

Escrito por: Carolina Murgueitio, Subdirectora de Econometría; Jorge Hernán Cárdenas, Director de Oportunidad Estratégica

Las innovaciones por lo general siempre se le atribuyen al sector productivo. La Ocde define a la innovación como la implementación de un producto, proceso, método nuevo, organizacional o mejorado en las prácticas. Más allá de un emprendimiento, de un prototipo, las innovaciones deben generar valor y como lo menciona Ruta N de Medellín, a mayor impacto social mayor es la innovación.

Esta definición abarca al sector público a quien debe llamarse cada vez más a la creatividad, a la generación de nuevos procesos, servicios y productos cada vez ser más eficientes. En la entrega anterior de esta columna, se planteaban algunas recomendaciones para mejorar el servicio al ciudadano donde cobra gran valor la innovación.

La pandemia del covid-19, ha impuesto retos que conducen a la innovación. Mucho se ha estudiado sobre cómo las crisis y catástrofes son fuentes muy poderosas de innovación pues permiten aprovechar las oportunidades de ambientes riesgo, incertidumbre, y mitigar su impacto.

Las catástrofes obligan a poner la gestión pública en unas nuevas coordenadas y el reto es mayor en lo pues debe atender en emergencia al ciudadano y superar grandes barreras que enfrenta con o sin pandemia: trámites burocráticos, limitaciones presupuestales y el cuidado especial a no transgredir lo que la ley impone al que hacer público.

En ese sentido, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 de 2020, con el fin de establecer nuevas medidas que protejan el empleo y la atención de los ciudadanos, superando las restricciones logísticas y permitiendo también nuevas formas de atención desde el teletrabajo.

Algunas organizaciones en el sector público colombiano han iniciado un fuerte proceso de innovación en la gestión pública. Varios de los lineamientos se han promovido por la hoja de ruta del Departamento Administrativo de la Función Pública para modernizar la arquitectura institucional, el marco regulatorio, los incentivos y las relaciones entre actores para el fomento de la innovación como estrategia que garantice la eficiencia y productividad de la gestión pública. También es un tema que el DNP puso en el Plan de Desarrollo.

Una de las entidades que viene trabajando a pasos agigantados en la innovación de su función es la Procuraduría General de la República (PGN) como parte de su proceso de modernización que inició desde 2008. Por ejemplo, viene utilizando herramientas muy poderosas e innovadoras como es la intervención y prevención tempranas usando la predicción analítica, analizando las tendencias de lo que sucedió en el pasado, por qué sucedió y qué es probable que vuelva a suceder, para tomar pronto medidas para reducir los riesgos y los costos. Además de una planeación estratégica basada en riesgos.

En el anterior sentido, la PGN tiene múltiples formas de contribuir a la gestión pública. La Constitución adoptó en el artículo 277 un marco misional supremamente importante. Su ámbito de acción es grande y puede ocuparse de los riesgos que afecten, degraden, o limitan la función pública y los intereses de la sociedad.

Su trabajo se ocupa de salvaguardar: (i) las funciones administrativas, (ii) el patrimonio público, (iii) la prevalencia de los derechos humanos, (iv) el ambiente, (v) la adecuada conducta oficial de los funcionarios, (vi) el cumplimiento de las normas, (vii) los intereses de la sociedad, etc.

El marco que se tiene para la innovación tanto en la función misional preventiva, la de intervención y la disciplinaria es muy grande, pues ofrece un marco amplio y estimular el mejor desempeño de toda la administración pública. En este marco de funciones está, entre otras, la función preventiva, que nunca será entendida como la coadministración, pero si la del análisis técnico de la gestión pública, identificando riesgos, vulneración de derechos, mal uso de recursos públicos, y la defensa del interés general. El marco que se tiene para promover más la innovación pública multisectorial, y contribuir a mejorar la gestión es grande.

