Aprender jugando a los mercados de carbono

Elaborado por: Angélica Méndez y Óscar Rodríguez

Participar en un mercado de carbono o en sistema de comercio de emisiones (SCE), como también se le conoce, parecería una experiencia compleja. Sin embargo, en muchos países, cientos de empresas, compran y venden rutinariamente derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Una vez se comprenden los conceptos y reglas básicas del sistema, el resto es muy parecido a un juego en el cual se busca cuidar al planeta y enfrentar el cambio climático.

Pero ¿Qué es un SCE? ¿Qué son los derechos de emisión? y ¿Por qué comerciar esos derechos ayuda a reducir las emisiones?

Colombia tiene la meta de reducir entre 67 y 99 millones de toneladas de CO2 para 2030 y es importante saber cómo se podría cumplir distribuyendo los costos de una manera justa. Sin duda se requiere un esfuerzo de quienes emiten CO2 u otros gases equivalentes, mediante medidas de mitigación como la transformación de procesos productivos, cambios de insumos e inversiones en nuevos equipos. Pero, como hay unas medidas más costosas que otras, se deben adelantar las que garanticen el logro de la meta al menor costo posible. A ese costo, se le llama precio del carbono y a la forma de determinarlo, carbon pricing. Conocer el precio del carbono permite decidir cuándo una medida de mitigación se justifica y cuándo es ineficiente.

En general, existen dos formas de carbon pricing: (i) un impuesto al carbono, para estimular las medidas de mitigación que cuesten menos que el impuesto y (ii) un SCE (o mecanismo de cap and trade) que fije un tope de emisiones y se vendan derechos de emisión hasta ese tope; así las empresas revelan cuánto es lo máximo que están dispuestas a pagar y el mercado determina el precio del carbono que es compatible con la meta del país. También pueden utilizarse los dos instrumentos de manera complementaria si se garantiza que no haya un doble pago por el mismo concepto.

Colombia cuenta con un impuesto al carbono sobre los principales combustibles fósiles que incluye la posibilidad de no ser causado si se financian proyectos voluntarios de remoción o reducción de emisiones de carbono. Esto ha permitido aprendizajes en el desarrollo del mercado de reducciones voluntarias; ha creado demanda de las empresas por certificados de reducción de emisiones (compensaciones); y ha financiado la capacidad de quienes realizan actividades de protección del bosque.

Además del impuesto al carbono, Colombia se prepara para la puesta en marcha de su SCE, el cual se estableció en la Ley de Cambio Climático de 2018 como Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión. Así, el Gobierno definiría el máximo de toneladas de CO2eq que el país deberá emitir en los sectores cubiertos por el programa, las cuales estarían representadas por un número igual de cupos o derechos transables de emisión. Estos se subastarían, y también se podrían comerciar entre particulares. De esta manera el mercado definiría el precio del carbono en Colombia.

Aprender a negociar este tipo de derechos y saber cómo operar bajo este nuevo esquema de mercado, es un reto para el sector público y privado. El Gobierno Nacional, con el apoyo del Banco Mundial, ha venido coordinando los estudios para el diseño de este sistema, en los cuales consultores e investigadores nacionales e internacionales hemos tenido la oportunidad de participar. Se ha identificado que antes de poner en marcha el SCE se deben mejorar las capacidades de los actores potencialmente involucrados, tanto para entender el SCE como para actuar en él de una manera óptima. En particular, para la reglamentación de la Ley de Cambio Climático, los actores involucrados necesitan mejorar sus conocimientos sobre el SCE y las transacciones de mercado, de cara a las discusiones sobre la futura operación del sistema.

Una herramienta efectiva para esto son los juegos interactivos de simulación. Son mercados ficticios que permiten de manera intuitiva desenvolverse en un ambiente transaccional y crear estrategias para gestionar un portafolio de carbono de una empresa virtual, con unos recursos iniciales y con la posibilidad de generar ganancias o pérdidas en la moneda del juego. A nivel operativo, las simulaciones permiten conocer las alternativas para cumplir las obligaciones, manejar un capital para invertir en opciones de mitigación (p.e. energías más limpias), negociar derechos de emisión tanto en las subastas como en un mercado secundario o incluso adquirir compensaciones si así se establece. También presentan indicadores de mercado que se van descubriendo a medida que avanza el juego.

Este año se desarrollará en Colombia un interesante ejercicio de capacitación mediante esta herramienta. Cualquiera que se interese por conocer más a fondo sobre el funcionamiento de un mercado de comercio de emisiones, puede postularse para participar gratuitamente (https://bit.ly/2PNGKWG), los cupos son limitados y los seleccionados asistirán a un webinar el 3 de septiembre para iniciar su entrenamiento. Esta actividad, coordinada por los Ministerios de Ambiente y Hacienda y por el Departamento Nacional de Planeación, es financiada por el programa Partnership for Market Readiness (PMR) del Banco Mundial y organizada por Environmental Defense Fund (EDF), Iniciativa Climática de México (ICM) y Econometría Consultores. Se usará la Herramienta CarbonSim®, desarrollada por EDF y que ha sumado más de 2500 participantes de al menos 25 nacionalidades, en ejercicios realizados en muy diversos sitios, incluyendo Chile, USA y varias ciudades en China y México.

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¿Curva V?, columna de Econometría consultores

Escrito por: Julián Roa Rozo

Los pronósticos y análisis de perspectivas económicas son importantes tanto para los empresarios como para el Gobierno. Para los primeros, tener información sobre el crecimiento económico, la inflación y la tasa de desempleo les permite hacerse una idea de sus ventas y a partir de ello decidir factores como la contratación de nuevos empleados, la inversión en capital y fijar los salarios de sus empleados. Para el Gobierno, las variables macroeconómicas sirven como guía para la política pública en la medida que estas inciden en el bienestar de los ciudadanos y se reflejan en indicadores de crecimiento, de productividad y de pobreza. También, estos pronósticos sirven al Gobierno para ajustar la política macroeconómica para así lograr las metas propuestas.

