Los invitamos a conocer la nueva documentación de la firma, con el cambio a Sociedad por Acciones Simplificada. Encontrará el certificado de cámara de comercio y RUT de Econometría S.A.S.

El Cambio Climático (CC) requiere acciones globales y locales diferenciadas. En Colombia se deben priorizar medidas conjuntas y articuladas de adaptación a los eventos extremos, incluyendo especialmente: protección de bosques, restauración de ecosistemas naturales y transformación productiva agropecuaria. Todo, por supuesto, de manera consistente con el compromiso de Colombia de reducir en 2030 el 51% de las emisiones de CO₂ proyectadas para ese año, si no se tomaran medidas de mitigación.

Los efectos del CC se expresan, entre otros indicadores, en elevados costos del daño derivado de eventos climáticos extremos. Tomando como referencia cifras de la CEPAL (CepalStat, Costo económico de los desastres) y expresándolas en unidades de paridad de poder adquisitivo (PPP, por su sigla en inglés), para América Latina y el Caribe, estos costos ascendieron en 2010-2011 a US$ 25.000 millones y en 2017 a US$ 89.620 millones (respectivamente 0,14% y 1,53% del PIB anual de la región). Según esta fuente, en Colombia los costos respectivos ascendieron en 2010-2011 a US$ 3.320 millones y en 2020 a US$ 160 millones (0,53% y 0,06% del PIB anual del país), con numerosas pérdidas de vidas humanas y efectos irreparables sobre las poblaciones más vulnerables.

Según el Banco Mundial, Colombia aporta marginalmente a las emisiones mundiales de gases efecto invernadero (GEI). Entre 2015 y 2020, Estados Unidos, Rusia y China emitían respectivamente 15,  11 y 7 toneladas anuales de CO₂ por habitante, aportando el 44% del total de las emisiones planetarias. En el mismo período, Colombia emitía apenas 1,6 toneladas por habitante-año, que representaban apenas el 0,36% del total. Según cifras de Naciones Unidas, 67% de las emisiones mundiales provienen de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) mientras que, según el inventario de emisiones reportado por Colombia, en el país, 51,9% se originan en usos del suelo rural, así: 34,6% en pastizales y ganadería; 16,4% en deforestación y bosques naturales; y 8,1% en cultivos, plantaciones y otros usos del suelo. Menos de la cuarta parte (23,6% el total) provienen de sectores asociados a combustibles fósiles (transporte, generación termoeléctrica y refinación de combustibles).

La adaptación requerida para atenuar los efectos negativos del CC sobre la población vulnerable, rural y urbana en alto riesgo, así como en general sobre la economía, tiene importantes coincidencias con el cumplimiento de metas de reducción de emisiones. Las inversiones en promoción del cambio tecnológico agropecuario se deben orientar tanto a adaptarse a los riesgos derivados del CC, como a disminuir una porción importante de las emisiones del país. Esto es más evidente en la interacción entre el control de la deforestación, la adaptación al CC y la reducción de emisiones. Al respecto, es claro que una sequía generada por fenómenos como El Niño produce serios problemas en las fuentes de abastecimiento de acueductos e hidroeléctricas. Pero como lo plantea el especialista en recursos hídricos Germán Poveda en el libro Colombia País de Bosques (Rodríguez y Valdés, 2022), esta escasez de agua puede volverse estructural con las altas tasas de deforestación amazónica. Esta deforestación afecta los denominados “ríos voladores” y amenaza irreversiblemente la disponibilidad de agua en Bogotá, Quito, La Paz e incluso Lima.