Un ejemplo concreto es las grandes inversiones públicas, donde un análisis preventivo, puede identificar de antemano riesgos latentes, ámbitos donde cabe mejoramiento, y acción pública. La PGN no deben hacer estas gestiones directas que son de las entidades, pero si identificar ámbitos que reclaman más esfuerzos en la órbita pública y espacio para innovaciones en gestión, y abriendo conversaciones que pueden estimular a toda la administración pública.

Otras entidades del sector público han sido reconocidas también por implementar procesos innovadores en especial en materia de uso de tecnologías digitales tales como el DNP con Terridata, el Ministerio de Relaciones Exteriores con el uso de datos abiertos y varias administraciones de entidades territoriales, reconocidas por el Ministerio de las Tecnologías.

Las innovaciones en el sector público trascienden el poder utilizar plataformas para teletrabajo y deben conducir a un cambio en las habilidades de los funcionarios públicos, ya no centrados solamente en la provisión de bienes y servicios sino más a un papel de facilitadores de nuevas soluciones.

Así como en el sector privado las innovaciones son connaturales, en el caso del sector público no es la excepción, las actuaciones públicas son fundamentales en la sociedad, y tienen que ver con la gestión, la atención de la comunidad, y son igualmente susceptibles de un amplio proceso de innovación, si bien pueden ser motivadas por una crisis, estas deben darse con o sin ésta.

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El servicio al ciudadano: una reforma pendiente del Estado

Escrito por: Mauricio Olivera

Cuando los economistas pensamos en al gasto público, nos preocupamos en general por la focalización y la distribución, es decir, destinar al gasto a los más necesitados; en la eficiencia y la eficacia, es decir, lograr las metas al menor costo posible; y en la rendición de cuentas, mostrarle a la ciudadanía los resultados del gasto.

Sin embargo, olvidamos un tema esencial: el servicio al ciudadano. Este último elemento hace parte de la vida diaria y del seguimiento en el desempeño de las empresas del sector privado -servicio al cliente- pero en el sector público es un factor casi completamente olvidado.

Antes de la pandemia el Estado había hecho un gran esfuerzo para reducir la pobreza. Entre la crisis económica de 1999, la más fuerte de la historia moderna colombiana, y la actual, la pobreza se había reducido casi a la mitad. La reacción del Estado frente a esa crisis fue crear grandes programas en la Red de Apoyo Social (RAS) como Familias en Acción y entidades como la Agencia Presidencial para la Acción Social, convertida en 2011 en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Gracias a este esfuerzo la pobreza ha disminuido y las clases vulnerable y media han crecido. Los datos de Fundesarrollo muestran que las clases vulnerable y media crecieron entre 2008 y 2017 de 32,7% a 36,2% y de 21,2% a 40,1%, respectivamente, mientras que la clase pobre había caído de 44,3% a 19,5% en el mismo período.

El objetivo de lograr un país de clase media se estaba logrando. Muchos hogares salieron de la pobreza, pero muchos de ellos llegaron a un estado de vulnerabilidad con alta probabilidad de volver a caer en la pobreza. Y como lo han mostrado varios estudios, los efectos de la actual crisis pueden hacer retroceder estos esfuerzos casi al inicio de este siglo, aunque esta semana se dio un dato alentador, con la reducción de la tasa de desempleo de 20,2% en julio a 16,8% en agosto.

De todas maneras, uno de los resultados del crecimiento de las clases vulnerable y media es que Colombia tiene una sociedad más exigente en los resultados de las acciones del Estado y del gasto público. Y ahí es donde la cultura de servicio al ciudadano se convierte en un factor esencial.

Desafortunadamente la mayoría de los ciudadanos no confía en el Estado porque no ve sus requerimientos atendidos. Aunque con los esfuerzos técnicos del gobierno, con la creación de programas como Ingreso Solidario, se ha logrado contrarrestar en parte los efectos negativos de la pandemia, entre el anuncio del Presidente y la llegada de los alivios pueden pasar meses, o simplemente no llegar.