Bajo esta premisa, es necesario preguntarse qué tan creíbles son los pronósticos que está utilizando el Ministerio de Hacienda, según los cuales el PIB de Colombia decrecería en 5,5% durante 2020 y creceríamos a una tasa de 6,6%, lo cual sugiere una curva V, como se puede ver en la figura (línea negra). Lo anterior contrasta de forma importante con las curvas que sugieren los analistas locales (línea dorada es el escenario mediano y línea gris es el pronóstico más pesimista), el Banco de la República (línea roja) y de lo que pronosticamos en Econometría Consultores (línea azul).

En general, el consenso entre los analistas es que la economía colombiana decrecería cerca de 7% en 2020 y en 2021, el pronóstico más alto excluyendo el del Ministerio de Hacienda, sería de 4% (Banco de la República, quien pronostica una caída entre el 6,5% y 10% en 2020). Así, la mayoría de los analistas está pensando en una curva nike.

Lo anterior es preocupante pues indica que el Ministerio de Hacienda puede estar subestimando de forma importante el impacto de la crisis. Se podría pensar que esto se debe a que el pronóstico del Ministerio de Hacienda está incluyendo los efectos del estímulo fiscal mientras que el resto de los analistas no lo están haciendo. Lo anterior no parece ser lo que está pensando el Ministerio de Hacienda. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo el principal motor del crecimiento en 2021, año en el cual se presenta la mayor discrepancia con el resto de los analistas, sería el consumo de los hogares el cual aumentaría en 5,2% y contribuiría 4 de los 6,6 puntos porcentuales del crecimiento proyectado para 2021. Luego seguiría la inversión la cual crecería en un 13,2% y contribuiría 2,6 puntos porcentuales. El crecimiento del gasto del gobierno sería de 3% y contribuiría en 0,5 puntos porcentuales de los 6,6. Finalmente, la demanda externa crecería en un 8,7% y contribuirá en -0,6 puntos porcentuales.

El escenario central que plantea el Ministerio de Hacienda es particularmente optimista en lo que se refiere al crecimiento del consumo. Desde un punto de vista histórico, este crecimiento no puede ser tan alto. En el año 2000, luego de la crisis del 99, el crecimiento en el consumo de los hogares fue de 1,4%, y en 2010, luego de la crisis global del 2008-2009, fue de 5%. El hecho de que el mercado laboral se haya deteriorado de forma similar a la crisis del 99 lleva a pensar que el 5,2% de crecimiento pronosticado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo sea exagerado. De forma similar sucede con la inversión.

En el año 2000, la inversión siguió decreciendo, en 1999 había caído en un 35% y en 2000 solo un 1%. En el año 2010, la inversión creció un 10% precedida por un decrecimiento de -6% en 2009. Resulta poco creíble que en 2021 la inversión crezca tanto, salvo que el Gobierno haga un plan de inversión en infraestructura muy fuerte. Si bien, este parece ser el caso, se podría pensar que el crecimiento de 13,2% sea un límite superior del crecimiento, no el escenario central.

Con esto en mente hay aspectos que preocupan. Por un lado, puede ser que el paquete de reactivación del Gobierno esté subestimado en la medida de que el Gobierno está pensado en una curva V y no una curva nike. Por otro lado, el tener un escenario tan optimista puede retrasar las acciones del Gobierno en temas de reformas tributaria y laboral en la medida que las hacen parecer innecesarias. Si el covid-19 solo es un bache en el camino, no hay porque cambiar la manera de conducir la economía. Finalmente, las variables que se expresan en proporción al PIB (déficit fiscal, déficit en cuenta corriente, endeudamiento, etc.) pueden estar subestimadas al estar calculadas con un denominador más alto. Esto puede comprometer el cumplimiento de la senda de estas variables según el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Ahora bien, hay factores que permiten creer que lo peor ya pasó. Por un lado, la tasa de desempleo ha dejado de crecer, así se puede pensar que en los próximos meses empezará un descenso en esta variable. Por otra parte, la inflación mensual en el mes de julio fue de 0%, sugiriendo que las presiones deflacionarias están empezando a ceder. De igual forma, el Índice de Producción Manufacturera de Davivienda mostró una recuperación en forma de V. La velocidad de la recuperación depende la velocidad de reapertura de la economía, así como de las acciones de política macroeconómica. Acciones como las reducciones de la tasa de interés por parte del Banco de la República ayudan a esta recuperación. Sin embargo, es posible que las medidas fiscales y monetarias que se han llevado a cabo no sean suficientes y sea necesario ampliarlas.

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El valor compartido como aporte de las empresas a la…

Escrito por: Benjamín Venegas

Datos sobre el comportamiento de las economías de América Latina han mostrado que a pesar de la pandemia del covid-19, los efectos sobre la economía colombiana en el primer trimestre del año fueron menos fuertes de lo esperado. De acuerdo con cifras presentadas por Portafolio, dentro de las economías de la región, Colombia y Chile fueron las únicas que crecieron a cifras positivas en el primer trimestre de 2020: 1,1% y 0,4% respectivamente. Además, las más recientes proyecciones de crecimiento que maneja la Cepal muestran que dentro de los países de la región, Colombia tendría una caída del PIB del 5,6%, menor al promedio de América Latina y el Caribe (-9,1%).

Pero, para hacer que la recuperación sea más sostenible, ¿cuáles deben ser las acciones que se deben implementar? ¿debe el Gobierno Central ser el único agente que dinamice la economía? Sobre esto, se han generado distintas versiones y se ha criticado que en Colombia el presupuesto para atender la crisis sea bajo en comparación con otros países. Sin embargo, poco se ha mencionado sobre el papel que deben tener las empresas privadas en momentos de crisis y para reactivar la economía.

Desarrollos recientes de Porter y Kramer llaman la atención sobre el rol de las empresas para generar valor en la sociedad. Para estos autores, el eje central es la articulación entre los problemas y desafíos de la sociedad y la rentabilidad de las empresas. Esto último, no se debe confundir con iniciativas de responsabilidad social o que solo buscan mejorar la reputación, pues la teoría que ellos plantean, valor compartido, incorpora la generación de valor dentro del mismo proceso de maximización de ganancias de las empresas.