En las medidas de adaptación al CC relacionadas directamente con la reducción de emisiones de GEI, Colombia se encuentra bastante rezagada frente a las metas que se han fijado en el mundo. Se han generado importantes normas y regulaciones, así como diversos programas y proyectos; pero es muy baja su ejecutoria, debido principalmente a poca capacidad técnica, institucional y financiera, así como una muy débil medición de resultados. De todas formas, con apoyo de la cooperación internacional se adelantan esfuerzos locales, algunos con amplia cobertura subregional, orientados principalmente hacia el pago al país por los resultados en la reducción de emisiones de CO₂. Uno de estos programas es Visión Amazonía, orientado a disminuir las emisiones mediante la eliminación de la deforestación en esa región en los próximos años y, complementariamente, desarrollando sistemas productivos agropecuarios amigables con la naturaleza. Otra iniciativa es el Programa de Reducción de Emisiones (PRE) Biocarbono Orinoquia, concebido igualmente bajo el esquema de pago por resultados en la reducción de emisiones. Este programa busca desarrollar cadenas productivas agropecuarias bajas en carbono, combinándolas con procesos de restauración de bosques y control de la deforestación.

En su diseño, las dos iniciativas plantean una relación adecuada entre la reducción de las emisiones de GEI, con acciones asociadas con la adaptación al CC, tales como el control de la deforestación y el desarrollo los sistemas productivos amigables con el medio ambiente. Así, en la Amazonía se privilegia la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente; y en la Orinoquia se enfatiza en los sistemas productivos bajos en carbono, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura. Esta concepción formal es adecuada; pero, en la práctica, la articulación entre estos dos enfoques genera grandes retos que son difíciles de asumir exitosamente.   Econometría ha desarrollado estudios para ambos programas.  El próximo 30 de mayo en el Hotel Estelar de Villavicencio estaremos presentando las curvas de costos de abatimiento para el PRE Biocarbono (información en info@biocarbono.org)

De las anteriores reflexiones se derivan al menos tres conclusiones centrales: (1) un país como Colombia debe privilegiar la acción climática en medidas de adaptación y focalizarse en aquellas que generan mayores efectos sobre la reducción de emisiones, es decir en las áreas rurales y urbanas de alto riesgo; (2) controlar la deforestación solo será posible si se brinda alternativas de producción e ingreso a la población cercana a bosques y áreas de actividades ilícitas; (3) sistemas productivos bajos en carbono deben adelantarse siempre con estrategias efectivas de protección de los ecosistemas naturales. Estos tres elementos requieren una fuerte y efectiva visión de adaptación al CC, con efectos positivos sobre la reducción de emisiones y focalizados en el sector rural. Y todo ello con una institucionalidad pública fuertemente articulada entre sí y asociada con los distintos sectores productivos.

Según el Ministerio de Vivienda, 80,2% de los municipios del país en 2023 tenían vencidos sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Como plantee en una columna anterior, “Sin ordenamiento territorial no hay desarrollo posible” (La República, 2024), el no actualizar los POT es equivalente a estar desaprovechando posibilidades de desarrollo, estar incurriendo en gastos superiores a los previstos y poniéndonos a nosotros y a nuestras propiedades en riesgo de emergencias, respecto a opciones donde el ordenamiento propicia la cooperación (uso de una infraestructura por más gente) o evita situaciones de riego (que generarán costos cuando ocurran los eventos). Si el ordenamiento es tan importante y es un tema central en el actual Plan Nacional de Desarrollo, ¿por qué ese retraso?

Lo primero es que los potenciales beneficios del ordenamiento son percibidos por la ciudadanía como un tanto remotos e hipotéticos, mientras que los costos, expresados en aumentos de los impuestos prediales, son reales y anualmente recurrentes. La mezcla de falta de pedagogía sobre beneficios, muchos de ellos colectivos, y temor a que un aumento en los ingresos para las administraciones locales no derive en mayores obras y servicios (sea por ineptitud o por corrupción), hacen que no se perciba los beneficios netos.

En segundo lugar, falta claridad conceptual sobre los aportes del ordenamiento territorial. Los POT contemplan la estimación de más de 40 indicadores para su formulación y para luego hacerle seguimiento a su aplicación (expediente municipal). Indicadores bastante complejos. Al punto de que, cuando el Programa POT Modernos fue a hacer un seguimiento a los mismos, la mayoría de los municipios no fueron capaces de estimarlos y fue necesario contratar una consultoría (!).