En muchos casos, y en algunos sectores como la salud, la cultura del servicio al ciudadano es la tutela. Esta figura se creó con la Constitución de 1991 como un mecanismo expedito para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos, protegiendo sus derechos fundamentales. Pero la tutela no puede ser el mecanismo por excelencia para que el Estado cumpla con las necesidades de los ciudadanos. Un ejemplo de cómo se puede transformar el servicio es Colpensiones.

Abrió sus puertas en 2012, remplazando al Instituto del Seguro Social (ISS) para la administración del Régimen de Prima Media en pensiones, y desde su inicio uno de sus grandes esfuerzos, avalados por la Corte Constitucional, fue eliminar los atrasos en la liquidación y otorgamiento de pensiones, logrando superar por primera vez un Estado de Cosas Inconstitucional.

Sin embargo, su accionar fue más allá. Entendió que eliminar los atrasos era esencial para minimizar la tutela como único mecanismo a través del cual se cumplía el requerimiento del ciudadano, pero también se enfocó en acompañar al ciudadano a construir su pensión.

Parte de su labor, centrada en un buen servicio al ciudadano, la llevó a diseñar políticas de historia laboral. Está demostrado que los seres humanos tenemos dificultad para sopesar el largo plazo contra el corto plazo, y la cotización para la pensión es esencialmente una decisión de largo plazo; es para la vejez. Colpensiones identificó que los ciudadanos le ponían atención a la historia laboral muy cerca a la edad de la pensión, descubriendo que años atrás una empresa no había cotizado, y por eso podría perder su pensión.

Ya es demasiado tarde. La campaña de revisar constantemente la historia laboral es una de las políticas de servicio al ciudadano que ha acercado a la entidad al ciudadano, mejorando su aceptación. Esto lo muestra la medición del Top of Mind, que ubica a Colpensiones en el primer lugar, por encima de los fondos privados.

El servicio al ciudadano necesita una política y una reforma más amplias y profundas. El Estado debe tener como objetivo ganar la confianza de los ciudadanos, y los funcionarios públicos tener en su cabeza su labor que, como su nombre lo indica, funcionan para el público. Esto no indica que muchos no lo hagan, pero sí que hace falta una reforma para crear la cultura del servicio al ciudadano en el Estado.

Esfuerzos como la simplificación de trámites es fundamental. Una evaluación de Econometría recomienda fortalecer el Programa Nacional de Eficiencia del Servicio al Ciudadano, programa liderado por el DNP desde el 2014 y que busca unificar la oferta de servicios del Estado en un solo lugar; programa similar a las casas de justicia.

La reforma debe fomentar esta cultura, y entidades del Estado como el Departamento Administrativo de la Función Pública pueden jugar un papel protagónico. Econometría ha afirmado en varias de sus columnas que la crisis del covid-19 puede verse como una oportunidad para implementar grandes reformas. Esta es una de ellas, para salir fortalecidos de la crisis.

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Nueva realidad para evaluar políticas públicas…

Elaborado por: Econometría Consultores

Como es de conocimiento general, a finales de 2019 se identificó la existencia del covid-19 y, para ese entonces, se desconocía la magnitud del impacto que tendría a nivel mundial. La rápida propagación y la gravedad de la situación llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la covid-19 como una pandemia el 11 de marzo.

Bajo este escenario, y con el fin de proteger la salud de los colombianos y prevenir el colapso del sistema de salud, se declaró el 12 de marzo la emergencia sanitaria. En el marco de esta emergencia, una serie de medidas para la contención del virus, dentro de las cuales el aislamiento y el distanciamiento social se consideran las más efectivas.

La larga experiencia de Econometría Consultores en el diseño de evaluaciones de políticas públicas, y de herramientas de recolección de información cuantitativa y cualitativa, permitió a sus consultores dar respuesta rápida a los retos generados por el aislamiento y el distanciamiento social. La respuesta se sustentó en un estudio riguroso de las experiencias internacionales, las alternativas de recolección remota y de la realidad de conectividad del país.