Para Porter y Kramer es indiscutible que para que una compañía sea exitosa requiere de una sociedad saludable, lo cual incluye una provisión adecuada de servicios de educación, salud, igualdad de oportunidades y cuidado del medio ambiente, entre otros.

En dicha línea, la Fundación Andi ha venido desarrollando una iniciativa por reconocer el papel de algunas empresas que desarrollan sus actividades productivas en el territorio nacional, en la generación de impacto social mejorando así la competitividad de sus negocios. Como resultado, en 2019 se incluyeron empresas como Alpina, Alianza Team, Bayer, Cemex, Codensa, Colanta, Corona, entre otras.

¿Cuál es el aporte de dichas iniciativas en la dinamización de la economía? Econometría ha desarrollado recientemente estudios de valor compartido para Promigas y Argos en los que estimó que el valor presente neto del valor compartido para la sociedad de las iniciativas desarrolladas por dichas empresas en el año 2018 alcanzó valores cercanos a 0,6% del PIB. Resultado explicado en gran parte por proyectos educativos, de emprendimiento y en general de promoción del desarrollo local. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo las 5.000 empresas más grandes de Colombia incorporaran el esquema de valor compartido? Si tomamos un escenario conservador en el que cada empresa generase un valor compartido promedio para la sociedad de un centésimo (1/100) de lo estimado para Promigas y Argos, el efecto estimado sería de 15% del PIB de 2018.

Como Econometría ha mencionado en otras columnas, es claro que esta crisis abre una oportunidad para pensar las reformas estructurales necesarias para enfrentar de mejor manera las consecuencias de la pandemia. Por eso, a continuación, se proponen dos alternativas para la reactivación de la economía post covid 19.

En primer lugar, las empresas privadas deben repensar sus actividades en línea con el valor compartido, lo cual implica incorporar dentro de las políticas corporativas iniciativas explícitas que busquen generar valor compartido para la sociedad. Es decir, debe ser un tema estructural en sus líneas de negocio y no simplemente acciones coyunturales de responsabilidad social. Entre otras, esto implica generar estrategias que busquen mejorar las condiciones de vida, no solo de sus empleados y sus familias, sino en general de las comunidades en donde desarrollan sus actividades. Además, implica estrategias de desarrollo sostenible que busquen generar efectos positivos sobre el medio ambiente. Sin embargo, esto debe ir más allá de cumplir con reglamentaciones o criterios definidos por la ley, pues si se incorpora dentro de las estrategias de maximización de beneficios debe abarcar un amplio espectro de beneficiarios y entornos.

En segundo lugar, implica que las iniciativas privadas deberían articularse con las estrategias de largo plazo del Gobierno para la inclusión productiva. Es claro que, al combinar las acciones de estos dos actores, se pueden potenciar los resultados que si se realizarán individualmente. Además, implica establecer líneas específicas de acción en las que las empresas privadas puedan desarrollar sus estrategias para desarrollar valor compartido en aquellos sectores o comunidades que más lo requieran. Por ejemplo, la estrategia de alianzas productivas en las que, a partir de iniciativas, en muchos casos lideradas por empresas privadas, el Gobierno Central apoya el desarrollo de actividades productivas bajo condiciones adecuadas.

Como en otras columnas de Econometría, esto hace parte del tipo de reformas que han sido propuestas para superar los efectos negativos de la actual pandemia.

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El teletrabajo: oportunidad laboral para jóvenes

Escrito por: Yanira Oviedo

En la actual coyuntura, varios sectores de la economía se mantienen produciendo a través del teletrabajo. Aunque existe gran variedad de definiciones e historias asociadas a este término, debido a su evolución en el tiempo y las diversas realidades locales y sectoriales, es útil tomar el concepto más amplio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): teletrabajo es el uso de tecnologías de la información con el propósito de trabajar fuera de las instalaciones físicas de las empresas o, alternativamente, laborar a distancia.

Sobre teletrabajo se carece de cifras oficiales en el mundo. Por ello, la OIT hizo una aproximación para 2019, previo a la pandemia del covid-19. Esto lo hizo a partir de encuestas de hogares y varios supuestos, pues en la gran mayoría de los casos no se pregunta por esto en particular. Se encontró que solo 13 países tendrían más de un 15% de empleados en teletrabajo, en particular, laborando desde casa. Para Colombia esa estimación estaba entre un 10% y 15% del total de trabajadores asalariados.


Ahora, debido a la pandemia, la OIT estima una potencialidad del teletrabajo del 18,8% entre los empleados a nivel global; cifra que se eleva hasta el 55,1% entre los países de ingresos altos. En términos de personas, la prospectiva es de 260 millones de trabajadores en el mundo bajo esta modalidad.

Adicionalmente, un sondeo de Randstand en 2020 señala que actualmente, en Europa Occidental se ha logrado flexibilizar el trabajo al menos en un 68%, mientras que China e India han logrado un 84% y 88%, respectivamente. Las cifras son impresionantes dado que, antes de la emergencia, esta alternativa se veía futurista, exótica y difícil de implementar por retos como el control de la actividad productiva, la seguridad de la información al interior de las empresas, y la dificultad del trabajo en equipo.

En ello, el grado de confianza que pueda tener una empresa en sus empleados es determinante. Además, hay retos personales de llevar a cabo el teletrabajo, como establecer límites entre la vida laboral y familiar, y mantener las condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo.

En este contexto y aunque los retos no han desaparecido, la innovación colombiana les está haciendo frente. Para mantener la actividad económica en medio de la emergencia, ahora Colombia teletrabaja. Se ha roto por la fuerza la barrera más importante: la resistencia al cambio tecnológico, debida a la inercia de lo conocido y el costo del experimento. Se ha demostrado una vez más que, cuando se quiere o se necesita, se puede.