Sin embargo, si se analiza en detalle la esencia de los POT, como hicimos en un informe para el DNP con financiación de MSI (Econometría, 2018), ordenar un territorio en esencia implica tres cosas. Primero, conservar y proteger el agua, cosa que, como evidencia la crisis que vive Bogotá, es más urgente que nunca. Segundo, identificar las áreas que enfrentan conflictos de uso del suelo. Es decir, que son usadas con fines diferentes a su vocación, como cultivos en zonas de páramo o áreas de vocación agrícola que no se usan. Y tercero, buscar minimizar el tiempo de acceso a los bienes y servicios públicos a través de las inversiones y acciones del Estado. A falta de claridad, la formulación de los POT se va por lo procedimental y la prioridad termina siendo la estimación de más de 40 indicadores.

En tercer lugar, como si con lo ilustrado en el párrafo anterior no fuese suficiente, estamos quedados a la hora de formular los POT porque no diferenciamos entre POT, Planes Básicos (Pbot) y Esquemas (EOT). La idea, en principio, era que el esfuerzo asociado a municipio de distinto tamaño fuese diferencial. En la práctica, las tres figuras de ordenamiento terminan siendo una sola. En la medida en que no hay claridad conceptual y al final tienen que estimar una gran cantidad de indicadores, la gran mayoría de los municipios terminan contratando empresas consultoras para este trabajo, las cuales llegan con una “plantilla” que, en una muestra ilustrativa del “copy & paste”, terminan aplicando a todos los municipios independientemente de su categoría, e incluso diciendo a los municipios más pequeños que les están dando un plus respecto a lo que requieren.

Un cuarto tema es el costo de los estudios que deben dar insumos para la formulación de los POT, como los levantamientos de la cartografía o el análisis de riesgos. Estos son viables para grandes municipios con amplias fuentes de financiación, pero prohibitivos para los pequeños. En este campo, lo crítico es lo comentado en el punto anterior: la falta de discriminación. Una gran ciudad debe hacer un levantamiento cartográfico detallado, pero los municipios a quienes corresponde elaborar un esquema de ordenamiento territorial deberían tomar como base la cartografía con la que cuente el Igac. Y luego, en temas como la vocación de uso del suelo o la identificación de riesgos, debería trabajarse con cartografía social, involucrando a la comunidad sobre la información que se disponga del Igac y otras entidades públicas.

Finalmente, hay un tema normativo que deja un tremendo vacío en este país santanderista. De acuerdo con el concepto de una firma jurídica “aunque la revisión del POT es un mandato legal, no existe sanción a los alcaldes por no realizarla”. Absurdo.

Este es un escenario donde no se perciben los beneficios, pero si los costos; no hay claridad conceptual sobre lo que realmente es importante de los POT y lo que queda es la necesidad de estimar muchos indicadores; no se discrimina el trabajo que se debe hacer en los municipios según les corresponda POT, Pbot o EOT; y los municipios pequeños no cuentan con los recursos para hacer los estudios que corresponden a las grandes ciudades. No extraña que 80,2% de los municipios no haya actualizado sus ordenamientos territoriales ya vencidos.

Acá se aplica la frase de Voltaire: “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. El ordenamiento territorial es absolutamente necesario para organizar las funciones del Estado en el territorio, y es razonable actualizarlo con la periodicidad que plantea la ley (cada 12 años). Pero la institucionalidad y las prácticas crean todos los incentivos para no hacerlo. Ello es terriblemente costoso en términos de bienestar para la población y racionalización de las finanzas públicas, que al final se refleja en posibilidades de desarrollo.

Los municipios de mayor población, y en menor medida los intermedios, cuentan con capacidades y recursos con los que pueden trabajar. La prioridad son los municipios a los que les corresponde los EOT. Todas las entidades públicas con objetivos espaciales deben verter su información en los mapas del Igac (Econometría, 2023) y sobre esa base, a partir de consultas municipales y cartografía social, deben elaborarse esos esquemas. Es mucho mejor tener algo actualizado, que viejas pautas de ordenamiento territorial que no se vayan ajustando a las cambiantes necesidades del país.