También influyó la capacidad de adaptación metodológica adquirida como resultado de la diversidad de estudios y contextos en los que ha trabajado la firma presencial y remotamente.

Las adaptaciones en las metodologías de recolección de encuestas consistieron en una migración del modo presencial al modo telefónico o web, que requirió la revisión de los formularios de recolección en campo, con el fin de hacerlos más sencillos y puntuales, para reducir los tiempos de recolección y garantizar una mayor tasa de respuesta. Por otro lado, las adaptaciones en la recolección de información cualitativa tuvieron una reflexión profunda, pues muchos de los diseños metodológicos implicaban una relación presencial entre el informante y el consultor.

En términos generales, la recolección de información cualitativa en estudios de consultoría se basa principalmente en: entrevistas semi-estructuradas y los ejercicios grupales como los grupos focales. En los últimos años, ha adquirido mayor relevancia la mirada etnográfica, para entender los efectos de la intervención de política pública en las interacciones sociales. Dentro de las adaptaciones realizadas se pueden identificar tres grados de complejidad.

Estudios que por sus características de diseño recogen información cualitativa mediante una sola técnica, en general, entrevistas semi-estructuradas. En estos casos, se flexibilizaron las entrevistas no presenciales para que se acomodaran a la conectividad del entrevistado. Estudios con ejercicios grupales. Por ejemplo, en una evaluación con productores agrícolas, debido a las dificultades de conectividad de los participantes, un taller participativo se transformó en una serie de entrevistas semi-estructuradas, con diferentes momentos que se triangulan en la etapa de análisis.

Estudios utilizan con gran diversidad de técnicas, incluyendo aproximaciones etnográficas. Como ejemplo, está una evaluación que recogió información de personas con discapacidad. En este caso, se adaptaron los instrumentos para garantizar la accesibilidad a videollamadas, un contacto local sirvió de enlace con los participantes, y la etnografía virtual se realizó dando un rol más activo a las personas con discapacidad.

Estos desarrollos han sido documentados por Econometría Consultores (www.econometria.com) y el Centro de Estudios Manuel Ramírez (www.ce-mr.org). Se construyó un documento que recoge experiencias propias y externas, para crear un conocimiento de uso permanente e integral sobre los desarrollos metodológicos resultantes de la coyuntura actual. Sin embargo, es necesario mencionar que la discusión es joven y este proceso de creación se acaba de iniciar. Surgen entonces algunas reflexiones que queremos compartir:

Se debe ser cauto al momento de implementar un proceso de recolección de información remoto, ya que la selección de la población objetivo puede implicar un sesgo de no cobertura, por para la población apartada, sin acceso a internet o señal celular, para quienes. Para ellos quedar representados en los resultados el único medio son las encuestas presenciales. Junto a esto, surge una segunda reflexión en torno a los retos éticos que la transición hacia lo remoto implica en una investigación o estudio.

Finalmente, surge la oportunidad de otorgar un rol más activo a los informantes e implementar evaluaciones más participativas. En el proceso tradicional de evaluación de política pública, el investigador tenía un rol activo con el que, por un lado, traducía las experiencias vividas por grupo social, y además de ello construía las teorías que permitían entender la repercusión de dichas políticas.

Esto implicaba en muchos casos ubicar en un rol pasivo de “objeto de estudio” a los grupos sociales. Sin embargo, la no gracias apresencialidad el rol de éstos se ha ido transformando pues se están convirtiendo en actores centrales en los procesos de evaluación y cambio de las políticas públicas.

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Transferencias no condicionadas contra la desnutrición

Elaborado por: Econometría Consultores

Durante los últimos años Colombia ha tenido una importante caída en los niveles de desnutrición de la población en general, en 20 años se redujo en casi la mitad la prevalencia de desnutrición (Figura 1). Sin embargo, este logro se ha puesto en riesgo con la crisis económica que ha traído consigo la lucha contra el covid-19.

Entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han llamado la atención por el riesgo que implican las medidas tomadas de confinamiento sobre el crecimiento del hambre en el mundo. El riesgo es aún mayor en la población infantil, para Unicef 6,7 millones de niños en Colombia, están en peligro de desnutrición.

Como suele suceder, la situación ha provocado mayores dificultades en las poblaciones más vulnerables quienes tienen trabajos informales y dependen netamente del “día a día”. Además, en este caso particular, la crisis también ha afectado sectores formales quienes han tenido que despedir sus empleados ya sea por el cierre de sus negocios o por reducción de costos. Sin ingresos o con ingresos mínimos los hogares se quedaron sin una forma de abastecerse de alimentos y dependen en gran medida de apoyos gubernamentales y no gubernamentales.

El gobierno colombiano ha empleado diferentes mecanismos para mitigar la vulnerabilidad y la agudización de la pobreza en el país durante la crisis económica, ingreso solidario es uno de estos mecanismos, y consiste en transferir $480.000 colombianos (diferidos en tres pagos de $160.000) a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad que no hacen parte de otros programas como Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción. A la fecha, han sido beneficiados 2.616.744 colombianos, quedando un tercer giro por $160.000 pendiente a realizarse en las próximas semanas.

Teniendo en cuenta lo anterior y la complejidad de la problemática, vale la pena cuestionarse si las transferencias en efectivo pueden ser un mecanismo para mitigar los choques del covid-19 en la nutrición de la población vulnerable del país. Estudios realizados por Econometría Consultores del impacto de programas nacionales y de otros países de Centroamérica y Europa, han reflejado que las transferencias en efectivo son una herramienta útil para mejorar los índices de nutrición en contextos de familias vulnerables, y se han convertido en la principal herramienta para canalizar recursos hacia los hogares más pobres.

Lo anterior, gracias a que los hogares gastan el ingreso recibido en la compra de alimentos, que incluso suelen ser de mejor calidad.
Además de los beneficios que trae sobre la nutrición de los hogares más pobres, las transferencias de efectivo contribuyen a que las familias vulnerables accedan a bienes y servicios que no podían acceder antes, y en el caso de una crisis económica como la desatada por el covid-19, pueden movilizar recursos a las economías locales, quienes se han visto afectadas por la caída en sus ventas. Por ejemplo, tiendas de barrio y supermercados.

Así mismo, se ha encontrado que intervenciones de este tipo podría traer consigo resultados positivos sobre el acceso a la educación, aumento en el tiempo de calidad con los hijos y hábitos más saludables en los niños. En algunos casos en los cuales se ha condicionado el uso del dinero para la compra de alimentos, no se ha percibido que se tenga impactos positivos en un mayor gasto en comida o una mejor dieta, pero sí mayores costos administrativos.

Estos resultados generan una base para que el gobierno colombiano continúe fortaleciendo mecanismos de transferencias no condicionadas como ingreso solidario, incluso podría pensarse en extender su aplicación. Lo anterior, teniendo en cuenta que se prevé que la economía colombiana se contraiga entre 5,5% y 7,9% en 2020, y según la Ocde el desempleo cerraría 2020 con 21,1%. Las perspectivas de recuperación para 2021, son aún modestas, de manera que el próximo año la economía podría crecer 3,6% según Banco Mundial, una magnitud que no lograría recuperar a la situación pre-covid 19.

Las estadísticas anteriores llevarían a pensar que la generación de ingresos en los hogares colombianos seguirá estando limitada, con un riesgo importante en el crecimiento de la desnutrición incluso en los niños. Esta problemática trae consecuencias en el mediano y largo plazo en el desarrollo de capital humano, tanto en niños como en adultos.

En el caso de los menores de 5 años, malos niveles de nutrición se ven reflejados en un bajo desarrollo cognitivo y un limitante para sus posibilidades de aprendizaje. Adicionalmente, tener malos niveles de nutrición tiene un efecto negativo sobre el sistema inmunológico de los niños y adultos, lo que aumenta la vulnerabilidad de sufrir de enfermedades como el mismo covid-19.

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