Esto abre las posibilidades para el país a los beneficios del teletrabajo como el anhelado incremento en la productividad que se da vía reducción de tiempos y costos de desplazamiento desde y hacia el trabajo. Este es un aspecto trascendental en las grandes ciudades y tiene un impacto significativo en la calidad de vida por las mejores condiciones ambientales, el mayor tiempo para la familia y el descanso, y la menor exposición a riesgos como accidentes de tránsito y hurtos.

Otro gran beneficio del teletrabajo, sobre el que hay poca conciencia, es el incremento en la demanda laboral de personas calificadas. En un mundo globalizado, el trabajo a distancia o virtual implica la aparición de una nueva demanda por mano de obra calificada: el resto del mundo.

Es la oportunidad perfecta para emplear a los jóvenes altamente calificados que ha producido el país y que tradicionalmente engrosan las filas del desempleo, en particular, aquel estructural o de largo plazo. Los jóvenes colombianos están condenados a mantenerse en el desempleo por periodos larguísimos o subemplearse porque, internamente, el país no los demanda, aunque sean personal valioso.

El asunto no es menor, pues en la historia reciente, los jóvenes desempleados han representado más de la mitad del desempleo total, con una leve reducción en los últimos años. Para el trimestre febrero-abril de 2020, el Dane reportó 3.365.486 desempleados, de ellos 1.432.801 eran jóvenes de hasta 28 años, lo que equivale al 42,6% del total colombiano. He aquí una de las causas de nuestro desempleo que históricamente ha sido atípicamente alto para la región de América Latina, e incluso para el mundo.

¿Será que Colombia aprovechará el tren del teletrabajo? El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones han venido construyendo sus fundamentos para consolidarlo. Además, en la página web www.teletrabajo.gov.co se pone a disposición de empleadores y trabajadores, entre otros materiales, guías de implementación, asesoría jurídica y buenas prácticas en el uso de tecnologías para el trabajo a distancia.

Sin embargo, hay espacio para impulsarlo con más fuerza. Con miras a aprovechar la demanda internacional de trabajo u oportunidades laborales a nivel mundial, se requiere centralizar la información y ponerla a disposición de las personas listas para engancharse internacionalmente de forma virtual. Esto es un Servicio de Empleo Internacional.

Asimismo, a mediano plazo se requiere que el país identifique una línea de especialización para ubicarnos como oferentes de mano de obra calificada y eficiente para el mundo. Para ello, Colombia deberá hacer prospectiva laboral efectiva, reforzar las habilidades en idiomas e interconectividad, fomentar buenas prácticas de teletrabajo, adecuar la normatividad laboral y de seguridad social para permitirle a estos trabajadores jóvenes las oportunidades laborales que internamente no alcanzamos a generar.

Ello incidirá en el crecimiento nacional, puesto que, en vez de experimentar una continua fuga de cerebros, como estamos acostumbrados, podremos retener el capital humano que tanto ha costado formar.

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Hipoteca inversa, ¿Quién gana y quién pierde?

Mauricio Olivera - Director de Econometría Consultores, Oscar Rodríguez - Director Centro de Estudios Manuel Ramírez

Hace poco el Gobierno anunció la hipoteca inversa como una iniciativa para los adultos mayores que durante su vida laboral adquirieron una vivienda, pero que no lograron cotizar lo suficiente para una pensión. Esta alternativa permitiría obtener una renta fija mensual de su inversión en la vivienda, y al tiempo habitarla durante los últimos años de su vida.

La iniciativa ha tenido una gran discusión, y una de las primeras conclusiones es que esta herramienta no busca resolver los problemas estructurales del sistema pensional, y, específicamente, no puede solucionar uno de los problemas más graves: su baja cobertura. La reforma pensional sigue siendo necesaria. Sin embargo, en la medida que la decisión es opcional, no obligatoria, la hipoteca inversa puede ser una alternativa para adultos mayores que viven en la pobreza oculta, es decir, que son propietarios de una vivienda, pero no cuentan con ingresos mensuales para cubrir sus necesidades básicas. Las cifras del Dane muestran que solo 28% de los adultos mayores de 65 años tienen pensión, mientras que 67% son propietarios.

El instrumento existe desde hace algunos años en varios países, y ha tenido una mayor aplicación en los países anglosajones. En el Reino Unido, la hipoteca inversa se creó en 1965, y en 2018 se firmaron 50.000. En cambio, en España se creó en 2007, y el año con más hipotecas inversas fue 2009, con 780, mientras que en 2018 solo se firmaron 45. En España, la falta de conocimiento del instrumento y el riesgo jurídico por posibles demandas de los herederos han frenado el desarrollo de este mercado. Por eso, es necesario que el gobierno colombiano tenga en cuenta estas experiencias al reglamentar el instrumento.

El debate en Colombia se ha polarizado. Los defensores argumentan que es una oportunidad para el mejoramiento de los ingresos de algunos adultos mayores, mientras que los detractores se dividen en dos tendencias divergentes: unos manifiestan que es un instrumento que busca aumentar las ganancias de los grupos financieros y otros dicen que es un pésimo negocio para las entidades financieras y que por eso no se ha masificado en ningún país del mundo. El debate es infructuoso pues todos tienen la razón, dependiendo de los números con los que se hagan las cuentas.

Como todo instrumento financiero, será más o menos atractivo para financiadores y financiados dependiendo de la tasa de interés y el costo de oportunidad de cada una de las partes en la negociación. El costo de oportunidad revela la preferencia que el uno o el otro tienen por la liquidez, pues representa la rentabilidad o costo del mejor negocio alternativo disponible. Si la tasa es muy alta los bancos estarían muy motivados, pero las rentas mensuales ofrecidas no serían atractivas para el adulto mayor. Si por el contrario la tasa es muy baja, la renta mensual sería interesante para el adulto mayor, pero muy pocos bancos estarían dispuestos a ofrecer el instrumento.