En este espacio queremos desde Econometría Consultores, celebrar un hito en nuestra historia, la celebración por la contratación del proyecto 1.000. Este número coincidió con el contrato por parte del Programa Mundial de Alimentos para evaluar los resultados de su programa estratégico en Guatemala. Llegar a este número, ha sido un camino que inició en 1977 cuando se fundó por Manuel Ramírez, Alejandro Vivas, Álvaro Reyes, Bernardo Kugler, Rodolfo Heredia y Diego Sandoval y más adelante cuando se vinculó la primera mujer Martha Isabel Gutiérrez. Hoy cuenta con socios 15 más, Arturo García, Carolina Murgueitio, María Gloria Cano, Oscar Rodríguez, Juan Manuel García, Gelcy Díaz, Marisol Rodríguez, Carolina Latorre, Carolina Suárez, Nury Bejarano, Benjamín Venegas, Claudia Peñaranda, Jaime Millán y Mauricio Olivera, que han logrado junto con sus colaboradores y consultores asociados, consolidarse como una firma de consultoría especializada en análisis económico que hoy se reconoce por la evaluación de políticas públicas y proyectos sociales, análisis regulatorio, estudios de demanda, entre otros. Los estudios, análisis, evaluaciones se realizan con un enfoque multidisciplinario y enfoques cuantitativos y cualitativos aportados por la antropología, la ciencia política, la psicología, la ingeniería, por mencionar algunas.

Este logro del proyecto número 1.000, no solo representa una cifra importante en términos de proyectos completados, sino que también simboliza el compromiso, la excelencia y la dedicación que han caracterizado a quienes han aportado en cada uno de los proyectos de Econometría. Desde sus inicios, la firma se ha esforzado por ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas a sus clientes, ayudándoles a tomar decisiones informadas y basadas en evidencia. El conocimiento adquirido a lo largo de tantos años, también se transmite actualmente a través del Centro de Estudios Manuel Ramírez que se fundó con el apoyo de Econometría Consultores a finales de 2019, por un grupo de 30 destacados investigadores, muchos de ellos alumnos, amigos, familiares, y compañeros de trabajo de Manuel Ramírez.

El proyecto 1.000 al ser internacional, simboliza el camino que ha ido recorriendo la firma en mercados internacionales llegando a países de América y el Caribe, Asia y África. La primera experiencia en el ámbito internacional fue en 1994 para la Superintendencia General del El Salvador para quienes se estimó la demanda de servicios de electricidad. En 1997 se apoyó a Aladi para la identificación de Iniciando el milenio, la alianza con el Estudio de Estudios Fiscales de la Universidad de Londres marcó un hito en la consolidación de Econometría como uno de los referentes en evaluación de impacto de programas de subsidios condicionados Familias, Jóvenes y Empleo en Acción. Esta experiencia catapultó a Econometría para llevar a cabo la evaluación de programas similares en Honduras y Bahamas.

En 2013 se firmó el primer contrato de largo plazo con el Programa Mundial de Alimentos para servicios de evaluación y en la actualidad se ha ratificado ese mismo contrato en tres oportunidades y la figura se expandió a otras organizaciones de Naciones Unidas, Unicef, la FAO, OIT y Ocha. La exportación de nuestros servicios también se ha expandido con entidades multilaterales y de cooperación internacional. De la mano de esos contratos de largo plazo el talento de Econometría ha llegado a países como Bután, Bangladesh, Etiopía, Ghana, Cuba, Nicaragua, Guyana, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Haití, Honduras, República Dominicana, Bahamas, Zambia, Nepal, Afganistán, Gambia, Bangladesh, Guinea Bissau, Georgia, por solo mencionar algunos.

Econometría además hace parte de la Alianza Latinoamericana de Consultorías Económicas (Laeco), que elabora mensualmente análisis macroeconómicos de cada país de la región, lo que ayuda a consolidar la red de la firma en la región.