Como se muestra en la gráfica de barras, la renta mensual (calculada para el esquema de renta vitalicia) es más alta para personas de mayor edad que se acercan a la esperanza de vida con la que se hace el cálculo y por supuesto también crece con el precio de la vivienda. Para viviendas de 100 millones de quienes les falta 15 años o menos para alcanzar la esperanza de vida, la renta superaría la línea de pobreza monetaria, pero solo los que tienen 8 o menos años que su esperanza de vida, obtendrían un ingreso superior al salario mínimo.

Al calcular distintos escenarios de rentabilidad tanto para la entidad financiera como para el adulto mayor, se encuentra que en ambos casos puede haber pérdidas o ganancias dependiendo del tiempo que le falte al adulto mayor para llegar a la esperanza de vida y del costo de oportunidad. Por otra parte, la percepción de riesgo es un factor clave en dicho costo de oportunidad y la disponibilidad de información resulta determinante para dicha percepción de riesgo.

El éxito del instrumento dependerá entonces de la capacidad de tomar decisiones bien informadas, pues en temas financieros las asimetrías de información son peligrosas. La situación de un adulto mayor con estrés financiero, y la preferencia del corto plazo frente al largo plazo -es decir, tener la plata ahora- puede llevarlo a tomar decisiones que no son las óptimas. Al reglamentar la hipoteca inversa se deberían prever mecanismos de asesoría, ojalá en cabeza de organismos independientes de la entidad financiadora, y definir los límites que tendrán los financiadores en todos los parámetros de cálculo.

También es conveniente explorar el diseño de un programa alternativo que previera la compra del inmueble por una entidad que lo pagaría cuotas mensuales, y tendría un contrato de arrendamiento vitalicio con el adulto mayor. Este sería un mecanismo similar en el cual la entidad obtendría la propiedad desde el principio y asumiría los costos de impuestos y mantenimiento de la vivienda, pero quien recibiría los rendimientos financieros sería el adulto mayor. Podría tratarse de un programa público subsidiado o establecer parámetros de cálculo que garanticen una remuneración razonable para entidades privadas que participen en el programa.

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Discusiones de temas pensionales y la necesidad de…

Elaborado por: Mauricio Olivera

Las recientes discusiones pensionales, específicamente sobre cambios en el sistema para enfrentar la crisis generada por la pandemia, revelan problemas estructurales del sistema y hacen aún más urgente la reforma. Las tres medidas más discutidas son, primero, el traslado a Colpensiones de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado de los fondos privados cuyo saldo, debido a la caída en la rentabilidad, pueda ser insuficiente para financiar la pensión de salario mínimo, segundo, el traslado de las personas que están a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión, y tercero, el retiro de parte de los recursos ahorrados para la pensión.


Sobre la primera, el Gobierno cambió la decisión gracias a que, aunque entre febrero y marzo la caída en la rentabilidad fue abrupta, en abril se recuperó, y la caída de los saldos para pagar la pensión se frenó. Inicialmente era obligatorio para las AFP trasladar a los pensionados, ahora es voluntario. Esta decisión deja por lo menos tres señales. La primera, que el Gobierno estaba buscando recursos para financiar los gastos de la pandemia, en parte se desvirtúa. La segunda, que entre los objetivos del Gobierno estaba cuidar a este grupo de pensionados, en parte se valida. Y la tercera, que la modalidad de retiro programado presenta debilidades importantes, muestra que es urgente implementar una reforma pensional.

La segunda medida, los traslados de las personas que están a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión, sigue vigente. Aunque el Gobierno decidió no emitir este decreto, en el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley que tiene el mismo objetivo. De hecho, este tema también se trató en 2019, durante la discusión del plan de desarrollo, y debido a los costos fiscales que genera, el Gobierno no lo avaló. La medida presenta por lo menos tres aristas. La primera es la política fiscal. Los cálculos de Asofondos mostraron que el traslado implicaría para el Gobierno un ingreso de $27 billones, pero el costo de las pensiones es de $50 billones. Es decir, el Gobierno estaría incurriendo en una deuda de $23 billones, y frente a la presión fiscal que se acentuó con la pandemia, con menos impuestos, una necesidad mayor de gasto público, y una necesidad de endeudamiento, esta deuda sería una presión adicional.

La segunda arista se refiere al sistema judicial. Las personas que están a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión están buscando el traslado a través de demandas. Este año, más de 99% de alrededor de 5.000 demandas está logrando el traslado. Es decir, la deuda de todas maneras se está causando, pero con congestión en el sistema judicial. La tercera arista es los derechos de los ciudadanos. El argumento central es que no fueron bien asesorados, y por eso tienen derecho a trasladarse a Colpensiones, donde la pensión puede ser mayor.

Estos tres puntos hacen más urgente la necesidad de la reforma. Por un lado, cualquiera de los dos extremos puede ser dañino. Si el sistema pensional se basa en el Régimen de Prima Media tal cual existe ahora, los subsidios a las pensiones generan una enorme presión fiscal y lo puede hacer inviable financieramente. Si se basa en la capitalización individual, las pensiones pueden ser muy bajas y esto puede generar una insatisfacción social enorme, tal como lo han demostrado las protestas en Chile, cuyo sistema pensional se basa solo en el ahorro individual. Un punto medio entre los dos puede ser la mejor opción.

Por otro, la reforma es urgente porque los fondos privados están hasta ahora empezando a pensionar, y la ciudadanía está encontrando que las pensiones son en general más bajas que en el Régimen de Prima Media. Así, mientras más personas se pensionen, más insatisfacción se va a generar. Para que el sistema pensional sea equilibrado financieramente y les dé una pensión digna a los colombianos, los fondos privados también son necesarios.