El trascender fronteras no habría sido posible sin la experiencia adquirida en Colombia a través de evaluaciones contratadas por entidades como Sinergia del Departamento Nacional de Planeación que es un referente a escala mundial en el ámbito de la evaluación de políticas públicas, así como de entidades territoriales, comisiones de regulación, entidades del gobierno nacional, organizaciones vinculadas a cambio climático, desarrollo sostenible y en el sector privado empresas que buscan un aliado para medir el impacto de su inversión social, de su valor compartido así como la estructuración de sus inversiones o estimación de la demanda. También ha sido aliada de varios operadores de Usaid en cada una de sus intervenciones en el país, así como de la cooperación de otros países como Alemania, Suiza, Suecia, Noruega, España, Holanda, la Unión Europea, Canadá, India, Francia, entre otros.

El camino hacia el proyecto 1.000 no ha sido fácil para Econometría Consultores. Ha implicado años de arduo trabajo, aprendizaje continuo y adaptación a un entorno empresarial en constante cambio. Sin embargo, la empresa ha sabido enfrentar los desafíos con determinación y visión estratégica, lo que le ha permitido crecer de manera sostenida y consolidar su reputación como un referente en el campo de la consultoría y evaluación de políticas públicas e inversiones sociales.

Uno de los pilares del éxito de Econometría Consultores ha sido su equipo humano. Compuesto por profesionales altamente calificados y apasionados por su trabajo, el equipo de la empresa ha sido clave en la consecución del proyecto 1.000 y en la satisfacción de los clientes a lo largo de los años. La cultura de colaboración, el espíritu de equipo y el compromiso con la excelencia son valores fundamentales que han guiado el trabajo de cada miembro de Econometría Consultores en cada proyecto que emprenden.

A medida que Econometría Consultores celebra este escalón está preparada para afrontar nuevos retos y seguir creciendo en el futuro. En especial, hacemos un reconocimiento de gratitud a nuestros clientes nacionales e internacionales que han confiado en nuestros servicios, así como a nuestras firmas, organizaciones y universidades aliadas que nos han acompañado en este camino como Soluciones Estratégicas de Información SEI y tantas otras que nos han aportado aprendizajes y sus capacidades. Igualmente, a nuestra competencia a quienes agradecemos por construir día a día la consultoría colombiana.

Sin lugar a duda, marzo es un mes para conmemorar la lucha por garantizar la equidad social, económica, cultural y política de las mujeres. Desde inicios del siglo XX, tiempo al que se atribuye el inicio de este movimiento, se han realizado muchos avances en términos de igualdad de oportunidades. Sin embargo, hoy en día persisten grandes factores que afectan la equidad entre hombres y mujeres, especialmente si se reside en la ruralidad colombiana.

Según el DANE, en el 2023, aproximadamente el 23% de los habitantes del país residía en zonas rurales, del cual el 48% eran mujeres. En diversos estudios adelantados recientemente por Econometría Consultores (evaluaciones al Proyecto Alianzas Productivas, el Campo Emprende, Programa de Alianzas Comerciales y el diagnóstico de la Actividad de Agricultura Sostenible), se ha encontrado que la mujer rural se ve enfrentada a un sin número de barreras, que al final, afectan severamente su autonomía económica, personal y profesional. Dentro de estas barreras, se han identificado factores como estereotipos frente al trabajo que “deberían” desempeñar, lo cual generalmente está asociado con actividades del cuidado y economía del hogar, por ejemplo, preparar los alimentos para el hogar y los trabajadores y/o cuidar a los hijos, a los adultos mayores o a personas con discapacidad. Un segundo factor identificado, es el acceso desigual a los recursos productivos, en donde, en comparación con los hombres, la mujer tiene una menor tenencia de tierra y un menor acceso al sistema financiero. Particularmente la solicitud y otorgamiento de créditos está limitado dada la falta de garantías, al no tener un título que respalde la solicitud.

Un tercer factor que afecta la equidad de oportunidades entre hombres y mujeres es la dificultad de obtener un empleo de calidad. Mientras la tasa de ocupación de los hombres en el área rural es del 70,7%, en las mujeres es del 29,3% (datos del DANE-GEIH, 2022). Esta brecha es explicada en parte por las actividades de cuidado y economía del hogar que tienen a cargo las mujeres y por barreras a su contratación en las empresas; en este último caso (barreras a contratación), la brecha se acentúa dada la combinación de tiempo limitado y menor nivel educativo alcanzado en comparación a los hombres. Por último, se ha evidenciado por Econometría que las mujeres rurales son más susceptibles de ser víctimas de violencia doméstica o ser afectadas por el conflicto armado.  

Estos cuatro grandes factores llevan a que se amplíe la brecha de género, afectando severamente la toma de decisiones en espacios comunitarios, dificultando acciones de liderazgo, empoderamiento y uso del tiempo, con todas las consecuencias sobre la salud y bienestar de la mujer.

En este orden de ideas, las estrategias para contrarrestar los efectos de los factores que afectan la equidad y por consiguiente cerrar las brechas de género identificadas, deben iniciar por un proceso formativo, no solo en las mujeres mismas, sino en su entorno cercano, abordando en primera medida a su familia, luego su círculo personal y en paralelo el ámbito productivo. El objetivo de esta etapa es desmitificar creencias innatas en la cultura rural colombiana. Una vez consolidado el proceso formativo, es indispensable apostar por una dinámica transformadora que suministre herramientas para que el cambio sea permanente. Sin lugar a duda, esta etapa, en la que se busca cambiar comportamientos, demanda tiempo. Sin embargo, para obtener resultados en el corto plazo, es necesario propiciar la autonomía económica de las mujeres, vía proyectos productivos sostenibles y rentables, tal que se conviertan en un factor que apalanque la transformación.

Dos ejemplos de ello los encontró Econometría en las evaluaciones a las intervenciones que realizó la Fundación Alpina. En el primer caso, con una intervención que buscaba mejorar la autonomía económica de las mujeres rurales en cinco municipios del departamento del Cauca. A través de un paquete integral, que no solo combinaba formación a todos los miembros del hogar en temáticas asociadas a la Violencia Basada en Género (VBG) sino que se articulaba con la entrega de insumos productivos y su conexión con el mercado, se lograron cambios en los niveles de conocimiento, ingresos, participación y toma de decisiones. Se empoderó económicamente o a las mujeres. Si bien ellas incrementaron sensiblemente sus conocimientos en VBG, lo que más jalonó la autonomía económica fue la conexión con el mercado. Cuando no se cuenta con elementos para llegar a una comercialización exitosa, no es posible generar la transformación, pues no se dispone de una fuente de ingresos. Eso se evidenció en otra intervención desarrollada en territorios vulnerables de Nariño, Puerto Carreño y la Guajira. Si bien se encontró un mejoramiento en conocimiento y toma de decisiones, factores externos como el conflicto armado y las características culturales de la región se han convertido en obstáculos para el desarrollo individual de las mujeres.

Con estos ejemplos sobre la mesa, la agenda pública dispone de buenos elementos que pueden ser rescatados de estas iniciativas, que pueden ser incorporados dentro de sus líneas estratégicas. Como se mencionó previamente, es indispensable iniciar con una estrategia formativa, en donde se trabaje no solo con la mujer, sino también con su entorno cercano, con el objeto de desmitificar los estereotipos existentes y normalizar la equidad en tareas, acceso a bienes y oportunidades de desarrollo personal y profesional. En segundo lugar, para consolidar el cambio formativo y lograr resultados en el corto plazo, se debe propiciar la transformación vía empoderamiento económico. En el sector rural ello se puede garantizar con proyecto productivos robustos, lo cual exige su consecuente articulación con el mercado.

Si bien, como se mencionó anteriormente, existen grandes factores que afectan la equidad de género, rescatando las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas de diferentes iniciativas desarrolladas en el país, es posible diseñar acciones para dar garantías a la mujer rural, empezando por apostarle al logro de una mayor autonomía económica.