La tercera medida, que está en discusión, y que busca abrir la posibilidad a las personas de retirar parte de los ahorros pensionales para enfrentar esta crisis, es riesgosa. Los seres humanos preferimos el corto plazo. Es decir, preferimos tener la plata ahora. Si la conectamos con la primera medida, uno de los problemas del retiro programado es que las personas viven más tiempo del que definen para recibir la pensión bajo esta modalidad, y quedan sin recursos para los últimos años de su vida, que pueden ser los más difíciles. En la exposición de motivos del proyecto de ley 050, cuyo análisis está basado en estudios hechos por dos universidades, se evidencia que en general las personas no cuentan con el suficiente conocimiento para tomar una decisión sobre su futuro pensional, porque es una decisión compleja. Por eso es responsabilidad de los que saben, en este caso los fondos privados, asesorar a las personas para tomar la mejor decisión posible.

Aunque puede sonar odiosa, la teoría económica ha demostrado que los seres humanos no somos tan racionales. Si lo fuésemos, los sistemas pensionales obligatorios no existirían. Todos, independientemente de nuestra situación, tendríamos claro que en algún momento vamos a llegar a la vejez y no vamos a contar con la capacidad suficiente para trabajar, y por eso haríamos el esfuerzo de ahorro durante nuestra vida laboral. Es entonces también necesaria una reforma pensional que le dé más claridad a los ciudadanos y los asesore para construir su futuro.

En síntesis, las medidas sobre el sistema pensional que para enfrentar la crisis el Gobierno está discutiendo revelan problemas estructurales y muestran la urgencia de la reforma. La crisis puede también verse como una oportunidad para implementarla. Como ya lo escribió Econometría, toda crisis genera reforma. Los seres humanos estamos más dispuestos a cambiar para salir de la crisis.

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Ingreso Solidario y la necesidad de reformas del Estado

Escrito por: Mauricio Olivera

Para enfrentar la pandemia, y en particular el aislamiento que frena la economía, el Gobierno está haciendo grandes esfuerzos para hacer llegar los alivios a las personas y a las empresas. Dos programas bandera centrados en las personas son la Compensación del IVA, programa que ya había sido anunciado antes de la llegada del covid-19, y el programa Ingreso Solidario.

Este último es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas (Tmnc) que busca mitigar los impactos del aislamiento a tres millones de familias que no pertenecen a Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o Compensación de IVA, y se encuentran en situación de pobreza extrema, moderada o de vulnerabilidad.

Revisando la historia, la crisis económica de 1999, la más grande que Colombia ha sufrido en la época moderna, llevó al Estado a crear la Red de Apoyo Social (RAS), y dentro de esta el programa Familias en Acción, un programa de Transferencias Monetarias Condicionadas que se inició con 300.000 familias. Después de varias evaluaciones de impacto -de hecho, Econometría fue quien primero evaluó el programa y después ha hecho varias actualizaciones- a lo largo de 19 años llegó a cubrir 2,6 millones de familias.

Esta revisión es importante porque el programa Ingreso Solidario, creado para enfrentar la crisis actual, debió implementarse en dos semanas, definiendo tres millones de familias como potenciales beneficiarios. Esto muestra un gran esfuerzo del Estado, y en particular del Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, la creación de este programa revela la necesidad de reformar el Estado, en por lo menos dos grandes líneas.

Por un lado, contar con la información suficiente para identificar a los beneficiarios de los diferentes programas, y, por otro, ser más efectivo en la entrega de los subsidios. Sobre la primera línea, para Ingreso Solidario el Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (Sisben), junto con la base de datos de hogares bancarizados, permitió identificar cerca de 1,2 millones de familias que no se encuentran en los programas sociales existentes como Familias en Acción. El Sisben existe desde 1995, y es la herramienta que permite clasificar a los hogares de acuerdo a su condición económica.

Sin embargo, ha sido necesario identificar 1,8 millones de familias más. Especialmente personas y hogares vulnerables que no se encuentran en las bases de datos, no bancarizados, pero que también están fuertemente afectados por la pandemia. Peluqueros, vendedores ambulantes, personas muy mayores, mendigos, conductores de taxi, recicladores, migrantes venezolanos, trabajadores independientes en otras actividades que no están cubiertos por los programas actuales, son algunos de los ejemplos de grupos poblacionales que es necesario identificar para que reciban las ayudas del Estado, sin olvidar la población rural.

Esto muestra que, más allá de los esfuerzos actuales, el Estado colombiano debería contar con una base de datos más sólida que permita identificar en lo posible a la totalidad de las personas en pobreza extrema, pobreza y aquellas con probabilidad alta de caer en la pobreza. Es un trabajo de mediano plazo, en el cual entidades como el DNP y el Dane, e instrumentos como el Sisben IV, son actores esenciales.

Sobre la segunda línea, los esfuerzos del Estado en las últimas décadas para reducir la pobreza han tenido resultados positivos. Una medida estándar del Banco Mundial muestra que después de la crisis de 1999 la pobreza ha bajado casi 26 puntos porcentuales. Es una reducción de cerca de 50%. Muchos hogares han salido de la pobreza y la clase media ha crecido. Ahora bien, muchos de estos hogares tienen alta probabilidad de volver a caer en la pobreza, y son más exigentes con los servicios que presta el Estado.

En términos prácticos, el tiempo entre la alocución presidencial anunciando una decisión, y el momento en que esta decisión llega finalmente a los beneficiarios, puede ser muy largo, o inclusive no ocurrir. Esto muestra otra de las debilidades del Estado colombiano. A la falta de información se suma la dificultad de la coordinación entre diferentes agencias y entidades del Estado, y la falta de una cultura y una estructura claras de servicio al ciudadano.

No es un tema menor. Desafortunadamente los colombianos confiamos poco en las acciones del Estado, y gran parte de esta desconfianza nace de la falta de un buen servicio del Estado. Mientras en el sector privado se ven grandes esfuerzos por reforzar la cultura de servicio al cliente, en el Estado la cultura es casi inexistente. Las solicitudes se demoran, los procesos se pierden entre diferentes áreas, y las expectativas no se cumplen.

Las Pqrs no se responden a tiempo, o se responden sin claridad, e inclusive fue necesario llegar a la creación de las tutelas, que ponen en riesgo la libertad de los funcionarios públicos, buscando que las solicitudes y los derechos de los ciudadanos se cumplan.

El camino debería ser diferente. Al interior del Estado debe crearse una cultura de servicio en donde el ciudadano es el centro. Y para soportar la cultura, es necesario crear también la infraestructura y los procesos. Es una gran reforma, en donde entidades como la Función Pública y el mismo Departamento Nacional de Planeación son actores claves.

Tal y como Econometría escribió en columnas pasadas, la crisis generada por el covid-19 está dejando en evidencia muchos de los retos estructurales que enfrenta el país, y puede ser una oportunidad para sentar a todos los actores a diseñar e implementar las grandes reformas y salir fortalecidos de esta crisis.

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Toda crisis genera reforma, columna de Econometría

Escrito por: Mauricio Olivera

Estamos en la mitad de la pandemia, aun pensando cuánto durará y cómo enfrentarla, casi que sobreviviendo. Sin embargo, es necesario pensar en el futuro. Una de las lecciones que está dejando este inesperado choque es la necesidad de cambiar muchas cosas, en la vida personal, en la vida laboral y en el funcionamiento del Estado.

De hecho, un sicólogo y matemático, Daniel Kahneman, fue galardonado en 2002 con el Premio Nobel de Economía en parte por añadir a la teoría económica del comportamiento la premisa que dice que toda crisis genera reforma. Demostró que es más fácil cambiar el statu quo en tiempos de crisis que en tiempos normales. En crisis los afectados buscan cualquier cambio para salir de ella, lo que facilita las reformas, mientras que en tiempos normales hay una “zona de confort” en la cual no es necesario cambiar el statu quo, así éste conviva con problemas estructurales (como la desigualdad en Colombia).

En este momento estamos enfrentando una crisis inesperada y sin precedentes. Es una crisis de oferta, en la cual las economías del mundo están detenidas, y las políticas monetaria y fiscal tradicionales no son suficientes para enfrentarla. Además, la crisis puede tener un enorme impacto.

Después de ocho días de aislamiento, entre el 23 y el 31 de marzo, el desempleo aumentó de 10,8% a 12,6% comparado con el mismo mes del año anterior. Es decir, se sumaron 287.000 desempleados más. Pero las personas que pasaron a no buscar empleo son alrededor de 1.500.000. El efecto puede ser mayor.

Es también sin precedentes porque nos afecta a todos. A las personas y las empresas, los trabajadores y los empleadores, las empresas micro, pequeñas y medianas, y también las grandes, el sector urbano y el sector rural, los ricos y los pobres, los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo, los trabajadores formales y los informales, los sindicalizados y los no sindicalizados, y las finanzas del Gobierno.

Regresar a la normalidad anterior va a ser difícil y va a tomar mucho tiempo, sobre todo si no se hacen los cambios. Siguiendo con el ejemplo del mercado laboral, si no se hace una revisión profunda del mercado laboral tal y como existe, y de la normatividad que lo regula, la recuperación puede ser más lenta y más costosa. El tránsito hacia la formalidad va a ser más duro si la legislación de formalidad es para aquellos que trabajan de 8 a 6 y cotizan mensualmente a la seguridad social con un ingreso estable.

Mirando hacia el futuro, la crisis también puede verse como una oportunidad para realizar grandes reformas. Siguiendo la teoría de Kahneman, estamos todos afectados y es la oportunidad para sentarnos a pensar en los cambios necesarios para salir fortalecidos, y esto implica reformar. Esta columna cita por lo menos dos reformas -la eficiencia del estado y la laboral.

Sobre la primera, uno de los problemas estructurales que sufre Colombia es la baja credibilidad que tenemos los colombianos en nuestras instituciones. Aunque la tasa de pobreza ha disminuido, y la clase media ha crecido, muchas personas se encuentran en vulnerabilidad con alta posibilidad de regresar a la pobreza, lo que las hace más exigentes por respuestas efectivas del Estado.

Si no resolvemos este problema, cada vez estaremos más descontentos y el Estado seguirá debilitándose, en perjuicio de todos. Los programas de alivio durante el aislamiento han puesto a prueba esta eficiencia, y es claro que debe mejorarse. Esto pasa por uno de los males que más afecta a Colombia, la corrupción, que necesita una gran revisión de la probabilidad de ser castigado de manera efectiva por este flagelo, es decir, una reforma a la justicia, pasando por el sistema carcelario.

Pero también implica una gran reforma del Estado, exigiendo mayor eficiencia en el desempeño de las entidades públicas, por ejemplo, asignando el presupuesto basándose en indicadores de desempeño y en la satisfacción del ciudadano. Aquí el papel de la Función Pública es esencial. Y será necesario hablar con los sindicatos del sector público, los contratistas, y el Congreso, entre muchos otros actores.

Sobre la reforma laboral, inclusive antes de la llegada de la pandemia ya era claro que el mercado laboral está cambiando a pasos agigantados. El contrato laboral está cambiando, el emprendimiento y la independencia son cada vez más importantes, y la rigidez de la legislación laboral, con buenas intenciones, termina excluyendo a muchos trabajadores, dejándolos en la informalidad.

La mayoría de personas ya no trabajan todo el mes en una oficina, ni con un ingreso estable; trabajan por días o por horas, y sus ingresos son volátiles y dependen del esfuerzo. Por eso es necesario adaptar la normatividad a la realidad laboral, buscando cubrir a más personas con la seguridad social. Y esto significa una gran reforma.

Adicionalmente, está la formación para el trabajo. Recordemos que la baja productividad, especialmente la laboral, es uno de los grandes retos de América Latina. Es necesario revisar qué tipo de educación y formación están recibiendo los jóvenes para contribuir al aparato productivo. Esta reforma podría crear un círculo virtuoso: técnicos o tecnólogos más productivos y con formación más pertinente, generando crecimiento en las empresas, lo que aumentaría su demanda y sus salarios, y la economía crecería.

La crisis afecta a todos los trabajadores y todas las empresas. De acuerdo con datos de Planeación Nacional, de 23 millones de trabajadores, por lo menos 15 se verán afectados, tanto en el sector formal como en el sector informal. Este choque puede ser la oportunidad para que todos, trabajadores, sindicatos, desempleados, empresarios y gobierno, formales e informales, abran el espacio para discutir la reforma de un mercado laboral más incluyente y productivo. Otro actor importante es el Sena, y obviamente la participación de sus sindicatos.

Muchas otras reformas pueden ser necesarias para salir de esta pandemia. Por ejemplo, la agrícola, pensando en la seguridad alimentaria como objetivo, y la pensional, para no seguir poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Varias reformas son necesarias para salir fortalecidos de esta crisis.

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Webinar: ¿Salvamos a Avianca o a las pymes mipymes?

¿Salvamos a Avianca o a las pymes mipymes?

Video de la participación de nuestro director Mauricio Olivera.

Webinar de AlCENTRO, sobre el análisis económico de las empresas frente a el impacto del Covid-19, con la participación de nuestro director Mauricio Olivera y Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

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Actitud positiva frente al coronavirus

Escrito por: Benjamín Venegas

Como cualquier otro problema de la vida, parte de la solución ante la difícil situación que atraviesa nuestro país con motivo de la pandemia del covid-19 pasa por adoptar una actitud positiva. Y aunque resulte curioso, un planteamiento tan simple logre ser un motor de cambio que permite no solo afrontar la situación de corto plazo sino también de largo plazo. En una concepción amplia del término, una actitud implica tres elementos fundamentales: conocimientos, sentimientos y comportamientos (conocido como modelo tripartito), todos ellos enmarcados dentro de la interacción con un entorno. Cada uno de los elementos está interrelacionado con los otros de tal manera que permean en últimas las acciones.

Basta con ver las noticias recientes de cómo algunas personas no respetan las medidas que restringen la movilidad o los casos en los cuales se ataca a los héroes de la salud que están enfrentando la situación de primera mano. Incluso se ha llegado al extremo de atacar a las autoridades que se encuentran realizando acciones en pro de mantener el aislamiento. Precisamente, parte de la explicación a estos comportamientos pasa por ser consientes del efecto que tiene la difusión de la información. En la medida que los medios de comunicación, autoridades, familiares y amigos sean responsables sobre el manejo de los contenidos, se va a generar por tanto en la población sentimientos acordes con dicha información. Miedo, desesperanza, pesimismo pueden ser algunos de los sentimientos que se pueden generar frente a contenidos alarmistas que en ocasiones suelen ser parcialmente falsos o parcialmente correctos sobre la situación del covid-19.

Además, en su relación con el entorno, los comportamientos que tengan otros miembros de la sociedad, sobre todo las autoridades, pueden generar sentimientos negativos. Por ejemplo, las noticias relacionadas presuntos usos inadecuados de los recursos públicos, que se presumen como ciertos antes de ser probados, pueden generar desesperanza en la población, aunque luego no haya condenas o se castigue ejemplarmente a los culpables. La última encuesta de Invamer muestra que hoy en día las personas consideran como el principal problema a la corrupción.

Son precisamente estos sentimientos negativos los que pueden entonces generar comportamientos que no aportan en la solución del problema.

Una encuesta reciente desarrollada por Cifras y Conceptos muestra que 64% de los encuestados expresan sentir incertidumbre, 43% miedo, 26% tristeza y 8% ira. Esto lleva a pensar que el gobierno debe propender por desarrollar acciones que ayuden a mitigar estos sentimientos negativos.

Hoy en día parece haber un consenso en cuanto a que la solución a la difícil situación del covid-19 pasa por adoptar soluciones no convencionales. Pensarse en términos de generar actitudes positivas puede ser una de estas respuestas heterodoxas. Generar todas las posibles medidas que aporten a la divulgación de la información de una manera clara, veraz y concisa, así como políticas públicas para desarrollar espacios de reflexión y concientización sobre comportamientos no deseados debe ser una prioridad del gobierno. Por supuesto, esto pasa por generar la tranquilidad si se hace evidente que en materia económica y de salud pública se están generando todos los mecanismos para asegurar un menor impacto en el corto y largo plazo. Sin embargo, no debe restringirse únicamente a estos aspectos sino también en todos aquellos que afectan a la población más vulnerable como es la educación y la salud. Las acciones de las autoridades pueden acentuar o no las actitudes que tiene la población sobre ellos y sobre otros grupos poblacionales. No en vano en la encuesta de Cifras y Conceptos cerca de 40% de los encuestados no evalúan de forma favorable las acciones emprendidas por el gobierno central para enfrentar la pandemia del covid-19. Estos resultados contrastan con el 18% de los encuestados que considera la labor de la alcaldesa de Bogotá como desfavorable (resultados corroborados en la encuesta de Invamer).

Frente a otros grupos poblacionales, es claro que, en el contexto de la política de aislamiento por motivo de la pandemia, se ha evidenciado un rechazo mayor sobre la población venezolana. Si antes de la emergencia la mayoría de la población tenía reparos sobre la presencia de venezolanos en nuestro país, ahora dicha actitud se acentuó. Además, también se está gestando una actitud de rechazo frente a los ciudadanos Chinos por ser el país originario de la pandemia.

Como se ha mencionado en otros contextos, esta es una oportunidad de oro para generar cambios no solo en términos laborales, educativos o económicos, también se trata de repensarse como sociedad. Adoptar una actitud positiva implica ser agentes activos de cambios en los tres elementos mencionados. Implica ser responsables sobre la información que se adquiere y se comparte, implica repensar los sentimientos y comportamientos frente a la población en general, frente a los grupos específicos como los profesionales de la salud, población vulnerable, extranjeros, entre otros. Además, y considerando el efecto del entorno, implica por parte de las autoridades asumir actitudes adecuadas que generen confianza sobre en la población. Como resultado, se podrán generar las condiciones para el trabajo en equipo que permita superar la situación actual y la reactivación futura, generarán las condiciones de respaldo a las políticas de gobierno y en general cimentarán mayores apoyos a todos los actores que cada día le hace frente a la pandemia.

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